La democracia de Guatemala está bajo ataque. En los últimos cuatro años, un grupo de élites poderosas vinculadas con el crimen organizado, conocido como el “pacto de corruptos”, ha ido desmantelando las estructuras democráticas de Guatemala mediante la cooptación de las instituciones judiciales y el arresto y exilio de fiscales, jueces, periodistas y activistas en favor de la democracia. Ahora, como siguiente paso para consolidar su poder, están tratando de manipular las votaciones nacionales, que están en proceso.
De cara a las elecciones de 2023, el presidente Alejandro Giammattei nombró en las cortes y en el Tribunal Supremo Electoral funcionarios fieles a él. Luego, el régimen gobernante y sus aliados usaron estas entidades para distorsionar la Constitución y corromper los procesos electorales con la finalidad de inclinar la balanza política a su favor. El poder judicial hizo lo propio: anuló una prohibición constitucional para permitir que la hija de un exdictador aspirara a la presidencia, permitió que se postularan como candidatos algunos aliados del régimen que han sido acusados y condenados por delitos y descalificó a sus rivales con base en cargos fabricados.
Es por eso que ni siquiera los observadores más experimentados de la política guatemalteca podrían haber predicho que Bernardo Arévalo —un reformista moderado que se postuló con una plataforma anticorrupción y que tenía tan solo el 3 por ciento en las encuestas antes de la votación— sería uno de los dos candidatos con más votos en la primera vuelta de las elecciones presidenciales, celebrada el 25 de junio. Con el 12 por ciento de los votos, obtuvo un lugar en la segunda vuelta electoral del próximo mes. Su rival, Sandra Torres, del partido Unidad Nacional de la Esperanza, quien consiguió casi el 16 por ciento de los votos, fue primera dama, se ha postulado a la presidencia en tres ocasiones y está alineada con el “pacto de corruptos”. En 2019, se le acusó de financiamiento ilegal de campaña, y a su partido se le ha vinculado con el crimen organizado.
El 1 de julio, la Corte de Constitucionalidad de Guatemala ordenó una nueva revisión de las actas donde se certificaron las votaciones en la primera vuelta presidencial luego de que el partido de Torres y sus aliados impugnaron los resultados, incluso cuando otros candidatos ya los aceptaron y las misiones internacionales y nacionales de observación electoral declararon que el proceso fue justo y limpio. Muchos temen que este fallo pueda sentar las bases para más impugnaciones falsas que podrían llegar a anular los resultados, demorar la segunda vuelta o excluir a Arévalo de la contienda. Las denuncias de fraude hacen recordar las que circulaban en Estados Unidos tras la victoria del presidente Joe Biden en 2020, aunque, con todo el aparato judicial de su lado, los negacionistas de las elecciones en Guatemala tienen más probabilidades de salirse con la suya.
La situación está generando incertidumbre política, pero los guatemaltecos han demostrado que no están dispuestos a permitir que su democracia muera así de fácil. Los autócratas del país han desplegado toda la fuerza del Estado para robarse las elecciones, pero no son los únicos que se están movilizando. Los ciudadanos están alzando la voz para defender su derecho al voto. Si triunfan, habrán demostrado que es posible resistirse al ascenso del autoritarismo. Este podría ser un momento crítico para los guatemaltecos, uno que resuene en otras partes del mundo donde la democracia está bajo amenaza.
Arévalo, exdiplomático, sociólogo y actual diputado en el Congreso de la República, surgió en un paisaje abarrotado de candidatos presidenciales. Venció a su contrincante más cercano, el candidato del partido Vamos de Giammattei, por más de 200.000 votos. Arévalo es miembro del partido de centro Movimiento Semilla, cuyos integrantes tienden a ser jóvenes y está conformado en su mayoría por estudiantes universitarios, profesores, ingenieros y propietarios de pequeñas empresas.
Pese a ser relativamente desconocido, es el hijo del estimado expresidente Juan José Arévalo, quien en a mediados de la década de 1940 inició un periodo de gobierno reformista en Guatemala conocido como la primavera democrática. En 1954, un golpe de Estado respaldado por la CIA puso un fin abrupto a ese proyecto y dio paso a cuatro décadas de guerra y dictadura represiva.
