More stories

  • in

    Fotos policiales de los acusados de conspirar con Trump: ¿por qué sonríen?

    La imagen que se toma al fichar a los acusados de un delito suele reflejar seriedad, incredulidad o sorpresa. Eso no ha sucedido con algunos de los acusados con el expresidente en Georgia.[Última hora: Donald Trump fue fichado en Georgia y las autoridades difundieron su foto policial. Puedes leer más aquí, en inglés].La típica foto policial suele ser un asunto sombrío: con mala iluminación y gesto taciturno. Es un retrato permanente de la vergüenza, la letra escarlata del sistema legal.Y, casi por definición, va sin sonrisa.Pero entre las fotografías que han surgido de la oficina del sheriff del condado de Fulton en Atlanta, donde Donald Trump y otras 18 personas han sido acusadas de conspirar para revertir las elecciones de 2020, hay varias que son peculiarmente alegres.Jenna Ellis, exabogada de Trump, luce una amplia sonrisa, al igual que David Shafer, expresidente del Partido Republicano de Georgia. Scott Hall, operador político de Trump, no logra reprimir una sonrisita burlona. Sidney Powell, acusada de esparcir teorías de la conspiración desacreditadas sobre las elecciones, deja ver un brillo en los ojos.Sidney Powell, acusada de difundir teorías conspirativas desacreditadas sobre las elecciones, es retratada con un gesto que oscila entre una sonrisa y un ceño fruncido.Oficina del sheriff del condado de Fulton vía Associated Press¿Y qué expresan sin lugar a dudas sus expresiones faciales? Desafío.El semblante que han puesto para la cámara del sistema de justicia penal, y para el lente de la historia, recuerda los otros papeles de reparto que desempeñan en lo que parece ser una extraordinaria producción del teatro político: uno que concuerda con la afirmación muy repetida por Trump de que la fiscalía es una farsa y una burla.En la fotografía de Ellis, tomada el miércoles —tan alegre que podría ser una foto de perfil, a no ser por el logotipo de la oficina del sheriff detrás de su hombro— parece a punto de estallar en risas por el lugar donde se encuentra.La política moderna en tiempos de redes sociales, como casi todo, es una batalla por crear, controlar y definir imágenes. Y la foto policial, inventada en Bélgica en la década de 1840 como una forma útil de identificación, es un nuevo frente en ese combate.La mayoría de los otros acusados fichados hasta el momento de delitos de conspiración para revertir los resultados de las elecciones de 2020 dejaban ver su serio dilema. Tal vez ninguno más que Rudolph Giuliani, quien apretó los labios, miró con frialdad al frente y frunció el ceño luego de comparecer ante las autoridades el miércoles en Atlanta.Ellis intentó adueñarse de un proceso que suele verse como humillante o intimidante; ella ha presentado su acusación como una persecución política injusta que debe superarse con fe y optimismo.Publicó su fotografía policial en internet con una cita de los Salmos: “¡Alégrense, ustedes los justos; regocíjense en el Señor!”.Cuando se le pidieron comentarios, Ellis comparó su situación con la de un antiguo cliente, un ministro que desafió una orden de cerrar su iglesia en la pandemia.“Quienes se burlan de mí, de mi excliente y mi Dios, quieren ver que me quiebro y no tendrán esa satisfacción”, dijo. “Sonreí porque estoy decidida a enfrentar este proceso con valentía y actuando según la fe. No pueden robarse mi alegría”.Powell y los abogados que representan a Shafer y Hall no respondieron de inmediato a pedidos de comentario.Haber sido retratado en las instalaciones del condado de Fulton podría ser incluso un símbolo de estatus entre los seguidores de Trump más incondicionales: Amy Kremer, quien ayudo a organizar el mitin previo al motín del 6 de enero de 2021 en el Capitolio, publicó una foto manipulada en la que aparece, sin sonreír, frente al logotipo del sheriff del condado de Fulton. No se le ha acusado en Georgia.Se supone que el retrato policial sea un ecualizador, que tanto los poderosos como los desposeídos sean blanco del mismo lente objetivo. Y muchos enemigos de Trump han criticado al Servicio de Alguaciles de EE. UU. por no tomar la foto