More stories

  • in

    La desinformación es más difícil de combatir en EE. UU.

    La proliferación de redes sociales alternativas ha ayudado a afianzar la información falsa y engañosa como elemento clave de la política estadounidense.La mañana del 8 de julio, el expresidente Donald Trump recurrió a Truth Social, la plataforma de redes sociales que fundó con gente cercana a él, para afirmar que había ganado las elecciones presidenciales del 2020 en el estado de Wisconsin, a pesar de todas las pruebas que evidenciaban lo contrario.Alrededor de 8000 personas compartieron esa misiva en Truth Social, cifra que distó mucho de los cientos de miles de respuestas que sus publicaciones en Facebook y Twitter solían generar antes de que esas plataformas le apagaran el micrófono tras los mortíferos disturbios en el Capitolio el 6 de enero de 2021.A pesar de ello, la afirmación infundada de Trump pululó en la conciencia pública. Saltó de su aplicación a otras plataformas de redes sociales, por no hablar de pódcast, la radio y la televisión.Al cabo de 48 horas de publicado su mensaje, más de un millón de personas lo habían visto en al menos una decena de otros lugares. Apareció en Facebook y Twitter, de donde fue eliminado, pero también en YouTube, Gab, Parler y Telegram, según un análisis de The New York Times.La difusión de la afirmación de Trump ilustra cómo la desinformación ha hecho metástasis desde que los expertos comenzaron a sonar la alarma sobre la amenaza que supone y todo esto ocurre justo antes de las elecciones de mitad de mandato de este año. A pesar de los años de esfuerzos de los medios de comunicación, de los académicos e incluso de las propias empresas de redes sociales para hacer frente al problema, se puede decir que hoy en día está más generalizado y extendido.“Para ser honesta, me parece que el problema está peor que nunca”, comentó Nina Jankowicz, experta en desinformación que condujo durante un periodo breve un consejo consultivo dentro del Departamento de Seguridad Nacional dedicado a combatir la desinformación. La creación del panel desató furor y provocó su renuncia y la disolución del consejo consultivo.No hace mucho, la lucha contra la desinformación se centraba en las principales plataformas de redes sociales, como Facebook y Twitter. Cuando se les presionaba, solían eliminar los contenidos problemáticos, incluida la información errónea y la desinformación intencionada sobre la pandemia de COVID-19.Sin embargo, ahora hay decenas de plataformas nuevas, incluidas algunas que se enorgullecen de no moderar —censurar, como lo denominan— las declaraciones falsas en nombre de la libertad de expresión.Otras personalidades siguieron los pasos de Trump y se cambiaron a estas nuevas plataformas tras ser “censuradas” por Facebook, YouTube o Twitter. Entre ellos, Michael Flynn, el general retirado que sirvió brevemente como principal asesor de Seguridad Nacional de Trump; L. Lin Wood, una abogada pro-Trump; Naomi Wolf, una autora feminista y escéptica de las vacunas, así como diversos seguidores de QAnon y los Oath Keepers, un grupo de militantes de extrema derecha.Al menos 69 millones de personas se han unido a plataformas como Parler, Gab, Truth Social, Gettr y Rumble, que se promueven como alternativas conservadoras a las grandes empresas tecnológicas, según declaraciones de las empresas mismas. Aunque muchos de esos usuarios ya no tienen cabida en las plataformas más grandes, siguen difundiendo sus opiniones, que a menudo aparecen en capturas de pantalla publicadas en los sitios que les prohibieron la entrada.“Nada en internet existe de manera aislada”, afirmó Jared Holt, gestor principal en la investigación sobre odio y extremismo del Instituto para el Diálogo Estratégico. “Lo que ocurre en plataformas alternas como Gab o Telegram o Truth tarde o temprano llega a Facebook, Twitter y otras”, agregó.Los usuarios han migrado a aplicaciones como Truth Social luego de haber sido “censuradas” por Facebook, YouTube o Twitter.Leon Neal/Getty ImagesEl discurso político se ha radicalizado por la difusión de las personas que propagan desinformación, indicó Nora Benavidez, abogada sénior en Free Press, un grupo de defensa de los derechos digitales y la transparencia.“Nuestro lenguaje y nuestros ecosistemas en línea se están volviendo cada vez más corrosivos”, dijo.Los cambios en el paisaje de la desinformación se están haciendo más evidentes con el ciclo electoral en Estados Unidos. En 2016, la campaña encubierta de Rusia para difundir mensajes falsos y divisorios parecía una aberración en el sistema político estadounidense. Hoy la desinformación, procedente de enemigos extranjeros y nacionales, se ha convertido en una característica del mismo.La idea infundada de que el presidente Joe Biden no fue electo de manera legítima se generalizó entre los miembros del Partido Republicano, e hizo que funcionarios de los estados y los condados impusieran nuevas restricciones para votar, a menudo solo con base en teorías de la conspiración que se cuelan en los medios de comunicación de derecha.Los votantes no solo deben filtrar un torrente cada vez mayor de mentiras y falsedades sobre los candidatos y sus políticas, sino también información sobre cuándo y dónde votar. Los funcionarios nombrados o elegidos en nombre de la lucha contra el fraude electoral han adoptado una postura que implica que se negarán a certificar los resultados que no sean de su agrado.Los proveedores de desinformación también se han vuelto cada vez más sofisticados a la hora de eludir las normas de las principales plataformas, mientras que el uso del video para difundir afirmaciones falsas en YouTube, TikTok e Instagram ha hecho que los sistemas automatizados tengan más dificultades para identificarlos que los mensajes de texto.TikTok, propiedad del gigante chino de la tecnología ByteDance, se ha vuelto uno de los principales campos de batalla en la lucha actual contra la desinformación. Un informe del mes pasado de NewsGuard, una organización que da seguimiento al problema en línea, mostró que casi el 20 por ciento de los videos que aparecían como resultados de búsqueda en TikTok contenían información falsa o tendenciosa sobre temas como los tiroteos en las escuelas y la guerra de Rusia en Ucrania.Katie Harbath en el “sala de operaciones” de Facebook, donde se monitoreaba el contenido relacionado con las elecciones en la plataforma, en 2018Jeff Chiu/Associated Press“La gente que hace esto sabe cómo aprovechar los vacíos”, explicó Katie Harbath, exdirectora de políticas públicas de Facebook que ahora dirige Anchor Change, una consultora estratégica.A pocas semanas de las elecciones de mitad de mandato, las principales plataformas se han comprometido a bloquear, etiquetar o marginar todo lo que infrinja las políticas de la empresa, incluida la