Demonstrations, Protests and Riots

Subterms

    More stories

    • 138 Shares179 Views

      in Elections

      Más de 100.000 personas marchan en México contra el Plan B

      by

      Se registraron manifestaciones en más de un centenar de ciudades del país contra una serie de medidas que van a limitar a la autoridad electoral y que, según sus funcionarios, dificultará garantizar elecciones libres y justas.Demonstrators gathered in Mexico City’s main square to protest new measures diminishing the nation’s electoral watchdog, changes they see as a threat to democracy.Luis Antonio Rojas for The New York TimesCIUDAD DE MÉXICO — Más de 100.000 personas salieron a las calles de México el domingo para protestar las leyes recién aprobadas que restringen al instituto electoral del país, en lo que los manifestantes dijeron era un repudio a los esfuerzos del presidente de debilitar a un pilar de la democracia.Vestidos en varios tonos de rosa, el color oficial del órgano de supervisión electoral que ayudó a terminar con el régimen de partido único hace dos décadas, los manifestantes llenaron el Zócalo de la capital y gritaron: “¡El voto no se toca!”.Los asistentes dijeron que buscaban enviar un mensaje al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien respaldó las medidas y reside en el Palacio Nacional, frente a la principal plaza de la capital.Pero también se dirigían directamente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se espera que atienda las impugnaciones a las modificaciones al instituto electoral en los próximos meses. Muchos consideran que se trata de un momento que plantea un desafío crucial a la corte, que ha sido objeto de críticas por parte del presidente.La mañana del domingo, los manifestantes también gritaron: “¡Yo confío en la corte!”.Horas antes del inicio oficial de la protesta, los asistentes, algunos vistiendo camisas de botones bien planchadas y sombreros de paja, se reunían en cafeterías y tomaban desayuno en una terraza con vista a la sede de gobierno.Los manifestantes dijeron que los cambios ponen en riesgo a un pilar clave de la democracia del país.Luis Antonio Rojas para The New York TimesPero en la calle, el ambiente era de ansiedad.“Yo pagué mis propios gastos y mi estancia, pero no me pesa: haría eso y más por mi país”, dijo Marta Ofelia González, de 75 años, quien voló de Mazatlán, en el estado costero de Sinaloa, y llevaba una visera de paja para cubrirse de un sol intenso.Acudió, dijo, porque teme “perder la democracia y que nos convirtamos en una dictadura”.El presidente argumenta que los cambios van a ahorrar millones de dólares y mejorarán el sistema de votación. Pero los funcionarios electorales comentan que la modificación va a dificultar que se garanticen elecciones libres y justas, incluida la contienda presidencial del próximo año.“Es la última esperanza”, dijo Guadalupe Acosta Naranjo, un exdiputado de izquierda y uno de los organizadores de la protesta. “Queremos generar un respaldo”, dijo, “para fortalecer la idea de que la Suprema Corte debe declarar inconstitucionales estas leyes”. De otro modo, agregó Acosta Naranjo, “tendríamos que ir a la elección con un árbitro parcial y un árbitro disminuido”.No se sabía con certeza de inmediato cuántas personas protestaron en todo el país —se organizaron manifestaciones en más de 100 ciudades— a pesar de que las cifras solo en Ciudad de México superaron los 100.000 asistentes, según organizadores y autoridades locales.Sobre las protestas se cernía la condena reciente en un tribunal de Brooklyn de Genaro García Luna, un exalto funcionario de seguridad mexicano, quien fue declarado culpable de recibir sobornos de los cárteles del narcotráfico: en México, el veredicto se percibe ampliamente como dañino a uno de los partidos de la oposición que ayudaron a organizar la protesta del domingo.José Ramón Cossío Díaz, un ministro retirado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, habló el domingo frente al edificio del tribunal.Luis Antonio Rojas para The New York TimesGarcía Luna fungió como un funcionario de seguridad de alto rango durante más de una década con dos presidentes del Partido Acción Nacional —Vicente Fox y Felipe Calderón— que hicieron llamados públicos para que los ciudadanos se unieran a la protesta.En las calles que recorrieron los manifestantes el domingo había afiches con el rostro de García Luna y la palabra “culpable”.El presidente ha insinuado que a los manifestantes los motiva el deseo de devolver el país a manos de los líderes corruptos del pasado.“Van a venir porque hay un grupo de intereses creados, de corruptos, que quiere regresar al poder para seguir robando”, dijo López Obrador en una conferencia de prensa reciente refiriéndose a los manifestantes del domingo. “No vengan aquí a decir: ‘Es que nos importa la democracia, es que se afecta la democracia’”.Era la segunda vez en alrededor de cuatro meses que los mexicanos se habían manifestado en apoyo del instituto de vigilancia electoral, que el presidente y sus seguidores aseguran que se ha convertido en una burocracia inflada cooptada por intereses políticos.“Tiene un poder desmesurado y desviado”, dijo Pedro Miguel, un periodista de La Jornada, un diario de izquierda, quien se describió como “militante” del proyecto político del presidente. Miguel criticó al INE por pagarle demasiado a sus integrantes, incluido un bono al retirarse.“Esa marcha parece más bien en defensa de ese bono y de esos sueldos miserables”, dijo de la protesta del domingo.Fue la segunda vez en unos cuatro meses que los mexicanos mostraron apoyo público al Instituto Nacional Electoral, que el presidente y sus seguidores aseguran se ha convertido en un organismo con burocracia inflada.Luis Antonio Rojas para The New York TimesLas medidas, aprobadas la semana pasada por la legislatura, van a recortar el personal del instituto, socavar su autonomía y limitar su capacidad para sancionar a los políticos que quebranten la ley electoral. Los funcionarios electorales indican que la modificación también eliminará a la mayoría de trabajadores que supervisan directamente el voto e instalan las casillas de votación en todo el país.“Pone en riesgo incluso la validez de las propias elecciones”, dijo en una entrevista Lorenzo Córdova, el presidente saliente del INE.Las manifestaciones suceden cuando el país se prepara para el inicio de la campaña presidencial de 2024, en medio de serias dudas sobre si una oposición maltrecha e incipiente cuenta con los medios para ganarse a los votantes desencantados.“Es una prueba muy importante de qué tanto van a poder movilizar a su base social”, dijo Blanca Heredia, profesora en el Centro de Investigación y Docencia Económicas, refiriéndose a los partidos que se oponen al presidente, conocido por sus iniciales, AMLO.La multitud del domingo, según algunos analistas, era suficientemente grande para señalar que muchos mexicanos están ansiosos de apoyar a sus instituciones y también de expresar su descontento con el presidente.González, la manifestante de Mazatlán, dijo que no había votado por López Obrador, “porque todavía me sube el agua al tinaco”.Está por verse si la oposición puede sacar provecho electoral de ese desencanto.“Nada más tienen el sentimiento anti-AMLO”, dijo Heredia de los partidos que se enfrentan a López Obrador. “Si quieren captar a más votantes, distintos a los que son anti-AMLO, necesitan un proyecto en positivo, algún plan que proponer al país”.Los manifestantes que marcharon contra las medidas impulsadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien ha insinuado que los que protestan buscan volver a poner el país en manos de líderes corruptos.Luis Antonio Rojas para The New York TimesElda Cantú More