de la ficha policial (como harían con otros acusados) cuando el expresidente fue fichado por cargos federales en Miami y Washington.Esta vez será distinto.Por regla general, los políticos suelen asumir su fichaje en la comisaría como eventos políticos que al final tendrán un peso en el resultado legal.Cuando a Tom DeLay, líder de la cámara baja, se le acusó de lavado de dinero y conspiración en 2005, se atavió con traje, ajustó su corbata y sonrió de oreja a oreja. Fue una forma astuta de privar a sus oponentes de una imagen que fácilmente podrían usar en anuncios para atacarlo. (Se retiró del Congreso pero su posterior condena fue anulada en apelación).John Edwards, quien fue senador por Carolina del Norte y candidato demócrata a la vicepresidencia en 2004, sonrió con calidez ante la cámara como si estuviera frente a un simpatizante cuando lo ficharon al imputársele delitos de violación de leyes de financiación de campaña en 2011. Como Ellis, quería transmitir su inocencia y la injusticia de los cargos. (Fue absuelto de uno de los cargos y el gobierno retiró los restantes).Servicio de Alguaciles de EE. UU. vía Getty ImagesServicio de Alguaciles de EE. UU. vía Getty ImagesA los políticos les obsesiona proyectar mensajes, es un rasgo dominante de su especie. Tom DeLay, John Edwards y Rick Perry acudieron a que los ficharan como a un evento político que a final de cuentas podría influenciar el veredicto legal.Oficina del sheriff del condado de Travis vía Getty ImagesY en 2014, Rick Perry, entonces gobernador republicano de Texas, ofreció una sonrisa taimada cuando lo ficharon por delitos relacionados con presionar al fiscal de distrito demócrata del condado de Travis para que renunciara. Calificó los cargos de “farsa”, publicó fotos suyas en una heladería poco después y dos años más tarde fue absuelto de todos los cargos.En la mayoría de los casos, sonreír en la foto policial es una muestra de rebeldía.Eso ha sido particularmente cierto si se habla de los delincuentes famosos que, en general, han sido casi tan cuidadosos de su imagen como las estrellas de cine o los políticos. Al Capone sonrió en varios retratos policiales así como en su foto de identificación en Alcatraz. Y en la única foto que se le tomó al narcotraficante Pablo Escobar para una ficha policial, luego de que lo arrestaron por narcotráfico en Colombia, parecía casi jubiloso.Donaldson Collection — Michael Ochs Archives, via Getty ImagesPor lo general, los criminales famosos, como Al Capone y Pablo Escobar, han estado muy atentos a su imagen, como las estrellas de cine o los políticos.Archivio GBB vía AlamyTenía un buen motivo. Los cargos fueron retirados rápidamente.Glenn Thrush cubre el departamento de Justicia. Se unió al Times desde 2017, luego de haber trabajado para Politico, Newsday, Bloomberg News, The New York Daily News, The Birmingham Post-Herald y City Limits. Más de Glenn ThrushMaggie Haberman es corresponsal política sénior y autora de Confidence Man: The Making of Donald Trump and the Breaking of America. Formó parte del equipo que ganó un premio Pulitzer en 2018 por informar sobre los asesores del presidente Trump y sus conexiones con Rusia. Más de Maggie Haberman More

  • in

    Trump señala a Hunter Biden por sus negocios. Sobre su familia, no habla

    El expresidente ha arremetido contra Joe Biden por los negocios de su hijo en el exterior, a pesar de que la familia Trump hace muchos tratos de ese tipo.Tras su cuarta acusación formal, que eleva a 91 el total de cargos en su contra por delitos graves, el expresidente Donald Trump publicó en línea la semana pasada un video en el que tilda de delincuentes al presidente Joe Biden y su familia.