desinformación, la incitación al odio o los llamados a la violencia.Sin embargo, la industria artesanal de expertos dedicados a contrarrestar la desinformación —los grupos de expertos, las universidades y las organizaciones no gubernamentales— mencionan que la industria no está haciendo suficiente. El mes pasado, por ejemplo, el Centro Stern para los Negocios y los Derechos Humanos de la Universidad de Nueva York advirtió que las principales plataformas seguían amplificando el “negacionismo electoral” de maneras que debilitaban la confianza en el sistema democrático.Otro desafío es la proliferación de plataformas alternativas para esas falsedades y opiniones aún más extremas.Muchas de esas nuevas plataformas florecieron tras la derrota de Trump en 2020, aunque todavía no han alcanzado el tamaño o el alcance de Facebook y Twitter. Estas plataformas afirman que las grandes empresas tecnológicas están en deuda con el gobierno, el Estado profundo o la élite liberal.Parler, una red social fundada en 2018, era uno de los sitios que más crecía, hasta que las tiendas de aplicaciones de Apple y Google lo expulsaron tras los disturbios mortales del 6 de enero, alimentados por la desinformación y los llamados a la violencia en línea. Desde entonces ha vuelto a ambas tiendas y ha empezado a reconstruir su audiencia apelando a quienes sienten que sus voces han sido silenciadas.“En Parler creemos que el individuo es quien debe decidir lo que cree que es la verdad”, dijo en una entrevista, Amy Peikoff, la directora de políticas de la plataforma.Argumentó que el problema con la desinformación o las teorías de la conspiración se derivaba de los algoritmos que las plataformas usan para mantener a la gente pegada a internet y no del debate sin moderar que fomentan sitios como Parler.El lunes, Parler anunció que Kanye West había, en principio, accedido a comprar la plataforma en un acuerdo que el rapero y el diseñador de moda, ahora conocido como Ye, formuló en términos políticos.“En un mundo en que las opiniones conservadoras se consideran controversiales, debemos de asegurarnos de tener el derecho a expresarnos libremente”, dijo, según el comunicado de la compañía.Los competidores de Parler son ahora BitChute, Gab, Gettr, Rumble, Telegram y Truth Social, y cada uno de ellos se presenta como un santuario frente a las políticas de moderación de las principales plataformas en todo tipo de temas, desde la política hasta la salud.Una nueva encuesta del Centro de Investigaciones Pew descubrió que el 15 por ciento de las cuentas destacadas en esas siete plataformas habían sido desterradas previamente de otras como Twitter y Facebook.Las aplicaciones como Gettr se publicitan como alternativas a los gigantes tecnológicosElijah Nouvelage/Getty ImagesSegún la encuesta, casi dos terceras partes de los usuarios de esas plataformas dijeron que habían encontrado una comunidad de personas que compartían sus opiniones. La mayoría son republicanos o se inclinan por ese partido.Una consecuencia de esta atomización de las fuentes de las redes sociales es que se refuerzan las burbujas de información partidista en las que viven millones de estadounidenses.Según el Centro Pew, al menos el seis por ciento de los estadounidenses se informa de manera habitual en al menos uno de estos sitios relativamente nuevos, que a menudo “ponen de relieve puntos de vista del mundo que no pertenecen a la corriente dominante y, a veces, utilizan un lenguaje ofensivo”. La encuesta encontró que una de cada 10 publicaciones en estas plataformas que mencionaban cuestiones relacionadas con la comunidad LGBTQ incluían alegatos peyorativos.Estos nuevos sitios siguen siendo marginales comparados con las plataformas más grandes; por ejemplo, Trump tiene 4 millones de seguidores en Truth Social, en comparación con los 88 millones que tenía cuando Twitter cerró su cuenta en 2021.Aun así, Trump ha retomado cada vez más sus publicaciones con el ímpetu que antes mostraba en Twitter. El allanamiento del FBI en Mar-a-Lago volvió a poner sus últimos pronunciamientos en el ojo del huracán político.Para las principales plataformas, el incentivo financiero para atraer usuarios, y sus clics, sigue siendo poderoso y podría hacer que den marcha atrás a las medidas que tomaron en 2021. También hay un componente ideológico. El llamado a la libertad individual, con tintes emocionales, impulsó en parte la oferta de Elon Musk para comprar Twitter, que parece haberse reactivado tras meses de maniobras legales.Nick Clegg, el presidente de asuntos globales de Meta, la empresa matriz de Facebook, incluso sugirió hace poco que la plataforma podría restablecer la cuenta de Trump en 2023, antes de la que podría ser otra carrera presidencial. Facebook había dicho previamente que solo lo haría “si el riesgo para la seguridad pública ha disminuido”.Nick Clegga, el presidente de asuntos globales de MetaPatrick T. Fallon/Agence France-Presse — Getty ImagesUn estudio de Truth Social realizado por Media Matters for America, un grupo de monitoreo de medios con tendencia de izquierda, examinó la forma en que la plataforma se ha convertido en hogar de algunas de las teorías de conspiración más marginales. Trump, que empezó a publicar en la plataforma en el mes de abril, ha amplificado cada vez más el contenido de QAnon, la teoría de conspiración en línea.Ha compartido publicaciones de QAnon más de 130 veces. Los seguidores de QAnon promueven una falsedad amplia y compleja centrada en Trump como líder que se enfrenta a una conspiración de una camarilla de pedófilos del Partido Demócrata. Dichas opiniones han hallado cabida durante las primarias de este año en las campañas electorales de los republicanos.Jankowicz, la experta en desinformación, mencionó que las divisiones sociales y políticas habían agitado las olas de la desinformación.Las controversias sobre la mejor manera de responder a la pandemia de COVID-19 profundizaron la desconfianza en el gobierno y los expertos médicos, sobre todo entre los conservadores. La negativa de Trump a aceptar el resultado de las elecciones de 2020 condujo a la violencia en el Capitolio, pero no terminó con ella.“Deberían habernos unido”, dijo Jankowicz, refiriéndose a la pandemia y a los disturbios. “Pensé que quizás podrían servir como una especie de poder de convocatoria, pero no lo fueron”Steven Lee Myers cubre desinformación para el Times. Ha trabajado en Washington, Moscú, Bagdad y Pekín, donde contribuyó a los artículos que ganaron el Premio Pulitzer al servicio público en 2021. También es el autor de The New Tsar: The Rise and Reign of Vladimir Putin. @stevenleemyers • FacebookSheera Frenkel es una reportera de tecnología premiada que tiene su sede en San Francisco. En 2021, ella y Cecilia Kang publicaron Manipulados. La batalla de Facebook por la dominación mundial. @sheeraf More

