More stories

  • in

    La democracia está bajo amenaza en todo el mundo

    EE. UU. no está solo en cuanto a la presión que sufren las normas e instituciones democráticas. Según un estudio reciente, ahora hay más democracias que decaen que en cualquier otro momento del último siglo.Estados Unidos no es el único país que enfrenta presión contra sus reglas e instituciones democráticas. De acuerdo con datos de V-Dem, un instituto de monitoreo con sede en Suecia, en la actualidad, más que en ningún otro momento del siglo pasado, hay otras democracias en deterioro, e incluso hay algunas que están muy cerca de la autocracia. Los datos demuestran que, al parecer, esta tendencia, que lleva más de una década, va en aumento y está afectando tanto a las democracias bien establecidas como a las endebles.Este es una revisión de algunos de los acontecimientos más recientes.KeniaPese a ser considerada una de las democracias más sólidas de África, Kenia ha tenido que enfrentar turbulencias continuas. En ocasiones, los políticos han aprovechado la polarización en cuestiones étnicas y geográficas, sobre todo durante las elecciones. Esto ha dado origen a una serie de crisis, violencia comunitaria y ataques a instituciones como los órganos judiciales.Las reñidas elecciones de este mes han supuesto una prueba más para la democracia keniana, ya que un asesor sénior del candidato perdedor ha insinuado que quizá su campaña impugnará los resultados por considerarlos fraudulentos.“La democracia en nuestro país, Kenia, está actualmente en un territorio muy hostil”, señaló en un evento de marzo en Washington D. C. William Ruto, el candidato ganador de las recientes elecciones.Sri LankaEsta democracia multiétnica y diversa en términos religiosos ha sido cuestionada desde que el hermano del exdictador Mahinda Rajapaksa subió al poder en las elecciones de 2019. Desde hacía mucho tiempo, la familia Rajapaksa había sido acusada de abuso de poder y de denigrar a las minorías del país, lo que incrementó el temor de que Sri Lanka pudiera volver a la autocracia.Este verano, las protestas por los problemas económicos terminaron en un asalto al palacio presidencial por parte de los manifestantes. El presidente Gotabaya Rajapaksa renunció, pero designó como su sustituto a uno de sus aliados, el cual, con la aprobación del Parlamento, más tarde se convirtió en el presidente oficial. Esto ha dejado en un punto muerto el conflicto entre los manifestantes y la influencia de la dinastía Rajapaksa.Hungría“Este nuevo Estado que estamos construyendo es en un Estado iliberal”, declaró el primer ministro Viktor Orbán en 2014.Desde entonces, Orbán, quien se presenta como la vanguardia de la derecha populista a nivel mundial, ha reconfigurado el sistema judicial, la Constitución y las normas electorales a modo de fortalecer su mandato. También ha usado los medios de comunicación, tanto estatales como privados, para atacar a sus opositores mediante la divulgación de desinformación y discursos nacionalistas.Orbán ha planteado estas medidas como algo necesario para defender a Hungría de la influencia corruptora de la diversidad racial, la migración no europea y la Unión Europea. Aunque, debido al descontento con el mandatario, los partidos de oposición han repuntado, Orbán sigue contando con una importante base de apoyo.BrasilEl presidente Jair Bolsonaro, quien elogia la figura de Donald Trump como un modelo político, desde hace mucho tiempo ha tachado de corruptas a las instituciones democráticas de Brasil. También ha expresado muy buenas opiniones de la dictadura militar de derecha que gobernó el país de 1964 a 1985.Bolsonaro ya está cuestionando la legitimidad de la contienda presidencial de Brasil que se celebrará en octubre, para la cual ha quedado rezagado en las encuestas. Incluso ha conseguido la ayuda de algunos dirigentes militares que han planteado dudas sobre la integridad de las elecciones.Aunque no se sabe si Bolsonaro en verdad intentaría impugnar o rechazar una derrota, sus provocaciones han aumentado las inquietudes del mundo por la estabilidad de la democracia más poblada de Latinoamérica.FilipinasEn los seis años de la presidencia de Rodrigo Duterte en Filipinas, atestiguamos el encarcelamiento de enemigos políticos y periodistas, la propagación generalizada de desinformación en favor de Duterte y una ola de violencia ocasionada por grupos paramilitares que dejó miles de personas muertas.Duterte, un férreo populista, se posicionó como defensor de la democracia frente a sus opositores, a quienes describía como amenazas internas para el país, y obtuvo el apoyo de sus bases a pesar de sus excesos mientras ocupó el cargo.Aunque dejó la presidencia por voluntad propia cuando terminó su mandato en mayo, los ciudadanos eligieron a un nuevo presidente, Ferdinand Marcos, hijo, que los grupos de derechos humanos temen que continuará con el mismo estilo de gobierno. El nuevo Marcos es hijo de un exdictador del país. Su vicepresidenta, Sara Duterte, es la hija de Rodrigo Duterte.IndiaBajo el mandato de Narendra Modi, el primer ministro de India desde 2014, un drástico incremento del ultranacionalismo hindú, que suelen apoyar los aliados de su gobierno, ha dividido a la sociedad del país.Los aproximadamente 200 millones de musulmanes del país han sufrido marginación política y, en muchos casos, una letal violencia religiosa, lo que ha sido ignorado en varias ocasiones por los funcionarios. Los periodistas críticos viven bajo una creciente presión del gobierno y de los medios de comunicación cada vez más nacionalistas.El gobierno de Modi reprimió con violencia la región en disputa de Cachemira y, el año pasado, respondió con dureza a una ola de protestas de los agricultores indios, lo que aumentó el temor de que su gobierno estuviera volviéndose cada vez más coercitivo.TurquíaEn sus casi 20 años en el poder, Recep Tayyip Erdogan ha reconfigurado la democracia turca para convertirla en un vehículo de su poder personal. Erdogan, quien era visto como una fuerza de liberalización, ha restringido las libertades políticas y centralizado el poder de manera tan drástica que ahora casi todos lo consideran un dictador.Después del intento de golpe de Estado en su contra en 2016, el gobierno de Erdogan arrestó a 100.000 personas y despidió a 150.000 empleados del gobierno, lo cual consolidó su poder. Sin embargo, sigue existiendo algo de democracia, puesto que en 2019 los grupos de oposición destituyeron al aliado de Erdogan de la poderosa alcaldía de Estambul y esperan lograr más triunfos.PoloniaPolonia, que solía ser la mayor historia de éxito de la era poscomunista en Europa del Este, ahora se enfrenta a una fuerte polarización política. El partido de derecha en el gobierno ha querido subordinar a su voluntad al sistema judicial y a los medios de comunicación, que siempre han sido independientes. También arremetió contra la Unión Europea, la cual ha puesto en duda que los dirigentes polacos estén defendiendo el Estado de derecho.En los últimos meses, la preocupación por la democracia polaca ha disminuido un poco. Los dirigentes polacos han querido reparar sus vínculos con la Unión Europea, incluso en los temas de la democracia, como una manera de combatir lo que ven como la amenaza de Rusia para Europa. No obstante, los grupos de derechos humanos afirman que la democracia polaca casi no ha revertido su retroceso.El SalvadorEste pequeño país de Centroamérica había establecido una democracia débil después de su dolorosa guerra civil, que terminó en 1992, pero dejó heridas sin sanar.En 2019, un joven desconocido, Nayib Bukele, ganó la presidencia con la promesa de un cambio. Sin embargo, ya en el cargo, ha restringido los derechos básicos, despedido a los jueces, encarcelado a miles de personas sin cumplir con el debido proceso y desplegado al ejército. Bukele alega que son medidas de emergencia para combatir la delincuencia.No obstante, aunque los grupos de derechos humanos y los observadores internacionales están alarmados, Bukele se ha vuelto muy popular, lo que nos recuerda que, en el mundo actual, a los futuros dictadores con frecuencia se les elogia mientras van en ascenso.VenezuelaEl país, que alguna vez fue la democracia más antigua y la economía más rica de Sudamérica, ha caído en una zona de desastre económico, en la que la mayor parte de la población padece hambre y está gobernada por lo que, en general, se considera una dictadura.Los estudiosos de la democracia a menudo sostienen que este país es representativo de la manera en que las democracias tienden a deteriorarse en la actualidad: con lentitud, socavadas desde el interior por populistas electos que tachan de ilegítimos a los opositores y a las instituciones y cuyas medidas iniciales pueden ser muy populares.El dirigente responsable de gran parte de este deterioro, Hugo Chávez, murió en 2013. Su sucesor, Nicolás Maduro, ha llevado a cabo represiones letales contra los manifestantes y ha ejercido un control férreo de los tribunales y las legislaturas.República Checa y EsloveniaCuando, en 2017, el populista y multimillonario magnate de los medios de comunicación Andrej Babis se convirtió en primer ministro de la República Checa, hubo temor de que siguiera el camino hacia el iliberalismo ultraconservador marcado por Orbán en Hungría. Cuando la vecina Eslovenia eligió a su propio populista de derecha, aumentó la preocupación de que se formara un bloque de países que acabaran con la Unión Europea desde el interior.Aunque Babis sí condujo poco a poco a su país en esa dirección, al final fue derrotado en las elecciones de 2021, ya que varios partidos de oposición se aliaron contra él, pues lo calificaban como una amenaza para la democracia checa. Al año siguiente, los electores eslovenos expulsaron a su gobierno populista. Ambos países fueron un ejemplo de que todavía, en ocasiones, se pueden disipar las dudas en torno a la democracia.Max Fisher es reportero y columnista de temas internacionales con sede en Nueva York. Ha reportado sobre conflictos, diplomacia y cambio social desde cinco continentes. Es autor de The Interpreter, una columna que explora las ideas y el contexto detrás de los principales eventos mundiales de actualidad. @Max_Fisher • Facebook More

