El acuerdo firmado el martes por el gobierno autoritario del país y la oposición no permitiría que todos los candidatos puedan postularse.
El gobierno del presidente venezolano Nicolás Maduro, y la oposición del país, reanudaron el martes las conversaciones para avanzar hacia unas elecciones libres y justas, aunque el acuerdo que se anunció tiene limitaciones en los temas que los activistas de derechos humanos y el gobierno de Estados Unidos buscan en última instancia.
Había esperanzas de que, como parte del acuerdo, Maduro permitiera que los candidatos de la oposición que han sido inhabilitados por su gobierno participen en las elecciones presidenciales de 2024, a cambio del levantamiento de las sanciones impuestas a la vital industria petrolera venezolana.
Esto sería un paso fundamental hacia una contienda creíble porque a María Corina Machado, la candidata favorita de las elecciones primarias de la oposición que se realizarán el domingo, le prohibieron postularse a las elecciones generales.
El acuerdo firmado el martes, durante una ceremonia en la isla caribeña de Barbados, es vago. Aunque incluye el compromiso de permitir la presencia de observadores electorales internacionales y el acceso a los medios de comunicación en 2024, hace pocas promesas concretas. Los expertos afirman que es poco probable que Estados Unidos levante las sanciones si no se permite que Machado se postule a las elecciones.
“Vamos hacia el objetivo supremo de levantamiento de las sanciones”, dijo Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, en la ceremonia. Y agregó: “Si usted recibió una inhabilitación administrativa por el órgano que le corresponde, desde el punto de vista constitucional legal, que es la Contraloría General de la República, pues tampoco puede ser candidato”.
Incluso antes de un anuncio oficial, algunos expertos en Venezuela expresaron su escepticismo de que el acuerdo lograra un cambio político real.
“Es un acuerdo minimalista que no logrará unas elecciones libres y justas”, dijo Phil Gunson, analista del International Crisis Group que vive en Caracas, la capital del país. Pero “es lo mejor que hay en estas circunstancias. Le permite a Maduro aferrarse al poder, a menos que ocurra algo realmente dramático. En realidad, son pequeños pasos”.
Y añadió: “El gobierno de Maduro tiene un historial de incumplimiento de los acuerdos que firma”.
Maduro llegó al poder en 2013, tras la muerte del presidente Hugo Chávez, el fundador de la revolución de inspiración socialista que ha gobernado el país. Bajo el mandato de Maduro, Venezuela, que fue uno de los países más ricos de América Latina, ha experimentado un declive económico extraordinario, generando una crisis humanitaria que ha provocado una migración masiva.
Más de siete millones de venezolanos han huido del país, cuya población es de unos 28 millones de habitantes. Además, en los últimos años, cientos de miles de personas han emprendido el viaje hacia Estados Unidos a pie.
En 2018, Maduro se declaró vencedor en unas elecciones ampliamente consideradas como fraudulentas. En respuesta, el gobierno de Estados Unidos endureció significativamente las sanciones contra la industria petrolera del país, la principal fuente de ingresos de Venezuela, una medida que exacerbó la crisis económica y aisló a Maduro de gran parte del mundo.
Para mejorar la economía, Maduro necesita que se levanten las sanciones. Al mismo tiempo, la oposición quiere que establezca condiciones competitivas para las próximas elecciones presidenciales con el fin de tener una oportunidad legítima de ganar.
Sin embargo, ambas partes no han logrado estos objetivos, y pareciera que Maduro no está dispuesto a hacer nada que crea que puede poner en riesgo su control sobre el poder.
En noviembre, como señal de su disposición a levantar las sanciones a cambio de garantizar unas elecciones justas, Estados Unidos concedió a la petrolera Chevron una licencia para una expansión limitada de las operaciones energéticas en Venezuela, un avance modesto hacia la posible reincorporación del país al mercado petrolero internacional.
El gobierno de Biden se encuentra bajo presión para garantizar que los precios del petróleo se mantengan estables de cara a las elecciones presidenciales del próximo año. La amenaza de un conflicto más amplio en Medio Oriente, aunada a las actuales interrupciones de las exportaciones energéticas rusas, amenazan con avivar otro episodio de inflación y provocar una potencial subida de los precios de la gasolina en los próximos meses.
Pero, incluso después de levantar las sanciones, se necesitarían años y miles de millones de dólares de inversión para aumentar la producción de petróleo lo suficiente como para bajar los precios, dijo Francisco Monaldi, experto en energía venezolana de la Universidad Rice en Houston.
Monaldi cree que lo más probable es que el gobierno de Biden centre sus motivaciones en tratar de frenar el flujo de migrantes venezolanos hacia la frontera entre Estados Unidos y México, en vez de hacer bajar los precios del petróleo a corto plazo.
El gobierno de Maduro está siendo investigado por la Corte Penal Internacional por posibles crímenes de lesa humanidad cometidos desde 2017, lo que incluye torturas y persecuciones por motivos políticos.
Isayen Herrera, Bianca Padró Ocasio y Alan Rappeport colaboraron en este artículo.
Julie Turkewitz es jefa del buró de los Andes, que cubre Colombia, Venezuela, Bolivia, Ecuador, Perú, Surinam y Guyana. Antes de mudarse a América del Sur, fue corresponsal de temas nacionales y cubrió el oeste de Estados Unidos. Más de Julie Turkewitz
Source: Elections - nytimes.com
