El expresidente hizo comparaciones inexactas con otros políticos, tergiversó el proceso de clasificación y lanzó ataques con imprecisiones contra funcionarios.
Horas después de declararse no culpable ante un tribunal federal en Miami por los cargos relacionados con su manejo de documentos clasificados, el expresidente Donald Trump defendió su conducta el 13 de junio con una serie de falsedades ya conocidas.
En su club de golf en Bedminster, Nueva Jersey, Trump hizo comparaciones engañosas con otros personajes políticos, malinterpretó el proceso de clasificación y lanzó ataques con imprecisiones contra funcionarios.
Aquí ofrecemos una verificación de datos de los argumentos de Trump sobre la investigación.
Lo que dijo Trump
“Amenazarme con 400 años en la cárcel por tener en mi poder mis propios documentos presidenciales, que es lo que prácticamente todos los presidentes han hecho, es una de las teorías legales más ofensivas y agresivas presentadas en la historia ante un tribunal estadounidense”.
Falso. La Ley de Registros Presidenciales de 1978, que rige la conservación y retención de registros oficiales de los expresidentes, le da a la Administración Nacional de Archivos y Registros (NARA, por su sigla en inglés) total propiedad y control sobre los registros presidenciales. La legislación, que hace una distinción clara entre registros oficiales y documentos personales, se ha aplicado a todos los presidentes desde Ronald Reagan.
La agencia señaló que “asumió la custodia física y legal de los registros presidenciales de las gestiones de Barack Obama, George W. Bush, Bill Clinton, George H. W. Bush y Ronald Reagan cuando esos presidentes abandonaron el cargo”.
De manera independiente, después de que Trump en repetidas ocasiones y engañosamente comparó su manejo de registros con el de su predecesor inmediato, la Administración Nacional de Archivos indicó en un comunicado que Barack Obama entregó sus documentos, tanto los clasificados como los que no lo estaban, de conformidad con la ley. La agencia también afirmó no estar al tanto de que se haya perdido alguna caja de registros presidenciales del gobierno de Obama.
Lo que dijo Trump
“El presidente toma la decisión de separar materiales personales de los registros presidenciales durante su mandato, y bajo su entera discreción”.
Falso. La Ley de Registros Presidenciales distingue qué constituye material personal (como diarios o documentos de campañas políticas) y qué se clasifica como registros oficiales. No le da al presidente “discrecionalidad” para determinar qué es un registro personal y qué no lo es. Según la ley, el presidente saliente debe separar los documentos personales de los registros oficiales antes de abandonar el cargo.
Agentes del FBI realizaron una búsqueda en el inmueble de Mar-a-Lago de Trump en agosto, más de un año después de que el abogado general de la NARA solicitó que se recuperaran materiales y tras meses de reiteradas consultas de funcionarios de la agencia y el Departamento de Justicia.
Lo que dijo Trump
“Se suponía que debía negociar con la NARA, que es exactamente lo que estaba haciendo hasta la redada en Mar-a-Lago organizada por agentes armados del FBI”.
Falso. La Ley de Registros Presidenciales no establece un proceso de negociación entre el presidente y la NARA. La búsqueda realizada en la residencia de Trump en Florida, autorizada por los tribunales, ocurrió después de que se opuso en repetidas ocasiones a responder a las solicitudes del gobierno para que devolviera el material, incluso después de recibir una citación.
Lo que dijo Trump
“Biden envió 1850 cajas a la Universidad de Delaware, lo que dificultó la búsqueda, independientemente de quién la realizara. Se niega a entregarlas y se niega a permitir siquiera que alguien las vea, y luego dicen que se comporta con gran amabilidad”.
Esta afirmación es engañosa. En 2012, Joe Biden le donó a la Universidad de Delaware 1850 cajas de documentos de la época en que fungió como senador del estado desde 1973 hasta 2009. A diferencia de los documentos presidenciales, que deben entregarse a la NARA al término del mandato del presidente, los documentos de los miembros del Congreso no están cubiertos por la Ley de Registros Presidenciales. Es común que los senadores y representantes les donen esos artículos a universidades, institutos de investigación o instalaciones históricas.