  • in

    How Democracy Is Under Threat Across the Globe

    The United States is far from alone in facing pressure on its democratic norms and institutions. According to data from V-Dem, a monitoring institute based in Sweden, more democracies are declining, and even sliding into autocracy, today than at any point in the last century. This trend, continuing for over a decade, appears to be accelerating, data shows, affecting established and fragile democracies alike across the globe.Here’s a look at some of the latest developments.KenyaThough considered one of Africa’s most robust democracies, Kenya has faced periodic turmoil. Politicians there have sometimes exploited polarization along ethnic and geographic lines, particularly during elections. This has led to succession crises, communal violence or attacks on institutions such as the courts.A razor-thin election this August has brought with it another test for Kenyan democracy, with a senior aide to the losing candidate suggesting that their campaign might challenge the results as fraudulent.“The state of democracy in our country, Kenya, is sitting in a very hostile territory,” William Ruto, the election’s winning candidate, said at a Washington, D.C., event earlier this year.Sri LankaThis multiethnic and religiously diverse democracy has been questioned since the brother of Mahinda Rajapaksa, a former strongman, took power in the 2019 elections. The Rajapaksa family had long faced accusations of abusing power and vilifying the country’s minorities, raising fears that Sri Lanka might return to autocracy.This summer, demonstrations over economic issues culminated in protesters storming the presidential palace. The president, Gotabaya Rajapaksa, resigned, but appointed an ally as his replacement; that ally later formally became president, with the Parliament’s blessing. This has left the conflict between protesters and the influence of the Rajapaksa dynasty in limbo.Hungary“The new state that we are building is an illiberal state,” Hungary’s prime minister Viktor Orban declared in 2014.Since then, Mr. Orban, who casts himself as a vanguard of the global populist right, has retooled the courts, the Constitution and voting rules in ways that have cemented his rule. He has also wielded state-run and private media against opponents, promoting disinformation and nationalist narratives.Mr. Orban has cast these steps as necessary to defend Hungary from the corrupting influences of racial diversity, non-European immigration and the European Union. While opposition parties have risen built on discontentment with Mr. Orban, he retains a meaningful base of support.BrazilPresident Jair Bolsonaro, who praises Donald J. Trump as a political model, has long criticized Brazil’s democratic institutions as corrupt. He has also spoken fondly of the country’s right-wing military dictatorship, which ruled from 1964 to 1985.Mr. Bolsonaro is already questioning the legitimacy of Brazil’s presidential race coming up in October, in which he has consistently trailed in the polls. He has even enlisted the help of some military leaders in raising doubts about the integrity of the vote.Though it is unclear whether Mr. Bolsonaro would actually seek to overturn or reject a loss, his rabble rousing has elevated international concern over the stability of Latin America’s largest democracy.The PhilippinesRodrigo Duterte’s six years as president in the Philippines saw political rivals and critical journalists jailed, the widespread dissemination of pro-Duterte disinformation and a wave of vigilante police violence that left thousands dead.A fiery populist, Mr. Duterte positioned himself as defending democracy from the opponents he cast as threats to the country from within, winning support from his base despite his excesses while in office.Though he left office willingly at the end of his term in May, voters elected a new president, Ferdinand Marcos, Jr., that rights groups fear will continue his style of rule. The new President Marcos is the son of a former dictator of the Philippines. His vice president, Sara Duterte, is Mr. Duterte’s daughter.IndiaUnder Narendra Modi, India’s right-wing prime minister since 2014, a sharp rise in extreme Hindu nationalism, often backed by his government’s allies, has divided Indian society.The country’s roughly 200 million Muslims have faced political marginalization and, in many cases, deadly religious violence, with officials at times looking the other way. Critical journalists come under growing pressure from both the government and an increasingly nationalist media.Mr. Modi’s government clamped down fiercely on the disputed region of Kashmir and responded harshly to a wave of protests by Indian farmers last year, raising fears that his rule was growing increasingly strong-armed.TurkeyIn his nearly 20 years in power, Recep Tayyip Erdogan has remade Turkish democracy into a vessel for his personal rule. Once seen as a liberalizing force, Mr. Erdogan has curtailed political freedoms and centralized power so drastically that he is widely seen as a dictator.After a 2016 coup attempt against him, Mr. Erdogan’s administration detained 100,000 people and purged 150,000 government employees from their jobs, cementing his power. Still, there remains enough of a semblance of democracy that opposition groups unseated Mr. Erdogan’s ally from the powerful mayoralty of Istanbul in 2019 and hope for further gains.PolandOnce Eastern Europe’s great post-communist success story, Poland is now facing deep political polarization. The ruling right-wing party has sought to subordinate the traditionally independent judiciary and media to its will. It also railed against the European Union, which has questioned whether Polish leaders’ are upholding the rule of law.In recent months, fears for Poland’s democracy have ebbed slightly. Polish leaders have sought to repair ties with the European Union, including over democracy matters, as a way to fight against what they see as the Russian threat to Europe. Still, rights groups say that Polish democracy has hardly reversed its backward steps.El SalvadorThis small Central American country had established a fragile democracy in the wake of its wrenching civil war, which ended in 1992 but created wounds that are still healing.A young outsider, Nayib Bukele, won the presidency in 2019 promising change. In office, however, he has curbed basic rights, purged judges, jailed thousands with little due process and deployed the army, all in what he calls an emergency measure to fight crime.Still, even as rights groups and international monitors raise alarms, Mr. Bukele has grown wildly popular, a reminder that, in today’s world, would-be strongmen are often cheered while on the rise.VenezuelaOnce South America’s oldest democracy and wealthiest economy, Venezuela has collapsed into an economic disaster zone, with much of the population hungry and ruled under what is widely considered a dictatorship.The country is often held up by democracy scholars as representative of how democracies tend to decline today: slowly, pulled down from within by elected populists who treat opponents and institutions as illegitimate, and whose actions may initially be quite popular.The leader who oversaw much of this decline, the leftist firebrand Hugo Chávez, died in 2013. His successor, Nicolás Maduro, has overseen deadly crackdowns on protesters, as well as asserting forceful control over the courts and legislature.Czech Republic and SloveniaWhen the populist outsider and billionaire media tycoon Andrej Babis became the prime minister of the Czech Republic in 2017, there were fears he might follow the path created by Mr. Orban in Hungary toward arch-conservative illiberalism. As nearby Slovenia elected its own right-wing populist, concerns arose of a bloc of nations that might break the European Union from within.While Mr. Babis did inch his country in that direction, he was ultimately felled in the 2021 elections, when several opposition parties banded together against the leader they called a threat to Czech democracy. Slovenian voters cast out their populist government the next year. Both countries served as demonstrations that doubts around democracy can still sometimes recede. More

  • in

    Republicans Are America’s Problem

    Tuesday’s primary in Wyoming delivered Liz Cheney a resounding defeat. She is one of the few Republicans in Congress willing to resist Donald Trump’s election lies, and Republican voters punished her for it.First, let me say, I have no intention of contributing to the hagiography of Liz Cheney. She is a rock-ribbed Republican who supported Trump’s legislative positions 93 percent of the time. It is on the insurrection and election lies where she diverged.In a way, she is the Elvis of politics: She took something — in this case a position — that others had held all along and made it cross over. She mainstreamed a political principle that many liberals had held all along.Excuse me if I temper my enthusiasm for a person who presents herself as a great champion of democracy but votes against the John R. Lewis Voting Rights Advancement Act.Situational morality is better than none, I suppose, but I see it for what it is, and I am minimally moved.However, her loss does crystallize something for us that many had already known: that the bar to clear in the modern Republican Party isn’t being sufficiently conservative but rather being sufficiently obedient to Donald Trump and his quest to deny and destroy democracy.We must stop thinking it hyperbolic to say that the Republican Party itself is now a threat to our democracy. I understand the queasiness about labeling many of our fellow Americans in that way. I understand that it sounds extreme and overreaching.But how else are we to describe what we are seeing?Of the 10 Republicans in the House who voted to impeach Donald Trump for his role in fomenting the insurrection, four didn’t seek re-election and four lost their primaries. Only two have advanced to the general election, and those two were running in states that allow voters to vote in any primary, regardless of their party affiliation.Polls have consistently shown that only a small fraction of Republicans believe Joe Biden was legitimately elected. He was, of course. (That fact apparently can’t be repeated often enough.)And in fact, according to a Washington Post analysis published this week, in battleground states, nearly two-thirds of the Republican nominees for the state and federal offices with sway over elections believe the last election was stolen.This is only getting worse. Last month, a CNN poll found that Republicans are now less likely to believe that democracy is under attack than they were earlier in the year, before the Jan. 6 committee began unveiling its explosive revelations. Thirty-three percent of Republicans and Republican-leaning independents said the party should be very accepting of candidates who say the election was stolen; 39 percent more said the party should be somewhat accepting of those candidates.Furthermore, a Washington Post-University of Maryland poll published in January found that the percentage of Republicans who say that violence against the government can sometimes be justified had climbed to 40 percent, compared with just 23 percent of Democrats. It should also be noted that 40 percent of white people said that violence could be justified compared with just 18 percent of Black people.We have to stop saying that all these people are duped and led astray, that they are somehow under the spell of Trump and programmed by Fox News.Propaganda and disinformation are real and insidious, but I believe that to a large degree, Republicans’ radicalization is willful.Republicans have searched for multiple election cycles for the right vehicle and packaging for their white nationalism, religious nationalism, nativism, craven capitalism and sexism.There was a time when they believed that it would need to be packaged in politeness — compassionate conservatism — and the party would eventually recommend a more moderate approach intended to branch out and broaden its appeal — in its autopsy after Mitt Romney’s 2012 loss.But Trump offered them an alternative, and they took it: Instead of running away from their bigotries, intolerances and oppression, they would run headlong into them. They would unapologetically embrace them.This, to many Republicans, felt good. They no longer needed to hide. They could live their truths, no matter how reprehensible. They could come out of the closet, wrapped in their cruelty.But the only way to make this strategy work and viable, since neither party dominates American life, was to back a strategy of minority rule and to disavow democracy.A Pew Research Center poll found that between 2018 and 2021, Republicans and Republican-leaning independents gradually came to support more voting restrictions.In a December NPR/Ipsos poll, a majority of Democrats, independents and Republicans all thought that American democracy, and America itself, was in crisis, but no group believed it more than Republicans.But this is a scenario in which different people look at the same issue from different directions and interpret it differently.Republicans are the threat to our democracy because their own preferred form of democracy — one that excludes and suppresses, giving Republicans a fighting chance of maintaining control — is in danger.For modern Republicans, democracy only works — and is only worth it — when and if they win.The Times is committed to publishing a diversity of letters to the editor. We’d like to hear what you think about this or any of our articles. Here are some tips. And here’s our email: letters@nytimes.com.Follow The New York Times Opinion section on Facebook and Twitter (@NYTopinion), and Instagram. More

