Elecciones en Perú: un modelo económico en disputa

LIMA, Perú — En el papel, los candidatos en la boleta presidencial en Perú el domingo son un exmaestro de escuela de izquierda sin experiencia de gobierno y la hija de derecha de un expresidente encarcelado que dirigió el país con mano de hierro.

Sin embargo, los votantes de Perú se enfrentan a una elección aún más elemental: seguir o no con el modelo económico neoliberal que ha dominado el país durante las últimas tres décadas, con algunos éxitos anteriores, pero que en última instancia, según los críticos, no ha proporcionado un apoyo significativo a millones de peruanos durante la pandemia.

“El modelo ha fallado a un montón de gente”, dijo Cesia Caballero, de 24 años, una productora de video. La pandemia, dijo, “ha sido la gotita que rebosó el vaso”.

Perú ha tenido la peor contracción económica de la región durante la pandemia, empujando a casi el diez por ciento de su población a la pobreza. El lunes, el país anunció que el número de muertos por el virus era casi el triple de lo que se había informado anteriormente, lo que elevó repentinamente su tasa de mortalidad per cápita a la más alta del mundo. Millones de personas se quedaron sin trabajo y muchas otras sin hogar.

El candidato de izquierda, Pedro Castillo, de 51 años, activista sindical, promete modificar el sistema político y económico para hacer frente a la pobreza y la desigualdad, al sustituir la actual constitución por otra que otorgue al Estado un mayor papel en la economía.

Su contrincante, Keiko Fujimori, de 46 años, promete mantener el modelo de libre mercado construido por su padre, Alberto Fujimori, a quien se le atribuyó inicialmente el mérito de haber hecho retroceder a las violentas insurgencias izquierdistas en la década de 1990, pero que ahora es despreciado por muchos como un autócrata corrupto.

Las encuestas muestran que los candidatos están casi empatados. Pero muchos votantes están frustrados por sus opciones.

Castillo, quien nunca ha ocupado un cargo, se asoció con un exgobernador radical condenado por corrupción para lanzar su candidatura. Fujimori ha sido encarcelada tres veces en una investigación de lavado de dinero y se enfrenta a 30 años de prisión, acusada de dirigir una organización criminal que traficaba con donaciones ilegales de campaña durante una anterior candidatura presidencial. Ella niega los cargos.

“Estamos entre el precipicio y el abismo”, dijo Augusto Chávez, de 60 años, un joyero artesanal de Lima que se inclina por votar nulo, una manera de protesta. El voto en Perú es obligatorio. “Los extremos hacen daño al país. Y son dos extremos”.

Castillo y Fujimori obtuvieron cada uno menos del 20 por ciento de los votos en una saturada primera vuelta en abril que forzó la segunda vuelta del domingo.

La elección sigue a un periodo de cinco años en el que el país ha pasado por cuatro presidentes y dos congresos. Y se produce en un momento en que la pandemia ha llevado el descontento de los votantes a nuevos niveles, poniendo de manifiesto la ira por la desigualdad en el acceso a los servicios públicos y la creciente frustración con los políticos señalados de escándalos de corrupción que parecen interminables y ajustes de cuentas políticos.

El sistema hospitalario se ha visto tan afectado por la pandemia que muchas personas han muerto por falta de oxígeno, mientras que otras han pagado a los médicos para conseguir un lugar en las unidades de cuidados intensivos, solo para ser rechazadas en agonía.

Gane quien gane el domingo, dijo la socióloga peruana Lucía Dammert, “el futuro del Perú es un futuro muy turbulento”.

“Se han despertado las profundas inequidades y las profundas frustraciones de la población, y no hay una organización o un actor, llamémoslo empresa privada, Estado, sindicatos, alguien que puede darle voz a eso”.

Cuando el padre de Fujimori llegó al poder en 1990 como un populista al margen de la política tradicional, no tardó en incumplir su promesa de no imponer las políticas de “choque” del libre mercado propuestas por su rival y economistas occidentales.

