En la primavera de 1989, el Partido Comunista de China usó tanques y soldados para reprimir una protesta a favor de la democracia en la plaza de Tiananmén de Pekín. La mayor parte de Occidente, más allá de las líneas partidistas tradicionales, se horrorizó ante la represión que mató a cientos de estudiantes activistas. Pero un conocido estadounidense quedó impresionado.
“Cuando los estudiantes se congregaron en la plaza de Tiananmén, el gobierno chino casi lo arruina”, dijo Donald Trump en una entrevista con la revista Playboy el año después de la masacre. “Después, se ensañaron, fueron horribles, pero los suprimieron con fuerza. Eso demuestra el poder de la fuerza. En este momento, nuestro país es percibido como débil”.
Fue una frase sin importancia en una amplia entrevista, concedida a un periodista que escribía el perfil de un famoso hombre de negocios de 43 años que por entonces no era un actor en la política nacional ni en los asuntos mundiales. Pero a la luz de lo que Trump ha llegado a ser, su apología de la represión despiadada de los manifestantes democráticos está impregnada de presagios.
La retórica violenta y autoritaria en la campaña hacia 2024 de Trump ha ocasionado una alarma creciente y comparaciones con dictadores fascistas de la historia así como con caudillos populistas contemporáneos. En semanas recientes ha deshumanizado a sus adversarios al llamarlos “plagas” que deben ser “erradicadas”, ha declarado que los inmigrantes “envenenan la sangre de nuestro país”, ha alentado disparar contra los ladrones e insinuado que el expresidente del Estado Mayor Conjunto, Mark Milley, merecía ser ejecutado por traición.
Ahora que se postula de nuevo a la presidencia al tiempo que enfrenta cuatro procesos penales, Trump puede parecer más enfadado, desesperado y peligroso para la democracia al estilo estadounidense que en su primer mandato. Pero la línea directa que emerge es anterior: lleva décadas glorificando la violencia política y elogiando a los autócratas.
Como candidato presidencial en julio de 2016, elogió al exdictador iraquí Sadam Huseín por haber sido “tan bueno” matando terroristas. Meses después de su investidura, dijo al líder autócrata de Filipinas, Rodrigo Duterte, que su brutal campaña de miles de ejecuciones extrajudiciales en nombre de la lucha contra las drogas era “un trabajo increíble”. Y a lo largo de sus cuatro años en el Despacho Oval, Trump traspasó los límites y violó las normas democráticas.
Un segundo mandato de Trump sería distinto no tanto por su carácter sino por su entorno. Todas las fuerzas que en cierto modo contuvieron sus tendencias autócratas en su primera presidencia (miembros del personal que consideraban que su trabajo era a veces contenerlo, los pocos republicanos del Congreso dispuestos por momentos a criticarlo u oponerse a él, un equilibrio partidista en la Corte Suprema que a veces fallaba en su contra) serían más débiles.
En consecuencia, los planes políticos y las ideas más extremas de Trump y sus asesores para un segundo mandato tendrían más posibilidades de hacerse realidad.
Una agenda radical
Sin duda, parte de lo que Trump y sus aliados están planeando está en línea con lo que un presidente republicano cualquiera podría hacer. Por ejemplo, es muy probable que Trump dé marcha atrás a muchas de las políticas del presidente Joe Biden diseñadas para frenar las emisiones de carbono y acelerar la transición a los vehículos eléctricos. Tal retroceso de varias normas y políticas debilitaría significativamente las protecciones al medioambiente, pero gran parte de los cambios reflejan el escepticismo conservador habitual y de larga data e torno las regulaciones medioambientales.
Sin embargo, hay otros aspectos de la agenda de Trump que tienden a la aberración. Ningún otro presidente estadounidense había contemplado la posibilidad de retirarse de la OTAN, la alianza militar de Estados Unidos con las democracias occidentales. Trump dijo que reevaluaría a fondo “el propósito y la misión de la OTAN” en un segundo mandato.
También dijo que le ordenaría al Ejército atacar a los cárteles de la droga en México, algo que violaría el derecho internacional a menos que el gobierno mexicano diera su consentimiento. Lo más probable es que no lo haga.
