More stories

  • in

    Donald Trump en campaña: estas son sus propuestas migratorias

    El expresidente Donald Trump está planeando una expansión extrema de sus medidas represivas contra la migración aplicadas durante su primer mandato si logra regresar al poder en 2025, incluida la preparación de redadas a gran escala de personas que viven en Estados Unidos sin permiso legal y concentrarlas en campamentos cada vez más extensos mientras esperan a ser expulsados.Estos planes restringirían en gran medida tanto la inmigración legal como la ilegal de muchas maneras.Trump quiere revivir las políticas fronterizas de su primer periodo, entre ellas la prohibición del ingreso de personas de ciertas naciones con mayoría musulmana y la reinstauración de una política de la era de la COVID-19 de rechazar solicitudes de asilo, aunque en esta oportunidad basaría el rechazo en aseveraciones de que los migrantes portan otras enfermedades infecciosas como tuberculosis.Trump planea desalojar del país a inmigrantes que habitan aquí sin permiso legal y deportar a millones de personas cada año.Para ayudar a acelerar las deportaciones masivas, Trump está preparando una gran ampliación de una forma de remoción que no requiere de audiencias con el debido proceso. Para ayudar al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por su sigla en inglés) a llevar a cabo redadas masivas, Trump planea reasignar otros agentes federales y sumar a la tarea a policías municipales y efectivos de la Guardia Nacional aportados voluntariamente por los estados gobernados por republicanos.Para aliviar la presión sobre los centros de detención del ICE, Trump desea construir campamentos enormes para detener personas mientras sus casos son procesados y esperan sus vuelos de deportación. Además, con el fin de sortear cualquier negativa del Congreso para apropiarse de los recursos necesarios, Trump redirigiría dinero del presupuesto del ejército, como lo hizo en su primer mandato para invertir más dinero en el muro fronterizo del que el Congreso había autorizado.“Trump desatará el vasto arsenal de poderes federales para implementar la represión migratoria más espectacular”, dijo Stephen Miller, el exasesor de Trump en la Casa Blanca, quien fue el principal arquitecto de sus esfuerzos de control fronterizo.Cooper Neill para The New York TimesEn una referencia pública a sus planes, Trump le dijo a una multitud en Iowa en septiembre: “Siguiendo el modelo de Eisenhower, llevaremos a cabo la operación de deportación nacional más grande en la historia de Estados Unidos”. La referencia en cuestión fue una campaña de 1954 para arrestar y expulsar a inmigrantes mexicanos que recibió su nombre de un insulto étnico: “Operación Espalda Mojada”.La gran cantidad de planes para 2025 de Trump equivale a un ataque a la migración a una escala nunca antes vista en la historia estadounidense moderna. Millones de migrantes que viven en Estados Unidos sin permiso legal tendrían prohibida la entrada al país o serían desarraigados después de años o incluso décadas de haberse establecido aquí.Tal escala de expulsiones planeadas generaría retos logísticos, financieros y diplomáticos y sería impugnada de manera enérgica en los tribunales. Sin embargo, no hay duda de la magnitud y ambición del cambio que Trump está contemplando.En una segunda presidencia de Trump, se cancelarían las visas de los estudiantes extranjeros que hayan participado en manifestaciones en contra de Israel o propalestinas. Los funcionarios consulares estadounidenses en el extranjero recibirían instrucciones de profundizar la revisión ideológica de los solicitantes de visa para bloquear a personas que el gobierno de Trump considere que tienen actitudes indeseables. A las personas con un estatus de protección temporal porque provienen de ciertos países considerados inseguros, lo que les permite vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos, se les revocaría ese estatus.De forma similar, muchas personas a quienes se les ha permitido residir en el país temporalmente por razones humanitarias también perderían ese estatus y tendrían que abandonar el país, incluyendo a decenas de miles de afganos desalojados durante la toma del poder de los talibanes en 2021 a quienes se les permitió ingresar a Estados Unidos. Los afganos que poseen visas especiales concedidas a personas que ayudaron a las fuerzas estadounidenses serían investigados de nuevo para verificar que de verdad colaboraron.Además, Trump intentaría poner fin a la ciudadanía por nacimiento para los bebés nacidos en Estados Unidos de padres que viven en el país sin permiso legal mediante la proclamación de que esa política será la nueva posición del gobierno y la instrucción a las agencias de dejar de emitir documentos que comprueben la ciudadanía de esos bebés, como tarjetas de Seguridad Social y pasaportes. La legitimidad legal de esa política, como casi todos los planes de Trump, seguramente terminará debatiéndose en la Corte Suprema.En entrevistas con The New York Times, varios asesores de Trump dieron la descripción más amplia y detallada hasta la fecha de la agenda migratoria del expresidente para un posible segundo mandato. En particular, la campaña de Trump delegó las preguntas para este artículo a Stephen Miller, un arquitecto de las políticas migratorias del primer periodo de Trump que se mantiene cercano al exmandatario y que muy probablemente tendría un cargo importante en su segundo periodo.Miller afirmó en una entrevista que tocó múltiples temas que todos los pasos que los asesores de Trump se están preparando para dar se basan en estatutos existentes; aunque es posible que el equipo de Trump intente renovar las leyes de inmigración, el plan fue elaborado para no necesitar nueva legislación sustantiva. Además, aunque Miller reconoce que surgirían demandas para impugnar casi cada una de las medidas, describió la intimidante variedad de tácticas del equipo de Trump como un “ataque veloz” diseñado para abrumar a los abogados de derechos de los migrantes.“Cualquier activista que dude en lo más mínimo de la determinación del presidente Trump está cometiendo un error drástico: Trump desatará el vasto arsenal de poderes federales para implementar la represión migratoria más espectacular”, dijo Miller, quien agregó: “Los activistas legales de la inmigración no entenderán lo que estará pasando”.Todd Schulte, presidente de FWD.us, un grupo de defensa de la inmigración y la justicia penal que combatió repetidas veces al gobierno de Trump, dijo que los planes del equipo de Trump se basaban en una “demagogia xenófoba” que atrae a su base política más radical.“Los estadounidenses deben entender que estas propuestas políticas son parte de una agenda autoritaria, a menudo ilegal, que destrozaría casi todos los aspectos de la vida estadounidense: hundiría la economía y violaría los derechos civiles básicos de millones de inmigrantes y estadounidenses nativos por igual”, dijo Schulte.‘Envenenando la sangre’Migrantes se congregan frente al Hotel Roosevelt en Manhattan en agosto, esperando ser procesados.Jeenah Moon para The New York TimesDesde que Trump dejó el cargo, el ambiente político en lo referente a la inmigración se ha movido en su dirección. Ahora es más capaz de aprovechar ese entorno si es reelecto de lo que lo era cuando ganó la elección como un candidato recién llegado a la política.El retroceso de la pandemia de COVID-19 y la reanudación del flujo de los viajes han contribuido a generar una crisis migratoria global, con millones de venezolanos y centroamericanos que huyen de la convulsión en sus países y africanos que llegan a naciones latinoamericanas antes de continuar su viaje hacia el norte. A causa de las cifras récord de inmigrantes en la frontera sur y en ciudades como Nueva York y Chicago, los votantes están frustrados e incluso algunos demócratas piden medidas más duras contra los inmigrantes y presionan a la Casa Blanca para que maneje mejor la crisis.Trump y sus asesores han visto la oportunidad y ahora saben mejor cómo aprovecharla. Los asistentes en los que Trump confió en los caóticos primeros días de su primer mandato a veces estaban en desacuerdo y les faltaba experiencia acerca de cómo manipular las palancas del poder federal. Hacia el final de su primer mandato, los funcionarios del gabinete y los abogados que intentaron frenar algunas de sus acciones —como su secretario de Seguridad Nacional y jefe de personal John Kelly— habían sido despedidos y quienes permanecieron con él habían aprendido mucho.En un segundo mandato, Trump planea instalar un equipo que no lo restringirá.Desde que gran parte de la represión a la migración del primer mandato de Trump enfrentó problemas para avanzar en los tribunales, el entorno legal se ha inclinado a su favor: sus cuatro años de nombramientos judiciales dejaron tribunales federales de apelación y una Corte Suprema mucho más conservadores que los tribunales que escucharon las impugnaciones a las políticas de su primer mandato.La lucha contra la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por su sigla en inglés) es un ejemplo de ello.DACA es un programa de la era de Obama que protege de la deportación y concede permisos de trabajo a personas que ingresaron a Estados Unidos de forma ilegal cuando eran niños. Trump trató de ponerle fin, pero la Corte Suprema lo bloqueó por motivos procesales en junio de 2020.Miller indicó que Trump intentaría de nuevo acabar con DACA. Además, la mayoría cinco a cuatro en la Corte Suprema que bloqueó el último intento ya no existe: algunos meses después del fallo sobre DACA, la magistrada Ruth Bader Ginsburg falleció y Trump la remplazó con un sexto miembro conservador, la magistrada Amy Coney Barrett.La retórica de Trump se ha mantenido bien sincronizada con su agenda cada vez más extrema en materia de inmigración.Su avivamiento del miedo y la ira hacia los inmigrantes —presionando por un muro fronterizo y llamando “violadores” a los mexicanos— impulsó su toma del poder del Partido Republicano en 2016. Como presidente, reflexionó en privado sobre la posibilidad de desarrollar una frontera militarizada como la de Israel, preguntó si los migrantes que cruzaban la frontera podrían recibir disparos en las piernas y apoyó un muro fronterizo propuesto rematado con púas desgarrantes y pintado de negro para quemar la piel de los migrantes.Mientras ha hecho campaña para la tercera nominación presidencial consecutiva del partido, su tono antiinmigrante no ha hecho más que volverse más duro. En una entrevista reciente con un sitio web de derecha, Trump afirmó, sin pruebas, que los líderes extranjeros estaban vaciando deliberadamente sus “manicomios” para enviar a los pacientes a través de la frontera sur de Estados Unidos como migrantes. Dijo que los inmigrantes estaban “envenenando la sangre de nuestro país”. En un mitin el miércoles en Florida, los comparó con el asesino en serie y caníbal ficticio Hannibal Lecter, diciendo: “Eso es lo que está entrando a nuestro país en este momento”.De manera similar, Trump había prometido llevar a cabo deportaciones masivas cuando se postuló para el cargo en 2016, pero el gobierno solo logró varios cientos de miles de deportaciones por año bajo su presidencia, a la par de otros gobiernos recientes. Si tienen otra oportunidad, Trump y su equipo están decididos a alcanzar cifras anuales de millones.Mantener fuera a la genteMigrantes esperan ser escoltados por agentes de la Patrulla Fronteriza a un área de procesamiento, en septiembre. El avivamiento del miedo y la ira hacia los inmigrantes causado por Trump impulsó su toma del poder del Partido Republicano en 2016. Mark Abramson para The New York TimesEl plan migratorio de Trump es continuar donde se quedó e ir mucho más lejos. No solo reviviría algunas de las políticas que fueron calificadas de draconianas durante su presidencia, muchas de las cuales eliminó la Casa Blanca de Joe Biden, sino que también las ampliaría y las haría más estrictas.Un ejemplo se centra en expandir las políticas del primer periodo dirigidas a mantener a personas extranjeras fuera del país. Trump planea suspender el programa de refugiados y volver a prohibir de manera categórica el ingreso de visitantes de países problemáticos poniendo de nuevo en marcha una versión de su prohibición a los viajes desde varios países principalmente de mayoría musulmana, lo que el presidente Biden calificó de discriminatorio y canceló en su primer día en el cargo.Miller señaló que Trump también utilizaría diplomacia coercitiva para inducir a otros países a colaborar, incluso haciendo de la cooperación una condición para cualquier otro compromiso bilateral. Por ejemplo, un segundo gobierno de Trump buscaría restablecer un acuerdo con México para que los solicitantes de asilo permanezcan en ese país mientras sus peticiones son procesadas (no hay certeza de que México lo acepte; un tribunal mexicano ha precisado que ese trato viola los derechos humanos).Trump también intentaría revivir los acuerdos de “tercer país seguro” con varios países de Centroamérica y establecer acuerdos similares en África, Asia y Sudamérica. En virtud de esos acuerdos, los países aceptan recibir a posibles solicitantes de asilo de otras naciones específicas y permitirles solicitar asilo ahí.Aunque estos acuerdos tradicionalmente solo han cubierto a los inmigrantes que pasaron previamente por un tercer país, la ley federal no exige ese límite y un segundo gobierno de Trump buscaría hacer esos acuerdos sin él, en parte como un disuasivo para los inmigrantes que hacen lo que el equipo de Trump considera solicitudes de asilo ilegítimas.Miller añadió que, al mismo tiempo, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por su sigla en inglés) invocarían la ley de poderes de emergencia de salud pública conocida como Título 42 para rehusarse de nuevo a escuchar cualquier petición de asilo de personas que lleguen a la frontera sur. El gobierno de Trump había discutido internamente esa idea a principios del mandato de Trump, pero algunos secretarios del gabinete se opusieron con el argumento de que no había una emergencia de salud pública que la justificara legalmente. Al final, el gobierno la implementó durante la pandemia de coronavirus.Tras afirmar que desde entonces la idea ha ganado aceptación en la práctica —Biden inicialmente mantuvo la política— Miller aseguró que Trump invocaría el Título 42 y daría como razones “cepas graves de influenza, tuberculosis, sarna, otras enfermedades respiratorias como el virus respiratorio sincitial y más, o simplemente el problema general de que la migración masiva es una amenaza para la salud pública que trae una variedad de enfermedades transmisibles”.Trump y sus asistentes aún no han dicho si reimplementarían uno de los elementos disuasorios más polémicos a la inmigración no autorizada que impulsó como presidente: separar a los niños de sus padres, lo que provocó traumas entre los inmigrantes y dificultades para reunir a las familias. Cuando se le presionó, Trump se negó en repetidas ocasiones a descartar revivir la política. Después de muestras de indignación por la práctica, Trump le puso fin en 2018 y, más tarde, un juez impidió que el gobierno volviera a ponerla en efecto.Deportaciones masivasAgentes federales de inmigración concentrados para una operación de arresto en mayo en Pompano Beach, Florida.Saul Martinez para The New York TimesPoco después de que Trump anunció su campaña presidencial para 2024 en noviembre pasado, se reunió con Tom Homan, quien dirigió el ICE durante el primer año y medio del gobierno de Trump y fue uno de los primeros en proponer la separación de familias para disuadir a los inmigrantes.En una entrevista, Homan recordó que en esa reunión “aceptó regresar” para un segundo mandato y afirmó que “ayudaría a organizar y dirigir la operación de deportación más grande jamás vista en este país”.La visión de los asesores de Trump de deportaciones masivas abruptas llevaría a una convulsión social y económica, lo que perturbaría el mercado de la vivienda e industrias importantes como la agricultura y el sector de servicios.Miller presentó tal perturbación desde una perspectiva favorable.“La deportación masiva será una alteración del mercado laboral celebrada por los trabajadores estadounidenses, a quienes ahora se les ofrecerán salarios más altos con mejores beneficios para ocupar estos puestos de trabajo”, dijo. “Los estadounidenses también celebrarán el hecho de que las leyes de nuestra nación ahora se aplican por igual y que un grupo selecto ya no está mágicamente exento”.Un paso planeado para superar los obstáculos legales y logísticos sería incrementar de manera significativa una forma de deportaciones rápidas conocida como “remoción acelerada”. Esta les niega a los migrantes que viven en el país sin un permiso legal las audiencias habituales y la oportunidad de presentar apelaciones, las cuales pueden tardar meses o años (en especial cuando las personas no están en custodia) y han llevado a un atraso enorme en el procesamiento de los casos. Una ley de 1996 señala que las personas pueden ser sujetas a la remoción acelerada hasta dos años después de su llegada, pero, hasta el momento, el poder ejecutivo la ha usado con mayor cautela expulsando enseguida a personas descubiertas cerca de la frontera poco después de haber cruzado.El gobierno de Trump intentó ampliar el uso de la remoción acelerada, pero un tribunal la bloqueó y después el equipo de Biden canceló la ampliación. No se sabe si la Corte Suprema determinará que es constitucional utilizar la ley contra personas que han vivido durante un periodo significativo en Estados Unidos y expresan temor de persecución si son enviados a su país natal.Trump también ha mencionado que invocaría una ley arcaica, la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, para expulsar a sospechosos de ser miembros de los cárteles de droga y pandillas criminales sin debido proceso. La ley permite deportaciones sumarias de personas provenientes de países con los que Estados Unidos está en guerra, que han invadido Estados Unidos o que han participado en “incursiones predatorias”.Tom Homan, quien dirigió el ICE durante el primer año y medio del gobierno de Trump, afirmó que le dijo al expresidente que “ayudaría a organizar y dirigir la operación de deportación más grande jamás vista en este país”.Rebecca Noble para The New York TimesLa Corte Suprema ha permitido usos en el pasado de esa ley en tiempos de guerra. Sin embargo, su redacción parece requerir un vínculo con las acciones de un gobierno extranjero, así que no se sabe si los magistrados estarían de acuerdo en que un presidente la estire para que abarque la actividad de los cárteles de la droga.De manera más general, Miller manifestó que un nuevo gobierno de Trump pasaría de la práctica del ICE de arrestar a personas específicas a llevar a cabo redadas en lugares de trabajo y otros lugares públicos destinadas a arrestar de una sola vez a grandes cantidades de inmigrantes que viven en el país sin permiso legal.Miller comentó que para hacer que el proceso de encontrar y deportar a los inmigrantes que ya viven en del país sin permiso legal sea “radicalmente más rápido y eficiente”, el equipo de Trump incluiría a “los tipos correctos de abogados y de formuladores de políticas” dispuestos a llevar a cabo tales ideas.Además, debido a la magnitud de los arrestos y deportaciones que se contemplan, planean construir “enormes instalaciones de detención que funcionarían como centros de preparación” para inmigrantes mientras avanzan sus casos y esperan ser trasladados en avión a otros países.Miller declaró que es posible que los nuevos campamentos se construyan “en terrenos abiertos en Texas cerca de la frontera”.Relató que el ejército los construiría bajo la autoridad y control del Departamento de Seguridad Nacional. Aunque advirtió que aún no había planos específicos, dijo que los campamentos luicirían profesionales y similares a otras instalaciones para migrantes que se han construido cerca de la frontera.Estos campos también podrían permitirle al gobierno incrementar el ritmo y el volumen de las deportaciones de personas indocumentadas que han vivido en Estados Unidos durante años y por lo tanto no están sujetas a la expulsión por la vía rápida. Si realizar un esfuerzo a largo plazo para obtener un permiso para permanecer en el país significara permanecer encerrados mientras tanto, algunos podrían darse por vencidos y aceptar de forma voluntaria la expulsión sin pasar por el proceso completo.El uso de estos campamentos, dijo Miller, probablemente se centraría más en adultos solteros porque el gobierno no puede retener a niños de forma indefinida bajo una orden judicial de larga data conocida como el acuerdo Flores. Por lo tanto, cualquier familia llevada a las instalaciones tendría que entrar y salir más rápidamente, dijo.El gobierno de Trump intentó revocar el acuerdo Flores, pero la Corte Suprema no resolvió el asunto antes de que terminara el mandato de Trump. Miller afirmó que el equipo de Trump lo intentaría de nuevo.Miller añadió que para incrementar el número de agentes disponibles para las redadas del ICE, funcionarios de otras agencias federales del orden serían reasignados temporalmente y efectivos de la Guardia Nacional estatal y policías locales, al menos de estados liderados por republicanos dispuestos a hacerlo, serían sumados a los esfuerzos de control de la inmigración.Si bien una ley conocida como Ley Posse Comitatus generalmente prohíbe el uso de las fuerzas armadas con fines de mantenimiento del orden público, otra ley llamada Ley de Insurrección crea una excepción. Miller aseguró que Trump invocaría la Ley de Insurrección en la frontera, lo que permitiría el uso de tropas federales para detener a los inmigrantes.“En resumen”, concluyó Miller, “el presidente Trump hará lo que sea necesario”.Zolan Kanno-Youngs More

