Boluarte, Dina

En un solo día se registraron al menos 17 muertes en el sur del país. “Lo que ocurrió ayer realmente fue una masacre”, dijo una activista de derechos humanos.LIMA — Un joven estudiante de medicina con su uniforme de trabajo, desesperado, cuenta su familia, por ayudar a los manifestantes heridos. Un hombre de 22 años que finalmente había ahorrado lo suficiente para estudiar mecánica. Un vendedor de helados que volvía a casa tras un largo día de trabajo.Ninguno participó en las manifestaciones que han consumido a Perú durante un mes. Pero todos murieron el lunes en el sur del país, víctimas de lo que se convirtió en el día más mortífero de enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas gubernamentales desde que el país estalló en violencia el mes pasado.En cuestión de horas, al menos 17 civiles y un policía fallecieron en el caos de las manifestaciones, según la Defensoría del Pueblo del país, una oleada de violencia extraordinaria que complicó el intento de la nueva presidenta de estabilizar el país.Las muertes, en la ciudad de Juliaca, cerca de la frontera con Bolivia, provocaron un repudio generalizado hacia las fuerzas de seguridad peruanas, que parecen ser responsables de la mayoría de los fallecimientos, y han sido acusadas por manifestantes y grupos de derechos humanos de usar la fuerza letal de forma indiscriminada contra civiles.“Él estaba con la ropa uniformada, como todos los médicos, para que sean reconocidos y no los ataquen”, dijo Milagros Samillan, de 27 años, hermana del residente médico muerto, un aspirante a neurocirujano llamado Marco Samillan, de 31 años. “Pero aun así la policía los ha atacado a matar”.Marco Samillan, de 31 años, estudiante de medicina asesinado en las protestas de Juliaca, Perú.Milagros SamillanEl martes, Jennie Dador, secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos de Perú, un grupo de rendición de cuentas, responsabilizó de las muertes del lunes al “uso indiscriminado de la fuerza” por parte de las fuerzas de seguridad del Estado.“Lo que ocurrió ayer realmente fue una masacre”, comentó. “Fueron asesinatos extrajudiciales”.Perú, el quinto país más poblado de América Latina, ha sido escenario de manifestaciones violentas desde mediados de diciembre, cuando el entonces presidente de izquierda del país, Pedro Castillo, quien había prometido atender los viejos problemas de la pobreza y la desigualdad, intentó disolver el Congreso y gobernar por decreto. La medida fue condenada de manera generalizada como una acción inconstitucional, Castillo fue detenido y su vicepresidenta fue juramentada en su lugar.Los partidarios de Castillo, muchos de ellos provenientes de regiones rurales desfavorecidas, rápidamente tomaron las calles para pedir nuevas elecciones generales y varios de ellos afirmaron que se les había arrebatado el derecho a ser gobernados por el hombre que habían elegido para el cargo solamente un año antes.La violencia del lunes en la ciudad de Juliaca, al sur del país, marcó el enfrentamiento más mortífero entre civiles y actores armados en Perú en al menos dos décadas, cuando el país salió de una dictadura y de una lucha prolongada y brutal contra una guerrilla violenta, un conflicto que dejó al menos 70.000 personas muertas, muchas de ellas civiles.Las convulsiones violentas en Perú se producen en un momento en el que Sudamérica enfrenta amenazas importantes en muchas de sus democracias , y cuando las encuestas muestran niveles excepcionalmente bajos de confianza en las instituciones gubernamentales, los políticos y los medios de comunicación.El domingo, simpatizantes de Jair Bolsonaro, el expresidente de extrema derecha de Brasil, asaltaron el Congreso y otros edificios de la capital, impulsados por la creencia de que las elecciones que Bolsonaro perdió en octubre habían estado amañadas. En la vecina Bolivia, estallaron protestas en Santa Cruz, centro económico del país, tras la detención del gobernador de la oposición, cuyos partidarios afirman que está siendo perseguido por el gobierno en el poder.El ministro del Interior de Perú, Víctor Rojas, dijo que las protestas en Juliaca habían comenzado de manera pacífica pero que se volvieron violentas alrededor de las 3 p. m., cuando aunos 9000 manifestantes intentaron tomar el control del aeropuerto y personas con armas improvisadas