“La familia de delincuentes Biden”, según él, recibió millones de dólares de países extranjeros. “Creo que tenemos un presidente que es vulnerable”, señaló Trump, y añadió: “Es un pelele. Por eso el corrupto Joe deja que otros países pisoteen a Estados Unidos”.Para Trump, la indignación es selectiva cuando se trata de familias presidenciales que reciben millones de dólares de países extranjeros. Durante sus cuatro años en la Casa Blanca y los más de dos años y medio que han pasado desde entonces, Trump y sus familiares han recibido dinero de todo el planeta en cantidades muy superiores a las que, según se ha informado, recibió Hunter Biden, el hijo del presidente.A diferencia de otros presidentes modernos, Trump nunca renunció al control sobre sus extensos negocios con intereses en múltiples países y tampoco dejó de hacer tratos en el extranjero, incluso durante su mandato como presidente. Ganó dinero y promovió con total descaro su empresa familiar, ignorando todo tipo de normas. Por ejemplo, el hotel de lujo que abrió muy cerca de la Casa Blanca se convirtió en el destino preferido de grupos de cabildeo, negociadores y gobiernos extranjeros, incluidos los de Arabia Saudita, Kuwait y Baréin, que gastaron a manos llenas en hospedaje, galas y otros eventos.Además, Trump permitió que su familia ocupara puestos en el gobierno sin ninguna división clara con sus intereses privados. A diferencia de Hunter Biden, tanto la hija de Trump, Ivanka Trump, como su yerno, Jared Kushner, formaron parte del personal de la Casa Blanca, donde podían definir políticas decisivas para las empresas del extranjero.Kushner estuvo muy involucrado en la definición de la estrategia gubernamental para Medio Oriente y estableció múltiples contactos en la región. Después de salir de la Casa Blanca, Kushner fundó una firma de capital de inversión con 2000 millones de dólares en fondos de Arabia Saudita y cientos de millones más de otros países árabes para los que las políticas estadounidenses fueron ventajosas, y a los que les conviene que Trump regrese a la presidencia.“Los enredos comerciales de la familia Trump en el extranjero fueron mucho más numerosos e involucraron decenas de conflictos con empresas foráneas”, señaló Norman Eisen, abogado que objetó ante tribunales, sin éxito, la costumbre del exmandatario de aceptar dinero del extranjero durante su mandato.Estos enredos “implicaban a gente como Jared e Ivanka, que sí trabajaban en el gobierno; Hunter, en cambio, nunca fue empleado gubernamental”, añadió Eisen. “De hecho, el mismo Trump se benefició abiertamente, mientras que no hay ni la más mínima prueba de que Biden se haya beneficiado nunca”.Los negocios de Hunter Biden generaron inquietudes debido a que, tanto en testimonios como en noticias, se dio a entender que aprovechó su apellido para concretar acuerdos lucrativos. Un antiguo socio comercial les comentó a investigadores del Congreso que el joven Biden aprovechaba “la ilusión de acceso a su padre” para conseguir posibles socios.Jared Kushner, yerno del expresidente, creó una empresa de capital riesgo con 2000 millones de dólares en fondos procedentes de Arabia Saudita.Tamir Kalifa para The New York TimesNo se ha presentado ninguna prueba real de que Joe Biden, mientras fue vicepresidente, haya participado en esos negocios o se haya beneficiado, ni de que haya aprovechado su cargo para favorecer a los socios de su hijo.No obstante, aunque Biden afirma haberse mantenido distanciado de las actividades de su hijo, sus afirmaciones se han visto socavadas porque, según algunas declaraciones, Hunter puso a su padre en el altavoz durante conversaciones con socios internacionales de negocios; el futuro presidente hablaba sobre temas informales como el clima, no de negocios, según las declaraciones, pero al parecer el objetivo era impresionar a los colaboradores de Hunter.Por lo regular, todo esto originaría algún tipo de escrutinio en Washington, donde los familiares de los presidentes desde hace tiempo han aprovechado su posición para ganar dinero. La fama y el acceso al poder valen mucho en la capital de la nación, así que un familiar que frecuenta Camp David, tiene un buen asiento en una cena oficial o vuela en el Air Force One tiene garantizado que le regresen las llamadas. Esta tradición ha enfadado a muchos estadounidenses, e incluso los demócratas expresan en privado su desagrado por las actividades de Hunter Biden.