    • 113 Shares149 Views

      in Elections

      Large Crowds Across Mexico Protest Overhaul of Election Watchdog

      by

      Demonstrations took place in over 100 cities against the recent overhaul of the country’s electoral watchdog, which officials say could make fair and free elections difficult.More than 100,000 people took to the streets of Mexico on Sunday to protest new laws hobbling the nation’s election agency, in what demonstrators said was a repudiation of the president’s efforts to weaken a pillar of democracy.Wearing shades of pink, the official color of the electoral watchdog that helped end one-party rule two decades ago, protesters filled the central square of the capital, Mexico City, and chanted, “Don’t touch my vote.”The protesters said they were trying to send a message to the president, Andrés Manuel López Obrador, who backed the measures and lives in the national palace on the square’s edge.They were also speaking directly to the nation’s Supreme Court, which is expected to hear a challenge to the overhaul in the coming months. Many see the moment as a critical test for the court, which has been a target of criticism by the president.Protesters also chanted on Sunday morning, “I trust in the court.”Hours before the demonstration officially began, attendants, many wearing crisp collared shirts and Panama hats, lined up outside upscale cafes and sat for breakfast on a terrace overlooking the seat of government.Protesters said the changes imperiled a key pillar of the nation’s democracy.Luis Antonio Rojas for The New York TimesBut on the streets, the mood was anxious.“I paid my own expenses and my stay, but it doesn’t bother me, I’d do that and more for my country,” said Marta Ofelia González, 75, who flew in from Mazatlán, on the coast of Sinaloa State, and wore a straw visor to block the punishing sun.She came, she said, because she fears “we will lose democracy and become a dictatorship.”The president argues the changes will save millions of dollars and improve the voting system. Electoral officials, though, say the overhaul will make it difficult to guarantee free and fair elections — including in a crucial presidential election next year.“This is our last hope,” said Guadalupe Acosta Naranjo, a former leftist congressman and one of the demonstration’s organizers. “We want to defend the court’s autonomy so it can declare these laws unconstitutional.” Otherwise, Mr. Acosta Naranjo said, “we will have to hold an election with a partial and diminished arbiter.”It was not immediately clear how many people protested across the country — demonstrations had been organized in more than 100 cities — though the numbers in Mexico City alone were above 100,000, organizers and local officials said.Looming over the protests was the recent conviction in a Brooklyn courtroom of Genaro García Luna, a former top Mexican law enforcement official, who was found guilty of taking bribes from cartels — a verdict widely viewed in Mexico as damaging to one of the opposition parties associated with the demonstration on Sunday.José Ramón Cossío Díaz, a retired minister of the Supreme Court, spoke in front of the court building on Sunday.Luis Antonio Rojas for The New York TimesMr. García Luna served in high-profile security roles for more than a decade under two conservative National Action Party presidents — Vicente Fox and Felipe Calderón — both of whom publicly called for citizens to attend the protest.The streets where protesters roamed on Sunday were lined with posters bearing Mr. García Luna’s face and the word “guilty.”The president has suggested that the protesters are motivated by the desire to put the country back in the hands of the corrupt leaders of the past.“They’re going to show up because there are vested, corrupt interests that want to return to power to continue stealing,” Mr. López Obrador said at a recent news conference. “So don’t try to say ‘it’s that we care about democracy, it’s that democracy is being damaged.”It was the second time in about four months that Mexicans had demonstrated in support of the election watchdog, which the president and his supporters say has become a bloated bureaucracy captured by political interests. “It has too much power, perverted power,” said Pedro Miguel, a journalist at La Jornada, a leftist newspaper, who describes himself as a “militant” of the president’s political project. Mr. Miguel criticized the agency for paying its governing members too much, including a bonus after stepping down.“This is a march in defense of that bonus and those miserable salaries,” he said of the demonstration on Sunday.It was the second time in about four months that Mexicans had rallied in support of the election watchdog, which the president and his supporters say has become a bloated bureaucracy.Luis Antonio Rojas for The New York TimesThe measures, passed by the legislature last week, will cut the agency’s staff, undermine its autonomy and limit its capacity to punish politicians who break electoral law. Electoral officials say the overhaul will also eliminate the majority of workers who directly oversee the vote and install polling stations across the country.“It threatens the validity of elections themselves,” said Lorenzo Córdova, the departing president of the agency, in an interview.The protest comes as the country gears up for the start of the 2024 presidential campaign, amid serious questions about whether a battered and inchoate opposition has the wherewithal to win over disenchanted voters.“It’s an important test of how much they’re able to mobilize their base,” said Blanca Heredia, a professor at Mexico’s Center for Research and Teaching in Economics, referring to the parties opposing Mr. López Obrador, known by his initials, AMLO.The crowd was big enough on Sunday, analysts said, to suggest that many Mexicans are eager to support their institutions — and vent their anger at the president.Ms. González, of Mazatlán, said she had not voted for Mr. López Obrador “because my brain still works.”It remains unclear whether the opposition can use that bitterness to its electoral advantage.“All they have is that anti-AMLO sentiment,” Professor Heredia said of the parties opposing Mr. López Obrador. “If they want to gain more voters that aren’t just anti-AMLO, they’re going to need a positive project — a plan for the country.”Demonstrators marching against the measures pushed by President Andrés Manuel López Obrador, who has suggested that protesters want to place the country back in the hands of corrupt leaders.Luis Antonio Rojas for The New York TimesElda Cantú More

