Elections

Subterms

    More stories

    • 75 Shares169 Views

      in Elections

      Virginia Primary Elections 2023: Live Results

      by

      Source: Election results and race calls are from The Associated Press.Produced by Michael Andre, Neil Berg, Matthew Bloch, Irineo Cabreros, Andrew Chavez, Nate Cohn, Lindsey Rogers Cook, Annie Daniel, Saurabh Datar, Tiff Fehr, Andrew Fischer, Martín González Gómez, Will Houp, Aaron Krolik, Jasmine C. Lee, Ilana Marcus, Charlie Smart and Isaac White. Editing by Wilson Andrews, William P. Davis, Amy Hughes, Ben Koski, Allison McCartney and Christine Zhang. More

    • 113 Shares159 Views

      in Elections

      La extrema derecha vuelve a la carga en Alemania

      by

      Mientras los alemanes se enfrentan a una era de turbulencias políticas y económicas, el partido Alternativa para Alemania resurge. Los políticos tradicionales se esfuerzan por reaccionar.Las mesas estaban abarrotadas en el Waldhaus, un restaurante en las afueras boscosas de una ciudad del este de Alemania, mientras los habituales —trabajadores estrechando manos callosas, jubiladas agarrando carteras en su regazo— se acomodaban para una reunión de bar de la ultraderechista Alternativa para Alemania.Pero los incondicionales preocupan menos a los dirigentes políticos alemanes que personas como Ina Radzheit. Ella, agente de seguros con una blusa floreada, se coló entre bandejas de schnitzel y cervezas espumosas en su primera visita a la AfD, las iniciales alemanas con las que se conoce al partido.“¿Qué pasa?”, dijo. “¿Por dónde empiezo?”. Se siente insegura con el aumento de la inmigración. Le incomoda que Alemania suministre armas a Ucrania. Está exasperada por las disputas del gobierno sobre planes climáticos que teme que costarán a ciudadanos como ella su modesto pero cómodo modo de vida.“No puedo decir ahora si alguna vez votaré por la AfD”, dijo. “Pero estoy escuchando”.A medida que la preocupación por el futuro de Alemania crece, parece que también lo hace la AfD.La AfD ha alcanzado su punto más alto en las encuestas en los antiguos estados comunistas del este de Alemania, donde ahora es el partido líder, atrayendo a alrededor de un tercio de los votantes. En el oeste, más rico, está subiendo. A nivel nacional, está codo a codo con los socialdemócratas del canciller Olaf Scholz.Si la tendencia se mantiene, la AfD podría representar su amenaza más seria para la política alemana tradicional desde 2017, cuando se convirtió en el primer partido de extrema derecha en entrar en el Parlamento desde la Segunda Guerra Mundial.El giro es sorprendente para un partido cuyos obituarios políticos llenaban los medios alemanes hace un año, tras haberse hundido en las elecciones nacionales. Y refleja el malestar de un país en una encrucijada.Residentes locales llegan a una reunión de la AfD en el restaurante Waldhaus en Gera, Alemania.Lena Mucha para The New York TimesTras décadas de prosperidad de posguerra, Alemania lucha por transformar su modelo industrial exportador del siglo XX en una economía digitalizada capaz de resistir el cambio climático y la competencia de potencias como China.“Vivimos en un mundo de agitación global”, dijo Rene Springer, legislador nacional de AfD, en su intervención en el Waldhaus de Gera. “Nuestra responsabilidad para con nuestros hijos es dejarles algún día una situación mejor que la nuestra. Eso ya no es de esperar”.Cuando fue elegida en 2021, la coalición de tres partidos de Scholz prometió conducir a Alemania a través de una transformación dolorosa pero necesaria. En cambio, el país se sumió en una incertidumbre más profunda por la invasión rusa de Ucrania.Al principio, la coalición parecía vencer a los pronósticos: los aliados elogiaban su promesa de sustituir el pacifismo de posguerra por una revitalización militar. Encontró alternativas al gas ruso barato —casi el 50 por ciento de su suministro— con una rapidez inesperada.Pero entonces el país entró en recesión. Las cifras de migración alcanzaron máximos históricos, impulsadas sobre todo por los refugiados ucranianos. Y la coalición empezó a luchar entre sí sobre cómo retomar el rumbo marcado para Alemania antes de la guerra.La AfD, un partido que atrajo apoyos sobre todo al criticar la migración, encontró un nuevo atractivo como defensor de la clase económicamente precaria de Alemania.“Con la migración, la AfD ofreció una narrativa cultural y una identidad a quienes estaban ansiosos por su futuro”, dijo Johannes Hillje, un politólogo alemán que estudia la AfD. “Ahora, la amenaza cultural no viene solo de fuera, sino de dentro, es decir, de la política de transformación del gobierno”.Una manifestación de la AfD sobre seguridad energética e inflación, en las afueras del edificio del Reichstag en Berlín, en octubre.Christoph Soeder/DPA, vía Associated PressLa AfD ha resurgido a pesar de que los servicios de inteligencia nacionales la clasifican como organización “sospechosa” de extrema derecha, lo que permite ponerla bajo vigilancia. Su rama en Turingia, donde se celebró la reunión de Waldhaus, está clasificada como extremista “confirmada”.Un mes antes, su rama juvenil nacional también fue clasificada como extremista confirmada, aunque esa etiqueta fue retirada hace poco mientras se resuelve en la corte un caso sobre su estatus.En el informe anual de la agencia nacional de inteligencia en abril, el líder de la agencia, Thomas Haldenwang, indicó que se cree que de los 28.500 integrantes de la AfD, alrededor de 10.000 son extremistas.Sin embargo, un tercio de los alemanes la consideran un “partido democrático normal”, según Hillje. “La paradoja es que, al mismo tiempo, cada vez está más claro que se trata realmente de un partido radical, si no extremista”.En años anteriores, el partido parecía dispuesto a dejar de lado a las figuras extremas. Ahora ya no. Este mes de abril, la colíder Alice Wiedel habló junto a Björn Höcke, líder del partido en Turingia y uno de los políticos considerado entre los más radicales de la AfD.Höcke fue acusado recientemente por la fiscalía estatal por utilizar la frase “todo para Alemania” en un mitin, un eslogan de las tropas de asalto nazis.Nada de eso empañó el entusiasmo en el Waldhaus de Gera, una ciudad de unos 93.000 habitantes en el este de Turingia, donde la AfD es el partido más popular.Anke Wettengel, maestra de escuela, dijo que esas etiquetas equivalen a centrarse en los hinchas de un equipo de fútbol, y no reflejan a los seguidores normales, como ella.Tampoco veía ningún problema en lo dicho por Höcke.