  • in

    Ahead of Midterms, Disinformation Is Even More Intractable

    On the morning of July 8, former President Donald J. Trump took to Truth Social, a social media platform he founded with people close to him, to claim that he had in fact won the 2020 presidential vote in Wisconsin, despite all evidence to the contrary.Barely 8,000 people shared that missive on Truth Social, a far cry from the hundreds of thousands of responses his posts on Facebook and Twitter had regularly generated before those services suspended his megaphones after the deadly riot on Capitol Hill on Jan. 6, 2021.And yet Mr. Trump’s baseless claim pulsed through the public consciousness anyway. It jumped from his app to other social media platforms — not to mention podcasts, talk radio or television.Within 48 hours of Mr. Trump’s post, more than one million people saw his claim on at least dozen other sites. It appeared on Facebook and Twitter, from which he has been banished, but also YouTube, Gab, Parler and Telegram, according to an analysis by The New York Times.The spread of Mr. Trump’s claim illustrates how, ahead of this year’s midterm elections, disinformation has metastasized since experts began raising alarms about the threat. Despite years of efforts by the media, by academics and even by social media companies themselves to address the problem, it is arguably more pervasive and widespread today.“I think the problem is worse than it’s ever been, frankly,” said Nina Jankowicz, an expert on disinformation who briefly led an advisory board within the Department of Homeland Security dedicated to combating misinformation. The creation of the panel set off a furor, prompting her to resign and the group to be dismantled.Not long ago, the fight against disinformation focused on the major social media platforms, like Facebook and Twitter. When pressed, they often removed troubling content, including misinformation and intentional disinformation about the Covid-19 pandemic.Today, however, there are dozens of new platforms, including some that pride themselves on not moderating — censoring, as they put it — untrue statements in the name of free speech.Other figures followed Mr. Trump in migrating to these new platforms after being “censored” by Facebook, YouTube or Twitter. They included Michael Flynn, the retired general who served briefly as Mr. Trump’s first national security adviser; L. Lin Wood, a pro-Trump lawyer; Naomi Wolf, a feminist author and vaccine skeptic; and assorted adherents of QAnon and the Oath Keepers, the far-right militia.At least 69 million people have joined platforms, like Parler, Gab, Truth Social, Gettr and Rumble, that advertise themselves as conservative alternatives to Big Tech, according to statements by the companies. Though many of those users are ostracized from larger platforms, they continue to spread their views, which often appear in screen shots posted on the sites that barred them.The State of the 2022 Midterm ElectionsBoth parties are making their final pitches ahead of the Nov. 8 election.Where the Election Stands: As Republicans appear to be gaining an edge with swing voters in the final weeks of the contest for control of Congress, here’s a look at the state of the races for the House and Senate.Biden’s Low Profile: President Biden’s decision not to attend big campaign rallies reflects a low approval rating that makes him unwelcome in some congressional districts and states.What Young Voters Think: Twelve Americans under 30, all living in swing states, told The Times about their political priorities, ranging from the highly personal to the universal.Debates Dwindle: Direct political engagement with voters is waning as candidates surround themselves with their supporters. Nowhere is the trend clearer than on the shrinking debate stage.“Nothing on the internet exists in a silo,” said Jared Holt, a senior manager on hate and extremism research at the Institute for Strategic Dialogue. “Whatever happens in alt platforms like Gab or Telegram or Truth makes its way back to Facebook and Twitter and others.”Users have migrated to apps like Truth Social after being “censored” by Facebook, YouTube or Twitter.Leon Neal/Getty ImagesThe diffusion of the people who spread disinformation has radicalized political discourse, said Nora Benavidez, senior counsel at Free Press, an advocacy group for digital rights and accountability.“Our language and our ecosystems are becoming more caustic online,” she said. The shifts in the disinformation landscape are becoming clear with the new cycle of American elections. In 2016, Russia’s covert campaign to spread false and divisive posts seemed like an aberration in the American political system. Today disinformation, from enemies, foreign and domestic, has become a feature of it.The baseless idea that President Biden was not legitimately elected has gone mainstream among Republican Party members, driving state and county officials to impose new restrictions on casting ballots, often based on mere conspiracy theories percolating in right-wing media.Voters must now sift through not only an ever-growing torrent of lies and falsehoods about candidates and their policies, but also information on when and where to vote. Officials appointed or elected in the name of fighting voter fraud have put themselves in the position to refuse to certify outcomes that are not to their liking.The purveyors of disinformation have also become increasingly sophisticated at sidestepping the major platforms’ rules, while the use of video to spread false claims on YouTube, TikTok and Instagram has made them harder for automated systems to track than text.TikTok, which is owned by the Chinese tech giant ByteDance, has become a primary battleground in today’s fight against disinformation. A report last month by NewsGuard, an organization that tracks the problem online, showed that nearly 20 percent of videos presented as search results on TikTok contained false or misleading information on topics such as school shootings and Russia’s war in Ukraine.Katie Harbath in Facebook’s “war room,” where election-related content was monitored on the platform, in 2018.Jeff Chiu/Associated Press“People who do this know how to exploit the loopholes,” said Katie Harbath, a former director of public policy at Facebook who now leads Anchor Change, a strategic consultancy.With the midterm elections only weeks away, the major platforms have all pledged to block, label or marginalize anything that violates company policies, including disinformation, hate speech or calls to violence.Still, the cottage industry of experts dedicated to countering disinformation — think tanks, universities and nongovernment organizations — say the industry is not doing enough. The Stern Center for Business and Human Rights at New York University warned last month, for example, that the major platforms continued to amplify “election denialism” in ways that undermined trust in the democratic system.Another challenge is the proliferation of alternative platforms for those falsehoods and even more extreme views.Many of those new platforms have flourished in the wake of Mr. Trump’s defeat in 2020, though they have not yet reached the size or reach of Facebook and Twitter. They portray Big Tech as beholden to the government, the deep state or the liberal elite.Parler, a social network founded in 2018, was one of the fastest-growing sites — until Apple’s and Google’s app stores kicked it off after the deadly riot on Jan. 6, which was fueled by disinformation and calls for violence online. It has since returned to both stores and begun to rebuild its audience by appealing to those who feel their voices have been silenced.“We believe at Parler that it is up to the individual to decide what he or she thinks is the truth,” Amy Peikoff, the platform’s chief policy officer, said in an interview.She argued that the problem with disinformation or conspiracy theories stemmed from the algorithms that platforms use to keep people glued online — not from the unfettered debate that sites like Parler foster.On Monday, Parler announced that Kanye West had agreed in principle to purchase the platform, a deal that the rapper and fashion designer, now known as Ye, cast in political terms.“In a world where conservative opinions are considered to be controversial, we have to make sure we have the right to freely express ourselves,” he said, according to the company’s statement.Parler’s competitors now are BitChute, Gab, Gettr, Rumble, Telegram and Truth Social, with each offering itself as sanctuary from the moderating policies of the major platforms on everything from politics to health policy.A new survey by the Pew Research Center found that 15 percent of prominent accounts on those seven platforms had previously been banished from others like Twitter and Facebook.Apps like Gettr market themselves as alternatives to Big Tech.Elijah Nouvelage/Getty ImagesNearly two-thirds of the users of those platforms said they had found a community of people who share their views, according to the survey. A majority are Republicans or lean Republican.A result of this atomization of social media sources is to reinforce the partisan information bubbles within which millions of Americans live.At least 6 percent of Americans now regularly get news from at least one of these relatively new sites, which often “highlight non-mainstream world views and sometimes offensive language,” according to Pew. One in 10 posts on these platforms that mentioned L.G.B.T.Q. issues involved derisive allegations, the survey found.These new sites are still marginal compared with the bigger platforms; Mr. Trump, for example, has four million followers on Truth Social, compared with 88 million when Twitter kicked him off in 2021.Even so, Mr. Trump has increasingly resumed posting with the vigor he once showed on Twitter. The F.B.I. raid on Mar-a-Lago thrust his latest pronouncements into the eye of the political storm once again.For the major platforms, the financial incentive to attract users — and their clicks — remains powerful and could undo the steps they took in 2021. There is also an ideological component. The emotionally laced appeal to individual liberty in part drove Elon Musk’s bid to buy Twitter, which appears to have been revived after months of legal maneuvering.Nick Clegg, the president of global affairs at Meta, Facebook’s parent company, even suggested recently that the platform might reinstate Mr. Trump’s account in 2023 — ahead of what could be another presidential run. Facebook had previously said it would do so only “if the risk to public safety has receded.”Nick Clegg, Meta’s president for global affairs.Patrick T. Fallon/Agence France-Presse — Getty ImagesA study of Truth Social by Media Matters for America, a left-leaning media monitoring group, examined how the platform had become a home for some of the most fringe conspiracy theories. Mr. Trump, who began posting on the platform in April, has increasingly amplified content from QAnon, the online conspiracy theory.He has shared posts from QAnon accounts more than 130 times. QAnon believers promote a vast and complex falsehood that centers on Mr. Trump as a leader battling a cabal of Democratic Party pedophiles. Echoes of such views reverberated through Republican election campaigns across the country during this year’s primaries.Ms. Jankowicz, the disinformation expert, said the nation’s social and political divisions had churned the waves of disinformation.The controversies over how best to respond to the Covid-19 pandemic deepened distrust of government and medical experts, especially among conservatives. Mr. Trump’s refusal to accept the outcome of the 2020 election led to, but did not end with, the Capitol Hill violence.“They should have brought us together,” Ms. Jankowicz said, referring to the pandemic and the riots. “I thought perhaps they could be kind of this convening power, but they were not.” More