    • 150 Shares129 Views

      in Elections

      Protesters Head to Jerusalem as Israel’s Leaders Look to Rein in Judges

      by

      Two contentious bills were scheduled to come up for an initial vote in Israel’s Parliament on Monday, including one that would reduce the power of the Supreme Court.JERUSALEM — Tens of thousands of protesters gathered in Jerusalem for the second straight Monday as Israel’s far-right government pushed forward with a divisive plan for a judicial overhaul that critics say will weaken and politicize the country’s courts and undermine its democratic foundations.Protesters, many of them arriving in convoys from across Israel, blocked highways en route to the city then gathered near the Parliament, where legislators were preparing for the first phase of voting on two bills aimed at curbing judicial oversight and giving politicians more influence over the courts.One bill would change the makeup of a nine-member committee that selects judges to reduce the influence of legal professionals on the body and give representatives and appointees of the government an automatic majority. The change would effectively allow the government of the day to choose judges.The other bill would strip the Supreme Court of its power to strike down basic laws passed by Parliament.Advocates say the changes are needed to curb the influence of an overreaching judiciary that has granted itself increased authority over the years. They also say the measures would shift power away from an unelected bureaucratic elite — the judiciary — in favor of elected officials and governments that reflect the will of the people.Israel’s New Far-Right GovernmentBenjamin Netanyahu has returned to power at the helm of the most right-wing and religiously conservative administration ever in Israeli history.A Hard-Right Agenda: Israel’s new government has moved quickly on several agenda items that would weaken the judiciary, entrench Israeli control of the West Bank and strengthen ultraconservative Jews.Judicial Overhaul: The government is pressing ahead with a far-reaching overhaul of Israel’s judicial system, setting off mass protests by those who say it will destroy the country’s democratic foundations.​​Rising Tensions: The roots of the recent spasm of violence in Israel and the West Bank predate the new government, but the administration’s ministers and goals are fueling tensions.Ultra-Orthodox Parties: To preserve his new government, Mr. Netanyahu has made a string of promises to Israel’s ultra-Orthodox parties. Their push for greater autonomy has potentially broad-ranging implications.Critics say the proposed overhaul would place unchecked power in the hands of the government, remove protections afforded to individuals and minorities and deepen divisions in an already fractured society. They also fear that Prime Minister Benjamin Netanyahu, who is standing trial on corruption charges, could use the changes to extricate himself from his legal troubles.Prime Minister Benjamin Netanyahu, left, in Jerusalem on Sunday. Critics fear Mr. Netanyahu could use the judicial changes to extricate himself from his legal troubles.Pool photo by Abir SultanThe attorney general has barred the prime minister from any involvement in the new legislation because of a conflict of interest. Mr. Netanyahu denies any wrongdoing and says he does not have any personal interest in judicial change.After a first reading, bills must go back to a committee for further discussions, then return to the floor for two more votes before passing into law, a process that can take weeks or months. But a deeply split Israel is already in turmoil over the plan, with opponents alarmed at the speed with which it is moving forward, just weeks after the governing coalition — the most right-wing and religiously conservative in Israeli history — came to power.Mass protests have been taking place on Saturday nights in Tel Aviv for seven consecutive weeks and have spread around the country. Last Monday about 100,000 protesters filled the streets around Parliament and the Supreme Court in Jerusalem, according to estimates in the Israeli news media, though organizers put the number at more than double that.On the morning of the vote, small groups of protesters sat down outside the front doors of some coalition lawmakers’ homes in a bid to block them from leaving for the Parliament. They were removed by the police. The coalition leaders have pushed for a hasty first vote on the bills, defying a plea from Israel’s president, Isaac Herzog, to pause the legislative process and allow room for a national dialogue and compromise. The president, a mostly ceremonial figure, has little executive power, but his voice is meant to be unifying and carries moral authority.The leader of the opposition, Yair Lapid, a centrist, asked for a 60-day hiatus in the legislative process as a condition for any negotiations. The politicians driving the process have expressed some willingness to talk but have so far refused to halt their work even for a day.“We won’t stop the legislation now, but there is more than enough time until the second and third readings to hold an earnest and real dialogue and to reach understandings,” Yariv Levin, the justice minister, told the Yediot Ahronot newspaper on the eve of the initial vote.Last Monday about 100,000 protesters filled the streets around Parliament and the Supreme Court in Jerusalem.Avishag Shaar-Yashuv for The New York TimesBut critics have dismissed the government’s position as disingenuous, arguing that once the bills have passed a first vote, only cosmetic changes will be possible.Many Israelis, including some of those protesting, agree that some kind of judicial change is needed, but opinion polls suggest that a majority want it to be the result of dialogue and do not support the government plan in its current form.The domestic tensions are also causing friction between the Israeli government and its closest ally, the United States. In a rare intervention in Israeli political affairs, President Biden, like Mr. Herzog, has called for efforts to reach a consensus.The American ambassador to Israel, Thomas R. Nides, over the weekend told The Axe Files, a CNN podcast, “We’re telling the prime minister, as I tell my kids, pump the brakes, slow down, try to get a consensus, bring the parties together.”He said he had told Mr. Netanyahu, “We can’t spend time with things we want to work on together if your backyard’s on fire,” referring to the U.S. support that Israel is seeking on issues such as curbing Iran’s nuclear program and Mr. Netanyahu’s ambitions to establish diplomatic relations with Saudi Arabia.Amichai Chikli, an Israeli cabinet minister responsible for relations with the Jewish diaspora, responded bluntly to Mr. Nides in an interview with Israel’s public broadcaster, Kan, on Sunday. “I tell the American ambassador, you pump the brakes,” he said, adding: “Mind your own business.” More

