More stories

  • in

    Verificación de la defensa de Trump en el caso de los documentos clasificados

    El expresidente hizo comparaciones inexactas con otros políticos, tergiversó el proceso de clasificación y lanzó ataques con imprecisiones contra funcionarios.Horas después de declararse no culpable ante un tribunal federal en Miami por los cargos relacionados con su manejo de documentos clasificados, el expresidente Donald Trump defendió su conducta el 13 de junio con una serie de falsedades ya conocidas.En su club de golf en Bedminster, Nueva Jersey, Trump hizo comparaciones engañosas con otros personajes políticos, malinterpretó el proceso de clasificación y lanzó ataques con imprecisiones contra funcionarios.Aquí ofrecemos una verificación de datos de los argumentos de Trump sobre la investigación.Lo que dijo Trump“Amenazarme con 400 años en la cárcel por tener en mi poder mis propios documentos presidenciales, que es lo que prácticamente todos los presidentes han hecho, es una de las teorías legales más ofensivas y agresivas presentadas en la historia ante un tribunal estadounidense”.Falso. La Ley de Registros Presidenciales de 1978, que rige la conservación y retención de registros oficiales de los expresidentes, le da a la Administración Nacional de Archivos y Registros (NARA, por su sigla en inglés) total propiedad y control sobre los registros presidenciales. La legislación, que hace una distinción clara entre registros oficiales y documentos personales, se ha aplicado a todos los presidentes desde Ronald Reagan.La agencia señaló que “asumió la custodia física y legal de los registros presidenciales de las gestiones de Barack Obama, George W. Bush, Bill Clinton, George H. W. Bush y Ronald Reagan cuando esos presidentes abandonaron el cargo”.De manera independiente, después de que Trump en repetidas ocasiones y engañosamente comparó su manejo de registros con el de su predecesor inmediato, la Administración Nacional de Archivos indicó en un comunicado que Barack Obama entregó sus documentos, tanto los clasificados como los que no lo estaban, de conformidad con la ley. La agencia también afirmó no estar al tanto de que se haya perdido alguna caja de registros presidenciales del gobierno de Obama.Lo que dijo Trump“El presidente toma la decisión de separar materiales personales de los registros presidenciales durante su mandato, y bajo su entera discreción”.Falso. La Ley de Registros Presidenciales distingue qué constituye material personal (como diarios o documentos de campañas políticas) y qué se clasifica como registros oficiales. No le da al presidente “discrecionalidad” para determinar qué es un registro personal y qué no lo es. Según la ley, el presidente saliente debe separar los documentos personales de los registros oficiales antes de abandonar el cargo.Agentes del FBI realizaron una búsqueda en el inmueble de Mar-a-Lago de Trump en agosto, más de un año después de que el abogado general de la NARA solicitó que se recuperaran materiales y tras meses de reiteradas consultas de funcionarios de la agencia y el Departamento de Justicia.Lo que dijo Trump“Se suponía que debía negociar con la NARA, que es exactamente lo que estaba haciendo hasta la redada en Mar-a-Lago organizada por agentes armados del FBI”.Falso. La Ley de Registros Presidenciales no establece un proceso de negociación entre el presidente y la NARA. La búsqueda realizada en la residencia de Trump en Florida, autorizada por los tribunales, ocurrió después de que se opuso en repetidas ocasiones a responder a las solicitudes del gobierno para que devolviera el material, incluso después de recibir una citación.Lo que dijo Trump“Biden envió 1850 cajas a la Universidad de Delaware, lo que dificultó la búsqueda, independientemente de quién la realizara. Se niega a entregarlas y se niega a permitir siquiera que alguien las vea, y luego dicen que se comporta con gran amabilidad”.Esta afirmación es engañosa. En 2012, Joe Biden le donó a la Universidad de Delaware 1850 cajas de documentos de la época en que fungió como senador del estado desde 1973 hasta 2009. A diferencia de los documentos presidenciales, que deben entregarse a la NARA al término del mandato del presidente, los documentos de los miembros del Congreso no están cubiertos por la Ley de Registros Presidenciales. Es común que los senadores y representantes les donen esos artículos a universidades, institutos de investigación o instalaciones históricas.La Universidad de Delaware convino en no darle acceso al público a los documentos de la época de Biden como senador hasta dos años después de su retiro de la vida pública. Pero el FBI sí revisó la colección en febrero como parte de una investigación independiente sobre el manejo de Biden de los documentos de gobierno y en colaboración con su equipo legal. The New York Times informó, en su momento, que continuaba el análisis del material y que todo parecía indicar que no contenía documentos clasificados.Lo que dijo Trump“Cuando la descubrieron, Hillary borró y ‘lavó con ácido’. Nadie hace eso, por los costos involucrados, pero es muy concluyente. Treinta y tres mil correos electrónicos en desafío a una citación del Congreso que ya se había emitido. La citación estaba ahí y ella decidió borrar, lavar con ácido y luego aplastar y destruir sus teléfonos celulares con un martillo. Y luego dicen que yo participé en una obstrucción”.Este es un argumento engañoso. Existen varias diferencias clave entre el caso de Trump y el uso por parte de Hillary Clinton de un servidor de correo electrónico privado cuando era secretaria de Estado, que Trump también describió de manera imprecisa.Una diferencia crucial es que varias investigaciones oficiales han concluido que Clinton no manejó indebidamente material clasificado de manera sistemática o deliberada, además de que un informe preparado en 2018 por el inspector general respaldó la decisión del FBI de no presentar cargos contra Clinton.En cambio, a Trump se le acusa de haber manejado indebidamente documentos clasificados y obstruir varias acciones del gobierno con el propósito de recuperarlos, así como de hacer declaraciones falsas ante algunos funcionarios. La acusación formal permitió tener acceso la semana pasada a fotografías de documentos guardados, en algunos casos, de manera veleidosa, como cajas apiladas en una regadera