  • in

    The Arizona Republican Party’s Anti-Democracy Experiment

    Listen to This ArticleAudio Recording by AudmTo hear more audio stories from publications like The New York Times, download Audm for iPhone or Android.R​​ose Sperry, a state committeewoman for Arizona’s G.O.P., answered immediately when I asked her to name the first Republican leader she admired. “I grew up during the time that Joe McCarthy was doing his talking,” Sperry, an energetic 81-year-old, said of the Wisconsin senator who in the 1950s infamously claimed Communists had infiltrated the federal government. “I was young, but I was listening. If he were here today, I would say, ‘Get him in there as president!’”Sperry is part of a grass-roots movement that has pushed her state’s party far to the right in less than a decade. She had driven 37 miles the morning of July 16, from her home in the Northern Arizona town Cottonwood to the outskirts of Prescott, to attend the monthly meeting of a local conservative group called the Lions of Liberty, who, according to the group’s website, “are determined to correct the course of our country, which has been hijacked and undermined by global elites, communists, leftists, deep state bureaucrats and fake news.” That dismal view of America today was echoed by nearly every other conservative voter and group I encountered across the state over the past year.Arizona has become a bellwether for the rest of the nation, and not just because of its new status as a swing state and the first of these to be called for Joe Biden in the 2020 presidential election. It was and has continued to be the nexus of efforts by former President Donald Trump and his Republican allies to overturn the 2020 election results. At the same time, party figures from Trump down to Rose Sperry have sought to blacklist every Arizona G.O.P. official who maintained that the election was fairly won — from Gov. Doug Ducey to Rusty Bowers, speaker of the state’s House of Representatives. Such leaders have been condemned as RINOs, or Republicans in name only, today’s equivalent of the McCarthy era’s “fellow travelers.”The aggressive takeover of the Arizona G.O.P. by its far-right wing was made manifest on primary night earlier this month, when a slate of Trump-endorsed candidates — the gubernatorial candidate Kari Lake, the U.S. Senate candidate Blake Masters, the state attorney general candidate Abraham Hamadeh and the secretary of state candidate Mark Finchem — all prevailed. As a group, they maintain that the 2020 election was stolen, have promoted conspiracy theories about Covid and have vowed to protect Arizona’s schools from gender ideology, critical race theory and what McCarthyites denounced 70 years ago as “godless communism.” They have cast the 2022 election as not just history-defining but potentially civilization-ending. As Lake told a large crowd in downtown Phoenix the night before the primary: “It is not just a battle between Republicans and Democrats. This is a battle between freedom and tyranny, between authoritarianism and liberty and between good and evil.” A week later, in response to the F.B.I.’s executing a search warrant at Trump’s residence at Mar-a-Lago in Florida, Lake posted a statement on Twitter: “These tyrants will stop at nothing to silence the Patriots who are working hard to save America.” She added, “America — dark days lie ahead for us.” Far from offering an outlier’s view, Lake was articulating the dire stance shared by numerous other Republicans on the primary ballot and by the reactionary grass-roots activists who have swept them into power.Whether that viewpoint is politically viable in a swing state is another question. Arizona’s two U.S. senators, Mark Kelly and Kyrsten Sinema, are both Democrats. The tissue-thin Republican majorities in Arizona’s State Legislature — 31 to 29 in the House, 16 to 14 in the Senate — are the most precarious the G.O.P. has experienced in over a quarter-century as the ruling party. And, of course, Trump lost Arizona in 2020, in large part by alienating the college-educated suburbanites who have relocated to the Phoenix metropolitan area of Maricopa County in increasing numbers.Arizona has thus become what the state’s well-regarded pollster Mike Noble characterizes as “magenta, the lightest state of red.” In the face of this shift, the state’s G.O.P. has aggressively declined to moderate itself. Instead, it has endeavored to cast out some of its best-known political figures. Last year, it censured its sitting governor, Doug Ducey; its former U.S. senator Jeff Flake; and Cindy McCain, the widow of the U.S. senator and 2008 G.O.P. presidential nominee John McCain, arguably the state party’s second-most-famous elected official, after Barry Goldwater.In the weeks leading up to its Aug. 2 primary, and now as it turns toward the general election in November, Arizona has presented an American case study in how backlash to demographic and social change can cause a political party to turn on itself, even at its own electoral peril. “The fact that so much energy is being spent RINO-slaying and not beating Democrats is not a healthy place for our party to be in the long run,” one political consultant who works in multiple Western states including Arizona (and who requested anonymity to not alienate current and potential clients) observed fretfully.When I recently spoke by phone with the state G.O.P.’s chairwoman, Kelli Ward, and shared this consultant’s concern, she offered a defiant laugh. “That’s the same argument that they’ve been making again and again and again, decade after decade,” Ward told me. “And they deliver us these spineless weaklings who cave in like rusty lawn chairs at the snap of a Democrat’s finger. I’m sick of it, and the people are sick of it.” A day after we spoke, Ward announced on Twitter that party officials had voted to censure yet another of their own: Bowers, the sitting House speaker, one of the few state Republican leaders who had remained steadfast in publicly saying that Trump lost Arizona fair and square, and had recently testified to the Jan. 6 House committee that vengeful opponents had driven a van through his neighborhood with a video screen calling him a pedophile. Bowers, Ward proclaimed in her tweet, “is no longer a Republican in good standing & we call on Republicans to replace him at the ballot box in the August primary.” (Bowers was defeated.)But there is more at stake than the health of the Republican Party when its core activists, as well as a growing number of officials and those campaigning for governmental positions, openly espouse hostility not just to democratic principles but, increasingly, to the word “democracy” itself. It has long been a talking point on the right — from a chant at the 1964 Republican convention where Goldwater became the G.O.P. nominee to a set of tweets in 2020 by Senator Mike Lee of Utah — that the United States is a republic, not a democracy. The idea, embodied by the Electoral College’s primacy over the popular vote in presidential elections, is that the founders specifically rejected direct popular sovereignty in favor of a representative system in which the governing authorities are states and districts, not individual voters. But until very recently, democracy has been championed on the right: President George W. Bush, a subject of two books I’ve written, famously promoted democracy worldwide (albeit through military aggression that arguably undermined his cause). For that matter, in Trump’s speech at the rally on Jan. 6, he invoked the word “democracy” no fewer than four times, framing the attempt to overturn the 2020 election as a last-ditch effort to “save our democracy.”What is different now is the use of “democracy” as a kind of shorthand and even a slur for Democrats themselves, for the left and all the positions espoused by the left, for hordes of would-be but surely unqualified or even illegal voters who are fundamentally anti-American and must be opposed and stopped at all costs. That anti-democracy and anti-“democracy” sentiment, repeatedly voiced over the course of my travels through Arizona, is distinct from anything I have encountered in over two decades of covering conservative politics.It’s the failure to reinstall a legitimately defeated president, under the misguided belief that victory was stolen from him, that seems to have ushered in the view among Arizona Republicans — and many more across the nation — that democracy itself was at fault and had been weaponized by the political left, or the “enemies from within,” as McCarthy once put it. As it happened, Rose Sperry wasn’t the first person to invoke the Wisconsin senator at the Lions of Liberty event. “I had a weird dream last night about Joseph McCarthy,” said one of the morning’s featured speakers, Jim Arroyo, the head of Arizona’s biggest chapter of the Oath Keepers, a far-right paramilitary group made up largely of current and former members of the armed forces and law enforcement. McCarthy, he said, “was not only right — he understated the seriousness of it.” Arroyo’s eschatological rhetoric was echoed by the down-ballot Republican candidates who spoke to the group. One of them was Selina Bliss, a precinct committeewoman and nursing teacher at Yavapai College who was running for a State House seat. (On Aug. 2, she was defeated by the G.O.P. incumbent, Quang Nguyen, who earlier this year authored legislation, later signed into law, requiring that Arizona high school students receive anti-Communist civics instruction.) Bliss reminded her friends and neighbors that they belonged to a thriving activist movement: “We Republicans, we conservatives, we’re the grass roots, we come from the bottom up.” Blake Masters, in white shirt, outside a campaign rally in Tucson, Ariz., in July.Peter van Agtmael/Magnum, for The New York TimesBut after the seeming paean to political participation, she took a turn. “I want to address something that’s bugging me for a long time,” Bliss said. “And that’s the history and the sacredness of our Constitution and what our founding fathers meant.” She then said: “We are a constitutional republic. We are not a democracy. Nowhere in the Constitution does it use the word ‘democracy.’ When I hear the word ‘democracy,’ I think of the democracy of the Democratic Republic of the Congo. That’s not us.”It once would have been jarring to hear a candidate for state legislative office ignore the usual parochial issues — property taxes, water access, state funding for universities — and instead repudiate the very idea of democracy in America. But Bliss’s view was hardly out of place here. Sperry, the activist sitting in the audience, had posted on Facebook a few months before: “Please strike the word democracy from your vocabulary! WE ARE A REPUBLIC!!!” The Republican activities across Arizona before its primary could have been mistaken, at first glance, for a collective celebration of democracy rather than a threat to it. Rows of yard signs, nearly all of them for G.O.P. candidates, stretched along highways from Maricopa County to the northern conservative strongholds of Mohave and Yavapai Counties. Candidate meet-and-greets, held in coffee shops and strip malls and V.F.W. halls, were hosted by activist groups like the Granite Mountain Republican Women and United Patriots AZ. Among the candidates, the closest thing to an entrenched party war horse was two six-term congressmen from the 2010 Tea Party class, Paul Gosar and David Schweikert, each of whom were now, because of redistricting, having to sell themselves to voters in newly drawn but still red districts. (Both incumbents won.) Otherwise, the field was replete with political novices, suggestive of what Selina Bliss, at the Lions of Liberty meeting, referred to as a seeming “bottom up” democratization of the Republican Party.But most of the G.O.P. candidates seemed to share Bliss’s fears of majority rule as well as a desire to inflict harsh punishment on those they perceive as threats, deviants and un-American. Possibly the most notorious Arizona Republican to appear on the primary ballot was State Senator Wendy Rogers. She was censured in March by her fellow state senators for telling a white-nationalist group, referring to state and federal officials who had enacted Covid vaccine mandates, “If we try some of these high-level criminals, convict them and use a newly built set of gallows, it’ll make an example of these traitors who betrayed our country.” Yet Rogers would go on to win her primary, easily defeating a fellow G.O.P. state senator, Kelly Townsend, whose communications with Trump lawyers have been subpoenaed by the F.B.I., presumably for information she might have about the plot by Trump allies to replace Arizona’s legitimate electors with fake ones. No moderate herself, Townsend recently vowed that vigilantes at primary polling stations would monitor voters they deemed suspicious: “We’re going to have people parked out there watching you, and they’re going to follow you to your car and get your license plate.”The leading name in this new Republican wave is that of Lake, the gubernatorial candidate, who was a well-known personality on Phoenix’s Fox affiliate for over two decades. At a Trump rally in Arizona I attended in January, she called for the arrest of illegal border-crossers and also of Dr. Anthony Fauci for unspecified Covid-related offenses, as well as unspecified conspirators “in that corrupt, shady, shoddy election of 2020.” To this litany of suspected criminals, Lake has also added teachers. “Put cameras in the classroom,” she told the Arizona conservative talk-radio host Garret Lewis last November, arguing that parents should have access to video evidence of “something being taught in the classroom” that they might deem objectionable.Lake neatly if hyperbolically described the Arizona G.O.P.’s us-versus-them outlook on Twitter in June: “They kicked God out of schools and welcomed the Drag Queens. They took down our Flag and replaced it with a rainbow. They seek to disarm Americans and militarize our Enemies. Let’s bring back the basics: God, Guns & Glory.” On her campaign website, Lake describes the media — her former profession — as “corrupt” and “the enemy of the people.” A campaign video displays her bashing televisions to bits with a sledgehammer and a baseball bat. At a rally the night before the primary, she directed her audience to turn around and “show these bastards” — referring to the camera crews positioned on a riser — their disapproval, which they proceeded to do with loud jeers.Lake has said she decided to leave journalism in 2021 because of disenchantment with the news media’s liberal bias. In fact, Lake herself donated to Barack Obama’s presidential campaign in 2008. A decade later, Lake’s preference had changed. She visited the White House in June 2019 to do a story for the local Fox affiliate on Stephanie Grisham, who years before served as the press secretary for the Arizona House Majority Caucus and who had just been named communications director for the first lady, Melania Trump. “What got me was how much of a fangirl for Donald Trump she was,” Grisham told me. “When she got there, she was absolutely gushing about him. I remember thinking, Even for Fox, this is a bit much.”Trump endorsed Lake last September, a few hours after she wrote on Twitter that the likeness of the former president should be chiseled into Mount Rushmore. Trump also endorsed Blake Masters, now the Arizona Republican candidate for the U.S. Senate against the incumbent Democrat, Mark Kelly. Masters, the 36-year-old former C.O.O. of Peter Thiel’s venture capital firm, embraces the “great replacement” conspiracy theory. “If you say as a candidate, ‘Obviously, the Democrats, they hope to just change the demographics of our country, they hope to import an entirely new electorate,’ they call you a bigot,” he told Rob Hephner, who goes by Birdman, on the “Patriot Edition” podcast in April. Such views are in alignment with those of Andrew Anglin, the publisher of the neo-Nazi website The Daily Stormer, who gave Masters his “forceful endorsement.” (Masters rejected the endorsement.) The campaign yard signs for Masters that I saw festooning Arizona’s highways bore pledges like “Blake Masters Will Prosecute Fauci” and “Blake Masters Won’t Ask Your Pronouns.”Trump’s interest in Arizona officeseekers like Masters and Lake is anything but casual. For nearly two years running, he has repeatedly cited both his continuing desire to overturn the 2020 presidential election and Arizona’s centrality to that effort. At a rally in Prescott Valley on July 22, Trump spoke glowingly of the G.O.P. state chairwoman, Kelli Ward — “she’s winning so much.” Ward has championed the State Senate’s election audit of Maricopa County, calling it “America’s Audit.” (Arizona election officials had already conducted a succession of recounts and audits before this one by an outfit called Cyber Ninjas, headed by a conservative election denier named Doug Logan, which found in the end that Biden had won 99 more votes and Trump 261 fewer than originally recorded.) A primary eve rally in Phoenix, in August.Peter van Agtmael/Magnum, for The New York TimesThe most telling among Trump’s Arizona endorsements is that of the secretary of state candidate Mark Finchem, whom Trump has described in an official statement as “a true warrior” who took an “incredibly powerful stance on the Massive Voter Fraud that took place in the 2020 Presidential Election Scam.” Indeed, Finchem, as a state representative, was one of Arizona’s first public officials to baselessly claim that the state’s voting machines had been corrupted in Biden’s favor. At a candidate forum I attended in mid-July, Finchem disclosed to the audience that he had charged $5,000 to his personal American Express card to rent out a Phoenix hotel conference room where, on Nov. 30, 2020, he and Trump’s lawyer Rudy Giuliani staged a multihour presentation to Finchem’s fellow state legislators of supposed fraud in Arizona, even as state officials were certifying the election for Biden a few miles away. As secretary of state, Finchem would be Arizona’s top election official during a potential rematch of Trump and Biden in 2024 and could work to invalidate the results, which the current secretary of state, the Democrat Katie Hobbs, now running for governor, refused to do in 2020.The enmeshment of Finchem and other Arizona Republicans in the tumultuous final weeks of Trump’s presidency is remarkable in its depth and complexity. On Nov. 4, 2020, the day after the election, Representative Paul Gosar conceived the first protest of the results anywhere in the United States, marching to the Maricopa County recorder’s office in Phoenix, where the ballots were still being tallied. Joining Trump’s lawyer Sidney Powell in a postelection lawsuit seeking to invalidate Arizona’s results, on the factually unsupported grounds that “old-fashioned 19th-century ballot stuffing” had occurred there, was the Phoenix lawyer Alexander Kolodin, who on primary night won a seat in the State Legislature (no Democrat will oppose him in the general election). As the flurry of Arizona lawsuits failed one by one, the state’s G.O.P. chairwoman, Ward — who had also filed an unsuccessful election lawsuit — maintained a weekslong pressure campaign against the Republican-controlled Maricopa County Board of Supervisors to throw out the results, saying in one ominous text message (among many that were obtained by The Arizona Republic), “I know you don’t want to be remembered as the guy who led the charge to certify a fraudulent election.”Two weeks after the Nov. 30 election-fraud hearing convened by Finchem and Giuliani, while state officials were certifying the Arizona results, the official state G.O.P. Twitter account posted a video of Ward and 10 other Republicans signing documents falsely proclaiming themselves to be the state’s electors and declaring the election results illegitimate. Among the phony electors were three Republicans who would later appear on the 2022 primary ballot: the U.S. Senate candidate Jim Lamon and the State Senate candidates Anthony Kern and Jake Hoffman. (Lamon was defeated by Masters; Kern and Hoffman won.) This fake-elector scheme had been in the works for over a month and involved Ginni Thomas, the wife of Supreme Court Justice Clarence Thomas, who in emails obtained by The Washington Post urged two Arizona lawmakers, Speaker Rusty Bowers and State Representative Shawnna Bolick, to “take action to ensure that a clean slate of electors is chosen.”When that maneuver also failed to bear fruit, several Arizona Republicans joined with Trump in attempting a final desperate postelection measure. On Dec. 21, 2020, Gosar and his fellow Arizona congressman Andy Biggs, then the head of the ultraconservative House Freedom Caucus, were among a group of G.O.P. House members who met with Trump in the White House to discuss actions including calling on Vice President Mike Pence to decertify the election results unilaterally. Two weeks later, on Jan. 5, 2021, 16 Arizona legislators — Bolick, Kern and Finchem among them — signed a letter to Pence that was also signed by Republican legislators in four other contested states, urging him to delay certifying the election results for 10 days. Pence refused to do so, and on Jan. 6, Kern and Finchem were among the Arizonans who descended on the Capitol. Finchem photographed the riotous mob and posted it on Twitter with the caption, “What happens when the People feel they have been ignored, and Congress refuses to acknowledge rampant fraud.”As a result of their involvement in Trump’s efforts to steal back the presidency, Finchem, Ward, Biggs and other Arizona Republicans have been issued subpoenas by the Jan. 6 committee. (Though Ward taunted Democrats last year for their resistance to the State Senate audit in Arizona — “What are they hiding?” she demanded at the time — she has since sued to block the committee from obtaining her cellphone records.) Back home in Arizona, however, they have faced no reprisals within their party. Far from it: Their willingness to assist Trump in overturning the 2020 election was rewarded across the boards on primary night.There was no mystery as to why. According to a state survey of Arizona voters last year, 61 percent of Republicans believed the 2020 election “was stolen from President Trump.” Perhaps not by coincidence, the G.O.P. primary candidates who spoke the most vociferously about fraud in the 2020 elections were those like Kari Lake and Blake Masters, who were not in Trump’s trenches back then and now had to work overtime to prove themselves fit for combat against the enemy.