    • 188 Shares99 Views

      in Elections

      Two Evangelical Leaders, Jim Wallis and Kyle Meyaard-Schaap, on ‘Radical Faith,’ Climate Change and More

      by

      For the Taking the Lead series, we asked leaders in various fields to share insights on what they’ve learned and what lies ahead.When Kyle Meyaard-Schaap was in high school, a quote from the Rev. Jim Wallis was emblazoned on the wall of his English classroom: “God is not a Republican or a Democrat.” Today, the two men are leaders in the movement to expand the political imaginations of American evangelicals. Though evangelicals are known for their strong support of former President Donald J. Trump — most polls showed around 80 percent of white evangelicals voted for him in 2020 — and an array of conservative causes, a vocal cohort includes many who find their faith directing them elsewhere.Mr. Wallis, now 74, was raised in what he described as a “very evangelical” family in Detroit, where his parents were lay leaders in a Plymouth Brethren church. He attended an evangelical seminary outside Chicago but was drawn to the radical student politics of his era, and quickly became one of the leading figures in an energetic politically progressive wing of American evangelicalism. That movement — anchored by Sojourners, the organization he founded and led for 50 years, before leaving in 2021 — enjoyed a heady decade until the rise of the Moral Majority and the election of President Ronald Reagan in 1980, when evangelicals became a reliably conservative voting bloc, which they remain today.That forced Mr. Wallis into the role of opposition leader, a perch from which he has tried to turn the American church’s attention to issues including racism, poverty and, more recently, voting rights. He has written 12 books, has been arrested 25 times for civil disobedience, and was one of a small group of pastors President Barack Obama turned to for prayer and counsel in the early years of his presidency.Mr. Meyaard-Schaap, 33, was ordained as a pastor in the Christian Reformed Church in North America and serves as the vice president of the Evangelical Environmental Network, a ministry that seeks to mobilize evangelicals around environmental issues. He was previously the national organizer and spokesman for Young Evangelicals for Climate Action, another group devoted to mobilizing young evangelicals on climate issues. His book, “Following Jesus in a Warming World: A Christian Call to Climate Action,” will be published by the evangelical InterVarsity Press this month.The two leaders came together for a conversation, conducted in November over a video call, about collaborating with secular leaders, talking to Christians about climate change and capitalizing on being, as Mr. Wallis put it, a “critical minority.”Mr. Wallis was speaking from his office in Washington, D.C., where he is the founding director of the Center on Faith and Justice at Georgetown University, where he is also the chair of faith and justice at the McCourt School of Public Policy. Mr. Meyaard-Schaap joined the call from Grand Rapids, Mich., where lives with his wife and two young sons.This conversation has been condensed and edited.Rachelle BakerHow did you settle on the issues you’ve devoted your careers to?JIM WALLIS For years I was a student activist but not a religious person. We organized, marched in Washington, marched to the Capitol there in Lansing and then were attacked by right-wing groups and all of that. I guess I never quite got shed of Jesus, even though I left the church and they left me. I was studying — like everybody else those days — Marxism, anarchism. My conversion text was the 25th chapter of Matthew, called the “It Was Me” text. “It was me,” Jesus says. “I was hungry, it was me. I was thirsty, I was naked, a stranger, sick, in prison. How you treat them, the least of these, is how you treat me.”That was more radical than Karl Marx and Che Guevara. And so I signed up.KYLE MEYAARD-SCHAAP I grew up in a pretty conservative Christian home. I never really remember calling ourselves evangelicals. But I do remember this overwhelming assumption of ideological and political sameness. When I was in the fifth grade, it was during the 2000 election between Bush and Gore, and we did a mock election at the school where everybody wrote down their choice for president. All day, none of us could pay attention to any of the lessons. The vote came out to like 96, 97 percent Bush, 3 percent Gore. And everybody said, Who the heck voted for Al Gore? It was just inconceivable that a Christian could vote for Al Gore.RUTH GRAHAM Was it you?MEYAARD-SCHAAP No, it certainly wasn’t!You know, we recycled. But if the truck didn’t pick it up at the curb, I don’t know if we would have done that either. I don’t remember derision, necessarily, around climate change or environmentalism. Growing up, what I mostly remember was silence.Key Insights From ‘Taking the Lead’Card 1 of 7Conversations about leadership. More

    • 163 Shares169 Views

      in Elections

      Peter Obi Has Energized Nigeria’s Young Voters. Will They Turn Out for Him?

