More stories

  • in

    Cronología del soborno a una actriz porno que podría culminar en una acusación formal contra Trump

    Los fiscales de Manhattan que investigan un pago realizado a Stormy Daniels podrían estar a punto de convertir a Donald J. Trump en el primer expresidente estadounidense en ser acusado penalmente.En aquel momento, todo era más sórdido que trascendental. Una estrella de la telerrealidad invitó a una actriz porno que tenía la mitad de su edad a una habitación de hotel después de una ronda en un torneo de golf de celebridades. Ella llegó con un vestido de lentejuelas doradas y tacones con tiras. Él le prometió salir en televisión y luego, ella aseguró, se acostaron.Sin embargo, la cadena de acontecimientos derivados del encuentro de 2006 que la estrella del cine para adultos Stormy Daniels ha dicho que tuvo con la personalidad de la televisión Donald Trump está a punto de convertirse en un acontecimiento histórico: la primera acusación penal formal contra un expresidente de Estados Unidos.El fiscal de distrito de Manhattan Alvin Bragg señaló que está preparándose para presentar cargos por delitos graves contra Trump; se espera que Bragg lo acuse de ocultar los 130.000 dólares que Michael D. Cohen, el abogado y solucionador de problemas de Trump, le pagó a Daniels a cambio de su silencio antes de las elecciones presidenciales de 2016.Es probable que la condena dependa de que los fiscales demuestren que Trump reembolsó a Cohen y falsificó registros comerciales cuando lo hizo, posiblemente para ocultar una violación de la ley electoral.No sería un caso sencillo. Se espera que los fiscales utilicen una teoría jurídica que no ha sido evaluada en los tribunales de Nueva York, lo que plantea la posibilidad de que un juez pueda desestimar o limitar los cargos. El episodio ha sido analizado tanto por la Comisión Federal Electoral como por fiscales federales de Nueva York; ninguno tomó medidas contra Trump.Trump ha negado haber tenido relaciones sexuales con Daniels y asegura no haber hecho nada malo. El expresidente, que aspira a la candidatura republicana a la Casa Blanca en 2024, ha dejado claro que tachará la acusación de “cacería de brujas” política y la utilizará para movilizar a sus partidarios. El sábado, predijo que sería detenido el martes y convocó protestas.El principal testigo de los fiscales sería Cohen, quien se declaró culpable de violaciones al financiamiento de campañas federales en agosto de 2018 y admitió que ayudó a concertar el pago a Daniels —además de otro pago a una exmodelo de Playboy— para ayudar a la candidatura presidencial de Trump por órdenes de Trump.Cualquier acusación contra Trump presentada por el fiscal de distrito de Manhattan, Alvin L. Bragg, se sustentaría en una teoría legal que no ha sido probada en los tribunales de Nueva York, lo que hace que su éxito no esté para nada garantizado.Benjamin Norman para The New York TimesUna acusación formal marcaría otro episodio extraordinario en la era de Trump: un expresidente —cuyo mandato concluyó con una revuelta en el Capitolio, que trató de revocar unas elecciones justas y quien está bajo investigación por no devolver documentos clasificados— podría enfrentar su primera acusación penal por pagar por el silencio de una estrella porno.Un encuentro en el lago TahoeDaniels, cuyo nombre de pila es Stephanie Gregory y vivió la mayor parte de su infancia en un rancho destartalado en Baton Rouge, Luisiana, tenía 27 años en julio de 2006, cuando conoció a Trump, que entonces tenía 60, en el torneo de golf para famosos celebrado en Nevada.En su autobiografía de 2018, Full Disclosure, Daniels recuerda haberse sentido avergonzada y motivada a tomar el rumbo que tomó tras escuchar, siendo niña, al padre de un amigo referirse a ella como “escoria blanca”. Atraída por el dinero que podía ganar, Daniels comenzó a trabajar como bailarina exótica en un antro local llamado Cinnamon’s, incluso antes de terminar el bachillerato. A los 23 años, comenzó a actuar en películas pornográficas y poco después se casó con el primero de sus cuatro esposos: Bartholomew Clifford, quien dirigió películas para adultos bajo el nombre “Pat Myne”.Cuando conoció a Daniels, Trump ya se había transformado de magnate inmobiliario a estrella de telerrealidad; había viajado al torneo sin su tercera esposa, Melania, que se quedó en casa con su hijo recién nacido. Trump y Daniels se cruzaron en el campo de golf y más tarde en la sala de regalos, donde fueron fotografiados juntos en un estand de su productora de contenido pornográfico, Wicked Pictures. Trump la invitó a cenar.Mientras charlaban esa noche en el penthouse de Trump en Harrah’s Lake Tahoe —Daniels ha dicho que Trump llevaba un pijama de seda negro y pantuflas— él le dijo que debería participar en El aprendiz, un programa de telerrealidad de la NBC. Daniels dudo que él pudiera lograr que ella participara en el programa. Él le aseguró que sí, contó Daniels.De allí en adelante, Trump comenzó a llamarla de vez en cuando desde un número bloqueado, y le decía “honeybunch” (cariñito, en español). Se vieron al menos dos veces más en 2007, en una fiesta de presentación del efímero vodka Trump y en el hotel Beverly Hills, donde vieron la programación de la Semana del tiburón. Pero no volvieron a tener relaciones. Trump nunca la llevó a El aprendiz. Aun así, siguió llamándola, según ella. Al final, ella dejó de contestar.Vendiendo historiasStormy Daniels, una estrella de cine para adultos, recibió 130.000 dólares del mediador de Trump a cambio de su silencio.Shannon Stapleton/ReutersDesde el año 2000, Trump protagonizó campañas presidenciales improbables que parecían más trucos publicitarios que candidaturas serias. En 2011 inició otra, en la que promovió teorías conspirativas según las cuales el entonces presidente Barack Obama había nacido fuera del territorio estadounidense. Mientras lo hacía, Daniels, aún molesta, empezó a trabajar con una agente para ver si podía vender la historia de sus encuentros.Negociaron un trato por 15.000 dólares con Life & Style, una revista de farándula. Daniels le dijo al reportero que la entrevistó que creía que la oferta de Trump de convertirla en concursante había sido una mentira, según una transcripción que apareció después en internet.“¿Crees que solo fue para impresionarte, para intentar acostarse contigo?”, preguntó el reportero. “Sí”, respondió Daniels. “Y supongo que funcionó”, agregó.Cuando la revista contactó a la Organización Trump en busca de comentarios, Cohen devolvió la llamada. El abogado se había incorporado a la empresa cuatro años antes y se había convertido en el solucionador de Trump, haciendo todo lo necesario para resolver los problemas difíciles de su jefe y la familia Trump. Cohen amenazó con demandar, la revista eliminó el reportaje y Daniels no recibió ni un centavo.Por su parte, Trump abandonó la contienda presidencial y siguió siendo el presentador de El aprendiz.En octubre de ese año, la historia de Daniels sobre Trump salió a la luz de manera fugaz después de que su agente la filtrara a un blog de chismes llamado The Dirty, con la finalidad de despertar el interés de alguna publicación que quisiera pagar por la historia. Un par de medios de comunicación le dieron seguimiento, pero ninguno ofreció una remuneración. Daniels negó la historia, y su agente hizo que un abogado de Beverly Hills, California, Keith Davidson, retirara la publicación.Cuando Obama se preparaba para dejar el