  • in

    Sweeping Raids and Mass Deportations: Inside Trump’s 2025 Immigration Plans

    Former President Donald J. Trump is planning an extreme expansion of his first-term crackdown on immigration if he returns to power in 2025 — including preparing to round up undocumented people already in the United States on a vast scale and detain them in sprawling camps while they wait to be expelled.The plans would sharply restrict both legal and illegal immigration in a multitude of ways.Mr. Trump wants to revive his first-term border policies, including banning entry by people from certain Muslim-majority nations and reimposing a Covid 19-era policy of refusing asylum claims — though this time he would base that refusal on assertions that migrants carry other infectious diseases like tuberculosis.He plans to scour the country for unauthorized immigrants and deport people by the millions per year.To help speed mass deportations, Mr. Trump is preparing an enormous expansion of a form of removal that does not require due process hearings. To help Immigration and Customs Enforcement carry out sweeping raids, he plans to reassign other federal agents and deputize local police officers and National Guard soldiers voluntarily contributed by Republican-run states.To ease the strain on ICE detention facilities, Mr. Trump wants to build huge camps to detain people while their cases are processed and they await deportation flights. And to get around any refusal by Congress to appropriate the necessary funds, Mr. Trump would redirect money in the military budget, as he did in his first term to spend more on a border wall than Congress had authorized.“Trump will unleash the vast arsenal of federal powers to implement the most spectacular migration crackdown,” said Stephen Miller, Mr. Trump’s former White House aide who was the chief architect of his border control efforts.Cooper Neill for The New York TimesIn a public reference to his plans, Mr. Trump told a crowd in Iowa in September: “Following the Eisenhower model, we will carry out the largest domestic deportation operation in American history.” The reference was to a 1954 campaign to round up and expel Mexican immigrants that was named for an ethnic slur — “Operation Wetback.”The constellation of Mr. Trump’s 2025 plans amounts to an assault on immigration on a scale unseen in modern American history. Millions of undocumented immigrants would be barred from the country or uprooted from it years or even decades after settling here.Such a scale of planned removals would raise logistical, financial and diplomatic challenges and would be vigorously challenged in court. But there is no mistaking the breadth and ambition of the shift Mr. Trump is eyeing.In a second Trump presidency, the visas of foreign students who participated in anti-Israel or pro-Palestinian protests would be canceled. U.S. consular officials abroad will be directed to expand ideological screening of visa applicants to block people the Trump administration considers to have undesirable attitudes. People who were granted temporary protected status because they are from certain countries deemed unsafe, allowing them to lawfully live and work in the United States, would have that status revoked.Similarly, numerous people who have been allowed to live in the country temporarily for humanitarian reasons would also lose that status and be kicked out, including tens of thousands of the Afghans who were evacuated amid the 2021 Taliban takeover and allowed to enter the United States. Afghans holding special visas granted to people who helped U.S. forces would be revetted to see if they really did.And Mr. Trump would try to end birthright citizenship for babies born in the United States to undocumented parents — by proclaiming that policy to be the new position of the government and by ordering agencies to cease issuing citizenship-affirming documents like Social Security cards and passports to them. That policy’s legal legitimacy, like nearly all of Mr. Trump’s plans, would be virtually certain to end up before the Supreme Court.In interviews with The New York Times, several Trump advisers gave the most expansive and detailed description yet of Mr. Trump’s immigration agenda in a potential second term. In particular, Mr. Trump’s campaign referred questions for this article to Stephen Miller, an architect of Mr. Trump’s first-term immigration policies who remains close to him and is expected to serve in a senior role in a second administration.All of the steps Trump advisers are preparing, Mr. Miller contended in a wide-ranging interview, rely on existing statutes; while the Trump team would likely seek a revamp of immigration laws, the plan was crafted to need no new substantive legislation. And while acknowledging that lawsuits would arise to challenge nearly every one of them, he portrayed the Trump team’s daunting array of tactics as a “blitz” designed to overwhelm immigrant-rights lawyers.“Any activists who doubt President Trump’s resolve in the slightest are making a drastic error: Trump will unleash the vast arsenal of federal powers to implement the most spectacular migration crackdown,” Mr. Miller said, adding, “The immigration legal activists won’t know what’s happening.”Todd Schulte, the president of FWD.us, an immigration and criminal justice advocacy group that repeatedly fought the Trump administration, said the Trump team’s plans relied on “xenophobic demagoguery” that appeals to his hardest-core political base.“Americans should understand these policy proposals are an authoritarian, often illegal, agenda that would rip apart nearly every aspect of American life — tanking the economy, violating the basic civil rights of millions of immigrants and native-born Americans alike,” Mr. Schulte said.‘Poisoning the Blood’Migrants gather outside the Roosevelt Hotel in Midtown Manhattan in August, waiting to be processed.Jeenah Moon for The New York TimesSince Mr. Trump left office, the political environment on immigration has moved in his direction. He is also more capable now of exploiting that environment if he is re-elected than he was when he first won election as an outsider.The ebbing of the Covid-19 pandemic and resumption of travel flows have helped stir a global migrant crisis, with millions of Venezuelans and Central Americans fleeing turmoil and Africans arriving in Latin American countries before continuing their journey north. Amid the record numbers of migrants at the southern border and beyond it in cities like New York and Chicago, voters are frustrated and even some Democrats are calling for tougher action against immigrants and pressuring the White House to better manage the crisis.Mr. Trump and his advisers see the opening, and now know better how to seize it. The aides Mr. Trump relied upon in the chaotic early days of his first term were sometimes at odds and lacked experience in how to manipulate the levers of federal power. By the end of his first term, cabinet officials and lawyers who sought to restrain some of his actions — like his Homeland Security secretary and chief of staff, John F. Kelly — had been fired, and those who stuck with him had learned much.In a second term, Mr. Trump plans to install a team that will not restrain him.Since much of Mr. Trump’s first-term immigration crackdown was tied up in the courts, the legal environment has tilted in his favor: His four years of judicial appointments left behind federal appellate courts and a Supreme Court that are far more conservative than the courts that heard challenges to his first-term policies.The fight over Deferred Action for Childhood Arrivals provides an illustration.DACA is an Obama-era program that shields from deportation and grants work permits to people who were brought unlawfully to the United States as children. Mr. Trump tried to end it, but the Supreme Court blocked him on procedural grounds in June 2020.Mr. Miller said Mr. Trump would try again to end DACA. And the 5-4 majority of the Supreme Court that blocked the last attempt no longer exists: A few months after the DACA ruling, Justice Ruth Bader Ginsburg died and Mr. Trump replaced her with a sixth conservative, Justice Amy Coney Barrett.Mr. Trump’s rhetoric has more than kept up with his increasingly extreme agenda on immigration.His stoking of fear and anger toward immigrants — pushing for a border wall and calling Mexicans rapists — fueled his 2016 takeover of the Republican Party. As president, he privately mused about developing a militarized border like Israel’s, asked whether migrants crossing the border could be shot in the legs and wanted a proposed border wall topped with flesh-piercing spikes and painted black to burn migrants’ skin.As he has campaigned for the party’s third straight presidential nomination, his anti-immigrant tone has only grown harsher. In a recent interview with a right-wing website, Mr. Trump claimed without evidence that foreign leaders were deliberately emptying their “insane asylums” to send the patients across America’s southern border as migrants. He said migrants were “poisoning the blood of our country.” And at a rally on Wednesday in Florida, he