  • in

    The Rise of Salem Media, a Conservative Radio Juggernaut

    In recent months, the conservative personalities Eric Metaxas, Sebastian Gorka and Charlie Kirk have used their nationally syndicated radio shows to discuss baseless claims of rigged voting machines, accuse election officials of corruption and espouse ballot fraud conspiracy theories.Now, the three men are joining a live speaking tour that will take them across Arizona, Georgia, Pennsylvania and other battleground states to promote those views — and Republican candidates — ahead of the Nov. 8 midterm elections.The radio hosts and their tour are united by a common backer: Salem Media Group, a publicly traded media company in Irving, Texas. Mr. Metaxas, Mr. Gorka and Mr. Kirk have contracts with the company, which is also hosting the Battleground Talkers trip. The tour features more than half a dozen other conservative media personalities as well, including Hugh Hewitt and Dennis Prager, who also have deals with Salem.Created as a Christian radio network nearly 50 years ago by two brothers-in-law, Salem has quietly turned into a conservative media juggernaut as it increasingly takes an activist stance in the midterm elections. The company has publicly said it wants a strong turnout of conservative voters for Nov. 8, and its hosts have amplified the messages of conspiracy theorists, including misinformation about the voting process.“The war for America’s soul is on the line,” Salem said in promotional materials for the tour. It added that the radio hosts were traveling to “influence those who are undecided.”Salem, which has a market capitalization of nearly $45 million, is smaller than audio competitors like Cumulus Media and iHeartMedia, as well as conservative media organizations such as Fox News. But it stands out for its blend of right-leaning politics and Christian content and its vast network of 100 radio stations and more than 3,000 affiliates, many of them reaching deep into parts of America that don’t engage with most mainstream media outlets.Salem also operates dozens of religious and conservative websites, as well as podcasts, television news, book publishing and a social media influencer network. The company, which describes its news content as “the antidote to the mainstream media,” has said it reaches 11 million radio listeners.Salem expanded into film this year by financing “2000 Mules,” a widely debunked but popular movie that claimed voter fraud in the 2020 presidential election.Charity Rachelle for The New York TimesThis year, it expanded into film by financing “2000 Mules,” a widely debunked but popular movie that claimed significant voter fraud in the 2020 presidential election. It was directed by Dinesh D’Souza, a conservative figure who has a deal with Salem, and features interviews with others who have shows on Salem. The company plans to publish a book version of the film this month.The general public may not be familiar with Salem, “but their hosts are big names and they have huge reach, which makes them one of the most powerful forces in conservative media that hardly anyone knows about,” said Craig Aaron, president of Free Press, a nonprofit that fights misinformation and supports media competition.The State of the 2022 Midterm ElectionsWith the primaries over, both parties are shifting their focus to the general election on Nov. 8.The Final Stretch: With less than one month until Election Day, Republicans remain favored to take over the House, but momentum in the pitched battle for the Senate has seesawed back and forth.A Surprising Battleground: New York has emerged from a haywire redistricting cycle as perhaps the most consequential congressional battleground in the country. For Democrats, the uncertainty is particularly jarring.Arizona’s Governor’s Race: Democrats are openly expressing their alarm that Katie Hobbs, the party’s nominee for governor in the state, is fumbling a chance to defeat Kari Lake in one of the most closely watched races.Herschel Walker: The Republican Senate nominee in Georgia reportedly paid for an ex-girlfriend’s abortion, but members of his party have learned to tolerate his behavior.Salem did not respond to requests for interviews. Phil Boyce, the company’s senior vice president of spoken word, said in a news release for the battleground states tour that “there has never been a more important midterm election than this one, and Salem is thrilled to be front and center, leading the charge.”Mr. Metaxas, Mr. Prager, Mr. Kirk, Mr. Hewitt and Mr. D’Souza did not respond to requests for comment. In his response for comment, Mr. Gorka said The New York Times was “FAKENEWS fraud.”Sebastian Gorka, a right-wing personality who has a radio show on Salem Media, had former President Donald J. Trump on his show this year.Scott McIntyre for The New York TimesSalem has faced legal challenges as its hosts have discussed conspiracy theories about voter fraud. Eric Coomer, a former executive of Dominion Voting Systems, a maker of election technology, has filed lawsuits against Salem, Mr. Metaxas and several media outlets since 2020 for defamation after being accused on air of perpetuating voter fraud and joining the left-wing antifa movement. Nicole Hemmer, a political historian at Vanderbilt University and author of “Messengers of Right: Conservative Media and the Transformation of American Politics,” said Salem’s effect was far-reaching.“They are using their many different properties for coordinated messaging to promote misinformation, which is undermining democracy,” she said.Salem was started in 1974 with two tiny radio stations in North Carolina owned by two brothers-in-law, Edward G. Atsinger III and Stuart W. Epperson. Over time, they steadily added more stations across the country and sold blocks of airtime for sermons. Salem is now in most major radio markets..css-1v2n82w{max-width:600px;width:calc(100% – 40px);margin-top:20px;margin-bottom:25px;height:auto;margin-left:auto;margin-right:auto;font-family:nyt-franklin;color:var(–color-content-secondary,#363636);}@media only screen and (max-width:480px){.css-1v2n82w{margin-left:20px;margin-right:20px;}}@media only screen and (min-width:1024px){.css-1v2n82w{width:600px;}}.css-161d8zr{width:40px;margin-bottom:18px;text-align:left;margin-left:0;color:var(–color-content-primary,#121212);border:1px solid var(–color-content-primary,#121212);}@media only screen and (max-width:480px){.css-161d8zr{width:30px;margin-bottom:15px;}}.css-tjtq43{line-height:25px;}@media only screen and (max-width:480px){.css-tjtq43{line-height:24px;}}.css-x1k33h{font-family:nyt-cheltenham;font-size:19px;font-weight:700;line-height:25px;}.css-1hvpcve{font-size:17px;font-weight:300;line-height:25px;}.css-1hvpcve em{font-style:italic;}.css-1hvpcve strong{font-weight:bold;}.css-1hvpcve a{font-weight:500;color:var(–color-content-secondary,#363636);}.css-1c013uz{margin-top:18px;margin-bottom:22px;}@media only screen and (max-width:480px){.css-1c013uz{font-size:14px;margin-top:15px;margin-bottom:20px;}}.css-1c013uz a{color:var(–color-signal-editorial,#326891);-webkit-text-decoration:underline;text-decoration:underline;font-weight:500;font-size:16px;}@media only screen and (max-width:480px){.css-1c013uz a{font-size:13px;}}.css-1c013uz a:hover{-webkit-text-decoration:none;text-decoration:none;}How Times reporters cover politics. We rely on our journalists to be independent observers. So while Times staff members may vote, they are not allowed to endorse or campaign for candidates or political causes. This includes participating in marches or rallies in support of a movement or giving money to, or raising money for, any political candidate or election cause.Learn more about our process.The company went public in 1999 as the internet was rising. In its public offering prospectus, Salem said it would focus on acquiring digital platforms and cross-promoting content across its channels to attract new audiences.In 2006, Salem bought the conservative political website Townhall.com; other deals for conservative sites followed, including HotAir, Twitchy and PJ Media. It purchased a publishing company, Eagle Publishing, in 2014 in a deal that included RedState, a conservative blog, and Regnery, a publisher with conservative authors like Ann Coulter and Laura Ingraham. Regnery said last year that it was “proud to stand in the breach” with Senator Josh Hawley, Republican of Missouri, when it agreed to print his book after Simon & Schuster dropped the title in the wake of the Jan. 6 Capitol riot.This summer, Salem said it had added a podcast hosted by two “culture warriors,” Rob McCoy and Bryce Eddy of the talk show “Liberty Station.” In January, the company awarded its Culture Warrior of the Year award to Ron DeSantis, the Republican governor of Florida, who has made a point of goading liberals.More recently, Salem has promoted to advertisers its “360-degree deals,” meaning that it can amplify messages across radio, podcasts, books, film and websites.Salem has said it is “thrilled to be front and center, leading the charge” in next month’s midterm elections.Rebecca Noble for The New York TimesPolitics were not new to Salem’s founders. Mr. Epperson unsuccessfully ran for Congress in 1984 and 1986 as a Republican. Mr. Atsinger contributed to Republican candidates like George W. Bush and Larry Elder, a Salem radio host who mounted a failed campaign in the California governor’s recall election last year. In Washington, Salem fought to remove regulatory hurdles that complicated its acquisition spree.At the beginning of the year, Mr. Atsinger stepped down as Salem’s chief executive and became chairman, succeeding Mr. Epperson, who took on the title of chairman emeritus.Salem’s executives largely stayed out of editorial decisions — until the Trump administration, said Ben Howe, a former employee of RedState; Craig Silverman, a former Salem radio commentator in Denver; and a third former employee, who declined to be identified for fear of retaliation.In July 2017, Salem held an event at the White House, and several radio hosts interviewed top Trump administration officials. At a Salem reception at the Capitol the next day, the Senate Republican leader, Mitch McConnell, and the House Republican leader, Kevin McCarthy, gave speeches.“There was a lot of closeness,” said Mr. Silverman, who attended the events. “McConnell and McCarthy praised Salem, and vice versa. It felt like some sort of team effort.”In April 2018, Salem’s RedState blog fired several employees who had been vocal critics of Mr. Trump. The site’s unofficial slogan had long been “Take on the left. Clean up the right,” said Mr. Howe, a writer for the site who was one of those fired. “But one to two years into office, everything changed. It was like it was no longer good for business to be critical of Trump.”Mr. Silverman said his radio show was cut off in November 2019 as he excoriated Mr. Trump over accusations that the president had pressured Ukraine to investigate Joseph R. Biden Jr., then a Democratic presidential candidate, by withholding aid to the country. Mr. Silverman said he was then fired.“The political environment has never been as interesting and as heated and intense as it is right now,” David Santrella, Salem’s chief executive, said on a recent earnings call.Business Wire, via Associated PressSalem said in press reports at the time that such dismissals were not politically motivated, explaining that it had fired the RedState employees because of financial considerations and Mr. Silverman because he had appeared on non-Salem shows. Mr. Silverman said those appearances were allowed under his contract.As Mr. Trump’s term wound down, Salem ran into financial pressure. In 2019, the company said four board members, including two of the co-founders’ sons, had resigned because “Salem has faced several unique financial headwinds and we are looking for ways to cut costs while not impacting revenue.” Both sons have since returned to the board.In May 2020, the company moved to eliminate new hiring, suspend its dividend, reduce head count, cut pay and request discounts from vendors, blaming the pandemic for forcing it to conserve cash. It reported $11.2 million in forgiven loans from the government’s Paycheck Protection Program.But Salem’s finances have improved since then. Its net income rose to $41.5 million in 2021 from a loss in 2020, while revenue increased to $258.2 million from $236.2 million a year earlier.Salem’s political platforms are a bright spot. On an earnings call in August, Salem executives said that so far this year, political advertisers had spent nearly twice as much on Salem platforms as they did over the same period in the presidential election year of 2020, which had been the “biggest political year ever.” David Santrella, the chief executive, has predicted that “hot button” issues like abortion would probably boost ad revenue.“The political environment has never been as interesting and as heated and intense as it is right now,” he said.Kitty Bennett More