cargo en 2015, Trump decidió presentarse de nuevo a las elecciones presidenciales. Ese agosto, se sentó en su oficina de la Torre Trump con Cohen y David Pecker, el editor de American Media Inc. y su periódico sensacionalista más importante, The National Enquirer.Pecker, amigo de toda la vida de Trump, había recurrido a The Enquirer para impulsar las anteriores campañas presidenciales de Trump. Según tres personas familiarizadas con la reunión, Pecker prometió publicar historias positivas sobre Trump y negativas sobre sus rivales. También acordó trabajar con Cohen para encontrar y suprimir historias que pudieran perjudicar los nuevos esfuerzos de Trump, una práctica conocida como “atrapar y matar”.El National Enquirer, un tabloide dirigido por David Pecker, desempeñó un papel central en los esfuerzos por “atrapar y matar” historias negativas sobre Trump.Marion Curtis vía Associated PressEn la primavera de 2016, Daniels, con ayuda de su agente, intentó vender su historia de nuevo, esta vez por más de 200.000 dólares. Pero las publicaciones a las que contactó la rechazaron, incluido The Enquirer.Más o menos por esas fechas, Karen McDougal, exmodelo de Playboy, comenzó a explorar cómo monetizar su propia historia de su encuentro con Trump. McDougal, quien fue la conejita del año de Playboy en 1998, ha declarado haber tenido un amorío con Trump desde 2006, cuando ella tenía 35 años. Habían pasado tiempo juntos en su apartamento de la Torre Trump y en el mismo torneo de golf donde se dio el encuentro con Daniels. Pero según McDougal, ella puso fin a la relación en 2007. Trump ha negado el romance.En 2016, con su carrera como modelo en declive, McDougal contrató a Davidson, el mismo abogado que había ayudado a Daniels a eliminar la publicación del blog de 2011.Karen McDougal, exmodelo de Playboy, aseguró que también tuvo un amorío con Trump y que National Enquirer le pagó por su historia, la cual nunca fue publicada.Bennett Raglin/Getty Images for BacardiEl abogado se puso en contacto con el editor de The Enquirer, Dylan Howard, para venderle la historia de McDougal, y, según declaraciones de tres personas con conocimiento de las conversaciones, tanto Howard como Pecker informaron a Cohen. A finales de junio, Trump pidió personalmente ayuda a Pecker para mantener a McDougal en silencio, según un testimonio de Pecker ante los fiscales federales.Sni embargo, el tabloide no hizo nada sino hasta que McDougal estaba a punto de conceder una entrevista a ABC News. A principios de agosto, American Media acordó pagarle a McDougal 150.000 dólares por los derechos exclusivos de su historia sobre Trump, camuflando el verdadero propósito del acuerdo al garantizarle que aparecería en dos portadas de revistas, entre otras cosas, según han declarado cinco personas familiarizadas con los hechos.American Media admitiría después, en un acuerdo para evitar un proceso federal, que el principal propósito del acuerdo fue suprimir la historia de McDougal, la cual la empresa no tenía intención alguna de publicar.Mientras tanto, Daniels seguía sin encontrar a alguien que quisiera comprar su historia. Su suerte cambiaría a principios de octubre.‘Podría hacernos ver muy mal’El solucionador de problemas de Trump, Michael D. Cohen, a la derecha, fue a prisión en parte por violaciones de financiamiento de campañas relacionadas con pagos de sobornos. Le ha dado la espalda al expresidente y podría testificar en su contra.Jefferson Siegel para The New York TimesLa noticia cayó como una bomba en la contienda presidencial. El 7 de octubre de 2016, el diario The Washington Post publicó lo que se conocería como la cinta Access Hollywood, en la que Trump, sin darse cuenta de que el micrófono estaba encendido, fue grabado mientras describía en términos lascivos cómo manoseaba a las mujeres.La gente que rodeaba a Daniels se dio cuenta enseguida de que la nueva vulnerabilidad de Trump la convertía en una amenaza mayor, y por lo tanto su historia había ganado valor. Davidson, el abogado de Los Ángeles, también era amigo de la agente de Daniels, Gina Rodríguez, y del editor de The Enquirer, Howard. El día después de la aparición de la cinta Access Hollywood, Davidson y Howard se enviaron mensajes de texto sobre el daño que la cinta había causado a la campaña de Trump. Entonces, Howard le pidió a la agente de Daniels que le enviara otro mensaje a su jefe, Pecker.Los ejecutivos del Enquirer alertaron a Cohen, quien le pidió ayuda a Pecker para contener la historia.Howard regateó con la agente de Daniels, pero cuando le presentó a Pecker una oferta para comprar la historia por 120.000 dólares, el editor se negó.“Tal vez llame a Michael para avisarle y que él se encargue desde allí”, escribió Howard.Dylan Howard, editor del National Enquirer, conectó a Cohen con un abogado de Daniels para discutir un pago por la historia de su encuentro con Trump.Ilya S. Savenok/Getty Images para American MediaEsa noche, Cohen habló por teléfono con Trump, Pecker y Howard, según los registros obtenidos por las autoridades federales. Howard lo puso en contacto con el abogado, Davidson, quien negociaría el acuerdo en nombre de Daniels.Tres días después de la difusión de la cinta de Access Hollywood, Cohen aceptó pagar 130.000 dólares en un acuerdo que amenazaba con graves sanciones económicas para Daniels si alguna vez hablaba de su aventura con Trump. El contrato utilizó seudónimos: Peggy Peterson, o “PP”, para Daniels, y David Dennison, o “DD”, para Trump. Sus identidades solo se revelaban en una carta adjunta.Daniels firmó su copia sobre la cajuela de un auto cerca de un plató de filmación de una película pornográfica en Calabasas, California. Cohen firmó en nombre de Trump.Pero Cohen pospuso el pago. Ha dicho que estaba intentando averiguar de dónde sacar el dinero mientras Trump hacía campaña. Según Cohen, Trump había aprobado el pago y delegado en él y en el director financiero de la Organización Trump la tarea de organizarlo. Consideraron opciones para canalizar el dinero a través de la empresa, dijo Cohen, pero no se decidieron por una solución.Daniels comenzó a sentir que Trump intentaba darle largas al asunto hasta después de las elecciones del 8 de noviembre; si perdía, su historia perdería valor. A mediados de octubre, después de que Cohen incumpliera dos plazos del pago, el abogado de Daniels canceló el acuerdo, y la actriz porno empezó de nuevo a vender la historia. A la semana siguiente, Howard envió un mensaje de texto a Cohen diciéndole que si Daniels lo hacía público, su trabajo para encubrir el encuentro sexual también podría darse a conocer.“Podría hacernos ver muy mal a todos”, escribió Howard.Cohen aceptó hacer el pago de su propio bolsillo. Habló brevemente con Trump en dos ocasiones. Luego, transfirió 130.000 dólares de su línea personal de crédito a la cuenta de una empresa ficticia de Delaware y se los transfirió al abogado de Daniels.Davidson hizo circular un nuevo acuerdo de dinero por silencio. Daniels lo firmó y notarizó en una tienda UPS cerca de un Walmart Supercenter en Forney, Texas, cerca de su casa.“Espero que todo esté bien entre nosotros”, le escribió Cohen a Davidson en un mensaje de texto después.“Le aseguro que todo está muy bien”, respondió el abogado.Daniels guardó silencio. Una semana y media después, Trump ganó las elecciones.Una vez en la Casa Blanca, Trump se ocupó de otro asunto relacionado con Daniels. Firmó cheques para reembolsarle a Cohen el soborno.Jonah E. Bromwich More

