El expresidente Donald Trump está planeando una ampliación contundente de las iniciativas de su primer periodo para reformar las políticas comerciales de Estados Unidos si regresa al poder en 2025; por ejemplo, al aplicarle un nuevo impuesto a “casi todas las mercancías importadas”, lo que tendría el riesgo de distanciar a sus aliados e iniciar una guerra comercial a nivel mundial.
Aunque el gobierno de Biden ha mantenido los aranceles que el expresidente le impuso a China, Trump iría mucho más lejos e intentará desvincular las dos economías más grandes del mundo, las cuales intercambiaron 758.000 millones de dólares en mercancías y servicios el año pasado. Trump ha dicho que iba a “aplicar otras restricciones contundentes a la participación china” en una amplia variedad de activos en Estados Unidos, prohibiría a los estadounidenses invertir en China e introduciría de manera gradual una prohibición total a las importaciones de categorías importantes de mercancía hecha en China, como artículos electrónicos, acero y productos farmacéuticos.
“Impondremos fuertes sanciones a China y a todos los demás países cuando quieran abusar de nosotros”, aseveró Trump en un mitin reciente en Durham, Nuevo Hampshire.
En una entrevista, Robert Lighthizer, quien fue el principal negociador comercial en el gobierno de Trump y que lo más probable es que tenga una gran participación en un segundo periodo, ofreció la explicación más amplia y detallada hasta el momento sobre la agenda comercial de Trump. Para este artículo se le hicieron preguntas referidas a la campaña del exmandatario y los integrantes del equipo de campaña estuvieron al teléfono para comentar al respecto.
En esencia, la agenda comercial de Trump busca dar marcha atrás a la integración de Estados Unidos en la economía global y hacer que el país se vuelva más autónomo: producir un mayor porcentaje de lo que consume y ejercer su poder a través de acuerdos individuales con otros países.
Trump, quien se autodenomina como un “hombre de aranceles” dio algunos pasos en esa dirección cuando fue presidente, por ejemplo, al imponer aranceles a diversas importaciones, obstaculizar a la Organización Mundial del Comercio e iniciar una guerra comercial con China. Si lo vuelven a elegir, tiene planeada una injerencia mucho más audaz con la esperanza de eliminar el déficit comercial y fortalecer el sector manufacturero, lo que traerá consecuencias potencialmente trascendentales para el empleo, los precios, las relaciones comerciales y el sistema de comercio mundial.
Sus planes —que ha calificado como “una reforma radical de nuestra política comercial y fiscal en favor de los estadounidenses”— supondría una apuesta de alto riesgo con la salud de la economía debido a que el desempleo ha bajado a 3,7 por ciento, la inflación ha disminuido sustancialmente de su repunte posterior a la pandemia, cada mes se generan cerca de 200.000 empleos y la bolsa de valores está por llegar a un nivel sin precedentes.
Los planes de Trump han hecho que especialistas en comercio con ideas más tradicionales estén en alerta. Daniel M. Price, un alto asesor en materia de economía internacional durante el gobierno de George W. Bush, calificó esos planes como “erráticos e irracionales”. Afirmó que los costos correrían a cargo de los consumidores y los productores estadounidenses y que esos planes tendrían el riesgo de alejar a los aliados.
“La última vez que Trump impuso aranceles de forma abusiva a nuestros aliados (por razones de seguridad nacional inventadas), varios socios comerciales importantes, como Japón y Corea del Sur, se abstuvieron de tomar represalias contra las exportaciones estadounidenses pensando que Trump pronto regresaría a la cordura”, señaló Price. “Esta vez no consentirán esa fantasía”.
Resulta complejo evaluar los méritos de la visión comercial de Trump porque podría haber múltiples repercusiones y él está buscando cambios a largo plazo. Pero muchos estudios económicos concluyeron que los aranceles que impuso cuando era presidente le costaron a la sociedad estadounidense más de los beneficios que generaron.
La investigación de los economistas de la Reserva Federal y la Universidad de Chicago encontró que los aranceles que Trump impuso a las lavadoras en 2018 crearon alrededor de 1800 empleos al tiempo que aumentaron los precios que los consumidores pagaron por nuevas lavadoras y secadoras en 86 y 92 dólares por unidad. Ese gasto significó alrededor de 817.000 dólares por empleo.
Lighthizer descalificó los estudios que criticaban los aranceles de Trump, los tachó de sesgados en favor del libre comercio y alegó que la inflación se había estabilizado durante su gobierno. También afirmó que, aunque la eficiencia, las ganancias y los precios bajos eran importantes, la prioridad debería ser fomentar la creación de más empleos en el sector manufacturero para los estadounidenses que no cuentan con un título universitario.
