More stories

  • in

    Trump me atacó. Después, Musk lo hizo. No fue casualidad

    Timo LenzenCuando trabajaba en Twitter, ahora conocida como X, dirigí al equipo que puso por primera vez una etiqueta de verificación de hechos en uno de los tuits de Donald Trump. Tras la violencia del 6 de enero, ayudé a tomar la decisión de suspender su cuenta en Twitter. Nada me preparó para lo que ocurriría después.Respaldado por sus seguidores en las redes sociales, Trump me atacó públicamente. Dos años después, tras su adquisición de Twitter y después de que yo dimití de mi puesto como responsable de confianza y seguridad de la empresa, Elon Musk echó más leña al fuego. He vivido con guardias armados en la puerta de mi casa y he tenido que trastocar la vida de mi familia, así como esconderme durante meses y mudarme una y otra vez.No es una historia que me guste recordar. Pero he aprendido que lo que me ocurrió no fue casualidad. No fue solo una venganza personal o la “cultura de la cancelación”. Se trató de una estrategia que no solo afecta a personas específicas, como en mi caso, sino a todos nosotros, ya que está cambiando a gran velocidad lo que vemos en internet.Los individuos —desde investigadores académicos hasta trabajadores de empresas de tecnología— son cada vez más objeto de demandas, comparecencias ante el Congreso y despiadados ataques en línea. Estos ataques, organizados en gran medida por la derecha, están teniendo el efecto deseado: las universidades están reduciendo sus esfuerzos para cuantificar la información abusiva y engañosa que se difunde en internet. Las empresas de redes sociales están evitando tomar el tipo de decisiones difíciles que mi equipo tomó cuando intervinimos ante las mentiras de Trump sobre las elecciones de 2020. Las plataformas no empezaron a tomarse en serio estos riesgos sino hasta después de las elecciones de 2016. Ahora, ante la posibilidad de ataques desproporcionados contra sus empleados, las empresas parecen cada vez más reacias a tomar decisiones controvertidas, lo cual permite que la desinformación y el abuso se enconen para evitar provocar represalias públicas.Estos ataques a la seguridad en internet se producen en un momento en el que la democracia no podría estar más en riesgo. En 2024, está prevista la celebración de más de 40 elecciones importantes, entre ellas las de Estados Unidos, la Unión Europea, la India, Ghana y México. Lo más probable es que estas democracias se enfrenten a los mismos riesgos de campañas de desinformación respaldadas por los gobiernos y de incitación a la violencia en línea que han plagado las redes sociales durante años. Deberíamos preocuparnos por lo que ocurra.Mi historia comienza con esa verificación de datos. En la primavera de 2020, tras años de debate interno, mi equipo decidió que Twitter debía aplicar una etiqueta a un tuit del entonces presidente Trump que afirmaba que el voto por correo era propenso al fraude y que las próximas elecciones estarían “amañadas”. “Conoce los hechos sobre la votación por correo”, decía la etiqueta.El 27 de mayo, la mañana siguiente a la colocación de la etiqueta, la asesora principal de la Casa Blanca, Kellyanne Conway, me identificó de manera pública como el director del equipo de integridad de Twitter. Al día siguiente, The New York Post publicó en su portada varios tuits en los que me burlaba de Trump y otros republicanos. Los había publicado años antes, cuando era estudiante y tenía pocos seguidores, sobre todo amigos y familiares, en las redes sociales. Ahora, eran noticia de primera plana. Ese mismo día, Trump tuiteó que yo era un “odiador”.Legiones de usuarios de Twitter, la mayoría de quienes días antes no tenían ni idea de quién era yo ni en qué consistía mi trabajo, comenzaron una campaña de acoso en línea que duró meses, en la que exigían que me despidieran, me encarcelaran o me mataran. La cantidad de notificaciones de Twitter arrunió mi teléfono. Amigos de los que no tenía noticias desde hacía años expresaron su preocupación. En Instagram, fotos antiguas de mis vacaciones y de mi perro se inundaron de comentarios amenazantes e insultos (algunos comentaristas, que malinterpretaron el momento de manera atroz, aprovecharon para intentar coquetear conmigo).Me sentí avergonzado y asustado. Hasta ese momento, nadie fuera de unos pocos círculos bastante especializados tenía idea de quién era yo. Los académicos que estudian las redes sociales llaman a esto “colapso de contexto”: las cosas que publicamos en las redes sociales con un público en mente pueden acabar circulando entre un público muy diferente, con resultados inesperados y destructivos. En la práctica, se siente como si todo tu mundo se derrumba.El momento en que se desató la campaña en contra de mi persona y mi supuesta parcialidad sugería que los ataques formaban parte de una estrategia bien planificada. Los estudios académicos han rebatido en más de una ocasión las afirmaciones de que las plataformas de Silicon Valley son tendenciosas contra los conservadores. Pero el éxito de una estrategia encaminada a obligar a las empresas de redes sociales a reconsiderar sus decisiones quizá no requiera la demostración de una verdadera mala conducta. Como describió en una ocasión Rich Bond, expresidente del Partido Republicano, tal vez solo sea necesario “ganarse a los árbitros”: presionar sin cesar a las empresas para que se lo piensen dos veces antes de emprender acciones que podrían provocar una reacción negativa. Lo que me ocurrió fue parte de un esfuerzo calculado para que Twitter se mostrara reacio a moderar a Trump en el futuro y para disuadir a otras empresas de tomar medidas similares.Y funcionó. Mientras se desataba la violencia en el Capitolio el 6 de enero, Jack Dorsey, entonces director general de Twitter, anuló la recomendación del departamento de confianza y seguridad de que se bloqueara la cuenta de Trump debido a varios tuits, incluido uno que atacaba al vicepresidente Mike Pence. En cambio, se le impuso una suspensión temporal de 12 horas (antes de que su cuenta se se suspendiera indefinidamente el 8 de enero). Dentro de los límites de las normas, se animó a los miembros del personal a encontrar soluciones para ayudar a la empresa a evitar el tipo de reacción que da lugar a ciclos de noticias furiosas, audiencias y acoso a empleados. En la práctica, lo que sucedió fue que Twitter dio mayor libertad a los infractores: a la representante Marjorie Taylor Greene se le permitió violar las normas de Twitter al menos cinco veces antes de que una de sus cuentas fuera suspendida de manera definitiva en 2022. Otras figuras prominentes de derecha, como la cuenta de guerra cultural Libs of TikTok, gozaron de una deferencia similar.En todo el mundo, se están desplegando tácticas similares para influir en los esfuerzos de confianza y seguridad de las plataformas. En India, la policía visitó dos de nuestras oficinas en 2021 cuando comprobamos los hechos de las publicaciones de un político del partido gobernante y la policía se presentó en la casa de un empleado después de que el gobierno nos solicitó bloquear cuentas implicadas en una serie de protestas. El acoso volvió a rendir frutos: los ejecutivos de Twitter decidieron que cualquier acción que pudiera ser delicada en la India requeriría la aprobación de los más altos mandos, un nivel único de escalada de decisiones que, de otro modo, serían rutinarias.Y cuando quisimos revelar una campaña de propaganda llevada a cabo por una rama del ejército indio, nuestro equipo jurídico nos advirtió que nuestros empleados en la India podrían ser acusados de sedición y condenados a muerte. Así que Twitter no reveló la campaña sino hasta más de un año después, sin señalar al gobierno indio como autor.En 2021, antes de las elecciones legislativas de Rusia, los funcionarios de un servicio de seguridad estatal fueron a la casa de una alta ejecutiva de Google en Moscú para exigir la retirada de una aplicación que se usaba para protestar en contra de Vladimir Putin. Los agentes la amenazaron con encarcelarla si la empresa no cumplía en 24 horas. Tanto Apple como Google retiraron la aplicación de sus respectivas tiendas y la restablecieron una vez concluidas las elecciones.En cada uno de estos casos, los empleados en cuestión carecían de la capacidad para hacer lo que les pedían los funcionarios de turno, ya que las decisiones subyacentes se tomaban a miles de kilómetros de distancia, en California. Pero como los empleados locales tenían la desgracia de residir dentro de la jurisdicción de las autoridades, fueron objeto de campañas coercitivas, que enfrentaban el sentido del deber de las empresas hacia sus empleados contra los valores, principios o políticas que pudieran hacerles resistirse a las demandas locales. Inspirados por la idea, India y otros países comenzaron a promulgar leyes de “toma de rehenes” para garantizar que las empresas de redes sociales contrataran personal local.En Estados Unidos, hemos visto que estas formas de coerción no las han llevado a cabo jueces y policías, sino organizaciones de base, turbas en las redes sociales, comentaristas de noticias por cable y, en el caso de Twitter, el nuevo propietario de la empresa.Una de las fuerzas más recientes en esta campaña son