  • in

    Dissecting Charges That Could Arise From the Trump Investigations

    Prosecutors in New York, Georgia and the Justice Department face complex choices about what crimes to charge if they decide to indict Donald Trump.WASHINGTON — Prosecutors like to say that they investigate crimes, not people. The looming decision by the Manhattan district attorney about whether to indict former President Donald J. Trump on charges related to an alleged hush money payment to a porn actress is highlighting the complexity of the legal calculations being made by prosecutors in New York, Georgia and the Justice Department as they examine Mr. Trump’s conduct on a number of fronts.The investigations — which also focus on Mr. Trump’s efforts to cling to power after the 2020 election and his handling of classified documents after leaving office — are confronting prosecutors with tough choices. They must decide whether and how to charge not just Mr. Trump, but also associates who could face jeopardy for actions to which he was not a direct party, like mail or wire fraud for communications that he did not participate in.The publicly known understanding of the evidence is incomplete. It is not clear, for example, in several instances what facts investigators have been able to gather about Mr. Trump’s personal knowledge, directions and intentions related to several of the matters.Here is a look at some of the criminal laws that different prosecutors appear to be weighing and how they might apply to Mr. Trump’s actions.Stormy Daniels was paid $130,000.Markus Schreiber/Associated PressThe Stormy Daniels Hush Money PaymentOverviewAlvin L. Bragg, the Manhattan district attorney, appears to be nearing a decision about whether to charge Mr. Trump with a crime related to his $130,000 hush money payment just before the 2016 election to the pornographic film actress Stormy Daniels, who has said they had an extramarital affair. Michael D. Cohen, Mr. Trump’s former lawyer and fixer, sent the money to Ms. Daniels, and the Trump Organization reimbursed him over the course of 2017, according to a 2018 federal court filing in Mr. Cohen’s case. Mr. Trump’s business concealed the true purpose of the payments, the filing said, by recording them as having been for a legal retainer that did not exist.Potential charge: Bookkeeping fraudThe New York Times has reported that the case may include a potential charge of falsifying business records under Article 175 of the New York Penal Law. A conviction for a felony version of bookkeeping fraud carries a sentence of up to four years.To prove that Mr. Trump committed that offense, prosecutors would seemingly need evidence showing that he had knowingly caused subordinates to make a false entry in his company’s records “with intent to defraud.” For the action to be a felony rather than a misdemeanor, prosecutors would also need to show that Mr. Trump falsified the business records with the intention of committing, aiding or concealing a second crime.The public understanding of Mr. Bragg’s theory of the case remains murky and incomplete. The district attorney’s office has reportedly weighed invoking alleged campaign-finance violations as that intended second crime, which could raise complications. Among other things, presidential elections are governed by federal law, and it is not clear whether Mr. Bragg has found a theory by which a state campaign law covered Mr. Trump’s actions, or if a state prosecutor can cite a law over which he lacks jurisdiction. It remains possible that Mr. Bragg has obtained nonpublic evidence of some other intended offense, like if there was any initial intention to deduct the payments as a business expense on state tax returns.Bookkeeping fraud has a two-year statute of limitations as a misdemeanor and a five-year one as a felony, both of which would normally have expired for payments made to Mr. Cohen in 2017. But New York law extends those limits to cover periods when a defendant was continuously out of state, as when Mr. Trump was while living in the White House or at his home in Florida. In addition, during the pandemic, New York’s statute of limitations was extended by more than a year.Mr. Trump has claimed — without evidence — that he declassified all the files taken to Mar-a-Lago.Saul Martinez for The New York TimesThe Mar-a-Lago DocumentsOverviewJack Smith, a special counsel for the federal Justice Department, is investigating matters related to Mr. Trump’s handling of several hundred documents marked as classified that he kept at his Florida club and home, Mar-a-Lago, after leaving office, and how Mr. Trump resisted efforts by the government to retrieve all of those files. After the Justice Department obtained a subpoena for all remaining files marked as classified, a lawyer for Mr. Trump, M. Evan Corcoran, turned over some while helping to draft a statement falsely saying those were all that remained. In August, the F.B.I. executed a search warrant and found 103 more, including in Mr. Trump’s desk.Prosecutors last week persuaded a federal judge that Mr. Corcoran should be compelled to answer more questions from a grand jury investigating the documents matter, notwithstanding attorney-client privilege. That means the judge agreed with prosecutors that the situation met the threshold for an exception for lawyer communications or work that apparently helped further a crime.Potential charge: Unauthorized retention of national security documentsOne of the charges the F.B.I. listed in its affidavit for the Mar-a-Lago search warrant was Section 793(e) of Title 18, a provision of the Espionage Act. Prosecutors would have to show that Mr. Trump knew he was still in possession of the documents after leaving the White House and failed to comply when the government asked him to return them and then subpoenaed him. The theoretical penalty is up to 10 years per such document.Prosecutors would also have to show that the documents related to the national defense, that they were closely held and that their disclosure could harm the United States or aid a foreign adversary. Although Mr. Trump has claimed — without evidence — that he declassified all the files taken to Mar-a-Lago, prosecutors would not need to prove that they were still classified because the Espionage Act predates the classification system and does not refer to it as an element..css-1v2n82w{max-width:600px;width:calc(100% – 40px);margin-top:20px;margin-bottom:25px;height:auto;margin-left:auto;margin-right:auto;font-family:nyt-franklin;color:var(–color-content-secondary,#363636);}@media only screen and (max-width:480px){.css-1v2n82w{margin-left:20px;margin-right:20px;}}@media only screen and (min-width:1024px){.css-1v2n82w{width:600px;}}.css-161d8zr{width:40px;margin-bottom:18px;text-align:left;margin-left:0;color:var(–color-content-primary,#121212);border:1px solid var(–color-content-primary,#121212);}@media only screen and (max-width:480px){.css-161d8zr{width:30px;margin-bottom:15px;}}.css-tjtq43{line-height:25px;}@media only screen and (max-width:480px){.css-tjtq43{line-height:24px;}}.css-x1k33h{font-family:nyt-cheltenham;font-size:19px;font-weight:700;line-height:25px;}.css-1hvpcve{font-size:17px;font-weight:300;line-height:25px;}.css-1hvpcve em{font-style:italic;}.css-1hvpcve strong{font-weight:bold;}.css-1hvpcve a{font-weight:500;color:var(–color-content-secondary,#363636);}.css-1c013uz{margin-top:18px;margin-bottom:22px;}@media only screen and (max-width:480px){.css-1c013uz{font-size:14px;margin-top:15px;margin-bottom:20px;}}.css-1c013uz a{color:var(–color-signal-editorial,#326891);-webkit-text-decoration:underline;text-decoration:underline;font-weight:500;font-size:16px;}@media only screen and (max-width:480px){.css-1c013uz a{font-size:13px;}}.css-1c013uz a:hover{-webkit-text-decoration:none;text-decoration:none;}How Times reporters cover politics. We rely on our journalists to be independent observers. So while Times staff members may vote, they are not allowed to endorse or campaign for candidates or political causes. This includes participating in marches or rallies in support of a movement or giving money to, or raising money for, any political candidate or election cause.Learn more about our process.Potential charge: ObstructionAnother charge in the F.B.I. affidavit was Section 1519 of Title 18, which makes it a crime to conceal records to obstruct an official effort. Prosecutors would need to show that Mr. Trump knew he still had files that were responsive to the National Archives’ efforts to take custody of presidential records and the Justice Department’s subpoena for files marked as classified, and that he intentionally caused his subordinates to fail to turn them all over while leading officials to believe they had complied. The penalty is up to 20 years per offense.Potential charge: Mishandling official documentsA third charge in the affidavit was Section 2071 of Title 18, which criminalizes the concealment or destruction of official documents, whether or not they were related to national security. Among other things, former aides to Mr. Trump have recounted how he sometimes ripped up official documents, and the National Archives has said that some of the Trump White House paper records transferred to it had been torn up — some of which were taped back together and some of which were not reconstructed. The penalty is up to three years per offense plus a ban on holding federal office, although the latter is most likely unconstitutional, legal experts say.Potential charge: Contempt of courtSection 402 of Title 18 makes it a crime to willfully disobey a court order, like the grand jury subpoena Mr. Trump received in May 2022 requiring him to turn over all documents with classification markings remaining in his possession. It carries a penalty of a fine of up to $1,000 and up to six months in prison. To bring this charge, prosecutors would need evidence showing he knew that he was still holding onto other files with classification markings during and after his representatives purported to comply with the subpoena.Potential charge: Conspiracy to make a false statementSection 1001 of Title 18 makes it a crime to make a false statement to a law enforcement officer about a fact material to the officer’s investigation, and Section 371 makes it a crime to conspire with another person to break that or any other law. It carries a penalty of up to five years. Prosecutors would need to be able to show that Mr. Trump and Mr. Corcoran knew and agreed that the lawyer should lie to the Justice Department about there being no further documents responsive to the subpoena.Ballots being recounted in Atlanta, which is part of Fulton County, in 2020.Nicole Craine for The New York TimesThe Georgia Election Law InvestigationOverviewFani T. Willis, the district attorney for Fulton County, Ga., is investigating events related to Mr. Trump’s attempts to overturn President Biden’s narrow victory in that state in the 2020 election. Among other things, in a phone call that was recorded and leaked, Mr. Trump called Georgia’s secretary of state, Brad Raffensperger, and pressured him to “find” enough additional votes for him to flip the outcome.Ms. Willis is also investigating Trump associates’ efforts to get 16 of his supporters to falsely declare themselves to be an alternative slate of electors from Georgia, which helped lay the groundwork for Mr. Trump’s push to get Vice President Mike Pence to reject the true results when Congress met to certify the election on Jan. 6, 2021.Potential charges: Election code violationsMost elections offenses in Georgia’s code are misdemeanors, but there are several felony charges that Ms. Willis may be considering, based on the same basic set of facts. These include Section 21-2-603, which makes it a crime to conspire with another person to violate a provision of the election code, and Section 21-2-604, which makes it a crime to solicit another person to commit election fraud.To bring such a charge against Mr. Trump, prosecutors would need to cite another election law whose violation was his alleged goal. It is possible, for example, that they might be considering contending that Mr. Trump’s pushing Mr. Raffensperger to “find” additional votes amounted to implicitly asking him to violate a provision that makes it a felony for the secretary of state to alter official election records, but Mr. Trump’s language was not explicit.Potential charge: RacketeeringMs. Willis has indicated that she is considering bringing charges under Georgia’s Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act. So-called RICO laws are tools that were developed to make it easier to go after organized criminal enterprises, and can be used against members of any group that engaged in a pattern of criminal activities with a common purpose. A conviction would carry a maximum penalty of 20 years in prison.To convict Mr. Trump under Georgia’s RICO law, Section 16-14-4, prosecutors would need to show that as part of his efforts with associates to overturn Georgia’s election results, he conspired with others or engaged in two or more offenses from a list of several dozen offenses, most of which are violent crimes but which include things like solicitation, forgery and making materially false statements to state officials.The House Jan. 6 committee made a criminal referral of Mr. Trump and others to the Justice Department.Haiyun Jiang/The New York TimesThe 2020 Election and Jan. 6OverviewMr. Smith, the special counsel, is also conducting a broader federal investigation into Mr. Trump’s attempt to overturn the 2020 election results and the events of Jan. 6. The House committee that carried out the investigation into the riot last year made a criminal referral of Mr. Trump and others to the Justice Department. While that was of largely symbolic value — the department already had an investigation open and Congress has no authority to prosecute — the analysis in the panel’s final report sets out possible charges that Mr. Smith could also consider.Potential charge: Obstruction of an official proceedingOne criminal accusation the Jan. 6 committee leveled against Mr. Trump was the attempted corrupt obstruction of an official proceeding, under Section 1512(c) of Title 18. It is punishable by up to 20 years in prison. Prosecutors have used this law to charge about 300 ordinary Jan. 6 defendants — people who rioted — and an appeals court is currently weighing whether that charge has been appropriately applied in those cases. But even if the judiciary upholds use of the charge, such a case against Mr. Trump would be very different since he did not physically participate in the riot.The Jan. 6 committee argued that he could be charged with it based on two sets of actions. First, it argued that his summoning of supporters to Washington and urging them to march on the Capitol and “fight like hell” violated that law. Mr. Trump’s defense team would surely seek to raise doubt about whether he intended for his supporters to riot, including because he also told them to protest “peacefully.”Second, the committee portrayed as criminal obstruction the scheme to recruit so-called fake electors from various states and pressuring Mr. Pence to cite their existence as a basis to delay certifying the election. The panel stressed how Mr. Trump had been told that there was no truth to his claims of a stolen election, which it said proved his intentions were corrupt. Among other things, Mr. Trump’s defense team would surely argue that because a lawyer, John Eastman, advised him to take those steps, there is no proof he understood that doing so was illegal.Potential charge: Conspiracy to defraud the United StatesA second criminal accusation leveled by the Jan. 6 committee was Section 371 of Title 18, which makes it a crime, punishable by up to five years in prison, to conspire with another person to defraud the government. The panel cited an array of evidence about Mr. Trump’s interactions with various lawyers and aides in pursuit of his effort to prevent the certification of Mr. Biden’s electoral victory. The committee also argued that prosecutors could prove Mr. Trump intended to be deceitful via evidence that he was repeatedly told that his allegations of widespread voter fraud were baseless.Potential charge: Conspiracy to make a false statementThe Jan. 6 committee highlighted the efforts to submit slates of fake electors to Congress and to the National Archives. As with other such potential charges, a key challenge for prosecutors would be proving Mr. Trump’s intentions and understanding beyond a reasonable doubt.Potential charge: InsurrectionThe committee also pointed to Section 2383 of Title 18, which makes it a crime to incite, assist or “aid and comfort” an insurrection against the authority and laws of the federal government. The panel emphasized in particular how Mr. Trump refused for hours to take steps to call off the rioters despite being implored by aides to do so, and an inflammatory tweet he sent about Mr. Pence in the midst of the violence.While the committee said the events of Jan. 6 met the standard for an insurrection, it is notable that prosecutors have not accused any of the Jan. 6 defendants to date of that offense — even those they charged with seditious conspiracy. More