      by

      The race is wide open in the presidential election in Nigeria, Africa’s most populous nation and a struggling economic powerhouse. Youth looking to evict the old guard are cheering on Peter Obi, a surprise third-party candidate.As the convoy of S.U.V.s pulled up to the biggest electronics market in Lagos, Nigeria’s economic capital, word quickly spread that inside one vehicle with tinted windows was Peter Obi, one of the front-runners in the upcoming presidential election, on a surprise campaign stop. Within minutes, a large crowd of mostly young men had gathered.“If I told them I was coming, they’d have shut down the market — it would have been ten times this,” Mr. Obi said, smiling, looking out at his roaring fans from under a cap that read: “Make Nigeria Great.” Then he stepped out in front of the sea of smartphones held aloft to record the occasion.“A new Nigeria is possible,” he told the crowd in his distinctive high voice. “For the first time, government is going to care about you.”For eight years, the citizens of Africa’s most populous nation — 70 percent of them under the age of 30 — have been governed by Muhammadu Buhari, who previously ruled the country as a military dictator, in the 1980s, long before most of them were even born.In a country where vote-buying and violence often distort elections, the presidential vote scheduled for Feb. 25 presents a rare chance for millions of young Nigerians, many of them new voters, to make their elders listen.According to polls, many of these new voters support Mr. Obi, a former state governor challenging the traditional two-party hegemony by running with the lesser-known Labour Party. He is seen as the candidate of the youth, though far from young at 61; his main rivals are in their 70s. Mr. Buhari, who is 80, served the maximum of two terms.“A one-eyed man, in the land of the blind, is king,” said Mr. Obi’s running mate, Yusuf Datti Baba-Ahmed, in an interview.Mr. Obi, seen as the candidate of Nigeria’s youth, drew an enthusiastic young crowd at Alaba market, Lagos, this month.Taiwo Aina for The New York TimesNigeria, and particularly its young people, have had an extremely tough few years. Large groups of schoolchildren have been kidnapped, by extremists or ransom seekers. Youth unemployment nearly tripled during the Buhari years. Demonstrators in peaceful protests against police brutality were themselves shot dead by security forces in 2020 as they sang and waved the flag by a tollgate in Lekki, an upmarket Lagos suburb.Many young people are channeling their anger at the government’s repressive response to that movement — as well as the failure to bring those responsible to justice, a seven month Twitter ban, and persistent police brutality — into this election.“What happened in Lekki is a clear indication that this government don’t care about the youth,” said Amanda Okafor, 28, who said she saw many fellow protesters shot dead in Lekki. Ms. Okafor was eligible to vote in the past two elections, but never did. Now she goes everywhere with her voter’s card, determined to cast her first-ever vote.“We’re tired of these same old people coming in to tell us that they’re going to change stuff for us and they’re not doing anything,” she said.For many young Nigerians, these “same old people” include the presidential candidate of the party in power, Bola Tinubu, a former Lagos governor with a strong southwestern base, and the slogan, “It’s my turn.” He sometimes slurs words and appears confused, alarming some voters.Minutes after he arrived at the Alaba electronics market, Mr. Obi’s visit began to go viral. Taiwo Aina for The New York TimesThe old guard also includes the candidate of the opposition People’s Democratic Party, Atiku Abubakar — a former vice president running for president for the sixth time. He will likely garner much support in Nigeria’s northern states.In an interview, Mr. Obi said that young people invest so much hope in him because the leaders they had known never cared for them or Nigeria. He said it was an “existential election” for the country.“We’re not going to solve the problem of Nigeria overnight, because it’s huge,” he said.His rivals, Mr. Abubakar and Mr. Tinubu, did not respond to requests for interviews.Minutes after he arrived in Alaba electronics market, Mr. Obi’s unexpected visit began to go viral. As the convoy left for yet another rally, social media-savvy Obi supporters — nicknamed Obidients — mobbed the vehicles, unsure which one their hero was in. Eventually, he popped out of a sunroof, blowing kisses to the crowd.“No shishi!” yelled the supporters running alongside his car — a slogan that, roughly, means “My vote is not for sale.”“No shishi” is exactly the kind of change that Onyx Ahmed, 21, would like to see. A recent anatomy graduate and protester against police violence, she retweets Peter Obi’s posts, blocks supporters of his rivals, and hectors her friends to register to vote.But in June, when she went to collect her own voter’s card, upon seeing the long lines, she quickly gave up.“I was like, I’ll go home, and come back. I never went back,” she said, wincing, but only slightly. “I don’t really like stress.”Supporters of the incumbent All Progressives Congress party, whose candidate, Bola Tinubu, is a former Lagos governor, at a rally in Lagos this month.Taiwo Aina for The New York TimesAnalysts warn Ms. Ahmed’s attitude may be common, and say that newly registered voters are least likely to show up at the polls. Mr. Obi’s political opponents wield this idea to mock his supporters, dismissing them as just a few irrelevant armchair warriors.But the Obidients give as good as they get. When Adams Oshiomhole, a former governing party chairman, told a television channel that Mr. Obi’s online support was “just 10 young men and women in one room” churning out stories, the Obidients changed his words to the catchier “Four people tweeting in a room.” That became a catchphrase, posted alongside image after image of thronging crowds at Obi rallies.But there are other reasons young Obi supporters may not turn out. Many tried for days to obtain voters’ cards, but never made it to the front of interminable queues. Others cannot afford to travel to the states where they are registered to vote.And their numbers may be overwhelmed by the get-out-the-vote machines built over decades by the governing All Progressives Congress party, and its longtime rival, the P.D.P. Each has local branches, women’s and youth groups nationwide, and affiliations with workers’ groups like that of Lagos’s market women, to mobilize voters come election day.The reach of this party machinery was on display at Adebayo market in Bariga, a Lagos suburb, where customers sashayed down lanes crammed with jollof rice seasoning, diapers, hair weaves and zippers.The governing party has deep ties among the people who work at the Bariga market in Lagos.Taiwo Aina for The New York TimesThe market’s financial secretary took me around, making introductions to women working there, including Olabisi Onisarotu, selling baby care products. She said she was supporting Mr. Tinubu, because as Lagos governor, he had provided free education and good health care.She glanced over my shoulder at the financial secretary, who was making sure she stuck to the script.“Social amenities,” he mouthed.“And social amenities,” Ms. Onisarotu repeated.Around the corner in a general goods store, the market coordinator, 72-year-old Gbemisola Lawal, complained that the policies of the A.P.C. had run the economy into the ground, driving her customers away. But that wouldn’t change her vote, she said — or that of her small army of market women.“This market belongs to A.P.C.,” said Ms. Lawal. “We’ve always voted A.P.C. and we’ll always vote A.P.C.”Left: Onyx Ahmed, 21, who hectors her friends to vote for Mr. Obi but did not collect her own voter’s card. Right: Gbemisola Lawal, 72, coordinator of Adebayo market, whose market women, she said, would all vote for Mr. Tinubu.Taiwo Aina for The New York TimesEven so, cracks are appearing in the traditional parties’ machinery. Near the market, the driver of a yellow danfo, or minibus, said that this year he would defy his A.P.C.-supporting transport union, follow his conscience, and vote for Mr. Obi.But the driver would not give his name, saying it would cost him his job.Back in Mr. Obi’s convoy, his Labour Party colleagues — traveling in the luxury van behind his car — strategized about when he should stay hidden (in the neighborhood of his opponent, Mr. Tinubu) and when he should pop out of the sunroof and wave (in areas dominated by people from the southeast, Mr. Obi’s home region). Calls from the rally they were headed toward reported members being attacked by thugs.“They should fight back,” one of them ordered.The convoy drew up at the rally, where the crowds sang along with the musical duo P-Square, who like many Nigerian musical stars, are proud Obidients. On the sidelines, dozens of young people insisted they would turn out to vote, violence or not.The stakes were too high for them not to, they said.An Obi rally in Lagos this month. Many young Obi supporters tried to obtain voters’ cards but never made it to the front of the lines. Others cannot afford to travel back to the states in which they are registered to vote.Taiwo Aina for The New York TimesOladeinde Olawoyin contributed reporting. More