los “archivos de Twitter”, una gran selección de documentos de la empresa —muchos de los cuales yo mismo envié o recibí durante mis casi ocho años en Twitter— entregados por orden de Musk a un puñado de escritores selectos. Los archivos fueron promocionados por Musk como una forma innovadora de transparencia, que supuestamente exponían por primera vez la forma en que el sesgo liberal de las costas de Estados Unidos de Twitter reprime el contenido conservador.El resultado fue algo muy distinto. Como dijo el periodista de tecnología Mike Masnick, después de toda la fanfarria que rodeó la publicación inicial de los archivos de Twitter, al final “no había absolutamente nada de interés” en los documentos y lo poco que había tenía errores factuales importantes. Hasta Musk acabó por impacientarse con la estrategia. Pero, en el proceso, el esfuerzo marcó una nueva e inquietante escalada en el acoso a los empleados de las empresas tecnológicas.A diferencia de los documentos que por lo general saldrían de las grandes empresas, las primeras versiones de los archivos de Twitter no suprimieron los nombres de los empleados, ni siquiera de los de menor nivel. Un empleado de Twitter que residía en Filipinas fue víctima de doxeo (la revelación de información personal) y de acoso grave. Otros se han convertido en objeto de conspiraciones. Las decisiones tomadas por equipos de decenas de personas de acuerdo con las políticas escritas de Twitter se presentaron como si hubieran sido tomadas por los deseos caprichosos de individuos, cada uno identificado por su nombre y su fotografía. Yo fui, por mucho, el objetivo más frecuente.La primera entrega de los archivos de Twitter se dio tras un mes de mi salida de la empresa y unos cuantos días después de que publiqué un ensayo invitado en The New York Times y hablé sobre mi experiencia como empleado de Musk. No pude evitar sentir que las acciones de la empresa eran, hasta cierto punto, represalias. A la semana siguiente, Musk fue incluso más allá y sacó de contexto un párrafo de mi tesis doctoral para afirmar sin fundamentos que yo aprobaba la pedofilia, un tropo conspirativo que suelen utilizar los extremistas de ultraderecha y los seguidores de QAnon para desprestigiar a personas de la comunidad LGBTQ.La respuesta fue todavía más extrema que la que experimenté tras el tuit que Trump publicó sobre mí. “Deberías colgarte de un viejo roble por la traición que has cometido. Vive con miedo cada uno de tus días”, decía uno de los miles de tuits y correos electrónicos amenazantes. Ese mensaje y cientos de otros similares eran violaciones de las mismas políticas que yo había trabajado para desarrollar y hacer cumplir. Bajo la nueva administración, Twitter se hizo de la vista gorda y los mensajes permanecen en el sitio hasta el día de hoy.El 6 de diciembre, cuatro días después de la primera divulgación de los archivos de Twitter, se me pidió comparecer en una audiencia del Congreso centrada en los archivos y la presunta censura de Twitter. En esa audiencia, algunos miembros del Congreso mostraron carteles de gran tamaño con mis tuits de hace años y me preguntaron bajo juramento si seguía manteniendo esas opiniones (en la medida en que las bromas tuiteadas con descuido pudieran tomarse como mis opiniones reales, no las sostengo). Greene dijo en Fox News que yo tenía “unas posturas muy perturbadoras sobre los menores y la pornografía infantil” y que yo permití “la proliferación de la pornografía infantil en Twitter”, lo que desvirtuó aún más las mentiras de Musk (y además, aumentó su alcance). Llenos de amenazas y sin opciones reales para responder o protegernos, mi marido y yo tuvimos que vender nuestra casa y mudarnos.El ámbito académico se ha convertido en el objetivo más reciente de estas campañas para socavar las medidas de seguridad en línea. Los investigadores que trabajan para entender y resolver la propagación de desinformación en línea reciben ahora más ataques partidistas; las universidades a las que están afiliados han estado envueltas en demandas, onerosas solicitudes de registros públicos y procedimientos ante el Congreso. Ante la posibilidad de facturas de abogados de siete dígitos, hasta los laboratorios de las universidades más grandes y mejor financiadas han dicho que tal vez tengan que abandonar el barco. Otros han optado por cambiar el enfoque de sus investigaciones en función de la magnitud del acoso.Poco a poco, audiencia tras audiencia, estas campañas están erosionando de manera sistemática las mejoras a la seguridad y la integridad de las plataformas en línea que tanto ha costado conseguir y las personas que realizan este trabajo son las que pagan el precio más directo.Las plataformas de tecnología están replegando sus iniciativas para proteger la seguridad de las elecciones y frenar la propagación de la desinformación en línea. En medio de un clima de austeridad más generalizado, las empresas han disminuido muy en especial sus iniciativas relacionadas con la confianza y la seguridad. Ante la creciente presión de un Congreso hostil, estas decisiones son tan racionales como peligrosas.Podemos analizar lo que ha sucedido en otros países para vislumbrar cómo podría terminar esta historia. Donde antes las empresas hacían al menos un esfuerzo por resistir la presión externa; ahora, ceden en gran medida por defecto. A principios de 2023, el gobierno de India le pidió a Twitter que restringiera las publicaciones que criticaran al primer ministro del país, Narendra Modi. En años anteriores, la empresa se había opuesto a tales peticiones; en esta ocasión, Twitter accedió. Cuando un periodista señaló que tal cooperación solo incentiva la proliferación de medidas draconianas, Musk se encogió de hombros: “Si nos dan a elegir entre que nuestra gente vaya a prisión o cumplir con las leyes, cumpliremos con las leyes”.Resulta difícil culpar a Musk por su decisión de no poner en peligro a los empleados de Twitter en India. Pero no deberíamos olvidar de dónde provienen estas tácticas ni cómo se han extendido tanto. Las acciones de Musk (que van desde presionar para abrir los archivos de Twitter hasta tuitear sobre conspiraciones infundadas relacionadas con exempleados) normalizan y popularizan que justicieros exijan la rendición de cuentas y convierten a los empleados de su empresa en objetivos aún mayores. Su reciente ataque a la Liga Antidifamación demuestra que considera que toda crítica contra él o sus intereses empresariales debe tener como consecuencia una represalia personal. Y, en la práctica, ahora que el discurso de odio va en aumento y disminuyen los ingresos de los anunciantes, las estrategias de Musk parecen haber hecho poco para mejorar los resultados de Twitter.¿Qué puede hacerse para revertir esta tendencia?Dejar claras las influencias coercitivas en la toma de decisiones de las plataformas es un primer paso fundamental. También podría ayudar que haya reglamentos que les exijan a las empresas transparentar las decisiones que tomen en estos casos y por qué las toman.En su ausencia, las empresas deben oponerse a los intentos de que se quiera controlar su trabajo. Algunas de estas decisiones son cuestiones fundamentales de estrategia empresarial a largo plazo, como dónde abrir (o no abrir) oficinas corporativas. Pero las empresas también tienen un deber para con su personal: los empleados no deberían tener que buscar la manera de protegerse cuando sus vidas ya se han visto alteradas por estas campañas. Ofrecer acceso a servicios que promuevan la privacidad puede ayudar. Muchas instituciones harían bien en aprender la lección de que pocas esferas de la vida pública son inmunes a la influencia mediante la intimidación.Si las empresas de redes sociales no pueden operar con seguridad en un país sin exponer a sus trabajadores a riesgos personales y a las decisiones de la empresa a influencias indebidas, tal vez no deberían operar allí para empezar. Como a otros, me preocupa que esas retiradas empeoren las opciones que les quedan a las personas que más necesitan expresarse en línea de forma libre y abierta. Pero permanecer en internet teniendo que hacer concesiones podría impedir el necesario ajuste de cuentas con las políticas gubernamentales de censura. Negarse a cumplir exigencias moralmente injustificables y enfrentarse a bloqueos por ello puede provocar a largo plazo la necesaria indignación pública que ayude a impulsar la reforma.El mayor desafío —y quizá el más ineludible— en este caso es el carácter esencialmente humano de las iniciativas de confianza y seguridad en línea. No son modelos de aprendizaje automático ni algoritmos sin rostro los que están detrás de las decisiones clave de moderación de contenidos: son personas. Y las personas pueden ser presionadas, intimidadas, amenazadas y extorsionadas. Enfrentarse a la injusticia, al autoritarismo y a los perjuicios en línea requiere empleados dispuestos a hacer ese trabajo.Pocas personas podrían aceptar un trabajo así, si lo que les cuesta es la vida o la libertad. Todos debemos reconocer esta nueva realidad y planear en consecuencia.Yoel Roth es académico visitante de la Universidad de Pensilvania y la Fundación Carnegie para la Paz Internacional, y fue responsable de confianza y seguridad en Twitter. More