  • in

    Trump Grand Jury Could Hear From Critic of Prosecution’s Star Witness

    The grand jury considering the hush-money case against Mr. Trump might hear the testimony of lawyer Robert J. Costello, a critic of the ex-president’s fixer.A Manhattan grand jury that is expected to vote soon on whether to indict Donald J. Trump may hear testimony Monday attacking the prosecution’s star witness, according to people with knowledge of the matter.The testimony would come from a lawyer, Robert J. Costello, who would appear at the request of Mr. Trump’s lawyers, the people said. Mr. Costello was once a legal adviser to Michael D. Cohen, Mr. Trump’s former fixer, who has been a key witness for the Manhattan district attorney’s office.Mr. Costello and Mr. Cohen had a falling out, and Mr. Costello would appear solely to undermine Mr. Cohen’s credibility, the people said.Under New York law, a person who is expected to be indicted can request that a witness appear on his or her behalf. Mr. Trump’s lawyers have asked that Mr. Costello testify, but the final decision rests with the grand jury; it is unclear whether they have made a decision. The grand jury has been hearing evidence about the former president’s involvement in a hush money payment to a porn star.Mr. Costello’s appearance would come soon after Mr. Cohen concluded his own grand jury testimony. If Mr. Costello testifies, there is also a chance that Mr. Cohen will be asked to return to rebut some of Mr. Costello’s assertions.A spokeswoman for the district attorney’s office declined to comment, as did Mr. Costello. A lawyer for Mr. Cohen, Lanny J. Davis, declined to comment.The district attorney, Alvin L. Bragg, a Democrat, is expected to seek an indictment of Mr. Trump as soon as this week. There have been several signals that charges may be imminent: The prosecutors gave Mr. Trump an opportunity to testify, a right given to people who will soon face indictment. They have now questioned nearly every major player in the hush money saga in front of the grand jury.Mr. Cohen made the $130,000 hush money payment to the porn star, Stormy Daniels, to bury her story of an affair with Mr. Trump.Michael D. Cohen arriving at 80 Centre Street for his 19th appearance being interviewed by the District Attorney’s office in New York this month.Jefferson Siegel for The New York TimesThe payment came in the run-up to the 2016 presidential election, and Mr. Trump subsequently reimbursed Mr. Cohen. Prosecutors are expected to accuse Mr. Trump of overseeing the false recording of the reimbursements in his company’s internal records. The records falsely stated that the payments to Mr. Cohen were for “legal expenses.”Mr. Trump has denied all wrongdoing, as well as having had an affair with Ms. Daniels, and has blasted the investigation as politically motivated. He has also called Mr. Bragg, a Democrat and the first Black person to serve as the district attorney, a “racist.”Mr. Costello’s appearance in the grand jury on Monday would likely kick off a string of attacks from Mr. Trump’s lawyers on Mr. Cohen’s credibility. If the case goes to trial, they are expected to highlight that Mr. Cohen himself pleaded guilty to federal crimes in 2018 stemming from the hush money payment, and to bring up other episodes from the former fixer’s personal history.But prosecutors may counter that Mr. Cohen was lying about the hush money payment on Mr. Trump’s behalf, and has been consistent in the telling of his story in recent years.Mr. Costello is likely to argue that Mr. Cohen can’t be trusted. In 2018, as Mr. Cohen was facing the federal investigation into the hush money, a mutual friend introduced the two men. Mr. Costello offered to represent Mr. Cohen, and they spent hours meeting and speaking by phone.As a Republican lawyer with ties to Mr. Trump’s legal team, Mr. Costello offered to serve as a bridge between Mr. Cohen and the president’s lawyers. At one point, Mr. Costello contacted one of Mr. Trump’s lawyers to ask if the president might pardon Mr. Cohen.But the pardon never came, and Mr. Cohen never formally retained Mr. Costello. Mr. Cohen later waived their attorney-client privilege, Mr. Costello has said.Their relationship worsened as Mr. Cohen broke from Mr. Trump, and became one of his primary antagonists.“We will not be involved in that journey,” Mr. Costello wrote Mr. Cohen in a 2018 email, adding that his law firm “will be sending you a bill.” When it came, Mr. Cohen refused to pay. More