“We are a Wild West state,” Lake proudly declared to a cheering audience at the Trump rally I attended in January. She was saluting her state’s undomesticated spirit and distinguishing it from what she termed the “socialist garbage” prevalent in California. Much like Texans, residents of the last contiguous state to enter the Union have long evinced a certain pride in their nearly uninhabitable territory, insofar as doing so confers a toughness that their effete neighbors to the west may lack. Lake was no doubt also nodding to the worrisome demographic reality that some 60,000 Californians relocated to Arizona in 2020. What some activists on the right derisively refer to as the looming “Californication” of Arizona — high taxes, increased gun restrictions and liberalization of social values — ranks high on the list of existential anxieties among the state’s conservatives. “They don’t win with their ideas,” Lake said of progressives to her supporters the night before the primary, “because their ideas are what sunk California.”Roughly 39 percent of Arizona’s land is federally owned. The local hostility to government control, combined with the sense of rough-hewn independence fostered by its desert climate, has meant that conservatism in Arizona has long possessed an extremist underbelly. One former longtime state G.O.P. operative brought up the congressional district long represented by Gosar, which includes most of Mohave and Yavapai Counties, two of the two most conservative in Arizona. (The home page for the Mohave County G.O.P. contains the banner headline, “Protecting Our Republic … One Voter at a Time.” The Yavapai County G.O.P.’s website includes links to the former Trump adviser Steve Bannon’s podcast as well as to the Gateway Pundit website, which has been banned on Twitter and demonetized by Google for promoting ludicrous conspiracy theories.) “These are the ranchers of the West,” the former operative told me. “They literally will meet you with a gun at their door if you try to say hello. It makes canvassing very difficult.” This person noted that Kingman, a town in Mohave County, was where Timothy McVeigh spent several months discussing with fellow extremists his plans to bomb a federal building in Oklahoma City in 1995. As the former operative told me, “This is the part of the country where they believe Timothy McVeigh was right.”Other political observers in Arizona point to Gov. Evan Mecham, elected in 1986 and impeached and removed from office only 15 months into his term (for obstruction of justice and misusing public funds to prop up his ailing auto dealership), as an early sign of a far-right base that Trump would later exploit. Mecham, who rescinded the state holiday honoring the Rev. Dr. Martin Luther King Jr. while blaming America’s high divorce rate on women’s entering the labor force, vowed to his death that his political career had been undone by a vast conspiracy. The bridge between Mecham and Trump would prove to be Joe Arpaio, who took office as Maricopa County sheriff in 1993, five years after Mecham’s removal, and stepped down in 2017 after losing his latest re-election bid. Styling himself as “America’s toughest sheriff,” Arpaio achieved notoriety for his barbaric attitude toward county inmates before later refashioning himself as Arizona’s foremost proponent of strict border-enforcement measures and, later still, as a pioneer of the “birther” conspiracy theory that Barack Obama was born outside the United States. Arpaio became an early spokesman for candidate Trump, who as president would pardon Arpaio after he was found guilty of contempt of court. Arpaio, now 90, was also on the ballot for the Aug. 2 primary, barely losing a campaign to be mayor of Fountain Hills, an affluent town in Maricopa County with a population of some 24,000.Of course, Arizona’s dominant modern-day political figures — the Democrats Carl Hayden and Morris Udall, the Republicans Goldwater and McCain — have shaped the state and its national standing in ways that Arpaio and Mecham never could. But it’s also the case that McCain, the state’s most powerful Republican for the past quarter-century, commanded as much distrust as he did allegiance from the grass roots. Conservative Christians in Arizona did not readily forgive McCain for denouncing Pat Robertson and Jerry Falwell as “agents of intolerance” during his first presidential run in 2000. McCain’s partnership with the Democrat Ted Kennedy to reform the nation’s immigration system in 2006 further alienated his conservative constituents. Another grudge was the senator’s opposition to a 2014 Arizona bill that would permit businesses to deny service to gay customers on religious grounds, insisting that in Arizona, “We welcome all people of all persuasions.”That year, despite McCain’s status as a war hero, the Arizona G.O.P. censured him “for his continued disservice to our state and nation,” in essence accusing its best-known Republican — and the 2008 G.O.P. presidential candidate — of being a RINO. Following the censure, several McCain associates set up a political action committee called Arizona Grassroots Action and aggressively filled vacant precinct committee seats with loyalists, who in turn voted for like-minded party chairs.Among the precinct committeemen who continued to view McCain with disfavor was a libertarian-leaning engineering technology professor at Mesa Community College named Joe Neglia. In 2012, Neglia attended the state party convention and watched with chagrin as the Republican establishment used delay tactics to deprive Ron Paul of any delegates and ensure victory for the presidential nominee Mitt Romney. “It was a day that really changed my life,” he told me in mid-July over breakfast in Tempe. “Because I thought: This can’t possibly be right. This can’t possibly happen.”Neglia began to catalog the means by which the party establishment maintained the upper hand: how, in 2015, they brought in busloads of McCain supporters to a party meeting so that the senator would not be greeted entirely by boos; how, in 2016, they invoked an obscure rule to shut down an “Endorse Anyone but McCain” resolution. “That’s when I started studying to become a parliamentarian,” Neglia told me. “Now I’ve got the RINOs running scared, because every meeting I go to, they see me, and they know they can’t get away with anything anymore.”A former Maricopa County G.O.P. chairwoman, Rae Chornenky, ruefully described to me how Neglia turned the tables at the state party meeting in January 2019. “We were deciding who the next state chairman would be, and Neglia threw a bomb in the middle of it,” she said. “He insisted on a roll-call vote, so that people would have to say out loud who they voted for. In politics, you don’t always want to have to do that. It’s because of that procedure that many people feel she was able to eke out her win.”A Republican precinct committeeman outside his home in Tempe, Ariz., in July.Peter van Agtmael/Magnum, for The New York Times“She” was Kelli Ward, an osteopathic physician, Tea Party activist and state senator who unsuccessfully challenged McCain in the 2016 Senate primary and subsequently failed to win a Senate primary in 2018. (Ward would later suggest in one of her books that her loss to McCain may have been due to fraud.) “McCain was like a Mafia don,” Ward told me, “whose henchmen were willing to take out people who wouldn’t kiss his ring. That’s why it’s so painful now for his cronies, because they’re used to being rewarded for their loyalty, just like in the mob. And we are seeing a resurgence or a surge of populist grass-roots people who understand how our country was founded and are tired of that kind of machinery controlling the Republican Party.”Ward’s evocation of mobster fealty in McCain’s circle might strike some as ironic, given her unyielding fidelity to Donald Trump, whom she first met at Mar-a-Lago in December 2017, tweeting seven months later, “Every day I thank God for @realDonaldTrump & the amazing job he is doing to #MakeAmericaGreatAgain both here at home & across the world.” In February, Ward self-published a book about the State Senate audit titled “Justified: The Story of America’s Audit” and dedicated it “to President Donald J. Trump, the 45th president of the United States of America, who should still be president today.” Though the audit failed to achieve the objective of demonstrating fraud, the taxpayer-funded exercise counted as a huge win for Ward’s party organization, which raised over a million dollars during the time of the audit, far more than it did the previous year. As the G.O.P. consultant who works in Western states told me, “The audit was a tremendous windfall for the party, it was good business, the small dollar donations went through the roof.”Ward now sits atop the state G.O.P. hierarchy, which has made her an object of carping from the grass roots, who wonder whether she is drifting away from their ideals. “Even she will violate the rules that we have,” Neglia told me, and he then went on to describe how Ward defied “Robert’s Rules of Order” in abruptly shutting down a party meeting this past January just as Neglia was trying to argue for a transparency measure. Still, Neglia remains an ally of Ward’s — “She’s definitely not a RINO,” he said — and now shares with her the view that widespread fraud tainted the 2020 election. What persuaded Neglia, he said, was the stolen-election film polemic “2000 Mules,” directed by Dinesh D’Souza, whom Trump pardoned four years ago after D’Souza pleaded guilty to making illegal campaign contributions. Neglia told me that he met D’Souza in May at the Maricopa County G.O.P.’s annual Lincoln Day lunch. “Very nice, reasonable guy,” he said. “I don’t think he has a dishonest bone in his body.”“So I was in the movie ‘2000 Mules,’ and I’ve been on that issue nonstop,” said Charlie Kirk as he stood before a gathering of fellow Republicans at a restaurant in the Maricopa County town Goodyear on a Thursday night in July. Kirk, 28, is the leader of the Phoenix-based conservative youth organization Turning Point USA, arguably the nation’s most high-profile Trump-adjacent activist group. He was there to raise campaign funds on behalf of his Turning Point lieutenant Austin Smith, who was running in a State House primary, which he would go on to win on Aug. 2. (Smith, in his brief stump speech that night, paid tribute to Trump announcing his presidential bid in 2015 as “a guy with golden hair coming down a golden escalator to save our country.”) But after a few perfunctory words of support for Smith, Kirk — an accomplished orator who combines earnestness, comic timing and doomful soothsaying in one smooth and youthful package — proceeded to describe, unhinged from the fact-based world, how America in general and Arizona in particular rested on a knife edge of anarchy.“We’ve taught our kids to hate themselves, hate the country and believe there is no God,” Kirk told the audience. “And we wonder why our country’s falling apart.” Kirk told the crowd he knew who was responsible: the Democrats. “They want 7,000 illegals across the border to come into our country every day. They want C.R.T. They want this graphic transgenderism in our schools.” As with Kari Lake’s good-versus-evil formulation, Kirk went on to describe the stakes in zero-sum terms: “There’s no compromise when you want to teach 8-year-olds transgender sexual education. I’m sorry, there’s no bargaining. There’s no compromise here. I’m just going to have to get more votes than you, and we’re going to have to defeat you.”Kirk helped start Turning Point USA in 2012. His organization did not take long to become one of the nation’s leading promoters of political disinformation. During the 2016 presidential election, a study conducted for the U.S. Senate Select Committee on Intelligence found, memes created by Kirk’s group were amplified by the Russian troll farm known as the Internet Research Agency as part of Russia’s effort to aid Trump’s candidacy. Two years later, according to an investigation by The Guardian, Kirk’s organization contracted an Arizona digital marketing firm, Rally Forge, to promote deceptive messages on Facebook with the apparent objective of persuading some Democratic voters to peel away and side with Green Party candidates, as was the case in 2016, when Jill Stein’s vote totals in Michigan, Pennsylvania and Wisconsin exceeded Trump’s margin of victory in those three swing states. ‘In my lifetime, I never imagined this attack on democracy. I’ve been asking myself: Will this movement die out with Trump? Or are we the ones that will die out?’In 2020, The Washington Post reported that Turning Point Action (an affiliate of Turning Point USA) commissioned Rally Forge to churn out disinformation about Covid and election security, using a Phoenix-based campaign likened to a troll farm that included teenagers as employees. That same year, Rally Forge’s chief executive, Jake Hoffman, was banned from Twitter. He was also elected to Arizona’s Legislature and was among the group of Arizona Republicans who, with Kelli Ward, proclaimed themselves to be electors in seeking to overturn Trump’s defeat. Hoffman is now vice-chairman of the state’s House Committee on Government and Elections and on primary night became a G.O.P. nominee for the State Senate.The effect of disinformation on the growing extremism of Arizona’s conservative activist community was described to me by a former state Republican operative who asked not to be named so that he could speak candidly about a trend he found to be disturbing. He told me that he frequently received emails from several of the state’s conservative precinct committeepersons. “I’ve never known a group of people, many of whom I genuinely liked, to be so misinformed,” the former operative told me. “I wish I could send you a file of memes that I’ve seen from them over the years. They’re lies or half-truths designed to incite rage. So, what ends up happening is you start to get all these clustered groups that start to spread disinformation, but they’re also the same people that are the root source of power in Arizona’s political system, which is the local precinct committee.”Arizona, the former operative said, is particularly susceptible to the churn of disinformation, owing to its large population of retirees. “These are all folks that have traded in their suit pants for sweatpants,” he said. “They’re on the golf course, or they’re in hobby mode. They have more than enough time on their hands. They’re digesting six to 10 hours of Fox News a day. They’re reading on Facebook. They’re meeting with each other to talk about those headlines. And they’re outraged that, ‘Can you believe that the government is lying to us about this?’”At the event held in Prescott by the Lions of Liberty, I asked Rose Sperry, the G.O.P. state committeewoman, which information outlet she most trusted. She immediately replied, “OAN” — One America News, the Trump-touting network that provided daily coverage of “America’s Audit” in Arizona even as one of its show hosts, Christina Bobb, was helping to raise funds for and directly coordinate the operation between the Trump team and state officials. One guest on OAN’s heavy rotation over the past year has been the secretary of state candidate Mark Finchem, who appeared on a broadcast last September to discuss the State Senate audit of the 2020 election, accompanied by a chyron that read, “Exposing the Crime of the Century.” In July, I drove to Fountain Hills, where Finchem was speaking at a candidate forum hosted by the Republican Women of the Hills. Finchem sidled up to the microphone with a pistol conspicuously strapped to his right hip. After describing his work history in law enforcement, the private sector and Arizona politics, he then offered a different sort of qualification. With a grin, Finchem said, “The Atlantic put out a piece yesterday: I’m the most dangerous person to democracy in America.”The article Finchem was referring to did not designate him “the most dangerous person” — but rather as one of “dozens” of election-denying candidates who “present the most significant threat to American democracy in decades.” Regardless, the notion of Arizona’s G.O.P. secretary of state front-runner as a threat to democracy was received rapturously. Several women in the audience yelled out “Whooo!” and applauded.Throughout Arizona’s 2022 political season, the proactive denigration of democracy among Republicans became a chorus that was impossible to ignore in meetings, speeches and rallies across the state. “By the way,” Charlie Kirk made a point of saying at the fund-raiser in Goodyear, “we don’t have a democracy. OK? Just to fact check. We’re a republic.” At a gathering in Mesa that I attended in July, held by the conservative group United Patriots AZ, the evening’s host, Jeffrey Crane, asked the audience, “Are we a democracy?” They responded loudly: “Nooooo! Republic!”In each case, the very notion of democracy was raised not so much to win a scholarly point but rather to shine a spotlight on it as an offending object. When I mentioned this emerging antagonism to McCain’s longtime state director, Bettina Nava, she was genuinely stunned. Reflecting on her former boss’s brand of conservatism, Nava told me: “At the root of it all was his deep belief in the experiment of democracy. When I was his state director, we met with everybody. And there were times when it was perfectly friendly and others where it was contentious. But he never shied away from it, because disagreement didn’t equal hate.” Nava feared for the Republican Party she once served. “In my lifetime, I never imagined this attack on democracy,” she said. “I’ve been asking myself: Will this movement die out with Trump? Or are we the ones that will die out? Are we the Whigs?”Nava was describing a democracy reliant on a notion of comity that was no longer in evidence. As McCain’s grip on Arizona waned, Arizona conservatives began gradually to part ways with his beloved democratic experiment. That experiment had worked in the past, so long as the democratic principles in question redounded to the benefit of the state’s ruling conservative base. Arizona Republican legislators led the way three decades ago in championing early voting, and Republican voters overwhelmingly chose to cast their ballots by mail, at least until the 2020 election. But by Primary Day in August, many Arizona Republicans had come to view such conveniences, against all evidence, as a trap laid by a wily leftist conspiracy bent on engineering Democratic victories.I spent that morning visiting about a dozen voting centers throughout deeply conservative Yavapai County, from Black Canyon City to Yarnell to Congress. Outside the Cottonwood Bible Church, a young bearded man in a camouflage shirt politely greeted every voter with a fistful of ballpoint pens he had purchased for the occasion. “I know they were passing out the felt-tip pens last election and not all the votes counted,” the young man said, referring to the disproved claim that election workers in Maricopa County sought to invalidate Republican ballots in 2020 by forcing voters to use Sharpies. “I just wanted to do my part.”At a voting center in Clarkdale, three senior citizens, all G.O.P. precinct committeepersons, sat in folding chairs directly in front of the town’s only voting drop box a few yards away. When a car idled up, they craned their necks to see whether the driver was trying to stuff the box with multiple ballots, which “2,000 Mules” claimed was a frequent tactic. Two hours into their vigil, there had been no suspicious activity.In Maricopa County, increasing numbers of college-educated suburbanites have helped turn Arizona “magenta, the lightest state of red,” in the words of one pollster.Peter van Agtmael/Magnum, for The New York TimesOne of them, a woman named Sandy Jenocovich, led me to a nearby booth they had set up. It included leaflets for the conservative candidates they favored, as well as free copies of the Constitution, “in case anybody wants one, not that the Democrats go by it, because they certainly don’t,” she snorted. I asked Jenocovich about the hostility toward democracy I had heard voiced throughout Arizona. Nodding, she replied: “Well to me, what a democracy is, is like 51 percent of the people can decide that they want my property, and they can take it. Where a constitutional republic is: No, you can’t do that.” The three precinct committeepersons agreed that Republicans needed to “take it back” in 2022, lest critical race theory become embedded in school curriculums and children be urged to change their gender on a whim. That evening, at Lake’s election-watch party in Scottsdale, the ebullient gathering — many of the attendees young and wearing date-night attire — grew restive as her opponent, Karrin Taylor Robson, held onto a commanding lead for several hours. Having been told for the past two years that early voting was rife with corruption, Lake’s supporters had mostly cast their ballots on Primary Day, and the totals were slow to come in. The candidate finally emerged onstage at close to 11 to assure the crowd that Primary Day’s voters were breaking her way — adding, “There is no path to victory for my opponent.”Then Lake’s speech took a conspiratorial turn. “This is how they do it. They want to try to take you down in this movement. They don’t want you to celebrate.”It wasn’t clear who “they” were in Lake’s scenario. By that point, there were news reports of widespread problems in Republican-dominated Pinal County, just to the south of Maricopa County. A miscalculation by election officials there had resulted in a shortage of ballots in several precincts, with some 750 voters being turned away (though most if not all were given the opportunity to vote later that day). “What in the hell is going on?” Lake exclaimed. To many in the audience, the question itself was enough and did not require an answer. Any glitch or ambiguity on voting day would be sufficient to dispute any future election results that did not emphatically produce the outcome desired by the ascendant reactionary right.“That’s a compromised election,” Mark Finchem, the secretary of state candidate, said to me of Pinal County. “These are people who were disenfranchised.” He had arrived at Lake’s party after his own victory was all but assured. I approached him after he finished an interview with a reporter for the far-right outlet Real America’s Voice. Finchem told me that he had spent part of the day monitoring a voting center. I said that I had encountered other such monitors north of here. Given their prevalence, I asked him, was there any reason at all to suspect anything more devious than human error in Pinal County? Finchem thought for a second as beads of sweat rolled down from underneath his cowboy hat. Then, grimly, he answered.“Everything is suspect right now.”Robert Draper is a contributing writer for the magazine. He is the author of several books, most recently “To Start a War: How the Bush Administration Took America Into Iraq,” which was excerpted in the magazine. Peter van Agtmael is a Magnum photographer. His latest book, “Sorry for the War,” is about the American disconnect with war. More