  • in

    Elecciones EE. UU.: la desinformación en español y otros idiomas

    Cada vez más grupos de verificación de datos multilingües combaten traducciones engañosas, imágenes manipuladas y mentiras que atraviesan plataformas y fronteras.Los rumores sin corroborar y las falsedades se propagaron ampliamente entre las comunidades de migrantes antes de las elecciones presidenciales de 2020. Según los investigadores, mientras se aproximan las elecciones de mitad de mandato este fenómeno ha vuelto a presentarse, pero con un giro insidioso: ahora las cuentas de redes sociales que propagan desinformación están dirigidas a audiencias en más idiomas, en más temas y en más plataformas digitales, con poca resistencia por parte de las empresas tecnológicas.En semanas recientes, las publicaciones que exageran los efectos colaterales de la inflación se han dirigido a los estadounidenses de países latinoamericanos que han sido afectados por las decisiones económicas. Las teorías de la conspiración que se propagaron en agosto sobre un plan del Servicio de Rentas Internas y planes de un “ejército clandestino” ocasionaron que aumentaran las menciones en español de “Ejército IRS” junto con “IRS army”, el equivalente en inglés, según el grupo de investigación Zignal.La desinformación que circula en chino en Twitter, YouTube y WeChat sobre los votos que se envían por correo, el currículum escolar y los crímenes de odio “tiene consecuencias peligrosas” para los votantes asiáticoestadounidenses, que constituyen una fuerza política cada vez mayor, según el grupo Asian Americans Advancing Justice.“Definitivamente hay un envío de mensajes hiperdirigido”, dijo Nick Nguyen, confundador de Viet Fact Check, una organización que ofrece explicaciones sobre la desinformación que circula entre vietnamitas estadounidenses. “Aquí es donde la falta de fluidez en inglés puede hacer que las poblaciones sean vulnerables”.Viet Fact Check forma parte de un conjunto cada vez mayor de grupos que intentan contextualizar y desvirtuar los relatos falsos en internet en idiomas que no son el inglés. Factchequeado, un servicio en español con seis meses de antigüedad está analizando traducciones imprecisas, imágenes manipuladas, videos editados de manera engañosa sobre el cateo en Mar-a-Lago y la visita de Nancy Pelosi a Taiwán. Desifact, que se especializa en comunidades estadounidenses con origen en el sur de Asia, empezó en febrero publicando notas explicativas y aclaraciones sobre temas como inmigración y condonación de deuda estudiantil en hindi, bengalí y tamil.Viet Fact Check es uno de los grupos que está tratando de contrarrestar los relatos falsos en internet en idiomas que no son el inglés, pero puede ser difícil seguir el ritmo de la avalancha de información errónea.Jim Wilson/The New York TimesPero los verificadores multilingües dicen que no se dan abasto ante la avalancha de falsedades que proliferan en internet. Han pedido a las grandes plataformas de medios, como Facebook y YouTube, para que prioricen más los esfuerzos en otros idiomas, tal como harían con la desinformación en inglés.“Con la desinformación en español, sentimos que estamos luchando contra un gigante”, dijo Tamoa Calzadilla, la editora responsable de Factchequedo y exlíder de la operación de verificación de Univisión. “Es frustrante porque estamos intentando hacer algo y necesitamos apoyo de las plataformas; estamos haciendo nuestro trabajo pero los gigantes tecnológicos pueden hacer más”.Las empresas de redes sociales dijeron que moderaban el contenido o brindaban verificación de datos en muchos idiomas: más de 70 para TikTok y más de 60 para Meta. YouTube, dijo que tenía más de 20.000 personas que revisaban y retiraban información falsa, incluyendo en mandarín y español; TikTok dijo que tenía miles. Las empresas no quisieron comentar cuántos empleados trabajaban en idiomas distintos al inglés.TikTok ha traducido un centro de información sobre las elecciones de mitad de mandato en su aplicación a más de 45 idiomas. Twitter tiene un centro similar sobre las elecciones disponible en inglés y en español, junto con palabras clave que desmienten y “pre-desmienten” la desinformación en distintos idiomas, una técnica que en inglés se conoce como pre-bunk. Meta dijo que había invertido en iniciativas como servicios de verificación de datos en WhatsApp antes de las elecciones y que mostraría notificaciones relacionadas con la votación, tanto en inglés como en un segundo idioma, según la actividad del usuario.Las empresas también mencionaron mejoras más amplias. Meta dijo que sus modelos de predicción de desinformación en español para Estados Unidos ahora operaban a la par que sus modelos en inglés y que había aumentado significativamente la cantidad de contenido en español que se envía a los verificadores de datos para su revisión. Twitter dijo que sus etiquetas contextuales recién reformuladas, que se traducen según los ajustes de idioma de los usuarios, habían ayudado a reducir la interacción con la información errónea. YouTube afirmó que los paneles de información ahora aparecían en distintos idiomas para varios resultados de búsqueda y videos. También destaca el contenido de fuentes de noticias aprobadas en idiomas distintos al inglés según las preferencias de idioma y las búsquedas de los usuarios, indicó la empresa.Tamoa Calzadilla es la directora editorial de Factchequeado, una organización dedicada a examinar las traducciones engañosas al español.Eva Marie Uzcategui para The New York TimesPero hay preocupación entre los investigadores por el efecto que la desinformación que no está en inglés pueda tener en las votaciones de noviembre, al decir que las mentiras y los rumores en otros idiomas siguen permeando. Un informe difundido el lunes del grupo de vigilancia Media Matters encontró 40 videos en español en Youtube que impulsan información errónea sobre las elecciones estadounidenses, entre ella la afirmación falsa de que a Estados Unidos entraban papeletas de votación fraudulentas procedentes de China y México.Expertos en desinformación, junto con algunos funcionarios electos, han presionado a plataformas de redes sociales para emprender más acciones y tener mayor transparencia.Este año, el Caucus Hispano del Congreso impulsó a Meta, TikTok, YouTube y Twitter a reunirse con sus principales ejecutivos para discutir la difusión de información falsa en español. YouTube puso a disposición a su directora ejecutiva, Susan Wojcicki; TikTok y Twitter enviaron a otros ejecutivos. El comité y Meta no pudieron agendar una reunión, y Meta dijo que planeaba presentar por escrito un comunicado.Un ejemplo del tipo de publicación que Factchequeado intenta desacreditar se ve en la computadora de Calzadilla. La organización puso un sello que dice “Falso” sobre esta imagen engañosa.Eva Marie Uzcategui para The New York TimesEn enero, la International Fact-Checking Network de Poynter envió una carta abierta a YouTube en la describía la facilidad con la que la información falsa fluía a través de las fronteras en la plataforma. Los investigadores han dicho que, a menudo, el mismo relato surge en diferentes sitios en distintos países y luego pasa por un proceso de polinización cruzada o transculturación en un círculo vicioso que hace que parezca más verosímil. Como argumentó un verificador, es más probable que una persona que quiere migrar confíe en una teoría de conspiración compartida tanto por su madre en El Salvador como por su amigo en San Francisco.La información errónea también puede hacer lo que los investigadores llaman salto de plataforma: originarse en inglés en redes marginales como Truth Social o Gab y después surgir en sitios más convencionales, en un idioma diferente o, a veces, con una traducción engañosa.Recientemente, Alethea Group, que ayuda a las corporaciones a protegerse contra la desinformación, analizó siete canales de YouTube con sede en Colombia pero que parecían estar dirigidos a hispanohablantes conservadores que viven o están vinculados a Estados Unidos. Los investigadores encontraron que, con frecuencia, los canales usaban relatos falsos o engañosos de medios conservadores o de medios propiedad de Estados extranjeros, las circulaban en español en YouTube y, en ocasiones, después enfocaban a las audiencias en plataformas como Twitter y Telegram, donde el contenido traducido seguía difundiéndose. A veces, los operadores del canal intentaron monetizar los videos con anuncios o solicitudes de donaciones o suscripciones.Una publicación traducida al español en Telegram repitió la afirmación falsa del expresidente Donald Trump de que los documentos fueron tirados en el suelo al azar.Althea descubrió una cuenta con más de 300.000 suscriptores que reutilizaba y traducía teorías sin sustento de que el FBI había plantado documentos deliberadamente en Mar-a-Lago para incriminar al expresidente estadounidense Donald J. Trump, según el informe. El título de un video era “S4LE LA V3RDAD” en lugar de “sale la verdad”, un posible intento de sortear a los moderadores de YouTube, creen los investigadores de Alethea. Otros investigadores han descubierto cuentas, que ya habían sido canceladas por algunas plataformas debido a la violación de sus pautas de desinformación, que reaparecieron con diferentes nombres.Dominik A. Stecula, un profesor asistente de ciencias políticas en la Universidad Estatal de Colorado y quien migró de Polonia, atribuye en parte la difusión de información falsa multilingüe en línea al lento ocaso de los medios de comunicación étnicos y locales que cubren temas comunitarios.“La gente no quiere pagar por el contenido y, como resultado, muchas de estas instituciones se están desmoronando”, dijo Stecula. “Lo que los remplaza es un tipo en Arizona con una cámara de alta definición y un micrófono”.Stecula observó que la moderación se complica por los matices culturales y las diferentes preferencias de comunicación y explicó que mientras que los inmigrantes de Asia tienden a favorecer WhatsApp, la gente de Polonia se inclina más hacia Facebook.Algunos expertos, que permanecen escépticos ante la posibilidad de que toda la desinformación en distintos idiomas pueda ser retirada, más bien impulsan otras formas de limitar la difusión. El año pasado, Twitter probó una función que permitía que algunos expertos en Estados Unidos, Corea del Sur y Australia identificaran tuits como engañosos.Evelyn Pérez-Verdía, la jefa de estrategia de la consultora We Are Más, en el sur de Florida, calcula que decenas de miles de personas siguen canales en español en Telegram que promueven las teorías de la conspiración de QAnon. Dijo que supo de un grupo, con casi 8000 suscriptores, por su estilista, quien es colombiano-estadounidense.Dijo que esos grupos han sido “muy inteligentes en asegurarse de que el mensaje se adapte a la cultura y subcultura”, a veces al utilizar símbolos como el puño levantado, que para los jóvenes nacidos en Estados Unidos puede representar esperanza y solidaridad pero a los inmigrantes de mayor edad les puede recordar a las dictaduras de izquierda latinoamericanas. Las publicaciones han combinado el sentir anticomunista con la retórica conspirativa de QAnon, y llaman al presidente Biden la “Lagartija” o se refieren a su partido como “Demoniocratas”.“No se trata solo de información errónea o desinformación, también debe existir la responsabilidad de comprender que las palabras y los símbolos significan cosas diferentes para otras comunidades”, dijo Pérez-Verdía. “No importa si eres de Vietnam o de Colombia, la mayoría de la gente ve el prisma de la política de nuestro país a través del prisma de la política de ellos”.Tiffany Hsu es reportera de tecnología y cubre desinformación e información falsa. @tiffkhsu More