compared them to the fictional serial killer and cannibal Hannibal Lecter, saying, “That’s what’s coming into our country right now.”Mr. Trump had similarly vowed to carry out mass deportations when running for office in 2016, but the government only managed several hundred thousand removals per year under his presidency, on par with other recent administrations. If they get another opportunity, Mr. Trump and his team are determined to achieve annual numbers in the millions.Keeping People OutMigrants wait to be escorted by Border Patrol agents to a processing area in September. Mr. Trump’s stoking of fear and anger toward immigrants fueled his 2016 takeover of the Republican Party. Mark Abramson for The New York TimesMr. Trump’s immigration plan is to pick up where he left off and then go much farther. He would not only revive some of the policies that were criticized as draconian during his presidency, many of which the Biden White House ended, but also expand and toughen them.One example centers on expanding first-term policies aimed at keeping people out of the country. Mr. Trump plans to suspend the nation’s refugee program and once again categorically bar visitors from troubled countries, reinstating a version of his ban on travel from several mostly Muslim-majority countries, which President Biden called discriminatory and ended on his first day in office.Mr. Trump would also use coercive diplomacy to induce other nations to help, including by making cooperation a condition of any other bilateral engagement, Mr. Miller said. For example, a second Trump administration would seek to re-establish an agreement with Mexico that asylum seekers remain there while their claims are processed. (It is not clear that Mexico would agree; a Mexican court has said that deal violated human rights.)Mr. Trump would also push to revive “safe third country” agreements with several nations in Central America, and try to expand them to Africa, Asia and South America. Under such deals, countries agree to take would-be asylum seekers from specific other nations and let them apply for asylum there instead.While such arrangements have traditionally only covered migrants who had previously passed through a third country, federal law does not require that limit and a second Trump administration would seek to make those deals without it, in part as a deterrent to migrants making what the Trump team views as illegitimate asylum claims.At the same time, Mr. Miller said, the Centers for Disease Control and Prevention would invoke the public health emergency powers law known as Title 42 to again refuse to hear any asylum claims by people arriving at the southern border. The Trump administration had internally discussed that idea early in Mr. Trump’s term, but some cabinet secretaries pushed back, arguing that there was no public health emergency that would legally justify it. The administration ultimately implemented it during the coronavirus pandemic.Saying the idea has since gained acceptance in practice — Mr. Biden initially kept the policy — Mr. Miller said Mr. Trump would invoke Title 42, citing “severe strains of the flu, tuberculosis, scabies, other respiratory illnesses like R.S.V. and so on, or just a general issue of mass migration being a public health threat and conveying a variety of communicable diseases.”Mr. Trump and his aides have not yet said whether they would re-enact one of the most contentious deterrents to unauthorized immigration that he pursued as president: separating children from their parents, which led to trauma among migrants and difficulties in reuniting families. When pressed, Mr. Trump has repeatedly declined to rule out reviving the policy. After an outcry over the practice, Mr. Trump ended it in 2018 and a judge later blocked the government from putting it back into effect.Mass DeportationsFederal immigration-enforcement officers gathered for an arrest operation in May in Pompano Beach, Fla.Saul Martinez for The New York TimesSoon after Mr. Trump announced his 2024 campaign for president last November, he met with Tom Homan, who ran ICE for the first year and a half of the Trump administration and was an early proponent of separating families to deter migrants.In an interview, Mr. Homan recalled that in that meeting, he “agreed to come back” in a second term and would “help to organize and run the largest deportation operation this country’s ever seen.”Trump advisers’ vision of abrupt mass deportations would be a recipe for social and economic turmoil, disrupting the housing market and major industries including agriculture and the service sector.Mr. Miller cast such disruption in a favorable light.“Mass deportation will be a labor-market disruption celebrated by American workers, who will now be offered higher wages with better benefits to fill these jobs,” he said. “Americans will also celebrate the fact that our nation’s laws are now being applied equally, and that one select group is no longer magically exempt.”One planned step to overcome the legal and logistical hurdles would be to significantly expand a form of fast-track deportations known as “expedited removal.” It denies undocumented immigrants the opportunity to seek asylum hearings and file appeals, which can take months or years — especially when people are not in custody — and has led to a large backlog. A 1996 law says people can be subject to expedited removal for up to two years after arriving, but to date the executive branch has used it more cautiously, swiftly expelling people picked up near the border soon after crossing.The Trump administration tried to expand the use of expedited removal, but a court blocked it and then the Biden team canceled the expansion. It remains unclear whether the Supreme Court will rule that it is constitutional to use the law against people who have been living for a significant period in the United States and express fear of persecution if sent home.Mr. Trump has also said he would invoke an archaic law, the Alien Enemies Act of 1798, to expel suspected members of drug cartels and criminal gangs without due process. That law allows for summary deportation of people from countries with which the United States is at war, that have invaded the United States or that have engaged in “predatory incursions.”Tom Homan, who ran ICE for the first year and a half of the Trump administration, said he told Mr. Trump he would “help to organize and run the largest deportation operation this country’s ever seen.”Rebecca Noble for The New York TimesThe Supreme Court has upheld past uses of that law in wartime. But its text seems to require a link to the actions of a foreign government, so it is not clear whether the justices will allow a president to stretch it to encompass drug cartel activity.More broadly, Mr. Miller said a new Trump administration would shift from the ICE practice of arresting specific people to carrying out workplace raids and other sweeps in public places aimed at arresting scores of unauthorized immigrants at once. While every administration has used detention facilities, because of the magnitude of deportations being contemplated, the Trump team plans to build “vast holding facilities that would function as staging centers” for migrants waiting to be flown to other countries, Mr. Miller said. Such an undertaking would be fast-tracked, he said, “by bringing in the right kinds of attorneys and the right kinds of policy thinkers” — taking what is typically a methodical process “and making it radically more quick and efficient.”Mr. Miller said the new camps would likely be built “on open land in Texas near the border.” He said the military would construct them under the authority and control of the Department of Homeland Security. While he cautioned that there were no specific blueprints yet, he said the camps would look professional and similar to other facilities for migrants that have been built near the border.The use of these camps, he said, would likely be focused more on single adults because the government cannot indefinitely hold children under a longstanding court order known as the Flores settlement. So any families brought to the facilities would have to be moved in and out more quickly, Mr. Miller said.The Trump administration tried to overturn the Flores settlement, but the Supreme Court did not resolve the matter before Mr. Trump’s term ended. Mr. Miller said the Trump team would try again.To increase the number of agents available for ICE sweeps, Mr. Miller said, officials from other federal law enforcement agencies would be temporarily reassigned, and state National Guard troops and local police officers, at least from willing Republican-led states, would be deputized for immigration control efforts.While a law known as the Posse Comitatus Act generally forbids the use of the armed forces for law enforcement purposes, another law called the Insurrection Act creates an exception. Mr. Trump would invoke the Insurrection Act at the border, enabling the use of federal troops to apprehend migrants, Mr. Miller said.“Bottom line,” he said, “President Trump will do whatever it takes.”Zolan Kanno-Youngs More