  • in

    Inside the Payoff to Stormy Daniels That May Lead to Trump’s Indictment

    Manhattan prosecutors investigating a payout to Stormy Daniels may be poised to make Donald J. Trump the first former president ever to be criminally indicted.At the time, it all was more tawdry than momentous. A reality star invited a porn actress half his age to a hotel room after a round in a celebrity golf tournament. She arrived in a spangly gold dress and strappy heels. He promised to put her on television and then, she says, they slept together.Yet the chain of events flowing from the 2006 encounter that the adult film star, Stormy Daniels, has said she had with the television personality, Donald J. Trump, has led to the brink of a historic development: the first criminal indictment of a former American president.The Manhattan district attorney, Alvin L. Bragg, has signaled he is preparing to seek felony charges against Mr. Trump; Mr. Bragg is expected to accuse him of concealing a $130,000 hush-money payment that Michael D. Cohen, Mr. Trump’s lawyer and fixer, made to Ms. Daniels on the eve of the 2016 presidential election.A conviction would be likely to hinge on prosecutors’ proving that Mr. Trump reimbursed Mr. Cohen and falsified business records when he did so, possibly to hide an election law violation.It would not be a simple case. Prosecutors are expected to use a legal theory that has not been assessed in New York courts, raising the possibility that a judge could throw out or limit the charges. The episode has been examined by both the Federal Election Commission and federal prosecutors in New York; neither took action against Mr. Trump.Mr. Trump has denied having sex with Ms. Daniels and said he did nothing wrong. The former president, who is seeking the Republican nomination for the White House, has made it clear that he will cast the indictment as a political “witch hunt” and use it to rally his supporters. On Saturday, he predicted he would be arrested on Tuesday and called for protests.The prosecutors’ chief witness would be Mr. Cohen, who pleaded guilty to federal campaign finance violations in August 2018, admitting he helped arrange the Daniels payment — and another to a former Playboy model — to aid Mr. Trump’s presidential bid at the behest of Mr. Trump.Any indictment of Mr. Trump brought by the Manhattan district attorney, Alvin L. Bragg, would rely on a legal theory that has not been tested in New York courts, making its success far from assured.Benjamin Norman for The New York TimesAn indictment would mark another extraordinary episode in the Trump era: The former president — whose tenure closed with a riot at the Capitol, who tried to overturn a fair election and who is under investigation for failing to return classified material — may face his first criminal charge for paying off a porn star.A Lake Tahoe encounterMs. Daniels, born Stephanie Gregory and raised mostly in a ramshackle ranch house in Baton Rouge, La., was 27 in July 2006, when she met Mr. Trump, then 60, at the celebrity golf tournament in Nevada.As a child, she wrote in her 2018 memoir, “Full Disclosure,” she felt ashamed and motivated after overhearing a friend’s father refer to her as “white trash.” Attracted by the money she could make, Ms. Daniels started as an exotic dancer even before she finished high school, working at a local joint called Cinnamon’s. At 23, she began acting in pornographic movies and soon married the first of her four husbands: Bartholomew Clifford, who directed adult films under the name “Pat Myne.”When he met Ms. Daniels, Mr. Trump had largely transitioned from real estate mogul to reality star; he had traveled to the tournament without his third wife, Melania, who remained behind with their newborn son. Mr. Trump and Ms. Daniels crossed paths on the golf course and later in the gift room, where they were photographed together at a booth for her porn studio, Wicked Pictures. He invited her to dinner.As they chatted that night in Mr. Trump’s penthouse at Harrah’s Lake Tahoe — she has said he wore black silk pajamas and slippers — he told her that she should be on “The Apprentice,” an NBC reality show. She doubted he could make it happen. He assured her he could, she said.Afterward, he would phone her occasionally from a blocked number, calling her “Honeybunch.” They saw each other at least twice more in 2007, at a launch party for the short-lived Trump Vodka and at the Beverly Hills Hotel, where they watched “Shark Week.” But they did not sleep together again. And Mr. Trump never put her on “The Apprentice.” Still, he kept calling, she has said. Eventually, she stopped answering.Selling storiesStormy Daniels, an adult film star, was paid $130,000 by Mr. Trump’s fixer in exchange for her silence.Shannon Stapleton/ReutersSince 2000, Mr. Trump had staged long-shot presidential runs that more resembled publicity stunts than serious bids for office. He kicked off another in 2011, promoting conspiracy theories that then-President Barack Obama had been born outside the United States. As he did so, Ms. Daniels, still bitter, began working with an agent to see if she could sell the story of their liaison.They negotiated a $15,000 deal with Life & Style, a celebrity magazine, telling its reporter that Ms. Daniels believed Mr. Trump’s offer to make her a contestant had been a lie, according to a transcript later published online.“Just to impress you, to try to sleep with you?” the reporter asked. “Yeah,” Ms. Daniels responded. “And I guess it worked.”When the magazine contacted the Trump Organization for comment, Michael Cohen returned the call. A lawyer who had joined the company four years earlier, Mr. Cohen had become Mr. Trump’s fixer, diving headlong into resolving thorny problems for his boss and the Trump family. Mr. Cohen threatened to sue, the magazine killed the story, and Ms. Daniels did not get paid.Mr. Trump, for his part, dropped out of the race and continued hosting “The Apprentice.”That October, Ms. Daniels’s story about Mr. Trump surfaced briefly after her agent leaked it to a gossip blog called “The Dirty,” trying to gin up interest from a paying publication. A couple of media outlets followed up, but none offered payment. Ms. Daniels denied the story, and her agent had a lawyer in Beverly Hills, Calif., Keith Davidson, get the post taken down.As Mr. Obama prepared to leave office in 2015, Mr. Trump decided to run for president once more. That August, he sat in his office at Trump Tower with Mr. Cohen and David Pecker, the publisher of American Media Inc. and its flagship tabloid, The National Enquirer.Mr. Pecker, a longtime friend of Mr. Trump’s, had used The Enquirer to boost Mr. Trump’s past presidential runs. He promised to publish positive stories about Mr. Trump and negative ones about opponents, according to three people familiar with the meeting. Mr. Pecker also agreed to work with Mr. Cohen to find and suppress stories that might damage Mr. Trump’s new efforts, a practice known as “catch and kill.”The National Enquirer, a tabloid run by David Pecker, played a central role in efforts to “catch and kill” negative stories about Mr. Trump.Marion Curtis, via Associated PressIn spring 2016, Ms. Daniels attempted through her agent to sell her story again — this time for more than $200,000. But the publications she approached all passed, including The Enquirer.Around the same time, Karen McDougal, the former Playboy model, began exploring how to monetize her own tale of sleeping with Mr. Trump. Ms. McDougal, Playboy’s 1998 Playmate of the Year, has said she had an affair with Mr. Trump starting in 2006, when she was 35. They had spent time together in his Trump Tower apartment and at the same golf tournament where Ms. Daniels encountered him. But Ms. McDougal ended the relationship in 2007, she has said. Mr. Trump has denied the affair.In 2016, with her modeling career flagging, Ms. McDougal hired Mr. Davidson, the same lawyer who had helped Stormy Daniels remove the 2011 blog post.Karen McDougal, a former Playboy model, said she also had an affair with Mr. Trump and was paid by The National Enquirer for her story, which was never published.Bennett Raglin/Getty Images for BacardiThe lawyer approached The Enquirer’s editor, Dylan Howard, about buying Ms. McDougal’s story, and Mr. Howard and Mr. Pecker both briefed Mr. Cohen, three people with knowledge of the discussions have said. In late June, Mr. Trump personally appealed to Mr. Pecker for help in keeping Ms. McDougal quiet, according to an account Mr. Pecker gave federal prosecutors.But the tabloid did nothing until Ms. McDougal was about to give an interview to ABC News. In early August, American Media agreed to pay Ms. McDougal $150,000 for the exclusive rights to her story about Mr. Trump, camouflaging the real purpose of the deal by guaranteeing she would appear on two magazine covers, among other things, five people familiar with the events have said.American Media would later admit, in a deal to avoid federal prosecution, that the principal purpose of the agreement was to suppress Ms. McDougal’s story, which the company had no intention of publishing.Stormy Daniels, meanwhile, still had not found any takers for her story. Her luck changed in early October.‘It could look awfully bad’Mr. Trump’s fixer, Michael D. Cohen, right, went to prison in part for campaign finance violations related to hush-money payments. He has turned against the former president and could testify against him.Jefferson Siegel for The New York TimesThe news hit the presidential race like a bomb. On Oct. 7, 2016, The Washington Post published what would become known as the “Access Hollywood” tape, in which Mr. Trump, unwittingly on a live microphone, was recorded describing in lewd terms how he groped women.The people surrounding Stormy Daniels immediately realized that Mr. Trump’s new vulnerability made her more of a threat — and thus gave her story value.Mr. Davidson, the Los Angeles lawyer, was also friendly with Ms. Daniels’s agent, Gina Rodriguez, and with The Enquirer’s editor, Mr. Howard. On the day after the “Access Hollywood” tape emerged, Mr. Davidson and Mr. Howard texted about the damage it had done to Mr. Trump’s campaign. Then Mr. Howard asked Ms. Daniels’s agent to send another pitch for his boss, Mr. Pecker.The Enquirer executives alerted Mr. Cohen; Mr. Cohen asked Mr. Pecker for help containing it.Mr. Howard haggled with Ms. Daniels’s agent, but when he presented Mr. Pecker with an offer to buy the story for $120,000, the publisher refused.“Perhaps I call Michael and advise him and he can take it from there,” Mr. Howard wrote.Dylan Howard, the editor of The National Enquirer, connected Mr. Cohen to a lawyer for Ms. Daniels to discuss a payment for the story of her tryst with Mr. Trump.Ilya S. Savenok/Getty Images for American MediaThat night, Mr. Cohen spoke by phone to Mr. Trump, Mr. Pecker and Mr. Howard, according to records obtained by federal authorities. Mr. Howard connected him to the lawyer, Mr. Davidson, who would negotiate the deal for Ms. Daniels.Three days after the “Access Hollywood” tape’s release, Mr. Cohen agreed to pay $130,000 in a deal that threatened severe financial penalties for Ms. Daniels if she ever spoke about her affair with Mr. Trump. The contract used pseudonyms: Peggy Peterson, or “P.P.,” for Ms. Daniels, and David Dennison, or “D.D.,” for Mr. Trump. Their identities were revealed only in a side letter.Ms. Daniels signed her copy on the trunk of a car near a porn set in Calabasas, Calif. Mr. Cohen signed on Mr. Trump’s behalf.But Mr. Cohen delayed paying. He has said he was trying to figure out where to get the money while Mr. Trump campaigned. According to Mr. Cohen, Mr. Trump had approved the payment and delegated to him and the Trump Organization’s chief financial officer the task of arranging it. They considered options for funneling the money through the company, Mr. Cohen said, but did not settle on a solution.Ms. Daniels began to believe that Mr. Trump was trying to stall until after the Nov. 8 election; if he lost, her story would lose its value. In mid October, after Mr. Cohen had blown two deadlines, Ms. Daniels’s lawyer canceled the deal, and the porn actress again began shopping the story. The next week, Mr. Howard texted Mr. Cohen that if Ms. Daniels went public, their work to cover up the sexual encounter might also become known.“It could look awfully bad for everyone,” Mr. Howard wrote.Mr. Cohen agreed to make the payment himself. He spoke briefly by phone with Mr. Trump, twice. Then he transferred about $130,000 from his home equity line of credit into the account of a Delaware shell company and wired it to Ms. Daniels’s lawyer.Mr. Davidson circulated a new hush-money agreement. Ms. Daniels signed and notarized it at a UPS store near a Walmart Supercenter in Forney, Texas, near her home.“I hope we are good,” Mr. Cohen texted Mr. Davidson afterward.“I assure you we are very good,” the lawyer replied.Ms. Daniels remained silent. A week and a half later, Mr. Trump won the election.Once he was in the White House, Mr. Trump handled one more piece of business related to Stormy Daniels. He signed checks to reimburse Mr. Cohen for paying her off.Jonah E. Bromwich More