“Fue una frase muy normal”, dijo. “Hoy se nos debería permitir estar orgullosos de nuestro país sin ser acusados inmediatamente de extremistas”.Desde el escenario, Springer arremetió no solo contra las reformas laborales para los inmigrantes, calificándolas de “sistema traidor contra los ciudadanos nativos”, sino que también criticó las nuevas medidas climáticas.La audiencia golpeó sus mesas en señal de aprobación.Una sesión de preguntas y respuestas para simpatizantes de la AfD y residentes locales en el Waldhaus, en Gera. La ciudad ubicada en el este de Turingia es una de las muchas que están experimentando un incremento en el apoyo al partido en todo el país.Lena Mucha para The New York TimesStefan Brandner, representante de la AfD en Gera, compartió estadísticas que, según él, vinculaban de manera abrumadora a los extranjeros con asesinatos y entregas de alimentos, lo que provocó exclamaciones en la multitud.Muchos invitados afirmaron que son estos “hechos reales” los que los atrajeron a los eventos de la AfD. (El gobierno federal escribió en un documento que proporcionaba estadísticas a la AfD, que los datos no eran lo suficientemente sustanciales como para sacar tales conclusiones).Los analistas políticos afirman que los principales partidos de Alemania comparten la culpa por el ascenso de la AfD. La coalición de Scholz no logró comunicar de manera convincente sus planes de transformación y, en cambio, pareció enfrascarse en batallas internas sobre cómo llevarlos a cabo.Sus tradicionales opositores conservadores, entre ellos la Unión Demócrata Cristiana de la excanciller Angela Merkel, se están acercando a las posturas de la AfD con la esperanza de recuperar votantes.Están adoptando la estrategia de la AfD de antagonizar el lenguaje neutro de género, así como posturas más duras sobre la migración. Algunos líderes demócratas cristianos incluso están pidiendo eliminar los derechos de asilo de la constitución de Alemania.Los partidarios de la AfD han notado que sus puntos de vista se han ido normalizando incluso cuando los rivales han intentado marginar al partido, y eso hace que sea más difícil para los partidos tradicionales recuperar su confianza.“Se están radicalizando”, aseveró Julia Reuschenbach, politóloga de la Universidad Libre de Berlín. “Ningún grupo de votantes principales es tan inaccesible como los de la AfD”.Björn Höcke, uno de los líderes del partido en Turingia y considerado uno de los políticos más radicales de la AfD, marchando en un mitin en Turingia el mes pasado.Martin Schutt/Picture Alliance, vía Getty ImagesLa semana pasada, el Instituto Alemán por los Derechos Humanos, una organización financiada por el Estado, publicó un estudio que argumenta que el lenguaje y las tácticas utilizadas por la AfD “para lograr sus objetivos racistas y extremistas de derecha” podrían reunir las condiciones para inhabilitar el partido por ser un “peligro para el orden democrático libre”.Sin embargo, estas propuestas le generan otro dilema a la sociedad democrática: las herramientas que tiene Alemania para luchar contra el partido que ve como una amenaza son las mismas que refuerzan los sentimientos entre los partidarios de la AfD de que su país no es realmente democrático.“¿Cómo es posible que una organización financiada por el Estado se pronuncie e intente estigmatizar a una parte significativa de sus votantes?” preguntó Springer en una entrevista.Es una pregunta a la que aquellos en la multitud, como Wettengel, han encontrado respuestas inquietantes.“La política tradicional está en contra de la gente”, aseguró. “No a favor de la gente”.La verdadera prueba del apoyo a la AfD no llegará sino hasta el próximo año, cuando varios estados del este de Alemania celebren elecciones y tenga una posibilidad de llevarse la mayor parte de los votos.Mientras tanto, todas las semanas, los políticos de la AfD se despliegan por todo el país, organizan mesas de información, noches de encuentros en pub y conversaciones con ciudadanos, como si ya estuvieran en campaña electoral.Fuera de la estación de tren de Hennigsdorf, un suburbio de Berlín, el legislador estatal de la AfD, Andreas Galau, repartía folletos a los visitantes con una sonrisa inquebrantable. Algunos transeúntes le gritaban insultos. Otros tenían curiosidad.“Muchos vienen aquí solo para desahogar sus frustraciones”, dijo, con una sonrisa. “Vienen y nos dicen lo que sienten. Somos una especie de grupo de terapia”.Cada vez más personas, aseguró, ya no se avergüenzan de mostrar interés en la AfD. La sensación de que la política tradicional no está escuchando al ciudadano común es lo que podría estar ayudando a llenar las filas de la AfD.En Gera, el discurso que Springer pronunció frente a la multitud parecía un ejercicio de catarsis y validación.“Ellos creen que somos estúpidos”, dijo. “Se lo pensarán de nuevo cuando lleguen las próximas elecciones”. More