  • in

    Misinformation Swirls in Non-English Languages Ahead of Midterms

    Unsubstantiated rumors and outright falsehoods spread widely in immigrant communities ahead of the presidential election in 2020. That is happening again in the run-up to this year’s midterm elections, researchers say, but with an insidious twist: The social media accounts pushing misinformation are now targeting audiences in more languages on more topics and across more digital platforms, with scant resistance from social media companies.In recent weeks, posts exaggerating the fallout from inflation have been aimed at Americans from Latin American countries that have been crippled by poor economic management. Conspiracy theories that spread in August about the Internal Revenue Service’s plans for a “shadow army” led mentions of “Ejército IRS” to surge alongside “IRS army,” its equivalent in English, according to the research group Zignal.Misinformation swirling in Chinese on Twitter, YouTube and WeChat about mail-in ballots, school curriculums and hate crimes “has dangerous implications” this year for Asian American voters, who are growing as a political force, according to the advocacy group Asian Americans Advancing Justice.“There’s definitely a hyper-targeting of messaging,” said Nick Nguyen, a co-founder of Viet Fact Check, a group that offers explanations about misinformation circulating among Vietnamese Americans. “This is where a lack of English-language fluency can make populations vulnerable.”Viet Fact Check is among a growing number of groups trying to contextualize and debunk false online narratives in languages other than English. Factchequeado, a six-month-old Spanish-language service, is examining inaccurate translations, manipulated images and misleadingly edited videos about the search of Mar-a-Lago and Speaker Nancy Pelosi’s visit to Taiwan. Desifacts, which focuses on South Asian American communities, began publishing explainers and clarifications about topics such as immigration and student debt relief in Hindi, Bengali and Tamil in February.Viet Fact Check is among a growing number of groups trying to battle false online narratives in non-English languages, but it can be hard to keep up with the flood of misinformation.Jim Wilson/The New York TimesBut the multilingual fact checkers say they cannot keep pace with the deluge of falsehoods online. They have called on the big social media platforms, like Facebook and YouTube, to do more for efforts in other languages as they would for misinformation in English.The State of the 2022 Midterm ElectionsWith the primaries over, both parties are shifting their focus to the general election on Nov. 8.The Final Stretch: With less than one month until Election Day, Republicans remain favored to take over the House, but momentum in the pitched battle for the Senate has seesawed back and forth.A Surprising Battleground: New York has emerged from a haywire redistricting cycle as perhaps the most consequential congressional battleground in the country. For Democrats, the uncertainty is particularly jarring.Pennsylvania Governor’s Race: Attacks by Doug Mastriano, the G.O.P. nominee, on the Jewish school where Josh Shapiro, the Democratic candidate, sends his children have set off an outcry about antisemitic signaling.Herschel Walker: The Republican Senate nominee in Georgia reportedly paid for an ex-girlfriend’s abortion, but some conservative Christians have learned to tolerate the behavior of those who advance their cause.“With mis- and disinformation in Spanish, we feel like we are fighting a giant,” said Tamoa Calzadilla, Factchequeado’s managing editor and the former head of Univision’s fact-checking operation. “It’s frustrating because we are trying to do something, and we need support from the platforms — we are doing our work, but Big Tech can do more.”The social media companies said they moderated content or provided fact-checks in many languages: more than 70 languages for TikTok, and more than 60 for Meta, which owns Facebook. YouTube said it had more than 20,000 people reviewing and removing misinformation, including in languages such as Mandarin and Spanish; TikTok said it had thousands. The companies declined to say how many employees were doing work in languages other than English.TikTok has translated a midterms information hub on its app into more than 45 languages. Twitter has a similar elections center available in English and Spanish, along with prompts that debunk and “pre-bunk” misinformation in different languages. Meta said that it had invested in initiatives such as Spanish fact-checking services on WhatsApp in preparation for the elections and that it would show voting-related notifications in both English and a second language based on users’ activity.The companies also cited broader improvements. Meta said its Spanish misinformation prediction models in the United States were now working on a par with its English-language models and had significantly increased the amount of Spanish content sent to fact checkers for review. Twitter said its newly redesigned contextual labels, which are translated based on users’ language settings, had helped shrink engagement with misinformation. YouTube said information panels now appeared in different languages for certain search results and videos. It also highlights content from vetted non-English news sources based on users’ language settings and search queries, the company said.Tamoa Calzadilla is the managing editor of Factchequeado, an organization dedicated to examining inaccurate Spanish translations. Eva Marie Uzcategui for The New York TimesBut researchers worry about the effect of non-English misinformation on the coming vote, saying lies and rumors in other languages continue to seep through. A report released Monday from the watchdog group Media Matters found 40 Spanish-language videos on YouTube that advanced misinformation about U.S. elections, including the false notion that fraudulent ballots were coming into the United States from China and Mexico.Some disinformation experts, along with some elected officials, have pressed the social platforms for more action and transparency.This year, the Congressional Hispanic Caucus pushed Meta, TikTok, YouTube and Twitter for meetings with their top executives to discuss the spread of misinformation in Spanish. YouTube made its chief executive, Susan Wojcicki, available; TikTok and Twitter sent other executives. The caucus and Meta were unable to schedule a meeting, and Meta said it planned to instead submit a written update.An example of the kind of post Factchequeado seeks to debunk, shown on Ms. Calzadilla’s laptop. The organization placed a stamp that reads “Falso” over this misleading image.Eva Marie Uzcategui for The New York TimesThe International Fact-Checking Network at Poynter sent an open letter to YouTube in January, describing the ease with which misinformation on the platform was flowing across borders. Researchers have said the same narrative often emerges on different sites in different countries, and then cross-pollinates in a feedback loop that makes it seem more believable. As one fact checker argued, an immigrant is more likely to trust a conspiracy theory voiced by both the person’s mother in El Salvador and a friend in San Francisco.Misinformation can also do what researchers call platform-jump — originate in English on fringe services like Truth Social or Gab and then emerge later on more mainstream sites, presented in a different language or sometimes with a misleading translation attached.Alethea Group, which helps corporations guard against disinformation, recently looked at seven YouTube channels that were based in Colombia but appeared to target conservative Spanish speakers living in or tied to the United States. Researchers found that the channels often took false or misleading narratives from conservative or foreign state media, repeated it on YouTube in Spanish, and then sometimes pointed viewers to platforms like Twitter and Telegram, where the translated content continued to spread. Sometimes, the channel operators tried to monetize the videos through ads or requests for donations or subscriptions.Alethea found that one account with more than 300,000 subscribers repurposed and translated existing unsubstantiated narratives that the F.B.I. had deliberately planted documents at Mar-a-Lago to entrap former President Donald J. Trump, according to the report. The title of one video was “S4LE LA V3RDAD” instead of “sale la verdad” (the truth comes out), which Alethea researchers believe may have been a potential attempt to evade YouTube moderators. Other researchers have discovered accounts, previously terminated by platforms for violating misinformation guidelines, that reincarnated under different aliases.A post translated into Spanish on Telegram repeated former President Donald J. Trump’s false claim that documents were thrown haphazardly on the floor.Dominik A. Stecula, an assistant professor of political science at Colorado State University and an immigrant from Poland, attributed the spread of multilingual misinformation online in part to the slow decline of local ethnic media outlets covering community issues.“People don’t want to pay for content, and as a result, a lot of these institutions are falling apart,” Mr. Stecula said. “What replaces them is just some dude in Arizona with a high-definition camera and a microphone.”Mr. Stecula noted how moderation was complicated by cultural nuances and diverse communication preferences, explaining that while immigrants from Asia tend to prefer WhatsApp, people from Poland often gravitate toward Facebook.Some experts, skeptical that all multilingual misinformation can be removed, push instead for other ways to limit amplification. Last year, Twitter tested a feature that allowed some users in the United States, South Korea and Australia to flag tweets as misleading.Evelyn Pérez-Verdía, the head of strategy at the consulting firm We Are Más, in South Florida, estimated that tens of thousands of people followed Spanish-language channels on Telegram that promote the QAnon conspiracy theory. She said she had learned about one group, with nearly 8,000 subscribers, from her Colombian American hairstylist.She said such groups have been “very smart to make sure the message is tailored based on culture and subculture,” sometimes exploiting symbols like the raised fist, which can represent hope and solidarity to younger people born in the United States while reminding older immigrants of leftist Latin American dictatorships. Posts have blended anti-communist sentiment with conspiratorial QAnon language, calling President Biden “el Lagartija” (the Lizard) while describing his party as “Demoniocratas” (Demon-Democrats).“It’s not only about misinformation or disinformation — there also needs to be a responsibility to understand that words and symbols mean different things to other communities,” Ms. Pérez-Verdía said. “It doesn’t matter if you’re from Vietnam or from Colombia — most people see the prism of the politics of our nation through the prism of the politics of theirs.” More