  • in

    Are Democrats Bungling Their Outreach to Voters?

    More from our inbox:Republican Outrage Over the Raid at Mar-a-Lago‘Willful Ignorance’ and the Alex Jones Case Seb AgrestiTo the Editor:Re “Fed Up With Democratic Emails? You’re Not the Only One,” by Lara Putnam and Micah L. Sifry (Opinion guest essay, nytimes.com, Aug. 1):The on-the-ground organizing the writers favor is admirable. But in deriding letters to voters, they are far off the mark. The science is clear: Large-scale randomized controlled trials over multiple election cycles have shown that Vote Forward’s partially handwritten letters significantly boost voter turnout.A peer-reviewed research study of our 2020 program “The Big Send” found that it was among the highest impact voter turnout programs ever measured in a presidential election. Vote Forward rigorously vets volunteers and encourages personal, heartfelt messages that reach beyond their bubbles — an authentic approach that works.Letter writing is a scalable, accessible activity doable year round from anywhere. It is an enjoyable entry point to electoral activism for many volunteers who later engage in deeper community organizing. And letters can be stockpiled to send at the optimal time, leaving space for other voter contact activities like canvassing and phone banking.Letters to voters are the kind of thoughtful, sustainable approach to volunteer engagement in elections that should be encouraged if we hope to build a strong civic fabric.Scott FormanOakland, Calif.The writer is the founder and executive director of Vote Forward, a nonprofit that encourages citizens to vote.To the Editor:Lara Putnam and Micah L. Sifry nailed it in their guest essay on the serious shortcomings of Democratic Party reliance on “churn and burn” email fund-raising with apocalyptic messaging. My inbox has been swamped this year with emails from Democratic PACs and candidates around the country desperately begging for money to salvage the party’s chances in the coming election. Nancy Pelosi was sending me more than an email a day, many of which had that dispiriting tone.On May 19, I finally unsubscribed to her Nancy Pelosi for Congress PAC, and sent her an email setting forth my reasons: Too much hyperbole (for example, “I critically need 3,372 gifts before midnight” was a constant refrain; there didn’t seem to be a midnight that went by that wasn’t a crucial financing deadline); too much emotion (she was shocked, disgusted, devastated); and, most troubling, too desperate.As I explained in my email, that sense of desperation “signals likely failure and has discouraged me from devoting my time and financial resources in the Democratic midterm election effort.”By contrast, the fund-raising emails I have received from President Biden have been more upbeat, and I have responded by making contributions to the Democratic National Committee. Democrats need to shift quickly from their current desperation-tinged tone to a more confident approach, with emphasis on the president’s and the party’s positive accomplishments.Allan HubbardEverett, Wash.To the Editor:The grass isn’t any greener on the other side of the aisle. My spam folder is full of similarly apocalyptic visions of what the “Biden/Pelosi/Schumer” troika will inflict on America should Republicans not sweep to congressional power in November. It’s easy enough to just hit “delete.”What is more concerning (for both red and blue voters) is that none of these desperate and destructive pleas are for anything other than money. No information on how to get more involved in the process. No links to more dispassionate discussions of the issues. Just unwarranted demonization of some of our fellow citizens via bolded adjectives and lots of exclamation marks. We can do better.Peter J. PittsNew YorkTo the Editor:Buried in the unfortunate tone of the guest essay are many points that we can agree on. Locally led conversations about elections are extremely powerful and strengthen our democracy. It is, however, a false dichotomy to say we must choose between these important local efforts and the participation of other activists in remote voter mobilization techniques. We can and must do both.Lara Putnam and Micah L. Sifry cherry-pick a study reporting a negative impact of sending postcards to voters. However, many more studies show a positive impact of between 0.4 and 2 percent. While these are small impacts, they are sufficient to make a difference in close elections.Campaigns generally do not have the capacity to knock on every door, especially in rural areas. Not all voters will be home when a canvasser shows up, and not all will answer a phone call. An all-of-the-above approach helps ensure that as many people as possible participate in our democracy.Ronnie CohenBerkeley, Calif.The writer is executive director of Activate America.Republican Outrage Over the Raid at Mar-a-LagoF.B.I. agents reportedly searched former President Donald J. Trump’s residence and office, as a well as a storage unit, at his Mar-a-Lago estate in Palm Beach, Fla.Saul Martinez for The New York TimesTo the Editor:Re “A Simmering Feud Peaks in a Search of Trump’s Home” (front page, Aug. 10):Surely if former President Barack Obama had left the White House and taken with him government documents, some of which may have been classified and all of which should have been delivered to the National Archives, the Republicans would have raised holy hell. But, of course, when a Republican former president does the same they sing a different tune.As that former president often says, “so sad.”Samuel A. OppenheimFranklin, Mass.To the Editor:Republican politicians and Fox News are outraged over the Justice Department raid of Donald Trump’s home and are demanding that the department explain why it did this. What they fail to mention is that Mr. Trump received a copy of the search warrant and an inventory of what was taken. If this was an outrageous intrusion, Mr. Trump could disclose the purpose of the search warrant and what was taken.Mr. Trump has already turned over 15 boxes that were wrongfully removed from the White House, implicitly indicating that this was all he originally removed. If the dozen or so boxes that were seized on Monday should have been turned over earlier, this is a clear indication that Mr. Trump knowingly broke the law.Charles W. MurdockChicagoThe writer is a professor at Loyola University Chicago School of Law.‘Willful Ignorance’ and the Alex Jones Case Pool photo by Briana SanchezTo the Editor:As a longtime Newtown resident and the husband of a retired Sandy Hook Elementary School teacher, I followed the defamation suit against Alex Jones closely. I largely agree with the sentiments expressed in “Jones Got His Comeuppance, but Don’t Expect an End to the Lies” (front page, Aug. 7).Throughout history, groups have proved their allegiance to a political/cultural movement by adhering to bizarre and clearly false claims of their leaders. Blood libels. AIDS as a bioweapon. Pizzagate.Individuals adhering to the ideology of a political/cultural/fringe group will knowingly embrace outright falsehoods to further prove their allegiance. The wilder the conspiracy, the greater the sense of belonging. Willful ignorance: the team jersey of today.Steven TenenbaumNewtown, Conn. More

