More stories

  • in

    Lo que sabemos sobre la reunión para que Trump siguiera en el poder

    Incluso para los estándares de la Casa Blanca de Trump, la reunión celebrada el 18 de diciembre de 2020, que fue analizada en detalle esta semana por el comité que investiga los hechos del 6 de enero, fue extrema.In taped interviews, witnesses described a meeting in which President Donald J. Trump’s outside advisers proposed an executive order to have the military seize voting machines in crucial states Mr. Trump had lost.Doug Mills/The New York TimesLa reunión duró más de seis horas, pasada la medianoche, y terminó en gritos que se escuchaban afuera de la sala. Los participantes lanzaban insultos y casi llegaron a los golpes. Algunas personas se fueron llorando.Incluso para los estándares de la Casa Blanca de Trump, donde las personas solían gritarse y el presidente Donald Trump también les gritaba, la reunión del 18 de diciembre de 2020 es considerada como un evento “desquiciado” y un punto de inflexión en los esfuerzos desesperados de Trump por permanecer en el poder después de haber perdido las elecciones.Los detalles de la reunión han sido reportados previamente, incluso por The New York Times y Axios, pero en una audiencia pública del comité del 6 de enero que se celebró el martes, los participantes en el caos ofrecieron una serie de nuevos detalles impactantes de la reunión entre Trump y las facciones rivales de asesores.“Llegó un punto en el que los gritos se escuchaban afuera”, le dijo Eric Herschmann, un abogado de la Casa Blanca, al comité en un testimonio grabado en video. “Había gente entrando, era tarde en la noche, y fue un día largo. Y pensé que lo que estaban proponiendo era una locura”.La propuesta era que el presidente le ordenara al secretario de Defensa que incautara las máquinas de votación para examinarlas en busca de fraude y que también designara a un abogado especial para acusar potencialmente a las personas de delitos y fue urdida por tres asesores externos: Sidney Powell, una abogada que trabajó en la campaña de Trump y promovió teorías de conspiración sobre un supuesto complot venezolano para manipular las máquinas de votación; Michael T. Flynn, el asesor de seguridad nacional que Trump despidió durante sus primeras semanas en el cargo; y Patrick Byrne, ex director ejecutivo de Overstock.com.Del otro lado estaban Pat A. Cipollone, el abogado de la Casa Blanca; Herschmann; y Derek Lyons, el secretario de personal de la Casa Blanca.La discusión comenzó poco después de que Powell y sus dos acompañantes fueran admitidos en la Casa Blanca por un asistente subalterno y se dirigieron a la Oficina Oval sin tener cita.Estuvieron a solas con Trump, durante unos 15 minutos, antes de que otros funcionarios fueron alertados de su presencia. Cipollone contó que recibió una llamada urgente de un miembro del personal para que fuese a la Oficina Oval.“Abrí la puerta y entré. Vi al general Flynn”, dijo en una entrevista grabada en video que el comité divulgó en la audiencia del martes. “Vi a Sidney Powell sentada ahí. No estaba feliz de ver a las personas que estaban en la Oficina Oval”.Cuando se le pidió que explicara por qué, Cipollone dijo: “En primer lugar, la persona de Overstock, nunca la conocí, nunca supe quién era ese tipo”. Lo primero que hizo, dijo Cipollone, fue decirle a Byrne: “¿Quién es usted?”. “Y me contestó”, dijo Cipollone. “No creo que ninguna de esas personas le estuvieran dando buenos consejos al presidente”.Lyons y Herschmann se unieron al grupo. “No fue una reunión casual”, dijo Lyons al comité en un testimonio grabado en video. “A veces, había gente gritándose, insultándose unos a otros. No eran personas que estaban sentadas en un sofá charlando”.El testimonio en video de Sidney Powell, en el que dijo que los asesores de la Casa Blanca sentían “desprecio y desdén por el presidente”, fue presentado durante la audiencia del martes.Doug Mills/The New York TimesPowell, en su entrevista grabada en video, describió a Trump como “muy interesado en escuchar” lo que ella y sus dos compañeros tenían que decir, cosas que “aparentemente nadie más se había molestado en informarle”.Herschmann dijo que estaba estupefacto por lo que estaba escuchando.“Y yo le preguntaba, ¿estás afirmando que los demócratas están trabajando con Hugo Chávez, los venezolanos y otras personas? Y, en un momento, el general Flynn sacó un diagrama que supuestamente mostraba las direcciones IP de todo el mundo y las comunicaciones a través de las máquinas. Y algunos comentarios sobre, por ejemplo, que los termostatos Nest están conectados a internet”.Cuando los funcionarios de la Casa Blanca le dijeron a Powell que había perdido decenas de juicios que cuestionaban los resultados de las elecciones de 2020, ella respondió: “Bueno, los jueces son corruptos”.“Y le pregunté: ¿Todos?”, dijo Herschmann. “¿Cada uno de los casos que ha perdido en este país? ¿Cada uno de esos jueces es corrupto? ¿Incluso los que nombramos?”.Powell testificó que los asesores de la Casa Blanca de Trump “no mostraron más que desprecio y desdén por el presidente”.El plan, según supieron los asesores de la Casa Blanca, era que Powell se convirtiera en la fiscala especial. Eso no salió bien.“No creo que Sidney Powell diría que pensé que era una buena idea nombrarla como abogada especial”, testificó Cipollone. “No pensé que ella debería ser nombrada en ningún cargo”.Cipollone también testificó que estaba alarmado por la insistencia de Powell y los demás de que hubo fraude electoral sin tener ninguna prueba que lo demostrara. “Cuando otras personas seguían sugiriendo que sí, la respuesta es, ¿a qué se refieren? En algún momento, tienes que demostrar lo que dices o callarte. Esa es mi opinión”.Herschmann describió un momento particularmente intenso. “Flynn me gritó que yo era un desertor y todo, caminaba mientras me gritaba. En cierto momento, también le grité: ‘O te calmas o te sientas’”.Cassidy Hutchinson, una de las principales asistentes de Mark Meadows, el jefe de gabinete de la Casa Blanca, podía escuchar los gritos desde afuera de la Oficina Oval. Le envió un mensaje de texto a un subjefe de personal, Anthony M. Ornato, diciendo que el ala oeste estaba “TRASTORNADA”.Después de que comenzó la reunión, los asesores de la Casa Blanca llamaron a Rudolph Giuliani, el abogado personal de Trump, para argumentar en contra de Powell. Eventualmente, la reunión migró a la Sala Roosevelt y la Sala del Gabinete, donde Giuliani estuvo solo por unos momentos, lo que, según lo que le dijo al comité, le pareció “algo genial”.Finalmente, el grupo recaló en la residencia de la Casa Blanca.Powell creía que había sido nombrada fiscala especial, algo que Trump declaró que quería hacer, por lo que debería tener una autorización de seguridad. Pero el resto de los asistentes se opusieron. Ella testificó que otros dijeron que incluso si eso sucedía, la ignorarían. Ella dijo que los habría “despedido” en el acto por esa insubordinación.Powell aseguró que Trump le dijo algo como: “¿Ves con lo que tengo que lidiar? Tengo que lidiar con esto todo el tiempo”.Eventualmente, Trump se retractó y rechazó la propuesta de los asesores externos. Pero a la mañana siguiente, el 19 de diciembre, escribió en Twitter instando a sus partidarios para que fuesen al Capitolio el 6 de enero, el día en que se fijó la sesión conjunta del Congreso para certificar los resultados del Colegio Electoral.“¡Estar allí, será salvaje!”, escribió.Maggie Haberman es corresponsal de la Casa Blanca. Se unió al Times en 2015 como corresponsal de campaña y formó parte de un equipo que ganó un Pulitzer en 2018 por informar sobre los asesores de Trump y sus conexiones con Rusia. @maggieNYT More