y explosivos atacaron a la policía.La policía antidisturbios se enfrentaba el lunes a los manifestantes en Puno.Juan Carlos Cisneros/Agence France-Presse — Getty ImagesEn medio de los disturbios, las imágenes de la televisión local mostraron a personas destruyendo las oficinas de los fiscales y un supermercado en Juliaca e incendiando la casa de un legislador de un partido de la oposición.Rojas aseguró que las fuerzas de seguridad habían actuado dentro de los límites legales para defenderse. Fue “imposible controlar a la turba”, dijo.Los enfrentamientos en Juliaca elevan el número de fallecidos a nivel nacional desde la destitución de Castillo a al menos 47 personas, según la Defensoría del Pueblo de Perú. Casi todos los muertos han sido civiles, aseguró el organismo: 39 personas que murieron en medio de las protestas, junto a un oficial de policía y siete que fallecieron en accidentes de tránsito relacionados con el caos o como resultado de los bloqueos de los manifestantes.Las manifestaciones comenzaron en el país poco después de que, el 7 de diciembre, las autoridades detuvieran a Castillo por cargos de rebelión. Algunas protestas en el último mes han sido pacíficas; en otros casos, los manifestantes han usado hondas para arrojar piedras, bloqueado carreteras en vías cruciales, quemado edificios gubernamentales y tomado aeropuertos.Cuando la nueva presidenta, Dina Boluarte, exaliada de Castillo, declaró en diciembre el estado de emergencia, los militares salieron a las calles para mantener el orden.Cientos de policías y civiles han resultado heridosManifestantes ayudaban a un hombre herido durante un enfrentamiento con las fuerzas de seguridad el lunes en Juliaca.Hugo Courotto/ReutersEl derramamiento de sangre más reciente en Perú ocurrió en la región de Puno, una zona predominantemente indígena del país, luego de que miles de personas de comunidades aimaras alejadas llegaran masivamente a la ciudad de Juliaca.Muchas exigen que Castillo regrese a la presidencia, un reclamo que resulta políticamente inviable en la capital, Lima, y una medida que sería ilegal.La petición principal es que se celebren nuevas elecciones generales, que según las autoridades electorales podrían realizarse tan pronto como a fines de este año. El Congreso, integrado por muchos representantes reacios a ceder sus escaños, rechazó un lapso tan ajustado, pero apoyó una propuesta para una votación en abril de 2024.Hasta la tarde del martes, Boluarte aún no había hecho comentarios sobre los disturbios desde que confirmó la muerte del primer civil un día antes, cuando pareció exasperada con las demandas de los manifestantes.“Lo único que estaba en mi mano era el adelanto de elecciones, y ya lo propusimos”, dijo Boluarte el lunes en un evento. “En paz y orden todo se puede lograr, en mitad de la violencia y el caos se complica más, se hace difícil”.El primer ministro Alberto Otárola, en rueda de prensa, culpó a Castillo y a sus aliados de la muerte de los manifestantes, al afirmar que habían incitado a ataques violentos destinados a desestabilizar al gobierno de Boluarte.“Ellos son los responsables”, dijo, “y no nuestros policías”. Ni tampoco “los ciudadanos que aterrorizados ven cómo estas hordas de delincuentes pretenden soliviantar el estado de derecho”.El martes, Otárola dijo que la región de Puno estaría sujeta a tres días de toque de queda a partir de las 8 p. m.Manifestantes se enfrentan a las fuerzas de seguridad el lunes en Juliaca, Perú.Hugo Courotto/ReutersA raíz de la violencia, las Naciones Unidas, el embajador británico en Perú y otros actores internacionales emitieron declaraciones en las que pedían explícitamente a las fuerzas de seguridad peruanas que respetaran los derechos humanos.Estados Unidos, que ha expresado en repetidas ocasiones su apoyo al gobierno de Boluarte y anunció la semana pasada una nueva financiación de ocho millones de dólares para Perú destinada a apoyar los esfuerzos en la lucha contra el narcotráfico, fue menos directo.