Elections

Subterms

    More stories

    • 125 Shares99 Views

      in Elections

      Ecuador a segunda vuelta presidencial: lo que hay que saber

      by

      En las elecciones del domingo está en juego el futuro de un país que ha sido azotado por grupos criminales que han convertido a la nación en una pieza clave en el comercio internacional de la droga.Daniel Noboa es uno de los candidatos que aspira a convertirse en el presidente de Ecuador. Aspirante de centroderecha, Noboa es el heredero de un imperio de banano a quien un electorado ansioso de cambio, en un país que sufre por la violencia y una economía en crisis, respaldó para llegar a un sorprendente segundo lugar en la primera vuelta en agosto.Noboa se enfrenta a Luisa González, una candidata de izquierda del establishment quien, en su intento por convertirse en la primera mujer elegida para la presidencia del país, les ha prometido a los votantes el regreso a un momento en el que el nivel de la violencia era bajo y el precio del petróleo, una industria clave, era alto.En las elecciones del domingo está en juego el futuro de este país latinoamericano de más de 17 millones, que una vez fue un remanso tranquilo que ha sido trastocado por grupos criminales internacionales, convirtiendo a Ecuador en un jugador clave en el comercio internacional de la droga.Grupos criminales internacionales que trabajan con pandillas locales han desatado una oleada de violencia sin precedentes que ha hecho que decenas de miles de ecuatorianos se encaminen a la frontera entre Estados Unidos y México, parte de una afluencia de migración que ha desbordado al gobierno de Joe Biden.Como gran parte del resto de América Latina, Ecuador recibió un fuerte golpe financiero por la pandemia del coronavirus y a muchos trabajadores les cuesta obtener suficiente dinero para mantener a sus familias.Esto es lo que debes saber sobre la votación.Guillermo Lasso, presidente saliente de Ecuador, antes de hablar en las Naciones Unidas el mes pasado. Convocó a elecciones anticipadas tras enfrentar un proceso de juicio de destitución por parte de la Asamblea Nacional de Ecuador.Maansi Srivastava/The New York Times¿Qué hace a estas elecciones diferentes de otras?Guillermo Lasso, el presidente saliente, convocó en mayo elecciones anticipadas para evitar un juicio de destitución por acusaciones de malversación de fondo. Lasso también se ha vuelto cada vez más impopular con los votantes indignados ante la incapacidad del gobierno por detener la violencia.El asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio mientras salía de un evento de campaña en agosto conmocionó a una nación que se dirigirá a las urnas de votación durante la que ha sido quizás la temporada electoral más violenta en su historia.Este año han sido asesinados cinco políticos, además de Villavicencio —quien se expresó abiertamente sobre supuestos vínculos entre el gobierno y el crimen organizado— y la semana pasada siete hombres imputados por el asesinato de Villavicencio fueron hallados muertos en prisión.Quien gane ocupará la presidencia solo durante alrededor de un año y medio. Noboa ha tenido una ventaja constante en diversas encuestas desde agosto, aunque esta se ha reducido ligeramente en los últimos días y algunas encuestas lo muestran muy cercano a González.Oficiales de la policía inspeccionan productos del mar destinados a exportación en el puerto de Guayaquil, Ecuador. El país se ha convertido en un importante punto de transbordo de cocaína que se contrabandea a Europa.Victor Moriyama para The New York Times¿Qué está en juego en estas elecciones?Ecuador solía ser un país pacífico en comparación con sus vecinos, en particular Colombia, nación que por décadas estuvo azotada por la violencia entre unidades guerrilleras armadas, grupos paramilitares y organizaciones del narcotráfico.Todo eso cambió en los últimos años, cuando Colombia forjó un acuerdo de paz con el grupo guerrillero de izquierda más grande del país, y Ecuador empezó a ser dominado por una red del tráfico de drogas cada vez más poderosa que incluye cárteles mexicanos y pandillas albanesas.A través de sus puertos en la costa del Pacífico, Ecuador se ha convertido en un importante punto de transbordo para la cocaína que es contrabandeada a Europa. Algunas organizaciones internacionales han unido fuerzas con pandillas radicadas en prisiones en una competencia brutal por el lucrativo mercado de la droga.Las noticias presentan periódicamente decapitaciones, atentados con coches bomba, asesinatos policiales, jóvenes colgados de puentes y niños asesinados frente a sus casas o escuelas.Luisa González es la candidata del establishment de izquierda, elegida personalmente por un expresidente.Rodrigo Buendia/Agence France-Presse — Getty Images¿Quién es Luisa González?González, de 45 años, es la candidata elegida personalmente por el expresidente Rafael Correa, quien lideró el país de 2007 a 2017. González ostentó varios cargos en su gobierno antes de ser elegida a la Asamblea Nacional en 2021, una posición que mantuvo hasta que Lasso disolvió la legislatura en mayo.Su campaña ha buscado apelar a la nostalgia de los votantes por las bajas tasas de homicidios y el auge de las materias primas que sacaron a millones de la pobreza durante el gobierno de Correa. El lema de campaña de González en la primera vuelta fue “ya lo hicimos y lo volveremos a hacer”.Pero el estrecho vínculo de González con el expresidente también conlleva riesgos. El estilo autoritario de Correa y las acusaciones de corrupción dividieron profundamente el país. Correa vive en el exilio, en Bélgica, huyendo de una sentencia de cárcel por violaciones en la financiación de su campaña, y muchos ecuatorianos temen que una presidencia de González allane el camino para que Correa regrese y vuelva a postularse para la presidencia.González se ha comprometido a recurrir a las reservas del banco central para estimular la economía e incrementar el financiamiento al sistema de salud pública y las universidades públicas.“Sabemos que está con el pueblo, no con la gente rica y por eso va a mejorar las cosas para nosotros”, dijo Oswaldo Proaño, un vendedor ambulante de 40 años, en Quito, la capital, quien habló en medio de gritos y silbidos en un mitin de campaña reciente de González.“Con Luisa vamos a tener seguridad, como la teníamos en el tiempo de Rafael Correa”, dijo Luisa María Manteca, de 65 años, quien trabaja en una distribuidora de productos cosméticos en Quito. “Con él, el país marchó bien y hay que continuar por ese rumbo”.La posibilidad de que González se convierta en la primera mujer en ganar la presidencia de Ecuador también atrae a muchos votantes.“Es una persona muy humilde”, dijo Debora Espinosa, una estudiante universitaria de 19 años. “Como mujer nos entiende”.Daniel Noboa, candidato de centroderecha, ha tenido una ventaja constante en diversas encuestas desde agosto, aunque esta se ha reducido ligeramente en los últimos días.Gerardo Menoscal/Agence France-Presse — Getty Images¿Quién es Daniel Noboa?Noboa, de 35 años, proviene de una de las familias más ricas de América Latina, conocida por la mayoría de los ecuatorianos por su imperio bananero, que tiene una de las marcas de fruta más conocidas del mundo, bananas Bonita.Pero los vastos activos de la familia Noboa son variados e incluyen fertilizantes, plásticos, cartón y el complejo de almacenamiento de contenedores más grande del país.El padre de Noboa se postuló cinco veces a la presidencia sin éxito, pero la carrera política del joven Noboa apenas se remonta a 2021, cuando fue elegido para la Asamblea Nacional de Ecuador.Noboa se ha calificado a sí mismo como el “presidente del empleo”, hasta el punto de incluir una planilla de solicitud laboral en su sitio web, y ha prometido atraer la inversión y el comercio internacional y reducir los impuestos.Pero al igual que su padre, Noboa también ha generado críticas de analistas que temen que pueda utilizar su presidencia para favorecer el cada vez mayor imperio empresarial de su familia.En un reciente evento de campaña, cientos de estudiantes universitarios hicieron fila en la ciudad costera de Guayaquil, la ciudad más poblada del país y uno de los epicentros de la violencia, donde esperaron más de una hora para ver a Noboa.Noboa se quitó el chaleco antibalas y, lenta y tranquilamente, respondió las preguntas de los estudiantes, repitiendo sus temas de debate sobre convertir a Ecuador en un mercado atractivo para la banca internacional. Fue recibido con aplausos, vítores y adolescentes corriendo para tomarse selfies con él.“He estado viendo sus entrevistas y me gustan sus propuestas en temas como la dolarización, la educación y el trabajo”, dijo Dereck Delgado, un estudiante de ingeniería eléctrica de 17 años, quien planea votar por Noboa. (La edad mínima para votar en Ecuador es 16, y es un deber obligatorio para los mayores de 18 años).Muchos votantes también apoyan a Noboa porque representa una alternativa al partido de Correa. Valeria Vásquez, de 33 años, quien administra una compañía local de productos de belleza en Guayaquil, dijo que le gustaba que Noboa “no es socialista”.Otra simpatizante de Noboa, Natasha Villegas, una estudiante universitaria de 19 años en Guayaquil, afirmó que creía que había llegado la “hora de darle la oportunidad a una persona joven”.¿Qué dicen los candidatos sobre la seguridad?Noboa y González han prometido frenar la violencia, pero ninguno de los dos ha hecho de la seguridad una parte central de sus campañas.Ambos candidatos han hablado sobre proporcionarle más dinero a la policía y desplegar las fuerzas militares para asegurar los puertos que se utilizan para el contrabando de drogas fuera del país y las prisiones, las cuales están controladas por violentas pandillas.González ha señalado los arrestos de varios líderes de pandillas criminales durante su tiempo en el gobierno de Correa como evidencia de su intención de aplicar una mano firme.Noboa ha propuesto el uso de la tecnología, como drones y sistemas de rastreo satelital, para combatir el narcotráfico, y ha sugerido la construcción de barcos prisión para aislar a los reclusos más violentos.Sin embargo, los analistas afirman que ninguno de los dos candidatos ha hecho lo suficiente para darle prioridad al combate del crimen que ha desestabilizado a Ecuador y ha convertido a la nación en uno de los países más violentos de América Latina.Thalíe Ponce colaboró con reportería desde Guayaquil; Emilia Paz y Miño y José María León Cabrera colaboraron desde Quito. More