  • in

    In Trump Case, Texas Creates a Headache for Georgia Prosecutors

    A Texas court is thwarting Georgia prosecutors’ attempts to compel testimony from Texas witnesses as part of a criminal investigation into former President Donald J. Trump.ATLANTA — Witnesses called to testify in a Georgia criminal investigation into former President Donald J. Trump and his allies have not always come willingly.A number of them have fought their subpoenas in their home-state courts, only to have local judges order them to cooperate. That was the case with Trump-aligned lawyers John Eastman in New Mexico, Jenna Ellis in Colorado and Rudolph W. Giuliani in New York; Mr. Giuliani was also told by an Atlanta judge that he could come “on a train, on a bus or Uber” after his lawyers said a health condition prevented him from flying.But the state of Texas is proving to be an outlier, creating serious headaches for Fani T. Willis, the Fulton County district attorney, who is leading the investigation into efforts by Mr. Trump and others to overturn his 2020 election loss in Georgia.Last month, the Texas Court of Criminal Appeals, the state’s highest criminal court, thwarted Ms. Willis’s effort to force Jacki L. Pick, a Republican lawyer and pundit, to testify in Atlanta, saying that her subpoena had essentially expired. But in a pair of opinions, a majority of the judges on the all-Republican court went further, indicating that they believed the Georgia special grand jury conducting the inquiry may not have the legal standing to compel testimony from Texas witnesses.After the court’s ruling, two other pro-Trump Texans, Sidney Powell and Phil Waldron, did not show up for their scheduled court dates in Atlanta. And while there may be workarounds for Ms. Willis — experts say the Atlanta prosecutors could go to Texas to depose the witnesses — it looks to some Georgia observers like a pattern of Texas Republicans meddling with Georgia when it comes to the fate of Mr. Trump.Fani Willis, the Fulton County district attorney, has subpoenaed prominent lawyers of Mr. Trump, including Rudolph Giuliani, Jenna Ellis, John Eastman and Sidney Powell.Audra Melton for The New York Times“It does seem like there’s a substantial resistance from Texas and Texans to forcing people to cooperate in ways that we haven’t seen from any other jurisdiction,” said Anthony Michael Kreis, a constitutional law professor at Georgia State University in Atlanta.Ken Paxton, the Texas attorney general, has also weighed in, filing an amicus brief late last month along with other Republican attorneys general that supported efforts by Senator Lindsey Graham of South Carolina to avoid testifying in the Atlanta investigation. Mr. Paxton, in a statement accompanying his brief, assailed the investigation for what he said were its “repeated attempts to ignore” the Constitution.Mr. Paxton, who is running for re-election this year despite having been indicted and arrested on criminal securities-fraud charges, has sought to intervene in Georgia before. After the 2020 election, he sued Georgia and three other swing states that Mr. Trump lost, in a far-fetched attempt to get the Supreme Court to delay the certification of their presidential electors.By refusing to compel the three Texas residents to testify in Georgia, the court is breaking with a long tradition of cooperation between states in producing subpoenaed witnesses. All 50 states have versions of what is known as the Uniform Act, which was created in the 1930s to establish a framework for one state to compel testimony from a witness residing in another.Ms. Willis, in a statement, said, “We expect every state to abide by the Constitutional requirement to ensure that full faith and credit is given by them to the laws and proceedings of other states. That requirement includes abiding by the interstate compact to produce witnesses for other states’ judicial proceedings.”Ms. Willis is weighing potential conspiracy and racketeering charges, among others, and is examining the phone call that Mr. Trump made on Jan. 2, 2021, to Brad Raffensperger, the Georgia secretary of state, imploring him to “find” nearly 12,000 votes, or enough to reverse the outcome of the Georgia vote.On Friday, her office filed paperwork seeking to compel testimony from three more witnesses, The Associated Press reported: former House Speaker Newt Gingrich as well as Michael T. Flynn, a former national security adviser, and Eric Herschmann, a lawyer who worked in the Trump White House.Nearly 20 people, including Mr. Giuliani, have already been informed that they are targets of Ms. Willis’s investigation and could face criminal charges. Ms. Pick, a radio host and former lawyer for House Republicans whose husband, Doug Deason, is a prominent Republican donor and Dallas power broker, has also been told she is among the targets of the investigation, according to one of her lawyers, Geoffrey Harper.She played a central role in one of two December 2020 hearings before Georgia lawmakers that were organized by Mr. Giuliani, who advanced a number of falsehoods about the election. During a hearing before the Georgia Senate, Ms. Pick narrated a video feed that showed ballot counting taking place at a downtown Atlanta arena where voting was held.Jacki L. Pick played a central role in one of two December 2020 hearings before Georgia lawmakers that were organized by Mr. Giuliani.Rebecca Wright/Atlanta Journal-Constitution via APAt the hearing, Ms. Pick said the video “goes to” what she called “fraud or misrepresentation,” and the implication of her presentation was that something improper was taking place. She was immediately challenged by Democrats at the hearing. The office of Mr. Raffensperger, a Republican, has also long refuted the idea that anything nefarious took place in the counting of votes at the arena.Mr. Harper said his client had done nothing wrong.“She didn’t suggest there was fraud, she didn’t suggest something untoward had happened,” he said. “She simply said here is a video, here’s what it shows, we’d like to investigate further. Her testimony is the most innocuous thing you’ve ever seen.”Fulton County prosecutors are also seeking the testimony of Ms. Powell, who like Ms. Pick lives in the Dallas area. She is a lawyer and conspiracy theorist who played a high-profile role in efforts to keep Mr. Trump in power. In Georgia, she helped put together a team of Trump allies and consultants who gained access to a wide range of voter data and voting equipment in rural Coffee County; they are currently being investigated by Mr. Raffensperger’s office, as well as the Georgia Bureau of Investigation and Ms. Willis’s office.In an email, Ms. Powell said, “GA has no need to subpoena me. My involvement in GA issues has been significantly misrepresented by the press including your outlet.”She did not answer questions about her legal strategy with respect to Fulton County’s attempt to make her testify, or say whether she had been informed that she is a target of the investigation or merely a witness.Mr. Waldron, a former Army colonel with a background in information warfare, also advanced a number of conspiracy theories after the 2020 election, and he made a virtual appearance at one of the legislative hearings in Georgia. He could not be reached for comment. He lives outside of Austin, Texas, and the district attorney in the county where he lives said he was not aware of any legal challenge to Ms. Willis’s effort to compel Mr. Waldron’s testimony.Phil Waldron, a former Army colonel, made a virtual appearance at a legislative hearing in Georgia after the 2020 election.Aram Roston/ReutersThe body overseeing the Fulton County investigation is known under Georgia law as a special purpose grand jury. It can sit for longer periods than a regular grand jury and has the ability to subpoena targets of the investigation to provide testimony, though it lacks the power to indict. Once a special grand jury issues a report and recommendations, indictments can be sought from a regular grand jury.A majority of judges on the Texas court expressed the view that the Georgia grand jury was not a proper criminal grand jury because it lacks indictment authority, and thus likely lacks standing to compel the appearance of witnesses from Texas.“I am inclined to find such a body is not the kind of grand jury envisioned by the Uniform Act,” wrote Judge Kevin Yeary. “And if I may be wrong about that, I would place the burden to show otherwise on the requesting state.”His view was essentially backed by four other judges on the nine-member court.The question of whether the Fulton County special grand jury is civil or criminal in nature came up in late August, when lawyers for Gov. Brian Kemp, a Republican, unsuccessfully sought to quash a subpoena demanding that he testify. The governor’s lawyers argued that the special grand jury was civil, and that Mr. Kemp would not have to testify in a civil action under the doctrine of sovereign immunity.But in a written order on Aug. 29, Fulton County Superior Court Judge Robert C.I. McBurney rejected the idea that the special grand jury was civil, noting that none of the paperwork establishing the grand jury mentioned that it would be considering civil actions.“That a special purpose grand jury cannot issue an indictment does not diminish the criminal nature of its work or somehow transmogrify that criminal investigation into a civil one,” Judge McBurney wrote. “Police officers, too, lack the authority to indict anyone, but their investigations are plainly criminal.”Ronald Wright, a law professor at Wake Forest University who studies the work of criminal prosecutors, said that the Texas court’s decision, based on its interpretation of the special grand jury’s purpose, appeared unusual. “I haven’t heard anything about one state saying categorically, ‘No we read your statute, that doesn’t apply here, you can’t get this witness,’” he said.The nine members of Texas’ Court of Criminal Appeals are elected and are all Republicans. But they have not always been in sync with Gov. Greg Abbott and Mr. Paxton, both vociferous Trump supporters. Mr. Harper said his reading of Georgia law is that the special grand jury is a civil proceeding. He believes that witnesses living in other states can challenge efforts to compel their testimony, at least if it is in person.“Civil cases can get testimony from out-of-state witnesses, but they have to do it by deposition,” he said. “I believe that if pressed on the issue, it would be a unanimous ruling by the Texas Court of Criminal Appeals that a special grand jury in Georgia cannot subpoena live testimony from witnesses outside of Georgia.” More