y otras en el escenario de un salón de baile frecuentado por visitantes.Según la investigación del FBI sobre el asunto, los abogados de Clinton le proporcionaron al Departamento de Estado en 2014 alrededor de 30.000 correos electrónicos relacionados con el trabajo y le ordenaron a un empleado que borrara todos los correos electrónicos personales de más de 60 días de antigüedad. En 2015, después de que el Times dio la noticia de que Clinton había usado una cuenta personal de correo electrónico, el comité de la Cámara de Representantes liderado por republicanos que estaba a cargo de la investigación de los ataques de 2012 contra puestos de avanzada estadounidenses en Bengasi, Libia, envió una citación en la que solicitaba todos los correos electrónicos de esa cuenta relacionados con Libia.Ese mismo mes, un empleado de la empresa que administraba el servidor de Clinton se percató de que en realidad no había borrado los correos electrónicos personales como se le pidió en 2014. Entonces procedió a aplicar un programa de software gratuito llamado BleachBit —no ácido real ni ningún otro compuesto químico— para borrar alrededor de 30.000 correos electrónicos personales.El FBI encontró miles de correos electrónicos adicionales relacionados con el trabajo que Clinton no le entregó al Departamento de Estado, pero James Comey, quien era director de la agencia en ese momento, declaró que no había “evidencia de que los correos electrónicos adicionales relacionados con el trabajo se hubieran borrado intencionalmente con el fin de ocultarlos”.Lo más seguro es que Clinton esté en desacuerdo con la aseveración de Trump de que el FBI y el Departamento de Justicia la “protegieron”, pues ha dicho que las acciones de Comey, junto con la interferencia rusa, le costaron las elecciones de 2016.Lo que dijo Trump“Por supuesto que exoneró a Mike Pence. Me da gusto. Mike no hizo nada malo, aunque tenía documentos clasificados en su casa. Pero lo exoneraron. Y el caso de Biden es otra cosa”.Esta afirmación es engañosa. Se encontraron documentos clasificados tanto en la casa del exvicepresidente Mike Pence en Indiana, en enero, como en la antigua oficina de Biden en un centro de investigación en Washington en noviembre y en su residencia de Delaware en enero. El Departamento de Justicia decidió no presentar cargos contra Pence; en cuanto a Biden, la investigación sobre su manejo de materiales está en proceso.Pero las diferencias entre esos casos y el de Trump son significativas, en particular en lo que respecta al volumen de documentos encontrados y la respuesta de Biden y de Pence.En la casa de Pence se encontró aproximadamente una decena de documentos marcados como clasificados. El FBI inspeccionó su casa en febrero, con su consentimiento, y encontró un documento clasificado más. No está claro cuántos documentos clasificados tenía en su posesión Biden, pero sus abogados han dicho que se encontró “un pequeño número” en su antigua oficina y alrededor de media docena en su casa de Delaware.En contraste, Trump tenía “cientos” de documentos clasificados, según la acusación formal del Departamento de Justicia, en la que se indica que algunos de los registros contenían información sobre los programas nucleares del país y “posibles vulnerabilidades de Estados Unidos y sus aliados a ataques militares”. En total, el gobierno ha recuperado más de 300 archivos con marcas de clasificado de su casa y su club privado de Florida.Otra diferencia es que representantes de Pence y Biden han dicho que no se percataron de que habían conservado esos documentos y no tardaron en informar a la NARA cuando lo descubrieron. Además, ambos cooperaron con funcionarios del gobierno para devolver los documentos y, al parecer, cumplieron voluntariamente con la realización de búsquedas en sus propiedades.En contraste, Trump se opuso en repetidas ocasiones, durante meses, a las solicitudes de devolver materiales y, según se lee en la acusación formal, desempeñó un papel activo para ocultarles a los investigadores documentos clasificados. La NARA le informó a Trump en mayo de 2021 que faltaban ciertos documentos presidenciales. Algunos agentes recuperaron 15 cajas de Mar-a-Lago en enero de 2022, pero sospechaban que todavía faltaban registros. Siete meses después, agentes del FBI registraron el inmueble de Florida y recuperaron más documentos.Lo que dijo Trump“A diferencia de mí, que contaba con total autoridad de desclasificación en mi carácter de presidente, Joe Biden, quien era vicepresidente, no tenía facultades para desclasificar y tampoco el derecho de tener en su posesión los documentos. No tenía ese derecho”.Esta afirmación es engañosa. Los vicepresidentes sí cuentan con facultades para desclasificar ciertos materiales, aunque el alcance de esas facultades no se ha cuestionado explícitamente ante los tribunales.Trump ha insistido en otras ocasiones en que contaba con facultades para desclasificar materiales sin necesidad de informarle a nadie. Existen procedimientos formales para levantar el secreto oficial de la información, pero el debate legal sobre si los presidentes deben cumplirlos no se ha resuelto, según el Colegio de Abogados de Estados Unidos y el Servicio de Investigación del Congreso, un organismo sin afiliación partidista. Un tribunal federal de apelaciones decidió en 2020 que “levantar el secreto oficial de materiales, incluso si lo hace el presidente, debe someterse a procedimientos establecidos”. No obstante, la Corte Suprema no ha emitido ningún fallo al respecto.De cualquier forma, cabe señalar que Trump siguió estos procedimientos con respecto a algunos documentos; por ejemplo, emitió un memorando el día previo al final de su mandato con el que desclasificó información relativa a la investigación del FBI sobre las relaciones de su campaña de 2016 con Rusia.Por otra parte, expertos legales han señalado que la clasificación de información sobre armas nucleares o “datos restringidos” se rige conforme a un marco legal totalmente distinto, la Ley de Energía Atómica. Esa ley no le otorga facultades explícitas al presidente para tomar la decisión unilateral de desclasificar secretos nucleares y establece un proceso estricto de desclasificación en el que participan varias agencias. No está claro si los documentos guardados en Mar-a-Lago incluían “datos restringidos”.Chris Cameron More