    • 75 Shares149 Views

      in Elections

      Ecuador’s Presidential Election: What to Know

      by

      A center-right businessman and a leftist candidate are vying for the presidency on Sunday at a moment when the country is facing growing insecurity fueled by international criminal groups.One candidate seeking to become Ecuador’s president is Daniel Noboa, a center-right scion of a banana empire who was lifted to a surprising second-place finish in a runoff in August by an electorate hungry for change in a country suffering from violence and an ailing economy.Mr. Noboa is facing Luisa González, a leftist establishment candidate who, in trying to become the first woman elected the country’s president, is promising voters a return to a period when violence was low and the price of oil, a key industry, was high.At stake in Sunday’s election is the future of this Latin American nation of more than 17 million, a once tranquil haven that has been upended by international criminal groups that have turned Ecuador into a key player in the global drug trade.Working with local gangs, the global cartels have unleashed a surge of violence that has sent tens of thousands of Ecuadoreans fleeing to the U.S.-Mexico border, part of a migration wave that has overwhelmed the Biden administration.Like much of the rest of Latin America, Ecuador was dealt a major financial blow by the coronavirus pandemic and many workers struggle to make enough money provide for their families.Here’s what you need to know about the vote.Guillermo Lasso, the outgoing president of Ecuador, before speaking at the United Nations last month. He called early elections as he faced an impeachment proceeding by Ecuador’s legislature.Maansi Srivastava/The New York TimesWhat makes this election different from others?The outgoing president, Guillermo Lasso, called for early elections in May as he faced impeachment proceedings against him stemming from accusations of embezzlement. Mr. Lasso had also grown increasingly unpopular with voters angry over the government’s inability to address the spiraling violence.The assassination of a presidential candidate, Fernando Villavicencio, as he left a campaign event in August was a traumatic jolt for a nation that heads to the polls during what has been perhaps the most violent electoral season in its history.Beside Mr. Villavicencio — who was outspoken about what he claimed were links between organized crime and the government — five other politicians have been killed this year. Last week, seven men accused of killing Mr. Villavicencio were found dead in prison.Whoever wins will hold the presidency for only about a year and a half. Mr. Noboa has had a consistent lead in multiple polls since August, though it has narrowed slightly in recent days and some surveys show him neck and neck with Ms. González.Police inspecting seafood destined for export at the port of Guayaquil, Ecuador. The country has become a major transshipment point for cocaine that is smuggled to Europe.Victor Moriyama for The New York TimesWhat is at stake in this election?Ecuador was once a peaceful nation compared with its neighbors, particularly Colombia, which for decades was torn by violence among armed guerrilla units, paramilitary groups and drug cartels.That all changed in recent years as Colombia forged a peace deal with the country’s largest leftist guerrilla group, and Ecuador became dominated by an increasingly powerful narco-trafficking industry that includes Mexican cartels and Albanian gangs.Through its ports on the Pacific Coast, Ecuador has become a major transshipment point for cocaine that is smuggled to Europe. International groups have joined forces with prison-based gangs in a brutal competition for the lucrative drug industry.News reports regularly feature beheadings, car bombings, police assassinations, young men hanging from bridges and children gunned down outside their homes or schools.Luisa González is a leftist establishment candidate who is the handpicked candidate of a former president. Rodrigo Buendia/Agence France-Presse — Getty ImagesWho is Luisa González?Ms. González, 45, is the handpicked candidate of former President Rafael Correa, who led the country from 2007 to 2017. She held several positions in his government before being elected to congress in 2021, a position she held until the legislature was dissolved by Mr. Lasso in May.Her campaign has sought to appeal to voter nostalgia for the low homicide rates and commodities boom that lifted millions out of poverty during Mr. Correa’s administration. Ms. González’s campaign slogan in the first round was “we already did it and we will do it again.”But Ms. González’s close association with the former president also carries risks. Mr. Correa’s authoritarian style and accusations of corruption deeply divided the country. He is living in exile in Belgium, fleeing a prison sentence for campaign finance violations, and many Ecuadoreans fear that a González presidency would pave the way for him to return and run for office again.Ms. González has pledged to tap central bank reserves to stimulate the economy and increase financing for the public health care system and public universities.“We know she is with the people, not with the rich, and that is why she is going to improve things,” said Oswaldo Proaño, 40, a street vendor in Quito, the capital, who spoke amid shouts and whistles at a recent campaign rally for Ms. González.“With Luisa we will have security, as we had in the time of Rafael Correa,” said Luisa María Manteca, 65, who works at a cosmetics distributor in Quito. “With him, the country ran smoothly and we have to continue on that path.”The possibility that Ms. González could become the first woman to win Ecuador’s presidency also appeals to many voters. “She is a very humble person,’’ said Debora Espinosa, 19, a university student. “As a woman she understands us.”Daniel Noboa, a center-right candidate, has had a consistent lead in multiple polls since August, though that lead has narrowed slightly in recent days.Gerardo Menoscal/Agence France-Presse — Getty ImagesWho is Daniel Noboa?Mr. Noboa, 35, comes from one of the richest families in Latin America, known to most Ecuadoreans for its banana empire, which features one of the world’s best known fruit brands, Bonita bananas.But the Noboa family’s vast holdings are varied and include fertilizers, plastics, cardboard and the country’s largest container storage facility.Mr. Noboa’s father ran unsuccessfully for president five times, though the younger Noboa’s political career goes back only to 2021, when he was elected to Ecuador’s Congress.He has positioned himself as “the employment president,” even including a work application form on his website, and has pledged to attract international investment and trade and cut taxes.But like his father, Mr. Noboa has also drawn criticism from analysts who fear he could use the presidency to advance the family’s sprawling business empire.At a recent campaign event, hundreds of university students lined up in the coastal city of Guayaquil, the country’s most populous city and an epicenter of the violence, waiting for more than an hour to see Mr. Noboa.Taking off his bullet-resistant vest, he slowly and calmly answered the students’ questions, repeating his talking points about making Ecuador an attractive market for international banking. He was met with applause, cheers and teenagers running to snap selfies with him.“I have been watching his interviews and I like his proposals on issues such as dollarization, education and work,” said Dereck Delgado, 17, an electrical engineering student, who plans to vote for Mr. Noboa. (The voting age in Ecuador is 16 and votingis mandatory for those 18 and older).Many voters are also drawn to him because he represents an alternative to Mr. Correa’s party. Valeria Vásquez, 33, who manages a local beauty product company in Guayaquil, said she liked that Mr. Noboa is “not a socialist.”Another Noboa supporter, Natasha Villegas, 19, a university student in Guayaquil, said she believed it was “time to give the opportunity to a young person.’’What are the candidates saying about security?Mr. Noboa and Ms. González have vowed to rein in the violence, though neither has made security a central part of their campaigns.Both candidates have talked about providing more money for the police and deploying the military to secure ports used to smuggle drugs out of the country and prisons, which are controlled by violent gangs.Ms. González has pointed to the arrests of several leaders of criminal gangs when she served in the Correa administration as evidence of her intention to apply a firm hand.Mr. Noboa has proposed the use of technology, like drones and satellite tracking systems, to stem drug trafficking, and has suggested building prison boats to isolate the most violent inmates.But analysts say the two candidates have not done enough to prioritize combating the crime that has destabilized Ecuador and turned it into one of Latin America’s most violent countries.Thalíe Ponce contributed reporting from Guayaquil; Emilia Paz y Miño and José María León Cabrera contributed from Quito. More

