More stories

  • in

    Elecciones primarias en Venezuela 2023: lo que hay que saber

    Diez candidatos de la oposición se están postulando para enfrentarse al presidente Nicolás Maduro en 2024. Se espera que María Corina Machado, una exdiputada, gane la contienda.Este domingo, se espera que un millón de venezolanos acudan a las urnas para elegir a un candidato de la oposición que se enfrente al presidente Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales de 2024, una votación que podría ser crucial para el destino de un país que ha sufrido una década de crisis económica y autoritarismo gubernamental.Maduro llegó al poder en 2013 tras la muerte de Hugo Chávez, el fundador de la revolución inspirada en el socialismo que gobierna el país. Bajo la gestión de Maduro, Venezuela, que solía ser uno de los países más ricos de América Latina, ha sufrido un extraordinario colapso económico, lo que generó una crisis humanitaria que ha hecho que más de siete millones de personas huyan del país.Pero el martes, el gobierno de Maduro y la oposición firmaron un acuerdo diseñado para avanzar hacia unas elecciones libres y justas, lo que incluye permitirle a la oposición elegir un candidato para las elecciones presidenciales del próximo año.Sin embargo, las elecciones del domingo se realizarán sin apoyo gubernamental oficial. En su lugar, el proceso está siendo organizado por la sociedad civil, que instalará centros de votación en casas, parques y en las sedes de los partidos de oposición.La candidata que lidera las encuestas es María Corina Machado, una exdiputada de centroderecha, quien se ha autoproclamado como la mejor oportunidad del país hasta el momento para derrocar al gobierno de inspiración socialista que ha tenido el control del país desde 1999.A continuación, presentamos lo que hay que saber sobre las elecciones del domingo:¿Cómo están las relaciones entre Venezuela y Estados Unidos?Durante años, Estados Unidos ha venido implementando sanciones a algunos líderes venezolanos, pero el gobierno de Donald Trump las endureció de forma significativa en 2019, tras unas elecciones que fueron ampliamente percibidas como fraudulentas, en las que Maduro se declaró ganador.Desde hace tiempo, Maduro ha buscado el levantamiento de las sanciones que han asfixiado la economía, mientras que Estados Unidos y sus aliados en la oposición venezolana han querido que Maduro permita unas elecciones competitivas que pueda brindarles a sus rivales políticos una oportunidad legítima de ganar.El presidente Nicolás Maduro, con el mandatario colombiano, Gustavo Petro, el año pasado, han buscado el levantamiento de las sanciones económicas.Federico Rios para The New York TimesLa semana pasada se produjo el acercamiento más significativo de las relaciones entre Venezuela y Estados Unidos en años.El gobierno autoritario de Venezuela acordó aceptar a los migrantes venezolanos deportados desde Estados Unidos, firmó un acuerdo con los líderes de la oposición diseñado para avanzar hacia unas elecciones presidenciales libres y justas, y liberó a cinco presos políticos.A cambio, Estados Unidos acordó levantar algunas sanciones económicas impuestas a la industria petrolera de Venezuela, una vital fuente de ingresos para el gobierno de Maduro.¿Qué efecto tiene la flexibilización de las sanciones?El levantamiento de las sanciones anunciado esta semana le permite a la compañía petrolera estatal venezolana exportar petróleo y gas a Estados Unidos durante seis meses. Durante los últimos años, el gobierno venezolano había estado exportando petróleo a China y otros países con un descuento significativo.Si bien se espera que la medida sea de gran ayuda para las finanzas públicas de Venezuela, los analistas afirmaron que la infraestructura deficiente y la renuencia de algunos inversores externos a ingresar rápidamente al mercado venezolano presentan desafíos importantes.¿Qué impulsa estos avances?Entre los factores que impulsan esta oleada de nuevas políticas se encuentra el incremento de la importancia geopolítica de Venezuela.El país sudamericano tiene las mayores reservas comprobadas de petróleo del mundo, y existe un creciente interés de Estados Unidos en esas reservas en medio de la preocupación por un conflicto más amplio en el Medio Oriente y la guerra en Ucrania, las cuales han amenazado el acceso a los suministros mundiales de petróleo.Venezuela tiene las mayores reservas comprobadas de petróleo del mundo.Adriana Loureiro Fernandez para The New York TimesAunque se necesitarán años para que la mermada infraestructura de la industria petrolera de Venezuela se recupere, las reservas de petróleo del país podrían ser cruciales en el futuro.El gobierno de Biden también está cada vez más interesado en mejorar la situación económica en Venezuela para intentar mitigar el flujo de migrantes venezolanos que intentan cruzar a Estados Unidos.¿Podrían estas elecciones realmente conducir a un cambio en el liderazgo de Venezuela?Los expertos se muestran escépticos ante la posibilidad de que Maduro renuncie al poder de forma voluntaria, o de que permita que se celebren elecciones si existe la posibilidad de que no las gane.Su gobierno está siendo investigado por la Corte Penal Internacional por posibles crímenes de lesa humanidad, y Estados Unidos ha fijado una recompensa de 15 millones de dólares por su arresto para enfrentar cargos de tráfico de drogas. Abandonar la presidencia podría traducirse en largas condenas de cárcel para Maduro y sus asociados.Así que a pesar de la relevancia de los anuncios recientes, a algunos analistas les preocupa que Maduro esté jugando tanto con la oposición como con el gobierno de Estados Unidos, y que pueda al final terminar con todo lo que busca: flexibilización de las sanciones; al menos cierto reconocimiento internacional por su disposición hacia elecciones justas; y una victoria el año que viene que le permita retener el poder.Estados Unidos ha intentado prevenir que suceda eso dejando bien en claro que las sanciones pueden ser restituidas en cualquier momento.Sin embargo, algunos analistas afirmaron que eso podría ser difícil si las compañías se aprovechan del levantamiento de las sanciones y comienzan a invertir en Venezuela. Si eso sucede, podría ser complicado volver a instaurar las sanciones.¿Quién es María Corina Machado, la candidata líder?Machado es una política veterana que tiene el apodo de “la dama de hierro” debido a su relación adversa con los gobiernos de Maduro y Chávez. Es percibida por algunos simpatizantes como una persona valiente por permanecer en el país cuando muchos otros políticos han huido para evadir la persecución política.Sus propuestas de apertura al libre mercado y de reducir el rol del Estado le han hecho ganar una base leal de seguidores por diferentes clases sociales.La relación de confrontación de María Corina Machado con el presidente Nicolás Maduro y su predecesor, Hugo Chávez, le han valido el apodo de “la dama de hierro”.Adriana Loureiro Fernandez para The New York TimesPero durante la promoción de su candidatura, la campaña de Machado ha estado plagada de violencia y vigilancia gubernamental.Machado ha sido golpeada por personas que portaban carteles de Maduro y en un mitin en el que estuvo presente The New York Times le arrojaron sangre de animal. Ha sido seguida por la policía de inteligencia militar y suele sortear los controles policiales viajando en las motocicletas de sus simpatizantes.¿Podría Machado realmente ganar la presidencia?Las encuestas sugieren que Machado probablemente ganará las primarias, la cual tiene un total de 10 candidatos.El grupo de contendientes, los cuales representan una gama de diversas visiones ideológicas, incluye exgobernadores, activistas, profesores y abogados, aunque ninguno parece haber logrado avances suficientes como para representar una amenaza seria para Machado.Sin embargo, la pregunta más importante es si Machado, asumiendo que gane el domingo, será capaz de participar en las elecciones presidenciales de 2024.El gobierno de Maduro le ha prohibido a Machado postularse a la presidencia por 15 años, alegando que no completó su declaración de activos e ingresos cuando fue diputada. Este tipo de inhabilitaciones son una táctica común utilizada por Maduro para mantener a competidores fuertes fuera de las boletas de votación.A pesar de un acuerdo esta semana para avanzar hacia condiciones electorales competitivas, el gobierno de Maduro ha mostrado pocas señales de que permitirá que Machado se postule.El gobierno de Biden ha dejado claro que espera que Maduro restituya a los candidatos inhabilitados o se enfrente al restablecimiento de las sanciones.Si a Machado no le permiten postularse a la presidencia en 2024, la oposición podría presentar a otro candidato. Pero no se sabe con certeza si Machado saldría del proceso voluntariamente, si la oposición apoyaría a un solo nuevo candidato o si dividiría el apoyo, lo que en esencia le entregaría a Maduro las elecciones en bandeja de plata. More