La Universidad de Delaware convino en no darle acceso al público a los documentos de la época de Biden como senador hasta dos años después de su retiro de la vida pública. Pero el FBI sí revisó la colección en febrero como parte de una investigación independiente sobre el manejo de Biden de los documentos de gobierno y en colaboración con su equipo legal. The New York Times informó, en su momento, que continuaba el análisis del material y que todo parecía indicar que no contenía documentos clasificados.
Lo que dijo Trump
“Cuando la descubrieron, Hillary borró y ‘lavó con ácido’. Nadie hace eso, por los costos involucrados, pero es muy concluyente. Treinta y tres mil correos electrónicos en desafío a una citación del Congreso que ya se había emitido. La citación estaba ahí y ella decidió borrar, lavar con ácido y luego aplastar y destruir sus teléfonos celulares con un martillo. Y luego dicen que yo participé en una obstrucción”.
Este es un argumento engañoso. Existen varias diferencias clave entre el caso de Trump y el uso por parte de Hillary Clinton de un servidor de correo electrónico privado cuando era secretaria de Estado, que Trump también describió de manera imprecisa.
Una diferencia crucial es que varias investigaciones oficiales han concluido que Clinton no manejó indebidamente material clasificado de manera sistemática o deliberada, además de que un informe preparado en 2018 por el inspector general respaldó la decisión del FBI de no presentar cargos contra Clinton.
En cambio, a Trump se le acusa de haber manejado indebidamente documentos clasificados y obstruir varias acciones del gobierno con el propósito de recuperarlos, así como de hacer declaraciones falsas ante algunos funcionarios. La acusación formal permitió tener acceso la semana pasada a fotografías de documentos guardados, en algunos casos, de manera veleidosa, como cajas apiladas en una regadera y otras en el escenario de un salón de baile frecuentado por visitantes.
Según la investigación del FBI sobre el asunto, los abogados de Clinton le proporcionaron al Departamento de Estado en 2014 alrededor de 30.000 correos electrónicos relacionados con el trabajo y le ordenaron a un empleado que borrara todos los correos electrónicos personales de más de 60 días de antigüedad. En 2015, después de que el Times dio la noticia de que Clinton había usado una cuenta personal de correo electrónico, el comité de la Cámara de Representantes liderado por republicanos que estaba a cargo de la investigación de los ataques de 2012 contra puestos de avanzada estadounidenses en Bengasi, Libia, envió una citación en la que solicitaba todos los correos electrónicos de esa cuenta relacionados con Libia.
Ese mismo mes, un empleado de la empresa que administraba el servidor de Clinton se percató de que en realidad no había borrado los correos electrónicos personales como se le pidió en 2014. Entonces procedió a aplicar un programa de software gratuito llamado BleachBit —no ácido real ni ningún otro compuesto químico— para borrar alrededor de 30.000 correos electrónicos personales.
El FBI encontró miles de correos electrónicos adicionales relacionados con el trabajo que Clinton no le entregó al Departamento de Estado, pero James Comey, quien era director de la agencia en ese momento, declaró que no había “evidencia de que los correos electrónicos adicionales relacionados con el trabajo se hubieran borrado intencionalmente con el fin de ocultarlos”.
Lo más seguro es que Clinton esté en desacuerdo con la aseveración de Trump de que el FBI y el Departamento de Justicia la “protegieron”, pues ha dicho que las acciones de Comey, junto con la interferencia rusa, le costaron las elecciones de 2016.
Lo que dijo Trump
“Por supuesto que exoneró a Mike Pence. Me da gusto. Mike no hizo nada malo, aunque tenía documentos clasificados en su casa. Pero lo exoneraron. Y el caso de Biden es otra cosa”.
Esta afirmación es engañosa. Se encontraron documentos clasificados tanto en la casa del exvicepresidente Mike Pence en Indiana, en enero, como en la antigua oficina de Biden en un centro de investigación en Washington en noviembre y en su residencia de Delaware en enero. El Departamento de Justicia decidió no presentar cargos contra Pence; en cuanto a Biden, la investigación sobre su manejo de materiales está en proceso.