    • 100 Shares159 Views

      in Elections

      Germany’s Far Right AfD Party Stages a Comeback

      by

      With Germans facing an era of political and economic turbulence, the Alternative for Germany is resurgent. Mainstream politicians are struggling to respond.The tables were packed at the Waldhaus, a restaurant on the wooded outskirts of an east German town, as the regulars — workers shaking calloused hands, retirees clutching purses in their lap — settled in for a pub gathering of the far-right Alternative for Germany.But the die-hards worry Germany’s political leadership less than people like Ina Radzheit. An insurance agent in a flowered blouse, she squeezed in among platters of schnitzel and frothy beers for her first visit to the AfD, the German initials by which the party is known.“What’s wrong?” she said. “Where do I start?” She feels unsafe with migration rising. She is uncomfortable with Germany providing weapons to Ukraine. She is exasperated by government squabbling over climate plans she fears will cost citizens like her their modest but comfortable way of life.“I can’t say now if I would ever vote for the AfD,” she said. “But I am listening.”As anxieties over Germany’s future rise, so too, it seems, does the AfD.The AfD has reached a polling high in Germany’s formerly Communist eastern states, where it is now the leading party, drawing around a third of voters. It is edging up in the wealthier west. Nationally, it is polling neck and neck with Chancellor Olaf Scholz’s Social Democrats.If the trend lasts, the AfD could present its most serious threat to Germany’s political establishment since 2017, when it became the first far-right party to enter Parliament since World War II.The turnabout is surprising for a party whose political obituaries filled the German media a year ago, after it had sunk in national elections. And it reflects the unease of a country at a crossroads.Locals arriving for an AfD meeting at the Waldhaus restaurant in Gera, Germany.Lena Mucha for The New York TimesAfter decades of postwar prosperity, Germany is struggling to transform its 20th-century industrial exporting model into a digitized economy that can withstand climate change and competition from powers like China.“We are living in a world of global upheaval,” said Rene Springer, the national AfD lawmaker speaking at the Waldhaus in Gera. “Our responsibility to our children is to one day leave them better off than we are. That’s no longer to be expected.”When it was elected in 2021, Mr. Scholz’s three-party coalition vowed to lead Germany through a painful but necessary transformation. Instead, the country was plunged into deeper uncertainty by Russia’s invasion of Ukraine.At first, the coalition seemed to beat the odds: Allies praised its pledge to overwrite postwar pacifism with military revitalization. It found alternatives to cheap Russian gas — nearly 50 percent of its supply — with unexpected speed.But then the country dipped into recession. Migration numbers reached all-time highs, mostly driven by Ukrainian refugees. And the coalition began fighting among itself over how to return to the course it set for Germany before the war.The AfD, a party that mostly drew support by criticizing migration, found new appeal as defender of Germany’s economically precarious class.“With migration, the AfD offered a cultural narrative and identity to those anxious about their future,” said Johannes Hillje, a German political scientist who studies the AfD. “Now, the cultural threat is coming not just from the outside, but within — that is, the transformation policy of the government.”An AfD demonstration on energy security and inflation, outside of the Reichstag in Berlin in October.Christoph Soeder/DPA, via Associated PressThe AfD has resurged despite domestic intelligence classifying it a “suspected” right-wing extremist organization, allowing it to be put under surveillance. Its branch in Thuringia, where the Waldhaus gathering was held, is classified as “confirmed” extremist.A month earlier, its national youth wing was also classified confirmed extremist, though that label was recently lifted as a case regarding its status is settled in the courts.In April, the domestic intelligence agency head, Thomas Haldenwang, said in the agency’s yearly report that of 28,500 AfD members, around 10,000 are believed to be extremists.Yet a full third of Germans now view it as a “normal democratic party,” Mr. Hillje said. “The paradox is that, at the same time, it has become more and more clear that this is really a radical party, if not an extremist party.”In previous years, the party seemed ready to sideline extreme figures. No longer. This April, co-leader Alice Weidel spoke alongside Björn Höcke, party leader in Thuringia and seen as one of the AfD’s most radical politicians.Mr. Höcke was recently charged by state prosecutors for using the phrase “everything for Germany” at a rally — a Nazi Storm Trooper slogan.None of that dampened the enthusiasm at the Waldhaus in Gera, a town of about 93,000 in eastern Thuringia, where the AfD is the most popular party.Anke Wettengel, a schoolteacher, called such labels the equivalent of focusing on hooligan fans of a soccer team — not a reflection of normal supporters, like her.Nor did she see a problem with Mr. Höcke’s language.“That was a very normal sentence,” she said. “We should be allowed to be proud of our country today without immediately being accused of being extremists.”From the stage, Mr. Springer railed against not only immigrant labor reforms, calling them a “traitorous system against native citizens,” but also criticized new climate measures.The audience thumped their tables in approval.A question-and-answer session for AfD supporters and locals at the Waldhaus in Gera. The town in eastern Thuringia is one of many seeing a rise in support of the party across the country.Lena Mucha for The New York TimesStefan Brandner, Gera’s AfD representative, shared statistics that he said overwhelmingly linked foreigners to murders and food handouts, eliciting gasps from the crowd.Many guests said it is such “real facts” that drew them to AfD events. (The federal government wrote in a document providing statistics to the AfD that the data was not substantial enough for such conclusions.)Political analysts say Germany’s main parties share the blame for the AfD’s rise. Mr. Scholz’s coalition failed to convincingly communicate its transformation plans — and instead appeared locked in internal battles over how to carry them out.Their mainstream conservative opponents, including the Christian Democrats of former Chancellor Angela Merkel, are edging closer to AfD positions, hoping to regain voters themselves.They are adopting the AfD’s antagonism to gender-neutral language, as well as tougher stances on migration. Some Christian Democratic leaders are even calling to remove asylum rights in Germany’s constitution.AfD supporters have noticed their views becoming normalized even as rivals try to marginalize the party — and that makes it more difficult for mainstream parties to regain their trust.“They are getting hardened,” said Julia Reuschenbach, a political scientist at the Free University of Berlin. “No group of core voters is as unreachable as those of the AfD.”Björn Höcke, a party leader in Thuringia and one of the AfD’s most radical politicians, marching at a rally in Thuringia last month. Martin Schutt/Picture Alliance, via Getty ImagesLast week, the German Institute for Human Rights, a state-funded organization, released a study arguing that the language and tactics used by the AfD “to achieve its racist and right-wing extremist goals” could meet conditions for banning the party as a “danger to the free democratic order.”Yet such proposals create another dilemma for democratic society: The tools Germany has for fighting the party it sees as a threat are the same that reinforce sentiments among AfD supporters that their country is not actually democratic.“How can it be that an organization funded by the state can stand up and try to stigmatize a significant part of its voters?” Mr. Springer asked in an interview.It is a question to which those in the crowd, like Ms. Wettengel, have found unsettling answers.“Mainstream politics are against the people,” she said. “Not for the people.”The real test of AfD support won’t come until next year, when several east German states hold elections and it has a chance at taking the largest share of the vote.In the meantime, every week, AfD politicians fan out across the country, hosting information booths, pub nights and citizen dialogues, as if it already were campaign season.Outside the train station of Hennigsdorf, a Berlin suburb, the state AfD lawmaker Andreas Galau handed out pamphlets to visitors with an unwavering smile. Some passers-by shouted insults. Others were curious.“Many come here just to get their frustrations off their chest,” he said with a chuckle. “They come and tell us what is on their minds — we’re a bit of a therapy group.”More and more people, he said, no longer feel ashamed to show interest in the AfD. It is this sense that the political establishment is not listening to ordinary people that may be helping fill out the AfD’s ranks.In Gera, Mr. Springer’s address to the crowd seemed an exercise in catharsis and validation.“They think we are stupid,” he said. “They’ll think again when the next elections come.” More