“Si lo único que quieres es eficiencia —si crees que la gente está mejor en la fila del desempleo con tres televisores de 40 pulgadas de lo que estaría si estuviera trabajando, y con solo dos televisores—, entonces no vas a estar de acuerdo conmigo”, comentó Lighthizer. “Hay un grupo de personas que cree que el fin es el consumo, pero mi idea es que el fin sea la producción y que haya comunidades seguras y felices. Debemos estar dispuestos a pagar un precio por eso”.
En 2017, Trump comenzó su presidencia contratando a asesores económicos con puntos de vista diversos, incluidos defensores de políticas proteccionistas, como Lighthizer y Peter Navarro, así como veteranos de Wall Street orientados hacia el libre comercio y escépticos respecto a los aranceles, como el expresidente de Goldman Sachs Gary D. Cohn.
Pero los asesores económicos con los que mantiene una estrecha relación son, en su inmensa mayoría, de ideología pro-arancelaria, como Lighthizer. Lo más probable es que sus planes más agresivos para un segundo mandato se enfrenten a una oposición interna mucho menor que en su primer mandato.
Aranceles universales
Entre los planes más ambiciosos de Trump en materia comercial para 2025, el de consecuencias más globales es imponer un presunto arancel universal de base, es decir, un nuevo impuesto para la mayoría de las mercancías importadas.
La campaña de Trump no ha especificado cuán elevado sería este arancel. En una entrevista de agosto con Fox Business, Trump mencionó una cifra del 10 por ciento y dijo: “Creo que debemos trabajar mucho” en la economía estadounidense.
Trump no ha precisado otros detalles. Por ejemplo, no ha explicado si concibe el arancel universal como un nuevo piso o como un complemento de los aranceles existentes. Es decir, si un producto importado tenía un impuesto del cinco por ciento, ¿ahora aumentaría al 10 o al 15 por ciento? Lighthizer mencionó que sería esto último.
El exmandatario tampoco ha dicho si el nuevo arancel se aplicaría a las importaciones de las dos decenas de países con los que Estados Unidos tiene acuerdos de libre comercio, entre ellos México y Canadá, los que juntos representan casi una quinta parte del déficit comercial total de Estados Unidos en mercancías y con los cuales el gobierno de Trump renegoció el acuerdo comercial casi libre de aranceles que sustituyó al Tratado de Libre Comercio de América del Norte.
El equipo de campaña señaló que Trump no ha anunciado ninguna decisión al respecto. Pero la embajadora de Canadá en Estados Unidos, Kirsten Hillman, dijo en una entrevista que su país cree que sus exportaciones deberían estar exentas de cualquier nuevo arancel universal.
“Acabamos de concluir este acuerdo con el 99 por ciento de los aranceles a cero bajo la gestión anterior de Trump, por lo que es nuestra expectativa que estas políticas propuestas no se apliquen a Canadá”, dijo.
Trump tampoco ha dicho si cree que podría imponer de manera unilateral el agresivo nuevo arancel según la ley actual o si tendría que autorizarlo el Congreso.
Clete Willems, que fue asistente adjunto del presidente Trump para los temas de economía internacional, dijo en una entrevista que simpatizaba con el deseo de reciprocidad del exmandatario, pero agregó: “La autoridad del presidente para promulgar aumentos arancelarios generalizados no está clara, y soy escéptico de que el Congreso vaya a respaldarlo”.
Sin embargo, Lighthizer afirmó que, dada la magnitud del déficit comercial de EE. UU. y su impacto en la economía estadounidense, un presidente tendría “clara autoridad” para imponer aranceles de manera unilateral en virtud de dos leyes, la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional y la Sección 338 de la Ley Arancelaria de 1930 .
Sin embargo, dijo que, dependiendo de las condiciones políticas, Trump podría optar en cambio por pedir al Congreso que promulgue una nueva legislación para que un sucesor no pueda revocarla fácilmente. “Él tiene la autoridad legal para hacerlo y tiene dos rutas”, dijo Lighthizer. “Hasta donde yo sé aún no ha tomado una decisión al respecto”.
Independientemente del fundamento jurídico, se levantaría un torbellino de pérdidas y ganancias confusas derivadas de esa política de aranceles universales. Por un lado, repuntarían algunas manufactureras nacionales puesto que los fabricantes nacionales de mercancías rivales podrían incrementar los precios y ampliarían la producción. Ahí es donde está la atención de Trump: “Rápidamente nos convertiremos en una potencia manufacturera como ninguna otra que se haya visto en el mundo”, prometió en un video de campaña.