  • in

    Fact Check: Trump’s Misleading Defenses in Classified Documents Case

    The former president drew misleading comparisons to others, misconstrued the classification process and leveled inaccurate attacks at officials.Hours after pleading not guilty in a federal court in Miami to charges related to his handling of classified documents, former President Donald J. Trump defended his conduct on Tuesday with a string of familiar falsehoods.Appearing at his golf club in Bedminster, N.J., Mr. Trump drew misleading comparisons to other political figures, misconstrued the classification process and leveled inaccurate attacks at officials.Here’s a fact check of claims Mr. Trump made related to the inquiry.What Mr. Trump Said“Threatening me with 400 years in prison for possessing my own presidential papers, which just about every other president has done, is one of the most outrageous and vicious legal theories ever put forward in an American court of law.”False. The Presidential Records Act of 1978 governs the preservation and retention of official records of former presidents, and gives the National Archives and Records Administration complete ownership and control of presidential records. The law makes a distinction between official records and personal documents, and has applied to every president since Ronald Reagan.The agency has said that “it assumed physical and legal custody of the presidential records from the administrations of Barack Obama, George W. Bush, Bill Clinton, George H.W. Bush and Ronald Reagan, when those presidents left office.”Separately, after Mr. Trump repeatedly and misleadingly compared his handling of records to that of his immediate predecessor, the National Archives said in a statement that former President Barack Obama turned over his documents, classified and unclassified, as required by law. The agency has also said it is not aware of any missing boxes of presidential records from the Obama administration.What Mr. Trump Said“The decision to segregate personal materials from presidential records is made by the president during the president’s term and in the president’s sole discretion.”False. The Presidential Records Act defines what constitutes personal materials — such as diaries or political campaign documents — from official records. It does not give the president “sole discretion” in determining what is and is not a personal record. Under the law, a departing president is required to separate personal documents from official records before leaving office.F.B.I. agents searched Mr. Trump’s Mar-a-Lago estate in August, more than a year after the general counsel of the National Archives requested the recovery of the materials and after months of repeated inquiries from officials at the agency and at the Justice Department.What Mr. Trump Said“I was supposed to negotiate with NARA, which is exactly what I was doing until Mar-a-Lago was raided by gun-toting F.B.I. agents.”False. The Presidential Records Act does not establish a process of negotiation between the president and the archives. The court-approved search of Mr. Trump’s Florida residence unfolded after he repeatedly resisted the government’s requests that he return the material, even after being subpoenaed.What Mr. Trump Said“Biden sent 1,850 boxes to the University of Delaware, making the search very, very difficult for anybody. And he refuses to give them up and he refuses to let people even look at them, and then they say how he’s behaving so nicely.”This is misleading. Joseph R. Biden Jr. donated 1,850 boxes of documents to the University of Delaware in 2012 from his tenure as a senator representing the state from 1973 to 2009. Unlike presidential documents, which must be released to the archives once a president leaves office, documents from members of Congress are not covered by the Presidential Records Act. It is not uncommon for senators and representatives to give such items to colleges, research institutions or historical facilities.The University of Delaware agreed not to give the public access to Mr. Biden’s documents from his time as senator until two years after he retired from public life. But the F.B.I. did search the collection in February as part of a separate special counsel investigation into Mr. Biden’s handling of government documents and in cooperation with his legal team. The New York Times reported at the time that the material was still being analyzed but did not appear to contain any classified documents.What Mr. Trump Said“When caught, Hillary then deleted and acid-washed. Nobody does that because of the expense, but it’s pretty conclusive. Thirty-three thousand emails in defiance of a congressional subpoena already launched. The subpoena was there and she decided to delete, acid-wash and then smash and destroy her cellphones with a hammer. And then they say I participated in obstruction.”This is misleading. There are several key differences between Mr. Trump’s case and Hillary Clinton’s use of a private email server while she was secretary of state — which Mr. Trump also described inaccurately.Crucially, several official investigations have concluded that Mrs. Clinton did not systematically or deliberately mishandle classified material, and a 2018 inspector general report supported the F.B.I.’s decision not to charge Mrs. Clinton.In contrast, Mr. Trump is accused of mishandling classified documents and obstructing the government’s repeated efforts to recover them and making false statements to officials. The indictment unsealed last week featured photographs of documents stored in sometimes haphazard ways, including boxes stacked in a shower and others piled on the stage of a ballroom that guests frequented.According to the F.B.I.’s inquiry into the matter, Mrs. Clinton’s lawyers provided about 30,000 work-related emails to the State Department in 2014 and instructed an employee to remove all personal emails older than 60 days. In 2015, after The Times reported Mrs. Clinton’s use of a personal email account, a Republican-led House committee investigating the 2012 attacks on American outposts in Benghazi, Libya, sent a subpoena requesting all emails she had in that account related to Libya.That same month, an employee working for the company that managed Mrs. Clinton’s server realized he did not actually delete the personal emails as instructed in 2014. He then used a free software program called BleachBit — not actual acid or chemical compounds — to delete about 30,000 personal emails.The F.B.I. found thousands of additional work-related emails that Mrs. Clinton did not turn over to the State Department, but the director of the bureau at the time, James B. Comey, said it found “no evidence that any of the additional work-related emails were intentionally deleted in an effort to conceal them.”Mrs. Clinton would almost certainly disagree with Mr. Trump’s assertion that the F.B.I. and the Justice Department “protected” her, and has said that Mr. Comey’s actions as well as Russian interference cost her the 2016 election.What Mr. Trump Said“He totally exonerated Mike Pence. I’m happy about that. Mike did nothing wrong, but he happened to have classified documents in his house. But they exonerated him. And Biden is a different story.”This is misleading. Classified documents were found at former Vice President Mike Pence’s home in Indiana in January and President Biden’s former office at a Washington think tank in November and his Delaware residence in January. The Justice Department declined to pursue charges against Mr. Pence, and the investigation into Mr. Biden’s handling of materials is continuing.But those cases differ in several significant ways from Mr. Trump’s, particularly in the volume of documents found and in Mr. Pence’s and Mr. Biden’s response.About a dozen documents with classified markings were found at Mr. Pence’s home. The F.B.I. searched his home in February with his agreement and found one additional classified document. It is unclear how many classified documents were found in Mr. Biden’s possession, but his lawyers have said “a small number” were discovered at his former office and about a half-dozen at his Delaware home.In contrast, Mr. Trump stored “hundreds” of classified documents, according to the Justice Department’s indictment, which said some records included information about the country’s nuclear programs as well as “potential vulnerabilities of the United States and its allies to military attack.” In total, the government has retrieved more than 300 files with classified markings from his Florida home and private club.Representatives for Mr. Pence and Mr. Biden have said that they inadvertently kept those documents and quickly alerted the National Archives once they were discovered. Both men also cooperated with government officials in turning over the documents and appeared to have voluntarily complied with searches of their properties.In contrast, Mr. Trump repeatedly defied requests to return materials for months and, according to the indictment, played an active role in concealing classified documents from investigators. The archives alerted Mr. Trump in May 2021 that presidential documents were missing. Officials retrieved 15 boxes from Mar-a-Lago in January 2022 but suspected that other records remained missing. Seven months later, F.B.I. agents searched the Florida property and recovered additional documents.What Mr. Trump Said“Unlike me, who had absolute declassification authority as president, Joe Biden as vice president had no authority to declassify and no right to possess the documents. He had no right.”This is misleading. Vice presidents do have the power to declassify certain material, though the scope of their declassification powers has not been explicitly tested in courts.Mr. Trump has previously insisted that he had the power to declassify material without needing to inform anyone. There are formal procedures for declassifying information, but whether presidents must abide by them is an unsettled legal issue, according to the nonpartisan Congressional Research Service and the American Bar Association. A federal appeals court ruled in 2020 that “declassification, even by the president, must follow established procedures.” But the Supreme Court has yet to weigh in on the matter.It is worth noting, though, that Mr. Trump followed these procedures for certain documents, like issuing a memorandum on the day before leaving office declassifying information related to the F.B.I. investigation into his 2016 campaign’s ties to Russia.Separately, legal experts have noted that the classification of information related to nuclear weapons or “restricted data” is governed by a separate legal framework entirely, the Atomic Energy Act. That law does not explicitly give the president the authority to declassify nuclear secrets unilaterally and establishes a strict process for declassification that involves several agencies. It is unclear whether documents stored at Mar-a-Lago included “restricted data.”Chris Cameron More