    • 113 Shares189 Views

      in Elections

      Once Scorned, Far Right Secures Foothold in Spanish Cities

      by

      Local alliances between the center-right Popular Party and the far-right Vox may foreshadow a broader coalition agreement at the national level.Spain’s far right took office in a string of Spanish cities and in a powerful region over the weekend by forging coalition agreements with the moderate right, in a move that may foreshadow a broader alliance to govern the country after next month’s general elections.The agreements came about three weeks after the center-right Popular Party crushed Prime Minister Pedro Sánchez’s left-wing coalition in regional and local elections. To secure control of dozens of cities, the Popular Party struck coalition deals with the far-right Vox, which also performed well, embracing part of the party’s nationalist, anti-migrant agenda.Both parties will now govern together in some 25 cities of more than 30,000 residents, including five regional capitals, giving Vox, a party once considered anathema by most voters, crucial political leverage. They have also teamed up to run the wealthy Valencia region, which accounts for 10 percent of Spain’s population.“It’s something completely new, both in terms of extent and depth,” Sandra León, a political analyst at Carlos III University in Madrid, said of the alliances. “It opens up a new path, a new period in the right-wing bloc.”The growing popularity of Vox, which is already the third-largest political force in the Spanish Parliament, has coincided with the rise of the far right in Europe, at a time when the continent is grappling with fierce identity debates, the economic fallout of a pandemic and Russia’s war in Ukraine.Hard-right forces already govern Italy, and on Friday, Finland’s main conservative party announced a new coalition government with a nationalist party. In France, Marine Le Pen’s normalization strategy is steadily bearing fruit.The leader of the far-right Vox party, Santiago Abascal, bottom right, in Parliament in Madrid in March.Chema Moya/EPA, via ShutterstockSantiago Abascal, the leader of Vox, has made it clear that he intends to make the most of his party’s gains locally. “We are and we will be extending our hand to build an alternative,” he wrote on Twitter this week, just as Vox and the Popular Party were locked in negotiations over regional governments.While municipal councils had to be formed by Saturday, regional governments have more time, and new agreements between Vox and the Popular Party could be reached in the next few days in regions such as Extremadura, in the west, and Murcia, in the east.Ms. León, the political analyst, said the local coalition agreements would help Vox, a party created only a decade ago, gain experience in running cities and provide it with resources to consolidate its organizational base. But she added that the most important outcome of the agreements is that they “have paved the way” for an alliance at the national level.Most polls show the Popular Party, also known by its initials PP, winning most votes in the early general elections that Mr. Sánchez has called for next month. But it would require an alliance with Vox to be able to form a government, a possibility that Alberto Núñez Feijóo, the Popular Party leader, has not ruled out.“Such clear pacts have been concluded between Vox and the PP” at the local level, Ms. León said, that “we already know they will ally” after the national elections.The prospect of the far right gaining national power has come as a shock in a country where nationalist forces had long been sidelined because of the shadow of Francisco Franco’s dictatorship, which ended only in the 1970s.Prime Minister Pedro Sánchez of Spain at the White House in May. He called for a snap election next month following gains by the opposition.Kenny Holston/The New York TimesIn particular, the alliance between the Popular Party and Vox to govern the Valencia region has raised concerns about a rollback of civil rights.The coalition agreement in Valencia promises to “preserve the quality of education by removing ideology from the classroom,” in an apparent allusion to contents on gender equality that form part of the curriculum and which Vox has long criticized. The agreement also makes no mention of climate change, a phenomenon that some Vox leaders have denied is linked to human activity.Ms. León said that the agreement showed that the Popular Party “is willing to compromise on some issues on which it has different views from Vox” in order to govern.The left was quick to use the Valencia agreement as proof that a Popular Party governing in alliance with Vox would be a step backward.“There is something much more dangerous than Vox, and that is a PP that assumes the postulates and policies of Vox,” Mr. Sánchez said in an interview with El País on Sunday. “And this is what we are seeing: the negation of political, social and scientific consensus.”Under pressure, the Popular Party has tried to distance itself from the most controversial positions of the far-right party. After a top Vox leader in Valencia said on Friday that “gender violence does not exist” — an issue that parties from across the political spectrum have long acknowledged and combated — Mr. Feijóo rushed to denounce his remarks.“Gender violence exists,” Mr. Feijóo wrote on Twitter. “We will not take a step back in the fight against this scourge. We will not give up our principles, no matter the cost.” More