Como algo básico de la economía, también habría inconvenientes. La medida supondría un aumento de impuestos que los consumidores tendrían que pagar cuando se incrementen los precios, y este se dejaría sentir más en la población de pocos recursos, puesto que son los consumidores que emplean una parte mayor de su ingreso en la compra de mercancías.
Esta política también podría ocasionar una presión descendente sobre otras manufacturas nacionales. Los productores que compran insumos del extranjero pagarían costos más elevados, lo que haría que sus productos fueran menos competitivos en el mercado mundial. Los aranceles de represalia disminuirían la demanda de exportaciones estadounidenses.
La desvinculación de China
Trump también ha dicho que iría más lejos al imponer “una serie audaz de reformas para eliminar por completo la dependencia de China en todas las áreas esenciales”. En 2022, Estados Unidos importó 536.300 millones de dólares en mercancía procedente de China y le exportó a este país mercancías por un valor de 154.000 millones de dólares.
Entre otras cosas, Trump ha mencionado que aplicaría “un plan de cuatro años para eliminar gradualmente todas las importaciones de productos esenciales chinos, desde artículos electrónicos hasta acero y productos farmacéuticos”, junto con reglas nuevas para evitar que las empresas estadounidenses inviertan en China e impedir que ese país compre bienes estadounidenses.
No obstante, Trump se protegió al decir, sin dar mayores detalles, que permitiría “todas las inversiones que sirvieran de manera manifiesta para los intereses de Estados Unidos”.
El gobierno de Biden también ha trabajado para imponer más restricciones a los intercambios económicos con China, pero de una manera más reducida y adecuada. El gobierno prohíbe exportar a China determinada tecnología que tenga aplicaciones militares y, en agosto, el presidente Joe Biden firmó una orden para prohibir que los estadounidenses realicen nuevas inversiones en empresas chinas que estén tratando de desarrollar algunas cosas como semiconductores y computadoras cuánticas.
Ahora Trump está proponiendo llegar aún más lejos y pedir que se anule la categoría comercial de “país más favorecido” con la que cuenta China, lo cual implica cesar las relaciones comerciales normales permanentes y los aranceles reducidos que Estados Unidos le otorgó a China después de que esta se uniera a la Organización Mundial del Comercio en 2001. Concretamente, este mes, un comité de la Cámara de Representantes publicó un informe bipartidista que también solicitaba esa medida.
De acuerdo con un estudio publicado el mes pasado por Oxford Economics que fue encargado por el Consejo Empresarial Estados Unidos-China, hacer esto trastornaría de manera importante la economía estadounidense. Este estudio estimaba que el aumento resultante en aranceles conllevaría una pérdida de 1,6 billones de dólares para la economía estadounidense y 774.000 empleos menos en cinco años.
En sus memorias de 2023, tituladas No Trade Is Free, Lighthizer reconoció que las empresas estadounidenses que operan en China y las que dependen de las importaciones chinas se opondrían a esa idea, pero afirmó que “con el tiempo” la fabricación de más productos como computadoras y teléfonos móviles regresaría a Estados Unidos o a sus aliados, lo que beneficiaría a los trabajadores estadounidenses y al país.
También escribió que las inevitables represalias chinas para perjudicar las exportaciones estadounidenses “contribuirían aún más al desacoplamiento estratégico” de las dos economías. “Cualquiera que admita que China es un problema pero insista en que existe una solución mágica y sin perturbaciones para el problema que representa China es muy probablemente un mentiroso, un tonto, un bribón, un globalista irredimible, o alguna combinación de ellos”, escribió.
Décadas de lucha contra el déficit
El nacionalismo económico de Trump le ha ayudado a cambiar el Partido Republicano. Ha reunido a una coalición más obrera que la que solían atraer los republicanos antes de que fuera el abanderado del partido.
Sus puntos de vista son un retroceso a un enfoque mercantilista del comercio, en el que los países utilizaban aranceles elevados para proteger y desarrollar sus capacidades de fabricación nacionales. El sitio web de la campaña de Trump afirma que su política comercial “está firmemente arraigada en la historia estadounidense” porque Estados Unidos “solía imponer aranceles a más del 95 por ciento de todas las importaciones”. Esa estadística es de antes de la Guerra Civil, cuando los aranceles constituían la gran mayoría de los ingresos del gobierno federal.
A lo largo del siglo XX, muchos economistas llegaron a considerar eso como un planteamiento miope. En la década de 1990, a pesar de la oposición de los sindicatos, se formó un consenso bipartidista a favor de un comercio más libre. La idea era que la reducción de aranceles y el aumento del comercio aumentarían la prosperidad material general de la sociedad al mejorar la eficiencia y bajar los precios.