    • 138 Shares149 Views

      in Elections

      In Hong Kong, 47 Democracy Leaders on Trial for Security Charges

      by

      Forty-seven defendants, including well-known figures like Joshua Wong, are charged with subversion under the national security law that China imposed in 2020.The political candidates represented the vanguard of Hong Kong’s pro-democracy movement. Numbering in the dozens, they had planned to run for the city’s legislature in 2020, after months of turbulent protests calling for greater freedom from China.By the time the election was held, more than a year later, none of the candidates could run. Most were in jail, where many still languish today, charged with subversion in the largest case yet involving the national security law Beijing imposed on the city in 2020. Their arrests laid bare the lengths to which China’s government would go to crush dissent in Hong Kong, which was long accustomed to many of the freedoms of speech and assembly found in the West.After years of fits and starts, the trial involving the 47 pro-democracy lawmakers, academics and activists began on Monday at a courthouse in Hong Kong amid tight security. Large police vehicles lined the roads nearby as a line of more than 100 people snaked around the courthouse in the early morning, waiting to enter. Because there were so many defendants, the court broadcast the proceedings into several other rooms.Of the 47 defendants, only 16 are contesting the charges. The rest entered guilty pleas, including Joshua Wong, one of the most globally recognized Hong Kong pro-democracy figures, and Benny Tai, a former law professor. As one of the defendants, Ng Kin-wai, a former district official, took the stand, he declared, sarcastically: “I tried to commit subversion against the totalitarian regime, but failed. I plead guilty.”Most of the defendants, if not all, are expected to receive prison sentences, which could range from less than three years to life.Joshua Wong at a news conference in 2020.Lam Yik Fei for The New York Times“The trial of the 47 represents a turning point in the crackdown because it reveals the true purpose of the national security law,” said Victoria Hui, an associate professor of political science at the University of Notre Dame who studies Hong Kong.“They’re not targeting a small minority of people throwing petrol bombs,” Professor Hui said. “Those people have already been arrested. Instead, they’re targeting the legitimate opposition, people who believed there was still a little bit left to defend of Hong Kong’s autonomy and freedom.”Already, the defendants’ arrests and lengthy detention have dealt a blow to the remaining vestiges of civil society. The 47 defendants, who comprise 42 opposition candidates and five election organizers, come from a cross-section of Hong Kong — politicians, academics, union organizers and journalists.They include Claudia Mo, 66, a veteran journalist-turned-politician known to many as “Auntie Mo”; Eddie Chu, 45, a former legislator and early champion of the city’s “localist” movement, which aimed to preserve Hong Kong’s identity; Carol Ng, 52, an ex-flight attendant and labor activist; and Gwyneth Ho, 32, a former journalist, who famously reported from the scene of a mob attack on antigovernment demonstrators trapped in a subway station.Covid-19 in ChinaThe decision by the Chinese government to cast aside its restrictive “zero Covid” policy at the end of 2022 set off an explosive Covid outbreak.A Receding Wave: Two months after China abandoned its Covid rules, the worst seems to have passed, and the government is eager to shift attention to economic recovery. Economic Challenges: Years of Covid lockdowns took a brutal toll on Chinese businesses. Now, the rapid spread of the virus after a chaotic reopening has deprived them of workers and customers.Digital Finger-Pointing: The Communist Party’s efforts to limit discord over its sudden “zero Covid” pivot are being challenged with increasing rancor on the internet.To take stock of the group’s plight is to recognize how much Hong Kong has been transformed since pro-democracy protests erupted in 2019.A stream of people waiting to vote in an unofficial primary election in Hong Kong in 2020.Jerome Favre/EPA, via ShutterstockChina’s subsequent crackdown brought changes that would have been unthinkable just a few years ago: an ideological makeover of the public education system; the demise of one of Asia’s most staunchly independent media industries; the arrest of Hong Kong’s highest-ranking Roman Catholic cleric, the nonagenarian Cardinal Joseph Zen; and the erasure of political opposition in Hong Kong’s legislature, paving the way for passage of pro-Beijing laws like a “patriots only” litmus test for political candidates. The high degree of autonomy Hong Kong was promised for 50 years after Britain returned the former colony to China in 1997 has all but eroded.No change, however, has been more dramatic than those taking place in Hong Kong’s legal system, which has been superseded by the national security law — a harsh reality being felt acutely by the 47 democrats.They are charged with