  • in

    Barr and Durham Made a Mockery of the Rules I Wrote

    The recent revelations about Special Counsel John H. Durham’s investigation of the origins of Robert Mueller’s Russia inquiry paint a bleak picture — one that’s thoroughly at odds with governing law. Those rules, called the Special Counsel Regulations, contemplate someone independent of the attorney general who can reassure the public that justice is being done.I drafted those guidelines as a young Justice Department official, and there is zero chance that anyone involved in the process, as it was reported on by The New York Times, would think that former Attorney General William Barr or Mr. Durham acted appropriately.According to the report, Mr. Barr granted Mr. Durham special counsel status to dig into a theory that the Russia investigation likely emerged from a conspiracy by intelligence or law enforcement agencies. That investigation took almost four years (longer than Mr. Mueller’s inquiry) and appears to be ending soon without any hint of a deep state plot against Mr. Trump.Furthermore, the reporting suggests that the Durham inquiry suffered from internal dissent and ethical disputes as it lurched from one unsuccessful path to another, even as Americans heard a misleading narrative of its progress.But now Merrick Garland, not Mr. Barr, is the attorney general, and the regulations give him the power to require Mr. Durham to explain himself — and to discipline and fire Mr. Durham if the explanation is not adequate. Right now, there are a plethora of investigations in Washington — in addition to Mr. Durham’s, two special counsels are looking into presidential handling of classified documents, the new Republican House of Representatives has created a “weaponization” of government committee and the new House Oversight Committee is ramping up as well.At this moment, it is critical for Mr. Garland to use the supervisory powers under the Special Counsel Regulations that govern Mr. Durham to remind Americans of what actual justice, and independent investigations and decision making, look like.The special counsel regulations say that a special counsel must have “a reputation for integrity and impartial decisionmaking” and that, once appointed, the counsel “shall not be subject to the day-to-day supervision” of the attorney general or any other Justice Department official.The point of the regulations was to create a strong degree of independence, especially in highly fraught political investigations where the attorney general’s status as a presidential appointee might cause the public to question the appearance of partiality. The appointment of Robert Hur, a former Trump-appointed U.S. attorney, to examine President Biden’s handling of classified documents is a perfect illustration. The special counsel is supposed to be someone who cannot be reasonably accused of laundering an attorney general’s dirty work.In light of the new reporting, it is hard to view Mr. Durham as anything else. Indeed, no one involved in developing these regulations thought that a prosecutor who has regular scotch-sipping sessions with the attorney general would ever be remotely fit for the job. Yet that was the relationship reportedly developed by Mr. Durham and Mr. Barr, who jetted off to Italy as a team, where they learned of a lead about President Trump and potential criminal acts. Mr. Barr gave that investigation, too, to Mr. Durham, where it appears to have died.The regulations were set up to avoid a headless fourth branch of government, and so gave the attorney general the power to discipline or fire a special counsel. The Justice Department inspector general, too, should immediately begin an investigation, as members of Congress have recently requested.The regulations also require Mr. Durham to write a final report outlining his actions. Mr. Garland should call for that report immediately, and if Mr. Durham claims he has some ongoing work to do, he should be told to submit an interim report for Mr. Garland.That report should go into detail about the Italy-focused investigation of Mr. Trump and what the investigators found. And Mr. Garland should scrutinize that report closely, because it certainly appears that we can’t trust Mr. Durham’s prosecutorial judgment. Mr. Barr has said that the Italian tip “was not directly about Trump” and that it “turned out to be a complete nonissue,” but given his and Mr. Durham’s many failures and obfuscations, there is a need for more than Mr. Barr’s word.Remember, Mr. Durham tried to prosecute Michael Sussmann, a former lawyer for Hillary Clinton’s campaign, but the jury acquitted him. He then tried to prosecute Igor Danchenko about the Steele Dossier, but that prosecution led to an acquittal, too.As many lawyers will tell you, a federal prosecutor almost has to go out of his way to be 0-2 in federal jury trials. Mr. Durham managed to do it. (His only measly conviction was a minor plea for a low-level F.B.I. lawyer.) Still, Mr. Durham’s failures in court do not show a violation of the special counsel regulations. They just show bad judgment.Attorney General William Barr with Donald Trump in front of the Capitol building in 2019.Doug Mills/The New York TimesMr. Garland knows all this, so he should demand a report — though this would not be the sort of report that should be automatically made public. It may very well be that the investigation into Mr. Trump off the Italian lead fizzled because there was nothing to the allegations. If so, Mr. Garland can say that he is refusing to make the report public, but that he has looked into the matter and is satisfied by Mr. Durham’s resolution of it.That, too, is something the special counsel regulations contemplated — they were drafted after the Starr Report and its gratuitous tarnishing of individuals, and so they made clear the special counsel’s report need not be public. (More recently, James Comey tarnished Hillary Clinton in a similar way, underscoring the need for the Justice Department to speak through indictments, not public attacks.)Unfortunately, Mr. Durham and Mr. Barr allowed a misleading narrative to gain traction in public. When news organizations began to report in October 2019 that Mr. Durham’s investigation had morphed from an administrative inquiry into a criminal investigation, creating the misimpression that there might have been criminal wrongdoing by those involved in the Russia investigation, neither man corrected the narrative, even though the real investigation involved Mr. Trump.The Trump administration dealt an awful blow to the notion of a fair investigation. Mr. Trump’s playbook was to relentlessly attack the investigators. Yet foundational to our government is the notion that no one is above the law.Assuming the reporting is accurate, Mr. Barr and Mr. Durham behaved in a way that betrayed this bedrock principle. The question of who guards the guardians has plagued democracies since Juvenal. If Mr. Durham were not acting with the independence required for the position, it corrodes the rule of law and opens the door to the perception, if not the reality, of special treatment for the politically powerful.Mr. Garland has the power now to examine the accuracy of the reporting and to take the corrective action necessary to ensure that no adverse precedent is set for future investigations into high-level wrongdoing.Neal K. Katyal is a professor at Georgetown University Law Center and a co-author, with Sam Koppelman, of “Impeach: The Case Against Donald Trump.” He was an acting solicitor general in the Obama administration.The Times is committed to publishing a diversity of letters to the editor. We’d like to hear what you think about this or any of our articles. Here are some tips. And here’s our email: letters@nytimes.com.Follow The New York Times Opinion section on Facebook, Twitter (@NYTopinion) and Instagram. More