    • 113 Shares99 Views

      in Elections

      Nikki Haley’s Pro-Israel Record Could Shape Her ’24 Bid

      by

      In January 2017, Danny Danon, Israel’s ambassador to the United Nations, received a phone call from Nikki Haley, the former governor of South Carolina and Donald Trump’s newly appointed ambassador to the United Nations.Ms. Haley wanted to apologize.A month earlier, the U.N. Security Council had passed a resolution condemning Israel for building settlements in the West Bank. The Obama administration, by abstaining from the vote, had allowed the measure to pass, a parting rebuke to Benjamin Netanyahu, Israel’s increasingly right-wing prime minister.In her first phone call to a fellow ambassador, Ms. Haley wanted to be clear that things would be different.“She guaranteed that it would not happen as long as she was serving as ambassador,” Mr. Danon recalled recently, “that she would get our back and support us.”That promise would set the tone for much of Ms. Haley’s time at the U.N. Over her nearly two-year tenure, she transformed herself from a foreign policy novice to a blunt-talking stateswoman, making the defense of Israel her defining cause.Ms. Haley blocked a Palestinian envoy’s appointment and took credit for forcing the withdrawal of a report that described the Israeli government’s treatment of Palestinians as “apartheid.” She walked out of a Security Council meeting during a Palestinian official’s speech and criticized the U.N.’s Palestinian refugee aid program, which she has since said “uses American money to feed Palestinian hatred of the Jewish state.”She was an enthusiastic face of the Trump administration’s diplomatic largess toward Israel, and described herself as turning back the tide of “Israel-bashing” at the world body.Denizens of the U.N.’s New York headquarters began joking that Israel now had two ambassadors.American ambassadors have generally stood with Israel at the U.N., but observers of Ms. Haley’s time there saw something new in her often confrontational advocacy for the Trump administration’s no-questions support for Mr. Netanyahu’s government.Critics have noted the political convenience of her approach — which ingratiated her with Mr. Trump’s inner circle and cemented relationships with major Republican donors and evangelical leaders — as well as its made-for-television tenor.“I wear heels,” she told the audience at an American Israel Public Affairs Committee conference in 2017. “It’s not for a fashion statement. It’s because if I see something wrong, we’re going to kick them every single time.” A clip of the statement appeared in a video teasing her presidential campaign early this year.“There was always a clear distinction between her relatively pragmatic approach to most issues and an incredibly performative, purist approach to diplomacy regarding Israel,” said Richard Gowan, the U.N. director of the International Crisis Group.As Israel plunges into a new war in the Gaza Strip, after a stunning wave of attacks by Hamas fighters, this chapter of Ms. Haley’s career has taken on a sudden importance.Ms. Haley, one of the few candidates with a foreign policy record to run on, has cast herself as an unwavering Israel hawk whose views are grounded in experience. Last weekend, Ms. Haley urged Mr. Netanyahu to “finish” Hamas. During an appearance on “Meet the Press,” she recalled her 2017 visit to Hamas-dug tunnels near the Gaza border.When Mr. Trump criticized Mr. Netanyahu — who angered him by recognizing Joseph R. Biden’s victory in 2020 — Ms. Haley used the moment to reinforce her case against her former boss.“To go and criticize the head of a country who just saw massive bloodshed — no, that’s not what we need in a president,” she said at a news conference in Concord, N.H., on Friday.Ms. Haley, who declined to comment for this article, has seen a recent uptick in polling, although she continues to run far behind Mr. Trump. As a new conflict pushes world affairs to the foreground of the campaign, this may be her best chance to emerge as the leading Republican alternative to the former president.“This was always political capital that she was banking while she was at the U.N.,” Mr. Gowan said. “And it may pay off for her now.”A Keen Eye for Set Pieces“I wear heels,” Ms. Haley told an audience of staunch Israel supporters at the meeting of the American Israel Public Affairs Committee conference in 2017. “It’s not for a fashion statement. It’s because if I see something wrong we’re going to kick them every single time.”Pete Marovich/European Pressphoto AgencyIn interviews, close observers of Ms. Haley’s work — veterans of the U.S. Mission to the United Nations, the Trump White House and State Department, United Nations officials, and foreign policy lobbyists and experts — described it in similar terms.They recalled a diplomat who quickly became a more pragmatic negotiator than her own accounts of her tenure, which tend to focus on her confrontations, suggested. They also remembered her as a politician: someone who understood the United Nations post as a stopover on a trajectory toward bigger things.Ms. Haley was not enamored with the minutiae of diplomacy. She requested that staff cut down background papers to a single page of talking points, written in “eighth-grade English.” In her first address to her new employees, the ambassador told them she wanted to create a humane and efficient office culture, insisting that nobody’s work should keep them at the office after 6 p.m. — a tall order for an institution where meetings often ran into the evening, and diplomatic crises at unusual hours were practically a daily event.Ms. Haley also had a keen eye for what one former mission staff member described as “set pieces”: the confrontations and dramatic gestures that would gain attention.The first such moment for Ms. Haley arrived only days into her tenure. In early February 2017, António Guterres, the U.N. secretary general, was preparing to name Salam Fayyad, the former prime minister of the Palestinian Authority, as the U.N.’s special envoy to Libya. Mr. Fayyad was a well-regarded reformer who had been seen as a key Palestinian partner for both the United States and Israel. Mr. Guterres had received informal signoffs from the Security Council members. His office had prepared a news release.But half an hour before the deadline for objections, Ms. Haley informed him that she considered Mr. Fayyad unacceptable.“We thought that this must be a mistake,” said Jeffrey Feltman, an American diplomat who at the time was Mr. Guterres’s under secretary general for political affairs. The appointment had been vetted, and State Department officials had vouched for Mr. Fayyad, he said. The decision had been Ms. Haley’s, her staff has since said, though Mr. Trump approved it. In a statement at the time, she argued that appointing a Palestinian to a significant U.N. position would be tantamount to recognizing Palestinian statehood. “The United States does not currently recognize a Palestinian state or support the signal this appointment would send within the United Nations,” she said.