  • in

    Venezuela Pledges Small Steps Toward Fair Elections Next Year

    The agreement signed on Tuesday by the country’s authoritarian government and the opposition would not allow all candidates to run.The government of President Nicolás Maduro of Venezuela and the country’s opposition resumed talks on Tuesday designed to move toward free and fair elections, though the agreement that was announced fell short of what human rights activists and the U.S. government are ultimately seeking.Hopes were high that, as part of the agreement, Mr. Maduro would allow opposition candidates already disqualified by his government to participate in the 2024 presidential vote in exchange for the lifting of sanctions on Venezuela’s vital oil industry.Doing so would be a critical move toward a credible race, given that the front-runner in an opposition primary election set for Sunday, María Corina Machado, is barred from running in the general election.But the agreements signed on Tuesday, during a ceremony on the Caribbean island of Barbados, were vague. While they included commitments to allow international election observers and access to the news media in 2024, there were few other concrete promises. Experts say it is unlikely that the United States will fully lift sanctions if Ms. Machado is not allowed to run.“We are going toward the supreme objective of lifting the sanctions,” said Jorge Rodríguez, the president of Venezuela’s legislature, at the ceremony. But “if you received an administrative disqualification,” he added, “then you cannot be a candidate.”Even before an official announcement, some Venezuela experts expressed skepticism that the agreement would lead to real political change.“It’s a minimalist deal that will not lead to free and fair elections,” said Phil Gunson, an analyst with International Crisis Group who lives in the country’s capital, Caracas. But he said, it “is the best available in the circumstances. It allows Maduro to hang on to power unless something really dramatic happens. Baby steps, really.”He added, “The Maduro government has a history of failing to abide by agreements it signs.”Secretary of State Antony J. Blinken, in a joint statement with his British, Canadian and E.U. counterparts, welcomed the agreement as a “necessary step” in the “restoration of democracy in Venezuela.”“We continue to call for the unconditional release of all those unjustly detained, the independence of the electoral process and judicial institutions, freedom of expression including for members of the press, and respect for human and political rights,” the statement added.Mr. Maduro came to power in 2013, after the death of President Hugo Chávez, the founder of the country’s socialist-inspired revolution. Under Mr. Maduro, Venezuela, once among the richest countries in Latin America, has witnessed an extraordinary economic decline, leading to a humanitarian crisis that has caused widespread migration.President Nicolás Maduro claimed victory in a 2018 election widely viewed as fraudulent and that led to stricter U.S. sanctions.Meridith Kohut for The New York TimesMore than seven million Venezuelans have fled the country of roughly 28 million people, and in recent years, hundreds of thousands have begun trekking by foot to the United States.Mr. Maduro claimed victory in a 2018 election widely viewed as fraudulent. In response, the U.S. government significantly tightened sanctions on the country’s oil industry, Venezuela’s key source of revenue, a move that exacerbated the economic crisis and isolated Mr. Maduro from much of the world.To help the economy, Mr. Maduro needs sanctions to be lifted. At the same time, the opposition wants him to set competitive conditions for the next presidential election that would give it a legitimate shot at winning.The two sides, however, have been at an impasse over how to achieve these goals, and Mr. Maduro has seemed unwilling to do anything he believes would risk his grip on power.In November, as a sign of its openness to lifting sanctions in exchange for ensuring fair elections, the United States granted the oil company Chevron a license for a limited expansion of energy operations in Venezuela, a small step toward the country’s possible re-entry into the international oil market.The Biden administration is under pressure to ensure that oil prices remain stable going into next year’s presidential election. The threat of a broader conflict in the Middle East combined with ongoing disruptions to Russian energy exports threaten to fan another episode of inflation and potentially cause gasoline prices to rise in the coming months.But even after lifting sanctions, it would still take years and billions of dollars of investment to increase oil production enough to lower prices, said Francisco Monaldi, an expert on Venezuelan energy at Rice University in Houston.He said the Biden administration was most likely motivated more by trying to stem the flow of Venezuelan migrants to the U.S.-Mexico border than by driving down oil prices in the short term.Mr. Maduro’s government is being investigated by the International Criminal Court for possible crimes against humanity committed since 2017, including torture and persecution on political grounds.Isayen Herrera More

  • in

    Gobierno de Venezuela y oposición firman un acuerdo

    El acuerdo firmado el martes por el gobierno autoritario del país y la oposición no permitiría que todos los candidatos puedan postularse.El gobierno del presidente venezolano Nicolás Maduro, y la oposición del país, reanudaron el martes las conversaciones para avanzar hacia unas elecciones libres y justas, aunque el acuerdo que se anunció tiene limitaciones en los temas que los activistas de derechos humanos y el gobierno de Estados Unidos buscan en última instancia.Había esperanzas de que, como parte del acuerdo, Maduro permitiera que los candidatos de la oposición que han sido inhabilitados por su gobierno participen en las elecciones presidenciales de 2024, a cambio del levantamiento de las sanciones impuestas a la vital industria petrolera venezolana.Esto sería un paso fundamental hacia una contienda creíble porque a María Corina Machado, la candidata favorita de las elecciones primarias de la oposición que se realizarán el domingo, le prohibieron postularse a las elecciones generales.El acuerdo firmado el martes, durante una ceremonia en la isla caribeña de Barbados, es vago. Aunque incluye el compromiso de permitir la presencia de observadores electorales internacionales y el acceso a los medios de comunicación en 2024, hace pocas promesas concretas. Los expertos afirman que es poco probable que Estados Unidos levante las sanciones si no se permite que Machado se postule a las elecciones.“Vamos hacia el objetivo supremo de levantamiento de las sanciones”, dijo Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, en la ceremonia. Y agregó: “Si usted recibió una inhabilitación administrativa por el órgano que le corresponde, desde el punto de vista constitucional legal, que es la Contraloría General de la República, pues tampoco puede ser candidato”.Incluso antes de un anuncio oficial, algunos expertos en Venezuela expresaron su escepticismo de que el acuerdo lograra un cambio político real.“Es un acuerdo minimalista que no logrará unas elecciones libres y justas”, dijo Phil Gunson, analista del International Crisis Group que vive en Caracas, la capital del país. Pero “es lo mejor que hay en estas circunstancias. Le permite a Maduro aferrarse al poder, a menos que ocurra algo realmente dramático. En realidad, son pequeños pasos”.Y añadió: “El gobierno de Maduro tiene un historial de incumplimiento de los acuerdos que firma”.Maduro llegó al poder en 2013, tras la muerte del presidente Hugo Chávez, el fundador de la revolución de inspiración socialista que ha gobernado el país. Bajo el mandato de Maduro, Venezuela, que fue uno de los países más ricos de América Latina, ha experimentado un declive económico extraordinario, generando una crisis humanitaria que ha provocado una migración masiva.El presidente Nicolás Maduro reclamó la victoria en unas elecciones de 2018 ampliamente consideradas fraudulentas y que originaron sanciones más estrictas por parte de Estados Unidos.Meridith Kohut para The New York TimesMás de siete millones de venezolanos han huido del país, cuya población es de unos 28 millones de habitantes. Además, en los últimos años, cientos de miles de personas han emprendido el viaje hacia Estados Unidos a pie.En 2018, Maduro se declaró vencedor en unas elecciones ampliamente consideradas como fraudulentas. En respuesta, el gobierno de Estados Unidos endureció significativamente las sanciones contra la industria petrolera del país, la principal fuente de ingresos de Venezuela, una medida que exacerbó la crisis económica y aisló a Maduro de gran parte del mundo.Para mejorar la economía, Maduro necesita que se levanten las sanciones. Al mismo tiempo, la oposición quiere que establezca condiciones competitivas para las próximas elecciones presidenciales con el fin de tener una oportunidad legítima de ganar.Sin embargo, ambas partes no han logrado estos objetivos, y pareciera que Maduro no está dispuesto a hacer nada que crea que puede poner en riesgo su control sobre el poder.En noviembre, como señal de su disposición a levantar las sanciones a cambio de garantizar unas elecciones justas, Estados Unidos concedió a la petrolera Chevron una licencia para una expansión limitada de las operaciones energéticas en Venezuela, un avance modesto hacia la posible reincorporación del país al mercado petrolero internacional.El gobierno de Biden se encuentra bajo presión para garantizar que los precios del petróleo se mantengan estables de cara a las elecciones presidenciales del próximo año. La amenaza de un conflicto más amplio en Medio Oriente, aunada a las actuales interrupciones de las exportaciones energéticas rusas, amenazan con avivar otro episodio de inflación y provocar una potencial subida de los precios de la gasolina en los próximos meses.Pero, incluso después de levantar las sanciones, se necesitarían años y miles de millones de dólares de inversión para aumentar la producción de petróleo lo suficiente como para bajar los precios, dijo Francisco Monaldi, experto en energía venezolana de la Universidad Rice en Houston.Monaldi cree que lo más probable es que el gobierno de Biden centre sus motivaciones en tratar de frenar el flujo de migrantes venezolanos hacia la frontera entre Estados Unidos y México, en vez de hacer bajar los precios del petróleo a corto plazo.El gobierno de Maduro está siendo investigado por la Corte Penal Internacional por posibles crímenes de lesa humanidad cometidos desde 2017, lo que incluye torturas y persecuciones por motivos políticos.Isayen Herrera More