“Si hizo negocios gracias a la influencia de su padre, debería rendir cuentas por eso”, dijo hace poco el representante Jim Himes, demócrata de Connecticut, en MSNBC. “Y lo enfatizo porque nunca nadie ha escuchado a un republicano decir lo mismo sobre Donald Trump o su familia”.Los republicanos que investigan a la familia Biden señalan que ganaron más de 20 millones de dólares de fuentes extranjeras en China y Ucrania, entre otros lugares, pero un análisis de memorandos del Congreso efectuado por el Washington Post indicó que la mayoría del dinero lo recibieron sus socios de negocios y la familia Biden solo obtuvo siete millones de dólares, principalmente Hunter.“Lo que tienen en común Hunter y Jared es que son hijos bien educados de personas prominentes, además de que sus relaciones familiares sin duda les ayudaron en los negocios”, explicó Don Fox, antiguo abogado general de la Oficina de Ética del Gobierno de Estados Unidos. “Pero las similitudes no pasan de ahí”.“Hunter nunca ha ocupado un cargo en el gobierno y realizó gran parte de su trabajo relacionado con Ucrania cuando su padre no estaba en el poder”, prosiguió Fox. La cantidad de dinero que Kushner podría ganar gracias a los fondos que invirtieron los sauditas, añadió, “eclipsa lo que cualquiera le haya pagado a Hunter”.La analogía con Hunter Biden irrita a Kushner, que ya tenía una larga trayectoria en los negocios antes de trabajar en el gobierno y se enorgullece de haber negociado los Acuerdos de Abraham, los convenios diplomáticos que normalizaron las relaciones entre Israel y varios de sus vecinos árabes.Algunas personas de su círculo cercano afirman que la inversión de los sauditas y otros árabes se debe a que confían en que puede ayudarles a ganar dinero, no a que estén agradecidos por las políticas que impulsó. Además, resaltaron que el gobierno de Biden no ha dado marcha atrás a esas políticas, sino que ha tratado de lograr más avances a partir de los Acuerdos de Abraham.“No existe ninguna comparación de hecho entre Hunter y Jared”, indicó un representante de Kushner en un comunicado. “Jared ya era un empresario exitoso antes de incursionar en la política, logró concretar acuerdos de paz y de comercio históricos y, al igual que muchos antes que él, regresó a los negocios después de prestar sus servicios gratuitamente en la Casa Blanca, donde cumplió por completo con las normas de la Oficina de Ética del Gobierno”.Chad Mizelle, director legal de Affinity Partners, la empresa de Kushner, señaló en un comunicado: “Fuera de la política partidista, nadie ha identificado nunca algún lineamiento específico, legal o ético, que Jared o Affinity hayan contravenido”.Uno de los contados republicanos que han criticado la forma en que la familia Trump combinó el servicio en el gobierno con los negocios en el extranjero es Chris Christie, antiguo gobernador de Nueva Jersey que compite con el expresidente por la nominación republicana. “La familia Trump ha estado involucrada en actividades fraudulentas desde hace algún tiempo”, aseveró en CNN en junio.Christie, que como fiscal de Estados Unidos procesó al padre de Kushner, señaló los negocios del yerno del expresidente.“Jared Kushner, seis meses después de abandonar la Casa Blanca, obtiene 2000 millones de dólares del fondo soberano saudita”, dijo. “¿Qué estaba haciendo Jared Kushner en Oriente Medio? Teníamos a Rex Tillerson y Mike Pompeo como secretarios de Estado. No necesitábamos a Jared Kushner. Lo pusieron ahí para hacer esas relaciones, y luego las aprovechó cuando dejó el cargo”.Durante su tiempo en la Casa Blanca, Kushner reafirmó las relaciones entre Estados Unidos y Arabia Saudita y convenció a su suegro de que el reino fuera su primer destino en el extranjero como presidente, ayudó a negociar miles de millones de dólares en ventas de armas y forjó una relación estrecha con el príncipe heredero Mohamed bin Salmán.Kushner defendió al príncipe heredero Mohamed después de que los agentes sauditas asesinaron a Jamal Khashoggi, columnista de The Washington Post y residente en Estados Unidos. La CIA concluyó que el príncipe heredero Mohamed ordenó el asesinato en 2018. En 2021, el fondo soberano del príncipe heredero Mohamed aprobó la inversión de 2000 millones de dólares en la nueva firma de Kushner, a pesar de las objeciones de los propios asesores del fondo.El representante James Comer, republicano por Kentucky y presidente del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes que está investigando a los Biden, reconoció tener preocupaciones por el acuerdo saudita de Kushner.