“Essentially, she punished Salam Fayyad for his nationality, at the same time she was criticizing the U.N. for punishing Israelis for their nationality,” Mr. Feltman said. “It seemed to me to be quite hypocritical.”Speaking before an audience of Israel supporters at the AIPAC conference the following month, Ms. Haley cast the move more provocatively, taking credit for having Mr. Fayyad “booted out” of the U.N. post, and portraying the decision as a response to a culture of “Israel-bashing” at the organization. She announced that unless things changed, “there are no freebies for the Palestinian Authority anymore.”The Trump Translator at the U.N.Ms. Haley made herself the public face at the U.N. of the administration’s decision to move the U.S. Embassy in Israel to Jerusalem from Tel Aviv.Al Drago for The New York TimesBefore arriving at the U.N., Ms. Haley had a scant record on Israel policy. She has described her support for the country as “a matter of faith” — raised Sikh, she later converted to Christianity — and compared her own cultural background as the child of Indian immigrants to that of Israelis’. “We’re aggressive, we’re stubborn and we don’t back down from a fight,” she said in 2017.Her main claim was that as the governor of South Carolina, she signed a bill in 2015 banning the state from doing business with companies that boycotted or divested from Israel.Such laws — South Carolina’s was the second, after Illinois — had that year become a focus of pro-Israel political donors, including Sheldon Adelson, the Las Vegas casino magnate and backer of the Republican Jewish Coalition, who wielded enormous influence in the G.O.P. and in Israel before his death in 2021.Ms. Haley’s campaign said the she did not discuss the issue with Mr. Adelson at the time. In 2016, Mr. Adelson contributed $250,000 to Ms. Haley’s political action committee — a quarter of the contributions it received that year — and hosted her in his luxury box at the Republican National Convention in Cleveland.Arriving at the United Nations six months later, Ms. Haley quickly became the face of Mr. Trump’s Middle East policy, which reflected the long-held aims of pro-Israel hard-liners as well as conservative evangelicals, who ascribe great theological importance to the rise of a modern Jewish state in the Holy Land.“There’s been a historic tension between Zionism and a belief that the United States had an obligation to be an honest broker between Israel and the Palestinians,” said Ralph Reed, the chairman of the Faith and Freedom Coalition. “Under Trump, we moved on, and now the G.O.P. tilts unapologetically pro-Israel.”Ms. Haley leaned into her role at the U.N. as the public defender of the administration’s pullout from the Iran nuclear deal, its support for expanding West Bank settlements and its decision to move the U.S. Embassy in Israel to Jerusalem from Tel Aviv.After the U.N. General Assembly passed a resolution condemning the embassy move, Ms. Haley hosted a reception at the U.S. Mission, refusing to invite the 21 countries — including longtime American allies like Britain, France, Germany and Japan — who voted for the measure.“The United States will remember this day,” she warned.Some who watched her work up close detected less absolutism in her views, and her diplomacy, than she presented at the General Assembly and in interviews.Nickolay Mladenov, the U.N.’s special coordinator for the Middle East peace process at the time, recalled traveling in Israel to the Gaza border with Ms. Haley. “I think that trip really opened her eyes to the fact that there are two competing narratives, two competing realities in this situation,” he said. “Whatever the public speeches she made,” he added, “when we sat down to talk, she would say, ‘OK, what can we do about this?’”Palestinian supporters, however, saw a rhetorical escalation, even by the standards of a resolutely pro-Israel Republican Party.“You look at some of her statements and actions, it was comically over the top — not just willingness to support Israel, but a willingness to hurt Palestinians,” said Yousef Munayyer, who directs the Palestine/Israel Program at the Arab Center Washington D.C.Her public performances served her well in the often vicious internal politics of the administration. Amid a divide between foreign policy traditionalists — the long-résuméd appointees often cast as the “adults in the room” — and the coterie of Trump confidants who largely drove his Middle East policy, Ms. Haley aligned herself with the latter group.Her Israel advocacy gave her common cause with Jared Kushner, the president’s son-in-law, who had been tasked with the Middle East policy portfolio. When Mr. Kushner and others began drafting the White House’s Middle East peace plan, Ms. Haley was one of only a handful of policymakers allowed to see it and offer comments, said Jason Greenblatt, Mr. Trump’s special envoy for Middle East peace.“I thought she was one of my most important allies,” he said.Spending Political CapitalMs. Haley’s tenure was watched closely by influential evangelicals. David Brody, an anchor at the Christian Broadcasting Network, said “God is using Nikki Haley for such a time as this,” in his coverage of Ms. Haley’s 2017 visit to the Western Wall in Jerusalem.Gali Tibbon/Agence France-Presse — Getty ImagesMs. Haley’s work also won accolades from evangelicals and Jewish Republican donors, key constituencies for any aspiring Republican president. Her U.N. tenure was covered closely by the Christian Broadcasting Network, the evangelical-oriented media company.“Clearly God is using Nikki Haley for such a time as this,” the network’s anchor, David Brody, said in a June 2017 segment, over footage of Ms. Haley praying at the Western Wall in Jerusalem.In 2018, Christians United for Israel, the influential Christian Zionist organization led by the televangelist John C. Hagee, presented Ms. Haley with the organization’s Defender of Israel award. As she neared the end of her speech, someone in the crowd yelled: “Haley 2024!”But early polling has shown that Mr. Haley is struggling to peel away evangelical voters from Mr. Trump. Although Mr. Hagee offered a prayer at her campaign launch event, he has not endorsed her.“Most evangelicals certainly appreciate Nikki Haley’s pro-Israel stance,” said Robert Jeffress, the influential pastor of the First Baptist Dallas megachurch. “But evangelicals also realize that her pro-Israel policy while she was U.N. ambassador was a reflection of Donald Trump’s pro-Israel position.”Among prominent Jewish Republican donors, she has more vocal allies. Toward the end of Ms. Haley’s time at the U.N., Fred Zeidman, a Texas businessman, made her a promise. “I told her if she ever wanted to run for president of the United States, I was going to be with her from Day 1,” recalled Mr. Zeidman, who served as Jewish outreach director for the presidential campaigns of Mitt Romney, John McCain and George W. Bush.In March, Mr. Zeidman and two like-minded donors, Phil Rosen and Cheryl Halpern, wrote to the members of the Republican Jewish Coalition urging them to back Haley, citing her U.N. record.But a majority of the group’s benefactors have not yet contributed to any candidate. “They don’t see any reason to actively give when you’ve got nine people out there,” Mr. Zeidman said.Mr. Zeidman and other Haley supporters hope that Republicans seeking an alternative to Mr. Trump will coalesce behind her candidacy. But despite Ms. Haley’s recent signs of momentum, the gulf between her and Mr. Trump remains daunting.“If she would’ve run in Israel,” Mr. Danon, the former Israeli ambassador, said, “I’m sure it would’ve been much easier for her.”