  • in

    Election Software Executive Arrested on Suspicion of Theft

    The executive, Eugene Yu, and his firm, Konnech, have been a focus of attention among election deniers.The top executive of an elections technology company that has been the focus of attention among election deniers was arrested by Los Angeles County officials in connection with an investigation into the possible theft of personal information about poll workers, the county said on Tuesday.Eugene Yu, the founder and chief executive of Konnech, the technology company, was taken into custody on suspicion of theft, the Los Angeles County district attorney, George Gascón, said in a statement.Konnech, which is based in Michigan, develops software to manage election logistics, like scheduling poll workers. Los Angeles County is among its customers.The company has been accused by groups challenging the validity of the 2020 presidential election with storing information about poll workers on servers in China. The company has repeatedly denied keeping data outside the United States, including in recent statements to The New York Times.Mr. Gascón’s office said its investigators had found data stored in China. Holding the data there would violate Konnech’s contract with the county.The State of the 2022 Midterm ElectionsWith the primaries over, both parties are shifting their focus to the general election on Nov. 8.Trouble for Nevada Democrats: The state has long been vital to the party’s hold on the West. Now, Democrats are facing potential losses up and down the ballot.Democrats’ House Chances: Democrats are not favored to win the House, but the notion of retaining the chamber is not as far-fetched as it once was, ​​writes Nate Cohn, The Times’s chief political analyst.Latino Voters: A recent Times/Siena poll found Democrats faring far worse than they have in the past with Hispanic voters. “The Daily” looks at what the poll reveals about this key voting bloc.Michigan Governor’s Race: Tudor Dixon, the G.O.P. nominee who has ground to make up in her contest against Gov. Gretchen Whitmer, is pursuing a hazardous strategy in the narrowly divided swing state: embracing former President Donald J. Trump.The county released few other details about its investigation. But it said in its statement that the charges related only to data about poll workers — and that “the alleged conduct had no impact on the tabulation of votes and did not alter election results.”“Data breaches are an ongoing threat to our digital way of life,” the district attorney’s office said in the statement. “When we entrust a company to hold our confidential data, they must be willing and able to protect our personal identifying information from theft. Otherwise, we are all victims.”In a statement, a spokesman for Konnech said that the company was trying to learn the details “of what we believe to be Mr. Yu’s wrongful detention,” and that it stood by statements it made in a lawsuit against election deniers who had accused the company of wrongdoing.“Any L.A. County poll worker data that Konnech may have possessed was provided to it by L.A. County and therefore could not have been ‘stolen’ as suggested,” the spokesman said.The Los Angeles County district attorney’s office said in an emailed statement that it had cause to believe that personal information on election workers was “criminally mishandled.” It was seeking to extradite Mr. Yu, who lives in Michigan, to Los Angeles.Konnech came under scrutiny this year by several election deniers, including a founder of True the Vote, a nonprofit that says it is devoted to uncovering election fraud. True the Vote said its team had downloaded personal information on 1.8 million American poll workers from a server owned by Konnech and hosted in China. It said it obtained the data by using the server’s default password, which it said was “password,” according to online accounts from people who attended a conference about voter fraud where the claims were made. The group provided no evidence that it had downloaded the data, saying that it had given the information to the Federal Bureau of Investigation.The claims quickly spread online, with some advocates raising concerns about China’s influence on America’s election system.Claims about Konnech reached Dekalb County in Georgia, which was close to signing a contract with the company. The county’s Republican Party chairwoman, Marci McCarthy, raised concerns during a public comment period at the county’s elections board meeting on Sept. 8, questioning where the company stored and secured its data.Konnech rebutted the claims, telling The New York Times that it had records on fewer than 240,000 workers at the time and that it had detected no data breach. Konnech owned a subsidiary in China that developed and tested software. The company said programmers there always used “dummy” test data. The subsidiary was closed in 2021.Last month, Konnech sued True the Vote and Catherine Engelbrecht, its founder, as well as Gregg Phillips, an election denier who often works with the group. Konnech claimed the group had engaged in defamation, theft and a violation of the Computer Fraud and Abuse Act — which made it illegal to access a computer without authorization — among other charges.The judge in the case granted Konnech’s request for an emergency restraining order, which required True the Vote to disclose who had allegedly gained access to Konnech’s data. True the Vote released the name in a sealed court filing. “The organization is profoundly grateful to the Los Angeles district attorney’s office for their thorough work and rapid action in this matter,” the group said in a statement.The Los Angeles district attorney’s office said it was unaware of True the Vote’s investigation and said it had no input on the county’s investigation. More