“Creo que lo que hizo Kushner cruzó la línea de la ética”, dijo Comer cuando se lo preguntó Jake Tapper de CNN a principios de este mes. “Lo que dijo Christie, sucedió después de que dejó el cargo. Igual, no hay excusa, Jake. Pero ocurrió después de que dejara el cargo. Y Jared Kushner en realidad tiene un negocio legítimo. Este dinero de los Biden ocurrió mientras Joe Biden era vicepresidente, mientras volaba a esos países”.Trump ha atacado al presidente Biden por los negocios de su hijo, Hunter Biden, en el extranjero.Kenny Holston/The New York TimesDe hecho, como indican los informes del comité de Comer, parte del dinero de Hunter Biden en el extranjero llegó mientras su padre era vicepresidente, pero una parte significativa llegó después.Los portavoces de Comer y Trump no respondieron a las peticiones de comentarios.Trump nunca ha rehuido el dinero del extranjero. Incluso cuando era candidato en 2016, trató de concretar en secreto un convenio para construir una Torre Trump en Moscú hasta después de haber obtenido la nominación republicana. Uno de sus abogados se comunicó con el Kremlin para lograr que apoyaran el proyecto, el mismo Kremlin con el que interactuó Trump unos meses más tarde en carácter de presidente.Para calmar las inquietudes en torno a sus intereses financieros fuera del país, Trump prometió no emprender nuevos negocios en el extranjero mientras ocupara la presidencia. Pero no renunció a los numerosos proyectos que ya tenía en otros países y que le generaban dinero, y su empresa, la Organización Trump, cuyos directores formales son sus hijos Donald Trump Jr. y Eric Trump, tampoco dejó de ampliar sus operaciones en el extranjero.Durante los cuatro años de Trump en la Casa Blanca, la Organización Trump recibió la aprobación de 66 marcas comerciales en el extranjero, según un informe de la organización Citizens for Responsibility and Ethics en Washington, la mayoría de ellas de China y otras de Argentina, Brasil, Canadá, Perú, Filipinas, Indonesia, México, Emiratos Árabes Unidos y la Unión Europea.Las empresas extranjeras fueron buenos clientes de Trump. Mientras estuvo en el cargo, 145 funcionarios extranjeros de 75 gobiernos visitaron inmuebles de Trump y gobiernos extranjeros o grupos afiliados a ellos organizaron 13 eventos en sus hoteles y resorts, según el informe del grupo defensor de la ética.Aunque Trump describió en el video de la semana pasada a Biden como marioneta de los chinos y agregó la falsedad de que “China le ha pagado una fortuna”, su propia familia ha tenido relaciones significativas con Pekín. Además de las marcas comerciales mencionadas, Forbes calculó que un negocio de Trump durante su presidencia recaudó por lo menos 5,4 millones de dólares por concepto de renta del Banco Industrial y Comercial de China, controlado por el gobierno.La familia de Kushner negoció con firmas chinas y cataríes el rescate de la torre ubicada en el número 666 de la Quinta Avenida en la ciudad de Nueva York, que estaba sumida en deudas, y al final se concretó un contrato de arrendamiento de 1100 millones de dólares con una empresa estadounidense que tenía entre sus inversionistas al fondo soberano de Catar (para entonces, Kushner había vendido la parte de la torre que era de su propiedad a un fideicomiso familiar del que no era beneficiario, y las personas involucradas en el acuerdo indicaron que los cataríes no supieron nada de ese acuerdo con anterioridad).Por su parte, cuando se integró al personal de la Casa Blanca, Ivanka Trump conservó en un principio su línea de ropa y accesorios y recibió autorización para 16 marcas comerciales de China en 2018; más adelante, decidió suspender las operaciones del negocio.Aunque Eisen y otros promovieron demandas por violaciones a la cláusula de emolumentos de la Constitución, ninguna autoridad ha declarado ilícita alguna de las operaciones comerciales de la familia Trump en el extranjero. Tampoco ha sido así en el caso de Hunter Biden.Pero, según Donald Trump, un negocio es suficiente para comprometer a un presidente y del otro no hay que hablar.Peter Baker es el corresponsal jefe de la Casa Blanca y ha cubierto a los últimos cinco presidentes estadounidenses para el Times y The Washington Post. Es autor de siete libros, el más reciente The Divider: Trump in the White House, 2017-2021, con Susan Glasser. Más de Peter Baker More