  • in

    I Was Attacked by Donald Trump and Elon Musk. I Believe It Was a Strategy To Change What You See Online.

    Timo LenzenWhen I worked at Twitter, I led the team that placed a fact-checking label on one of Donald Trump’s tweets for the first time. Following the violence of Jan. 6, I helped make the call to ban his account from Twitter altogether. Nothing prepared me for what would happen next.Backed by fans on social media, Mr. Trump publicly attacked me. Two years later, following his acquisition of Twitter and after I resigned my role as the company’s head of trust and safety, Elon Musk added fuel to the fire. I’ve lived with armed guards outside my home and have had to upend my family, go into hiding for months and repeatedly move.This isn’t a story I relish revisiting. But I’ve learned that what happened to me wasn’t an accident. It wasn’t just personal vindictiveness or “cancel culture.” It was a strategy — one that affects not just targeted individuals like me, but all of us, as it is rapidly changing what we see online.Private individuals — from academic researchers to employees of tech companies — are increasingly the targets of lawsuits, congressional hearings and vicious online attacks. These efforts, staged largely by the right, are having their desired effect: Universities are cutting back on efforts to quantify abusive and misleading information spreading online. Social media companies are shying away from making the kind of difficult decisions my team did when we intervened against Mr. Trump’s lies about the 2020 election. Platforms had finally begun taking these risks seriously only after the 2016 election. Now, faced with the prospect of disproportionate attacks on their employees, companies seem increasingly reluctant to make controversial decisions, letting misinformation and abuse fester in order to avoid provoking public retaliation.These attacks on internet safety and security come at a moment when the stakes for democracy could not be higher. More than 40 major elections are scheduled to take place in 2024, including in the United States, the European Union, India, Ghana and Mexico. These democracies will most likely face the same risks of government-backed disinformation campaigns and online incitement of violence that have plagued social media for years. We should be worried about what happens next.My story starts with that fact check. In the spring of 2020, after years of internal debate, my team decided that Twitter should apply a label to a tweet of then-President Trump’s that asserted that voting by mail is fraud-prone, and that the coming election would be “rigged.” “Get the facts about mail-in ballots,” the label read.On May 27, the morning after the label went up, the White House senior adviser Kellyanne Conway publicly identified me as the head of Twitter’s site integrity team. The next day, The New York Post put several of my tweets making fun of Mr. Trump and other Republicans on its cover. I had posted them years earlier, when I was a student and had a tiny social media following of mostly my friends and family. Now, they were front-page news. Later that day, Mr. Trump tweeted that I was a “hater.”Legions of Twitter users, most of whom days prior had no idea who I was or what my job entailed, began a campaign of online harassment that lasted months, calling for me to be fired, jailed or killed. The volume of Twitter notifications crashed my phone. Friends I hadn’t heard from in years expressed their concern. On Instagram, old vacation photos and pictures of my dog were flooded with threatening comments and insults. (A few commenters, wildly misreading the moment, used the opportunity to try to flirt with me.)I was embarrassed and scared. Up to that moment, no one outside of a few fairly niche circles had any idea who I was. Academics studying social media call this “context collapse”: things we post on social media with one audience in mind might end up circulating to a very different audience, with unexpected and destructive results. In practice, it feels like your entire world has collapsed.The timing of the campaign targeting me and my alleged bias suggested the attacks were part of a well-planned strategy. Academic studies have repeatedly pushed back on claims that Silicon Valley platforms are biased against conservatives. But the success of a strategy aimed at forcing social media companies to reconsider their choices may not require demonstrating actual wrongdoing. As the former Republican Party chair Rich Bond once described, maybe you just need to “work the refs”: repeatedly pressure companies into thinking twice before taking actions that could provoke a negative reaction. What happened to me was part of a calculated effort to make Twitter reluctant to moderate Mr. Trump in the future and to dissuade other companies from taking similar steps.It worked. As violence unfolded at the Capitol on Jan. 6, Jack Dorsey, then the C.E.O. of Twitter, overruled Trust and Safety’s recommendation that Mr. Trump’s account should be banned because of several tweets, including one that attacked Vice President Mike Pence. He was given a 12-hour timeout instead (before being banned on Jan. 8). Within the boundaries of the rules, staff members were encouraged to find solutions to help the company avoid the type of blowback that results in angry press cycles, hearings and employee harassment. The practical result was that Twitter gave offenders greater latitude: Representative Marjorie Taylor Greene was permitted to violate Twitter’s rules at least five times before one of her accounts was banned in 2022. Other prominent right-leaning figures, such as the culture war account Libs of TikTok, enjoyed similar deference.Similar tactics are being deployed around the world to influence platforms’ trust and safety efforts. In India, the police visited two of our offices in 2021 when we fact-checked posts from a politician from the ruling party, and the police showed up at an employee’s home after the government asked us to block accounts involved in a series of protests. The harassment again paid off: Twitter executives decided any potentially sensitive actions in India would require top-level approval, a unique level of escalation of otherwise routine decisions.And when we wanted to disclose a propaganda campaign operated by a branch of the Indian military, our legal team warned us that our India-based employees could be charged with sedition — and face the death penalty if convicted. So Twitter only disclosed the campaign over a year later, without fingering the Indian government as the perpetrator.In 2021, ahead of Russian legislative elections, officials of a state security service went to the home of a top Google executive in Moscow to demand the removal of an app that was used to protest Vladimir Putin. Officers threatened her with imprisonment if the company failed to comply within 24 hours. Both Apple and Google removed the app from their respective stores, restoring it after elections had concluded.In each of these cases, the targeted staffers lacked the ability to do what was being asked of them by the government officials in charge, as the underlying decisions were made thousands of miles away in California. But because local employees had the misfortune of residing within the jurisdiction of the authorities, they were nevertheless the targets of coercive campaigns, pitting companies’ sense of duty to their employees against whatever values, principles or policies might cause them to resist local demands. Inspired, India and a number of other countries started passing “hostage-taking” laws to ensure social-media companies employ locally based staff.In the United States, we’ve seen these forms of coercion carried out not by judges and police officers, but by grass-roots organizations, mobs on social media, cable news talking heads and — in Twitter’s case — by the company’s new owner.One of the most recent forces in this campaign is the “Twitter Files,” a large assortment of company documents — many of them sent or