Pero esas ganancias no se han distribuido equitativamente y, con el tiempo, han surgido diversas formas de desilusión con la reducción de las barreras comerciales.
En Estados Unidos, los críticos tanto de izquierda como de derecha han señalado cada vez más las desventajas del comercio para las comunidades obreras. La decadencia social se extendió a medida que las empresas cerraban fábricas cuya producción podían trasladar al extranjero, para bajar costos, lo que contribuyó —junto con otros factores, como el aumento de la automatización— al estancamiento de los salarios de la clase trabajadora. Las interrupciones de la cadena de suministro durante la pandemia centraron la atención en otro riesgo de la globalización.
Y existe una creciente ansiedad sobre las implicaciones de seguridad de la dependencia de Estados Unidos de China para ciertos bienes y recursos críticos, y la indignación por las prácticas de China de obligar a las empresas a compartir tecnología y su robo descarado de secretos comerciales.
Políticamente, Trump se adelantó al centrarse en los aspectos negativos del libre comercio. Durante más de 30 años, ha arremetido contra los déficits comerciales, que considera, al igual que los balances de las empresas, una simple cuestión de beneficios y pérdidas. Se queja de que los países extranjeros que exportan más a Estados Unidos de lo que importan están estafando a Estados Unidos.
En 2017, Trump hacía sistemáticamente una pregunta sencilla a sus informadores antes de sus llamadas con líderes extranjeros, según una persona con conocimiento directo: “¿Cuál es el déficit comercial?”. A menudo, la respuesta establecería el estado de ánimo de Trump para la llamada y cuán amistoso sería con el jefe de Estado.
Trump retiró a Estados Unidos del Acuerdo Transpacífico, el tratado comercial más importante del presidente Barack Obama. Su gestión paralizó la capacidad de la OMC para resolver disputas comerciales entre países al bloquear su capacidad para sustituir a los miembros de un órgano de apelación.
Trump impuso aranceles a determinadas importaciones, aumentando los precios de las lavadoras y los paneles solares, así como del acero y el aluminio. E inició una guerra comercial con China, imponiendo aranceles a más de 360.000 millones de dólares de productos chinos.
A pesar de los agreivos aranceles de Trump, los datos de la Oficina del Censo muestran que el déficit comercial anual de bienes creció de 735.000 millones en 2016 a 901.000 millones de dólares en 2020. Pero Lighthizer señaló una ligera disminución en el déficit comercial en 2019 en comparación con 2018, argumentando que los aranceles estaban empezando a tener su efecto previsto antes de la agitación del año pandémico.
Las guerras comerciales de Trump fueron costosas. Después de que China —que se ha convertido en el mayor mercado de exportación para los agricultores estadounidenses— tomó represalias aumentando los aranceles sobre los productos agrícolas estadounidenses como la soya, el gobierno de Trump comenzó un rescate gubernamental de 28.000 millones de dólares para mantener a los agricultores a flote. Un estudio de febrero de 2020 calculó que el mayor coste del metal para los fabricantes estadounidenses debido a los aranceles sobre el acero había causado la pérdida de unos 75.000 puestos de trabajo.
Por muy agresivas que fueran las políticas comerciales de Trump en su primer mandato, no siempre llegó tan lejos como quería. A pesar de amenazar con retirarse de la Organización Mundial del Comercio, por ejemplo, nunca lo hizo. Aunque detestaba el TLCAN, su administración negoció un sustituto que, aunque modernizaba varios términos, mantenía un mercado casi libre de aranceles con México y Canadá.
Lighthizer, que dirigió esas negociaciones, escribió en sus memorias que, independientemente de si el Congreso debería haber aprobado el TLCAN en 1993, retirarse abruptamente de él después de décadas de integración económica habría causado “una catástrofe económica y política”, enviando “ondas de choque a través de la economía” y perjudicando a “los votantes de Trump en Texas y en todo el cinturón agrícola”.
Ana Swanson colaboró con reportería.
Charlie Savage escribe sobre seguridad nacional y política jurídica. Ganador del premio Pulitzer por sus reportajes sobre el poder presidencial, es también autor de los libros Takeover y Power Wars. Más de Charlie Savage
Jonathan Swan es periodista de política que cubre las elecciones presidenciales de 2024 y la campaña de Donald Trump. Más de Jonathan Swan
Maggie Haberman es corresponsal política sénior y autora de Confidence Man: The Making of Donald Trump and the Breaking of America. Formó parte del equipo que ganó un premio Pulitzer en 2018 por informar sobre los asesores del presidente Trump y sus conexiones con Rusia. Más de Maggie Haberman
Source: Elections - nytimes.com
