Terabytes de datos. Docenas de fiscales, investigadores y contadores forenses escudriñando millones de páginas de documentos financieros. Una empresa consultora externa inmersa en los secretos de los bienes inmuebles comerciales y las estrategias fiscales.

Esa es la monumental tarea que se avecina en la investigación penal del fiscal del distrito de Manhattan sobre el expresidente Donald Trump y su empresa familiar, después de que el lunes una orden de la Corte Suprema de Estados Unidos despejó el camino para que los fiscales obtengan ocho años de declaraciones de impuestos y otros registros financieros de Trump.

La breve orden, sin firma, fue una rotunda victoria para los fiscales y una derrota para Trump, que culmina su amarga y prolongada batalla legal para bloquear la entrega de los registros —un esfuerzo que llegó dos veces a la Corte Suprema— e impulsa los esfuerzos de los fiscales después de que la demanda los estancó durante más de un año.

La investigación es una de las dos indagaciones penales conocidas sobre Trump, la otra proviene de los fiscales de Georgia que examinan el esfuerzo de Trump para persuadir a los funcionarios locales revertir los resultados de las elecciones allí. Cuando Trump dejó su cargo, perdió la protección contra las acusaciones que le otorgaba la presidencia.

El fiscal del distrito, Cyrus R. Vance Jr, emitió un escueto comunicado, que decía: “El trabajo continúa”. Un portavoz de su oficina declinó hacer más comentarios sobre la investigación.

La siguiente fase, crucial en la investigación de Manhattan, comenzará en serio esta semana cuando los investigadores de la oficina del fiscal del distrito recojan los registros del bufete de abogados que representa a los contadores de Trump, Mazars USA, según personas con conocimiento del asunto, así como exfiscales y otros expertos que describieron los próximos pasos bajo la condición de anonimato.

Los investigadores irán a la oficina del bufete de abogados en el condado neoyorquino de Westchester con una copia de la citación del gran jurado de agosto de 2019 que fue el centro de la demanda. Saldrán de ahí con un vasto tesoro de copias digitales de las declaraciones, resmas de estados financieros y otros registros y comunicaciones relacionados con los impuestos de Trump y los de sus empresas.

Luego, los investigadores entregarán la masa de datos a la oficina de Vance, donde el equipo de fiscales, contadores forenses y analistas ha estado investigando a Trump y sus empresas por una amplia gama de posibles delitos financieros. Vance, un demócrata, ha estado examinando si Trump, su empresa y sus empleados cometieron fraudes de seguros, fiscales y bancarios, entre otros delitos, han dicho personas con conocimiento del asunto.

Incluso antes de la sentencia de la Corte Suprema, la investigación se había calentado, al emitir la oficina de Vance más de una docena de citaciones en los últimos meses y entrevistar a testigos, incluidos los empleados del Deutsche Bank, uno de los principales prestamistas de Trump.

Las citaciones son respecto a un aspecto central de la investigación de Vance, que se centra en si la empresa de Trump, la Organización Trump, infló el valor de algunas de sus propiedades emblemáticas para obtener los mejores préstamos posibles, al tiempo que rebajaba los valores para reducir los impuestos sobre la propiedad, han dicho personas con conocimiento del asunto. Los fiscales también están examinando las declaraciones de la Organización Trump a las compañías de seguros sobre el valor de varios activos.

Ahora, armados con los registros de Mazars —que incluyen las declaraciones de impuestos, los registros comerciales en los que se basan y las comunicaciones entre la Organización Trump y sus contadores— los fiscales podrán ver una imagen más completa de las posibles discrepancias entre lo que la compañía dijo a sus prestamistas y a las autoridades fiscales.

Los fiscales también han requerido a la Organización Trump los registros relacionados con la cancelación de impuestos sobre millones de dólares en honorarios de consultoría, algunos de los cuales parecen haber ido a la hija mayor del presidente, Ivanka Trump, un acuerdo reportado primero por The New York Times. La empresa entregó algunos de esos registros el mes pasado, dijeron dos personas con conocimiento del asunto, aunque los fiscales han cuestionado si la compañía ha respondido completamente al requerimiento.

No está claro si los fiscales presentarán finalmente cargos contra Trump, la empresa o cualquiera de sus ejecutivos, incluidos los dos hijos adultos de Trump, Donald Trump Jr. y Eric Trump.

En un extenso e indignado comunicado, que incluía una reiteración de muchas de sus conocidas quejas, Trump arremetió contra la Corte Suprema y la investigación, a la que caracterizó como “una continuación de la mayor cacería de brujas política de la historia de nuestro país”.

Añadió: “Durante más de dos años, la ciudad de Nueva York ha estado investigando casi todas las transacciones que he realizado, incluyendo la búsqueda de declaraciones de impuestos que fueron realizadas por uno de los mayores y más prestigiosos bufetes de abogados y contadores de Estados Unidos”.

Es probable que los abogados de Trump argumenten a los fiscales que Trump no pudo haber engañado al Deutsche Bank porque el banco, un sofisticado actor financiero, realizó su propio análisis de las propiedades de Trump.

Mazars dijo en un comunicado que estaba al tanto de la nueva sentencia. “Como hemos mantenido a lo largo de este proceso, Mazars sigue comprometida con el cumplimiento de todas nuestras obligaciones profesionales y legales”, dice el comunicado.

El mayor desafío para los fiscales de Vance será armar el rompecabezas de los registros fiscales, los estados financieros y los documentos de apoyo que las empresas de Trump proporcionaron a los contadores.