  • in

    With Trump, Merrick Garland Can’t Afford to Miss

    The two weeks since the F.B.I. descended on Mar-a-Lago have felt remarkably familiar. It’s not just that Donald Trump is dominating headlines once again; it’s that all the hits of 2017 and 2018 are being played again: legal experts cobbling together complex theories out of fragmentary information, exciting Twitter speculation about espionage and treason, a “this time we’ve got him” spirit unseen since the days of Bob Mueller devotional candles.The familiarity is useful; it means that we can look back and consider why they didn’t “get him” then, why Russiagate ended in a relative fizzle and sealed Republicans into a permanent suspicion of any investigation into Trumpian malfeasance.The Russia investigation was predicated — in the public eye and, at least in part, in its legal origins — on dire and dramatic scenarios: that Donald Trump had been cultivated as an agent of influence by Moscow, that there was a secret alliance between Trump’s inner circle and Russian intelligence, that the Trump campaign and the Russians had effectively collaborated in the hacking and dissemination of the Democratic National Committee’s emails. (And lordy, that maybe there was a pee tape.)None of these scenarios were proved by the investigation. As many Trump critics hastened to argue, the Mueller report did not exonerate the president or his campaign from wrongdoing. But the guilt established or suggested involved many things done in the clear light of day in an election that Trump won (encouraging Russian hackers and touting the information released), things attempted but never brought to fruition (some hapless, “Burn After Reading”-level attempts to connect with Russian dirt peddlers) and possible obstructions of justice in the course of the Mueller inquiry.Meanwhile, it also became clear that the investigation itself was guilty of process abuses, particularly in the way that the F.B.I. went about obtaining FISA warrants. And there was an obvious feedback loop between this investigative overreach and the overheated media coverage — the fact that law enforcement was unwisely using the infamous Steele dossier as a predicate encouraged journalists to amplify the dossier’s extreme scenarios, because after all, if the F.B.I. took them seriously, they must be very serious indeed.The endpoint of the investigation, then, reminded everyone that Trump is a self-interested intriguer surrounded by low-minded hacks. But it also made both the feds and the press look as if they had overreached in search of a Watergate ending. And for the partisan mind, the second part loomed inevitably larger, confirming Trump’s supporters in their belief that whatever sins their man might commit, the deep state was always out to get him.Now here we are again, and like the decisions of Mueller and James Comey before him, Merrick Garland’s choices turn on facts that the public can see only through a glass darkly. But I sincerely hope that the attorney general had the Russiagate experience in mind when he signed off on the search of Mar-a-Lago and that he considers how Mueller’s investigation finished as he considers his next move.The lesson to be drawn is emphatically not that Trump needs to be given permanent immunity because of a “don’t arrest ex-presidents” rule or out of fears that his supporters will take to the streets or launch lone-wolf attacks on the F.B.I.The lesson, rather, is that if the agents of the state come after Trump, and especially now when they come as representatives of an administration that might face him in the next election, they can’t afford to miss.Not only in the jury box but also in the court of public opinion, it needs to be clear, crystal clear, what separates any crimes he might be charged with from — for example — the perjury and obstruction of justice that didn’t send Bill Clinton to prison or the breach of intelligence protocols that Hillary Clinton wasn’t charged with. You don’t just need a plausible legal case that tests interesting questions about presidential declassification powers; you need an easy-to-explain slam-dunk.So if you have Trump taking design documents for nuclear weapons and shopping them to his pals in Saudi Arabia, congratulations — you got him; lock him up. If you have him taking boxes of notes from foreign leaders because he’s a childish egomaniac who thinks that he’s earned his White House souvenirs, well, then take the documents back, declare victory for the public interest and stop there. And if he took documents about the Russia investigation itself, of the sort that he wanted declassified during his presidency, well, tread carefully, lest you trap us all in an awful time loop where it’s forever 2017.It seems like a reasonable presumption that the documents in question are more serious than just some notes to Kim Jong-un but that the potential incrimination falls short of Trump literally selling secrets. But that’s a presumption, not a prediction. I’ve learned to be unsurprised by Trump’s folly and venality but also by his capacity to induce self-defeating blunders among people and institutions I would have considered relatively sensible before his ascent.So no predictions, just the warning: Don’t miss.The Times is committed to publishing a diversity of letters to the editor. We’d like to hear what you think about this or any of our articles. Here are some tips. And here’s our email: letters@nytimes.com.Follow The New York Times Opinion section on Facebook, Twitter (@NYTOpinion) and Instagram. More