  • in

    Giuliani Plans to Surrender Wednesday in Georgia Election Case

    Mr. Giuliani served as Donald Trump’s personal lawyer in the aftermath of the 2020 election, and advanced false claims that the election was stolen.Rudolph W. Giuliani plans to turn himself in on Wednesday at the Atlanta jail where defendants are being booked in the racketeering case against former President Donald J. Trump and his allies, Mr. Giuliani’s local lawyer said Wednesday morning.Mr. Giuliani and Mr. Trump face the most charges among the 19 defendants in the sprawling case. A former mayor of New York, Mr. Giuliani served as Mr. Trump’s personal lawyer in the aftermath of the 2020 election and played a leading role in advancing false claims that the election had been stolen from Mr. Trump.Bernard Kerik, who served as New York City’s police commissioner during Mr. Giuliani’s tenure as mayor, planned to accompany him to the jail in Atlanta, two people with knowledge of Mr. Giuliani’s plans said. Mr. Kerik is not a defendant in the case.The former mayor’s bond has not yet been set. His lawyers plan to meet on Wednesday with the office of Fani T. Willis, the Fulton County district attorney who is leading the investigation.The bond for Mr. Trump, who plans to turn himself in on Thursday, has been set at $200,000.“Based on the bonds that have been set, we would expect it to not be any higher than the president’s, but we’re going to negotiate that with the district attorney’s office,” said Brian Tevis, an Atlanta lawyer representing Mr. Giuliani.The case against Mr. Giuliani is a striking chapter in the recent annals of criminal justice. A former federal prosecutor who made a name for himself with racketeering cases, he now faces a racketeering charge himself.“This is a ridiculous application of the racketeering statute,” he said last week after the indictment was issued.Several of the defendants in the case have already made the trip to the Fulton County jail to be fingerprinted and have mug shots taken. They include Kenneth Chesebro and John Eastman, the two architects of the plan to use fake electors to keep Mr. Trump in power after he lost the election to President Joseph R. Biden, Jr.David Shafer, a former head of the Republican Party in Georgia, has also turned himself in, as has Scott Hall, a pro-Trump Atlanta bail bondsman who was involved in a data breach at a rural Georgia elections office.In a social media post on Wednesday, Mr. Trump — who is running for office again, leads the Republican presidential primary field and is skipping his party’s first debate on Wednesday night — sounded a defiant note on social media about his upcoming visit to the Atlanta jail, saying he would “proudly be arrested” Thursday afternoon.Mr. Giuliani has struggled financially with mounting legal expenses, many of them related to his efforts to keep Mr. Trump in office for another term after the 2020 defeat. After repeated entreaties from people close to Mr. Giuliani, Mr. Trump plans to host a $100,000-per-person fund-raiser next month at his club in Bedminster, N.J., to aid the former mayor, according to a copy of the invitation.Three of the 19 defendants have begun trying to have the case removed to federal court: Jeffrey Clark, a former Justice Department official; Mark Meadows, Mr. Trump’s former White House chief of staff; and Mr. Shafer.Mr. Clark and Mr. Meadows have also filed court papers seeking to block their arrest.Some defendants were granted bond this week after their lawyers met with prosecutors in Atlanta. Mr. Trump’s bond agreement includes stipulations that he not intimidate witnesses or co-defendants, whether in social media posts or otherwise.Shane Goldmacher More

  • in

    Trump Condemns Hunter Biden’s Foreign Business. He’s Quiet on His Own.