    • 138 Shares199 Views

      in Elections

      The Supreme Court Finally Strikes the Right Balance on Voting Rights

      by

      One of the most important realities of American life is this: No nation can fully undo the effects of 345 years of state-sanctioned bigotry — from slavery to Jim Crow — in 59 years. The time period between the arrival of the first slaves on colonial shores in 1619 and the abolition of legalized discrimination with the passage of the Civil Rights Act in 1964 is simply too long, the discrimination too ingrained and the distortion of society too great to wave the wand of legal and cultural reform and quickly realize the dream of American equality.At the same time, there’s another vital American reality: Through grit, determination and immense courage, Black Americans and other marginalized communities have made immense gains, the hearts of countless white Americans have indeed changed and America is a far better and fairer place than it was in even the recent past.And now, at last, in the vital area of voting rights, Supreme Court authority reflects both these truths.Earlier this month, the Supreme Court issued a ruling in a case called Allen v. Milligan that surprised many legal observers by striking down an Alabama redistricting map that would have preserved the state’s recent tradition of maintaining only one majority Black district out of seven in a state with a 27 percent Black population.Voting in Alabama is extremely racially polarized. For example, in the 2020 presidential election, 91 percent of Black voters in the state voted for Joe Biden, while only 20 percent of white voters did so. In practice, this persistent polarization, combined with GOP-drawn district maps, has meant that Black voters were able to elect only one of Alabama’s seven congressional representatives.Voting rights jurisprudence is extremely complicated, but I’ll do my best to be succinct and accurate in describing both the issues and one key reason for the surprise: The author of the majority opinion in Allen — which, again, generally cheered liberals and disappointed conservatives — was Chief Justice John Roberts. Ten years ago, he had written one of the most contentious Supreme Court opinions of the 21st century, Shelby County v. Holder.In Shelby County, a sharply divided 5-to-4 court gutted key provisions of the Voting Rights Act of 1965 by striking down elements of Section 4 that required the federal government to “preclear” or preapprove changes to the voting laws of a limited number of American states, counties and townships, essentially placing these jurisdictions under federal supervision to prevent them from enacting (or, more precisely, re-enacting) discriminatory voting laws. Each of the jurisdictions had an especially pernicious history of racial discrimination in voting.The states included seven of the old Confederacy, plus Alaska and Arizona, as well as a handful of counties and towns in other states (including the counties of New York, Bronx and Kings, or Brooklyn, in New York City, each of which had extraordinarily low Hispanic voter registration rates as well as a legacy of English literacy tests). In 1966, the Supreme Court had upheld the Voting Rights Act in an 8-to-1 decision, holding that “exceptional conditions can justify legislative measures not otherwise appropriate.”In 2013, however, the Roberts court decided that some of those “exceptional conditions” no longer pertained. As Chief Justice Roberts wrote, “Census Bureau data indicate that African American voter turnout has come to exceed white voter turnout in five of the six States originally covered by §5, with a gap in the sixth State of less than one half of one percent.”The decision didn’t gut the entire act. Section 2, which prohibits “denial or abridgment of the right of any citizen of the United States to vote” on the basis of race, remained in force. But the meaning of Section 2 has been a subject of intense debate. Gerrymandering has been at the heart of that debate.If a state “cracks” a Black community (i.e., splits it apart into multiple districts) or “packs” one (i.e., concentrates its voters into supermajority districts) in a manner that leaves Black voters with diminished voting power, does that violate the act? It certainly does if it’s done with an explicit racial motive.But what if the state claims that the motive isn’t racial, but partisan? The Supreme Court has long granted states greater leeway to tilt the partisan playing field, and in a 2019 case, Rucho v. Common Cause, it seemed to throw up its hands entirely, holding that complaints against partisan gerrymandering weren’t “justiciable.” In other words, the solution to partisan gerrymandering abuses should be located in the political branches of government, not the courts.This ruling potentially created an immense opening for disguised racial gerrymanders, especially in heavily racially polarized states. Even worse, Alabama wanted the Supreme Court to modify existing precedent to give states even greater leeway in the face of claims of race discrimination. If Alabama prevailed, a Republican-dominated state could crack or pack Black communities and say that it was done not because the communities were Black, but because they were Democratic. Though the result — less Black representation in Congress — would be the same, the motive would be legal.Or would it? In Allen, Chief Justice Roberts, Justice Brett Kavanaugh and the three Democratic-appointed justices said no, not always. Under highly racially polarized voting conditions, Supreme Court authority will require the creation of majority-minority districts when, to quote Justice Kavanaugh’s concurrence, “(i) a State’s redistricting map cracks or packs a large and ‘geographically compact’ minority population and (ii) a plaintiff’s proposed alternative map and proposed majority-minority district are ‘reasonably configured.’”To translate the legalese: States and regions that are highly racially polarized can’t fracture or compress minority voting districts when reasonably drawn alternative maps would more closely maintain the relative power of minority voters. If anything, by reaffirming and clarifying existing precedents in the face of substantial legal doubt, the Court strengthened Section 2.I know that’s a lot to take in, but here’s where things get interesting. If you peruse recent exit polls, you’ll quickly observe that many of the old preclearance states retain exactly the kind of racially polarized voting patterns that, thanks to the Allen ruling, can trigger judicial skepticism. I quoted Alabama’s voting stats above. But what about other old preclearance states? In 2020, 77 percent of white Louisiana voters voted for Donald Trump, and 88 percent of Black voters voted for Joe Biden. In Mississippi, 81 percent of white voters voted for Trump and 94 percent of Black voters voted for Biden. In South Carolina, 69 percent of white voters voted for Trump and 92 percent of Black voters voted for Biden.While I certainly won’t argue that most white voters in those states are racist (indeed, a supermajority of voters in South Carolina supported Tim Scott, a Black Republican, for Senate), those numbers are not the American norm. Racial polarization exists more broadly, but not to the same extent. Nationally, for example, 55 percent of white voters voted for Trump, while 92 percent of Black voters voted for Biden. In some states, such as California and New York, Joe Biden received a majority of white and Black votes.Racially polarized voting isn’t proof of racism in any given voter’s heart. But it is part of the legacy of American bigotry and racial divisions. By preserving and clarifying the core of Section 2 of the Voting Rights Act — especially when voting is highly racially polarized — and by rejecting Alabama’s effort to limit Section 2, Chief Justice Roberts has subtly limited the reach of his own precedent. Now, thanks to Allen, many preclearance states will face greater scrutiny — unless and until their own cultural and political changes bring them closer to broader American partisan norms.That’s the legal impact, but there’s a cultural impact as well. In a tangible way, Chief Justice Roberts, along with Justices Sonia Sotomayor, Elena Kagan, Kavanaugh and Ketanji Brown Jackson brought the court’s precedent closer in line with the nation’s reality. Our country has made real progress in addressing racist violations of voting rights. The ruling in Shelby County reflected that encouraging truth. At the same time, our nation still hasn’t cleansed itself of racism or fully addressed the legacy of bigotry. The court’s holding in Allen acknowledged that sad fact.The law does not always align with the facts of American life, but in this case, the Supreme Court has brought it closer to proper balance. The Court is an embattled institution, yet it still retains some bipartisan wisdom. America has come so very far, so we must not despair as if all is lost. America still has so far to go, so we must not celebrate as if all is won.The Times is committed to publishing a diversity of letters to the editor. We’d like to hear what you think about this or any of our articles. Here are some tips. And here’s our email: letters@nytimes.com.Follow The New York Times Opinion section on Facebook, Twitter (@NYTopinion) and Instagram. More