      #youth-jobs-shadow {
      display: none;
      }

      @media only screen and (min-width:1024px){

      #fullBleedHeaderContent h1{
      text-shadow: 1px 0px 8px #000;
      }

      #fullBleedHeaderContent header p.e1wiw3jv0{
      text-shadow: 1px 0px 8px #000;
      }

      } More

    • 100 Shares189 Views

      in Elections

      New Zealand Defeats Ardern’s Party, Electing Conservative Coalition

      by

      The rightward shift came as voters punished the party once led by Jacinda Ardern for failing to deliver the transformational change that it had promised.After an election campaign of fits and starts, in which neither major party appeared to offer much solace to a weary nation, voters in New Zealand on Saturday ousted the party once led by Jacinda Ardern and elected the country’s most right-wing government in a generation, handing victory to a coalition of two conservative parties.New Zealand’s next prime minister will be Christopher Luxon, a former chief executive of Air New Zealand, whose center-right National Party will lead a coalition with Act, a smaller libertarian party.Addressing a euphoric crowd at his party’s victory event on Auckland’s waterfront, Mr. Luxon thanked supporters and promised a better and more stable future for the country.“Our government will deliver for every New Zealander,” he said, to whoops and cheers. “We will rebuild the economy and deliver tax relief.”The rightward drift ended six years of the Labour government that was dominated by Ms. Ardern, who stepped down early this year.“She’s probably the most consequential prime minister we’ve had since David Lange,” the Labour leader who came to power in 1984, “and, from an international point of view, most charismatic,” said Bernard Hickey, an economic and political commentator in Auckland, New Zealand. “But this election is the landmark of her failure.”For many voters, Ms. Ardern and her successor, Chris Hipkins, failed to deliver on the Labour Party’s promise of transformational change. In the weeks leading up to the election, New Zealanders, buffeted by the currents of global inflation and its larger Asia Pacific neighbors’ economic woes, overwhelmingly cited cost of living as the primary concern driving their vote.The coalition is a return to form for New Zealand, which since moving to a system of proportional representation in 1993 has had only one single-party government — the Labour government elected in 2020 under Ms. Ardern. But it is the first time National, which last governed alone in the early 1980s, has been in coalition with a more conservative partner.With most of the vote counted, support for the Labour Party, which won 50 percent of the vote in 2020, buoyed by the country’s strong response to the coronavirus pandemic, has collapsed to 27 percent. The National Party won 39 percent of the vote, up from 26 percent in 2020. Among the smaller parties, the Green Party took 11 percent of the vote, and Act won 9 percent. But those results could shift slightly after “special” votes were counted, including those of overseas New Zealanders. That could potentially force Act and National into coalition with New Zealand First, a longtime kingmaker that played a role in Ms. Ardern’s ascent, to push the right-wing coalition over the halfway mark.Addressing party members in Wellington, Mr. Hipkins said he had conceded the election to Mr. Luxon and celebrated Labour’s accomplishments on alleviating child poverty and navigating New Zealand through the coronavirus pandemic, the Christchurch massacres and the White Island volcano eruption.“We will keep fighting for working people, because that is our history and our future,” he said.Voters waiting for their ballots at a voting center in Wellington on Saturday.Ivan Tarlton/Agence France-Presse — Getty ImagesThe National Party had campaigned on a platform of tax cuts, saying it would offer relief to ordinary families. Critics have questioned the funding for those cuts, which rely heavily on foreign ownership of New Zealand property, and some have said that they disproportionately favor some 300 New Zealand landlords while cutting benefits for disabled people.Inflation, which was at 6 percent in July compared with 6.7 percent one year earlier, appears to be easing, according to the most recent government data, though New Zealanders will most likely endure pain for some time to come, as the country weathers high house and rent prices, a high cost of borrowing and the effects of global shocks.“When it comes to the economy,” said Grant Duncan, a political scientist in Auckland, “we’re a cork bobbing around on an ocean.”The new National-led government, despite being more conservative, was unlikely to make significant changes on many social issues, said Ben Thomas, a former press secretary for the National Party.“Nobody wants to re-litigate abortion or homosexual marriage,” he said. “Unlike the States, where there’s a constant battle to try and roll back progressive legislation, the conservative tradition in New Zealand is ‘We’ve always gone just about far enough.’”But Act may seek to push policy priorities of its own, including a referendum to reconsider the role New Zealand’s Indigenous Maori people play in policymaking.“What they actually want is a referendum which defines away any kind of standing or rights guaranteed to Maori by the Treaty,” Mr. Thomas said, referring to an 1840 agreement that governs New Zealand legislation to this day.He added: “What you might broadly call racial tensions — over race and policy, Maori policy, Treaty policy — are greater than at any point since 2005.”At the same time, the country was still contending with a multibillion dollar recovery from Cyclone Gabrielle, which in February devastated swaths of the country’s North Island, exposing dangerous infrastructure fault lines, said Craig Renney, an economist for the New Zealand Council of Trade Unions.The National Party had not announced any plans for how it would manage New Zealand’s climate vulnerabilities, Mr. Renney said.“Where are we going to be in six years’ time? What are we going to do to tackle some of the really big issues, be it climate change, renting, employment security?” he said. “Those things haven’t been being debated, because the country is tired.”It was unclear whether the new government could easily solve these and other problems, said Dr. Duncan, the political scientist.“I’m not saying they’re going to do a bad job,” he said. “I just don’t have any confidence in them doing a better job.” More

