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Biden ordena que se entreguen los registros de visitantes de Trump al Congreso

El presidente de EE. UU. informó a los Archivos Nacionales que deben entregar los registros solicitados por el comité del 6 de enero, que investiga el ataque contra el Capitolio, dentro de los próximos 15 días.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ordenó a los Archivos Nacionales que entregaran una variedad de registros de visitantes de la Casa Blanca del expresidente Donald Trump al comité de la Cámara de Representantes que investiga el ataque al Capitolio del 6 de enero, con lo que rechaza el argumento de su predecesor de que el material está protegido por privilegio ejecutivo.

La decisión impulsa los esfuerzos del comité para recopilar información sobre quién entraba y salía de la Casa Blanca, no solo el día del año pasado en el que ocurrió el ataque, sino también en los meses anteriores, cuando Trump buscaba anular la elección.

El año pasado, Biden tomó una decisión similar al no apoyar el reclamo de privilegio ejecutivo de Trump sobre otros documentos y registros de la Casa Blanca que solicitó el comité. Trump acudió a un tribunal federal para bloquear la liberación de esos registros anteriores, pero perdió.

En una carta enviada el martes a los Archivos Nacionales, la abogada de Biden en la Casa Blanca, Dana Remus, dijo que Biden rechazó las afirmaciones de Trump de que los registros de visitantes estaban sujetos al privilegio ejecutivo y que “en vista de la urgencia” del trabajo del comité, los archivos debían proporcionar los documentos en los próximos 15 días.

El Archivista de Estados Unidos, David Ferriero, aseguró en una carta dirigida a Trump el miércoles que, a menos que lo prohíba un tribunal, los Archivos Nacionales entregarían los registros al comité el 3 de marzo.

Trump no respondió públicamente y no está claro si volverá a acudir a los tribunales para intentar impedir o retrasar la publicación de los registros de visitantes.

En parte refiriéndose al mismo razonamiento que en el caso anterior, Remus le dijo a los Archivos Nacionales que los documentos debían divulgarse de manera oportuna porque “el Congreso tiene una necesidad apremiante”. La funcionaria dijo que “las protecciones constitucionales del privilegio ejecutivo no deben usarse para ocultar, del Congreso o del público, la información que refleje un esfuerzo claro y aparente para subvertir la Constitución misma”.

No hay claridad sobre qué es lo que pueden mostrar los registros de visitantes o qué tan extensos y completos están: la Casa Blanca de Trump incumplía rutinariamente las leyes federales sobre el modo de mantener los registros diseñados para documentar las actividades diarias del presidente y con quién se reunía.

El año pasado, el comité solicitó una serie de documentos que podrían incluir información de registro de visitantes sobre más de una decena de confidentes de Trump que podrían haber ido a la Casa Blanca entre abril de 2020 y el 20 de enero de 2021, cuando Trump dejó el cargo. Entre esos confidentes se encontraban figuras como Michael T. Flynn, exasesor de Seguridad Nacional de Trump; Roger Stone, antiguo asesor de Trump, y Enrique Tarrio, el líder de los Proud Boys.

En la carta, Remus se rehusó a decir qué materiales específicos se entregarían, y solo reveló que en este caso los documentos “son entradas en los registros de visitantes que muestran información de citas para personas que siguieron el proceso para ingresar al complejo de la Casa Blanca, incluido el 6 de enero de 2021”.

El comité de la Cámara de Representantes ha solicitado una gran variedad de materiales de la Casa Blanca de Trump en relación con el ataque del 6 de enero y los esfuerzos de Trump por permanecer en el cargo después de su derrota electoral. El comité está tratando de crear un relato definitivo de ese momento y está considerando si debe remitir sus hallazgos al Departamento de Justicia, una manera de crear presión para un posible proceso penal.

La respuesta de Remus parecía indicar que Biden no haría valer el privilegio ejecutivo sobre ningún registro de visitantes que concerniera a los aspectos sobre los que el comité quiere saber más.

Entre esas líneas de investigación están: la campaña de presión sobre el vicepresidente Mike Pence para retrasar la certificación del recuento del Colegio Electoral el 6 de enero, el plan para presentar listas alternativas de electores de Trump en los estados que perdió, el esquema considerado por Trump para confiscar máquinas de votación y los diversos procesos legales presentados por Trump y sus seguidores.