  • in

    As a Possible Indictment Looms, Trump’s Team Plans to Attack

    If the former president faces criminal charges, his campaign plans to begin a broad offensive against Alvin Bragg, the Manhattan district attorney and a Democrat, accusing him of political bias.As former President Donald J. Trump faces likely criminal charges, his campaign is preparing to wage a political war.With an indictment looming from the Manhattan district attorney, Alvin L. Bragg, Mr. Trump’s campaign is laying the groundwork for a broad attack on Mr. Bragg, a Democrat. According to two of Mr. Trump’s political allies, the campaign will aim to portray any charges as part of a coordinated offensive by the Democratic Party against Mr. Trump, who is trying to become only the second former president to win a new term after leaving office.It is unclear what data points, if any, the Trump team plans to point to beyond Mr. Bragg’s party registration in order to make a case that the district attorney is part of a broader political conspiracy against the former president. It is also uncertain whether Mr. Trump will add lawyers to his legal defense team or bring on a communications adviser to play a more traditional role of responding to what will be a crush of media questions related to a potential indictment.Mr. Trump’s two allies said his campaign was adding staff members, particularly to focus on pushing out their message and their attacks on the prosecutors. In addition, the campaign has been putting together a database listing everyone — members of Congress, legal experts, media figures — who have cast doubts on the strength of the district attorney’s case, the allies said.Specifically, his campaign team plans on trying to connect Mr. Bragg’s investigation into Mr. Trump to President Biden, who is expected to seek re-election. The Justice Department has spent months investigating Mr. Trump in separate inquiries into his possession of hundreds of classified documents at his private club, Mar-a-Lago, and his efforts to remain in power after losing the 2020 election.Those efforts led to the most visible moment when Mr. Trump focused the anger of his supporters on the institutions of government, the lead-up to the violent riot at the Capitol on Jan. 6, 2021.Underscoring the degree to which Mr. Trump’s campaign is again relying on outrage from his supporters, a campaign official maintained that the nation would not “tolerate” the prosecution and would see it as an effort to influence the 2024 election.“President Donald J. Trump is completely innocent, he did nothing wrong, and even the biggest, most radical left Democrats are making that clear,” said Steven Cheung, a Trump campaign spokesman. He listed a series of other investigations that Mr. Trump has faced and referred to the Manhattan case as “the nuclear button,” calling it a “political donation” by Mr. Bragg “to Joe Biden.” And the Trump team plans to highlight a donation to a political action committee made by the philanthropist George Soros, a subject of frequent right-wing attacks, that was intended to help Mr. Bragg.A spokeswoman for the Manhattan district attorney’s office declined to comment.Mr. Trump’s allies say that tying Mr. Biden to what is taking place in Manhattan will be a key aspect of the campaign’s response. And the degree to which the Trump team plans to make a history-making indictment of a former president a central campaign message is likely to set a new political precedent.“A Trump indictment will immediately be added to his campaign platform and talking points, another first in presidential politics,” said Scott Reed, a veteran Republican strategist who has observed Mr. Trump and presidential campaigns for decades.While he was in office, Mr. Trump was shielded by a Justice Department policy against indicting a sitting president..css-1v2n82w{max-width:600px;width:calc(100% – 40px);margin-top:20px;margin-bottom:25px;height:auto;margin-left:auto;margin-right:auto;font-family:nyt-franklin;color:var(–color-content-secondary,#363636);}@media only screen and (max-width:480px){.css-1v2n82w{margin-left:20px;margin-right:20px;}}@media only screen and (min-width:1024px){.css-1v2n82w{width:600px;}}.css-161d8zr{width:40px;margin-bottom:18px;text-align:left;margin-left:0;color:var(–color-content-primary,#121212);border:1px solid var(–color-content-primary,#121212);}@media only screen and (max-width:480px){.css-161d8zr{width:30px;margin-bottom:15px;}}.css-tjtq43{line-height:25px;}@media only screen and (max-width:480px){.css-tjtq43{line-height:24px;}}.css-x1k33h{font-family:nyt-cheltenham;font-size:19px;font-weight:700;line-height:25px;}.css-1hvpcve{font-size:17px;font-weight:300;line-height:25px;}.css-1hvpcve em{font-style:italic;}.css-1hvpcve strong{font-weight:bold;}.css-1hvpcve a{font-weight:500;color:var(–color-content-secondary,#363636);}.css-1c013uz{margin-top:18px;margin-bottom:22px;}@media only screen and (max-width:480px){.css-1c013uz{font-size:14px;margin-top:15px;margin-bottom:20px;}}.css-1c013uz a{color:var(–color-signal-editorial,#326891);-webkit-text-decoration:underline;text-decoration:underline;font-weight:500;font-size:16px;}@media only screen and (max-width:480px){.css-1c013uz a{font-size:13px;}}.css-1c013uz a:hover{-webkit-text-decoration:none;text-decoration:none;}How Times reporters cover politics. We rely on our journalists to be independent observers. So while Times staff members may vote, they are not allowed to endorse or campaign for candidates or political causes. This includes participating in marches or rallies in support of a movement or giving money to, or raising money for, any political candidate or election cause.Learn more about our process.Already, Mr. Trump has spent the better part of two years attacking Mr. Bragg, who is Black, as “racist” and as continuing efforts to harm him, after two impeachment inquiries and a two-year special counsel investigation into whether he obstructed justice and whether his 2016 campaign conspired with Russians.But since declaring his third presidential campaign in November, Mr. Trump has made attacking the investigators an increasingly intense focus.Other political allies of Mr. Trump made clear that there would be efforts to highlight how his Republican rivals handle the news of any indictment, and whether they endorse it or defend him. Mr. Trump’s allies said his advisers believed the issue could tie some of his opponents in knots, particularly his closest prospective opponent in public polls, Gov. Ron DeSantis of Florida.Mr. Trump has often subjected anyone who investigates him or holds him to scrutiny to slashing attacks. It remains to be seen whether the campaign’s approach will be more of the same, or will deploy new tactics, such as television ads.When Mr. Trump was in office and facing the investigation by the special counsel, Robert S. Mueller III, some of his lawyers initially tried to follow the playbook established by aides to President Bill Clinton during his impeachment inquiry in the 1990s. In that case, separate, parallel operations were created so the work of the government could continue.But Mr. Trump, who often conflates legal and public relations issues, rejected that idea. So there was only briefly a designated spokesman handling press questions.People involved in Mr. Trump’s legal case have discussed bringing on a new lawyer to add to the existing team of Susan Necheles, a Manhattan criminal defense lawyer, and Joe Tacopina, a New York lawyer with a brawler’s attitude.Mr. Tacopina has been an aggressive defender of Mr. Trump on television. On Tuesday on MSNBC, Mr. Tacopina made several points attacking the credibility of the key witness, Michael D. Cohen, Mr. Trump’s former lawyer and fixer. But other comments he made left some of Mr. Trump’s allies stunned by what he was articulating.Mr. Tacopina bluntly stated that there was a political benefit to Mr. Trump from an indictment.“If they bring this case, I believe this will catapult him into the White House,” Mr. Tacopina said of Mr. Trump on MSNBC. “I believe it, because this will show how they’re weaponizing the justice system.”Mr. Tacopina insisted that what Mr. Trump did — signing off on reimbursement payments to Mr. Cohen, who had made a $130,000 hush-money payment to Stormy Daniels, the porn star who said she had an affair with Mr. Trump — was done at Mr. Cohen’s suggestion and “was not a crime.”At one point, as the interviewer, Ari Melber, was reading from a piece of paper, Mr. Tacopina tried to grab it unsuccessfully across the set. When Mr. Tacopina was pushed on why Mr. Trump told reporters aboard Air Force One in 2018 that he did not know about the payments, he insisted it was not a lie.“A lie to me is something material under oath in a procedure,” Mr. Tacopina told Mr. Melber.“Here’s why it’s not a lie,” Mr. Tacopina added. “Because it was a confidential settlement. So, if he acknowledged that, he would be violating the confidential settlement.”He went on: “So, is it the truth? Of course it’s not the truth. Was he supposed to tell the truth? He would be in violation of the agreement if he told the truth. So, by him doing that, by him doing that, he was abiding by not only his rights, but Stormy Daniels’s rights.”Jonah E. Bromwich More