    • 88 Shares179 Views

      in Elections

      Australia Likely to Reject Indigenous ‘Voice’ Referendum

      by

      Sitting on the banks of the Fitzroy River in remote Western Australia, watching a plume of smoke swirling into the air from a distant wildfire, the Aboriginal elder lamented how his parents’ generation worked for sugar, flour and tea, not wages, and his community now relies heavily on welfare after employment programs were withdrawn by the government.But, “we’ve got something coming,” said Hector Angus Hobbs, 67, who is a member of the Walmajarri tribe. “We’re going to win.”His unwavering optimism will be tested on Saturday, when the nation votes on a referendum that would give Indigenous Australians a voice in Parliament in the form of an advisory body.The proposal, polls show, is broadly supported by the country’s Indigenous people, who make up less than 4 percent of the nation’s population. Many of them see it as a sign of Australia taking a step to do right by them after centuries of abuse and neglect. Mr. Hobbs and many of his neighbors in the town of Fitzroy Crossing believe it would help with everything from solving everyday issues like repairs for houses, to moving the needle on weighty aspirations like reparations.In reality, the measure, known as the Voice, is much more modest, making some of these expectations rather lofty.Joe Ross, a community leader in Fitzroy Crossing from the Bunuba tribe, untangling a fishing line from a crocodile in Danggu Geike Gorge, Australia. For him, the debate had “shown the real underbelly of this country.”The Mangkaja Arts Resource Agency in Fitzroy Crossing, Australia, an Aboriginal-owned art center representing the five language groups of the Fitzroy Valley.At the same time, it has given rise to unrealistic fears — like of homeowners being forced to return their land to Indigenous people — that have galvanized opposition to the Voice. And with many Australians perceiving the referendum as racially divisive, polling suggests its defeat is likely.“We now know where we sit,” said Joe Ross, a community leader in Fitzroy Crossing from the Bunuba tribe, adding that the debate had “shown the real underbelly of this country.”The coming vote has surfaced uncomfortable, unsettled questions about Australia’s past, present and future. Does it recognize its colonial history as benign or harmful? How does it understand the disadvantages facing Indigenous people? Should the hundreds of Indigenous tribes that first inhabited the continent have the right to decide if and how to meld their traditions and cultures into modern society, or just be encouraged to assimilate?The Voice was first conceived by Indigenous leaders as a response to entrenched and growing Indigenous disadvantage. Life expectancy in the community is eight years below the general population, while rates of suicide and incarceration are far higher than the national average. The issues are most severe in remote communities, where some Aboriginal people live in order to maintain their connection to their traditional lands.Experts and Indigenous leaders say that by and large Australians are aware of this disadvantage but generally do not understand it. Many in the country, they said, see these problems as failures of Indigenous people and communities, rather than of the systems that govern them.In Fitzroy Crossing, a town surrounded by over 30 small Aboriginal settlements, the historical impact of colonization feels immediate, as Aboriginal people in the region were hunted and killed by settlers well into the 1900s.A horse standing on the veranda of a house to escape the hot sun in Jimbalakudunj.It is something that Australians feel a sense of collective but unexamined shame over, said Julianne Schultz, the author of “The Idea of Australia” and a professor at Griffith University.“The genesis for the shame is when people look at it and think ‘We’ve got some responsibility for why this has happened — but we can’t quite figure it out,’” she said. “And how do you hide that? Well, you blame the victim.”The Voice, which would include constitutional recognition of Indigenous people, also has been criticized as toothless because it would have no power to create or veto government decisions or policies. But this was by design, say Indigenous leaders involved in the creation of the measure, who had hoped that it would be a benign enough to be acceptable to the Australian public. One of those leaders, Marcia Langton, described it as an offer from Aboriginal people to the broader public, to heal the wounds of colonization and “end the postcolonial politics of blame and guilt.” But with Voice expected to fail, she wrote, “The nation has been poisoned. There is no fix for this terrible outcome.”Part of why people in Fitzroy Crossing had such high hopes for the Voice was because many remember how much better things were under a previous policy. From 1990 to 2005, an elected body, the Aboriginal Torres Strait Islander Commission, gave advice to the government and ran programs and services for Indigenous communities.Ree-alla Oscar looking after her niece in their camper van in the Wunaamin-Miliwundi Ranges, a temporary refuge after their house was destroyed during floods earlier this year.Wildfires across the Fitzroy River.“Aboriginal people had their own governments,” recalled Emily Carter, the chief executive of the local women’s resource center, who is from the Gooniyandi tribe. “They were able to look after their own finances. They made rules about what work people did in their communities.”That body was abolished by a prime minister who said that the future of Indigenous people “lies in being part of the mainstream of this country,” setting the tone for the next two decades of policy.Since then, residents say, that autonomy has been taken away, community-controlled employment programs have been replaced with what is effectively a welfare alternative, and services have been withdrawn. Indigenous leaders argue this system, under which policies are decided, enacted and withdrawn in their communities at what they see as whims of governments and ideologies, continues the disempowerment and trauma that Indigenous communities have experienced since colonization. That sense of powerlessness shows up in the form of social harms like suicide, domestic violence, and addiction to drugs and alcohol, they say.“What has led to our disadvantage has been our exclusion in the development of the nation state,” said June Oscar, who is the Australian Human Rights Commission’s head for Aboriginal and Torres Strait Islander social justice program, and who lives near Fitzroy Crossing.Students in front of the Yiramalay Studio School, near Fitzroy Crossing. Students come from Queensland, Northern Territory and Western Australia to attend the boarding school, which seeks to improve educational outcomes for Aboriginal students.June Oscar, who heads the Aboriginal and Torres Strait Islander social justice program, says that a history of powerlessness and exclusion lies behind Aboriginal disadvantage. Her home was damaged in a flood, and she is relying on canned food supplies until she has a proper kitchen again.In Fitzroy Crossing, a town surrounded by over 30 small Aboriginal settlements, the historical impact of colonization feels immediate. Aboriginal people in the region were hunted and killed by settlers well into the 1900s. For protection, many fled to stations, or ranches, where they were protected by the government, but also stripped of their culture.There, they worked, usually for little or no pay, and were often forbidden to speak their native languages.“Our people built stations, worked hard — only for flour, tea, sugar,” said Mr. Hobbs, the Walmajarri elder.In the 1960s, amid a push for Aboriginal workers to be paid the same as white ones, many were kicked off the stations by owners who didn’t want the extra cost. They settled in and around Fitzroy Crossing, creating the beginnings of the town that exists today.On a recent weekday, as the temperature rose to over 100 degrees, Eva Nargoodah, 65, sitting outside her home in the small community of Jimbalakudunj, about 60 miles from Fitzroy Crossing, explained how sometimes, the high level of chlorine in the water supply caused the residents to experience rashes, watery eyes and sore throats. Other times, it was filled with so much salt, it formed a thick layer on top.Ms. Nargoodah at home looking at family photos. She explained how sometimes, the amount of chlorine in the water supply in the area gave the residents sore throats, watery eyes and rashes.Tamati Smith for The New York TimesA leak from a solar heating system under the house of one of Ms. Nargoodah’s sons. Aboriginal residents of the area live in government-subsidized housing, where repairs have become frustratingly slow in recent years. She said she had been waiting for years for repairs to her home, including filling in holes through which snakes can crawl in. Such maintenance used to be handled by the Aboriginal Torres Strait Islander Commission, but now the process is much slower. And she spoke of her father, who had been part of what is known as the Stolen Generation: Indigenous people forcibly removed from their families and culture in an effort to assimilate them into Western society.“They need to give us something back,” she said. If the Voice referendum passed, she was optimistic that “we’ve got the power.”An Indigenous family fishing by the river in Danggu Geike Gorge. More