received by me during my nearly eight years at Twitter — turned over at Mr. Musk’s direction to a handful of selected writers. The files were hyped by Mr. Musk as a groundbreaking form of transparency, purportedly exposing for the first time the way Twitter’s coastal liberal bias stifles conservative content.What they delivered was something else entirely. As tech journalist Mike Masnick put it, after all the fanfare surrounding the initial release of the Twitter Files, in the end “there was absolutely nothing of interest” in the documents, and what little there was had significant factual errors. Even Mr. Musk eventually lost patience with the effort. But, in the process, the effort marked a disturbing new escalation in the harassment of employees of tech firms.Unlike the documents that would normally emanate from large companies, the earliest releases of the Twitter Files failed to redact the names of even rank-and-file employees. One Twitter employee based in the Philippines was doxxed and severely harassed. Others have become the subjects of conspiracies. Decisions made by teams of dozens in accordance with Twitter’s written policies were presented as having been made by the capricious whims of individuals, each pictured and called out by name. I was, by far, the most frequent target.The first installment of the Twitter Files came a month after I left the company, and just days after I published a guest essay in The Times and spoke about my experience working for Mr. Musk. I couldn’t help but feel that the company’s actions were, on some level, retaliatory. The next week, Mr. Musk went further by taking a paragraph of my Ph.D. dissertation out of context to baselessly claim that I condoned pedophilia — a conspiracy trope commonly used by far-right extremists and QAnon adherents to smear L.G.B.T.Q. people.The response was even more extreme than I experienced after Mr. Trump’s tweet about me. “You need to swing from an old oak tree for the treason you have committed. Live in fear every day,” said one of thousands of threatening tweets and emails. That post, and hundreds of others like it, were violations of the very policies I’d worked to develop and enforce. Under new management, Twitter turned a blind eye, and the posts remain on the site today.On Dec. 6, four days after the first Twitter Files release, I was asked to appear at a congressional hearing focused on the files and Twitter’s alleged censorship. In that hearing, members of Congress held up oversize posters of my years-old tweets and asked me under oath whether I still held those opinions. (To the extent the carelessly tweeted jokes could be taken as my actual opinions, I don’t.) Ms. Greene said on Fox News that I had “some very disturbing views about minors and child porn” and that I “allowed child porn to proliferate on Twitter,” warping Mr. Musk’s lies even further (and also extending their reach). Inundated with threats, and with no real options to push back or protect ourselves, my husband and I had to sell our home and move.Academia has become the latest target of these campaigns to undermine online safety efforts. Researchers working to understand and address the spread of online misinformation have increasingly become subjects of partisan attacks; the universities they’re affiliated with have become embroiled in lawsuits, burdensome public record requests and congressional proceedings. Facing seven-figure legal bills, even some of the largest and best-funded university labs have said they may have to abandon ship. Others targeted have elected to change their research focus based on the volume of harassment.Bit by bit, hearing by hearing, these campaigns are systematically eroding hard-won improvements in the safety and integrity of online platforms — with the individuals doing this work bearing the most direct costs.Tech platforms are retreating from their efforts to protect election security and slow the spread of online disinformation. Amid a broader climate of belt-tightening, companies have pulled back especially hard on their trust and safety efforts. As they face mounting pressure from a hostile Congress, these choices are as rational as they are dangerous.We can look abroad to see how this story might end. Where once companies would at least make an effort to resist outside pressure, they now largely capitulate by default. In early 2023, the Indian government asked Twitter to restrict posts critical of Prime Minister Narendra Modi. In years past, the company had pushed back on such requests; this time, Twitter acquiesced. When a journalist noted that such cooperation only incentivizes further proliferation of draconian measures, Mr. Musk shrugged: “If we have a choice of either our people go to prison or we comply with the laws, we will comply with the laws.”It’s hard to fault Mr. Musk for his decision not to put Twitter’s employees in India in harm’s way. But we shouldn’t forget where these tactics came from or how they became so widespread. From pushing the Twitter Files to tweeting baseless conspiracies about former employees, Mr. Musk’s actions have normalized and popularized vigilante accountability, and made ordinary employees of his company into even greater targets. His recent targeting of the Anti-Defamation League has shown that he views personal retaliation as an appropriate consequence for any criticism of him or his business interests. And, as a practical matter, with hate speech on the rise and advertiser revenue in retreat, Mr. Musk’s efforts seem to have done little to improve Twitter’s bottom line.What can be done to turn back this tide?Making the coercive influences on platform decision making clearer is a critical first step. And regulation that requires companies to be transparent about the choices they make in these cases, and why they make them, could help.In its absence, companies must push back against attempts to control their work. Some of these decisions are fundamental matters of long-term business strategy, like where to open (or not open) corporate offices. But companies have a duty to their staff, too: Employees shouldn’t be left to figure out how to protect themselves after their lives have already been upended by these campaigns. Offering access to privacy-promoting services can help. Many institutions would do well to learn the lesson that few spheres of public life are immune to influence through intimidation.If social media companies cannot safely operate in a country without exposing their staff to personal risk and company decisions to undue influence, perhaps they should not operate there at all. Like others, I worry that such pullouts would worsen the options left to people who have the greatest need for free and open online expression. But remaining in a compromised way could forestall necessary reckoning with censorial government policies. Refusing to comply with morally unjustifiable demands, and facing blockages as a result, may in the long run provoke the necessary public outrage that can help drive reform.The broader challenge here — and perhaps, the inescapable one — is the essential humanness of online trust and safety efforts. It isn’t machine learning models and faceless algorithms behind key content moderation decisions: it’s people. And people can be pressured, intimidated, threatened and extorted. Standing up to injustice, authoritarianism and online harms requires employees who are willing to do that work.Few people could be expected to take a job doing so if the cost is their life or liberty. We all need to recognize this new reality, and to plan accordingly.Yoel Roth is a visiting scholar at the University of Pennsylvania and the Carnegie Endowment for International Peace, and the former head of trust and safety at Twitter.The Times is committed to publishing a diversity of letters to the editor. We’d like to hear what you think about this or any of our articles. Here are some tips. And here’s our email: letters@nytimes.com.Follow The New York Times Opinion section on Facebook, Twitter (@NYTopinion) and Instagram. More