trying to subvert state power for their roles in an unofficial “primary election.” The poll was an attempt by the opposition to select its best candidates, as part of a last-ditch effort to win enough seats in the legislature to block the government’s budget. The budget maneuver, sanctioned under Hong Kong law, could have dissolved the legislature and forced Carrie Lam, then the city’s top official, to step down.Nearly three-quarters of the 47 democrats are currently in jail — and, in most cases, have been since they were formally charged nearly two years ago, on Feb. 28, 2021. Such long detention is unusual for Hong Kong, where defendants in other types of cases are often able to get bail. The national security law’s sweeping provisions, however, include a high threshold for bail, which in effect lets the authorities hold defendants for months or even years before trial. Critics say that amounts to a presumption that defendants are guilty.Supporters unfurling banners calling for the release of Hong Kong’s 47 defendants in 2021.Lam Yik Fei for The New York TimesSupporters of the activists say their detention has caused enormous mental strain, particularly for those held in solitary confinement. Some of them are already in prison, serving sentences on other charges. Sam Cheung, a 27-year-old elected official representing a small district, missed the birth of his first child. Tiffany Yuen, 29, another district official, was not permitted to leave prison for the funeral of her grandmother.Mr. Tai, the former law professor, is expected to receive the harshest sentence at the end of the 90-day trial because of his role devising the plan to hold the primary election.The security law requires judges to impose minimum sentences anywhere from three to 10 years, but defendants can receive lighter punishments if they testify against others. Prosecutors have already indicated that three of the 47 democrats who helped organize the primary had agreed to provide testimony.Activists and legal experts say the strategy is designed to sow mistrust among the defendants and, combined with the grueling detentions, break their morale, to make them more willing to cooperate with prosecutors. The coercive tactic, scholars say, highlights another way that Hong Kong is adopting norms from mainland China.“So far as you get a guilty plea, that gives the regime the opportunity to make the point that these wrongdoers have known the error in their ways,” said Eva Pils, a law scholar at Kings College London who studies China.The penalizing of political opposition in Hong Kong’s legislature paved the way for the passage of pro-Beijing laws, including a “patriots-only” litmus test for political candidates.Anthony Kwan/Getty ImagesBy pressuring the defendants individually, the authorities also undermine the democracy movement overall, said Ted Hui, a former lawmaker who fled Hong Kong a month before the 47 were arrested.While acknowledging the emotional distress the group was under, Mr. Hui said that for any defendant to provide evidence that could implicate another would amount to a betrayal.“I understand the circumstances, but I’m still angry and heartbroken,” Mr. Hui said by telephone from Adelaide, Australia. “I also cannot say it’s entirely their fault, because the circumstances are created by the pressures of the regime. This has hurt the democracy movement. That is one of the goals achieved by the regime — to divide us.”The trial has stirred difficult and complicated emotions within the small community of lawmakers and activists who were able to flee Hong Kong before they could be arrested.Nathan Law, a prominent pro-democracy advocate and candidate in the primary election who escaped days before the passage of the national security law, said it was painful to read about close friends and fellow activists such as Mr. Wong facing long prison terms.“They were just participating in a primary election,” Mr. Law said from London. “None of us would think of that as something that would be named as subversion that could lead to years of imprisonment.” “Through these cases, you also understand that the Hong Kong we used to know is gone,” he said.The trial of the 47 is one of several national security cases winding their way through Hong Kong’s courts. Few have attracted more attention than that of Jimmy Lai, the 75-year-old founder of the tabloid newspaper Apple Daily, which was forced to close down in 2021. Mr. Lai, a longtime critic of China’s ruling Communist Party, has been serving a five-year, nine-month sentence on what human rights groups say are trumped-up charges of fraud. He is also facing trial on the national security offense of colluding with foreign forces.The ratcheting-up of prosecutions marks the beginning of a new, more authoritarian era in Hong Kong, observers say, one in which political persecution will be used to strike fear in people so that few will consider protesting or challenging Beijing’s authority again.“What they’re trying to do is to redraw the lines of acceptable, peaceful political activity,” said Thomas Kellogg, the executive director of the Center for Asian Law. More