  • in

    Tears, Screaming and Insults: Inside an ‘Unhinged’ Meeting to Keep Trump in Power

    Even by the standards of the Trump White House, a meeting on Dec. 18, 2020, that was highlighted Tuesday by the Jan. 6 committee was extreme.In taped interviews, witnesses described a meeting in which President Donald J. Trump’s outside advisers proposed an executive order to have the military seize voting machines in crucial states Mr. Trump had lost.Stefani Reynolds for The New York TimesThe meeting lasted for more than six hours, past midnight, and devolved into shouting that could be heard outside the room. Participants hurled insults and nearly came to blows. Some people left in tears.Even by the standards of the Trump White House, where people screamed at one another and President Donald J. Trump screamed at them, the Dec. 18, 2020, meeting became known as an “unhinged” event — and an inflection point in Mr. Trump’s desperate efforts to remain in power after he had lost the election.Details of the meeting have been reported before, including by The New York Times and Axios, but at a public hearing on Tuesday of the Jan. 6 committee, participants in the mayhem offered a series of jolting new details of the meeting between Mr. Trump and rival factions of advisers.“It got to the point where the screaming was completely, completely out there,” Eric Herschmann, a White House lawyer, told the committee in videotaped testimony. “I mean, you got people walking in — it was late at night, it had been a long day. And what they were proposing, I thought was nuts.”The proposal, to have the president direct the secretary of defense to seize voting machines to examine for fraud and also to appoint a special counsel to potentially charge people with crimes, had been hatched by three outside advisers: Sidney Powell, a former lawyer for Mr. Trump’s campaign who promoted conspiracy theories about a Venezuelan plot to rig the voting machines; Michael T. Flynn, the national security adviser Mr. Trump fired in his first weeks in office; and Patrick Byrne, the former chief executive of Overstock.com.On the other side were Pat A. Cipollone, the White House counsel; Mr. Herschmann; and Derek Lyons, the White House staff secretary.The arguing began soon after Ms. Powell and her two companions were let into the White House by a junior aide and wandered to the Oval Office without an appointment.They were there alone with Mr. Trump for about 15 minutes before other officials were alerted to their presence. Mr. Cipollone recounted receiving an urgent call from a staff member to get to the Oval Office.“I opened the door and I walked in. I saw General Flynn,” he said in a videotaped interview the committee played at the hearing on Tuesday. “I saw Sidney Powell sitting there. I was not happy to see the people who were in the Oval Office.”Asked to explain why, Mr. Cipollone said, “First of all, the Overstock person, I’ve never met, I never knew who this guy was.” The first thing he did, Mr. Cipollone said, was say to Mr. Byrne, “Who are you?” “And he told me,” Mr. Cipollone said. “I don’t think any of these people were providing the president with good advice.”Mr. Lyons and Mr. Herschmann joined the group. “It was not a casual meeting,” Mr. Lyons told the committee in videotaped testimony. “At times, there were people shouting at each other, hurling insults at each other. It wasn’t just sort of people sitting around on a couch like chitchatting.”Sidney Powell’s videotaped testimony, in which she said White House advisers had “contempt and disdain for the president,” was shown during Tuesday’s hearing.Doug Mills/The New York TimesMs. Powell, in her videotaped interview, described Mr. Trump as “very interested in hearing” what she and her two cohorts had to say, things that “apparently nobody else had bothered to inform him of.”Mr. Herschmann said he was flabbergasted by what he was hearing.“And I was asking, like, are you claiming the Democrats were working with Hugo Chavez, Venezuelans and whomever else? And at one point, General Flynn took out a diagram that supposedly showed IP addresses all over the world and who was communicating with whom via the machines. And some comment about, like, Nest thermostats being hooked up to the internet.”When the White House officials pointed out to Ms. Powell that she had lost dozens of lawsuits challenging the results of the 2020 election, she replied, “Well, the judges are corrupt.”“I’m like, everyone?” Mr. Herschmann testified. “Every single case that you’ve done in the country that you guys lost? Every one of them is corrupt? Even the ones we appointed?”Ms. Powell testified that Mr. Trump’s White House advisers “showed nothing but contempt and disdain for the president.”The plan, the White House advisers learned, was for Ms. Powell to become the special counsel. This did not go over well.“I don’t think Sidney Powell would say that I thought it was a good idea to appoint her special counsel,” Mr. Cipollone testified. “I didn’t think she should be appointed anything.”Mr. Cipollone also testified that he was alarmed by the insistence of Ms. Powell and the others that there had been election fraud when there was no evidence. “When other people kept suggesting that there was, the answer is, what is it? At some point, you have to put up or shut up. That was my view.”Mr. Herschmann described a particularly intense moment. “Flynn screamed at me that I was a quitter and everything, kept on standing up and standing around and screaming at me. At a certain point, I had it with him, so I yelled back, ‘Either come over or sit your f-ing ass back down.’”Cassidy Hutchinson, a top aide to Mark Meadows, the White House chief of staff, could hear the shouting from outside the Oval Office. She texted a deputy chief of staff, Anthony M. Ornato, that the West Wing was “UNHINGED.”After the meeting had started, Rudolph W. Giuliani, Mr. Trump’s personal lawyer, was called in by the White House advisers to argue against Ms. Powell. Eventually the meeting migrated to the Roosevelt Room and the Cabinet Room, where Mr. Giuliani found himself alone at one point, something he told the committee he found “kind of cool.”Finally, the group ended up in the White House residence.Ms. Powell believed that she had been appointed special counsel, something that Mr. Trump declared he wanted, including that she should have a security clearance, which other aides opposed. She testified that others said that even if that happened, they would ignore her. She said she would have “fired” them on the spot for such insubordination.Mr. Trump, she said, told her something to the effect of: “You see what I deal with? I deal with this all the time.”Eventually Mr. Trump backed down and rejected the outside advisers’ proposal. But early the next morning, Dec. 19, he posted to Twitter urging his supporters to arrive at the Capitol on Jan. 6, the day that a joint session of Congress was set to certify the Electoral College results.“Be there, will be wild!” he wrote. More