  • in

    Los ricos están más locos que tú y yo

    Robert F. Kennedy Jr. está delirando. Sus posturas son una mezcla de fantasías de derecha con remanentes del progresista que fue alguna vez: veneración al bitcoin, teorías de conspiración antivacunas, afirmaciones de que el Prozac ocasiona tiroteos masivos, oposición al apoyo estadounidense a Ucrania, pero además habla bien del seguro médico de pagador único. Si no fuera por su apellido, nadie le prestaría atención y, a pesar de ese apellido, tiene cero posibilidades de ganar la nominación presidencial demócrata.Sin embargo, ahora que la campaña de Ron DeSantis (con su lema: “Concienciados, inmigrantes, concienciados, ‘woke’”) parece estar derrapándose, de repente Kennedy está recibiendo el apoyo de algunos de los nombres más importantes de Silicon Valley. Jack Dorsey, fundador de Twitter, le dio su apoyo, mientras que otras figuras destacadas de la tecnología han organizado actos de recaudación de fondos en su nombre. Elon Musk, quien está en proceso de destruir lo que Dorsey construyó, fue su anfitrión en un evento en un Espacio de Twitter.Pero ¿qué nos dice todo esto sobre el papel de los multimillonarios de la industria tecnológica en la vida política moderna de Estados Unidos? Hace poco escribí sobre una serie de tech bros, algo así como hombres alfa de la tecnología, que se han convertido en truthers, quienes creen conocer la verdad, sobre la recesión y la inflación, y han insistido en que las noticias sobre la mejora de la economía son falsas (olvidé mencionar la declaración de Dorsey en 2021 de que la hiperinflación estaba “sucediendo”, ¿cómo va eso?). Lo que el pequeño auge de Kennedy en Silicon Valley muestra es que esto es en realidad parte de un fenómeno más amplio.Lo que parece atraer a algunos de los magnates de la tecnología a RFK Jr. es su gusto por llevar la contra, su contrarianismo: su desprecio por la sabiduría convencional y la opinión de los expertos. Así que antes de adentrarme en los aspectos específicos de los hombres de la tecnología de este momento político tan extraño, permítanme decir algunas cosas sobre llevar la contra.Un hecho triste pero cierto de la vida es que la mayoría de las veces, la sabiduría convencional y la opinión de los expertos están en lo correcto; sin embargo, puede que encontrar los puntos en los que se equivocan tenga grandes beneficios personales y sociales. El truco para conseguirlo consiste en mantener el equilibrio entre un escepticismo excesivo y una credulidad excesiva.Es muy fácil caer en el filo de la navaja en cualquier dirección. Cuando era un académico joven y ambicioso, solía reírme de los economistas mayores y aburridos cuya reacción ante cualquier idea nueva era: “Es banal, está mal y lo dije en 1962”. Estos días, a veces me preocupa haberme convertido en ese tipo.Por otra parte, como lo dice el economista Adam Ozimek, el contrarianismo reflexivo es una “droga que pudre el cerebro”. Quienes sucumben a esa droga “pierden la capacidad de juzgar a otros que consideran contrarios, se vuelven incapaces de distinguir las buenas pruebas de las malas, lo cual provoca un desapego total de la creencia que los lleva a aferrarse a modas contrarias de baja calidad”.Los hombres de la tecnología parecen ser en particular susceptibles a la podredumbre cerebral del contrarianismo. Su éxito financiero suele convencerlos de que son excepcionalmente brillantes, capaces de dominar al instante cualquier tema, sin necesidad de consultar a personas que realmente han trabajado duro para entender los problemas. Y en muchos casos, se hicieron ricos desafiando la sabiduría convencional, lo que los predispone a creer que ese desafío está justificado por dondequiera que se le mire.A esto hay que añadir el hecho de que una gran riqueza hace que sea demasiado fácil rodearse de personas que te dicen lo que quieres oír y validan tu creencia en tu propia brillantez, una suerte de versión intelectual del traje nuevo del emperador.Y si los hombres de la tecnología que llevan la contra hablan, es entre ellos. El empresario tecnológico y escritor Anil Dash nos dice que “es imposible exagerar el grado en que muchos directores ejecutivos de grandes empresas tecnológicas y capitalistas de riesgo se están radicalizando al vivir dentro de su propia burbuja cultural y social”. Llama a este fenómeno del capitalismo de riesgo, venture capitalism en inglés, “VC QAnon”, un concepto que me parece que ayuda a explicar muchas de las extrañas posturas adoptadas últimamente por los multimillonarios tecnológicos.Permítanme añadir una especulación personal. Pudiera parecer extraño ver a hombres de una inmensa riqueza e influencia creyéndose teorías de la conspiración sobre élites que dirigen el mundo. ¿No son ellos las élites? Pero sospecho que los hombres famosos y ricos pueden sentirse especialmente frustrados por su incapacidad para controlar los acontecimientos o incluso para evitar que la gente los ridiculice en internet. Así que en lugar de aceptar que el mundo es un lugar complicado que nadie puede controlar, son susceptibles a la idea de que hay conspiraciones secretas que los tienen en la mira.Aquí hay un precedente histórico. Viendo el descenso de Elon Musk, sé que no soy el único que piensa en Henry Ford, quien sigue siendo en muchos sentidos el ejemplo definitivo de empresario famoso e influyente y que también se convirtió en un teórico de la conspiración furibundo y antisemita. Incluso pagó la reimpresión de Los protocolos de los sabios de Sión, una falsificación que probablemente fue promovida por la policía secreta rusa (el tiempo es un círculo plano).En todo caso, lo que estamos viendo ahora es algo extraordinario. Podría decirse que la facción más alocada de la política estadounidense en este momento no son los obreros de gorra roja en los comedores; son los multimillonarios de la tecnología que viven en enormes mansiones y vuelan en jets privados. De cierto modo, es bastante divertido. Pero, por desgracia, esta gente tiene dinero suficiente para hacer mucho daño.Paul Krugman ha sido columnista de Opinión desde 2000 y también es profesor distinguido en el Centro de Graduados de la Universidad de la Ciudad de Nueva York. Ganó el Premio Nobel de Ciencias Económicas en 2008 por sus trabajos sobre comercio internacional y geografía económica. @PaulKrugman More