    • 113 Shares119 Views

      in Elections

      Scenting Power, U.K. Business Flocks to the Labour Party

      by

      The governing Conservative Party was long seen as entrepreneurs’ natural ally and lobbyists’ most important target. With an election on the horizon, that’s changing.It was impossible to miss: a large green, yellow and blue off-road vehicle parked in a prime spot in the exhibition hall at the Labour Party’s annual conference. The car belonged to Ineos, one of the world’s largest chemical companies, and its outsize presence, among dozens of businesses and organizations, marked the company’s first time attending the gathering.Andrew Gardner, who runs Ineos’s huge refinery complex in Grangemouth, Scotland, was standing by the vehicle on Tuesday afternoon, grabbing time with passing Labour lawmakers to discuss the company’s goals.He had never attended a Labour conference before, and skipped the governing Conservative Party’s the previous week, but said he had come to this one, in the northern English city of Liverpool, because Labour was expected to form the next government. His colleague Richard Longden, Ineos’s head of communications, chimed in, describing “a vibe here of a party that’s changed, and one that’s looking forward to the future. And business needs to be speaking to them and needs to be seen.”“Which is exactly why we’re here,” Mr. Gardner added.In Britain, the Conservative Party has traditionally been seen as the party of business and the guardians of free enterprise. Now, under the centrist leadership of Keir Starmer, Labour is taking over that mantle. As the party inches closer to power, with a general election expected next year, it is engaged in a mutually beneficial love-in with the corporate sector.At the four-day conference this week, attended by 18,500 people, British executives and lobbyists representing industries from finance and technology to construction and defense crammed into bars, corridors and meeting rooms as Labour made its pitch to be “the undisputed party of business,” in the words of Jonathan Reynolds, a lawmaker who speaks for Labour on the issue.The record attendance was boosted by companies showing up for the first time, decamping from their more familiar habitat of Conservative Party gatherings, including Ineos, whose CEO and founder is the billionaire Brexit supporter Jim Ratcliffe.Ineos’s refinery complex in Grangemouth, Scotland. The company, whose founder is a billionaire Brexit supporter, had a strong presence at Labour’s conference.Andrew Testa for The New York TimesMr. Gardner said that Labour was already saying 80 percent of what he wanted to hear in terms of decarbonizing large-scale industry, as the company invests in reducing its carbon emissions. (That off-road vehicle was hydrogen-powered.) But he was there to push for the last portion, which was to lobby Labour not to end natural gas exploration in the North Sea too soon.That message was “slowly percolating,” he said. And there was some evidence that Ineos was being heard: Rachel Reeves, who would become Britain’s first female chancellor if Labour win next year, mentioned Grangemouth in her speech to party members.The party brought together about 200 executives on Monday at a forum within the conference to meet would-be cabinet ministers.“What we are experiencing is a party who tell us that, if elected, they want to be business-friendly government, that they want to work with the private sector in partnership,” said Chris Hayward, who speaks on policy questions for the City of London, Britain’s historic financial district.At a reception on Tuesday evening held by Labour Business, a forum to engage with the commercial sector, the mood was almost euphoric. As guests sipped wine and ate canapés, the group’s chairman, Hamish Sandison, said that not only had the tide turned in terms of Labour’s relationship with business, it had “become a tsunami.”That enthusiasm partly reflects strained relations with the governing Conservatives, particularly over Britain’s exit from the European Union, which many big corporations opposed.Boris Johnson, a former prime minister, famously dismissed the concerns of businesses over Brexit in crude terms. His short-lived successor, Liz Truss, caused markets chaos with her plans for unfunded tax cuts. And although her successor, Rishi Sunak, restored some calm, he has recently upset many businesses by abruptly changing targets on some net zero plans and canceling part of a high-speed train network.Labour has been on a journey, too. Its previous leader, Jeremy Corbyn, promised nationalization of key industries and big increases in public spending funded by higher taxes. That agenda has been unceremoniously junked by Mr. Starmer, who became leader in 2020 and moved to purge his predecessor.Labour’s shift attracted some surprising names, like JCB Hydrogen, an energy firm, which handed out tote bags to party members. Its chairman, Anthony Bamford, was a prominent supporter of Brexit and, during the last general election in 2019, hosted a campaign event for Mr. Johnson.Outside the Labour conference on Tuesday. It had 18,500 people in attendance.Jon Super/Associated PressWhat draws many businesses to Labour is the prospect of a more stable policy environment, which could be cemented by the party’s plans for a long-term industrial strategy — an idea that runs counter to Mr. Sunak’s free-market instincts.Carl Ennis, the head of Siemens in Britain and Ireland, was also at the Labour conference for the first time. He was there to lobby for an “overarching” and long-term approach, which was something that the Conservatives were struggling to provide, he said. “My job is to make the U.K. an attractive place for Siemens to invest its money in,” he said, adding that Labour’s industrial strategy appealed to him.In every meeting room, businesses had the same central plea: Give us consistency. And the Labour party was receptive, said Shevaun Haviland, the director general of the British Chambers of Commerce. “We feel very positive that the party’s listening to what we have to say and what our members have to say,” she said.Ben Wilson, vice president of public policy for Mastercard, said that his experience of engaging with the party was “indicative of how open Labour is to business,” saying that he and other executives had the opportunity to discuss policies that could form part of the platform of the “next government.”All this has revived memories of the 1990s when, in the years before Tony Blair became prime minister, the party wooed business over lunches and dinners in what was nicknamed the “prawn cocktail offensive.” This time much of the interaction has been over breakfast with Ms. Reeves, nicknamed the “scrambled eggs and smoked salmon offensive.”“Ever since I became shadow chancellor I’ve had this aim to reach out to business,” Ms. Reeves, a former economist at the Bank of England, said at a small event on the sidelines of the conference. “A lot of the businesses that I’ve met over the last two and a half years would have seen, in some of the announcements this week, their fingerprints on our policies.”While some on the left of the party were unnerved by the dominant presence of business and its influence on future policy, other supporters suggested it was the inevitable result of Labour’s double-digit poll lead.“Businesses are here in numbers,” said Stephen Kinsella, a former antitrust lawyer and Labour donor. “There are a lot of people who want to back a winner, think they have spotted a winner and realize they need to get to know the people who are going to be in government.” More

    • 75 Shares99 Views

      in Elections

      Airstrikes Intensify in Gaza, and More

      by

      The New York Times Audio app is home to journalism and storytelling, and provides news, depth and serendipity. If you haven’t already, download it here — available to Times news subscribers on iOS — and sign up for our weekly newsletter.The Headlines brings you the biggest stories of the day from the Times journalists who are covering them, all in about 10 minutes. Hosted by Annie Correal, the new morning show features three top stories from reporters across the newsroom and around the world, so you always have a sense of what’s happening, even if you only have a few minutes to spare.Smoke rising after an airstrike in Gaza City on Wednesday, as seen from the city’s Al Shifa hospital.Smoke rising after an airstrike in Gaza City on Wednesday, as seen from the city’s Al Shifa hospital. Photo: Samar Abu Elouf for The New York TimesOn Today’s Episode:Palestinians Describe Calamity in Gaza as Israeli Bombing Intensifies, with Chevaz ClarkeBlinken Stresses Support for Israel While Urging Restraint on Gaza AirstrikesScalise Withdraws as Speaker Candidate, Leaving Republicans in ChaosAs Red States Curb Social Media, Did Montana’s TikTok Ban Go Too Far?, with Sapna MaheshwariEli Cohen More