  • in

    The Election Conspiracy Theories Driving Tina Peters to Run in Colorado

    The county clerk has been consumed by election conspiracy theories, lionized by a movement and indicted in a bizarre scheme. Will Republicans nominate her to run elections in Colorado?GRAND JUNCTION, Colo. — Just six weeks before the 2020 presidential election — game day for vote-counting bureaucrats — Tina Peters was so proud of her operation at the Mesa County clerk’s office that she invited a film crew in to show it off. There’s no chance of mishap here, she boasted.“The Russians can’t hack into and start casting votes for someone,” she said, as a few in the office chuckled.By May 2021, it was Ms. Peters, not the Russians, who had helped engineer an audacious breach of voting machines, according to an indictment charging her with seven felonies. Ms. Peters arranged to copy sensitive election software from county voting machines in an attempt to prove the 2020 presidential election was rigged, according to court records. Prosecutors said she committed identity theft and criminal impersonation, and violated the duties of her office in the process. Ms. Peters has pleaded not guilty.The strange tale of Tina Peters — a once-ordinary public servant consumed by conspiracy theories and catapulted to minor stardom by believers — will take its next twist on Tuesday, when voters decide whether to make the indicted public official the Republican nominee for secretary of state, the top election official in Colorado. Polls are sparse in the primary race, but Ms. Peters is considered a contender.Ms. Peters did not just stumble into the world of election conspiracy theories. A review of public statements and interviews with people involved in her case showed she was repeatedly assisted by a loose network of election deniers, some of whom worked alongside Donald J. Trump’s legal team to try to subvert the presidential election in 2020. They are still working to undermine confidence in elections today.That network’s involvement is just one of several bizarre plot points in Ms. Peters’s case. The Mesa County breach involved a former surfer who was dressed as a computer “nerd” and made a FaceTime call during the operation, reporting by The New York Times shows. Afterward, the crew shared their loot — images of voting machine data — at a conference streamed online, advertising the effort to thousands. On Friday, Ms. Peters told The Times that her congresswoman, Representative Lauren Boebert, “encouraged me to go forward with the imaging.”A press officer for Ms. Boebert, a Republican, called the claim false.Through it all, Ms. Peters has parlayed the episode into a national political profile on the right, speaking at events across the country where she is celebrated as a hero. Influential election deniers have come to her aid: Mike Lindell, the MyPillow executive who supports a stable of lawyers and researchers promoting bogus theories, says he has funneled as much as $200,000 to Ms. Peters’s legal defense. Others, including Patrick Byrne, a former Overstock executive, have run ads attacking her primary opponent.Mike Lindell, the chief executive of MyPillow, praying with other attendees of an election-related event in Grand Junction, Colo., on Friday.Daniel Brenner for The New York TimesIn a statement to The Times, Ms. Peters declined to answer specific questions about the episode, citing pending litigation. In September, before Ms. Peters was indicted, her lawyer acknowledged that she had allowed “one non-employee” to copy hard drives, but argued that there was no rule or regulation against it, something the secretary of state’s office disputes.In public appearances since, Ms. Peters has said she made the copies because she worried the voting machine company was going to delete computer systems that recorded the 2020 election and wanted to preserve records. She has been less forthcoming about how the material ended up online.“The people want to know HOW our elections have been turned over to machines with no oversight, transparency or real security in any meaningful way,” Ms. Peters said in the statement.Materials released in the Mesa County breach have been used to fuel the churn of misinformation about President Biden’s victory. Election experts say the episode also highlights a growing vulnerability in election security: the insider threat.Since the Mesa County breach was made public, there have been more than a half-dozen reports of local election officials taking similar actions. Election conspiracy theory promoters claim there are more out there.Experts say the danger is that the very people trusted to carry out elections could release confidential information and undermine security measures.It’s a “new and, frankly, more discouraging” threat, said Christopher Krebs, who ran the Cybersecurity and Infrastructure Security Agency at the Department of Homeland Security from 2018 to 2020. “Institutionally, we’ve lost a bit of a North Star in terms of how elections are conducted.”Ballots in the WindTina Peters’s 2018 election to clerk and recorder of Mesa County, a Republican stronghold amid the canyons of western Colorado, was her first foray into public office. A former flight attendant who ran a construction company with her ex-husband, Ms. Peters made her top campaign issue the reopening of local Division of Motor Vehicles satellite offices, a promise she fulfilled quickly.But she had more trouble with election administration. Three months after the 2019 election, more than 500 ballots were found uncounted in a drop box outside the county election office. In the 2020 presidential primary, completed ballots were found blowing in the wind near the clerk’s office, according to The Daily Sentinel, the newspaper in Grand Junction. By July 2020, residents had begun a recall effort to remove her from office, but they failed to obtain enough signatures.Ms. Peters reading results from the 2020 presidential primary in March of that year.McKenzie Lange/The Grand Junction Daily Sentinel, via Associated PressThe general election in Mesa County in 2020 went off smoothly, with no complaints of fraud or other delays. Yet the conspiracy theories spouted by Mr. Trump quickly took hold in this deeply red county, and county commissioners were soon inundated with calls from constituents questioning the results.Ms. Peters eventually rejected requests to hand-count the ballots in her own county, where Mr. Trump won 62 percent of the vote, but she began to express doubts about the national results. She connected with a local group, organized by Ms. Boebert’s former campaign manager, that met regularly to swap theories. In April 2021, the group hosted Douglas Frank, a high school math and science teacher in Ohio whose debunked theories have been