Las medidas que aplicó —desregulación, recortes del gasto público, privatización de la industria— contribuyeron a poner fin a años de hiperinflación y recesión. La Constitución que promulgó en 1993 limitaba la capacidad del Estado para participar en actividades empresariales y acabar con los monopolios, reforzaba la autonomía del banco central y protegía las inversiones extranjeras.

Los gobiernos posteriores firmaron más de una docena de acuerdos de libre comercio, y las políticas proempresariales de Perú fueron declaradas un éxito, y se les atribuyó la reducción récord de la pobreza en el país durante el auge de las materias primas de este siglo.

Pero poco se hizo para solucionar la dependencia de Perú de las exportaciones de materias primas y las antiguas desigualdades sociales, o para garantizar la atención a la salud, la educación y los servicios públicos para su población.

La pandemia expuso la debilidad burocrática de Perú. El país solo tenía una pequeña fracción de las camas de las unidades de cuidados intensivos que tenían sus pares, y el gobierno era lento e inconsistente a la hora de proporcionar incluso una pequeña ayuda en efectivo a los necesitados. Los trabajadores informales se quedaron sin red de seguridad, lo que llevó a muchos a recurrir a préstamos con altos intereses de bancos privados.

“La pandemia ha mostrado que el problema de fondo fue el orden de prioridades”, dijo David Rivera, economista y politólogo peruano. “Supuestamente habíamos ahorrado mucho tiempo para poder usarlo cuando hubiese crisis, y lo que hemos visto en el manejo de la pandemia… es que la prioridad seguía en lo macroeconómico y no en evitar que la gente muera y pase hambre”.

Keiko Fujimori ha culpado de los problemas del país no a su modelo económico, sino a la forma en que los anteriores presidentes y otros líderes lo han utilizado. Aun así, asegura, se necesitan algunos ajustes, como aumentar el salario mínimo y los pagos de pensión para los pobres.

Enmarcó su campaña contra Castillo como una batalla entre la democracia y el comunismo, y usó a veces como ejemplo al gobierno de Venezuela, de inspiración socialista, un país ahora inmerso en una crisis. Castillo, quien es de la sierra norte de Perú, se ganó el reconocimiento nacional al liderar una huelga sindical de maestros en 2017. Hace campaña con el sombrero de ala ancha de los campesinos andinos, y ha aparecido montando a caballo y bailando con sus partidarios.

“Para nosotros que vivimos en el campo, queremos alguien que sabe lo que es trabajar en la chacra”, dijo Demóstenes Reátegui.

Cuando comenzó la pandemia, Reátegui, de 29 años, fue uno de los miles de peruanos que caminaron y pidieron aventón desde Lima hasta la casa de su familia en el campo, después de que un confinamiento ordenado por el gobierno expulsó de sus puestos de trabajo a los trabajadores migrantes como él.

Le llevó 28 días.

Castillo ha revelado poco sobre cómo cumplir con las vagas promesas de garantizar que los recursos de cobre, oro y gas natural del país beneficien a los peruanos en general. Ha prometido no embargar los activos de las empresas, sino renegociar los contratos.

Ha dicho que quiere detener las importaciones de productos agrícolas para apoyar a los agricultores locales, una política que los economistas han advertido que llevaría a un aumento de los precios de los alimentos.

Si gana, será el más claro repudio a la élite política del país desde que Alberto Fujimori asumió el poder en 1990.

“¿Por qué tanta desigualdad? ¿No les indigna?”, dijo Castillo en un mitin celebrado hace poco en el sur de Perú, refiriéndose a las élites del país.

“No nos pueden engañar más. El pueblo se ha despertado”, dijo. “¡Podemos recuperar el país!”.

Julie Turkewitz es jefa del buró de los Andes, que cubre Colombia, Venezuela, Bolivia, Ecuador, Perú, Surinam y Guyana. Antes de mudarse a América del Sur, fue corresponsal de temas nacionales y cubrió el oeste de Estados Unidos. @julieturkewitz