  • in

    Behind RFK Jr.’s Popularity With Tech Elites Like Jack Dorsey

    Robert Kennedy Jr.’s contentious claims on issue including vaccines are drawing acclaim from tech executives who are giving him money and exposure.Tech executives are drawn to Robert Kennedy Jr.’s iconoclastic takes.Ryan David Brown for The New York TimesThe money men aiding Robert Kennedy Jr.’s political surge As the 2024 race heats up, President Biden faces a persistent thorn in his side: Robert Kennedy Jr., the scion of the Democratic dynasty, who both touts an array of fringe theories and boasts surprisingly durable poll numbers.The Times notes that Mr. Kennedy is drawing support from an array of political outsiders. But perhaps his most powerful base is a group of financial and tech moguls, including the Twitter co-founder Jack Dorsey, who have given him money and something arguably more important: exposure.Kennedy speaks to many of their interests. That includes things like cryptocurrency — he has spoken at industry conferences and accepts campaign donations in Bitcoin. Mr. Kennedy has also embraced some of their favored podcasts, speaking with popular hosts like Joe Rogan and the venture capitalists behind the show “All-In.”And in endorsing Mr. Kennedy, Mr. Dorsey (who’s also a major Bitcoin booster) cited the candidate’s criticism of government censorship.But Mr. Kennedy’s most powerful draw may be his iconoclasm, particularly his willingness to buck institutional thinking on matters like the benefits of vaccines. (That has led to YouTube removing a Kennedy interview because it promoted vaccine misinformation.)“I think he is a lower-intellect, Democratic version of Donald Trump, so he attracts libertarian-leaning, anti-‘woke,’ socially liberal folks as a protest vote,” Robert Nelsen, an investor at Arch Venture Partners, told KFF Health News.Well-heeled supporters have given him money and airtime. Figures including Elon Musk and the investor David Sacks have pushed for a public debate between Mr. Kennedy and Peter Hotez, a vaccine researcher who criticized Mr. Rogan’s decision to let the candidate spout unfounded conspiracy theories on his show.Mr. Sacks and his fellow “All-In” co-hosts Jason Calacanis and Chamath Palihapitiya have had Kennedy on their podcast as well, praising him for being “willing to engage in vibrant debates” and “tearing down all these institutions of power.” Mr. Sacks, who with Mr. Musk also interviewed Kennedy in a Twitter Spaces event, and Mr. Palihapitiya held a fund-raiser for him this month that, according to CNBC, raised $500,000.Meanwhile, the entrepreneur Mark Gorton helped create a Kennedy-focused PAC that, its leaders say, has raised at least $5.7 million. And CNBC reported that the investor Omeed Malik plans to host a $6,600-a-head fund-raiser in the Hamptons for Kennedy next month.HERE’S WHAT’S HAPPENING Smoke from Canadian wildfires again threatens U.S. cities. New York City and other places in the Northeast are facing the return of hazardous air quality, after whitish smoke enveloped Midwestern cities like Chicago. Mayors warned residents to take precautions, raising the prospect of further disruptions to outdoor activities and businesses.The Kremlin moves to seize the Wagner Group’s empire. Russian officials told leaders in countries like Syria and the Central African Republic, where the mercenary group operated, that Moscow was assuming its operations there. Meanwhile, a top Russian general who had prior knowledge about the Wagner Group’s short-lived rebellion has reportedly been detained.Nvidia warns against further U.S. curbs on A.I. chip exports. The semiconductor giant’s C.F.O. said that additional steps to limit sales to China of chips meant for artificial intelligence systems could “result in a permanent loss of opportunities” for U.S. companies in a major market. Shares of Nvidia fell yesterday after The Wall Street Journal reported on White House deliberations about new export rules.Aspartame reportedly will be declared “possibly carcinogenic.” The World Health Organization will say next month that one of the world’s most popular artificial sweeteners could cause cancer, according to Reuters. Aspartame is used in countless products, including diet sodas, chewing gum and candy.The fate of Microsoft’s big deal may be decided soonYesterday was a big day in proceedings over the F.T.C.’s effort to block Microsoft’s $70 billion takeover of the video game titan Activision Blizzard, with three key players testifying: Satya Nadella, Microsoft’s C.E.O.; Bobby Kotick, Activision’s leader; and Jim Ryan, who heads Sony’s PlayStation division (and gave evidence by video).If the presiding judge agrees to delay the transaction, as the F.T.C. is asking, Microsoft’s deal will probably die. But if she doesn’t, the agency may drop its opposition.Mr. Nadella and Mr. Kotick said the takeover wouldn’t hurt consumers. The Microsoft chief reiterated that top titles like Call of Duty wouldn’t be restricted to its Xbox platform. “If it was up to me, I would love to get rid of the entire ‘exclusives on consoles,’” Mr. Nadella said — and blamed Sony for maintaining that business model.Mr. Kotick agreed: “You would have a revolt if you were to remove the game from one platform.” (That said, Mr. Ryan testified that he was worried about PlayStation receiving “degraded” versions of Call of Duty if the deal went through.)But testimony showed that Microsoft isn’t averse to exclusives. The company’s gaming chief, Phil Spencer, has acknowledged that the company held discussions about excluding other Activision games from PlayStation. The F.T.C. sought to highlight contradictions in Microsoft’s case, including Mr. Nadella’s recent boasts about sales figures for the latest Xbox console despite Mr. Spencer saying the platform was “not a robust business.” And the agency’s lawyers noted that Mr. Nadella had told investors the new business of cloud gaming was “one of the big bets that’s paying off,” despite downplaying the importance of that market in court.A decision is expected as soon as Monday. At points, Judge Jacqueline Scott Corley seemed skeptical of the F.T.C.’s questions. Historically, the F.T.C. drops its opposition to a deal if it loses an injunction request.If that happens, the last hurdle for Microsoft would be an appeal of a British regulator’s decision to block the transaction — a potentially even more uphill battle.Central bankers issue a warning on inflation Two big themes emerged from this week’s central bankers’ meeting in Portugal: Policymakers are far from finished raising interest rates as inflation remains stubbornly high, and it is not yet clear how high they will go.A significant data dump on inflation comes tomorrow. The Commerce Department will publish its report on personal consumption expenditures (P.C.E.) at 8:30 a.m. Eastern, a few hours after the eurozone’s preliminary report on consumer prices is released.Both reports are expected to show that headline inflation is cooling, but that prices are still well above policymakers’ 2 percent target. Jay Powell, the Fed chair, said yesterday that “core” inflation — which excludes energy and food prices — will probably not reach that level until 2025.That is forcing the Fed’s hand on interest rates. Mr. Powell added that the Fed could raise rates at consecutive meetings — and keep them at a “restrictive” level for some time. On the subject of cuts, he said “we’re a long way from that,” adding, “That’s not something we’re thinking about now.”The futures market this morning seems to be getting that message, betting on further rate increases this year and pushing out the forecast for cuts well into 2024.The good news: Powell and his counterparts, including Andrew Bailey, the Bank of England governor, said that a strong labor market was keeping their countries out of recession — for now.What to watch tomorrow: Economists forecast that “headline” P.C.E. came in at 3.8 percent in May, its lowest reading in two years. But “core” P.C.E. is expected to tell a different story, hitting 4.7 percent. A possible bright spot: Some economists expect that used car prices and rents will begin to recede this summer.In Europe, inflation is running hotter. Its C.P.I. data is expected to show that prices rose by 5.7 percent from a year ago. Christine Lagarde, the E.C.B. president, has warned that inflation is beginning to become entrenched in all layers of the economy. Her antidote to that: More interest-rate increases are in the cards.$1 trillion — The drop in the value of deals announced in the first half of 2023, compared with the same period last year, according to Bloomberg. The fall in mergers, acquisitions and I.P.O.s makes this one of the worst periods for deal making in a decade, as high inflation, financing pressures and geopolitical tension have sapped activity.How strong are the nation’s banks, really? Months after Silicon Valley Bank’s collapse set off a panic over America’s smaller lenders, the Fed yesterday gave the country’s biggest banks a clean bill of health. But regulators warned that their recently concluded stress tests were just one way of evaluating stability — and that other risks could still pose a threat.What the tests found: The country’s 23 biggest banks could withstand a 40 percent drop in commercial real estate prices — a major concern for lenders now — and $541 billion in losses without failing. They could also handle steep unemployment and sharp drops in home prices.Though the examinations began well before SVB’s troubles in March, regulators did explore whether eight banks heavily involved in trading could withstand sudden panics in the markets for stocks, bonds and other financial instruments. Bank investors were keenly watching the tests, since strong results mean that lenders are likely to have their capital requirements lowered, allowing them to buy back more stock or pay increased dividends.Banks are expected to unveil their new capital requirements tomorrow, along with any changes in investor payouts.But regulators warned that the stress tests aren’t the final word on banks’ health. “This stress test is only one way to measure that strength,” said Michael Barr, the Fed’s top banking supervisor.Regulators are still overhauling the rules. Beyond ramping up supervision, authorities are expected to tighten capital requirements, including for smaller lenders. That said, even if SVB had been subject to this year’s tests, The Financial Times notes, it might still have passed.In other banking news: Bank of America is sitting on more than $100 billion in paper losses tied to bad bond trades, far more than its rivals. THE SPEED READ DealsHong Kong conglomerates have announced more than $8 billion worth of asset sales to help cut their debt loads amid rising borrowing costs. (Bloomberg)The investment firm Silver Lake plans to focus on only giant takeovers, as its rivals instead keep busy with smaller deals. (FT)Artificial intelligenceTop news publishers, including The New York Times Company, are reportedly discussing the creation of a coalition to address the effects of artificial intelligence on their industry. (WSJ)“How Easy Is It to Fool A.I.-Detection Tools?” (NYT)Best of the restSome applicants for jobs at Bill Gates’s private investment firm were reportedly asked invasive personal questions by a third-party contractor that some experts contend were illegal. (WSJ)OPEC banned reporters from three major news organizations from its next meeting, the second time it has done so in a month. (Bloomberg)Britain could renationalize its biggest water utility after the sudden exit of its C.E.O. and its struggles under $17 billion worth of debt. (Sky News)South Koreans became a year or two younger instantly yesterday. (NYT)We’d like your feedback! Please email thoughts and suggestions to dealbook@nytimes.com. More