    • 88 Shares149 Views

      in Elections

      Fact-Checking Nikki Haley on the Campaign Trail

      by

      The Republican presidential candidate has made inaccurate or misleading claims about abortion, trans youth, foreign policy and domestic issues.Nikki Haley, the former governor of South Carolina, was the first prominent candidate to announce a challenge to former President Donald J. Trump’s bid for the Republican presidential nomination.Since entering the race in February, Ms. Haley has weighed in on social issues and tapped into her experience as a former United Nations ambassador under Mr. Trump to criticize current U.S. foreign policy.Here’s a fact check of her recent remarks on the campaign trial.Sex and gender issuesWhat Ms. Haley SAID“Roe v. Wade came in and threw out 46 state laws and suddenly said abortion any time, anywhere, for any reason.”— in a CNN town hall in JuneThis is exaggerated. Ms. Haley is overstating the scope of the landmark ruling Roe v. Wade, which established a constitutional right to abortion. The 1973 decision also ensured that states could not bar abortions before fetal viability, or when a fetus cannot survive outside the womb. That is not the same as “any time,” as Ms. Haley said. That moment was around 28 weeks after conception at the time of the decision and now, because of advances in medicine, stands at around 23 or 24 weeks.Before the Supreme Court overturned Roe in June 2022, most states had laws banning the procedure at some point, with 22 banning abortions between 13 and 24 weeks and 20 states barring abortion at viability. A spokesman for Ms. Haley noted that six states and Washington, D.C., had no restrictions when Roe was overturned.What Ms. Haley SAID“How are we supposed to get our girls used to the fact that biological boys are in their locker rooms? And then we wonder why a third of our teenage girls seriously contemplated suicide last year.”— in the CNN town hallThis lacks evidence. In February, the Centers for Disease Control and Prevention reported record levels of sadness and suicidal ideation among teen girls. And depression among teenagers, particularly girls, has been increasing for over a decade. The causes are debated, but experts said no research points to the presence of trans youth athletes in locker rooms, or increased awareness of L.G.B.T.Q. issues in general, as a causal or even contributing factor.“I can say unequivocally that there is absolutely no research evidence to support that statement,” said Dr. Kimberly Hoagwood, a child psychologist and professor at New York University. “The reasons for the increased prevalence of depression and suicide among teenage girls are complex, but have been researched extensively.”Dr. David Brent, a professor of psychiatry at the University of Pittsburgh, noted that teen depression rates have been increasing since the 2000s while widespread discussion and awareness of gender issues are a more recent development.“It could be stressful for some people, for the trans kids as well,” he said. “But to try to say that this is the cause, well, it just can’t be because this is a public health crisis has been going on for 15 years.”Possible factors in rising rates of teen depression include economic stress, the rise of social media, lower age of puberty, increased rates of opioid use and depression among adult caretakers, Dr. Brent said. There is also the general decrease in play and peer-related time, decreases in social skills, and other social problems, Dr. Elizabeth Englander, a child psychologist and professor at Bridgewater State University, wrote in an email. L.G.B.T.Q. youth also have a higher risk for mental health issues, according to the C.D.C.“Even if someone has found an association between being around trans or L.G.B.T.Q. youth and increased depression in heterosexual youth (which, to my knowledge, no one has), it seems incredibly unlikely that such contact is an important cause of the current crisis in mental health that we see in youth,” Dr. Englander added, calling Ms. Haley’s theory “outrageous.”Ms. Haley has weighed in issues of identity and abortion and tapped into her experience as former United Nations ambassador.John Tully for The New York TimesForeign policyWhat Ms. Haley SAID“If we want to really fix the environment, then let’s start having serious conversations with India and China. They are our polluters. They’re the ones that are causing the problem.”— in the CNN town hallThis needs context. Ms. Haley has a point that China is the top emitter of greenhouse gasses and India is the third-largest emitter, according to the latest data from the European Commission. But the United States is the second-largest emitting country.Moreover, India and China are the most populous countries in the world and release less emissions per capita than many wealthier nations. In 2021, China emitted 8.7 metric tons of carbon dioxide per capita and India 1.9 metric tons, compared to the 14.24 metric tons of the United States.Ms. Haley’s spokesman noted that emissions from China and India have increased in recent years, compared with the United States’ downward trend, and are the top two producers of coal.Still, the two developing countries bear less historical responsibility than wealthier nations. The United States is responsible for about 24.6 percent of historical emissions, China 13.9 percent and India 3.2 percent.What Ms. Haley SAID“Last year, we gave over $50 billion in foreign aid. Do you know who we gave it to? We gave it to Pakistan that harbored terrorists that try to kill our soldiers. We gave it to Iraq that has Iranian influence, that says ‘death to America.’ We gave it to Zimbabwe that’s the most anti-American African country out there. We gave it to Belarus who’s holding hands with Russia as they invade Ukraine. We gave money to communist Cuba, who we named a state sponsor of terrorism. And yes, the most unthinkable, we give money to China.”— in a June fund-raiser in IowaThis is misleading. In the 2022 fiscal year, which ended in September, the United States gave out $50 billion in foreign aid. But the six countries Ms. Haley singled out received about $835 million total in aid or 1.7 percent of the total. Moreover, most foreign aid — about 77 percent, according to the nonpartisan Congressional Research Service — is channeled through an American company or nonprofit, international charity or federal agency to carry out projects, and not handed directly to foreign governments.Zimbabwe received $399 million, Iraq $248 million, Pakistan $147 million, Belarus $32.8 million, Cuba $6.8 million and China $1.7 million.The biggest single contracts to aid Zimbabwe and Pakistan were $30 million and $16.5 million to the World Food Program to provide meals and alleviate hunger. In Iraq, the largest contract of $29 million was awarded to a United Nations agency. And in Cuba, the third-largest contract was carried out by the International Republican Institute — a pro-democracy nonprofit whose board includes Senator Joni Ernst of Iowa, the host of the fund-raiser Ms. Haley was speaking at.In comparison, the country that received the most foreign aid, at about $10.5 billion or a fifth of the total amount, was Ukraine, followed by Ethiopia ($2.1 billion), Yemen ($1.4 billion), Afghanistan ($1.3 billion) and Nigeria ($1.1 billion).Another $12 billion was spent on global aid efforts in general, including about $4 billion in grants to the Global Fund, an international group that finances campaigns against H.I.V., tuberculosis and malaria.Domestic policyWhat Ms. Haley SAID“We will stop giving the hundreds of billions of dollars of handouts to illegal immigrants.”— in the CNN town hallThis is disputed. Unauthorized immigrants are barred from benefiting from most federal social safety net programs like Medicaid and food stamps. But the spokesman for Ms. Haley gave examples of recent payments made by local governments that allowed unauthorized immigrants to participate in benefit programs: $2.1 billion worth of one-time payments of up to $15,600 to immigrants in New York who lost work during Covid-19 pandemic, totaling $2.1 billion; $1 million for payments to families in Boston during the pandemic; permitting unauthorized immigrants to participate in California’s health care program for low-income residents, which could cost $2.2 billion annually.These, however, do not add up to “hundreds of billions.” That figure is in line with an estimate from an anti-immigration group that other researchers have heavily criticized for its methodological flaws.The group, the Federation for American Immigration Reform, estimated in March that illegal immigration costs the United States and local governments $135.2 billion each year in spending on education, health care and welfare, as well as another $46.9 billion in law enforcement.But the Cato Institute, a libertarian think tank, has found that an earlier but similar version of the estimate overcounted welfare benefits that undocumented immigrants receive, and undercounted the taxes that they pay. The net cost, according to Cato, is actually $3.3 billion to $15.6 billion.The American Immigration Council similarly concluded that education and health care account for more than half of the costs, and that the benefits were afforded to many American-citizen children of undocumented immigrants.The estimated 11 million unauthorized immigrants living in the United States are barred from the vast majority of the federal government’s safety net programs. In 2017, the National Academies of Sciences, Engineering and Medicine found that immigration, illegal and legal, benefited the economy.What Ms. Haley SAID“Let’s start by clawing back the $500 billion of unspent Covid dollars that are out there.”— in the CNN town hallThis is exaggerated. Ms. Haley overstated the amount of unspent coronavirus emergency funding. In reality, the amount is estimated to be much smaller, roughly $60 billion. What is more, a budget deal between President Biden and Speaker Kevin McCarthy that was signed into law a day before Ms. Haley spoke rescinded about $30 billion of that leftover money.Lawmakers passed trillions of dollars in economic stimulus and public health funding, most of which has already been spent. The federal government’s official spending website estimates that Congress has passed about $4.65 trillion in response to Covid-19 (referred to as “budgetary resources”) and, as of April 30, paid out $4.23 trillion (or “outlays”), suggesting that about $423 billion has not gone out the door. But that calculation fails to consider the promises of payment (or “obligations”) that have been made, about $4.52 trillion. That is a difference of about $130 billion, but some of initially approved funding that was unspent and not yet promised has already expired.In April, the Congressional Budget Office estimated that rescinding unobligated funding from six laws between 2020 and 2023 — the four coronavirus packages, President Donald J. Trump’s last spending measure, and President Biden’s $1.9 trillion stimulus package — would amount to about $56 billion. The Committee for a Responsible Federal Budget, a nonpartisan group that supports reduced government spending, estimated about $55.5 billion in unspent funds. More