influential with election conspiracists.After seeing Mr. Frank’s presentation, Ms. Peters invited him to attend an upcoming “trusted build” of the county election equipment, according to court records. The process is essentially a software update — performed in a secure location by officials from the secretary of state’s office and employees of Dominion Voting Systems, the voting machine manufacturer — that election skeptics have come to believe erases critical election data. It does not.Mr. Frank did not accept the offer, but another member of the election denier network did attend, according to court records and interviews. Conan Hayes was a former pro surfer who had worked with Mr. Trump’s legal team as it challenged the 2020 results. In 2021, Mr. Byrne paid him around $200,000 to continue his work for a year, according to Mr. Byrne.According to an account from Mr. Byrne, and confirmed by Mr. Hayes, he attended the trusted build on May 25, 2021. Mr. Hayes called Mr. Byrne from inside the Mesa County election offices, speaking in a hushed voice and explaining that he’d been invited to make backup copies of machines by a government official who thought that a cover-up was underway, Mr. Byrne said. When the two spoke over FaceTime, Mr. Byrne saw Mr. Hayes was dressed like a computer “nerd” and wearing someone else’s identification tag, Mr. Byrne said.Ms. Peters had introduced a contractor at the event and identified him as Gerald Wood, a local I.T. consultant, according to court records. The real Mr. Wood, however, told investigators he was not there that day, or two days earlier, when his badge was used to enter a secure area.Conan Hayes competing at Teahupoo, Tahiti, in 2003.Aaron Chang/Getty ImagesMr. Hayes has not been charged and is not named in the indictment, though a judge’s order did identify him as later receiving a package in the mail from Ms. Peters.In a brief phone interview, Mr. Hayes said Mr. Byrne’s account was accurate. “Patrick is pretty clear on things,” he said.‘I’ve Seen Things I Can’t Unsee’Ms. Peters didn’t speak in detail about the incident, though she alluded to acting on her worries about the election in a meeting with a county commissioner over the summer.“She talked about these white-hat guys, and she talked about having brought someone in to look at the computers, and that she now believed there was some compromise to the machines,” recalled Janet Rowland, a Republican and county commissioner in Mesa County. “And that was when she used the phrase, I think even twice at that one meeting, ‘I’ve seen things I can’t unsee.’”After Ms. Peters became a subject of investigation, supporters gathered at the Mesa County courthouse in Grand Junction, Colo., in late 2021.McKenzie Lange/The Grand Junction Daily Sentinel, via Associated PressIn early August, passwords to the Mesa County election equipment appeared on a QAnon figure’s Telegram channel and then a right-wing website, leading to an investigation by the secretary of state.Days later, Mesa County’s breach found an even bigger spotlight at a “Cyber Symposium” in South Dakota organized by Mr. Lindell. After one of Mr. Lindell’s other wild claims, which Mr. Hayes had also worked on, fizzled, he changed the conversation: Ms. Peters appeared onstage to tell her story and the Mesa County conspiracy was born.The Next Conspiracy TheoryAs part of Ms. Peters’s legal defense, information copied in Mesa County was soon packaged into a series of three reports purporting to show corruption in the election system. They were pumped through the online forums and promoted at in-person meetings. Mesa County soon overtook other discredited theories, such as the fictions about improprieties in Antrim County, Mich., that Mr. Trump eagerly promoted.In fact, some of the same figures were involved in crafting both conspiracy theories. Mr. Hayes had helped to obtain the Antrim County information. And a cybersecurity firm, Allied Security Operations Group, that wrote the debunked Antrim analysis also produced the Mesa County reports for Ms. Peters’s legal team, according to the firm’s leader. There is no evidence the group was involved in the Mesa County breach.Mr. Byrne calls the reports “the Rosetta Stone for us to prove the whole thing.” But experts say they reveal no problems at all. Two of the three reports don’t even suggest issues with election results and, instead, draw false conclusions about the vulnerability of elections machines by misinterpreting certain laws and procedures, said Matt Crane, executive director of the Colorado County Clerks Association, who has studied the reports closely.A third report claims to show anomalies in two Mesa County elections. But the issues were caused by human error and there was no evidence that any vote counts were improper, according to the Mesa County District Attorney’s office, which did an extensive investigation.The CampaignIn February, Ms. Peters decided to try to turn her celebrity into political power, announcing a bid for secretary of state.She made appearances on Stephen K. Bannon’s podcast and linked up with a group of far-right candidates for secretary of state across the country. She secured a speaking slot at a rally held by Mr. Trump in Wyoming.In March, Ms. Peters was indicted on 10 criminal counts related to the effort to copy voting equipment software, including attempting to influence a public servant, criminal impersonation, conspiracy to commit criminal impersonation, identity theft and first-degree official misconduct.Ms. Peters at an event in Grand Junction on Friday night called “Election vs. Selection: Answers and Actions.”Daniel Brenner for The New York Times​​On the campaign trail, Ms. Peters says the charges are politically motivated. She has claimed the investigation is part of a “globalist takeover” and casts herself as a martyr for a cause.“I went to jail for you and I will continue to do it,” she told a group of election activists in Texas in April.Ms. Peters has declined to say who is paying her lawyers, but has directed people wanting to support her legal efforts to donate to the Lindell Legal Offense Fund, which Mr. Lindell says he uses for various lawsuits and projects.​​In the closing days of the campaign, Ms. Peters has received other assistance. A new super PAC in Colorado called Citizens for Election Integrity has spent roughly $100,000 on advertisements attacking Pam Anderson, one of Ms. Peters’s opponents for the Republican nomination, according to campaign finance disclosures.The group recently received a $100,000 donation from The America Project, a group founded by Mr. Trump’s former national security adviser, Michael Flynn, another figure in the fight to overturn the 2020 election, and Mr. Byrne.Ryan Biller contributed reporting from Grand Junction, Colo. More