A principios de este mes, Vance reclutó a Mark F. Pomerantz, una figura prominente en los círculos legales de Nueva York, para ayudar con la investigación. Pomerantz, un exfiscal federal de alto nivel con experiencia relevantee tanto en la investigación como en la defensa de casos complejos de cuello blanco y crimen organizado, se encargará de las interacciones con los testigos clave, entre otras tareas.

Para obtener ayuda adicional, la oficina de Vance ha contratado a FTI, una gran empresa de consultoría que puede analizar algunos de los sectores en los que operan las empresas de Trump, incluido el inmobiliario comercial, así como cuestiones fiscales, dijeron personas con conocimiento del asunto.

La firma también cargará la vasta cantidad de registros en un sistema de análisis de datos y gestión de documentos que puede utilizar para explorarlos en busca de patrones y apoyar así la investigación, dijeron las personas.

La medida de los jueces de la Corte Suprema, que sin disentir negaron a Trump una suspensión de emergencia para que la corte pudiera revisar completamente las cuestiones del caso por segunda vez, no pondrá las declaraciones de impuestos de Trump en manos del Congreso ni las hará automáticamente públicas. Las leyes de confidencialidad del gran jurado mantendrán los registros en privado a menos que la oficina de Vance presente cargos e introduzca los documentos como prueba en un juicio.

El público ya se ha enterado de muchas cosas sobre los impuestos de Trump a través de otros medios.

The New York Times obtuvo datos de declaraciones de impuestos de más de dos décadas de Trump y los cientos de empresas que conforman su organización empresarial, e incluyen información detallada de sus dos primeros años en el cargo.

El Times publicó el año pasado una serie de artículos de investigación basados en un análisis de los datos que mostraban que Trump no pagó prácticamente ningún impuesto sobre la renta durante muchos años y que actualmente se le realiza una auditoría en la que un fallo adverso podría costarle más de 100 millones de dólares. Él y sus empresas presentan declaraciones de impuestos por separado y emplean estrategias fiscales complicadas y a veces agresivas, según la investigación.

Pero la acción de la Corte Suprema puso en marcha una serie de acontecimientos que podrían conducir a la extraordinaria posibilidad de un juicio penal para el expresidente. Como mínimo, el fallo arrebata a Trump el control de sus registros financieros más cercanos y el poder de decidir cuándo, si es que alguna vez, se pondrán a disposición de la inspección pública.

Trump y sus abogados han luchado durante mucho tiempo para mantener los registros en secreto. Después de prometer durante la campaña de 2016 que publicaría sus declaraciones de impuestos, como han hecho todos los candidatos presidenciales durante al menos 40 años, se negó a hacerlo, lo que proporcionó una línea persistente de crítica para los demócratas y otros adversarios.

Además de luchar contra el requerimiento de la oficina de Vance en los tribunales, Trump interpuso una demanda para bloquear el pedido del Congreso y desafió con éxito una ley de California que requiere que los candidatos a las primarias presidenciales publiquen sus declaraciones.

El fallo de la Corte Suprema se produce casi 18 meses después de que Trump demandó por primera vez a Vance, en un intento de bloquear el requerimiento de su oficina y estimulando una batalla legal que llegó a la Corte Suprema por primera vez el verano pasado. En una decisión histórica en julio, la corte rechazó el argumento de Trump de que, como presidente en ejercicio, era inmune a la investigación. El caso fue litigado por el consejero general de Vance, Carey Dunne, quien ayuda a dirigir la investigación.

Pero la corte dijo que Trump podía impugnar por otros motivos, como relevancia y alcance. Trump inició entonces una nueva batalla legal, argumentando que el requerimiento era demasiado amplio y equivalía a acoso político. Tras perder con ese argumento en los tribunales inferiores, Trump pidió a la Corte Suprema que aplazara la ejecución de la citación de Vance hasta que pudiera decidir si atendía la apelación de Trump.

Fue esa solicitud la que la Corte Suprema negó, terminando efectivamente la cruzada legal del expresidente, dijeron los expertos legales.

“A Trump no se le dará deferencia como expresidente”, dijo Anne Milgram, una exasistente del fiscal de distrito en Manhattan que luego sirvió como fiscala general de Nueva Jersey. “Bajo los ojos de las leyes del estado de Nueva York, él tiene los mismos derechos que otros en el estado. Ni más ni menos”.

Reed Brodsky, un veterano abogado defensor de cuello blanco y exfiscal federal, dijo que los abogados de Trump probablemente le dirán que los nuevos intentos de bloquear la citación podrían socavar su capacidad de argumentar los méritos de su defensa.

“Corren el riesgo, si siguen presentando argumentos que son frívolos, de socavar su credibilidad”, dijo Brodsky.

Jonah E. Bromwich y Maggie Haberman colaboraron en este reportaje. Kitty Bennett colaboró con investigación.

William K. Rashbaum es redactor sénior en la sección Metro, donde cubre temas de corrupción política y municipal, tribunales, terrorismo y otros temas relacionados con la aplicación de la ley. Formó parte de un equipo galardonado con el Premio Pulitzer 2009 en la categoría de noticias de última hora. @WRashbaum

Ben Protess ha cubierto el gobierno de Trump y su revisión de las regulaciones de la era de Obama y los posibles conflictos de interés surgidos de los tratos comerciales personales del presidente. Antes reportaba sobre delitos de cuello blanco, el cabildeo de Wall Street y la industria del capital privado. @benprotess

Benjamin Weiser es un reportero que cubre los tribunales federales de Manhattan. Ha cubierto la justicia penal tanto como reportero de sucesos como reportero de investigación. Antes de unirse al Times, en 1997, trabajó en The Washington Post. @BenWeiserNYT