Del mismo modo, afirmó que desplegaría al Ejército en el territorio estadounidense. Aunque en general es ilegal utilizar soldados para hacer cumplir las leyes nacionales, la Ley de Insurrección permite excepciones. Después de que algunas manifestaciones contra la violencia policial en 2020 se convirtieron en disturbios, Trump hizo redactar una orden para emplear tropas a fin de reprimir a los manifestantes en Washington, D. C., pero no la firmó. Este año, en un mitin en Iowa, dio a entender que tiene la intención de enviar unilateralmente tropas a ciudades gobernadas por demócratas para que se respete el orden público en general.
“Miras a cualquier estado gobernado por demócratas, y simplemente no es lo mismo, no funciona”, dijo Trump a la multitud, llamando a ciudades como Nueva York, Chicago, Los Ángeles y San Francisco guaridas del crimen. “No podemos permitirlo por más tiempo. Y una de las otras cosas que voy a hacer —porque no se supone que uno participe en eso, solo puede solicitarlo el gobernador o el alcalde que uno vaya— la próxima vez, no voy a esperar”.
Los planes de Trump de expulsar a los inmigrantes que se encuentran en el país de manera ilegal incluyen hacer redadas masivas, instalar enormes campos de detención, deportar a millones de personas al año, poner fin al asilo, acabar con la ciudadanía por derecho de nacimiento para los bebés nacidos en suelo estadounidense de padres que viven en el país ilegalmente e invocar la Ley de Insurrección cerca de la frontera sur para que los soldados también actúen como agentes de inmigración.
Trump buscaría expandir las facultades presidenciales de muchas maneras, entre ellas al concentrar una mayor autoridad del poder ejecutivo en la Casa Blanca, acabar con la independencia de las agencias creadas por el Congreso para operar al margen del control presidencial y reducir las protecciones a la función pública para facilitar el despido y contratación de decenas de miles de empleados gubernamentales.
Más que cualquier otra cosa, la promesa de Trump de utilizar el Departamento de Justicia para vengarse de sus adversarios es un franco desafío a los valores democráticos. Teniendo en cuenta cómo trató de conseguir que los fiscales persiguieran a sus enemigos cuando estaba en el cargo, pondría fin a la norma de independencia investigadora del control político de la Casa Blanca que surgió después de Watergate.
En todos estos esfuerzos, Trump estaría respaldado en un segundo mandato por una infraestructura externa bien financiada. En 2016, los laboratorios de ideas conservadores eran bastiones del republicanismo al estilo de George W. Bush. Pero han surgido otros nuevos dirigidos por veteranos del gobierno de Trump, y la venerada Heritage Foundation se ha remodelado para mantenerse en sintonía con el trumpismo.
Una coalición ha estado elaborando planes políticos al estilo de “Estados Unidos Primero” (America First) apodados Proyecto 2025. (La campaña de Trump ha expresado su aprecio, pero ha dicho que solo cuentan los planes anunciados por él o por su campaña). Mientras que algunas de las propuestas que se están desarrollando en esos lugares impulsarían los objetivos tradicionales de los megadonantes republicanos —como frenar las regulaciones a las empresas— otras están más en sintonía con los intereses personales de Trump.
El Center for Renewing America, por ejemplo, ha publicado un documento titulado “El Departamento de Justicia de Estados Unidos no es independiente”. El documento fue escrito por Jeffrey Clark, a quien Trump casi nombró fiscal general en funciones para ayudar a su intento de subvertir las elecciones y quien enfrenta a cargos penales en Georgia en relación con ese esfuerzo.
Cuando se le pidió un comentario al respecto, un vocero de Trump no entró en detalles, pero sí criticó a The New York Times y afirmó que Trump era “estricto con la delincuencia”.
Protecciones debilitadas
Ya desde que se postuló en 2016, Trump incumplió las normas democráticas.
Calificó de fraude su derrota en los caucus de Iowa sin tener pruebas e insinuó que solo consideraría legítimos los resultados de las elecciones generales si ganaba. Amenazó con encarcelar a Hillary Rodham Clinton, tachó de violadores a los inmigrantes mexicanos y prometió prohibir la entrada de los musulmanes a Estados Unidos. Se ofreció a pagarle abogados defensores a los simpatizantes que en sus mítines golpearan a manifestantes y azuzó el odio contra los periodistas que cubrían sus eventos.
Ya en la presidencia, Trump se negó a dejar de lado sus negocios, y quienes querían congraciarse con él reservaban costosos bloques de habitaciones en sus hoteles. A pesar de la existencia de una ley contra el nepotismo, dio puestos en la Casa Blanca a su hija y a su yerno. Utilizó poderes de emergencia para destinar al muro fronterizo más fondos de los autorizados por el Congreso. Sus abogados propusieron indultar a su presidente de campaña, a quien Trump elogió por no “voltearse” cuando los fiscales intentaron (infructuosamente) que cooperara como testigo en la investigación sobre Rusia; Trump al final lo indultaría.