  • in

    Elon Musk Is Tweeting Through a Tide of Criticism

    The new owner of Twitter has embarked on a tweeting spree to push back, spar and justify his actions.Illustration By The New York Times; Photo By Adrees Latif/reutersUnder pressure and facing a wave of criticism, Elon Musk has increasingly turned to his favorite release valve: Twitter.Since Saturday, Mr. Musk, the world’s richest man and the new owner of Twitter, has embarked on a tweeting spree so voluminous that he is on a pace to post more than 750 times this month, or more than 25 times a day, according to an analysis from the digital investigations company Memetica. That would be up from about 13 times a day in April, when Mr. Musk first agreed to buy Twitter.His recent tweets have covered an increasingly broad range of topics. Over the last four days, Mr. Musk, 51, needled the comedian Kathy Griffin and beefed with the Twitter co-founder Jack Dorsey on the platform. He made masturbation jokes aimed at a rival — and much smaller — social media platform. He posted, then deleted, a tweet engaging with a quote from a white nationalist. And he defended his ownership of Twitter, including why he had laid off 50 percent of the company’s staff and why people should not impersonate others on the service.All in all, Mr. Musk, who described himself in his Twitter profile as “Chief Twit” before later changing the description to “Twitter Complaint Hotline Operator,” has tweeted more than 105 times since Friday, mainly about Twitter, according to a tally by Memetica.“Birds haven’t been real since 1986,” Mr. Musk tweeted on Sunday in a discussion thread about Twitter, including a meme from an absurdist conspiracy theory that posits that birds are actually robot spies. He did not respond to a request for comment.Mr. Musk is under tremendous scrutiny 11 days after completing his $44 billion deal for Twitter, which was the largest leveraged buyout of a technology company in history. On Friday, he cut roughly 3,700 of the company’s 7,500 employees, saying he had no choice because Twitter was losing $4 million a day. At the same time, he has found himself embroiled in the same content debates that have plagued other social media companies, including how to give people a way to speak out without spreading misinformation and toxic speech.More on Elon Musk’s Twitter TakeoverA Familiar Playbook: In his first days at Twitter, Elon Musk has been emulating some of the actions of Mark Zuckerberg, who leads Facebook, Instagram and WhatsApp.A Different Kind of Deal: Silicon Valley moguls used to buy yachts and islands. Now they are rich enough to acquire companies they fancy.‘Hard Fork’: In an episode of The Times’s tech podcast, two Twitter employees described the atmosphere inside the company in the aftermath of the acquisition.Effect on Midterms: Mr. Musk is in the middle of firing thousands of Twitter employees, including many who helped fight misinformation. What could that mean for the upcoming elections?Already Mr. Musk has had to delay the rollout of a subscription product that would have given people check marks on their Twitter profiles. Advertisers have paused their spending on Twitter over fears that Mr. Musk will loosen content rules on the platform. And the midterm elections are set to be a test of how a slimmed-down Twitter will perform in catching inflammatory posts and misinformation about voting and election results.In a report that was published on Monday, researchers at the Fletcher School at Tufts University said the early signs of Mr. Musk’s Twitter “show the platform is heading in the wrong direction under his leadership — at a particularly inconvenient time for American democracy.”The researchers said they had tracked narratives about civil war, election fraud, citizen policing of voting, and allegations of pedophilia and grooming on Twitter from July through October. “Post-Musk takeover, the quality of the conversation has decayed” as more extremists and misinformation peddlers have tested the platform’s boundaries, the researchers wrote.Amid the hubbub, Mr. Musk’s behavior on Twitter suggests that he intends to simply post through it. And while he has always been a prolific tweeter, he has raised the level in recent days.On Friday, Mr. Musk, who has more than 114 million followers on Twitter, proposed a “thermonuclear name & shame” campaign against brands that had stopped advertising on the platform. He said that he had done everything he could to appease advertisers but that activists had worked against him to cause brands to drop out of spending on Twitter.At the same time, the billionaire was embroiled in a fight over his plan to charge Twitter users $8 a month for a subscription service, Twitter Blue, which would give a check mark to anyone who paid. The check mark had been free for notable people whose identities had been verified by the company, including celebrities, politicians and journalists, as a way to protect against impersonation.Critics were unhappy about Mr. Musk’s plans to monetize the check mark, saying it could lead to the spread of misinformation and fraud on the platform. In protest, some Twitter accounts that had check marks changed their display names and photographs to match Mr. Musk’s account over the weekend, a move intended to illustrate why it would be confusing if anyone could buy a check mark.On Sunday, Mr. Musk announced that he would permanently suspend any account “engaging in impersonation without clearly specifying ‘parody.’” The billionaire, who had previously criticized Twitter when it permanently barred users, then barred Ms. Griffin, who had posed as him on the service.Mr. Musk, who has called himself a “free speech absolutist,” is learning the basic expectation of content moderation for popular social networks, said Daphne Keller, director of the Program on Platform Regulation at Stanford’s Cyber Policy Center.“His ideas have been incoherent for a while,” she said.On Sunday night, Mr. Musk responded to a tweet featuring a quote from a white nationalist, before deleting the post and moving on to squabble with Mr. Dorsey over Birdwatch, a feature that lets community members add context to tweets that they believe are misleading. Mr. Musk, who previously lauded the feature, proposed changing the feature’s name to “Community Notes.”“Community notes is the most boring Facebook name ever,” replied Mr. Dorsey, who owns a $1 billion stake in Mr. Musk’s Twitter.Then on Monday, Mr. Musk suggested he might pursue civil society groups and activists who were pushing for Twitter advertiser boycotts, when he replied to a right-wing commentator that “we do” have grounds for legal action. Legal experts said the holding of boycotts for social and political goals is protected under the First Amendment.Mr. Musk also tweeted that people should vote Republican in Tuesday’s midterm elections. “Shared power curbs the worst excesses of both parties, therefore I recommend voting for a Republican Congress, given that the Presidency is Democratic,” he tweeted. He later posted that he was an independent with a “voting history of entirely Democrat until this year.”He soon moved on. Mr. Musk’s attention became fixed on Mastodon, a Twitter competitor that has gained traction over the past 10 days. Playing off Mastodon’s name, he made several crude jokes about masturbation — then deleted those posts an hour later.Tiffany Hsu More

  • in

    Zuckerberg, Dorsey and Pichai testify about disinformation.