  • in

    In Races to Run Elections, Candidates Are Backed by Key 2020 Deniers

    The origin story behind a slate of Republican candidates for secretary of state features a QAnon figure and several promoters of 2020 conspiracies.Key figures in the effort to subvert the 2020 presidential election have thrown their weight behind a slate of Republican candidates for secretary of state across the country, injecting specious theories about voting machines, foreign hacking and voter fraud into campaigns that will determine who controls elections in several battleground states.The America First slate comprises more than a dozen candidates who falsely claim the 2020 election was stolen from Donald J. Trump. It grew out of meetings held by a conspiracy-mongering QAnon leader and a Nevada politician, and has quietly gained support from influential people in the election denier movement — including Mike Lindell, the MyPillow founder, and Patrick Byrne, the former Overstock.com executive who has financed public forums that promote the candidates and theories about election vulnerabilities.Members of the slate have won party endorsements or are competitive candidates for the Republican nomination in several states, including three — Michigan, Arizona and Nevada — where a relatively small number of ballots have decided presidential victories. And in Pennsylvania, where the governor appoints the secretary of state, State Senator Doug Mastriano, who is aligned with the group, easily won his primary for governor last month.Mr. Finchem has sued to try to ban the use of voting machines in Arizona in the November elections.Nic Antaya for The New York TimesThe candidates cast their races as a fight for the future of democracy, the best chance to reform a broken voting system — and to win elections.“It doesn’t really matter who’s running for assembly or governor or anything else. It matters who is counting the vote for that election,” said Rachel Hamm, a long-shot contender in California’s primary on Tuesday, at a forum hosted by the group earlier this year.But even in losing races, the slate has left its mark. As they appeal for votes on the stump and on social media, the candidates are seeding falsehoods and fictions into the political discourse. Their status as candidates amplifies the claims.The information being tossed out under the guise of election reform, particularly the machine manipulation of votes, threatens to corrode Americans’ trust in democracy, said John Merrill, the Republican secretary of state in Alabama. “What you do is you encourage people not to have confidence in the elections process and people lose faith.”In private weekly calls that stretch on for hours on Friday mornings, the candidates discuss policies and campaign strategy, at times joined by fringe figures who have pushed ploys to keep Mr. Trump in power. In 11 states, the group has sponsored public forums where prominent activists unspool intricate conspiracies about vulnerabilities in voting machines.Secretary of state races were once sleepy affairs, dominated by politicians who sought to demonstrate their bureaucratic competence, rather than fierce partisan loyalty. But Mr. Trump’s attempt to overturn the results — including his failed attempt to pressure Brad Raffensperger, Georgia’s secretary of state, to “find” votes to reverse his loss — has thrust the office’s power into the spotlight.Understand the 2022 Midterm Elections So FarAfter key races in Georgia, Pennsylvania and other states, here’s what we’ve learned.Trump’s Invincibility in Doubt: With many of Donald J. Trump’s endorsed candidates failing to win, some Republicans see an opening for a post-Trump candidate in 2024.G.O.P. Governors Emboldened: Many Republican governors are in strong political shape. And some are openly opposing Mr. Trump.Voter Fraud Claims Fade: Republicans have been accepting their primary victories with little concern about the voter fraud they once falsely claimed caused Mr. Trump’s 2020 loss.The Politics of Guns: Republicans have been far more likely than Democrats to use messaging about guns to galvanize their base in the midterms. Here’s why.Since its founding last year, the America First slate has ballooned from a handful of candidates to a high of around 15. Many have little chance of succeeding. On Tuesday, Ms. Hamm will compete to place among the top two candidates in California, and Audrey Trujillo, who is running unopposed in New Mexico, will cinch her G.O.P. nomination. Neither candidate is favored to beat Democratic opponents in their solidly blue states.But America First candidates could be competitive in at least four battleground states: Nevada, Arizona, Pennsylvania and Michigan. Two of them have already scored primary victories in these states: In Michigan, Kristina Karamo, a novice Republican activist who gained prominence challenging the 2020 results there, won her party’s endorsement at an April convention, all but securing her nomination in August. The Republican primary winner for Pennsylvania governor, Mr. Mastriano, was involved in an effort to keep the state’s electoral votes from President Biden in 2020. He has said he wants to cancel all voter registrations and force voters to re-register.Jim Marchant, a Republican candidate for secretary of state in Nevada, is a founding member of the America First slate. John Locher/Associated PressA leading candidate in Nevada’s primary next week is Jim Marchant, one of the organizers of the America First slate. The former state assemblyman and another candidate won the endorsement of the central committee of the state Republican Party, giving them a boost before voters go to the polls on June 14. The group’s candidate in Arizona, Mark Finchem, is a leading contender and the top fund-raiser in the primary race.Mr. Marchant has said he was urged to start the coalition by unnamed people close to Mr. Trump. The project picked up steam in the spring of last year, after Mr. Marchant attended a meeting of activists hosted by a man known in QAnon circles by the alias Juan O’Savin, according to an account from one of the people involved in the group.Major figures in the election denier movement were drawn in. In May 2021, when Mr. Marchant organized an all-day meeting in a suite at the Trump International Hotel Las Vegas, Mr. Lindell appeared remotely briefly. Soon after, the group gathered again at a distillery in Austin, Texas, according to two people who attended the meeting.The host of that session was Phil Waldron, a retired Army colonel and a leading proponent of a machine-hacking theory involving Communists, shell companies and George Soros, the Democratic financier. Mr. Waldron is perhaps best known for circulating a PowerPoint presentation that recommended Mr. Trump declare a national emergency to delay the certification of the 2020 results. The document made its way to the inbox of the White House chief of staff, Mark Meadows, and is now part of the congressional investigation into the deadly riot at the Capitol on Jan. 6.Phil Waldron’s PowerPoint presentation urging Mr. Trump to declare a national emergency to delay the certification of the results is now a part of the congressional investigation into the Capitol riot.ReutersThe group posted a platform that calls for moving to paper ballots, eliminating mail voting and “aggressive voter roll cleanup.”In recent months, the core group has been recruiting new candidates. Around 25 people, including some of the candidates and people seeking to influence them, join the weekly conference calls, according to some of the candidates who were recruited. The group discusses campaigns and policy ideas, including how to transition to hand-counting all ballots — a notion election experts say is impractical and can lead to errors and cause chaos.“It’s startling to have statewide candidates, multiple candidates for a really important statewide office, running on a deeply incoherent policy plank,” said Mark Lindeman, an expert on elections with Verified Voting, an election security nonprofit.Mr. Byrne, who spent millions on the discredited “audit” of votes in Arizona, has taken particular interest in sponsoring public forums. He has pledged to spend up to $15,000 on each event, and has contributed around $83,000 to a political action committee controlled by Mr. Marchant.Understand the 2022 Midterm ElectionsCard 1 of 6Why are these midterms so important? More