  • in

    Michael Cohen Testifies in Grand Jury as Trump Indictment Appears Near

    Mr. Cohen, Donald Trump’s onetime fixer, is a key piece of the puzzle in a case centered around a 2016 hush money payment to Stormy Daniels.Michael D. Cohen, a crucial witness in the Manhattan district attorney’s criminal investigation into Donald J. Trump, testified in front of a grand jury on Monday, as prosecutors near a likely indictment of the former president.Mr. Cohen, Mr. Trump’s former fixer, testified for much of the afternoon and was expected to return on Wednesday to continue his testimony.When he walked into the building where the grand jury meets, Mr. Cohen remarked to reporters that he felt “fine” but “a little twisted, to be honest, inside” and that his goal was “to tell the truth.” On his way out, Mr. Cohen’s lawyer, Lanny J. Davis, called it a “long and productive afternoon” and said that Mr. Cohen “answered all questions.”His appearance is one of several recent signals that the district attorney, Alvin L. Bragg, is poised to seek an indictment of the former president for his role in paying hush money to a porn star in the days before the 2016 presidential election.Mr. Bragg’s prosecutors have already questioned at least seven other people before the grand jury this year, and Mr. Cohen is likely one of the final witnesses, according to people with knowledge of the matter. It would be rare for a prosecutor in a high-profile white-collar case to question nearly every relevant witness without intending to seek an indictment.Another signal that an indictment is likely came when Mr. Bragg’s office informed Mr. Trump’s lawyers that the former president could appear before the grand jury this week should he want to do so. Such offers almost always indicate an indictment is close, because in New York, potential defendants have the right to answer questions in the grand jury shortly before they are indicted.Mr. Trump declined the offer, people with knowledge of his decision said. And members of his legal team recently met privately with prosecutors to make their case against an indictment, one of his lawyers, Joseph Tacopina, said on “Good Morning America” on Monday. One of the lawyers at the meeting was Susan R. Necheles, who Mr. Tacopina said was “leading the charge” for Mr. Trump.The former president has blasted Mr. Bragg’s investigation, saying that the Democratic district attorney is conducting a politically motivated “witch hunt.” Last week, Mr. Trump issued a statement in which he denied having an affair with the porn star, Stormy Daniels, and said Mr. Bragg’s inquiry was an effort to “take down” the leading Republican candidate in the 2024 presidential election.If Mr. Bragg ultimately decides to ask the grand jurors to vote to indict Mr. Trump, the case could hinge on Mr. Cohen’s testimony.It was Mr. Cohen who made the $130,000 hush money payment to Ms. Daniels in late October 2016, stifling her story of an affair with Mr. Trump. Mr. Trump later reimbursed him, signing monthly checks while he was president, and Mr. Cohen pleaded guilty in 2018 to federal charges involving the hush money.Mr. Bragg’s case would likely center on how Mr. Trump and his family business, the Trump Organization, handled the reimbursement payments to Mr. Cohen.The company falsely recorded the payments in internal records as legal expenses, according to court papers in Mr. Cohen’s federal case. The Trump Organization’s records also cited a phony retainer agreement with Mr. Cohen, who was a lawyer but had no such agreement with the Trumps.In New York, it can be a crime to falsify business records, but to make it a felony, prosecutors would need show that Mr. Trump’s “intent to defraud” included an effort to commit or conceal a second crime.While it is unclear what that second crime might be in this case, it is possible that Mr. Bragg will cite a violation of state election law. Like the federal prosecutors who charged Mr. Cohen, Mr. Bragg’s prosecutors could argue that the payment to Ms. Daniels was an illicit contribution to Mr. Trump’s campaign, given that the money silenced Ms. Daniels, which helped his candidacy.A conviction is not a sure thing. An attempt to combine the false records charge with the election violation would be based on a legal theory that has not been evaluated by judges, raising the possibility that a court could throw out or limit the charges. But if a case does go to trial, the circumstances of the hush money payment — a president essentially paying off a porn star — could appeal to a jury.At trial, Mr. Trump’s lawyers are likely to attack Mr. Cohen’s credibility, noting that he pleaded guilty not only to the hush money but also to accusations that he lied to Congress about a potential Trump hotel deal in Moscow.Prosecutors could respond that Mr. Cohen was lying for Mr. Trump, and that in recent years his story about the hush money has been consistent. Mr. Cohen, for example, has long said that Mr. Trump directed him to pay Ms. Daniels, an accusation that was supported by federal prosecutors in the case against Mr. Cohen.And when Mr. Cohen was asked during congressional testimony why Mr. Trump’s company spread out the reimbursements over many months, he explained, “That was in order to hide what the payment was,” adding that it was done “so that it would look like a retainer.”Asked whether Mr. Trump knew, Mr. Cohen replied, “Oh, he knew about everything, yes.” On Monday, Mr. Cohen said he was not testifying to exact “revenge” on Mr. Trump.“This is all about accountability,” he said. “He needs to be held accountable for his dirty deeds.”Sean Piccoli More

  • in

    Michael Cohen to Testify at Grand Jury as Likely Trump Indictment Looms

    Mr. Cohen, Donald J. Trump’s former fixer, is the key witness in a case built around a hush money payment to Stormy Daniels.Michael D. Cohen, the former fixer who for years did Donald J. Trump’s dirty work, is expected to testify before a Manhattan grand jury next week, a sign that prosecutors are poised to indict the former president for his role in paying hush money to a porn star, according to people with knowledge of the matter.The Manhattan district attorney’s office has already questioned at least seven other people before the grand jury hearing evidence about the hush money deal, according to several other people with knowledge of the inquiry, potentially making Mr. Cohen the last witness.Once he has testified, nearly every crucial player in the hush money matter will have appeared before the grand jury — with the exception of the porn star herself, Stormy Daniels, who may not be called to testify.It would be highly unusual for a prosecutor in a high-profile white-collar case to go through a weekslong presentation of evidence — and question nearly every relevant witness — without intending to seek an indictment.Mr. Cohen’s testimony is the second strong indication that the district attorney, Alvin L. Bragg, will ask the grand jury to indict the former president, possibly as soon as this month. The first came when Mr. Bragg’s prosecutors informed Mr. Trump’s lawyers that if he wanted to testify before the grand jury, he could do so next week, people with knowledge of the matter said. Such offers almost always indicate an indictment is close.In New York, potential defendants have the right to answer questions in the grand jury shortly before they are indicted, but they rarely testify, and Mr. Trump is likely to decline the offer.A spokeswoman for the district attorney’s office declined to comment. Reached for comment, Mr. Cohen’s lawyer, Lanny J. Davis, said that “I’m only allowed to say that we’re cooperating with the investigation.” He added, “We appreciate the professionalism of Mr. Bragg’s team.”Mr. Bragg’s investigation concerns a $130,000 payment that Mr. Cohen made in the final days of the 2016 presidential campaign to Ms. Daniels, who said she had an affair with Mr. Trump. After taking office, Mr. Trump reimbursed Mr. Cohen, who has long said that he was acting on his boss’s orders to silence Ms. Daniels.The prosecutors have zeroed in on whether Mr. Trump and his company falsified internal records to hide the reimbursement to Mr. Cohen — and Ms. Daniels’s story — from the voting public.Mr. Trump has consistently derided the investigation as a partisan “witch hunt” engineered by his political enemies and has called Mr. Bragg, a Democrat who is Black, “racist.”On Thursday, in a lengthy, unrestrained statement on Truth Social, Mr. Trump denied having an affair with Ms. Daniels and insulted her appearance while painting the investigation as part of a conspiracy to keep him from returning to the White House. He and his followers, he wrote, are “victims of this corrupt, depraved, and weaponized justice system.”Any case charging a former president would be unprecedented and, with Mr. Trump running for a third time, could roil the 2024 presidential primary campaign in ways that are hard to predict. Already, Mr. Bragg’s prosecutors have come closer to indicting Mr. Trump than any of the others who have pursued him over the years.Yet an indictment is not assured. Mr. Bragg could delay or opt against seeking charges, and Mr. Cohen’s testimony could influence that decision.Even if Mr. Trump is indicted, convicting him or sending him to prison is no sure bet, and bringing charges would represent a significant gamble for Mr. Bragg. The case against the former president hinges on a risky legal theory involving two different bodies of law, and if Mr. Trump were ultimately convicted, he would face a maximum sentence of four years, though prison time would not be mandatory.Mr. Trump’s lawyers will also undoubtedly take aim at the prosecution’s star witness, Mr. Cohen, who in 2018 pleaded guilty to federal charges related to the hush money as well as accusations that he lied to Congress about a potential Trump hotel deal in Moscow. The defense lawyers could use his guilty pleas as ammunition to attack his credibility as a witness and argue that he has an ax to grind against Mr. Trump.But prosecutors might counter that Mr. Cohen was convicted of lying on behalf of Mr. Trump and that he is best positioned to explain the former president’s involvement in the hush money saga to jurors. Mr. Cohen’s testimony could illuminate that sequence of events, providing prosecutors the firsthand account they would need to make a case against Mr. Trump. Mr. Cohen has also provided documents to prosecutors, the people familiar with the matter said.An appearance on the stand would not be his first test in a high-pressure setting: In February 2019, Mr. Cohen testified for hours in a public hearing held by the House Oversight Committee, brushing back repeated attacks from Mr. Trump’s Republican allies as he described how Mr. Trump makes his desires known.“He speaks in a code,” Mr. Cohen said during the hearing. “And I understand the code because I’ve been around him for a decade.”Mr. Cohen’s payout to Ms. Daniels came in October 2016, after Ms. Daniels’s representatives contacted the National Enquirer to offer exclusive rights to her story about an affair with Mr. Trump. David Pecker and Dylan Howard, two of the tabloid’s leaders, helped broker a deal between Mr. Cohen and Ms. Daniels’s lawyer, Keith Davidson.The day before Mr. Cohen wired the $130,000, he spoke by phone twice with Mr. Trump, according to records in the federal case. They spoke again the day after the payment.Mr. Trump repaid him in monthly installments over the course of the following year. While president, he personally signed several of the checks.In Mr. Cohen’s federal case, prosecutors said that Mr. Trump’s company, the Trump Organization, “falsely accounted” for the reimbursement payments as legal expenses and that company records cited a phony retainer agreement with Mr. Cohen. Mr. Cohen was a lawyer, but there was no such retainer agreement and the reimbursement was unrelated to any legal services.When Mr. Cohen was asked during congressional testimony why Mr. Trump’s company spread out the reimbursements over many months, he explained, “That was in order to hide what the payment was,” adding that it was done “so that it would look like a retainer.” Asked whether Mr. Trump knew, Mr. Cohen replied, “Oh, he knew about everything, yes.”Now, those false reimbursement records are at the heart of the potential criminal case against Mr. Trump.In New York, it can be a crime to falsify business records, but it amounts to a misdemeanor. To elevate it to a felony, prosecutors would need show that Mr. Trump’s “intent to defraud” included an intent to commit or conceal a second crime.Alvin L. Bragg, who was criticized for calling off an earlier grand jury presentation, would be the first American prosecutor to indict a former president.Sarah Blesener for The New York TimesIn this case, that second crime could be a violation of election law. Like the federal prosecutors who charged Mr. Cohen, Mr. Bragg’s prosecutors will likely argue that the payment to Ms. Daniels was an illegal contribution to Mr. Trump’s campaign, given that the money silenced the porn star and, thus, benefited his candidacy.Combining the false records charge with the election violation would constitute a novel legal theory, raising the possibility that a judge or appellate court could throw out the case. Mr. Cohen for years has pointed the finger at Mr. Trump, saying that his boss directed him to pay Ms. Daniels, an accusation that was supported by federal prosecutors in the case against Mr. Cohen.But Mr. Bragg’s prosecutors may have to rely on Mr. Cohen in linking Mr. Trump to the false reimbursement records. Mr. Cohen wrote in his memoir that he worked out the monthly repayment plan after the election with Mr. Trump and the Trump Organization’s longtime chief financial officer, Allen H. Weisselberg.Mr. Weisselberg is not expected to testify before the grand jury; he is serving a sentence in the Rikers Island jail complex after pleading guilty to unrelated tax fraud charges in a case that also led to the Trump Organization’s conviction last year.Since Mr. Bragg impaneled the grand jury in January, it has heard testimony from Mr. Pecker, Mr. Howard and Mr. Davidson. The jurors have also heard testimony from two employees of the Trump Organization, as well as Kellyanne Conway, who managed the final months of Mr. Trump’s 2016 campaign.This is not the first Manhattan grand jury to hear evidence about Mr. Trump. Before leaving office at the end of 2021, Mr. Bragg’s predecessor, Cyrus R. Vance Jr., had directed prosecutors to begin presenting evidence to an earlier grand jury. But after taking office last year, Mr. Bragg and some of his prosecutors grew concerned about the strength of that case, which was focused on the former president’s business practices. He halted the presentation, prompting two senior prosecutors leading the investigation to resign.That portion of the investigation is continuing, people with knowledge of the matter said.But over the past several months, Mr. Bragg has focused on the hush money, the initial impetus for the investigation when it opened in 2018.Mr. Cohen has faithfully tracked his meetings with the district attorney’s office over the years, and on Tuesday noted that he had met with prosecutors to discuss Mr. Trump 19 times to date.“He needs to be held accountable if in fact there’s something that he did wrong,” Mr. Cohen said outside the district attorney’s office on one of his final visits.Kate Christobek More