  • in

    Fast Living and Foreign Dealings: An F.B.I. Spy Hunter’s Rise and Fall

    Charles McGonigal had a family, a house in the suburbs and an influential job as a counterintelligence leader in New York. Federal prosecutors suggest it wasn’t enough for him.By the time he reached middle age, Charlie McGonigal was living a comfortable suburban life.He had married and raised two children in a tidy Maryland neighborhood near the Capital Beltway. He coached his co-workers on an office softball team and went to church on Sundays. In his den, he hung posters celebrating sports teams from his native Ohio; in his home office, a sign above a doorway announced in flowing script his devotion to his job.“I want to thank the Good Lord,” it read, “for making me a F.B.I. Agent.”But Charles Franklin McGonigal was no ordinary agent. As the chief of counterintelligence for the Federal Bureau of Investigation in New York, he was tasked with rooting out foreign efforts to steal vital national security and economic secrets in one of the world’s most fertile cities for spying.Apart from his outward image as a wholesome and responsible G-man, however, there was another, less visible side to Mr. McGonigal, federal prosecutors and his former colleagues say. He held off-the-books meetings with foreign politicians and businessmen and accepted illicit payments while doing favors for associates, according to federal indictments filed against him in two states earlier this year.Mr. McGonigal’s arrest, in part based on accusations that he had worked for a Russian oligarch, came at a time when U.S.-Russia relations had reached their lowest point since the Cold War, leading to questions about whether one of the country’s most trusted spy hunters had become a spy himself. But a close look at Mr. McGonigal’s life and career reveals an arc that appears to have little or nothing to do with espionage and international intrigue. Instead, it seems to be a quintessentially American story about greed.Smooth and politic while navigating an upward trajectory through the F.B.I.’s bureaucracy, he was a different man with subordinates, flashing his temper at the smallest provocation, former associates say. An expert in Russian counterintelligence, he spoke publicly of international security threats. At the same time, prosecutors say, he was privately courting the oligarch, Oleg V. Deripaska, who figured prominently in the investigation by the special counsel, Robert S. Mueller III, into Russian meddling in the 2016 U.S. presidential election.Now, Mr. McGonigal, 55, appears set to become one of the highest-ranking F.B.I. agents ever to be convicted of a crime. He is scheduled to appear in federal court in New York on Tuesday for a possible guilty plea in the case involving Mr. Deripaska, and is in talks to resolve an indictment brought by federal prosecutors in Washington. Until any deal is finalized, it could still fall apart, and Mr. McGonigal, who has so far pleaded not guilty, could go to trial.The case has raised unsettling questions about the F.B.I.’s ability to detect corruption within its ranks. Prosecutors suggested that Mr. McGonigal traveled extensively while at the bureau, meeting with foreign officials and businesspeople who, on the surface, had nothing to do with his job. Agents are required to report such contacts and certain financial transactions and to take lie-detector tests, but the bureau relies heavily on the integrity of the people it has placed in positions of trust.Over more than three years, the investigation has so far produced no evidence that Mr. McGonigal provided national security secrets to the Russians or to anyone else, according to American officials who requested anonymity to discuss ongoing cases. Although the officials said Mr. McGonigal appears to have been engaged in simple graft, his actions stunned many in the F.B.I., where a core tenet is drilled into every agent: “Never embarrass the bureau.”The F.B.I.’s director, Christopher A. Wray, said the charges demonstrated “the F.B.I.’s willingness as an organization to shine a bright light on conduct that is totally unacceptable, including when it happens from one of our own people, and to hold those people accountable.”Peter J. Lapp, a former F.B.I. agent who once worked for Mr. McGonigal, said that the openness with which he seems to have crossed legal lines — “doing it right in front of everyone” — took audacity. But the charges did not explain what he called “the great mystery.”“Why did he need so much money?”While investigators have described brazen attempts to profit from his F.B.I. career, the actual crimes Mr. McGonigal is charged with are technical. Between the two indictments, he is accused of concealing details of his finances and activities overseas, violating U.S. sanctions and laundering money. Some charges carry potential prison sentences of up to 20 years, but a judge could impose far less.Mr. McGonigal was accused of working for Oleg Deripaska, second from left, shown here with Russian President Vladimir V. Putin in a photo from the Russian presidential press service.Mikhail Klimentyev, Presidential Press Service/RIA-Novosti, via Associated PressSeth D. DuCharme, Mr. McGonigal’s lawyer, said at a recent hearing in New York that the indictment was more dramatic than the case actually seemed to be.“Every time I hear the government describe this as a small white-collar case, I feel a little more comforted,” he said.And the Washington prosecution, Mr. DuCharme has said, is basically “about some omissions on government forms.”What most shocked former colleagues was Mr. McGonigal’s boldness. He had behaved in ways that he most likely knew would get him caught. In 2020, two years after his retirement, he spoke on a panel about the corruption of the Federal Security Service, or F.S.B., Russia’s counterpart to the F.B.I., including its agents’ participation in money laundering and acting as “private contractors” for businessmen and criminals.“It has really become an organization that is rogue, in my opinion, and is at the behest of those who can pay for the services they offer,” he said.By then, prosecutors said, Mr. McGonigal had already accepted cash from a former Albanian intelligence officer — and had begun working with Mr. Deripaska.An unpolished edgeIn the Cleveland suburbs where he grew up, one of four siblings in a family of modest means, Mr. McGonigal went by “Chuck,” studied martial arts and liked to drive fast cars and party on weekends, according to his high school yearbook.After graduating from Kent State University, and working briefly for the National Bank of Canada in New York City, Mr. McGonigal joined the F.B.I. Assigned to investigations into the crash of TWA Flight 800 off Long Island and the Sept. 11 attacks, he gradually climbed the ranks, eventually supervising a counterespionage squad at the agency’s Washington field office. He was aided by a gift for “briefing up” — impressing superiors with analysis and presentations.“He was a very hard-working, intelligent, nice guy — always, ‘Yes, sir. No, sir,’” said another colleague, Clayt Lemme, who worked as special agent in charge of counterintelligence, two levels above Mr. McGonigal, at the F.B.I.’s Washington field office.He revealed a less polished side, though, when underlings displeased him, erupting in tirades while spraying spit. Mr. Lapp, his former employee, said it became a running joke: Offending agents got a second shower — “the McGonigal hot wash” — when he yelled at them.Mr. McGonigal and his wife, Pamela, who had been a year behind him at Kent State, bought a red brick rambler in hilly North Chevy Chase, Md., where they raised their son and daughter. He joined Shrine of the Most Blessed Sacrament, a nearby Catholic church. He registered to vote as a Republican and coached the Washington field office’s softball squad. His den became a man cave, its walls covered in posters paying homage to the Ohio State Buckeyes, the Cleveland Browns and other teams.Before Mr. McGonigal retired from the F.B.I., he and his wife had raised two children in a quiet suburb of Washington.Jefferson Siegel for The New York TimesThough Mr. McGonigal took pride in his home state, he also played down his humble roots, leaving Kent State off his official bio and accentuating the graduate degree he later earned at Johns Hopkins University.All the while, he had access to some of the F.B.I.’s most sensitive and important information, even helping to lead the investigation in 2012 into the compromise of C.I.A. informants in China.By early 2016, Mr. McGonigal was running the bureau’s Cyber-Counterintelligence Coordination Section in Washington, where agents analyzed Russian and Chinese hacking and other foreign intelligence activities.In that senior position, Mr. McGonigal became aware of the initial criminal referral that led to the investigation known as Crossfire Hurricane — an inquiry into whether Donald J. Trump’s presidential campaign and associates were coordinating with Russia.That October, then-director James B. Comey appointed Mr. McGonigal special agent in charge of counterintelligence in New York, overseeing hundreds of agents and support staff. It was a return to where Mr. McGonigal had gotten his start, but in a vastly more important role.The job would be the culmination of Mr. McGonigal’s law enforcement career.