“Es urgente que se tomen medidas para detener esta dolorosa situación de violencia y evitar la pérdida de más vidas humanas”, escribió en Twitter la embajadora estadounidense en Perú, Lisa Kenna.Tras la llegada de los primeros nueve cadáveres a un hospital de Juliaca el lunes por la tarde, Enrique Sotomayor, médico funcionario del hospital, dijo a los medios de comunicación locales que todos habían recibido disparos de proyectiles de armas de fuego lo suficientemente potentes como para dañar gravemente los órganos internos.Samillan, el aspirante a neurocirujano, esperaba abrir algún día un hospital que atendiera a personas de escasos recursos económicos, dijo su hermana. Estaba haciendo su internado en un hospital de Juliaca y el lunes, junto con otros voluntarios, había salido a la calle para ayudar a los manifestantes heridos.Hablando por teléfono mientras se encontraba en un patio frente a la morgue del hospital, Samillan dijo que su hermano había recibido dos disparos.“Todo fue tan rápido, tan sangriento que hasta ahorita estoy sin creer todo lo que está pasando”, dijo.Una foto familiar de Samillan, en el centroMilagros SamillanSamillan dijo que su hermano era “una persona que le gusta ayudar a la gente, que muchas veces él ha venido diciendo: ‘Yo voy a apoyar a la gente. No importa que pierda la vida’. Lamentablemente, se hizo real eso, ¿no?”.Pidió la renuncia de Boluarte.“El pueblo no la quiere”, dijo.Roger Cayo, de 22 años, siempre quiso estudiar mecánica, pero no podía costearlo, dijo su único hermano, Mauro Cayo. Este año por fin había ahorrado suficiente para hacerlo. Esos planes se truncaron cuando el lunes recibió un disparo en la cabeza mientras pasaba junto a las protestas.“Aquí nos encontramos todos los dolientes”, dijo Cayo, que esperaba para recoger el cuerpo de su hermano. Por teléfono, se oía de fondo el sonido de un llanto.Gabriel Omar López, de 35 años, fue la primera persona muerta a manos de la policía el lunes. Su esposa declaró al diario La República que le habían disparado en medio del caos tras un día vendiendo helados en la calle.El martes, la policía identificó al suboficial muerto como José Luis Soncco, y el Ministerio del Interior dijo que había muerto después de que los manifestantes atacaran un vehículo policial, se apoderaran de armas e incendiaran el auto.Los manifestantes han asegurado que marcharán a Lima en los próximos días, mientras que el gobierno ha prometido introducir nuevas medidas para restablecer el orden. Muchos peruanos temen una nueva ola de violencia.El gobierno ha anunciado el envío de una delegación de altos funcionarios a Puno para entablar un diálogo. Pero no está claro con quién hablarán. El lunes, el ministro del Interior, Rojas, dijo que no había encontrado a nadie en Puno dispuesto a hablar con él.“En el Ejecutivo tenemos todas las ganas de hacer las cosas bien, queremos enmendar errores”, pero los manifestantes “cerraron la puerta” al diálogo, dijo.“Hay compatriotas muertos, ese es el objetivo de ellos. Crear caos sobre el caos”, dijo Rojas.Julie Turkewitz es la jefa de la oficina de los Andes y da cobertura a Colombia, Venezuela, Bolivia, Ecuador, Perú, Surinam y Guyana. Antes de trasladarse a Sudamérica, fue corresponsal nacional en el oeste de Estados Unidos. @julieturkewitz More

“What happened yesterday was really a massacre,” said one human rights activist.LIMA, Peru — A young medical student in his work uniform, desperate, his family said, to help injured protesters. A 22-year old man who had finally saved up enough to study mechanics. An ice cream vendor returning home after a long day of work.None took part in the demonstrations that have consumed Peru for a month. But all were killed in southern Peru on Monday, casualties in what became the deadliest day of clashes between protesters and government forces since the country erupted in violence last month.In a matter of hours, at least 17 civilians and one police officer were killed in the chaos of demonstrations, according to the country’s ombudsman office, an extraordinary spasm of violence that complicated the new president’s attempt to stabilize the country.The killings, in the city of Juliaca, near the border with Bolivia, drew widespread condemnation of Peruvian security forces, which appear to be responsible for most of the deaths, and have been accused by protesters and human rights groups of using lethal force indiscriminately against civilians.