  • in

    Latino Republicans Call Debate a Missed Opportunity to Reach Voters

    Republicans have sought to make inroads with the fast-growing slice of the electorate. But voters saw a swing and a miss on debate night.The Republican Party has been on a quest to make inroads with Hispanic voters, and the second presidential debate was tailored to delivering that message: The setting was California, where Latinos now make up the largest racial or ethnic demographic. The Spanish-language network Univision broadcast the event in Spanish, and Ilia Calderón, the first Afro-Latina to anchor a weekday prime-time newscast on a major network in the United States, was a moderator.But questions directly on Latino and immigrant communities tended to be overtaken by bickering and candidates taking swipes at one another on unrelated subjects. Only three candidates — former Gov. Chris Christie of New Jersey, former Vice President Mike Pence and Senator Tim Scott of South Carolina — referred directly to Latinos or Hispanics at all. And only Mr. Pence pitched his economic message specifically toward Hispanic voters.Gov. Ron DeSantis of Florida, whose state has the third-largest Latino population, appeared to suggest there was no need for specific overtures to Hispanics or independents when he had won by such large margins in his home state, including in Miami-Dade County, a former Democratic stronghold.“I’m the only one up here who’s gotten in the big fights and has delivered big victories for the people of Florida,” Mr. DeSantis said. “And that’s what it’s all about.”In interviews, Latino voters and strategists called the debate a missed opportunity for Republicans: Few of the candidates spoke directly to or about Latinos or claimed any cultural affiliation or familiarity with them. The Republican field offered little in the way of economic plans to help workers or solutions to improve legal channels to immigration. The candidates doubled down on depictions of the nation’s southern border as chaotic and lawless.Mike Madrid, a longtime Latino Republican consultant in California, said the tough talk could draw in the support of blue-collar Latino Republicans who did not hold a college degree and in recent years have tended to vote more in line with white voters. But the debate was only further evidence that the party had abandoned attempts to broaden its reach beyond Latino Republicans already in its fold. Republicans are “getting more Latino voters not because of their best efforts, but in spite of them,” he said.Latinos are now projected to number about 34.5 million eligible voters, or an estimated 14.3 percent of the American electorate, according to a 2022 analysis by the Pew Research Center.Although Latino voters still overall lean Democratic, former President Donald J. Trump improved his performance with the demographic in 2020 nationwide, and in some areas like South Florida and South Texas even made sizable gains. Debate over what exactly drove his appeal continues.Some post-mortem analyses have found his opposition to city-led Covid pandemic restrictions that shut down workplaces and his administration’s promotion of low Latino unemployment rates and support for Latino businesses helped persuade Latino voters to his side, even when they disagreed with his violent and divisive approach to immigration.Historically, about a third of Latino voters have tended to vote for Republican presidential candidates. But Latino Republicans differ from non-Hispanic Republicans on guns and immigration: Fewer Hispanic Republicans believe protecting the right to own guns is more important than regulating who can own guns, and Hispanic Republicans are less likely to clamor for more border security measures, according to the Pew Research Center.At the debate on Wednesday, Ms. Calderón, who is Colombian and has gained prominence in Latin America for her incisive reporting on race and immigration, and the other moderators often turned to issues central to Latinos in the United States, including income inequality, gun violence and Black and Latino students’ low scores in math and reading.But on the stage, the candidates’ attention quickly turned elsewhere. Mr. DeSantis — the only candidate to provide a Spanish translation of his website — accused Washington of “shutting down the American dream,” an idea popular with Latino workers, but mostly pitched himself as a culture warrior.Ilia Calderón, the first Afro-Latina to anchor a major national news desk in the United States, was a moderator.Etienne Laurent/EPA, via ShutterstockIn response to a question on whether he would support a pathway to citizenship for 11 million undocumented people in the United States, Mr. Christie talked of the need for immigrant workers to fill vacant jobs. But in his central point, he pledged to increase the presence of troops and agents at the border with Mexico, calling for the issue to be treated as “the law enforcement problem it is.”Mr. Pence dodged Ms. Calderón when she pressed him on whether he would work with Congress to preserve the Deferred Action for Childhood Arrivals program, or DACA. The initiative, which remains in limbo in the courts, is temporarily protecting from deportation roughly 580,000 undocumented immigrants who have been able to show they were brought into the country as children, have no serious criminal history and work or go to school, among other criteria. About 91 percent of Democrats and Democratic-leaning independents and 54 percent of Republicans and Republican leaners favor a law that would provide DACA recipients permanent legal status. Although Mr. Pence described himself as the only candidate onstage who had tackled congressional reform before, he did not directly answer the question on DACA. Mostly, he used his responses to attack Vivek Ramaswamy and Mr. DeSantis before launching into a lengthy accounting of his track record on hard-line Trump policies.“The truth is, we need to fix a broken immigration system, and I will do that as well,” Mr. Pence said. “But first and foremost, a nation without borders is not a nation.”When asked how he would reach out to Latino voters, Mr. Scott highlighted his chief of staff, who he said was the only Hispanic female chief of staff in the Senate and someone he had hired “because she was the best, highest-qualified person we have.” But he, too, quickly turned to attacking his home-state rival, former Gov. Nikki Haley.The exchanges were a marked difference from the 2016 presidential debate when Senator Marco Rubio and Jeb Bush, the former Florida governor, defended speaking Spanish and personalized their experiences with immigration and the Latino community.Chuck Rocha, a Democratic strategist who helped run Senator Bernie Sanders’s presidential campaign last election cycle, said they also were different — and less effective — from those of Mr. Trump. Missing were the pledges “to bring jobs back to America, buy American and drain the swamp,” he added, messages that he said tended to resonate with Latinos and Latino men in particular.“Their campaigns have become such grievance politics that there is not a positive message that is radiating from anyone,” Mr. Rocha said. The shift could also hurt Republicans with a Latino community that skews young and tends to be aspirational, he argued.In South Texas, Sergio Sanchez, the former chairman of the Hidalgo County Republican Party, said he listened to the debate with dismay. He wanted to hear the candidates talk about pocketbook issues and energy policies. And he wanted them to stay on message and connect the dots for voters on why their economic policies were better than those under the Biden administration. Instead, he said, they spent more time swinging at one another.That was not good for Latinos or anyone else, he said. “They swung and missed,” he added. More