    • 113 Shares169 Views

      in Elections

      Finland Shifts Right With Coalition Including an Anti-Immigration Party

      by

      When the party of the country’s political rock star, former Prime Minister Sanna Marin, lost in April, a center-right party’s power rose.Finland’s main conservative party announced a new coalition government on Friday after weeks of negotiations, in a deal that moves the country firmly to the right and follows a pattern of similar political shifts elsewhere in Europe.Petteri Orpo, leader of the center-right National Coalition Party, would become prime minister under the coalition, which includes the right-wing nationalist Finns Party.“Finland needs change,” Mr. Orpo said at a news conference on Friday. “Our prosperity is hanging in the balance.”Assuming the coalition is approved when lawmakers vote on the prime minister in Parliament, probably next week, it will leave in opposition the more liberal Social Democratic Party led by the former prime minister Sanna Marin, who became a political rock star during her tenure. The new government is expected to introduce an era of financial belt-tightening and stricter immigration policies.Who won Finland’s election?A National Coalition Party election event in Helsinki in April. The party claimed a narrow win in the voting.Alessandro Rampazzo/Agence France-Presse — Getty ImagesDespite popular support for Ms. Marin’s handling of issues such as the war in Ukraine and Finland’s joining NATO, the election in April largely hinged on economic concerns like high inflation and rising public debt. Right-leaning parties made gains by focusing on worries about the country’s financial situation and by calling previous migration policies too permissive. They also criticized high spending on the welfare system.The National Coalition Party, led by Mr. Orpo, promoted a conservative economic agenda, including cuts to some housing allowances and unemployment benefits, and claimed a narrow victory, with 20.8 percent of the vote. The Finns Party came second, at 20.0 percent, campaigning on pledges to cut immigration, reduce financial contributions to the European Union and slow down action on climate change. The Social Democrats were third, with 19.9 percent, underlining the closeness of the vote.Other European countries have tacked to the right in recent years, including Italy, which is governed by a coalition under Prime Minister Giorgia Meloni, leader of a party with post-Fascist roots; Sweden, which in September swapped a center-left government for a right-wing bloc; and Spain, which will hold a snap national election next month after the Socialist Workers’ Party of Prime Minister Pedro Sánchez was thumped in regional and local elections.Who is in the coalition?Representatives of the coalition parties, from left: Anna-Maja Henriksson of the Swedish People’s Party, Mr. Orpo, Riikka Purra of the Finns Party and Sari Essayah of the Christian Democrats.Heikki Saukkomaa/Lehtikuva, via Agence France-Presse — Getty ImagesAfter no party reached a majority in Parliament, National Coalition Party leaders began efforts to form a government in talks that would stretch for weeks. Mr. Orpo said the negotiations lasted so long because the potential coalition partners were trying to decide where to make onerous spending cuts and how to increase revenue. Mr. Orpo ultimately struck a deal with the Finns, but also with two other smaller parties which got about 4 percent of the vote each.One is the Swedish People’s Party, which aims to represent Finland’s minority Swedish-speaking population. The party, which is centrist, pro-European and socially liberal, was also part of Ms. Marin’s government.The other party in the coalition is the Christian Democrats, a center-right group.On Thursday, representatives of the parties gave a joint news conference to announce that they had reached consensus on a government program.“We have been able to find accord under heavy pressure,” Mr. Orpo said. “What unites us is that we want to fix Finland.”What is the coalition likely to change?Helsinki, the capital of Finland, last year. The election in April largely hinged on economic concerns.Juho Kuva for The New York TimesThe new coalition plans to bring down the debt level by implementing measures such as cutting subsidies, according to the program.Direct cuts to public spending would amount to €4 billion, or $4.37 billion, Mr. Orpo said at the news conference on Friday.“This is not easy,” he added. “We have to make cuts where it feels bad.”The coalition also vowed to halve the number of refugees that Finland accepts every year, to 500, from about 1,000, and in general to take a harder stance on immigration.The coalition also committed to keep Finland’s military spending in line with NATO’s goal of at least 2 percent of gross domestic product and to promote membership in the alliance for both Sweden and Ukraine. Some formal steps still need to be taken before the new government is installed, but Jenni Karimaki, a political scientist at the University of Helsinki, said that, with the details already ironed out by the parties in the coalition, she did not expect any last-minute changes.Who will be the next prime minister?Mr. Orpo campaigning in Vantaa, Finland, in April. “Finland needs change,” he said at a news conference on Friday. “Our prosperity is hanging in the balance.”Antti Aimo-Koivisto/Lehtikuva, via ReutersMr. Orpo, 53, has already served in past administrations as finance minister and deputy prime minister and has held several other ministerial roles. He is now poised to take the top job.Known for being a compromiser and a negotiator and for having an austere approach to public finances, Mr. Orpo’s style contrasts with that of his predecessor.“Finland’s prosperity cannot be based on debt,” he said on Friday.Ms. Marin, 37, gained a global profile for her defense of Ukraine and for her off-duty activities, too, having been caught on private videos partying with her friends, creating some debate within Finland about the appropriateness of her behavior. More