“He was in uniform, like all the doctors, so that they would be recognized and not attacked,” said Milagros Samillan, 27, the sister of the dead medical resident, an aspiring neurosurgeon named Marco Samillan, 31. “But the police still attacked them to kill.”Marco Samillan, 31, a medical student killed in the protests in Juliaca, Peru.Milagros SamillanOn Tuesday, Jennie Dador, executive secretary of the National Human Rights Coordinator of Peru, an accountability group, blamed “indiscriminate use of force” by state security forces for Monday’s deaths.“What happened yesterday was really a massacre,’’ she said. “These were extrajudicial killings.”Peru, the fifth-most-populous nation in Latin America, has been the scene of violent demonstrations since early December, when the country’s leftist president, Pedro Castillo, who had promised to address longstanding issues of poverty and inequality, attempted to dissolve Congress and rule by decree. The move was widely condemned as unconstitutional and Mr. Castillo was arrested and replaced by his vice president.Supporters of Mr. Castillo, many of them living in impoverished rural regions, quickly took to the streets to demand new general elections, with many claiming they had been stripped of the right to be governed by the man they had voted into office just one year earlier.The violence in Juliaca on Monday marked the deadliest single clash between civilians and armed actors in Peru in at least two decades, when the country emerged from a dictatorship as well as from a long and brutal fight with a violent guerrilla group, a conflict that left at least 70,000 people dead, many of them civilians.The political convulsion in Peru come as South America faces significant threats to many of its young democracies, with polls showing exceptionally low levels of trust in government institutions, politicians and the media.On Sunday, supporters of Brazil’s former far-right president, Jair Bolsonaro, stormed Congress and other buildings in the capital, fueled by a belief that the election Mr. Bolsonaro lost in October had been rigged. And in nearby Bolivia, protests have erupted in the economic hub of Santa Cruz following the arrest of the opposition governor, whose supporters claim he is being persecuted by the ruling government.Peru’s interior minister, Victor Rojas, said that the protests in Juliaca had begun peacefully on Monday but turned violent around 3 p.m., when about 9,000 protesters tried to take control of the local airport and people armed with makeshift guns and explosives attacked police officers.The riot police clashing with protesters in Puno on Monday.Juan Carlos Cisneros/Agence France-Presse — Getty ImagesAmid the unrest, local television images showed people vandalizing the offices of public prosecutors and a supermarket in Juliaca and setting fire to the house of a lawmaker from an opposition party.Mr. Rojas claimed that security forces had acted within legal limits to defend themselves. “It became impossible to control the mob,” he said.The clashes in Juliaca raise the death toll since Mr. Castillo’s ouster to at least 47 people, according to the nation’s ombudsman. Nearly all of the dead have been civilians, the office said, with 39 killed, along with one police officer, amid protests and seven killed in traffic accidents related to the unrest or as a result of protesters’ blockades.The country’s demonstrations began shortly after authorities arrested Mr. Castillo on charges of rebellion on Dec. 7. Over the last month, some protests have been peaceful; in other cases marchers have used slingshots to fling rocks, set up roadblocks on vital highways, burned government buildings and taken over airports.When the new president, Dina Boluarte, a former ally of Mr. Castillo’s, declared a state of emergency in December, the military took to the streets to maintain order.Hundreds of police officers and civilians have been injured.Demonstrators assisting a man injured during a clash with security forces on Monday in Juliaca.Hugo Courotto/ReutersThe most recent bloodshed occurred in the region of Puno, a heavily Indigenous part of Peru, after villagers from remote Aymara communities arrived by the thousands in the city of Juliaca.Many were calling for Mr. Castillo to be returned to office, a political nonstarter in the capital of Lima, and a move that would be illegal.The chief demand is new general elections, which the electoral authorities said could happen as early as late this year. Congress has rejected such a tight time frame, with many representatives reluctant to give up their seats, but has backed a proposal for a vote in April 2024.By Tuesday afternoon, Ms. Boluarte still had not commented on the unrest since confirming the first civilian killed a day earlier, when she sounded exasperated with protesters’ demands.