  • in

    Congress Has Once Again Failed Immigrant Youths

    Imagine what it’s like to live in a state of perpetual uncertainty — at any moment you could lose your job because you no longer have the right to work legally. Picture families ripped apart — a mother sent back to a country she barely remembers, forced to leave her child behind. What would you do if the teachers, doctors and nurses in your community were suddenly barred from entering your children’s classrooms or treating your loved ones?As someone who is protected by DACA, I think a lot about this.During this lame duck session of Congress, while Democrats still control both chambers, there was an opportunity to keep this scenario from becoming a reality. A bipartisan proposal, led by Senators Kyrsten Sinema and Thom Tillis, would have provided a path to citizenship for about two million immigrant youths, including recipients of the Deferred Action for Childhood Arrivals program. But negotiations to include it in the 2023 omnibus appropriations bill failed.This might’ve been the last chance to save DACA. The program remains under attack and could be undone by the Supreme Court as early as next year, ripping away work permits and protections from deportation for hundreds of thousands of young people. Republicans, readying to seize control of the House in less than two weeks, have already made it clear that they won’t advance legislation that protects undocumented immigrants.I first came to Washington in 2010 to fight for the Dream Act, which would have provided a path to citizenship to undocumented people who came to the United States as children. I was a college student at Texas A&M University, and I persuaded United We Dream, a nonprofit immigrant advocacy organization, to cover the cost of a bus to transport me and other young undocumented students from Texas to Washington so we could join rallies and meet with elected officials to lobby for the bill.When the Dream Act failed to pass, many of us came out more publicly about our immigration status in an effort to pressure President Barack Obama to act. Two years later, he signed an executive order to create DACA, a temporary fix that allowed young undocumented immigrants who came to the country as children, as I did from Mexico at age 7, to obtain work permits and protection from deportation if they met certain criteria.Today, as executive director of United We Dream, I help to lead our network of undocumented youths all the while knowing I have to live with the same uncertainty, the same inability to plan, without a path to citizenship.Last week, I watched as hundreds of United We Dream members, alongside other immigrant youths and allies, descended on Washington from states including Alaska, Arizona, Michigan and North Carolina to urge Congress to act. Those young people, who reminded me so much of myself in 2010, filled my spirit with their hope, determination and resilience.We have shared our stories, we have held rallies, we have knocked on doors in the middle of a pandemic. It breaks my heart that once again Congress has failed us.Our loss of work permits and deportation protections would have far-reaching implications for our country. As DACA recipients, we have to renew our status every two years. If the program were to end, we would most likely fall out of status on a rolling basis, which means an estimated 1,000 people would lose their jobs each day for two years.If we lose our right to live and work here legally, we will lose our ability to pay our mortgages, our access to employer-sponsored health insurance and the ability to pay our employees. According to the New American Economy Research Fund, DACA-eligible immigrants collectively earn more than $20 billion per year, most of which is either paid out in federal taxes or spent in the economy.We represent some 200,000 essential workers, including nearly 30,000 health care workers who have helped communities across the country get through this pandemic. The education profession is among the top careers DACA recipients pursue. If the program ends, the field stands to lose 800 DACA-protected professionals per month for two years. The end of the program will also bring uncertainty to the over 2.5 million people who live with a DACA recipient.Providing citizenship for immigrant youths has broad support from voters. And Democrats in Congress owe their legislative power to Black and brown organizers on the ground in states like Georgia, Pennsylvania and Nevada who have been organizing for years, leading to significant grass-roots support. And in Arizona, where they have been fighting back against racist anti-immigrant policies for over a decade. Those organizers knocked on doors in 2018, 2020 and 2022 to help Democrats in Arizona win and retain two Senate seats and delivered the state’s Electoral College votes to a Democratic presidential candidate for the first time in over 20 years.When I think about the millions of young immigrants, including DACA recipients, who have had to live their lives in a perpetual state of limbo, I am filled with righteous anger, which I channel into action and a discipline of hope that we are working to create the conditions for us to win and to build the futures we deserve.We need President Biden and members of Congress to come together and meet this moment with the urgency it requires.Greisa Martínez Rosas is a DACA recipient and executive director of United We Dream, the nation’s largest youth-led immigrant network.The Times is committed to publishing a diversity of letters to the editor. We’d like to hear what you think about this or any of our articles. Here are some tips. And here’s our email: letters@nytimes.com.Follow The New York Times Opinion section on Facebook, Twitter (@NYTopinion) and Instagram. More

  • in

    How About Some Predictions for the New Year?