    • 88 Shares129 Views

      in Elections

      Election Probe in Thailand Targets Pita Limjaroenrat

      by

      Activists say the case against the candidate, Pita Limjaroenrat, is part of a broader effort to nullify election results and further erode democracy in Thailand.Thailand’s Election Commission has announced that it will investigate Pita Limjaroenrat, the front-runner in the May general election, to determine whether he violated election rules that would disqualify him from becoming the country’s next prime minister.The investigation, announced last week, is centered on Mr. Pita’s shares of iTV, a company that used to be a news broadcaster but is now focused on advertising. Mr. Pita, 42, said he inherited the shares from his father. Thai law prohibits parliamentary candidates from owning media shares.Thailand’s Election Commission said it needs 60 days to certify the results of the vote, after which the House of Representatives and the military-appointed Senate are expected to jointly vote for the prime minister in August.But a month after Thai voters delivered a stinging rebuke to the military junta and handed Mr. Pita’s Move Forward Party a decisive victory, his fate as an elected leader remained unclear. Here’s what to know about the investigation.What’s at stake?Activists say the case against Mr. Pita and the Move Forward Party is part of a broader effort to roll back the results of the election and erode democracy in Thailand.The May election had a record turnout and was seen by many to be a vote against military rule. It also showed broad support for Move Forward, one of the few major political parties in Southeast Asia with a progressive platform.Arnon Nampa, a prominent Thai human rights lawyer, wrote on Facebook on Saturday that “people will take to the streets if the Thai elite makes elections meaningless.”Mr. Pita’s party wants to overhaul the old power structures that have dominated Thailand for decades, shrink the military’s budget, eliminate conscription and weaken a law that criminalizes criticism of the Thai monarchy.Move Forward has also said it wants to abolish monopolies, threatening the fortunes of the country’s wealthy aristocrats.What happens next?On June 20, a Senate committee will review the election commission’s order to investigate Mr. Pita, according to Senator Seree Suwanpanont.A former elections commissioner, Somchai Srisutthiyakorn, said the iTV case could go to the Constitutional Court if at least 50 members of Parliament or 25 senators sign a petition against Mr. Pita’s bid for prime minister.Even before this case, Mr. Pita was contending with an obstinate Senate unlikely to support him as prime minister. Mr. Somchai wrote on Facebook that now, the investigation could result in more senators refusing to back him.If Mr. Pita’s bid for prime minister fails, Pheu Thai, the second-largest party in Mr. Pita’s coalition, could field a candidate on its own as an alternative. Many expect Paetongtarn Shinawatra, the youngest daughter of Thaksin Shinawatra, a former prime minister now living in exile, to be in the running.Pheu Thai could also break away from Move Forward to form a new coalition that is more aligned with conservative parties. Pheu Thai has denied such plans.Has this happened before?Mr. Pita’s case echoes one filed against his predecessor, Thanathorn Juangroongruangkit, in 2019. That year, the Constitutional Court disqualified Mr. Thanathorn from elected office because he was found to have held shares in a media company. He argued unsuccessfully that he had sold the shares to his mother before running for Parliament.Mr. Thanathorn was the leader of the Future Forward Party, which was disbanded in 2020 by the Constitutional Court and is the predecessor of the Move Forward Party.Last week, the Election Commission dismissed several complaints from critics of Mr. Pita seeking to disqualify his candidacy, but the commission decided to launch its own criminal probe to find out if Mr. Pita ran for Parliament knowing he was ineligible because of his iTV shares.If he is found guilty, Mr. Pita could face up to 10 years in prison and a 20-year ban on voting.On Tuesday, Mr. Pita told reporters that he was confident about his legal standing, saying the investigation “will not be an obstacle to me becoming Thailand’s 30th prime minister.”On Thursday, iTV said that the minutes of the meeting did not intend to imply that it was still operating as a media company.What are the details of the complaint?Politicians from the Move Forward Party have said the case is a blatant attempt to prevent them from forming a new government and taking back power from the conservative establishment and military-appointed Senate.Earlier this month, Mr. Pita posted on Facebook that iTV had not operated as a media company since March 2007.Thailand has been roiled by a leaked audio recording released last weekend of an April 26 iTV shareholders’ meeting. In the recording, the president of the company tells a shareholder that iTV is no longer in the media business.But the recording contradicts the minutes of the same meeting, in which the president calls iTV a media entity. Those minutes have been submitted in the complaint against Mr. Pita.In his Facebook post, Mr. Pita said that the shareholder raised the question a few days before he applied to run for prime minister and suggested that the inquiry was politically motivated.Muktita Suhartono More