En el gobierno de Biden y durante la gestión de Barack Obama, la Casa Blanca ha hecho públicos sus registros de visitantes, una medida que los defensores de la transparencia gubernamental han dicho que le da al público una mejor idea de quién tiene una conexión directa con los funcionarios más poderosos del país.

Pero el gobierno de Trump anunció en abril de 2017 que esos registros deberían permanecer en secreto debido a “los graves riesgos de seguridad nacional y las preocupaciones por la privacidad de los cientos de miles de visitantes al año”. Como se impidió su divulgación, resultó mucho más difícil determinar qué donantes, cabilderos y activistas tenían acceso a Trump y sus colaboradores.

En su carta a los Archivos Nacionales, Remus señaló que “la mayoría de los registros a los que el expresidente impuso el privilegio ejecutivo se harán públicos bajo” la gestión de Biden.

Joshua Roberts/Getty Images

En las últimas semanas, los investigadores del comité han logrado algunos avances para determinar lo que Trump estaba haciendo en la Casa Blanca el 6 de enero de 2021 y quién lo visitó.

Al hacerlo, se han basado en los testimonios de miembros del personal y en documentos de la Casa Blanca de Trump. El expresidente vio las protestas desde el ala oeste por televisión y, según las cartas publicadas por el comité, inicialmente rechazó las súplicas de los asistentes de intervenir para detener a la multitud.

A través de los testimonios, el comité se enteró de que los asistentes de la Casa Blanca le pidieron a una de las hijas de Trump, Ivanka, “que interviniera en un intento de persuadir al presidente Trump para que abordara la anarquía y la violencia en el Capitolio”, según una carta que el comité le envió a Ivanka Trump, el mes pasado, solicitando una reunión para interrogarla.

El comité también ha estado analizando los esfuerzos realizados por Trump y sus ayudantes y asesores en los meses posteriores al día de las elecciones para evitar su derrota, y el acceso completo a los registros de visitantes podría brindar más información sobre quién visitó la Casa Blanca durante ese periodo.

Después de las elecciones, y en los días y semanas previos a los ataques, muchos miembros del círculo de asesores externos que tenían la atención de Trump pasaron un tiempo considerable en la Casa Blanca.

Entre ellos están figuras como su abogado personal Rudolph W. Giuliani, quien ayudó a liderar la estrategia para cuestionar los resultados; el abogado conservador John Eastman, quien argumentaba que el vicepresidente Mike Pence podría impedir la certificación del Congreso de los resultados del Colegio Electoral, y Flynn, exasesor de Seguridad Nacional, quien formulaba teorías sin fundamento sobre el fraude electoral y la manipulación de los resultados.

Si bien la mayoría de los gobiernos disponen de un control estricto para entrar al Despacho Oval y llegar al presidente, la gestión de Trump no siempre fue rigurosa.

El 18 de diciembre de 2020, por ejemplo, Sidney Powell, otro abogado que trabaja con el equipo de Trump, estuvo en la Casa Blanca en compañía de Flynn, Giuliani y otros asesores externos como Patrick Byrne, un ejecutivo empresarial acaudalado que financió muchos de los esfuerzos para impugnar las elecciones. Mientras estuvieron allí, discutieron propuestas para confiscar máquinas de votación después de que se hicieron acusaciones infundadas de fraude electoral y manipulación de los resultados.

Cuando Flynn, Powell y Byrne llegaron a la Casa Blanca para discutir el plan, no fueron conducidos al Despacho Oval por alguien como Mark Meadows, el jefe de gabinete de Trump, el tipo de funcionario que habitualmente habría sido el encargado de hacerlo. Más bien, fueron escoltados por Garrett Ziegler, un ayudante joven de otro asesor de Trump, Peter Navarro, según relató Ziegler.

“Llevé al general Flynn y a Sidney Powell la noche del viernes 18, razón por la cual la oficina de Mark Meadows revocó mis privilegios de invitado”, dijo Ziegler en un pódcast, y agregó que lo había hecho porque estaba “frustrado con los consejos” que Trump estaba recibiendo en ese momento.

Michael S. Schmidt es corresponsal en Washington y cubre investigaciones federales y de seguridad nacional. Formó parte de dos equipos que ganaron el Pulitzer en 2018: uno por informar sobre acoso sexual en el trabajo y el otro por la cobertura del presidente Trump y los vínculos de su campaña con Rusia. @NYTMike



Source: Elections - nytimes.com


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