Dado el legado político de su padre, la oleada de popularidad de Arévalo y Semilla en este momento, si bien causa sorpresa, responde a una lógica colectiva. El partido se formó como respuesta a la serie de escándalos de corrupción que convulsionó a Guatemala en 2015. Como movimiento, encauzó el descontento popular para formar un consenso amplio entre quienes se sentían decepcionados de los políticos depredadores y los que estaban desesperados por un futuro político distinto. Tras convertirse en un partido político en 2018, Semilla se ha mantenido fiel a su misión de combatir la impunidad y fortalecer la democracia.
En la primera vuelta, demostró ser una alternativa conveniente para los electores frustrados. Aunque el partido en el poder trató de eclipsar a los candidatos ajenos a la clase política dominante y preservar el statu quo, sus maniobras antidemocráticas fueron contraproducentes. Muchos esperaban que las tasas de abstención fueran más altas de lo normal, pero al final el 60 por ciento de los guatemaltecos acudió a las urnas. Casi una cuarta parte de quienes se presentaron votaron en blanco o anularon su boleta para manifestar su enojo ante lo que perciben como un sistema amañado. Ellos, junto con quienes decidieron votar por el último candidato reformista que quedaba, impulsaron a Arévalo a la segunda vuelta.
El éxito de Semilla y el contraataque que suscitó incitaron un movimiento ciudadano que está trabajando para asegurarse de que la voluntad del pueblo sea escuchada. Estos ciudadanos han iniciado una campaña en redes sociales, donde publican los registros de las mesas electorales escritos a mano para rebatir las denuncias de fraude. Hay voluntarios supervisando las auditorías del conteo de votos que ordenó la corte. Las organizaciones indígenas prometieron realizar manifestaciones pacíficas en todo el país si las autoridades intentan manipular las elecciones. Hasta miembros de una comunidad empresarial históricamente conservadora declararon su apoyo al movimiento prodemocrático, con un llamado a respetar los resultados electorales y a garantizar que el proceso de la segunda vuelta electoral, programada para el 20 de agosto, transcurra según lo planeado.
La comunidad internacional también respalda esta iniciativa civil. La Unión Europea, la Organización de los Estados Americanos e incluso Estados Unidos, que se ha mostrado reacio a enfrentarse públicamente con el gobierno de Giammattei, afirmaron la legitimidad de los resultados y denunciaron la interferencia electoral. Otras personas que respaldan la democracia en América Central también están apoyando el movimiento ciudadano emergente en Guatemala, el cual podría servir de modelo para las iniciativas de resistencia ante sus propios dirigentes cada vez más autocráticos.
Guatemala encarará obstáculos políticos profundos en las próximas semanas. Aunque los resultados electorales se declaren válidos, Arévalo tendrá que consolidar una alianza amplia antes de la segunda vuelta que pueda unificarse en torno a una apuesta política común, algo que no será nada sencillo en un país que desde hace mucho vive con divisiones étnicas, socioeconómicas e ideológicas.
Pero el país ya ha superado obstáculos como estos. Las protestas contra la corrupción de 2015 convocaron a un movimiento popular diverso que derrocó a un presidente y a una vicepresidenta en funciones. Si bien los ocho años transcurridos desde entonces han traído retrocesos brutales hacia la autocracia, la paciencia y perseverancia de los líderes de oposición prepararon el camino para este nuevo impulso democrático.
Aun si el calendario electoral continúa según lo planeado y se le permite contender a Arévalo, la campaña de desinformación que pretende vilipendiarlo y sembrar miedo solo se va a intensificar. Además, si logra ganar en la segunda vuelta, su bancada minoritaria en el Congreso y el arraigado poder institucional de la élite corrupta dificultarán sus intentos de gobernar con eficacia.
Pero ya habrá tiempo para preocuparnos por las complicadas labores de la gobernanza. Por ahora, los riesgos políticos son más grandes que nunca. Si los negacionistas de las elecciones prevalecen, Guatemala habrá perdido la batalla por la democracia. Pero si sus defensores tienen éxito, esto supondrá un duro golpe para detener la regresión en un país donde, no hace mucho, el ímpetu autócrata parecía irreversible.
Anita Isaacs es profesora de ciencias políticas en Haverford College. Rachel A. Schwartz es profesora de estudios internacionales y regionales en la Universidad de Oklahoma, además de autora del libro Undermining the State From Within: The Institutional Legacies of Civil War in Central America. Álvaro Montenegro es un periodista guatemalteco.
Source: Elections - nytimes.com