  • in

    Is It All About ‘Fealty to Trump’s Delusions’? Three Writers Talk About Where the G.O.P. Is Headed

    Ross Douthat, a Times Opinion columnist, hosted an online conversation with Rachel Bovard, the policy director at the Conservative Partnership Institute, and Tim Miller, the author of “Why We Did It: A Travelogue From the Republican Road to Hell,” about the recent primaries in Arizona, Michigan and beyond, and the strength of Donald Trump’s hold on the Republican Party.Ross Douthat: Rachel, Tim, thanks so much for joining me. I’m going to start where we always tend to start in these discussions — with the former president of the United States and his influence over the Republican Party. Donald Trump has had some bad primary nights this year, most notably in May in Georgia.But overall Tuesday seems like it was a good one for him: In Michigan, his favored candidate narrowly beat Peter Meijer, one of the House Republican votes for impeachment. In the Arizona Republican primary for governor, Kari Lake is narrowly ahead, which would give Trump a big victory in his battle of endorsements against Mike Pence, who endorsed Lake’s main rival.Do you agree, or is Trump’s influence just the wrong lens through which to be assessing some of these races?Rachel Bovard: It was a good night for Trump’s endorsements, which remain critical and decisive, particularly when he’s picking candidates who can change the ideological direction of the party. No other major figure in the G.O.P. has shown they can do the same.Tim Miller: An early agreement! The Republicans put up a slate of “Big Lie” candidates at the top of the ticket in an important swing state last night, which seems pretty important.Bovard: I would dispute the notion that Arizona represented “a slate of ‘Big Lie’ candidates.”Miller: Well, Lake has long brought up fraud claims about the 2020 election. Rare potential evidence of the party bucking Trump could come from the Third Congressional District in Washington, benefited by a “jungle” primary — candidates for an office, regardless of party, run on the same ballot, and the top two candidates square off in the general election. If the Trump-endorsed candidate loses, it seems a good endorsement for that set up.Bovard: But the Blake Masters campaign in particular represented a depth of issues that appealed to Arizona voters and could represent a new generation of Republicans.Douthat: Let’s get into that question a little bit. One of the questions hanging over the phenomenon of Trumper populism is whether it represents any kind of substantial issue-based change in what the G.O.P. stands for, or whether it’s just all about fealty to Trump.The Masters campaign and the Lake campaign seem to represent different answers to that question — Masters leveraging Trump’s support to try to push the party in a more nationalist or populist direction on trade, foreign policy, family policy, other issues, and Lake just promising to stop the next (alleged) steal. Or do we think that it’s all the same phenomenon underneath?Bovard: A very significant part of Trump’s appeal, what he perhaps taught the G.O.P., was that he spoke for voters who stood outside of party orthodoxy on a number of issues. And that’s where Masters tried to distinguish himself. He had a provocative campaign message early in his campaign: American families should be able to survive on a single income. That presents all kinds of challenges to standard Republican economic policy, how we think about family policy and how the two fit together. He also seems to be fearless in the culture wars, something else that Republicans are anxious to see.So this constant distilling into the “Big Lie” overlooks something key: A sea change is slowly happening on the right as it relates to policy expectations.Miller: But you know who distilled the Masters campaign into the “Big Lie”? Blake Masters. One of his ads begins, “I think Trump won in 2020.” This is an insane view, and I assume none of us think Masters really believes it. So fealty to Trump’s delusions is the opening ante here. Had Masters run a campaign about his niche, Peter Thiel-influenced issue obsessions but said Trump lost and he was harming Republican voters by continuing to delude them about our democracy, he would’ve lost like Rusty Bowers did.I do think Masters has some differentiated policy ideas that are probably, not certainly, reflective of where the G.O.P. is headed, but that wasn’t the main thing here.Douthat: So Tim, speaking for the “it’s Trump fealty all the way down” camp, what separates the Arizona results from the very different recent results in Georgia, where Trump fealty was insufficient to defeat either Brian Kemp or even Brad Raffensperger?Miller: Two things: First, with Kemp, governing actually matters. With incumbents, primaries for governor can be somewhat different because of that. Kemp was Ron DeSantis-esque without the attention in his handling of Covid. (This does not extend all the way to full anti-Trump or Trump-skeptical governors like Larry Hogan of Maryland or Charlie Baker of Massachusetts — Kemp almost never said an ill word about Trump.)Second, the type of electorate matters. Republican voters actually bucked Trump in another state, my home state, Colorado. What do Georgia and Colorado have in common? Suburban sprawl around a major city that dominates the state and a young, college-educated population.Douthat: Does that sound right to you, Rachel? And is there anything we aren’t seeing about a candidate like Lake that makes her more than just a stalking horse for Trump’s own obsessions?Bovard: Tim is right in the sense that there is always nuance when it comes to state elections. That’s why I also don’t see the Washington State primary race as a definitive rejection of Trump, as Tim alluded to earlier. Lake is, as a candidate, bombastic on the election issue.Miller: “Bombastic” is quite the euphemism for completely insane. Deliberate lies. The same ones that led to the storming of the Capitol.Bovard: Well, I don’t see that as determining how she governs. She’s got an entire state to manage, if she wins, and there are major issues she’ll have to manage that Trump also spoke to: the border, primarily.By the way, I regularly meet with Democrats who still tell me the 2018 election was stolen, and Stacey Abrams is the rightful governor of Georgia, so I’m not as pearl clutchy about it, no.Miller: “Pearl clutchy” is quite a way to describe a lie that has infected tens of millions of people, resulted in multiple deaths and the imprisonment of some of Trump’s most loyal supporters. I thought the populists were supposed to care about these people, but I guess worrying about their lives being ruined is just a little “pearl clutching.”Bovard: I know we don’t want to relitigate the entirety of Jan. 6, so I’ll just say I do worry about people’s lives being ruined. And the Jan. 6 Select Committee has further entrenched the divide that exists over this.Douthat: I’m going to enforce a pivot here, while using my moderator’s power to stipulate that I think Trump’s stolen-election narrative has been more destructive than the left’s Abrams-won-Georgia narrative or the “Diebold stole Ohio” narrative in 2004.If Lake wins her primary, can she win the general-election race? Can Doug Mastriano win in Pennsylvania? To what extent are we watching a replay of certain Republican campaigns in 2010 — long before Trump, it’s worth noting — where the party threw away winnable seats by nominating perceived extremists?Bovard: A key for G.O.P. candidates going forward is to embrace both elements of the cultural and economic argument. For a long time in the party these were seen as mutually exclusive, and post-Trump, I don’t think they are anymore. Glenn Youngkin won in Virginia in part by embracing working-class economic issues — leaning into repeal of the grocery tax, for example — and then pushing hard against critical race theory. He didn’t surge on economics alone.Douthat: Right, but Youngkin also did not have to run a primary campaign so deeply entangled with Trump. There’s clearly a sweet spot for the G.O.P. to run as economic moderates or populists and anti-woke fighters right now, but can a figure like Lake manage that in a general election? We don’t even know yet if Masters or J.D. Vance, who both explicitly want to claim that space, can grab it after their efforts to earn Trump’s favor.Tim, can these candidates win?Miller: Of course they can win. Midterm elections have historically washed in candidates far more unlikely than nominees like Masters (and Lake, if she is the nominee) or Mastriano from tossup swing states. Lake in particular, with her history in local news, would probably have some appeal to voters who have a personal affinity for her outside the MAGA base. Mastriano might be a slightly tougher sell, given his brand, vibe and Oath Keeper energy.Bovard: It’s long been conventional wisdom that you tack to the right in primaries and then move more to the center in the general, so if Lake wins, she will have to find a message that appeals to as many voters as possible. She would have to present a broad spectrum of policy priorities. The G.O.P. as a voting bloc has changed. Its voters are actively iterating on all of this, so previous assumptions about what appeals to voters don’t hold up as well. I tend to think there’s a lane for Trump-endorsed candidates who lean into the Trump-style economics and key culture fights.Miller: I just want to say here that I do get pissed about the notion that it’s us, the Never Trumpers, who are obsessed with litigating Jan. 6. Pennsylvania is a critical state that now has a nominee for governor who won because of his fealty to this lie, could win the general election and could put his finger on the scale in 2024. The same may be true in another key state, Arizona. This is a red-level threat for our democracy.A lot of Republicans in Washington, D.C., want to sort of brush it away just like they brushed away the threat before Jan. 6, because it’s inconvenient.Douthat: Let me frame that D.C. Republican objection a different way: If this is a red-level threat for our democracy, why aren’t Democrats acting like it? Why did Democratic Party money enter so many of these races on behalf of the more extreme, stop-the-steal Republican? For example, given the closeness of the race, that sort of tactic quite possibly helped defeat Meijer in Michigan.Miller: Give me a break. The ads from the left trying to tilt the races were stupid and frankly unpatriotic. I have spoken out about this before. But it’s not the Democrats who are electing these insane people. Were the Democrats responsible for Mark Finchem? Mehmet Oz? Herschel Walker? Mastriano won by over 20 points. This is what Republican voters want.Also, advertising is a two-way street. If all these self-righteous Republicans were so angry about the ads designed to promote John Gibbs, they could’ve run pro-Meijer ads! Where was Kevin McCarthy defending his member? He was in Florida shining Mr. Trump’s shoes.Douthat: Rachel, I watched that Masters ad that Tim mentioned and listened to his rhetoric around the 2020 election, and it seemed like he was trying to finesse things, make an argument that the 2020 election somehow wasn’t fair in the way it was administered and covered by the press without going the Sidney Powell route to pure conspiracism.But let’s take Masters’s spirit of generalized mistrust and reverse its direction: If you were an Arizona Democrat, why would you trust a Governor Lake or a Secretary of State Mark Finchem to fairly administer the 2024 election?Bovard: Honestly, the thing that concerns me most is that there is zero trust at all on elections at this moment. If I’m a Democrat, I don’t trust the Republicans, and vice versa. Part of that lack of trust is that we aren’t even allowed to question elections anymore — as Masters did, to your point, without going full conspiracy.We regain trust by actually allowing questions and full transparency. This is one of the things that worries me about our political system. Without any kind of institutional trust, or trust of one another, there’s a breakdown.Miller: This is preposterous. Arizona had several reviews of their election. The people lying about the election are the problem.Douthat: Last questions: What do you think are the implications of the big pro-life defeat in the Kansas abortion referendum, for either abortion policy or the November elections?Bovard: It shows two headwinds that the pro-life movement is up against. First is money. Reporting shows that pro-abortion advocates spent millions against the amendment, and Democrats in many key races across the country are outpacing Republicans in fund-raising. Second, it reflects the confusion that exists around this issue post-Roe. The question presented to Kansas voters was a microcosm of the general question in Roe: Should abortion be removed from the state Constitution and be put in the hands of democratically elected officials? Yet it was sometimes presented as a binary choice between a ban or no ban. (This early headline from Politico is an example: “Kansas voters block effort to ban abortion in state constitutional amendment vote.”)But I don’t think it moves the needle on the midterms.Miller: I view it slightly differently. I think most voters are in a big middle that Republicans could even use to their advantage if they didn’t run to the extremes. Voters do not want blanket abortion bans or anything that can be construed as such. Something that moved the status quo significantly to the pro-life right but still maintained exceptions and abortion up to a certain, reasonable point in pregnancy would be politically palatable.So this will only be an effective issue for Democrats in turnout and in places where Republicans let them make it an issue by going too far to the extreme.Douthat: Finally, a different short-answer question for you both. Rachel, say Masters and Vance are both in the Senate in 2023 as spokesmen for this new culturally conservative economic populism you favor. What’s the first bill they co-sponsor?Bovard: I’d say a large tax on university endowments.Douthat: Tim, adding the evidence of last night to the narrative, can Ron DeSantis (or anyone else, but let’s be honest, there isn’t anyone else) beat Trump in a Republican primary in 2024?Miller: Sad to end with a wishy-washy pundit answer but … maybe! Trump seems to have a plurality right now within the party on 2024, and many Republicans have an affinity for him. So if it were Mike Pence, Chris Christie or Liz Cheney, they would have no chance.Could DeSantis thread a needle and present himself as a more electable Trump? Some of the focus groups The Bulwark does makes it seem like that’s possible. But will he withstand the bright lights and be able to pull it off? Will Trump be indicted? A lot of known unknowns. I’d put DeSantis as an underdog, but it’s not impossible that he could pull it off.Douthat: There is absolutely no shame in the wishy-washy pundit game. Thanks so much to you both for joining me.Ross Douthat is a Times Opinion columnist. Rachel Bovard is the policy director at the Conservative Partnership Institute and a tech columnist at The Federalist. Tim Miller, a writer at The Bulwark, is the author of “Why We Did It: A Travelogue From the Republican Road to Hell.”The Times is committed to publishing a diversity of letters to the editor. We’d like to hear what you think about this or any of our articles. Here are some tips. And here’s our email: letters@nytimes.com.Follow The New York Times Opinion section on Facebook, Twitter (@NYTopinion) and Instagram. More