  • in

    What We Know About the Potential Indictment of Donald Trump

    A case against the former president — who is also a current presidential candidate — poses challenges for prosecutors. Here’s why.The revelation that the Manhattan district attorney’s office has indicated to Donald J. Trump’s lawyers that he could soon face criminal charges marked a major development in an inquiry that has loomed over the former president for nearly five years.It also raised a number of questions about the contours of the potential case against Mr. Trump, who could become the first former American president to be indicted.Alvin L. Bragg, the district attorney, is focused on Mr. Trump’s involvement in the payment of hush money to a porn star who said she had an affair with him. Michael D. Cohen, Mr. Trump’s fixer at the time, made the payment during the final days of the 2016 presidential campaign.While the facts are dramatic, the case against Mr. Trump would likely hinge on a complex interplay of laws. And a conviction is far from assured.Here’s what we know, and don’t know, about the longest running investigation into Mr. Trump:How did this all begin?Stormy Daniels during an event at a Washington, D.C. bookstore in December 2018.T.J. Kirkpatrick for The New York TimesIn October 2016, during the final weeks of the presidential campaign, the porn star Stormy Daniels was trying to sell her story of an affair with Mr. Trump.At first, Ms. Daniels’s representatives contacted the National Enquirer to offer exclusive rights to her story. David Pecker, the tabloid’s publisher and a longtime ally of Mr. Trump, had agreed to look out for potentially damaging stories about him during the 2016 campaign, and at one point even agreed to buy the story of another woman’s affair with Mr. Trump and never publish it, a practice known as “catch and kill.”But Mr. Pecker didn’t purchase Ms. Daniels’s story. Instead, he and the tabloid’s top editor, Dylan Howard, helped broker a separate deal between Mr. Cohen and Ms. Daniels’s lawyer.Mr. Cohen paid $130,000, and Mr. Trump later reimbursed him from the White House.In 2018, Mr. Cohen pleaded guilty to a number of charges, including federal campaign finance crimes involving the hush money. The payment, federal prosecutors concluded, amounted to an improper donation to Mr. Trump’s campaign.In the days after Mr. Cohen’s guilty plea, the district attorney’s office opened its own criminal investigation into the matter. While the federal prosecutors were focused on Mr. Cohen, the district attorney’s inquiry would center on Mr. Trump.So what did Mr. Trump possibly do wrong?Michael Cohen visited the Manhattan district attorney’s office for an interview on Tuesday.Jefferson Siegel for The New York TimesWhen pleading guilty in federal court, Mr. Cohen pointed the finger at his boss. It was Mr. Trump, he said, who directed him to pay off Ms. Daniels, a contention that prosecutors later corroborated.The prosecutors also raised questions about Mr. Trump’s monthly reimbursement checks to Mr. Cohen. They said in court papers that Mr. Trump’s company “falsely accounted” for the monthly payments as legal expenses and that company records cited a retainer agreement with Mr. Cohen. Although Mr. Cohen was a lawyer, and became Mr. Trump’s personal attorney after he took office, there was no such retainer agreement and the reimbursement was unrelated to any legal services Mr. Cohen performed.Mr. Cohen has said that Mr. Trump knew about the phony retainer agreement, an accusation that could form the basis of the case against the former president.In New York, falsifying business records can amount to a crime, albeit a misdemeanor. To elevate the crime to a felony charge, Mr. Bragg’s prosecutors must show that Mr. Trump’s “intent to defraud” included an intent to commit or conceal a second crime.In this case, that second crime could be a violation of New York State election law. While hush money is not inherently illegal, the prosecutors could argue that the $130,000 payout effectively became an improper donation to Mr. Trump’s campaign, under the theory that it benefited his candidacy because it silenced Ms. Daniels.Will it be a tough case to prove?Even if Mr. Trump is indicted, convicting him or sending him to prison will be challenging. For one thing, Mr. Trump’s lawyers are sure to attack Mr. Cohen’s credibility by citing his criminal record.The case against the former president also likely hinges on an untested and therefore risky legal theory involving a complex interplay of laws.Combining the falsifying business records charge with a violation of state election law would be a novel legal theory for any criminal case, let alone one against the former president, raising the possibility that a judge or appellate court could throw it out or reduce the felony charge to a misdemeanor.And even if the felony charge remains, it amounts to a low-level felony. If Mr. Trump were ultimately convicted, he would face a maximum sentence of four years, though prison time would not be mandatory.How did prosecutors convey that charges are likely?Prosecutors in the district attorney’s office recently signaled to Mr. Trump’s lawyers that he could face criminal charges.They did this by offering Mr. Trump the chance to testify next week before the grand jury that has been hearing evidence in the potential case, people with knowledge of the matter said. Such offers almost always indicate an indictment is close; it would be unusual for prosecutors to notify a potential defendant without ultimately seeking charges against him.In New York, potential defendants have the right to answer questions in the grand jury before they are indicted, but they rarely testify, and Mr. Trump is likely to decline the offer.Will Mr. Trump definitely be indicted?It is still possible that Mr. Trump will not face charges. Mr. Trump’s lawyers could meet privately with the prosecutors in hopes of fending off criminal charges.And although Mr. Bragg’s prosecutors have already questioned at least six other people before the grand jury, they have not completed their presentation of evidence. Mr. Cohen, for example, has yet to appear before the panel.The prosecutors will then need to present the charges to the grand jurors, who will vote on an indictment.Until then, Mr. Bragg could decide to pump the brakes. As of now, however, that seems unlikely.What has Mr. Trump said in his defense?Mr. Trump has referred to the investigation as a “witch hunt” against him that began before he became president, and has called Mr. Bragg, who is Black and a Democrat, a “racist” who is motivated by politics.In a statement released Thursday night on Mr. Trump’s social network, Truth Social, he reiterated those claims, and denied he had ever had an affair with Ms. Daniels. He noted that prosecutors from various offices — including Mr. Bragg’s predecessor — had investigated the matter and had never before charged him with a crime.He wrote that the potential indictment was an attempt to thwart his presidential campaign.“They cannot win at the voter booth, so they have to go to a tool that has never been used in such a way in our country, weaponized law enforcement,” Mr. Trump wrote. Former Justice Department officials have accused Mr. Trump of ordering them to act in ways that aided him politically when he was in office. More