    Donald J. Trump has berated Joseph R. Biden Jr. for his son’s overseas deal making, despite plenty of overseas deal making by the Trump family.After his fourth indictment, bringing his total count of felony charges to 91, former President Donald J. Trump last week posted a video online accusing President Biden and his family of being criminals.“The Biden crime family,” he claimed, had received millions of dollars from foreign countries. “I believe we have a compromised president,” Mr. Trump said, adding: “He’s a Manchurian candidate. That’s why Crooked Joe is letting other countries walk all over the United States.”For Mr. Trump, outrage is a selective commodity when it comes to presidential families taking millions of dollars from foreign countries. During his four years in the White House and in the more than two and a half years since, Mr. Trump and his relatives have been on the receiving end of money from around the globe in sums far greater than anything Hunter Biden, the president’s son, reportedly collected.Unlike other modern presidents, Mr. Trump never gave up control of his sprawling business with its interests in multiple countries, nor did he forswear foreign business even as president. He shattered norms in his money making and unabashed boosting of his family’s company. The luxury hotel he opened down the street from the White House, for example, became the favored destination for lobbyists, dealmakers and foreign governments, including Saudi Arabia, Kuwait and Bahrain, which paid handsomely for accommodations, galas and more.Mr. Trump also permitted his family to take positions in government that blurred the lines when it came to their private interests. Unlike Hunter Biden, Mr. Trump’s daughter Ivanka Trump and son-in-law Jared Kushner both served on the White House staff, where they could shape policies of concern to overseas businesses.Mr. Kushner was heavily involved in setting the administration’s approach to the Middle East and made multiple contacts in the region. After turning in his White House badge, Mr. Kushner started a private equity firm with $2 billion in funds from Saudi Arabia and hundreds of millions more from other Arab countries that stood to benefit from U.S. policies and have an interest in a possible second Trump administration.“The Trump family foreign commercial entanglements were far more numerous, involving dozens of foreign business conflicts,” said Norman Eisen, a lawyer who led unsuccessful court challenges to the former president’s practice of taking foreign money while in office.The entanglements “implicated those like Jared and Ivanka who were actually working in government, whereas Hunter never did,” Mr. Eisen added. “Indeed, Trump himself openly benefited, whereas there’s not a shred of evidence that Biden the elder ever did.”Hunter Biden’s business dealings have raised concerns because testimony and reports have indicated that he traded on his family name to generate lucrative deals. A former business partner has told congressional investigators that the younger Biden parlayed “the illusion of access to his father” to win over potential partners.Jared Kushner, the former president’s son-in-law, started a private equity firm with $2 billion in funds from Saudi Arabia.Tamir Kalifa for The New York TimesNo hard evidence has emerged that Mr. Biden, while vice president, personally participated in or profited from the business deals or used his office to benefit his son’s partners.But Mr. Biden’s statements distancing himself from his son’s activities have been undercut by testimony indicating that Hunter put his father on speakerphone with international business associates; the future president talked about casual things like the weather, not business, according to testimony, but it seemed intended to impress Hunter’s associates.All of which would typically generate scrutiny in Washington, where relatives of presidents have long taken advantage of their positions to make money. Access and celebrity are coins of the realm in the nation’s capital, and a relative who frequents Camp David, enjoys a good seat at a state dinner or rides Air Force One can get phone calls returned. This tradition has turned off many Americans, and even Democrats privately voice discomfort at Hunter Biden’s activities.“If he traded on his father’s influence, he should be held accountable for that,” Representative Jim Himes, Democrat of Connecticut, said on MSNBC recently. “And I’m emphasizing this because you never, ever heard a Republican say the same thing about Donald Trump or his family.”Republicans investigating the Bidens say they made more than $20 million from foreign sources in China, Ukraine and elsewhere, but a Washington Post analysis of congressional memos indicated that most of the money went to business associates, with $7 million going to the Bidens themselves, mainly Hunter.