  • in

    Gerrymandered Redistricting Maps Have Become the Norm

    The downtown of Denton, Texas, a city of about 150,000 people and two large universities just north of Dallas, exudes the energy of a fast-growing place with a sizable student population: There’s a vibrant independent music scene, museums and public art exhibits, beer gardens, a surfeit of upscale dining options, a weekly queer variety show. The city is also racially and ethnically diverse: More than 45 percent of residents identify as Latino, Black, Asian or multiracial. There aren’t too many places in Texas where you can encounter Muslim students praying on a busy downtown sidewalk, but Denton is one of them.Lindsey Wilkes, left, and Kimberlyn Spain with friends from the Muslim Student Association near the University of North Texas.Drive about seven hours northwest of Denton’s city center and you hit Texline, a flat, treeless square of a town tucked in the corner of the state on the New Mexico border. Cow pastures and wind turbines seem to stretch to the horizon. Texline’s downtown has a couple diners, a gas station, a hardware store and not much else; its largely white population is roughly 460 people and shrinking.It would be hard to pick two places more different from one another than Denton and Texline — and yet thanks to the latest round of gerrymandering by Texas’ Republican-dominated Legislature, both are now part of the same congressional district: the 13th, represented by one man, Ronny Jackson. Mr. Jackson, the former White House physician, ran for his seat in 2020 as a hard-right Republican. It turned out to be a good fit for Texas-13, where he won with almost 80 percent of the vote.Denton’s bustling downtown square is a gathering point for the city’s diverse population.The city’s soccer facilities provide meeting grounds for families from all walks of life.Enjoying live music is a multigenerational undertaking, as the Rojas family did one afternoon at a performance of Latin funk at Harvest House.This was before the 2020 census was completed and Congress reapportioned, which gave the Texas delegation two more seats for its growing population, for a total of 38. State Republicans, who control the governor’s office and both houses of the Legislature, were free to redraw their district lines pretty much however they pleased. They used that power primarily to tighten their grip on existing Republican seats rather than create new ones, as they had in the 2010 cycle. In the process, they managed to squelch the political voice of many nonwhite Texans, who accounted for 95 percent of the state’s growth over the last decade yet got not a single new district that would give them the opportunity to elect a representative of their choice.Marsha Keffer, a volunteer and precinct chair, looking over district maps at the the Denton County Democratic Party headquarters.A development of multistory homes under construction in Denton.Denton offers a good example of how this played out. Under the old maps, downtown Denton, where the universities lie, was part of the 26th District — a Republican-majority district, but considerably more competitive than the 13th. If Texas politics continue to move left as they have in recent years, the 26th District could have become a tossup. The liberal residents of Denton could have had the chance to elect to Congress a representative of their choosing.Now that the downtown has been absorbed into the 13th District and yoked to the conservative Texas panhandle, however, they might as well be invisible. Even with the addition of all those younger and more liberal voters, the 13th remains a right-wing fortress, with a 45-point Republican lean, according to an analysis by the website FiveThirtyEight. (The redrawn 26th District, meanwhile, will likely become a few points more Republican in the absence of Denton’s downtown.)Families enjoyed a custom ride after attending a Spanish-language church service in Krum, a town in Denton County in the newly redrawn 13th Congressional District.Recycled Books, a used book, record, CD and video game store, fills several floors of an old opera house in the middle of Denton Square.This is the harm of partisan gerrymanders: Partisan politicians draw lines in order to distribute their voters more efficiently, ensuring they can win the most seats with the fewest votes. They shore up their strongholds and help eliminate any meaningful electoral competition. It’s the opposite of how representative democracy is supposed to work.A music and film festival drew Chelsey Danielle, left, and Stefanie Lazcano to the dance floor.Kinsey Davenport getting inked at Smilin’ Rick’s tattoo shop in Denton.The kitchen staff at Boca 31, an upscale Latin street-food restaurant, during a Saturday afternoon rush.Ross Sylvester, right, and Chuck Swartwood joined a crew of volunteers at a food distribution site run by First Refuge in Denton.How is it supposed to work? Politicians are elected freely by voters, and they serve at the pleasure of those voters, who can throw them out if they believe they aren’t doing a good job. Partisan gerrymanders upend that process. Politicians redraw lines to win their seats regardless of whether most voters want them to; in closely fought states like Wisconsin and North Carolina, Republicans drew themselves into control of the legislatures even when Democrats won a majority of votes statewide.When these gerrymanders become the norm, as they have in the absence of meaningful checks, they silence the voices of millions of Americans, leading people to believe they have little or no power to choose their representatives. This helps increase the influence of the political extremes. It makes bipartisan compromise all but impossible and creates a vicious circle in which the most moderate candidates are the least likely to run or be elected.A music class for infants and toddlers at the Explorium, a children’s museum and play and education center in Denton.Texas Republicans have been especially ruthless at playing this game, but they’re far from alone. Their counterparts in Wisconsin, North Carolina, Florida, Ohio, Pennsylvania and Kansas have taken similar approaches to stack the deck against Democrats. Democrats have likewise gone on offense in states where they control mapmaking, such as in Illinois and Oregon, where lawmakers drew maps for 2022 that effectively erased swathes of Republicans.After a virtual home wedding for family members in Moldova and Mexico, Matt Lisovoy and Diana Lisovaya celebrated with ice cream on the square.Diya Craft and her punk-fusion band, Mutha Falcon, playing at a nonprofit social club featuring local bands and craft beers.Iglesia Sobre la Roca serves a varied population from Mexico and Central America with Spanish-language services.The Austin-based rock band Holy Death Trio at Andy’s Bar on the square.The Supreme Court had an opportunity in 2019 to outlaw the worst of this behavior, but it refused to, claiming it had neither the authority nor any clear standards to stop gerrymanders that “reasonably seem unjust.” This was nonsense; lower federal courts and state courts have had no problem coming up with workable standards for years. Court intervention is essential, because voters essentially have no other way of unrigging the system. But the Supreme Court’s conservative majority stuck its head in the sand, giving free rein to the worst impulses of a hyperpolarized society.As Justice Elena Kagan wrote in dissent: “Of all times to abandon the court’s duty to declare the law, this was not the one. The practices challenged in these cases imperil our system of government. Part of the court’s role in that system is to defend its foundations. None is more important than free and fair elections.”The view in Texline, Texas, on the far western edge of the 13th Congressional District.The Supreme Court isn’t the only institution to shirk its responsibility to make maps fairer. Congress has the constitutional authority to set standards for federal elections, but Republicans have repeatedly blocked efforts by Democrats to require independent redistricting commissions. It doesn’t help matters that most Americans still don’t understand what redistricting is or how it works.The Amarillo office of Representative Ronny Jackson is on the far west side of the district.Visitors to Amarillo can find an astonishing selection of cowboy boots and other western wear at Cavender’s.They can also take in a film at the American Quarter Horse Foundation Hall of Fame and Museum.Left to their own devices, states are doing what they can. More than a dozen have created some type of redistricting commission, but the details matter greatly. Some commissions, like California’s and Michigan’s, are genuinely independent — composed of voters rather than lawmakers, and as a result these states have fairer maps.Isaiah Reed mastering his trampoline basketball skills in his backyard in Texline.Commissions in some other states are more vulnerable to partisan influence because they have no binding authority. In New York, the commission plays only an advisory role, so it was no surprise when Democrats in power quickly took over the process and redrew district lines to ensure that 22 of the state’s 26 seats would be won by their party. The state’s top court struck the Democratic maps down for violating a 2014 amendment to the State Constitution barring partisan gerrymanders — a good decision in a vacuum, perhaps, but the result is more chaos and infighting, because the final maps are forcing several top Democratic lawmakers to face off against one another. Meanwhile in Ohio, where the State Constitution has a similar provision barring partisan gerrymanders, the State Supreme Court repeatedly invalidated Republican-drawn gerrymanders for being unfairly biased, but Republicans have managed to ignore those rulings, and so will end up with the maps they want, at least for this cycle.A truck driver making a pit stop in Conway, Texas, which is in the 13th District.Palo Duro Canyon State Park, home to the second-largest canyon in the United States, is part of the arid landscape of northwestern Texas.Bushland, a suburb of Amarillo.Drew Merritt’s “The Chase” in downtown Amarillo.The patchwork of litigation and different outcomes around the country only strengthens the case for a national standard, which is nowhere in sight. It’s a maddening situation with no apparent solution — until you widen the lens and look at the larger structure of American government. When you do, it becomes clear that extreme partisan gerrymandering is more a symptom than a cause of democratic breakdown. The bigger problem is that the way we designed our system of political representation incentivizes the worst and most extreme elements of our politics.On the federal level, at least, there are clear solutions that Congress could adopt tomorrow if it had the will to do so.The 190-foot-tall cross in Groom, Texas, is among the largest in the country.First, expand the House of Representatives. As The Times’s editorial board explained in 2018, the House’s membership, 435, is far too small for America in the 21st century. It reached its current size in 1911, when the country had fewer than one-third as many people as it does today, and the national budget was a tiny fraction of its current size. In 1911, each representative had an average of 211,000 constituents — already far more than the founders had envisioned. Today that number is more than 750,000. It is virtually impossible for one person, Ronny Jackson or anyone else, to accurately represent the range of political interests in a district of that size.In the Texas Panhandle, which lies almost entirely in the 13th District, wind turbines dot the landscape, and cattle outnumber voters.The region is littered with desolate downtowns like Shamrock, where a stray cat was among the few signs of life.On the far northwestern edge of the district, in Texline, Carlos Mendoza tossed a few pitches to his neighbor Sebastian Reed. They live about 450 miles from the opposite corner of the district.Why are we still stuck with a House of Representatives from the turn of the last century? The founders certainly didn’t want it that way; the original First Amendment to the Constitution, which Congress proposed in 1789, would have permanently tied the size of the House to the nation’s population; the amendment fell one state short of ratification.Still, as the country grew Congress kept adding seats after every decennial census, almost without fail. After 1911, that process was obstructed by rural and Southern lawmakers intent on stopping the shift in political power to the Northern cities, where populations were exploding. In 1929, Congress passed a law that locked the House size at 435 seats and created an algorithm for reapportioning them in the future.A bigger House is necessary to more accurately reflect American politics and to bring the United States back in line with other advanced democracies. But on its own it wouldn’t solve our failure of representation. The larger culprit is our winner-take-all elections: From the presidency down, American electoral politics gives 100 percent of the spoils to one side and zero to the other — a bad formula for compromise at any time, and especially dangerous when the country is as polarized as it is today. But at least some of that polarization can be attributed to the manner in which we choose our representatives.Texline is at one end of the 13th District.Tattoos of a musician in Denton.In Congress, districts are represented by a single person, which is harmful in two ways: First, it’s hard to see how one person can adequately represent three-quarters of a million people. Second, even though representatives are supposed to look out for all their constituents, the reality of our politics means most people who didn’t vote for the winner will feel unrepresented entirely.The solution: proportional multimember districts. When districts are larger and contain three or even five members, they can more accurately capture the true shape of the electorate and let everyone’s voice be heard. And if the candidates are chosen through ranked-choice voting, then Republicans, Democrats and even third parties can win representation in Congress in rough proportion to their vote share. It’s no longer a zero-sum game that leaves out millions of Americans.A farm in Texline at the New Mexico border. The founders were comfortable with multimember districts, just as they were with a House of Representatives that kept expanding. In fact, such districts were common in the early years of the Republic, but Congress outlawed them at the federal level, most recently in 1967, partly out of a concern that Southern lawmakers were using them to entrench white political power — a problem that ranked-choice voting would solve.These reforms may sound technical, but they are central to saving representative democracy in America.The Times is committed to publishing a diversity of letters to the editor. We’d like to hear what you think about this or any of our articles. Here are some tips. And here’s our email: letters@nytimes.com.Follow The New York Times Opinion section on Facebook, Twitter (@NYTopinion) and Instagram. More