    Gail Collins: How about some predictions for the new year, Bret?I’ll start: House Republicans will flunk all their deficit-decreasing promises. The skyrocketing sales of those Trump digital trading cards will collapse and plunge streaking back to earth.Bret Stephens: C’mon, Gail — those are safe bets!Gail: OK, how about a pre-new year prediction? This week, the Jan. 6 committee will recommend criminal prosecution of Donald Trump, but the man’s never going to jail.Bret: Another pretty safe bet, I’m afraid.Gail: Sigh. Back to the future: What do you have in the way of thoughts about what’s going to happen in 2023?Bret: I’ll go bold, or semi-bold, so long as you promise not to hold these predictions against me in a year.Gail: Well, OK … maybe.Bret: First, the crypto collapse will continue and the whole crypto phenomenon will be exposed as the tulip bulb mania of our day.Second, President Biden will announce, after considerable holiday reflection, that he will not run for re-election, especially since he’s increasingly unlikely to face a rematch with the former guy.And third, Kevin McCarthy will not be the next speaker of the House.Gail: Well, I’ll give you number one — would never want to be known as a crypto collaborator. Sure hope you’re right on two: As I’ve said before, I’d love to see Biden follow Nancy Pelosi’s lead and give up the top leadership job for some other useful-but-not-in-charge-of-the-world gig.And on three: Fine, but who exactly are the Republicans going to pick? Any faves?Bret: Well, nobody in the current House Republican leadership. All of them are election deniers. And Elise Stefanik, Republican of New York, gets special awfulness points because her ethics are purely situational. Also, nearly every House Republican who voted to impeach Trump after Jan. 6 is gone, so that further reduces my options.Gail: The woes of rational Republicans …Bret: I guess the House has the option of electing a speaker who is not a member. In that case, I’d probably look to a Republican I could respect, like Rob Portman, the outgoing senator from Ohio whose seat is being taken by J.D. Vance. Though, really, I doubt Portman would want the job. Today’s definition of a sane Republican is a retired Republican, a former Republican, or both.Gail, let’s look back on the old year, too. What do you rank as the best moment? And what was the worst?Gail: As a political person I’d have to say the elections were the best. Not just that the Democrats did much better than expected, but that many of the loathsome Trumpian Republicans were rejected in races a rational member of their party would have won.Bret: We are in total accord in the politics department. But I’d expand the categories a bit. The best moment, in terms of statesmanship, was President Volodomyr Zelensky’s Churchillian riposte to the American offer to get him out of Ukraine in the face of Russia’s invasion: “I need ammunition, not a ride.”Gail: I agree — that’s a keeper.Bret: The best moment in terms of courage has come from the magnificent women of Iran, leading a revolution against their misogynistic rulers. The best moment, cosmically, were the images of deep space and distant time taken by the Webb telescope. And probably the best moment, as far as future generations are concerned, was the fusion breakthrough by the brilliant scientists at the Lawrence Livermore National Laboratory. It gave me faith not only that human ingenuity will ultimately solve our long-term energy and climate challenges, but also that the United States can continue at the frontiers of discovery.Gail: Super choices. Now we’ve got to tackle the worst. And I’m sorry to say that pretty much every year it’s a story about mass shooting. Actually, many stories about mass shootings: innocent citizens mowed down when they’re shopping, or going to school, or working at extremely nonviolent jobs or just out having a good time. Who can ever forget that student slaughter at Uvalde? And it was just a month ago that a gunman in Colorado killed five people and injured at least 18 others at an L.G.B.T.Q. nightclub.Bret: Not to mention the everyday gun violence that barely gets reported because it’s so ubiquitous.Gail: And unlike some of our other political crises — say, the Supreme Court ruling on abortion — the gun situation just doesn’t seem to get the political push it needs to get better. Will try to block the memory of Representative Marjorie Taylor Greene’s recent quote-unquote joke about how it would have been so much better if the folks attacking the Capitol on Jan. 6 had been better armed.You?Bret: Agree again. I’d add that repulsive dinner between Donald Trump, Kanye West and the Holocaust-denier Nick Fuentes.Gail: Hmm. Mixed feelings on that one. True, Trump’s guest list was remarkably repulsive, even for him. But that kind of behavior shows he’s dreadful in ways even some of his previous supporters can appreciate. Which is kinda useful, given his already announced candidacy for a return to the White House.Bret: As in, “the worse, the better”? Not sure I agree: I think it was yet another case of “defining deviancy down,” as Pat Moynihan famously put it.Switching topics, Gail, we’ve got a huge migration crisis at the southern border, and it looks like it might get a lot worse as soon as the Title 42 policy permitting immediate deportations ends this week. Democrats seem … pretty nonchalant about this. Your thoughts?Gail: Bret, since the Republicans’ big new idea seems to be impeaching the secretary of Homeland Security, I don’t think you’ll win with a partisan critique.Bret: Impeachment is a dumb idea, but it wouldn’t hurt Biden to consider new management in that department. How about Bill Bratton, the former police commissioner of New York City and Los Angeles?Gail: I don’t have a good solution, but my immediate action plan would be to radically increase staffing at the border, raise the salaries of border patrol agents, expand and improve detention facilities and, on our side, get the Dreamers a clear and simple path to citizenship.Now, I’m very interested in your thoughts — except you already know we’re going to fight about anything involving the building of a wall.Bret: Like John Cleese’s Basil Fawlty, I promise not to mention the wall.Gail: A gift for the holidays!Bret: The administration and the courts have a point that Title 42, as a public-health measure, is an awkward legal tool to control the border. Problem is, it’s what we’ve got. And we already have a crisis as far north as New York City as officials deal with a migration crisis on a scale we’ve never seen before. If we don’t control it — not over the coming years, but right now — we’re going to have a full-scale humanitarian crisis here in the United States, along with a cudgel that nativists will use for a generation against those of us who support a generous but controlled immigration policy.Gail: I guess we’re at least in agreement that something must be done.Bret: The other thing to worry about for next year is a possible recession. The housing and manufacturing sectors are already in a big slump. Job cuts in our own industry, too. Even Goldman Sachs is laying off thousands of employees, which can’t be a good sign. Your advice?Gail: Well, a good time for the government to create some more jobs — including maybe some in border security, as I was saying. And a very bad time to dillydally about funding basic operations in the new year.Bret: You know, I wouldn’t be against restarting something like the New Deal’s Civilian Conservation Corps.Gail: I can understand the Republicans wanting to flex their muscles — even itty-bitty muscles — when they take control of the House. But they’re going to be so distracted by showboating over crime, immigration and Hunter Biden that they’d be well advised to let the Democrats do as much as they can on budgetary matters now.How about you?Bret: Gail, what else? Cut government red tape when it comes to permitting and other barriers to doing business in America. Cut taxes to offset the effects of rising interest rates. Increase the number of EB-5 visas tenfold, to 100,000 a year, to attract job creators to the United States. Allow large infrastructure projects like the Keystone XL pipeline to create thousands of blue-collar jobs and enhance our energy security in North America.I know these suggestions must come as a total surprise to you ….Gail: I’m shocked! Guess we’ll be going into the new year continuing to disagree about what’s red tape and what’s critical protection of the consumer, the environment and —Well, we’ve got all of 2023 to argue about that. But there’ll be no more World Cup debates! Before we go, tell me your thoughts about Argentina’s big win.Bret: Goooooooooooooooooooooooooooool!Greatest. Game. Ever.The Times is committed to publishing a diversity of letters to the editor. We’d like to hear what you think about this or any of our articles. Here are some tips. And here’s our email: letters@nytimes.com.Follow The New York Times Opinion section on Facebook, Twitter (@NYTopinion) and Instagram. More

  • in

    Can Republicans and Democrats Find a Way Forward on Immigration?