Pero las diferencias entre esos casos y el de Trump son significativas, en particular en lo que respecta al volumen de documentos encontrados y la respuesta de Biden y de Pence.
En la casa de Pence se encontró aproximadamente una decena de documentos marcados como clasificados. El FBI inspeccionó su casa en febrero, con su consentimiento, y encontró un documento clasificado más. No está claro cuántos documentos clasificados tenía en su posesión Biden, pero sus abogados han dicho que se encontró “un pequeño número” en su antigua oficina y alrededor de media docena en su casa de Delaware.
En contraste, Trump tenía “cientos” de documentos clasificados, según la acusación formal del Departamento de Justicia, en la que se indica que algunos de los registros contenían información sobre los programas nucleares del país y “posibles vulnerabilidades de Estados Unidos y sus aliados a ataques militares”. En total, el gobierno ha recuperado más de 300 archivos con marcas de clasificado de su casa y su club privado de Florida.
Otra diferencia es que representantes de Pence y Biden han dicho que no se percataron de que habían conservado esos documentos y no tardaron en informar a la NARA cuando lo descubrieron. Además, ambos cooperaron con funcionarios del gobierno para devolver los documentos y, al parecer, cumplieron voluntariamente con la realización de búsquedas en sus propiedades.
En contraste, Trump se opuso en repetidas ocasiones, durante meses, a las solicitudes de devolver materiales y, según se lee en la acusación formal, desempeñó un papel activo para ocultarles a los investigadores documentos clasificados. La NARA le informó a Trump en mayo de 2021 que faltaban ciertos documentos presidenciales. Algunos agentes recuperaron 15 cajas de Mar-a-Lago en enero de 2022, pero sospechaban que todavía faltaban registros. Siete meses después, agentes del FBI registraron el inmueble de Florida y recuperaron más documentos.
Lo que dijo Trump
“A diferencia de mí, que contaba con total autoridad de desclasificación en mi carácter de presidente, Joe Biden, quien era vicepresidente, no tenía facultades para desclasificar y tampoco el derecho de tener en su posesión los documentos. No tenía ese derecho”.
Esta afirmación es engañosa. Los vicepresidentes sí cuentan con facultades para desclasificar ciertos materiales, aunque el alcance de esas facultades no se ha cuestionado explícitamente ante los tribunales.
Trump ha insistido en otras ocasiones en que contaba con facultades para desclasificar materiales sin necesidad de informarle a nadie. Existen procedimientos formales para levantar el secreto oficial de la información, pero el debate legal sobre si los presidentes deben cumplirlos no se ha resuelto, según el Colegio de Abogados de Estados Unidos y el Servicio de Investigación del Congreso, un organismo sin afiliación partidista. Un tribunal federal de apelaciones decidió en 2020 que “levantar el secreto oficial de materiales, incluso si lo hace el presidente, debe someterse a procedimientos establecidos”. No obstante, la Corte Suprema no ha emitido ningún fallo al respecto.
De cualquier forma, cabe señalar que Trump siguió estos procedimientos con respecto a algunos documentos; por ejemplo, emitió un memorando el día previo al final de su mandato con el que desclasificó información relativa a la investigación del FBI sobre las relaciones de su campaña de 2016 con Rusia.
Por otra parte, expertos legales han señalado que la clasificación de información sobre armas nucleares o “datos restringidos” se rige conforme a un marco legal totalmente distinto, la Ley de Energía Atómica. Esa ley no le otorga facultades explícitas al presidente para tomar la decisión unilateral de desclasificar secretos nucleares y establece un proceso estricto de desclasificación en el que participan varias agencias. No está claro si los documentos guardados en Mar-a-Lago incluían “datos restringidos”.
Chris Cameron colaboró en este reportaje.
Linda Qiu es una reportera de verificación de datos radicada en Washington. Llegó al Times en 2017 después de trabajar en PolitiFact, un servicio de verificación de datos.
Source: Elections - nytimes.com