“If you want to learn and work counterintelligence, New York City is the pre-eminent field office,” Mr. McGonigal told a gathering at the Foreign Policy Association seven months after his appointment, adding that audience members who traveled overseas should expect to be under surveillance by foreign intelligence agencies.Despite urging caution, it seems that Mr. McGonigal had already thrown it aside in his own life.He had left his family in Maryland, and, soon after moving to New York, begun an affair with a woman who socialized in law-enforcement circles.Mr. McGonigal met the woman, Allison Guerriero, 49, of Florham Park, N.J., through her work volunteering at a nonprofit organization called the Federal Enforcement Homeland Security Foundation, which says it raises money for the families of federal agents injured or killed in the line of duty — in part by hosting galas and golf outings with celebrities such as the “Law & Order” creator Dick Wolf and the actor Stephen Baldwin.Ms. Guerriero, who has been publicly critical of Mr. McGonigal since his arrest, has said he led her to believe his marriage was dead, only to end their affair after he retired from the F.BI. in 2018. In the aftermath, Pamela McGonigal, citing harassment, obtained a restraining order against Ms. Guerriero, who has acknowledged overstepping during periods of alcohol abuse.Ms. Guerriero has said that, in her anger, she drunkenly sent an email to the head of the F.B.I.’s New York office suggesting he investigate Mr. McGonigal, which has led some to suspect that his marital indiscretion was what ultimately led to the federal inquiry that resulted in his arrest.During their 18-month relationship, Ms. Guerriero said, she and Mr. McGonigal sometimes stayed at a Brooklyn apartment and enjoyed the swirl of the city. He loved Sparks Steak House and other upscale restaurants and was fastidious about his appearance.“Suits, shoes, expensive ties,” Ms. Guerriero said. “If he went out, he would have to be dressed to the nines.”Over dinner in Manhattan one evening in 2017, Mr. McGonigal was introduced to a man who would figure heavily into his undoing: Agron Neza, an Albanian-born businessman living in Leonia, N.J., who is labeled “Person A” in the Washington indictment. As a young man, Mr. Neza had worked for the Albanian State Intelligence Service before moving to the United States. Now, balding and bearded, Mr. Neza was brokering deals overseas.In August 2017, according to prosecutors, Mr. McGonigal proposed the men make their own deal, in which Mr. Neza would lend him $225,000 in cash.The Vienna clientProsecutors have not said why Mr. McGonigal needed that money or what he may have agreed to do in return. But over the next several months, they said, he injected himself into foreign political and business affairs, apparently while trading on his F.B.I. position, in dealings that would culminate in his arrest.He befriended the prime minister of Albania, Edi Rama, and used his position to drum up foreign business for his associates, according to the indictment filed against him in Washington.On one occasion, Mr. McGonigal opened an F.B.I. investigation into a lobbyist for the Albanian prime minister’s main political rival, the prosecutors said. On another, prosecutors said, he helped secure an oil drilling license benefiting Mr. Neza and others.Prosecutors said Mr. McGonigal also cultivated ties to Prime Minister Edi Rama of Albania. The accusations caused a scandal there, with protesters carrying effigies of the two men in prison jumpsuits.Adnan Beci/Agence France-Presse — Getty ImagesAlong the way, there was some indication that the F.B.I. was aware of his dealings with the Albanians. According to two people who spoke with him, Mr. McGonigal said the F.B.I. had authorized him to approach U.S. contractors about working with Mr. Rama to help reform the Albanian government, which had long been plagued by corruption and inefficiency. Perhaps none of Mr. McGonigal’s associations was as alarming as the one prosecutors said he had with the Russian oligarch, Mr. Deripaska. A billionaire metals magnate seen as shrewd and ruthless, Mr. Deripaska built his fortune after the fall of the Soviet Union, as state resources were taken over by businessmen with close ties to the Kremlin. He also cultivated ties to the West, hosting parties in Europe, courting politicians and hiring lawyers and lobbyists to look after his interests.He did business with Paul Manafort, a lobbyist and political adviser who later served as chairman of Mr. Trump’s 2016 campaign. F.B.I. agents attempted to recruit Mr. Deripaska as an informant, in part to find out whether Mr. Manafort had been a link to the Kremlin, which Mr. Deripaska denied.In April 2018, the Treasury Department added Mr. Deripaska to its sanctions list, citing his ties to the Kremlin and accusations that he laundered money and threatened rivals, among other things. Before the sanctions were made public, Mr. McGonigal reviewed a list with Mr. Deripaska’s name on it, the New York indictment said.By late 2018, prosecutors suggested, he was laying the groundwork for a future business relationship with Mr. Deripaska.Mr. McGonigal is accused of setting up an internship at the New York Police Department for the daughter of an unnamed aide to the oligarch — a reference to the Russian businessman Evgeny Fokin, according to people familiar with the case. (A senior police official said that the woman received a multiday “V.I.P.-type” tour of specialized units, not an internship.) Mr. McGonigal had been introduced to Mr. Fokin by a former Russian diplomat who had become an interpreter for U.S. courts, prosecutors said.After retiring from the bureau in late 2018, and taking a job as vice president for security at the real estate firm Brookfield Properties, Mr. McGonigal began working for Mr. Deripaska, prosecutors said. He and the former diplomat connected the oligarch with an American law firm, Kobre & Kim, in 2019 to aid in getting the sanctions lifted.They referred to Mr. Deripaska as “the individual” or “the Vienna client” in electronic communications, and Mr. McGonigal met with Mr. Deripaska and others in London and in Vienna, prosecutors said.Mr. McGonigal was paid $25,000 per month by the law firm for the sanctions-related work, using Mr. Deripaska’s money, prosecutors said.In August 2021, Mr. Fokin retained Mr. McGonigal and the former Russian diplomat for a new brief: investigating a rival oligarch with whom Mr. Deripaska was involved in a business dispute. The two men were paid $218,000, until F.B.I. agents seized their devices that November, prosecutors said.Last year, federal prosecutors in New York charged Mr. Deripaska and others with scheming to evade sanctions by engaging in real-estate deals.In January, F.B.I. agents met Mr. McGonigal at Kennedy Airport and arrested him as he returned from an unrelated business trip to Sri Lanka. He had lost his job at the real-estate firm, but in the following months, the wholesome Midwesterner became a celebrity in Albania, where Mr. Rama’s opponents and the media took to short-handing the scandal in a particular way.They called it “the McGonigal affair.”Susan C. Beachy More