“The only thing in my hands is bringing forward elections — and we’ve already proposed it,” Ms. Boluarte said at an event on Monday. “During peace, anything can be achieved, but amid violence and chaos it gets harder.”Prime Minister Alberto Otárola, at a news conference, blamed Mr. Castillo and his allies for the deaths of the protesters, saying that they had incited violent attacks meant to destabilize Ms. Boluarte’s government.“They are who is responsible,” he said, “not our police, and not citizens who have been terrorized to see how these hordes of criminals try to undermine our rights.”On Tuesday, Mr. Otárola said the region of Puno would be subject to three days of curfew beginning at 8 p.m.Demonstrators clashing with security forces on Monday in Juliaca, Peru.Hugo Courotto/ReutersIn the wake of the violence, the United Nations, the British ambassador in Peru and other international players issued statements explicitly calling on Peruvian security forces to respect human rights.The United States, which has repeatedly expressed support for Ms. Boluarte’s government and last week announced $8 million in new funding for Peru to support efforts to fight drug trafficking, was less direct.“It is urgent that measures are taken to stop this painful situation of violence and avoid the loss of more human lives,” the U.S. ambassador to Peru, Lisa Kenna, wrote on Twitter.After the first nine bodies arrived at a hospital in Juliaca on Monday afternoon, Dr. Enrique Sotomayor, a hospital official, told local media that all had been shot with projectiles from firearms strong enough to seriously damage internal organs.Mr. Samillan, the aspiring neurosurgeon, hoped to one day open a hospital that would serve people with few economic resources, his sister said. He was completing an internship at a hospital in Juliaca, and on Monday, he and other volunteers had gone to the streets to help wounded protesters, she said.Speaking on the phone as she stood in a courtyard outside the hospital morgue, Ms. Samillan said her brother had been shot twice.“Everything was so fast, so bloody that even now I can’t believe everything that’s happening,” she said.A family photo of Mr. Samillan, center.Milagros SamillanMs. Samillan said her brother was “a person who likes to help people. And many times he has said: ‘I am going to support the people. It doesn’t matter if I lose my life.’ Unfortunately that became real, didn’t it?”She called for the resignation of Ms. Boluarte.“The people don’t want her,” she said.Roger Cayo, 22, always wanted to study mechanics, but he couldn’t afford it, said his only brother, Mauro Cayo. This year he had finally saved up enough money to go. Those plans were dashed when he was shot in the head on Monday while passing by the protests.“Right now we are all mourners here,” said Mr. Cayo, who was waiting to collect his brother’s body. On the phone, the sound of crying was audible in the background.Gabriel Omar López, 35, was the first person reported dead by the police on Monday. His wife told a newspaper, La República, that he had been shot amid the chaos after a day selling ice cream in the streets.On Tuesday, the police identified the dead officer as José Luis Soncco, and the Interior Ministry said he had died after protesters attacked a police vehicle, seized weapons and set the vehicle on fire.Protesters have vowed to march to Lima in the coming days, while the government has promised to introduce new measures to restore order. Many Peruvians fear a fresh wave of violence.The government said a delegation of high-ranking officials was being deployed to Puno to establish dialogue. But it was unclear whom they would speak with. On Monday, the interior minister, Mr. Rojas, said he was unable to find anyone in Puno willing to talk with him.“In the executive branch, we want to do things right, we want to fix our mistakes,” but the protesters have “closed the door” to dialogue, he said.“Their purpose is to create chaos,” Mr. Rojas said. “They were seeking these deaths.” More