  • in

    The Absurd Argument Against Making Trump Obey the Law

    This article has been updated to include new information about a man who attempted to breach an F.B.I. field office.It took many accidents, catastrophes, misjudgments and mistakes for Donald Trump to win the presidency in 2016. Two particularly important errors came from James Comey, then the head of the F.B.I., who was excessively worried about what Trump’s supporters would think of the resolution of the investigation into Hillary Clinton’s emails.First, in July 2016, Comey broke protocol to give a news conference in which he criticized Clinton even while announcing that she’d committed no crime. He reportedly did this because he wanted to protect the reputation of the F.B.I. from inevitable right-wing claims that the investigation had been shut down for political reasons.Then, on Oct. 28, just days before the election, Comey broke protocol again, telling Congress that the Clinton investigation had been reopened because of emails found on the laptop of the former congressman Anthony Weiner. The Justice Department generally discourages filing charges or taking “overt investigative steps” close to an election if they might influence the result. Comey disregarded this because, once again, he dreaded a right-wing freakout once news of the reopened investigation emerged.“The prospect of oversight hearings, led by restive Republicans investigating an F.B.I. ‘cover-up,’ made everyone uneasy,” The New Yorker reported. In Comey’s memoir, he admitted fearing that concealing the new stage of the investigation — which ended up yielding nothing — would make Clinton, who he assumed would win, seem “illegitimate.” (He didn’t, of course, feel similarly compelled to make public the investigation into Trump’s ties to Russia.)Comey’s attempts to pre-empt a conservative firestorm blew up in his face. He helped put Trump in the White House, where Trump did generational damage to the rule of law and led us to a place where prominent Republicans are calling for abolishing the F.B.I.This should be a lesson about the futility of shaping law enforcement decisions around the sensitivities of Trump’s base. Yet after the F.B.I. executed a search warrant at Trump’s beachfront estate this week, some intelligent people have questioned the wisdom of subjecting the former president to the normal operation of the law because of the effect it will have on his most febrile admirers.Andrew Yang, one of the founders of a new centrist third party, tweeted about the “millions of Americans who will see this as unjust persecution.” Damon Linker, usually one of the more sensible centrist thinkers, wrote, “Rather than healing the country’s civic wounds, the effort to punish Trump will only deepen them.”The Atlantic’s Tim Alberta described feeling “nauseous” watching coverage of the raid. “What we must acknowledge — even those of us who believe Trump has committed crimes, in some cases brazenly so, and deserves full prosecution under the law — is that bringing him to justice could have some awful consequences,” he wrote.In some sense, Alberta’s words are obviously true; Trumpists are already issuing death threats against the judge who signed off on the warrant, and a Shabbat service at his synagogue was reportedly canceled because of the security risk. On Thursday, an armed man tried to breach an F.B.I. field office in Ohio, and The New York Times reported that he appears to have attended a pro-Trump rally in Washington the night before the Jan. 6 attack on the Capitol. The former president relishes his ability to stir up a mob; it’s part of what makes him so dangerous.We already know, however, that the failure to bring Trump to justice — for his company’s alleged financial chicanery and his alleged sexual assault, for obstructing Robert Mueller’s special counsel investigation and turning the presidency into a squalid influence-peddling operation, for trying to steal an election and encouraging an insurrection — has been disastrous.What has strengthened Trump has not been prosecution but impunity, an impunity that some of those who stormed the Capitol thought, erroneously, applied to them as well. Trump’s mystique is built on his defiance of rules that bind everyone else. He is reportedly motivated to run for president again in part because the office will protect him from prosecution. If we don’t want the presidency to license crime sprees, we should allow presidents to be indicted, not accept some dubious norm that ex-presidents shouldn’t be.We do not know the scope of the investigation that led a judge to authorize the search of Mar-a-Lago, though it reportedly involves classified documents that Trump failed to turn over to the government even after being subpoenaed. More could be revealed soon: Attorney General Merrick Garland announced on Thursday that the Justice Department had filed a motion in court to unseal the search warrant.It should go without saying that Trump and his followers, who howled “Lock her up!” about Clinton, do not believe that it is wrong for the Justice Department to pursue a probe against a presidential contender over the improper handling of classified material. What they believe is that it is wrong to pursue a case against Trump, who bonds with his acolytes through a shared sense of aggrieved victimization.The question is how much deference the rest of us should give to this belief. No doubt, Trump’s most inflamed fans might act out in horrifying ways; many are heavily armed and speak lustily about civil war. To let this dictate the workings of justice is to accept an insurrectionists’ veto. The far right is constantly threatening violence if it doesn’t get its way. Does anyone truly believe that giving in to its blackmail will make it less aggressive?It was Trump himself who signed a law making the removal and retention of classified documents a felony punishable by up to five years in prison. Those who think that it would be too socially disruptive to apply such a statute to him should specify which laws they believe the former president is and is not obliged to obey. And those in charge of enforcing our laws should remember that the caterwauling of the Trump camp is designed to intimidate them and such intimidation helped him become president in the first place.Trump shouldn’t be prosecuted because of politics, but he also shouldn’t be spared because of them. The only relevant question is whether he committed a crime, not what crimes his devotees might commit if he’s held to account.The Times is committed to publishing a diversity of letters to the editor. We’d like to hear what you think about this or any of our articles. Here are some tips. And here’s our email: letters@nytimes.com.Follow The New York Times Opinion section on Facebook, Twitter (@NYTopinion) and Instagram. More

  • in

    Garland Becomes Trump’s Target After F.B.I.’s Mar-a-Lago Search

    The F.B.I. had scarcely decamped from Mar-a-Lago when former President Donald J. Trump’s allies, led by Representative Kevin McCarthy of California, began a bombardment of vitriol and threats against the man they see as a foe and foil: Attorney General Merrick B. Garland.Mr. Garland, a bookish former judge who during his unsuccessful Supreme Court nomination in 2016 told senators that he did not have “a political bone” in his body, responded, as he so often does, by not responding.The Justice Department would not acknowledge the execution of a search warrant at Mr. Trump’s home on Monday, nor would Mr. Garland’s aides confirm his involvement in the decision or even whether he knew about the search before it was conducted. They declined to comment on every fact brought to their attention. Mr. Garland’s schedule this week is devoid of any public events where he could be questioned by reporters.Like a captain trying to keep from drifting out of the eye and into the hurricane, Mr. Garland is hoping to navigate the sprawling and multifaceted investigation into the actions of Mr. Trump and his supporters after the 2020 election without compromising the integrity of the prosecution or wrecking his legacy.Toward that end, the attorney general is operating with a maximum of stealth and a minimum of public comment, a course similar to the one charted by Robert S. Mueller III, the former special counsel, during his two-year investigation of Mr. Trump’s connections to Russia.That tight-lipped approach may avoid the pitfalls of the comparatively more public-facing investigations into Mr. Trump and Hillary Clinton during the 2016 election by James B. Comey, the F.B.I. director at the time. But it comes with its own peril — ceding control of the public narrative to Mr. Trump and his allies, who are not constrained by law, or even fact, in fighting back.“Garland has said that he wants his investigation to be apolitical, but nothing he does will stop Trump from distorting the perception of the investigation, given the asymmetrical rules,” said Andrew Weissmann, who was one of Mr. Mueller’s top aides in the special counsel’s office.“Under Justice Department policy, we were not allowed to take on those criticisms,” Mr. Weissmann added. “Playing by the Justice Department rules sadly but necessarily leaves the playing field open to this abuse.”Mr. Mueller’s refusal to engage with his critics, or even to defend himself against obvious smears and lies, allowed Mr. Trump to fill the political void with reckless accusations of a witch hunt while the special counsel confined his public statements to dense legal jargon. Mr. Trump’s broadsides helped define the Russia investigation as a partisan attack, despite the fact that Mr. Mueller was a Republican.Some of the most senior Justice Department officials making the decisions now have deep connections to Mr. Mueller and view Mr. Comey’s willingness to openly discuss his 2016 investigations related to Mrs. Clinton and Mr. Trump as a gross violation of the Justice Manual, the department’s procedural guidebook.The Mar-a-Lago search warrant was requested by the Justice Department’s national security division, whose head, Matthew G. Olsen, served under Mr. Mueller when he was the F.B.I. director. In 2019, Mr. Olsen expressed astonishment that the publicity-shy Mr. Mueller was even willing to appear at a news conference announcing his decision to lay out Mr. Trump’s conduct but not recommend that he be prosecuted or held accountable for interfering in the Russia investigation.But people close to Mr. Garland say that while his team respects Mr. Mueller, they have learned from his mistakes. Mr. Garland, despite his silence this week, has made a point of talking publicly about the investigation into the Jan. 6 attack on the Capitol on many occasions — even if it has only been to explain why he cannot talk publicly about the investigation.“I understand that this may not be the answer some are looking for,” he said during a speech marking the first anniversary of the Capitol attack. “But we will and we must speak through our work. Anything else jeopardizes the viability of our investigations and the civil liberties of our citizens.” More