  • in

    Ex-F.B.I. Official in Talks to Resolve Charges of Working for Oligarch

    Once the F.B.I.’s top counterintelligence official in New York City, Charles F. McGonigal was charged with concealing contacts with foreign nationals.A former senior F.B.I. official is in talks to resolve criminal charges in two separate indictments, including entering a possible guilty plea as early as next week in a case involving accusations that he worked for a Russian oligarch, according to a public filing and statements by his lawyer in court.Charles F. McGonigal, who retired in 2018 as the counterintelligence chief in the F.B.I.’s New York field office, one of the agency’s most sensitive posts, has been accused by federal prosecutors in New York of violating U.S. sanctions, money laundering and conspiracy in connection with Oleg Deripaska, an oligarch once seen as close to Russian President Vladimir V. Putin.Mr. McGonigal was also charged by federal prosecutors in Washington with concealing his relationship with a businessman who paid him $225,000, as well misleading the F.B.I. about his contacts with foreign nationals and foreign travel, creating a conflict of interest with his official duties.Mr. McGonigal pleaded not guilty to both indictments. But on Monday, the district judge overseeing his New York case, Jennifer H. Rearden, set a plea hearing for Aug. 15, saying that she had been informed that Mr. McGonigal “may wish to enter a change of plea.”At a hearing in the Washington case on Friday, Mr. McGonigal’s lawyer, Seth D. DuCharme, told the federal judge there, Colleen Kollar-Kotelly, that discussions about resolving the charges were ongoing and that he hoped to update her by the next scheduled hearing in September.Although some of the current charges carry up to 20 years in prison, a judge could also impose a far lighter sentence.Mr. DuCharme declined to comment on either case. Spokespeople for the U.S. attorney’s offices in New York and Washington also declined to comment.Judge Rearden’s order in New York and the discussions in Washington were reported earlier by CNN. Mr. McGonigal’s co-defendant in the New York case, Sergey Shestakov, has also pleaded not guilty to sanctions violations and money laundering in connection with Mr. Deripaska, as well as making false statements to the F.B.I. (Mr. McGonigal does not face that last charge.) There has been no public indication that Mr. Shestakov is about to change his plea; his lawyer did not respond to a request for comment.The arrest in January of Mr. McGonigal, 55, reverberated through the F.B.I., shocking colleagues who had worked with him over his 22-year career on some of the bureau’s most sensitive cases, including an investigation into the information breach that led to the disappearance, imprisonment or execution of C.I.A. informants in China.The accusations also raised questions about what agency secrets Mr. McGonigal might have compromised. But a more than three-year F.B.I. investigation produced no evidence that he had done so, according to U.S. officials who spoke on condition of anonymity to discuss the sensitive matter. That a plea agreement may be reached relatively quickly also suggests that Mr. McGonigal’s former colleagues at the F.B.I., and Justice Department prosecutors, have concluded his behavior stopped at corruption and did not extend to espionage.The New York indictment accused Mr. McGonigal and Mr. Shestakov of working for Mr. Deripaska, a wealthy Russian metals magnate. Mr. Shestakov, 69, is a former Soviet and Russian diplomat who lived in the U.S. and worked after his retirement as an interpreter in U.S. courts in New York.Federal prosecutors suggested that while still at the F.B.I., Mr. McGonigal attempted to build a relationship with an aide to Mr. Deripaska by arranging for the aide’s daughter to do an internship with the New York City Police Department. (A senior police official told The New York Times that the woman was given a “V.I.P.-type” tour over several days that included spending time with specialized Police Department units, including the harbor patrol and mounted units, but it was not an internship.)In April 2018, Mr. Deripaska was placed on a sanctions list by the U.S. State Department, which cited his connections to the Kremlin and Russia’s interference in the presidential election of 2016. Mr. McGonigal reviewed the proposed list of people to be sanctioned, including Mr. Deripaska, before it was finalized, prosecutors said.In 2019, after Mr. McGonigal’s retirement, he and Mr. Shestakov connected Mr. Deripaska to a law firm for aid in getting the sanctions lifted, federal prosecutors in New York said. Mr. McGonigal met with Mr. Deripaska and others in London and Vienna and was paid $25,000 a month through the law firm as a consultant and an investigator until about March 2020, the indictment says.Then, in the spring of 2021, Mr. McGonigal and Mr. Shestakov negotiated an agreement with Mr. Deripaska’s aide to investigate a rival oligarch, for which they were paid more than $200,000, according to the indictment. The criminal charges in the indictment appear to relate primarily to this arrangement, which ended, prosecutors said, when the men’s devices were seized by the F.B.I. in November 2021.Adam Goldman More