Sin embargo, algunas de sus infracciones a las normas que podían ser más graves no se llegaron a realizar.
Trump presionó al Departamento de Justicia para que procesara a sus adversarios. El Departamento de Justicia abrió varias investigaciones penales, desde la inspección al exsecretario de Estado John Kerry y el exdirector del FBI James Comey, hasta el intento de un fiscal especial, John Durham, por encontrar fundamentos para acusar a funcionarios de seguridad nacional de la era de Barack Obama, o a Hillary Clinton de delitos relacionados con los orígenes de la investigación sobre Rusia. Pero, para enojo de Trump, los fiscales decidieron no presentar tales cargos.
Y fueron infructuosas las acciones que motivaron que se le realizaran juicios políticos. Trump intentó coaccionar a Ucrania para que abriera una investigación penal contra Biden al retener ayuda militar, pero no funcionó. También trató de revertir su derrota electoral en 2020 y alentó el ataque al Capitolio, pero el vicepresidente Mike Pence y las mayorías del Congreso rechazaron su intento de mantenerse en el poder.
Existen motivos para creer que varios obstáculos y baluartes que limitaron a Trump en su primer mandato estarían ausentes en un segundo.
Parte de lo que Trump intentó hacer se vio frustrado por la incompetencia y la disfunción de su equipo inicial. Pero a lo largo de cuatro años, quienes se quedaron con él aprendieron a ejercer el poder con mayor eficacia. Por ejemplo, después de que los tribunales bloquearon su primera prohibición de ingreso a ciertos viajeros internacionales, que se había elaborado de manera descuidada, su equipo desarrolló una versión que la Corte Suprema permitió que entrara en vigor.
Los nombramientos que realizó durante cuatro años crearon una supermayoría republicana atrincherada en la Corte Suprema que con toda seguridad ahora se pondría de su lado en algunos casos que perdió, como la decisión de 5 contra 4 votos que en junio de 2020 le impidió poner fin a un programa que protege de la deportación a ciertas personas que viven ilegalmente en el país y que fueron traídas de niños y crecieron como estadounidenses.
Los republicanos del Congreso fueron a menudo sus socios y facilitadores, colaborando con él para ratificar jueces y recortar impuestos a las empresas, al tiempo que ejercían una escasa supervisión. Pero algunos republicanos clave del Congreso denunciaron ocasionalmente su retórica o frenaron sus propuestas más perturbadoras.
En 2017, el entonces senador Bob Corker reprendió a Trump por hacer amenazas imprudentes a Corea del Norte en Twitter, y el entonces senador John McCain proporcionó el voto decisivo contra la presión de Trump para rescindir, sin un plan de reemplazo, una ley que hace que la cobertura de seguro de salud esté ampliamente disponible.
Es probable que los republicanos en el Congreso sean aún más flexibles en un segundo mandato de Trump. El partido se ha acostumbrado más e incluso se ha entusiasmado con la voluntad de Trump de pasarse de la raya. Y Trump ha desgastado, superado, intimidado hasta la sumisión o expulsado a destacados legisladores republicanos que tienen una posición independiente y han demostrado una disposición ocasional de oponerse a él.
McCain, que fue el candidato presidencial del Partido Republicano en 2008, murió en 2018. La excongresista Liz Cheney, que votó a favor de la destitución de Trump por incitar a los disturbios del 6 de enero de 2021 y ayudó a dirigir el comité que investigó esos acontecimientos, perdió su escaño ante un aspirante favorable a Trump. El senador Mitt Romney, candidato presidencial republicano en 2012 y único senador del Partido Republicano que votó a favor de la condena de Trump en su primer juicio político, se está jubilando.
El miedo a la violencia de los partidarios de Trump también refuerza el control. En libros recientes, tanto Romney como Cheney escribieron que algunos colegas republicanos, a quienes no nombraron, les dijeron que querían votar contra Trump en los procedimientos de destitución relacionados con el 6 de enero, pero que no lo hicieron por temor a su seguridad y la de sus familias.