  • in

    Jan. 6 Panel Examining Trump’s Role in Proposals to Seize Voting Machines

    The House committee is looking into efforts by the former president’s outside advisers to create a legal basis for national security agencies to help reverse his defeat in 2020.WASHINGTON — The House Jan. 6 committee is scrutinizing former President Donald J. Trump’s involvement in proposals to seize voting machines after the 2020 election, including efforts to create a legal basis for directing national security agencies to take such an extreme action, according to three people with knowledge of the committee’s activities.It is not clear what evidence the committee is examining as it looks at any role Mr. Trump might have played in encouraging or facilitating the drafting of a so-called national security finding, a type of document more typically used as the basis for a presidential order to an intelligence agency to take covert action. But the committee recently received documents from the Trump White House including what court filings described as a “document containing presidential findings concerning the security of the 2020 election after it occurred and ordering various actions,” along with related notes.A document fitting that description circulated among Mr. Trump’s formal and informal advisers in the weeks following the election. It reflected baseless assertions about foreign interference in American voting systems that had been promoted most prominently by one of his outside lawyers, Sidney Powell.That document, dated Dec. 16, 2020, and titled “Presidential Findings to Preserve Collect and Analyze National Security Information Regarding the 2020 General Election,” was published last month by Politico. It used the groundless assertions about foreign interference in the vote tally to conclude that Mr. Trump had “probable cause” to direct the military to begin seizing voting machines.“We certainly intend to run to ground any evidence bearing on an effort to seize voting machines and to use the apparatus of the federal government to confiscate these machines in the service of the president’s aim to overturn the election,” said Representative Adam B. Schiff, Democrat of California and a member of the committee. “We want to fully flesh out the facts: How close did this come to being operationalized? What kind of pushback did they receive? Who was a part of this particular scheme? We want to answer all those questions.”The New York Times reported on Monday that Mr. Trump was more directly involved than previously known in exploring proposals championed by outside advisers to seize voting machines as he grasped unsuccessfully for evidence of fraud that would help him reverse his defeat in the 2020 election.Those attempts included directing his personal lawyer, Rudolph W. Giuliani, to ask the Department of Homeland Security if it could legally take control of voting machines in key swing states — Kenneth T. Cuccinelli II, the acting deputy secretary, said no — and raising with Attorney General William P. Barr the question of whether the Justice Department could seize the machines, a query that Mr. Barr rejected, according to people familiar with the episodes.Mr. Cuccinelli, who had told Mr. Giuliani that the Homeland Security Department did not have the authority to audit or impound the machines, later encountered Mr. Trump at a meeting on another topic. Mr. Trump again raised with him, in passing, the idea of the department seizing the machines, and Mr. Cuccinelli reiterated that there was no legal authority for doing so, according to a person familiar with the exchange.The outside advisers had earlier pushed a plan under which Mr. Trump would direct the Pentagon to seize the voting machines, an idea that was killed by White House officials and Mr. Giuliani.“It is alarming that the former president apparently seriously contemplated extraordinary and legally not permitted courses of action to seize voting equipment from states and localities,” said Representative Zoe Lofgren, Democrat of California and a member of the committee.The panel for weeks has been studying the actions of Michael T. Flynn, a former national security adviser to Mr. Trump who investigators say was involved in discussions about seizing voting machines, declaring a national emergency and invoking certain national security emergency powers, including during a meeting in the Oval Office on Dec. 18.Mr. Flynn also gave an interview to the right-wing media site Newsmax a day earlier in which he talked about the purported precedent for deploying military troops and declaring martial law to “rerun” the election.At the Dec. 18 meeting, Patrick Byrne, the former chief executive of Overstock.com who funded many of the efforts to challenge the election, said he, Mr. Flynn and Ms. Powell decided they would get into the White House without an appointment “by hook or by crook” to present their plans to Mr. Trump. He said a junior staffer let them in the building, and eventually they got close enough to the Oval Office that Mr. Trump saw them and called them in.Once inside, the group pitched Mr. Trump on their plans for him to sign an executive order for the National Guard to take control of voting machines and for Ms. Powell to be appointed a special counsel overseeing election integrity.“We pointed out that, it being Dec. 18, if he signed the paperwork we had brought with us, we could have the first stage (recounting the Problematic 6 counties) finished before Christmas,” Mr. Byrne wrote of the episode in a book, referring to portions of contested swing states that Mr. Trump had lost.Mr. Byrne wrote that Mr. Flynn had drafted a “beautiful operational plan” that just needed “one signature from the president.” He described various versions of the plan, including an option for the U.S. Marshals to intervene and another for Mr. Trump to “have the National Guard rerun the elections in those six states.”He described White House lawyers and officials as fighting the plans in the meeting, including the White House counsel, Pat A. Cipollone, who thundered, “He does not have the authority to do this!”Representative Jaime Raskin, Democrat of Maryland and a member of the Jan. 6 committee, said the panel is trying to understand the “whole picture” of the plan to seize voting machines and how it relates to other efforts to keep Mr. Trump in power, such as the former president’s pressure campaign on Congress and former Vice President Mike Pence to reject electors from states won by President Biden.“His overriding objective was to overturn the election. He said that as recently as this weekend,” Mr. Raskin said of Mr. Trump. “He set into motion a range of tactical ploys to accomplish his goal.”Representative Jamie Raskin, Democrat of Maryland, said outsider advisers’ proposals to Mr. Trump to use federal agencies to seize voting machines were “the stuff of dictators and banana republics.”Stefani Reynolds for The New York TimesMr. Raskin added: “It’s hard to imagine a more outrageous federal assault on voting rights than a presidential seizure of voting machines without any action by Congress at all and no basis in law. That is the stuff of dictators and banana republics.”The extraordinary plan to mobilize the country’s national security agencies to take control of voting machines required an equally extraordinary first step. Phil Waldron, a retired Army colonel who was an ally of Mr. Flynn and Ms. Powell, revealed in a podcast interview last year that the gambit initially hinged on a report about foreign interference in the election that John Ratcliffe, the director of national intelligence at the time, was bound by congressional mandate to present to lawmakers by Dec. 18, 2020.Key Figures in the Jan. 6 InquiryCard 1 of 19The House investigation. More