  • in

    The Risks of Sanctions, the Tool America Loves to Use

    There is nearly universal consensus that certain egregious violations of international laws and norms demand a forceful and concerted response. Think only, for example, of Russia’s invasion of Ukraine or the development of nuclear weapons capabilities in Iran and North Korea. Harsh economic sanctions have long been viewed as the answer.The eternal question, though, is: What comes next? When do sanctions stop working? Or worse, when do they start working against the United States’ best interests?These are important questions because, over the past two decades, economic sanctions have become a tool of first resort for U.S. policymakers, used for disrupting terrorist networks, trying to stop the development of nuclear weapons and punishing dictators. The number of names on the Treasury Department’s Office of Foreign Assets Control sanctions list has risen steadily, from 912 in 2000 to 9,421 in 2021, largely because of the growing use of banking sanctions against individuals. The Trump administration added about three names a day to the list — a rate surpassed last year with the flurry of sanctions that President Biden announced after Russia’s invasion of Ukraine.Given their increasing use, then, it is useful to understand not only how sanctions can be a tool for successful diplomacy but also how, when not employed well, they can ultimately undermine American efforts to promote peace, human rights and democratic norms across the globe.The Invisible Costs of SanctionsPolicymakers turn to sanctions so frequently — the United States accounts for 42 percent of sanctions imposed worldwide since 1950, according to Drexel University’s Global Sanctions Database — in part because they are seen as being low cost, especially compared with military action.In reality, the costs are substantial. They are borne by banks, businesses, civilians and humanitarian groups, which shoulder the burden of putting them into effect, complying with them and mitigating their effects. Sanctions can also take a toll on vulnerable people — often poor and living under repressive governments, as academics are increasingly documenting.Officials rarely factor in such costs. While sanctions are easy to impose — there are dozens of sanctions programs administered by multiple federal agencies — they are politically and bureaucratically difficult to lift, even when they no longer serve U.S. interests. What’s worse, sanctions also escape significant public scrutiny. Few officials are held responsible for whether a particular sanction is working as intended rather than needlessly harming innocent people or undermining foreign policy goals.Mr. Biden came into office promising to rectify that lack of accountability. The Treasury Department conducted a comprehensive review of sanctions in 2021 and released a seven-page summary that October. The review process was an important step. It concluded, among other things, that sanctions should be systematically assessed to make sure they are the right tool for the circumstances, that they be linked to specific outcomes and include our allies where possible and that care should be taken to mitigate “unintended economic and political impacts” on American workers, businesses, allies and other innocent people.The Treasury Department is making some progress in carrying out the review’s recommendations, but Treasury is just one of many government agencies responsible for fulfilling sanctions. Every one of them should conduct regular, data-driven analyses to ensure that the benefits of sanctions outweigh the costs and that sanctions are the right tool, not just the easiest one to reach for. It is also important that the results of such analyses are communicated to Congress and the public.Sanctions Need Clear, Achievable OutcomesWhat is already known is that sanctions are most effective when they have realistic objectives and are paired with promises of relief if those objectives are met. Perhaps the best example is the 1986 law targeting apartheid-era South Africa, which laid out five conditions for sanctions relief, including the release of Nelson Mandela. Sanctions by the United States and other nations helped convince South Africa’s whites-only government that its policies mandating racial segregation were unsustainable.Sanctions on Communist Poland in 1981 in response to the crushing of the Solidarity movement are another example of how this can work. The United States and its allies gradually lifted sanctions with the release of most imprisoned activists, helping usher in a new era of political freedom in Poland and elsewhere in Eastern Europe.It’s notable that the sanctions against South Africa and Poland were aimed at bringing about free and fair elections, not regime change. Sanctions aimed at regime change often incentivize defiance, not reform. They have a terrible track record, as the cases of Cuba, Syria and Venezuela make clear.In Venezuela, open-ended sanctions with sweeping ambition — to oust the dictator Nicolás Maduro — have so far achieved the opposite. After he dissolved the democratically elected National Assembly in 2017 and was declared the winner of a sham presidential election in 2018, the Trump administration imposed maximum-pressure sanctions on Venezuela’s state-owned oil company to cut off a crucial source of funds to the Maduro dictatorship.While harsh individual sanctions against Mr. Maduro were necessary, the blacklisting of Venezuela’s oil sector has exacerbated a humanitarian crisis: As this editorial board warned, cutting off oil revenue deepened what was already the worst economic contraction in Latin America in decades. Sanctions on the oil industry, which accounts for about 90 percent of the country’s exports, caused dramatic cuts in government revenue and significant increases in poverty, according to a study last year by Francisco Rodríguez, a Venezuelan economist at the Josef Korbel School of International Studies at the University of Denver.The policy, meanwhile, failed to push Mr. Maduro out of power. He instead consolidated his grip on Venezuela, blamed its economic misery on American sanctions and drew his country closer to Russia and China. Sanctions are deeply unpopular in Venezuela, according to numerous opinion polls. Even the representative of Venezuela’s opposition in the United States, a group that previously supported broad sanctions, recently called on Mr. Biden to lift oil sanctions.Since taking office, Mr. Biden has taken steps to modify the sanctions against Venezuela to add specific, achievable objectives. His administration lifted some oil sanctions by giving Chevron permission to do limited work in the country, prompted by the spike in oil prices after the Russian invasion of Ukraine.The White House has promised additional relief if Mr. Maduro takes steps toward holding free and fair elections next year. Francisco Palmieri, the State Department’s chief of mission of the Venezuelan affairs unit in Bogotá, Colombia, recently released a detailed list of what has to be done in order for sanctions to be lifted. It includes setting a date for next year’s presidential election, reinstating candidates who have been arbitrarily arrested and releasing political prisoners.Mr. Maduro hasn’t complied so far. On June 30, he barred yet another well-known opposition figure from holding office. Nevertheless, this more modest policy, which supports a gradual return to democracy rather than abrupt regime change, is a better approach.The Biden administration should be more explicit about which sanctions in Venezuela would be lifted and when, especially those on the state-owned oil company. That would make American promises more credible. An agreement in November between Mr. Maduro and the opposition to use Venezuela’s frozen assets for humanitarian purposes was another promising step, but it is in limbo because the funds have yet to be released.The delay is causing Venezuelans to lose hope in a negotiated solution to the crisis, according to Feliciano Reyna, the president and founder of Acción Solidaria, a nonprofit organization that procures supplies for public hospitals in Venezuela. Although he has a special license to import supplies, he said he still had trouble obtaining what he needed. Some companies, he said, preferred not to sell to Venezuela rather than deal with the headache of making sure it was legal — a phenomenon known as overcompliance.“The situation internally is really dire,” Mr. Reyna said.The loss of hope is, in part, why more than seven million Venezuelans have fled their country since 2015, with more than 240,000 arriving at the U.S. southern border in the past two years. Many experts view sanctions as an important driver of migration from Venezuela because they worsen the economic conditions that push people to leave. In response, a group of Democratic lawmakers — including Representative Veronica Escobar of Texas, who co-chairs Mr. Biden’s re-election campaign — implored him to lift sanctions on Venezuela and Cuba.In addition to making good on its commitments in Venezuela, the Biden administration can do much more to show that the United States is changing its sanctions policy to make it more humane. The first step would be to follow through on the recommendations of its 2021 review and formally take the humanitarian cost of any sanction into account before it is imposed. The Treasury Department in May hired two economists to take on that task; that should become standard practice for any agency with the responsibility for carrying out sanctions.Sanctions Need to Be ReversibleOnce the government begins conducting systematic reviews of existing sanctions, it’s crucial to ensure that any sanction imposed can be reversed.Consider the most glaring failure to do this: the open-ended trade embargo against Cuba. President John F. Kennedy put the embargo in place in 1962 with the stated goal of “isolating the present government of Cuba and thereby reducing the threat posed by its alignment with the Communist powers.” In the years since, American presidents have sent wildly different messages about what it would take to remove sanctions. Barack Obama moved to lift many of them in 2014 — an effort that Donald Trump reversed three years later. Last year Mr. Biden lifted some of the Trump-era sanctions. Yet only an act of Congress can end the embargo.Peter Harrell, who served on the National Security Council staff under Mr. Biden, argues that sanctions should automatically expire after a certain number of years unless Congress votes to extend them. That would cut down on cases of zombie sanctions that go on for decades, long after U.S. policymakers have given up on the sanctions’ achieving their goals.For sanctions to incentivize change rather than merely punish actions in the past, the United States should be prepared to lift sanctions — even against odious actors — if the stated criteria are met.Sanctions, as attractive as they are, rarely work without specific goals combined with criteria for sanctions to be lifted. That applies to current as well as future sanctions. Without goals and relief criteria, these measures — among the most severe in the U.S. foreign policy arsenal — risk working against American interests and principles in the long run.Source photograph by Vicki Jauron, Babylon and Beyond Photography, via Getty Images.The Times is committed to publishing a diversity of letters to the editor. We’d like to hear what you think about this or any of our articles. Here are some tips. And here’s our email: letters@nytimes.com.Follow The New York Times Opinion section on Facebook, Twitter (@NYTopinion) and Instagram. More