  • in

    Las democracias no siempre se comportan de manera democrática

    Cuando los líderes políticos se enfrentan a una crisis constitucional, como la del 6 de enero en EE. UU., el proceso de decidir colectivamente cómo responder puede ser desordenado, arbitrario y, a veces, cambiar la naturaleza del propio sistema.Cuando buscamos casos similares en el mundo al momento del año pasado en el que el entonces vicepresidente Mike Pence se negó a ceder ante la presión del presidente Donald Trump para ayudarlo a revertir su derrota electoral, algo queda claro casi de inmediato.Este tipo de crisis, en las que el destino de la democracia queda en manos de un puñado de funcionarios, rara vez se resuelven únicamente sobre la base de principios legales o constitucionales, aunque luego sean citados como justificación.En su lugar, por lo general la resolución está determinada por las élites políticas que logran formar rápidamente una masa crítica a favor de un resultado. Y esos funcionarios pueden seguir cualquier motivación —principios, antipatía partidista, interés propio— que los movilice.En conjunto, la historia de las crisis constitucionales modernas destaca algunas duras verdades sobre la democracia. Las normas supuestamente fundamentales, como elecciones libres o el Estado de derecho, aunque se presenten como si estuvieran cimentadas de manera irreversible en las bases de la nación, en realidad solo son tan sólidas como el compromiso de quienes estén en el poder. Y si bien una crisis puede ser una oportunidad para que los líderes refuercen las normas democráticas, también puede ser una oportunidad para revisarlas o revocarlas por completo.Por ejemplo, en medio de las elecciones de Yugoslavia de 2000, la oposición declaró que había obtenido suficientes votos para destronar al presidente Slobodan Milosevic, cuyo gobierno aseguró falsamente que la oposición se había quedado corta.Ambas partes apelaron a los principios constitucionales, los procedimientos legales y, con furiosas protestas, a la voluntad del pueblo. Al final, una masa crítica de funcionarios del gobierno y de la policía, incluidos algunos en puestos necesarios para certificar el resultado, señalaron que, por razones que variaban de persona a persona, tratarían a Milosevic como el perdedor de las elecciones. Posteriormente, el nuevo gobierno lo extraditó para enfrentar cargos por crímenes de guerra en La Haya, en los Países Bajos.Slobodan Milosevic, expresidente de Yugoslavia, aplaudiendo durante una ceremonia en la academia militar de Belgrado, en 2000. Milosevic fue declarado perdedor de unas disputadas elecciones y posteriormente extraditado para ser acusado de crímenes de guerra en La Haya.Agence France-PresseLos estadounidenses parecieran tener más cosas en común con Perú. Allí, en 1992, el entonces presidente Alberto Fujimori disolvió el Congreso controlado por la oposición, que estaba haciendo gestiones para destituirlo. Los legisladores de todo el espectro votaron rápidamente para remplazar a Fujimori con su propio vicepresidente, quien se había opuesto al abuso de poder presidencial.Ambos bandos aseveraron estar defendiendo la democracia de la amenaza que representaba el otro. Ambos apelaron a las fuerzas militares de Perú, que tradicionalmente había desempeñado un rol de árbitro final, de forma casi similar al de una corte suprema. El pueblo, profundamente polarizado, se dividió. Los militares también se dividieron en dos bandos.En el momento más crítico, una cantidad suficiente de élites políticas y militares indicó su apoyo a Fujimori y logró que prevaleciera. Se juntaron de manera informal, cada uno reaccionando a los eventos de manera individual. Muchos apelaron a diferentes fines, como la agenda económica de Fujimori, la sensación de estabilidad o la posibilidad de que su partido prevaleciera bajo el nuevo orden.Perú cayó en un cuasi-autoritarismo, con derechos políticos restringidos y elecciones celebradas, pero bajo términos que favorecían a Fujimori, hasta que fue destituido de su cargo en 2000 por acusaciones de corrupción. El año pasado, su hija se postuló para la presidencia como una populista de derecha y perdió por menos de 50.000 votos.La América Latina moderna ha enfrentado repetidamente este tipo de crisis. Esto, según muchos académicos, no se debe tanto a rasgos culturales compartidos, sino más a una historia de intromisión de Guerra Fría que debilitó las normas democráticas. También surge de sistemas presidenciales de estilo estadounidense y de la profunda polarización social que allana el camino para el combate político extremo.Las democracias presidenciales, al dividir el poder entre ramas en competencia, crean más oportunidades para que cargos rivales se enfrenten, incluso hasta el punto de usurparse unos a otros los poderes. Dichos sistemas también enturbian las preguntas sobre quién está al mando, lo que obliga a sus ramas o poderes a resolver disputas de manera informal, sobre la marcha y, en ocasiones, por la fuerza.Venezuela, que solía ser la democracia más antigua de la región, sufrió una serie de crisis constitucionales cuando el entonces presidente Hugo Chávez se enfrentó con jueces y otros órganos gubernamentales que bloquearon su agenda. Cada vez, Chávez —y luego su sucesor, Nicolás Maduro— apeló a los principios legales y democráticos para justificar el debilitamiento de esas instituciones hasta que, con el tiempo, las acciones de los líderes, en apariencia para salvar la democracia, prácticamente las destriparon.Hugo Chávez, expresidente de Venezuela, llegando a la Asamblea Nacional para su discurso anual sobre el estado de la nación en Caracas, en 2012. Él y su sucesor apelaron a los principios legales y democráticos para justificar su debilitamiento de las instituciones democráticas.Ariana Cubillos/Associated PressLas presidencias no son comunes en las democracias occidentales. Una de las pocas, en Francia, experimentó su propia crisis constitucional en 1958, año en el que se evitó un intento de golpe militar cuando el líder Charles de Gaulle se otorgó poderes de emergencia para establecer un gobierno de unidad que satisficiera a los líderes civiles y militares.Si bien otros tipos de sistemas pueden caer en grandes crisis, a menudo se debe a que, al igual que en una democracia presidencial, los centros de poder en rivalidad chocan hasta el punto de intentar invadir al otro.Aun así, algunos académicos argumentan que los estadounidenses que esperan comprender la trayectoria de su país no deberían mirar a Europa, sino a América Latina.Ecuador estuvo cerca del precipicio en 2018 debido al esfuerzo del entonces presidente Rafael Correa de extender sus propios límites de mandato. Pero cuando los votantes y la élite política se opusieron, Correa dejó el cargo de manera voluntaria.En 2019, Bolivia se sumió en el caos en medio de una elección disputada. Aunque la opinión pública estuvo dividida, las élites políticas y militares señalaron que creían que el líder de izquierda en funciones en aquel momento, Evo Morales, debía dejar el cargo y prácticamente lo obligaron a hacerlo.Sin embargo, cuando el remplazo de derecha de Morales no pudo evitar meses de inestabilidad y turbulencia y luego se dispuso a posponer las elecciones, muchas de esas mismas élites presionaron para que estas se realizaran rápidamente, lo que benefició al sucesor elegido por Morales.Evo Morales, expresidente de Bolivia, hablando con la prensa el día de las elecciones en La Paz, en octubre de 2019. El país se sumió en el caos tras las elecciones, que fueron objeto de controversia.Martin Alipaz/EPA vía ShutterstockLa frase “élites políticas” puede evocar imágenes de poderosos que fuman puros y se reúnen en secreto para mover los hilos de la sociedad. En realidad, los académicos usan el término para describir a legisladores, jueces, burócratas, autoridades policiales y militares, funcionarios locales, líderes empresariales y figuras culturales, la mayoría de los cuales nunca coordinarían directamente, muchos menos acordarían qué es lo mejor para el país.Aun así, son esas élites las que, en colectivo, preservan la democracia día a día. Del mismo modo en que el papel moneda solo tiene valor porque todos lo tratamos como valioso, las elecciones y las leyes solo tienen poder porque las élites se despiertan cada mañana y las consideran primordiales. Es una especie de pacto, en el que los poderosos se vinculan voluntariamente a un sistema que también los restringe.“Una democracia organizada y en buen funcionamiento no nos exige pensar activamente en qué la sostiene”, me dijo Tom Pepinsky, politólogo de la Universidad Cornell, poco después de los disturbios en el Capitolio, el 6 de enero de 2021. “Es un equilibrio; todos están motivados a participar como si continuara”.Pero en una enorme crisis constitucional, cuando las normas y reglas destinadas a guiar la democracia se ponen en duda o se dejan de lado por completo, esas élites, súbitamente, se enfrentan a la pregunta de cómo —o si se debe— mantener su pacto democrático.No siempre estarán de acuerdo sobre cuál es el mejor camino para la democracia, para el país o para ellos mismos. En ocasiones, el impacto de ver la vulnerabilidad de la democracia los llevará a redoblar su compromiso con ella. En otras, a deshacerse de ese sistema en parte o en su totalidad.El resultado, a menudo, es una lucha de élites que se presionan entre sí directamente, como lo hicieron muchos republicanos de alto rango y asesores de la Casa Blanca durante el 6 de enero, o mediante declaraciones públicas dirigidas a los miles de funcionarios que operan la maquinaria del gobierno.Los académicos denominan esto como un “juego de coordinación”, en el que todos esos actores intentan comprender o influir en la manera en que otros responderán, hasta que surja un consenso mínimamente viable. Puede no parecerse tanto a una trama bien definida, sino más bien a una manada de animales asustados, por lo que el resultado puede ser difícil de predecir.Antes del 6 de enero, no había muchas razones para cuestionar el compromiso de los legisladores con la democracia. “No se había cuestionado si apoyaban o no la democracia en un sentido interno real; eso nunca había estado en juego”, afirmó Pepinsky.Ahora, una crisis los había obligado a decidir si anular las elecciones, y eso demostró que no todos esos legisladores, de tener esa opción, votarían para defender la democracia. “Me ha sorprendido demasiado cuánto de esto en realidad depende de 535 personas”, confesó Pepinsky, refiriéndose a la cantidad de legisladores en el Congreso.Max Fisher es reportero y columnista de temas internacionales con sede en Nueva York. Ha reportado sobre conflictos, diplomacia y cambio social desde cinco continentes. Es autor de The Interpreter, una columna que explora las ideas y el contexto detrás de los principales eventos mundiales de actualidad. @Max_Fisher • Facebook More