  • in

    Phil Waldron's Unlikely Role in Pushing Baseless Election Claims

    Phil Waldron, who owns a bar in Texas, is a case study in how pro-Trump fringe players managed to get a hearing for conspiracy theories at the highest level during the presidential transition.A few days after President Biden’s inauguration put to rest one of the most chaotic transitions in U.S. history, a former Army colonel with a background in information warfare appeared on a Christian conservative podcast and offered a detailed account of his monthslong effort to challenge the validity of the 2020 vote count.In a pleasant Texas drawl, the former officer, Phil Waldron, told the hosts a story that was almost inconceivable: how a cabal of bad actors, including Chinese Communist officials, international shell companies and the financier George Soros, had quietly conspired to hack into U.S. voting machines in a “globalist/socialist” plot to steal the election.In normal times, a tale like that — full of wild and baseless claims — might have been dismissed as the overheated rantings of a conspiracy theorist. But the postelection period was not normal, providing all sorts of fringe players an opportunity to find an audience in the White House.Mr. Waldron stands as a case study. Working in conjunction with allies of President Donald J. Trump like Rudolph W. Giuliani, Sidney Powell and Representative Louie Gohmert of Texas, a member of the ultraconservative House Freedom Caucus — and in tandem with others like Michael T. Flynn, Mr. Trump’s first national security adviser and a retired lieutenant general — Mr. Waldron managed to get a hearing for elements of his story in the very center of power in Washington.Last week, the House committee investigating the events of Jan. 6 issued a subpoena to Mr. Waldron, saying that it wanted to know more about his role in circulating an explosive PowerPoint presentation on Capitol Hill and to Mark Meadows, Mr. Trump’s last chief of staff.The presentation, which Mr. Meadows gave to the committee (and which he said he never acted on), counseled Mr. Trump to declare a national emergency and to invalidate all digital votes in a bid to stay in power — the same advice that other election deniers gave him at the time.Committee officials have given Mr. Waldron, who retired from the military in 2016 and now owns a bar in Central Texas, until Jan. 10 to turn over any relevant documents. They have also tentatively set a deposition for the week after.When The New York Times sent a reporter last week to Mr. Waldron’s bar, outside of Austin, he told the reporter to leave his property immediately. He then called the local sheriff and described the reporter’s car, adding that the reporter was slurring his words and seemed impaired.Mr. Waldron, who owns a bar in Texas, above, became part of a network of Trump supporters pushing election fraud claims.ReutersIt remains unclear whether Mr. Waldron will cooperate with the House committee. But the account he gave in January to the podcast, Flyover Conservatives, and in recent news articles, may give investigators plenty to work with.Mr. Waldron opened his story by saying that his “research” into the 2020 election began that summer, when he started to examine what he described as a network of nonprofit groups connected to Mr. Soros, an outspoken supporter of liberal causes who has long been at the center of right-wing, often antisemitic conspiracies.Understand the U.S. Capitol RiotOn Jan. 6, 2021, a pro-Trump mob stormed the Capitol.What Happened: Here’s the most complete picture to date of what happened — and why.Timeline of Jan. 6: A presidential rally turned into a Capitol rampage in a critical two-hour time period. Here’s how.Key Takeaways: Here are some of the major revelations from The Times’s riot footage analysis.Death Toll: Five people died in the riot. Here’s what we know about them.Decoding the Riot Iconography: What do the symbols, slogans and images on display during the violence really mean?Around that time, Mr. Waldron said, he and his associates — whom he has never named — developed a relationship with a Texas cybersecurity company, Allied Security Operations Group, which was co-founded by a man named Russell J. Ramsland Jr.According to Mr. Waldron, Mr. Ramsland and his team had made a startling discovery: that the Chinese Communist Party, through software companies it controlled, had developed a way to flip votes on American tabulation machines, particularly those built by Dominion Voting Systems. (Dominion has adamantly denied its machines have security flaws and has filed defamation suits against some of those who have repeated the claims, including Fox News, Mr. Giuliani and Ms. Powell.)Beginning in August last year, months before Election Day, Mr. Waldron started to “raise an alarm,” as he put it, and tried to get anyone he could interested in his claim that the country’s voting machines were susceptible to hacking.He told the podcast hosts that he and his partners had reached out to officials in the Department of Homeland Security, the Office of the Director of National Intelligence and the Cybersecurity and Infrastructure Security Agency, all of which were run by Trump appointees at the time. Mr. Waldron said he also sent an email to Mr. Trump’s director of strategic communications, but all of it “fell on deaf ears.”But there was one person who listened, Mr. Waldron said: Mr. Gohmert, the Texas Republican and a member of the House Freedom Caucus, a group that was traditionally loyal to Mr. Trump and ultimately played an outsize role in his efforts to overturn the election. By Mr. Waldron’s account, Mr. Gohmert promised to pass along his concerns about voting machines to the president, but apparently failed to do so until after the election. (Mr. Gohmert did not respond to questions seeking comment.)Representative Louie Gohmert, Republican of Texas, expressed concern this month over the treatment of the Capitol rioters.T.J. Kirkpatrick for The New York TimesOnce the votes were cast and Mr. Trump was declared the loser, Mr. Waldron embarked on what amounted to a two-pronged assault on the election. First, with Mr. Ramsland’s company, Allied Security, he funneled information about supposedly suspicious spikes in votes and other dirt on Dominion Voting Systems to Ms. Powell, a pro-Trump lawyer who filed four unsuccessful lawsuits accusing Dominion of a conspiracy to hack the election.According to court papers filed by Dominion, Mr. Ramsland was hired that summer by Patrick M. Byrne, the former chief executive of Overstock.com and a Trump supporter, to “reverse engineer” the evidence needed to “mislead people into believing” that the 2020 election had been rigged.When the legal challenges failed, Mr. Waldron took a new tack. He partnered with Mr. Giuliani, who was spearheading Mr. Trump’s attack on the election, and joined him at a series of unofficial election fraud hearings conducted by lawmakers in a handful of swing states. Mr. Giuliani did not respond to questions seeking comment on Mr. Waldron, but he has testified in a defamation lawsuit filed by Dominion that he not only knew and admired Mr. Waldron, but also had “substantial dealings” with him.Even as he toured the country with Mr. Giuliani, Mr. Waldron appeared to have been working on a third attack on the election results: assembling the 38-slide PowerPoint presentation that ended up in Mr. Meadows’s possession. In his podcast interview, Mr. Waldron said that he and his associates had managed to get a nascent version of the proposal — to declare a national emergency and use the crisis to order a recount of paper ballots in eight key counties — to Mr. Trump around Thanksgiving, far earlier than public accounts had suggested.Key Figures in the Jan. 6 InquiryCard 1 of 9The House investigation. More