  • in

    Your Tuesday Briefing: Marcos at the White House

    Also, Russian attacks across Ukraine.President Biden greeted President Ferdinand Marcos Jr. of the Philippines at the White House.Doug Mills/The New York TimesMarcos at the White HouseThe president of the Philippines, Ferdinand Marcos Jr., began a four-day visit to the U.S. with a meeting with President Biden in Washington yesterday. The trip is intended to send a message to China that Marcos plans to deepen his country’s relationship with the U.S.“We are facing new challenges and I couldn’t think of a better partner to have than you,” Biden told Marcos in the Oval Office. Biden added that the U.S. will “continue to support the Philippines’ military modernization.”Marcos’s trip comes days after the U.S. and the Philippines held their largest joint military exercises yet in the South China Sea, aimed at curbing China’s influence. The two countries signed a deal in February to allow the U.S. military to expand its presence in the Philippines. “It is only natural,” Marcos said in the Oval Office, that the Philippines “look to its sole treaty partner in the world to strengthen, to redefine, the relationship that we have and the roles that we play in the face of those rising tensions that we see now around the South China Sea and Asia Pacific.”U.S. outlook: The White House has been focusing on cultivating Marcos, the son of a dictator, as a regional ally since he took office 10 months ago. His predecessor, Rodrigo Duterte, was more conciliatory toward China than his predecessors, and, at times, more confrontational with the U.S. Taiwan: The Philippines’ northernmost island is less than 100 miles from the self-governed island. An increased U.S. military presence could allow for a quick troop response in a war with China.China’s position: When the Chinese foreign minister visited the Philippines last month, he had a stern message: It was vital that the government in Manila, the capital, “properly handle issues” related to Taiwan and the South China Sea, and follow through on its earlier commitment not to choose sides.A tank near the front line of Ukraine’s Zaporizhzhia region on Sunday.David Guttenfelder for The New York TimesFighting intensifies in UkraineBoth Russia and Ukraine reported escalating attacks in recent days, a sign that fighting was intensifying ahead of an anticipated Ukrainian counteroffensive. Russia launched a broad, predawn aerial assault across Ukraine yesterday, its second wide-ranging attack in just four days. Two people were killed and 40 wounded in Russian strikes on the central city of Pavlograd, President Volodymyr Zelensky said in his nightly address.Ukraine said yesterday that it had launched four strikes on concentrations of Russian troops over the preceding 24 hours. Yesterday, a blast derailed a freight train in Russia, near the border, though a Russian official did not say who was responsible. Over the weekend, a series of explosions also occurred behind Russian lines.Timing: Ukraine’s defense minister, Oleksii Reznikov, said on national television that the military was “reaching the finish line” in counteroffensive preparations.One complicating factor: Mud. It’s been raining for weeks in the region, and the ground is unusually wet. Ukraine’s new advanced weaponry is no match for the black, soupy soil.Alireza Akbari was lured from London to Iran in 2019 by a close friend.Khabar Online News AgencyA British spy in IranHe was a senior official in Iran, a trusted keeper of its defense secrets — and a British spy. A Times investigation shows how information shared by the official, Alireza Akbari, upended the world’s view of Iran’s nuclear program and led to his execution in January.Akbari, who was a senior military commander of the Revolutionary Guards, had open access to Iran’s inner circles of power and advised on key state policies. He also spied for Britain for nearly 16 years, according to Western intelligence officials. Intelligence sources told my colleagues Ronen Bergman and Farnaz Fassihi that Akbari revealed, among other things, the existence of Fordo, a uranium enrichment site hidden near Tehran.The revelations, which Britain shared with Israel and other Western intelligence agencies, shocked even those who closely monitored Iran. Fordo’s discovery proved critical in eliminating any doubt that Iran was pursuing nuclear weapons and redrew the West’s military and cyber plans for countering the program. It also proved critical in persuading the world to impose sweeping sanctions against Iran.Details: Akbari was an unlikely spy. He displayed a fanatical allegiance to the ideals of the Islamic Republic and an unwavering support of Iran’s leaders, according to interviews with people who knew him. Other revelations: Iran also said he disclosed the identities of over 100 officials, most significantly Mohsen Fakhrizadeh, the chief nuclear scientist whom Israel assassinated in 2020.THE LATEST NEWSAsia PacificA photo made available by the Royal Thai Police shows officers escorting the accused woman to a court in Bangkok.Royal Thai Police, via EPA, via ShutterstockThe police in Thailand charged a woman with nine murders. They found her with a bottle of cyanide after the sudden death of a traveling companion.Chris Hipkins, the prime minister of New Zealand, said that the country would “ideally” become independent one day — but that it had no plans to separate from the monarchy, The Guardian reported.Around the WorldProtestors in Marseille yesterday.Clement Mahoudeau/Agence France-Presse — Getty ImagesOn May Day, some 800,000 French workers took to the streets across the country to protest the new pension plan.Paraguay elected Santiago Peña, a conservative economist, as president, resisting Latin America’s recent leftward shift.Thousands of people fleeing the war in Sudan have overwhelmed Port Sudan, a city on the Red Sea, in their efforts to get to Saudi Arabia.Other Big StoriesU.S. regulators seized First Republic Bank and sold it to JPMorgan Chase. The sale has echoes of the recent banking crisis, but First Republic’s problems seem to be contained.“The Godfather of A.I.” left Google and warned of the technology’s risks: “It is hard to see how you can prevent the bad actors from using it for bad things.”A bronze sculpture was erected in Oslo’s harbor to honor Freya, the walrus who was killed there last year.A Morning ReadJessica Chou for The New York TimesMore young men are getting perms. The hairstyle has changed since its 1980s heyday: Instead of ringlets and hair spray, the modern male perm — inspired by K-pop and TikTok — is tender and softer.ARTS AND IDEASKim Kardashian at the Met Gala last year.Nina Westervelt for The New York TimesA Met Gala previewCelebrities are lining up to walk the red carpet at the Met Gala in New York. (It is scheduled to start at 5:30 p.m. in New York, which is 5:30 a.m. in Hong Kong; 7:30 a.m. in Sydney.) The party is usually themed to the annual blockbuster show at the Metropolitan Museum of Art’s Costume Institute. This year’s show, “Karl Lagerfeld: A Line of Beauty,” pays homage to the imagination and creativity of the longtime designer of Chanel, Fendi and his namesake line. (Lagerfeld died in 2019.)Given the theme, you can expect to see a lot of vintage designer dresses on the runway this year, which could make this the most sustainable Met Gala ever. Vanessa Friedman, our fashion editor, told us that she hoped it would be “a return to more toned-down elegance after years when guests’ clothes have gotten more and more costumey, the better to go more and more viral.”Among the many celebrities attending the celebration, Gala watchers will be on the lookout for one in particular: There’s speculation that Lagerfeld’s white Birman cat (and rumored heir), Choupette, who has her own nanny and Instagram account, may make an appearance.For more: Take our Lagerfeld quiz.PLAY, WATCH, EATWhat to CookArmando Rafael for The New York Times. Food Stylist: Simon Andrews.Air-fryer sweet potatoes are faster and less oily than their deep-fried counterparts.What to ReadThe first issue of “It Happened Online,” our new newsletter about the internet, looks at the fate of Twitter’s check marks.What to Watch“Are You There God? It’s Me, Margaret,” which adapts Judy Blume’s groundbreaking novel about puberty, is a Times critics pick.Now Time to PlayPlay the Mini Crossword, and a clue: Very (five letters).Here are the Wordle and the Spelling Bee.You can find all our puzzles here.That’s it for today’s briefing. See you next time. — AmeliaP.S. My colleagues won the top environmental journalism prize in the Fetisov Journalism Awards for coverage of Congo’s peatlands.“The Daily” is on the fight over the U.S. debt ceiling.I always love hearing from you. Please write to me at briefing@nytimes.com with any thoughts. More