    • 113 Shares139 Views

      in Elections

      DeSantis’s Efforts to Make Education in Florida Less ‘Woke’

      by

      More from our inbox:‘The Carnage Must Be Stopped’Trump, Still FormidableThe Danger of Anti-Boycott BillsLiving Without Plastic Marta Lavandier/Associated PressTo the Editor:Re “Under Pressure, Board Revises A.P. African American Course” (front page, Feb. 2):It is, of course, sadly ironic that your article about the stripped-down African American course curriculum ran online on the first day of Black History Month.Either Gov. Ron DeSantis genuinely believes that critical thinking, a foundational understanding of how the United States came to be, and the reading of books that deepen kids’ sympathy for other kids will actually mess kids up, or he’s just pandering to the masses.Whether the governor likes it or not, our country’s history, like that of all empires, isn’t wholly pretty. Is it upsetting to learn that the land you live on was taken brutally from its original occupants and that the house you live in was bought with a loan that was denied to another person because of the color of his skin? I would hope so.But the purpose of teaching kids their country’s history isn’t to make them feel bad about themselves personally. If a kid, any kid, comes away from a classroom feeling lousy about themselves, that’s just poor teaching. They should, though, understand that not everyone has had those advantages, be grateful for their good fortune and work to make sure everyone else’s path is equally opportune.Teachers have a tough enough time helping children become empathetic and engaged citizens with the skills and knowledge necessary to thrive in the global community without becoming shuttlecocks in a soulless game of political and cultural badminton.Kevin BarrBethesda, Md.The writer was an English teacher and administrator for over 40 years at Georgetown Day School in Washington.To the Editor:I’m a current high school junior who has taken a number of Advanced Placement courses. The College Board is absolutely spineless for bending to demands from the likes of Gov. Ron DeSantis. As much as he — or anyone else for that matter — might not like the Black Lives Matter movement, there is no way to neglect it in a course that studies the contemporary history and culture of African American people.And, of course, being presented with information doesn’t mean that it will be “indoctrination.”The blatant erasure of Black, queer and feminist scholars from the course is egregious. Nobody deserves to have their experience or perspective left out.At the center of this debate is the student’s right to learn, and I believe that the student’s right to learn trumps all. History isn’t meant to be watered down.Charles YaleOmahaTo the Editor:Gov. Ron DeSantis revealed one of the reasons for his rejection of the A.P. Black history course. “This course on Black history,” he said during a press conference. “What’s one of the lessons about? Queer theory. Now, who would say that an important part of Black history is queer theory?”Who would say that? How about the lesbian poet Audre Lorde? The author James Baldwin? The trans activist Marsha P. Johnson? Barbara Jordan, Bayard Rustin, Alvin Ailey and countless others?These layers of disenfranchisement have a detrimental effect on health equity, justice and more.Donna L. TapelliniLambertville, N.J.‘The Carnage Must Be Stopped’ Pool photo by Andrew NellesTo the Editor:As a Black man and a retired police officer, I have been crying quite a bit lately. Crying from a deep sense of outrage, grief, shame and fear.Outrage, because yet another unarmed Black man has been brutally killed by police officers. In communities of color throughout the United States, police use of deadly force and acts of misconduct and abuse have seemingly grown to epidemic proportions. People of color may now feel victimized by the very people who are supposed to protect them, worrying that they will become one of the ever-growing statistics.Grief, because of the pain that I know Tyre Nichols’s family and friends must now be going through.Shame, because the officers who killed Tyre looked exactly like me. They swore the same oaths that I did to protect and serve the community. They debased and dishonored the badge that they carried.But most of all, fear, because I worry that my grandsons, great-grandsons and sons-in-law may one day become victims of this insanity. I can only pray that they will remember the things I have taught them about how to survive a police encounter, and that they are able to live to fight another day.I know in my heart that Tyre Nichols will not be the last death of a Black man at the hands of police this year.There must be change. There must be accountability. The carnage must be stopped.Charles P. WilsonBeltsville, Md.The writer is webmaster and immediate past chairman of the National Association of Black Law Enforcement Officers.Trump, Still Formidable Eva Marie Uzcategui/Agence France-Presse — Getty ImagesTo the Editor:Re “Trump in ’24? G.O.P. Leaders Aren’t So Sure” (front page, Jan. 27):Lately there have been many reports of Donald Trump’s imminent political demise, but despite the predictions he remains a dangerous opponent and a formidable campaigner.His power has always come not from politicians but from ordinary people who see him as a bigger, more successful version of themselves. However inarticulate he sounds to the rest of us, the message his base hears is always clear.Many of his handpicked candidates lost in 2022 because of their own failings; his appeal to the MAGA base appears undimmed.He is a fighter, with the constitution and mentality of an alligator, striking back ferociously when attacked. He has no regard for the truth, but he has realized that millions of voters don’t either.Certainly none of the sorry bunch of Republicans mentioned in your article have anything like his power on the campaign trail.Tim ShawCambridge, Mass.The Danger of Anti-Boycott Bills Robert NeubeckerTo the Editor:Re “Politicians Push Back on Having E.S.G. Funds,” by Ron Lieber (“Your Money,” Jan. 30):The fight between red states and the asset manager BlackRock is a symptom of a much larger danger facing American democracy today: the attempt by state legislators to take away the right to boycott as a tool for social and political change.The first anti-boycott bill introduced in 2015 to punish Americans boycotting Israel has since been passed in 28 other states. Starting in 2021, Republicans used it as a template to punish companies engaged in environmental, social and governance investing in several states, leading to the current face-off with BlackRock in Texas.Bills introduced earlier this year in South Carolina, Iowa and Missouri follow the same template as the original anti-boycott law punishing boycotts of Israel, but expand the target to punish state contractors that may be engaged in boycotts of companies that do not offer reproductive health care or gender-affirming care and companies that do not meet workplace diversity criteria.From civil rights leaders to farm workers and anti-apartheid activists, Americans have relied on boycotts throughout the country’s history. We are currently at a crossroads where such a crucial tool may no longer be available for future generations.Julia BachaNew YorkThe writer is a filmmaker and director of “Boycott.”Living Without PlasticMust avoid: All of these items, which are part of the reporter’s everyday life, contain plastic.Photographs by Jonah Rosenberg for The New York TimesTo the Editor:Re “Plastic Surgery: No Phone, No Credit Cards, No Bed” (Sunday Styles, Jan. 15):I enjoyed reading your report about living without plastic for 24 hours after taking out my home-delivered Times from its plastic wrapper.David ElsilaGrosse Pointe Park, Mich. More