  • in

    William P. Barr’s Good Donald Trump and Bad Donald Trump

    ONE DAMN THING AFTER ANOTHERMemoirs of an Attorney GeneralBy William P. BarrIt’s a rare Washington memoir that makes you gasp in the very second sentence. Here’s the first sentence from William P. Barr’s “One Damn Thing After Another,” an account of his two turns as attorney general: “The first day of December 2020, almost a month after the presidential election, was gray and rainy.” Indeed it was. Here’s the second: “That afternoon, the president, struggling to come to terms with the election result, had heard I was at the White House. …” Uh, “struggling to come to terms with”? Not exactly. How about “struggling to overturn the election he just lost” or “struggling to subvert the will of the voters”? Maybe “struggling to undermine American democracy.”Such opening vignettes serve a venerable purpose in the Washington memoir genre: to show the hero speaking truth to power. Barr had just told a reporter that the Justice Department had “not seen fraud on a scale that could have effected a different outcome in the election.” This enraged the president. “You must hate Trump,” Trump told Barr. “You would only do this if you hate Trump.” But Barr stood his ground. He repeated that his team had found no fraud in the election results. (This is because there was none.) By the end of the book, Barr uses the election controversy as a vehicle for a novel interpretation of the Trump presidency: Everything was great until Election Day, 2020. As Barr puts it, “In the final months of his administration, Trump cared only about one thing: himself. Country and principle took second place.” For Barr, it was as if this great president experienced a sudden personality transplant. “After the election,” Barr writes, “he was beyond restraint. He would only listen to a few sycophants who told him what he wanted to hear. Reasoning with him was hopeless.”The heart of “One Damn Thing After Another” concerns the earlier days of Trump’s presidency when, apparently, “country and principle” took first place. In his December confrontation with Trump, Barr recalls a comment that may be more revealing than he intends: “‘No, Mr. President, I don’t hate you,’ I said. ‘You know I sacrificed a lot personally to come in to help you when I thought you were being wronged.’”Sarah Silbiger/The New York TimesThis, as the rest of the book makes clear, is the real reason Barr came out of a comfortable retirement in early 2019 to serve as Jeff Sessions’s successor as attorney general. Barr — who thought Trump was “being wronged” by the investigation into the 2016 election led by Robert S. Mueller III, the special counsel — wanted to come to Trump’s defense. Barr refers to the allegations that Trump colluded with the Russians in the lead-up to the election as, variously, the “Russiagate lunacy,” the “bogus Russiagate scandal,” “the biggest political injustice in our history” and the “Russiagate nonsense” (twice). Barr was as good as his word and sought to undermine Mueller and protect Trump at every opportunity. As Barr reveals in his book, Trump first asked him to serve on his defense team, but Barr later figured he could do more good for the president as attorney general. He was right.Throughout, Barr affects a quasi-paternal tone when discussing Trump, as if the president were a naughty but good-hearted adolescent. When Trump says repeatedly that he fired the F.B.I. director James Comey because of the Russia investigation, Barr spins it as, “Unfortunately, President Trump exacerbated things himself with his clumsy miscues, notably making imprecise comments in an interview with NBC News’s Lester Holt and joking around with the Russian foreign minister and ambassador the day after firing Comey.” The just-joking defense is a favorite for Barr, as it is for the former president. In a strikingly humorless book, there is one “funny” line from Trump: “‘Do you know what the secret is of a really good tweet?’ he asked, looking at each of us one by one. We all looked blank. ‘Just the right amount of crazy,’ he said.” (Rest assured that Barr says the president spoke “playfully.”)During his confirmation hearing, Barr promised to make Mueller’s report public — and he contrived to do so in the most helpful way for the president. In the key part of the report, concerning possible obstruction of justice by Trump (like firing Comey to interfere with the Russia investigation), Mueller said he was bound by Justice Department policy barring indictments of sitting presidents. So, instead of just releasing the report as he had promised, Barr took it upon himself to decide whether Trump could be charged with obstruction of justice. Barr “cleared the decks to work long into the night and over the weekend, studying the report. I wanted to come to a decision on obstruction.” And then, mirabile dictu, Barr concluded that the president had not violated the law, and wrote a letter to that effect. When the Justice Department got around to releasing the actual report several weeks later, it became apparent that the evidence against Trump was more incriminating than Barr let on, but by that point the attorney general had succeeded in shaping the story to the president’s great advantage.Doug Mills/The New York TimesBarr portrays Mueller, a former colleague and friend from their service in the George H W. Bush administration, as a feeble old man pushed around by liberals on his staff. To thwart them, Barr took extraordinary steps to trash Mueller’s work. On the eve of the sentencing of Roger Stone, Trump’s longtime political adviser, for obstruction of justice, Barr overruled the prosecutors and asked for a lighter sentence: “While he should not be treated any better than others because he was an associate of the president’s, he also should not be treated much worse than others.” In fact, Stone was being sentenced pursuant to guidelines that apply in all cases, but in this one and only instance, Barr decided to intervene.Even more dramatic was Barr’s intercession on behalf of Michael Flynn, who pleaded guilty to lying to the F.B.I. Prodded by Flynn’s attorney, Sidney Powell, who later emerged as a principal conspiracy theorist in the post-2020 election period, Barr not only allowed Flynn to revoke his guilty plea but then dismissed the case altogether. “I concluded that the handling of the Flynn matter by the F.B.I. had been an abuse of power that no responsible A.G. could let stand,” he writes. Suffice it to say that none of the thousands of other cases brought by the Justice Department during Barr’s tenure received this kind of high-level attention and mercy; moreover, it was rare, and perhaps even unprecedented, for the department to dismiss a case in which the defendant pleaded guilty.The only scalps Barr wanted were of those in the F.B.I. who started the Russia investigation in the first place. He writes, “I started thinking seriously about how best to get to the bottom of the matter that really required investigation: How did the phony Russiagate scandal get going, and why did the F.B.I. leadership handle the matter in such an inexplicable and heavy-handed way?” He appointed a federal prosecutor named John Durham to lead this probe, which has now been going on longer than the Mueller investigation, with little to show for it.Drew Angerer/Getty Images“One Damn Thing After Another” begins with a fond evocation of Barr’s childhood in a conservative family nestled in the liberal enclave surrounding Columbia University in New York City. His mother was Catholic, and his father Jewish (though he later converted to Catholicism), and Barr gives a lovely description of his elementary school education at the local Corpus Christi Church. (George Carlin went there too. Go figure.) Barr went on to Horace Mann and then Columbia, where he developed an interest in China. After college, he worked briefly at the C.I.A. while attending night law school, where he excelled. He moved up the ranks in the Justice Department until the first President Bush made him attorney general, at 41, in 1991. He was a largely nonideological figure, mostly preoccupied, as many were in those days, with getting surging crime rates under control.The next quarter-century brought Barr great financial rewards as the top lawyer for the company that, in a merger, became Verizon. More to the point, it brought a hardening of his political views. Barr has a lot to say about the modern world, but the gist is that he’s against it. While attorney general under Trump, he dabbled as a culture warrior, and in his memoir he lets the missiles fly.“Now we see a mounting effort to affirmatively indoctrinate children with the secular progressive belief system — a new official secular ideology.” Critical race theory “is, at bottom, essentially the materialist philosophy of Marxism, substituting racial antagonism for class antagonism.” On crime: “The left’s ‘root causes’ mantra is really an excuse to do nothing.” (Barr’s only complaint about mass incarceration is that it isn’t mass enough.) Barr loathes Democrats: President Obama, a “left-wing agitator, … throttled the economy, degraded the culture and frittered away U.S. strength and credibility in foreign affairs.” (Barr likes Obama better than Hillary Clinton.) Overall, his views reflect the party line at Fox News, which, curiously, he does not mention in several jeremiads about left-wing domination of the news media.Barr is obviously too smart to miss what was in front of him in the White House. He says Trump is “prone to bluster and exaggeration.” His behavior with regard to Ukraine was “idiotic beyond belief.” Trump’s “rhetorical skills, while potent within a very narrow range, are hopelessly ineffective on questions requiring subtle distinctions.” Indeed, by the end, Barr concludes that “Donald Trump has shown he has neither the temperament nor persuasive powers to provide the kind of positive leadership that is needed.”Barr’s odd theory about Good Trump turning into Bad Trump may have more to do with his feelings about Democrats than with the president he served. “I am under no illusion about who is responsible for dividing the country, embittering our politics and weakening and demoralizing our nation,” he writes. “It is the progressive left and their increasingly totalitarian ideals.” In a way, it’s the highest praise Barr can offer Trump: He had the right enemies. More