    Any hope for immigration reform on undocumented Dreamers, border security or legal immigration will likely hinge on compromise, something that has eluded lawmakers for decades.WASHINGTON — A drug needle goes into a person’s arm; an adult and child walk through a graveyard; and footage of migrants walking along a sandy stretch of a border wall, in Yuma, Arizona, streams while ominous music plays in the background of this video.It is a 40-second political ad in support of Blake Masters, the Republican candidate for Senate in Arizona, who is running against Mark Kelly, the incumbent Democrat. The ad connects fatal overdoses of fentanyl and methamphetamines to a spike in illegal migration at the southwestern border. It is one of more than 400 political ads tying immigration to drugs this election cycle, according to America’s Voice, a pro-immigration advocacy group.And it is part of a false G.O.P. narrative that connects fatal overdoes of fentanyl to a spike in illegal migration and presents Republican immigration hard-line immigration policies as an answer to crime and the drug epidemic. Most of the fentanyl comes into the country through official ports of entry on the southwestern border, hidden in legitimate commerce.The false narrative, which resonates with voters across the country, is just one example of how toxic the issue of immigration has become. Republicans have stepped up attacks against President Biden as weak and ineffective on immigration, making it even more difficult for the Biden administration to secure any meaningful immigration reform after the midterm elections, especially if the G.O.P. controls at least one legislative chamber.But even if Republicans win control in Congress and want to advance their immigration policies, particularly on border security, they will have to find some compromise with Democrats to overcome the 60-vote filibuster threshold in the Senate — something that has been elusive for years, regardless of party control.Here are some of the major immigration issues facing the Biden administration that would require striking a compromise with Republicans for any legislation to move forward.The DreamersImmigration advocates demonstrating in front of the Capitol to support protections for DACA recipients earlier this year.Drew Angerer/Getty ImagesThe Obama-era program, known as the Deferred Action for Childhood Arrivals, or DACA, protects hundreds of thousands of immigrants who came to the country as children and have grown up in the United States. Court challenges against the policy have been successful and appeals have largely been exhausted, leaving the fate of these immigrants — many of whom hold jobs in sectors that are already struggling to find workers, such as agriculture and manufacturing — in the hands of Congress.If Congress is unable to come to an agreement to enshrine the policy in law, and a judge stops allowing current participants, known as “Dreamers,” to renew their status, about 1,000 of them will lose the ability to work every business day over a two-year period, said Todd Schulte, president of FWD.us, an immigration reform advocacy group that draws support from the tech industry.“This would cause terrible, unneeded human and economic hardship for millions of individuals,” Mr. Schulte said in a recent letter to Democrats, referring to the Dreamers, others who would be eligible for the benefit and their family members. He said the results of so many forced out of the work force “would be extremely harmful” for the country’s economy.The State of the 2022 Midterm ElectionsElection Day is Tuesday, Nov. 8.House Democrats: Several moderates elected in 2018 in conservative-leaning districts are at risk of being swept out. That could cost the Democrats their House majority.A Key Constituency: A caricature of the suburban female voter looms large in American politics. But in battleground regions, many voters don’t fit the stereotype.Crime: In the final stretch of the campaigns, politicians are vowing to crack down on crime. But the offices they are running for generally have little power to make a difference.Abortion: The fall of Roe v. Wade seemed to offer Democrats a way of energizing voters and holding ground. Now, many worry that focusing on abortion won’t be enough to carry them to victory.The top Republican in the House, Representative Kevin McCarthy of California, who is in line for the speaker role, has said that if the G.O.P. wins back control, striking a deal to protect DACA recipients in exchange for border security is a non-starter. But significant job losses in Republican districts among DACA recipients could force the Republicans’ hands if their employers put pressure on their elected officials to find a solution.There has been and continues to be bipartisan support to create a pathway to citizenship for the Dreamers, according to a recent poll commissioned by FWD.us. But previous efforts have failed without enough Republican support.“It’s put up or shut up time” for Republicans if they actually want to do something on border security, Mr. Schulte said in an interview with The New York Times.Democrats have already shown that they are open to some kind of compromise measure.Border SecurityA Border Patrol agent detaining migrants who crossed the border near Yuma, Ariz.John Moore/Getty ImagesFor Republicans, when it comes to immigration, border security is the top priority.During Mr. Biden’s time in office, there has been a record-breaking spike in illegal migration at the southwestern border, part of a global trend exacerbated by the coronavirus pandemic.Many migrants are fleeing violence and poverty with the hope that they will find work or asylum in the United States. They are coming across the southwest border illegally, because there are not enough legal pathways for them to come to the United States. Limits on visas were set based on the U.S. economy in the 1990s and have largely remained the same, even though the country’s economy has grown more than twice as large since then.Even so, Republicans blame the Biden administration. House Republicans have threatened to impeach the Homeland Security secretary, Alejandro N. Mayorkas, should they retake the majority, blaming him for the extraordinary number of illegal border crossings. They have also threatened to impeach the attorney general, among other officials.For Republicans, improving border security starts with restoring former President Donald J. Trump’s restrictive immigration measures. Senator Rick Scott of Florida, the chairman of the National Republican Senatorial Committee, said the first step is completing Mr. Trump’s border wall, a pricey project that Mr. Biden paused when he took office. Fights over the wall also led to a government shutdown in 2018. Democrats say the wall is ineffective and sends a message that the country does not want to let anyone in.Republicans also argue that restricting asylum and withholding welfare benefits for immigrants are two policy changes that would deter migrants from crossing the southwestern border illegally, though undocumented immigrants are not eligible for most federal public benefits.“We have plenty of welfare recipients; we need productive citizens instead,” Mr. Scott said on his campaign website.There may be room for movement. Legislation introduced last year by Senator John Cornyn, Republican of Texas, had the support of two Democratic senators, Maggie Hassan of New Hampshire and Krysten Sinema of Arizona, and could provide a road map for compromise. The bill calls for hiring more people in the immigration agencies to address spikes in migration and speeding the process for determining an asylum case in immigration court. That proposal did not include a pathway to citizenship for the Dreamers, and the measure has yet to advance.So far, bills that included both border security and new pathways for legal immigration have hit dead-ends. Senator Dick Durban, Democrat of Illinois, recently reminded Republicans of a proposal in 2013 that had bipartisan support in the Senate. Mr. Durbin said if the legislation had passed, the country would not be in the current situation where there are not enough immigrants legally authorized to work in the agriculture sector. Legal ImmigrationFarm workers harvesting asparagus in Firebaugh, Calif.Ryan Christopher Jones for The New York TimesAnother challenge facing the Biden administration is the labor shortage across the country, which continues to worsen as the economy adds new jobs, even as fears of a recession grow. Democrats and many businesses that employ both low and high-skilled workers argue the labor shortage could be addressed through issuing work authorizations and paths to citizenship as well as expanding programs for immigrants to come work in the United States.Many businesses argue that allowing the expiration of work authorizations for Dreamers and other immigrants in the country on a temporary status would result in significant disruptions to the work force. Businesses pushing for immigration reform have pressed Congress to pass measures providing work authorizations that could give an immediate boost to the economy, lower food prices and fill critical job openings.Businesses, particularly in the agriculture industry, are also pushing to fix the country’s current farm labor shortages by passing new laws for immigrants to work in the agriculture work force.The House last year approved measures that would give about four million immigrants currently in the United States without documentation or with expiring permissions a path to citizenship. But the bills died without enough support in the Senate.While Democrats want to expand legal immigration, Republicans typically want to decrease it. Many Republicans see adding more paths to citizenship for immigrants already in the country on an expired or temporary status as a form of amnesty. They also argue that immigrants take jobs away from Americans.What’s NextMigrants seeking asylum wait to be processed by Border Patrol agents along a section of border wall near Yuma, Ariz.John Moore/Getty ImagesFor years, Republicans have largely owned the narrative on immigration, which is mostly focused on illegal immigrants and border crossings. In this election cycle, Republicans outspent Democrats on immigration-related ads on streaming services and traditional television nearly 15 to 1 — with $119.4 million compared to Democrats’ $8.1 million, according to BPI, a communications and marketing agency that tracks this data.Democrats see little political advantage in talking about immigration during the campaign. But letting Republicans fill that void means the G.O.P. message is often the only narrative Americans hear about immigration.In general, border and immigration policy are two of Mr. Biden’s least favorite issues to discuss, his staff has said, since it is an enormous challenge with no clear, quick solution. And there has been disagreement within the Biden administration over how to approach the border, with some aides supporting some of the restrictive policies of the last administration, according to two people familiar with the discussions.But immigration advocates say if Mr. Biden is serious about protecting Dreamers and pursuing other immigration reforms, Democrats must start reclaiming the narrative on immigration with a positive message that resonates with voters.“They’d better get on the messaging train,” said Beatriz Lopez, the chief political and communications officer with the advocacy group, Immigration Hub.There are brighter messages on immigration for Democrats to talk about, Ms. Lopez said. Her organization has found that voters in battleground states largely agree on protecting the Dreamers. She said they also approve of what the Biden administration has done to reunite immigrant families who were separated during the Trump administration. And voters support efforts to crack down on international drug cartels.Customs and Border Protection, for example, seized 14,700 pounds of fentanyl between October of last year and the end of September, which is more than five times the amount in 2019. About 80 percent of the fentanyl seized by the agency last year was done at ports of entry on the southwestern border.“Democrats have an opportunity to lean in,” said Vanessa Cárdenas, executive director of America’s Voice, a pro-immigration group. “Talk about the fact that we can do big things, and get the ball rolling on affirmative positive immigration action, versus just playing into the right and talking about enforcement.”Jeanna Smialek More