El personal hace políticas
Quizá el contrapeso más importante a la presidencia de Trump fue la resistencia interna de su gobierno a algunas de sus demandas más extremas. Una seguidilla de personas a las que nombró en altos cargos y despidió ha advertido desde entonces que no está capacitado para ser presidente, entre ellos John Kelly, quien fungió como jefe de personal de la Casa Blanca; los exsecretarios de Defensa Jim Mattis y Mark Esper; el exasesor de seguridad nacional John Bolton, así como el exfiscal general William Barr, entre otros.
Por su parte, Trump ha calificado a todos ellos de débiles, estúpidos y desleales. En privado, ha dicho a sus allegados que sus mayores errores tuvieron que ver con las personas que nombró, en particular a su elegido para fiscal general. Los asesores que se han quedado con él están decididos a que, si gana un nuevo mandato, no habrá funcionarios que obstaculicen su agenda de manera intencional.
Además de elaborar documentos de formulación de políticas, la coalición de laboratorios de ideas dirigidos por personas afines a Trump también recopiló una base de datos de miles de posibles reclutas que ya cuentan con el visto bueno para formar parte del equipo de transición en caso de que Trump gane las elecciones. Quienes fueron altos funcionarios del gobierno de Trump realizan esfuerzos similares para prepararse a fin de abastecer al gobierno de abogados que podrían encontrar maneras de lograr que se aprueben las ideas radicales de la Casa Blanca en lugar de plantear objeciones legales.
Estos esfuerzos de dotación de personal estarían fundamentados en un cambio ocurrido en su último año como presidente. En 2020, Trump sustituyó a asesores que habían intentado controlarlo e instaló a un joven ayudante, John McEntee, para eliminar a otros funcionarios considerados poco leales.
Dependiendo de las elecciones al Senado, la confirmación de nominados particularmente polémicos para puestos importantes podría ser un desafío. Pero otra violación de las normas que Trump fue desarrollando gradualmente fue hacer un uso agresivo de su poder para cubrir temporalmente vacantes con jefes “en funciones” para puestos que se supone que deben someterse a la confirmación del Senado.
En 2020, por ejemplo, Trump nombró a Richard Grenell —un combativo aliado de Trump y exembajador en Alemania— como director interino de inteligencia nacional. Dos líderes de inteligencia anteriores de la era Trump habían enojado al presidente al defender una evaluación de que Rusia había intentado encubiertamente ayudar a su campaña de 2016 y al informar a los líderes demócratas que lo estaba haciendo de nuevo en 2020. Grenell, en cambio, se ganó los elogios de Trump al utilizar el puesto para desclasificar materiales sensibles que los republicanos utilizaron para caracterizar la investigación de Rusia como sospechosa.
Después de que Trump dejó el cargo, hubo muchas propuestas para codificar en leyes las normas democráticas que había infringido. Entre las ideas propuestas estaban imponer límites más estrictos al uso de los poderes presidenciales de emergencia, exigir la divulgación de sus declaraciones de impuestos, dar fuerza a la prohibición constitucional a recibir pagos externos y dificultar el abuso al poder de indulto y su autoridad sobre los fiscales.
En diciembre de 2021, cuando los demócratas aún controlaban la Cámara de Representantes, esta aprobó muchas de estas propuestas como la Ley de Protección de Nuestra Democracia. Todos los republicanos menos uno —el entonces representante Adam Kinzinger, que se jubilaba tras haber votado a favor de la destitución de Trump después de los disturbios del 6 de enero— votaron en contra del proyecto de ley, que fracasó en el Senado.
El debate en la Cámara se desarrolló en gran medida sobre una premisa que reducía su urgencia: Trump ya no estaba. Los demócratas abogaron por considerar que las reformas se referían a futuros presidentes, mientras que los republicanos las rechazaron como un golpe innecesario a Trump.
“Donald Trump —por desgracia— ya no es presidente”, dijo el representante Rick Crawford, republicano por Arkansas. “Es hora de dejar de vivir en el pasado”.
Charlie Savage escribe sobre seguridad nacional y política legal. Ganador del premio Pulitzer por sus reportajes sobre el poder presidencial, es también autor de los libros Takeover y Power Wars. Más de Charlie Savage
Jonathan Swan es periodista de política que cubre las elecciones presidenciales de 2024 y la campaña de Donald Trump. Más de Jonathan Swan
Maggie Haberman es corresponsal política sénior y autora de Confidence Man: The Making of Donald Trump and the Breaking of America. Formó parte del equipo que ganó un premio Pulitzer en 2018 por informar sobre los asesores del presidente Trump y sus conexiones con Rusia. Más de Maggie Haberman
Source: Elections - nytimes.com