  • in

    What the Steele Dossier Reveals About the FBI

    This month’s bombshell indictment of Igor Danchenko, the Russian national who is charged with lying to the F.B.I. and whose work turns out to have been the main source for Christopher Steele’s notorious dossier, is being treated as a major embarrassment for much of the news media — and, if the charges stick, that’s exactly what it is.Put media criticism aside for a bit. What this indictment further exposes is that James Comey’s F.B.I. became a Bureau of Dirty Tricks, mitigated only by its own incompetence — like a mash-up of Inspector Javert and Inspector Clouseau. Donald Trump’s best move as president (about which I was dead wrong at the time) may have been to fire him.If you haven’t followed the drip-drip-drip of revelations, late in 2019 Michael E. Horowitz, the Justice Department’s inspector general, published a damning report detailing “many basic and fundamental errors” by the F.B.I. in seeking Foreign Intelligence Surveillance Court warrants to surveil Carter Page, the American businessman fingered in the dossier as a potential link between the Trump campaign and the Kremlin.Shortly afterward, Rosemary Collyer, the court’s presiding judge, issued her own stinging rebuke of the bureau: “The frequency with which representations made by F.B.I. personnel turned out to be unsupported or contradicted by information in their possession, and with which they withheld information detrimental to their case, calls into question whether information contained in other F.B.I. applications is reliable,” she wrote.Here a question emerged: Were the F.B.I.’s errors a matter of general incompetence or of bias? There appears to be a broad pattern of F.B.I. agents overstating evidence that corroborates their suspicions. That led to travesties such as the bureau hounding the wrong man in the 2001 anthrax attacks.But it turns out the bureau can be both incompetent and biased. When the F.B.I. applied for warrants to continue wiretapping Page, it already knew Page was helping the C.I.A., not the Russians. We know this because in August 2020 a former F.B.I. lawyer, Kevin Clinesmith, pleaded guilty to rewriting an email to hide Page’s C.I.A. ties.And why would Clinesmith do that? It certainly helped the bureau renew its wiretap warrants on Page, and, as he once put it in a text message to a colleague, “viva la resistance.” When the purpose of government service is to stop “the crazies” (one of Clinesmith’s descriptions of the elected administration) then the ends soon find a way of justifying the means.Which brings us to the grand jury indictment of Danchenko in the investigation being conducted by the special counsel John Durham. Danchenko was Steele’s main source for the most attention-grabbing claims in the dossier, including the existence of a likely mythical “pee tape.” Steele, in turn, wrote his report for Fusion GPS, an opposition-research outfit that had been hired by a Washington law firm close to the Hillary Clinton campaign and the Democratic National Committee.Translation: The Steele dossier was Democratic Party-funded opposition research that had been sub-sub-sub-sub contracted to Danchenko, who now stands accused of repeatedly lying to the F.B.I. about his own sources while also having been investigated a decade ago for possible ties to Russian intelligence. Danchenko has pleaded not guilty and adamantly denies Russian intelligence ties, and he deserves his day in court. He describes the raw intelligence he collected for Steele as little more than a collection of rumors and innuendo and alleges that Steele dressed them up for Fusion GPS.Of such dross was spun years of high-level federal investigations, ponderous congressional hearings, pompous Adam Schiff soliloquies, and nonstop public furor. But none of that would likely have happened if the F.B.I. had treated the dossier as the garbage that it was, while stressing the ways in which Russia had sought to influence the election on Trump’s behalf, or the ways in which the Trump campaign (particularly through its onetime manager, Paul Manafort) was vulnerable to Russian blackmail.Instead, Comey used it as a political weapon by privately briefing President-elect Trump about it, despite ample warnings about the dossier’s credibility. In doing so, Comey made the existence of the “salacious and unverified” dossier news in its own right. And, as the University of Chicago’s Charles Lipson astutely notes, Comey’s briefing “could be seen as a kind of blackmail threat, the kind that marked J. Edgar Hoover’s tenure.”If you are a certain kind of reader — probably conservative — who has closely followed the Durham investigation, none of the above will come as news. But I’m writing this column for those who haven’t followed it closely, or who may have taken a keener interest in tales about Trump being Russia’s puppet than in evidence that, for all of his many and grave sins, he was the victim of a gigantic slander abetted by the F.B.I.Democrats who don’t want the vast power wielded by the bureau ever used against one of their own — as, after all, it was against Hillary Clinton — ought to use the Durham investigation as an opportunity to clean up, or clean out, the F.B.I. once and for all.The Times is committed to publishing a diversity of letters to the editor. We’d like to hear what you think about this or any of our articles. Here are some tips. And here’s our email: letters@nytimes.com.Follow The New York Times Opinion section on Facebook, Twitter (@NYTopinion) and Instagram. More