  • in

    Arizona Vote Review Being Financed by Trump Supporters

    A review of 2020 election ballots cast in Arizona’s largest county, billed as strictly nonpartisan when Republicans in the Arizona State Senate ordered it late last year, has been financed almost entirely by supporters of former President Donald J. Trump, according to a statement released late Wednesday by the private firm overseeing the review.The firm, Cyber Ninjas, said that it had collected more than $5.7 million from five pro-Trump organizations for the widely disparaged review, in addition to $150,000 that the State Senate had allotted for the project. An Arizona county court had ordered the sources of the audit’s funding released after Republicans in the Senate resisted making them public.The review of 2.1 million ballots in Maricopa County, home to Phoenix and roughly 80 percent of the state’s population, has covered only votes last November for president and for the state’s two seats in the United States Senate, all of which were won by Democrats. The president of the State Senate, Karen Fann, said this week that results of the audit should be released next month.Ms. Fann and other senators said the recount, whose findings have no authority to change the winners of any race, was needed to reassure supporters of Mr. Trump that the vote was fairly conducted. But the effort has come under growing attack in the wake of disclosures that the chief executive of Cyber Ninjas and other purported experts involved in the review had ties to the “stop the steal” movement spawned by Mr. Trump’s baseless claims of election fraud.Election experts have called the recount amateurish and error-ridden, and ridiculed its efforts to verify allegations by conspiracy theorists that fake ballots could be identified by traces of bamboo fibers or invisible watermarks. One Republican senator withdrew his backing of the effort in May, calling it an embarrassment, and a second senator accused Ms. Fann last week of mismanaging the process, and said its results could not be trusted.It had been apparent since the review began in April that supporters of Mr. Trump were both donating money to the effort and recruiting volunteers to work on it. But the sources and size of the donations had not been disclosed until Wednesday.According to the Cyber Ninjas statement, the largest donation, $3.25 million, was made by a newly created group, America Project, led by Patrick M. Byrne, the former chief executive of the Overstock.com website and a prominent proponent of false claims that the November election was rigged.Mr. Byrne resigned his post at Overstock in 2019 after it was disclosed that he had an intimate relationship with Maria Butina, a gun-rights activist who was jailed in 2018 as an unregistered foreign agent for Russia and later deported. He later said he had contributed $500,000 to the Arizona review, and produced a film featuring the Cyber Ninjas chief executive, Doug Logan, that alleged that the November election was fraudulent.The statement said that another pro-Trump group, America’s Future, contributed $976,514 to the review. An additional $605,000 came from Voices and Votes, a group organized by Christina Bobb, an anchor for the pro-Trump television network One America News, who solicited donations for the review while covering it. More