    • 125 Shares99 Views

      in Elections

      Growing Wariness of Aid to Ukraine Hangs Over Polish Election

      by

      Last year, Poland was one of Ukraine’s staunchest supporters. But pressure from the right to focus more on domestic problems is pushing that support to the center stage of Sunday’s election.The radical right-wing candidate running for Parliament in Poland’s deep south wants to slash taxes, regulations on business and welfare benefits. Most striking, however, is his vow to remove a small Ukrainian flag that was hoisted last year on a town hall balcony as a gesture of solidarity with Poland’s eastern neighbor.He wants it taken down, not because he supports Russia, he says, but because Poland should focus on helping its own people, not cheering for Ukraine.In a country where millions of citizens rallied last year to help fleeing Ukrainians, and where the government threw itself into providing weapons for use against Russia’s invading army, complaints about the burden imposed by the war used to be confined to a tiny fringe. A general election set for Sunday, however, is pushing them toward center stage.That is due in large part to the vocal carping about Ukraine from candidates like Ryszard Wilk, the owner of a small photography business in the southern Polish town of Nowy Sacz. He is the electoral standard-bearer in the region for Konfederacja, or Confederation, an unruly alliance of economic libertarians, anti-vaxxers, anti-immigration zealots and belligerent nationalists that is now unusually united in opposition to aiding Ukraine.“We have already given them too much,” Mr. Wilk said in an interview early this week. He was traveling during a campaign swing through his mountainous and deeply conservative home region, a longtime bastion of support for Poland’s right-wing governing party, Law and Justice.Candidates from the Konfederacja list in the upcoming parliamentary elections meeting with potential voters at a volunteer fire department station in Limanowa, Poland.Maciek Nabrdalik for The New York Times“We don’t want Ukraine to lose the war, but the burden on Poland and its taxpayers is too high,” Mr. Wilk added. “Poland should be helping Poles.”The growing reservation in Poland comes at a critical time for Ukraine, which is struggling in its counteroffensive against Russia and scrambling to stem an erosion of support from Western allies. Sunday’s vote in Poland comes after an election two weeks ago in neighboring Slovakia that was won by a Russia-friendly populist party that wants to halt sending arms to Ukraine.Long dismissed by liberals as a collection of extremist cranks, Konfederacja has jumped on the question of how much Poland should help Ukraine as a potential vote-winner, channeling what opinion surveys show to be modest but growing currents of anti-Ukrainian sentiment.Konfederacja is still less a party than a jumble of niche and often contradictory causes — from small-state libertarianism to big-state nationalism — but “they are all anti-Ukrainian, though for different reasons,” said Przemyslaw Witkowski, an expert on Poland’s far-right who teaches at Collegium Civitas, a private university in Warsaw.“Anti-Ukraine feeling and sympathy for Russia is one of the few elements that glues them all together,” he added.Konfederacja has no chance of winning on Sunday and opinion polls indicate that its public support, which surged to 15 percent over the summer, slipped after Law and Justice started echoing some of its views, particularly on Ukraine. By threatening to outflank the governing party, itself a deeply conservative force, on the far right in a tight election, Konfederacja helped prod the Polish government into curbing its previously unbridled enthusiasm for backing Ukraine.The Ukrainian flag hanging from the town hall in Nowy Sacz, Poland. A radical right-wing candidate for Parliament wants the flag taken down.Maciek Nabrdalik for The New York TimesThe result has been a sharp souring in recent weeks in relations between Warsaw and Kyiv, particularly over Ukrainian grain imports. The issue triggered an ill-tempered tiff last month when Poland’s government, led by Law and Justice, banned the import of grain from Ukraine in an effort to protect Polish farmers — and avoid defections in its vital rural base.President Volodymyr Zelensky of Ukraine exacerbated tensions by insinuating in a speech at the United Nations that Poland, by blocking grain deliveries, had aligned itself with Russia. And last month, Ukraine filed a complaint against Poland with the World Trade Organization over grain.Infuriated by what it saw as Mr. Zelensky’s ingratitude, Poland denounced the Ukrainian president’s remark as “astonishing” and “unfair.” It also briefly suggested it was halting the delivery of weapons but, after an uproar, said arms would continue to flow.Fearful of losing its grip on Ukraine-skeptic voters to Law and Justice, Konfederacja leaders in Warsaw drew up a bill totaling 101 billion Polish zloty (around $24 billion) to cover all the money they said Ukraine owed Poland for military and other aid like assistance to the millions of Ukrainians who fled the war.Ryszard Wilk, center, the electoral standard-bearer for Konfederacja in southern Poland during a pre-election barbecue party for supporters in Zakopane, Poland.Maciek Nabrdalik for The New York TimesIn Nowy Sacz — the capital of an electoral district encompassing farmland and resort towns — Mr. Wilk sent a letter to the local mayor demanding, unsuccessfully, the removal of a Ukrainian flag from the town hall and an end to welfare payments to refugees from Ukraine.“We see no reason to pay benefits to foreigners, we see no reason for Ukrainians to receive Polish pensions,” Mr. Wilk wrote. “We see no reason for hanging the flag of a country that is declaring a trade war on us and complaining to the W.T.O.”Sunday’s election, which opinion polls indicate will be a tight race between Law and Justice and its strongest rival, Civic Coalition, a grouping of center-right and liberal forces, is unlikely to put Poland on the same openly anti-Ukrainian path as Hungary or Slovakia.But the fight for votes has introduced a level of discord that has already comforted the Kremlin’s hopes that Western solidarity with Ukraine is fraying, even in Poland, where hostility to Russia runs very deep.And if, as opinion polls suggest is likely, neither of the top two parties wins enough seats to form a new government on its own, Konfederacja could become a potential kingmaker, though it insists it won’t join either of the front-runners in a coalition government.A billboard promoting candidates from Konfederacja in the upcoming parliamentary election hangs on an apartment building in Nowy Sacz, Poland.Maciek Nabrdalik for The New York TimesIts Five Point election manifesto promises lower taxes, simplified regulations for entrepreneurs, cheaper housing for everyone and “zero social benefits for Ukrainians.” The program replaces an earlier agenda put forward by one of its national leaders, Slawomir Mentzen, in 2019: “We do not want: Jews, homosexuals, abortion, taxes and the European Union.”Mr. Wilk, who heads the party’s list of candidates in the south, said the earlier program was meant as a joke and did not reflect Konfederacja’s current direction. “We are definitely a right-wing party, but mostly on economics, not this other stuff,” he said.Surveys of public opinion suggest that bashing Ukraine is not something most Poles want, but that it resonates among some voters as the war drags on.Eighty-five percent of Poles, according to a study released this summer by the University of Warsaw, want to help Ukraine in its war with Russia, but the share of respondents with a strong preference in favor of Ukraine fell to 40 percent in June from 62 percent in January. And the study found that “for the first time, we are dealing with a situation when the majority of Poles (55 percent) are against additional aid.”An outdoor barbecue organized last Sunday by Konfederacja for voters in the mountain resort town of Zakopane drew only a handful of people, though it was cold and rainy. Those who did attend, all men, were fully behind the party’s stance on Ukraine.Wojciech Tylka, a Konfederacja supporter, with his son, listen to candidates in the parliamentary elections during a barbecue event organised in Zakopane, Poland.Maciek Nabrdalik for The New York Times“I will never tolerate the Ukrainian flag flying here in Poland,” said Wojciech Tylka, a professional musician who brought his three children along to hear Mr. Wilk and fellow candidates rail against taxation, social benefits and Ukraine’s drain on Polish resources. “Only the Polish flag should fly.”“If Ukrainians don’t like this, they should go home,” Mr. Tylka added.Disgusted by politicians of all stripes, Mr. Tylka said he had not voted in an election for more than 15 years, but that he would definitely vote for Konfederacja on Sunday.Desperate to hang on to conservative voters in the region, Law and Justice sent one of its best-known known national figures, Ryszard Terlecki, to lead its list of candidates in the district.Appearing Monday at a raucous pre-election debate at a university in Nowy Sacz with Mr. Wilk and four other opposition candidates, Mr. Terlecki said that Law and Justice would continue to help Ukraine “but must also take Polish interests into account.” He defended the government’s ban on the import of Ukrainian grain.Józef Klimowski, a shepherd whose flock of sheep blocked access to a recent campaign event for Mr. Wilk, said he didn’t care about politics but would vote for Law and Justice because it had found sponsors for his favorite local ice hockey team.After the debate, Artur Czernecki, a local Law and Justice politician, said he understood why Mr. Wilk has made an issue of Ukraine and its flag on Nowy Sacz’s town hall: “Every party is looking for ways to stand out,” he said. But, as deputy speaker of the City Council, Mr. Czernecki added that he would not allow the flag issue to be put to a vote, at least not until the election is over.“I just hope that after the election everything will calm down,” he said.Election posters hanging on an abandoned building in Nowy Sacz, Poland. The country’s parliamentary elections are set for Sunday.Maciek Nabrdalik for The New York TimesAnatol Magdziarz in Warsaw contributed reporting More