    The chief executives of Google, Facebook and Twitter are testifying at the House on Thursday about how disinformation spreads across their platforms, an issue that the tech companies were scrutinized for during the presidential election and after the Jan. 6 riot at the Capitol.The hearing, held by the House Energy and Commerce Committee, is the first time that Mark Zuckerberg of Facebook, Jack Dorsey of Twitter and Sundar Pichai of Google are appearing before Congress during the Biden administration. President Biden has indicated that he is likely to be tough on the tech industry. That position, coupled with Democratic control of Congress, has raised liberal hopes that Washington will take steps to rein in Big Tech’s power and reach over the next few years.The hearing is also be the first opportunity since the Jan. 6 Capitol riot for lawmakers to question the three men about the role their companies played in the event. The attack has made the issue of disinformation intensely personal for the lawmakers since those who participated in the riot have been linked to online conspiracy theories like QAnon.Before the hearing, Democrats signaled in a memo that they were interested in questioning the executives about the Jan. 6 attacks, efforts by the right to undermine the results of the 2020 election and misinformation related to the Covid-19 pandemic.Republicans sent the executives letters this month asking them about the decisions to remove conservative personalities and stories from their platforms, including an October article in The New York Post about President Biden’s son Hunter.Lawmakers have debated whether social media platforms’ business models encourage the spread of hate and disinformation by prioritizing content that will elicit user engagement, often by emphasizing salacious or divisive posts.Some lawmakers will push for changes to Section 230 of the Communications Decency Act, a 1996 law that shields the platforms from lawsuits over their users’ posts. Lawmakers are trying to strip the protections in cases where the companies’ algorithms amplified certain illegal content. Others believe that the spread of disinformation could be stemmed with stronger antitrust laws, since the platforms are by far the major outlets for communicating publicly online.“By now it’s painfully clear that neither the market nor public pressure will stop social media companies from elevating disinformation and extremism, so we have no choice but to legislate, and now it’s a question of how best to do it,” said Representative Frank Pallone, the New Jersey Democrat who is chairman of the committee.The tech executives are expected to play up their efforts to limit misinformation and redirect users to more reliable sources of information. They may also entertain the possibility of more regulation, in an effort to shape increasingly likely legislative changes rather than resist them outright. More

  • in

    Congressional Committee Presses Cable Providers on Election Fraud Claims

    AdvertisementContinue reading the main storySupported byContinue reading the main storyCongressional Committee Presses Cable Providers on Election Fraud ClaimsBefore a hearing scheduled for Wednesday, Democratic members of the House Energy and Commerce Committee asked cable companies what they did to combat “the spread of misinformation.”President Trump’s supporters approach the Capitol on Jan. 6.Credit…Kenny Holston for The New York TimesFeb. 22, 2021, 9:14 a.m. ETThree months ago, federal lawmakers grilled Mark Zuckerberg, Facebook’s chief executive, and Jack Dorsey, Twitter’s chief, about the misinformation that had appeared on their platforms. Now, a congressional committee has scheduled a hearing to focus on the role of companies that provide cable television service in the spread of falsehoods concerning the 2020 election.In advance of the Wednesday hearing, called “Fanning the Flames: Disinformation and Extremism in the Media,” members of the House Energy and Commerce Committee sent a letter on Monday to Comcast, AT&T, Spectrum, Dish, Verizon, Cox and Altice, asking about their role in “the spread of dangerous misinformation.”The committee members also sent the letter to Roku, Amazon, Apple, Google and Hulu, digital companies that distribute cable programming.The scrutiny of cable providers took on new urgency after supporters of former President Donald J. Trump, who repeatedly promoted the debunked claim that the election was rigged, stormed the Capitol on Jan. 6.“To our knowledge, the cable, satellite and over-the-top companies that disseminate these media outlets to American viewers have done nothing in response to the misinformation aired by these outlets,” two Democratic representatives from California, Anna G. Eshoo and Jerry McNerney, wrote in the letter, which was reviewed by The New York Times.None of the companies to which the letter was sent immediately replied to requests for comment.Newsmax, a right-wing cable channel carried by AT&T, CenturyLink, Charter, Comcast, Dish and Verizon, had a surge in ratings in November because of programs that embraced the former president’s claims of voter fraud. One America News Network, a right-wing outlet carried by AT&T, CenturyLink and Verizon, also promoted the false theory.Fox News, the most-watched cable news network, which is available from all major carriers, was one of five defendants in a $2.7 billion defamation lawsuit filed this month by the election technology company Smartmatic. In the suit, the company accused Fox News, its parent company Fox Corporation, three Fox anchors and two frequent Fox guests of promoting false claims about the election and Smartmatic’s role in it. (Fox has denied the claims and filed a motion to dismiss the suit.)Congress can raise the issue of whether cable providers bear responsibility for the programs they deliver to millions of Americans, but it may have no way to force them to drop networks that have spread misinformation. And unlike broadcast stations, cable channels do not have licenses that are regulated by the Federal Communications Commission.The lawmakers’ letter asks the companies, “What steps did you take prior to, on, and following the November 3, 2020 elections and the January 6, 2021 attacks to monitor, respond to, and reduce the spread of disinformation, including encouragement or incitement of violence by channels your company disseminates to millions of Americans?”“Are you planning to continue carrying Fox News, OANN, and Newsmax on your platform both now and beyond the renewal date?” the letter continues. “If so, why?”Blair Levin, who served as the F.C.C.’s chief of staff under President Bill Clinton, said a hearing could be a first step toward meaningful action. “You have to establish a factual record that on both the election and Covid, tens of millions of Americans believe things that are just factually not true, and then try to figure out: ‘What are the appropriate roles for the government in changing that dynamic?’” Mr. Levin said.Harold Feld, the senior vice president at Public Knowledge, a nonprofit group focused on telecommunications and digital rights, suggested that legislators might not have easy options to exert influence over Fox, Newsmax or OAN.“You have a lot of people who are very angry about it, you have a lot of people who want to show that they’re very angry about it, but you don’t have a lot of good ideas yet about what you ought to be doing about it,” he said.For now, defamation lawsuits filed by private companies have taken the lead in the fight against disinformation promoted on some cable channels.Last month, Dominion Voting Systems, another election technology company that has figured prominently in conspiracy theories about the 2020 vote, sued two of Mr. Trump’s legal representatives, Rudolph W. Giuliani and Sidney Powell, in separate lawsuits, each seeking more than $1 billion in damages. Both appeared as guests on Fox News, Fox Business, Newsmax and OAN in the weeks after the election.On Monday, Dominion sued Mike Lindell, the chief executive of MyPillow, alleging that he defamed Dominion with baseless claims of election fraud involving its voting machines.AdvertisementContinue reading the main story More

  • in

    Fran Lebowitz Isn’t Buying What Jack Dorsey Is Selling

    #masthead-section-label, #masthead-bar-one { display: none }N.Y.C. Mayoral RaceWho’s Running?11 Candidates’ N.Y.C. MomentsA Look at the Race5 Takeaways From the DebateAdvertisementContinue reading the main storySwayFran Lebowitz Isn’t Buying What Jack Dorsey Is SellingThe 70-year old social commentator and humorist doesn’t have a smartphone. That doesn’t stop her from having a take on big tech (and everything else).More episodes ofSwayFebruary 11, 2021Fran Lebowitz Isn’t Buying What Jack Dorsey Is SellingFebruary 9, 2021Bonus: Kara and Nicole Perlroth Debrief on Brad SmithFebruary 8, 2021  •  More