  • in

    How a Russian Oligarch May Have Recruited the F.B.I. Agent Who Investigated Him

    The bureau tried to court Oleg Deripaska, a Russian aluminum magnate, as an informant. Instead, one of its own top agents may have ended up working for him.The Federal Bureau of Investigation tried to recruit Oleg V. Deripaska, a Russian billionaire, as an informant around 2014, hoping he might shed light on organized crime and, later, possible interference in the presidential election.A decade later, Mr. Deripaska may have turned the tables on the F.B.I.: Prosecutors say the oligarch recruited one of the bureau’s top spy catchers, just as he entered retirement, to carry out work that they say violated U.S. sanctions.The charges unsealed this week against Charles McGonigal — who ran the counterintelligence unit at the bureau’s New York field office and investigated Russian oligarchs, including Mr. Deripaska, according to the indictment — showed the extent of the oligarch’s reach into the highest levels of U.S. power.There is no indication in the Manhattan indictment that Mr. McGonigal was working for Mr. Deripaska while still employed by the F.B.I. Still, the case — and a parallel indictment in Washington that charged Mr. McGonigal with receiving at least $225,000 in secret payments from a former employee of an Albanian intelligence service while still at the agency — has raised questions about how compromised he may have been.Mr. Deripaska, an aluminum magnate, had been on the radar of U.S. authorities for years and remains under sanctions. He was known to be an ally of Russian President Vladimir V. Putin. The Treasury Department had reported that he had ties to organized crime.“Deripaska is a well-known man to anybody who follows Russia,” said Daniel Fried, a former U.S. ambassador to Poland and a former State Department official who helped craft sanctions against Russia. “I wouldn’t have accepted a luncheon invitation from the guy,” he added.The implications of the allegations against Mr. McGonigal are alarming, Mr. Fried said. “In a broader sense, it does seem to suggest that the corrupting influence of the Russian oligarchs, the money, is real.”In a statement, a spokeswoman for Mr. Deripaska, Larisa Belyaeva, said that he did not hire Mr. McGonigal for any purpose and that he had never been close to Mr. Putin. A lawyer for Mr. McGonigal declined to comment.For years, Mr. Deripaska, 55, has employed a small army of lobbyists, lawyers, consultants and fixers to protect his business and personal interests and smooth his access to Western countries.In recent months, though, federal prosecutors in New York have charged several of those representatives in indictments that accuse them of a range of sanctions violations.Mr. Deripaska was himself indicted last fall, with authorities saying he schemed to have his girlfriend give birth to their child in the United States. At the time, American authorities said he had not been arrested and was considered a fugitive.Mr. Deripaska became rich by prevailing over rivals and partners in the 1990s, when well-connected Russians competed for control over state resources in the wake of the Soviet Union’s collapse. He earned a reputation for being ruthless and litigious.He also made connections to powerful figures, particularly in Britain. He spent years trying to buy respect and credibility in the United States, London and elsewhere — hosting parties at the World Economic Forum in Davos, Switzerland, hiring former senior U.S. officials as lobbyists and courting powerful British political figures.He had worked in the past with the U.S. government, including on a failed effort to rescue an F.B.I. agent who had been captured in Iran, for which Mr. Deripaska spent as much as $25 million of his own money.Still, successive administrations in Washington sought to limit his ability to travel to the United States, despite personal intercessions from Mr. Putin. The F.B.I. searched multimillion-dollar homes linked to Mr. Deripaska in 2021 as part of the investigation into whether he had violated the sanctions imposed on him.Mr. Deripaska came to broader public attention in the United States around the 2016 election, because he had employed Paul Manafort, Donald Trump’s onetime campaign chairman, as an adviser.From roughly 2014 to 2016, the F.B.I. tried to court Mr. Deripaska as a potential informant, seeking information on Russian organized crime and on possible Russian aid to Mr. Trump’s campaign, The New York Times reported in 2018. At one point, The Times reported, agents appeared at Mr. Deripaska’s home in New York and pressed him about Mr. Manafort and whether he had served as a link between the Trump campaign and the Kremlin. (He told them the theory was “preposterous.”)According to the indictment, in 2018, Mr. McGonigal reviewed a “then-classified list of oligarchs with close ties to the Kremlin” who were being considered for sanctions.“Since at least 2016, Russia has been a central counterintelligence focus of the F.B.I. and U.S. government,” said Brandon L. Van Grack, a lawyer in private practice who was a prosecutor for Robert S. Mueller III’s investigation of Russia’s efforts to interfere in the 2016 presidential election. “This former agent was as acutely aware of that concern as anyone at the F.B.I.”In April 2018, the Trump administration announced sanctions on seven oligarchs and companies they owned or controlled as punishment for Russia’s interference in the 2016 election, the 2014 annexation of Crimea and other acts.Mr. Deripaska and his company, Rusal, were among them. In its announcement of the sanctions, U.S. Treasury officials cited Mr. Deripaska’s connections to a senior Russian official and his work in Russia’s energy sector. The authorities said he had been investigated for money laundering and had been accused of threatening business rivals, illegally wiretapping a government official and taking part in extortion and racketeering. They also cited allegations that Mr. Deripaska had bribed a government official, ordered the murder of a businessman and had links to Russian organized crime.Mr. Deripaska denied the allegations, which his allies have said were punishment for refusing to cooperate with U.S. authorities. (In 2019, the Trump administration lifted sanctions against Mr. Deripaska’s companies under an agreement intended to reduce his control and ownership, though a confidential document showed the deal may have been less punitive than advertised.)For Mr. Deripaska, the sanctions represented not just an existential threat to his business, but a rejection of the cosmopolitan power broker image he had long sought to project in the West.Mr. Deripaska fought back, seeking to undo the sanctions or lessen their potentially lethal effect on his businesses. The Times reported in late 2018 that a secret lobbying effort by his team of lawyers, consultants, bankers and well-connected allies had made “substantial headway,” including winning postponements on the sanctions.“One of the risks and hazards of sanctioning wealthy people is they are better positioned to fight back,” said Carlton Greene, a sanctions and international money laundering expert.It is not clear from the indictment how Mr. McGonigal got onto Mr. Deripaska’s radar.According to the indictment against Mr. McGonigal, while he was still working for the bureau in 2018, Sergey Shestakov — a former Soviet and Russian diplomat and translator who was also charged in the case — introduced Mr. McGonigal by email to an employee of Mr. Deripaska. That person was identified in the charges as Agent-1 and described as a former Soviet and Russian Federation diplomat.Mr. Shestakov asked Mr. McGonigal to help Agent-1’s daughter, a college student, get an internship with the New York Police Department in counterterrorism, intelligence gathering or “international liaisoning,” according to the indictment. Mr. McGonigal told an F.B.I. subordinate that he wanted to recruit Agent-1, whom he described as a Russian intelligence officer, the indictment says.The indictment says Mr. McGonigal agreed to help the daughter, and with help from a contact at the Police Department he secured a meeting for her with a police sergeant.In 2019, after his retirement, Mr. McGonigal introduced Mr. Deripaska’s agent to an international law firm in Manhattan to help Mr. Deripaska have the sanctions removed, according to the indictment. During the negotiations, McGonigal met with Mr. Deripaska in London and Vienna, prosecutors said. When Mr. Deripaska signed with the firm, it brought on Mr. McGonigal as a consultant and investigator.In the spring of 2021, Agent-1 began negotiating with Mr. McGonigal to work directly for Mr. Deripaska, without the law firm. He wanted Mr. McGonigal to investigate a business rival, according to the indictment.Between August and November 2021, prosecutors say, Mr. Deripaska made payments to Mr. Shestakov and Mr. McGonigal from a Russian bank through accounts in Cyprus and New Jersey. In October of that year, F.B.I. agents searched homes linked to Mr. Deripaska in New York City and Washington.On Nov. 21, 2021, F.B.I. agents seized Mr. Shestakov’s and Mr. McGonigal’s electronic devices. More