“What both Hunter and Jared have in common is that they are the well-educated sons of prominent people, and that their familial ties certainly helped them in business,” said Don Fox, a former general counsel of the U.S. Office of Government Ethics. “That is where the similarities end.”“Hunter never held public office, and a fair amount of his work involving Ukraine occurred when his father was out of office,” Mr. Fox continued. The amount of money that Mr. Kushner could earn from the funds invested by the Saudis, he added, “dwarfs what anyone ever paid Hunter.”The analogy to Hunter Biden rankles Mr. Kushner, who had a long track record in business before joining government and takes pride in negotiating the Abraham Accords, the diplomatic agreements normalizing relations between Israel and several Arab neighbors.People close to him argue that the investments from the Saudis and other Arabs were based on trust that he could make money for them, not out of gratitude for policies he promoted. And they noted that the Biden administration has not reversed those policies but instead sought to build on the Abraham Accords.“There is no factual comparison between Hunter and Jared,” a representative for Mr. Kushner said in a statement. “Jared was a successful businessman before entering politics, achieved historic peace and trade agreements, and like many before him, he re-entered business after serving for free in the White House, where he fully complied with the Office of Government Ethics rules.”Chad Mizelle, the chief legal officer for Affinity Partners, Mr. Kushner’s firm, said in a statement: “Partisan politics aside, no one has ever pointed to a specific legal or ethical guideline that Jared or Affinity has violated.”One of the few Republicans to criticize the Trump family’s blending of government service and foreign business has been Chris Christie, the former New Jersey governor running against the former president for next year’s Republican nomination. “The Trump family have been involved in grifting for quite some time,” he said on CNN in June.Mr. Christie, who as a U.S. attorney prosecuted Mr. Kushner’s father, singled out the business dealings of the former president’s son-in-law.“Jared Kushner, six months after he leaves the White House, gets $2 billion from the Saudi sovereign wealth fund,” he said. “What was Jared Kushner doing in the Middle East? We had Rex Tillerson and Mike Pompeo as secretaries of state. We didn’t need Jared Kushner. He was put there to make those relationships, and then he cashed in on those relationships when he left the office.”While in the White House, Mr. Kushner bolstered ties between the United States and Saudi Arabia, convincing his father-in-law to make the kingdom his first foreign destination as president, helping broker billions of dollars in arms sales and forging a close relationship with Crown Prince Mohammed bin Salman.Mr. Kushner defended Prince Mohammed after Saudi operatives murdered Jamal Khashoggi, a columnist for The Post and United States resident. The C.I.A. concluded that Prince Mohammed ordered the 2018 killing. In 2021, Prince Mohammed’s sovereign wealth fund approved the $2 billion investment in Mr. Kushner’s new firm despite objections from the fund’s own advisers.Representative James R. Comer, Republican of Kentucky and chairman of the House Oversight Committee that is investigating the Bidens, acknowledged concerns with Mr. Kushner’s Saudi deal.“I think that what Kushner did crossed the line of ethics,” Mr. Comer said when asked by CNN’s Jake Tapper earlier this month. “What Christie said, it happened after he left office. Still no excuse, Jake. But it happened after he left office. And Jared Kushner actually has a legitimate business. This money from the Bidens happened while Joe Biden was vice president, while he was flying to those countries.”Mr. Trump has attacked President Biden for his son Hunter Biden’s overseas deal making.Kenny Holston/The New York TimesIn fact, as Mr. Comer’s committee reports indicate, some of Hunter Biden’s overseas money came while his father was vice president, but a significant share came afterward.Spokesmen for Mr. Comer and Mr. Trump did not respond to requests for comment.Mr. Trump has never been allergic to foreign money. Even as a candidate in 2016, he secretly pursued a deal to build a Trump Tower in Moscow until after he had effectively secured the Republican nomination. One of his lawyers reached out to the Kremlin for support for the project, the same Kremlin that Mr. Trump would interact with a few months later as president.To address concerns about foreign financial interests, Mr. Trump promised not to pursue new business overseas while in office, but he did not give up his many existing moneymaking ventures in other countries and his company, formally run by his sons Donald Trump Jr. and Eric Trump, continued to expand operations abroad.During Mr. Trump’s four years in the White House, the Trump Organization received 66 foreign trademarks, according to a report by the Citizens for Responsibility and Ethics in Washington, with most of them coming from China but others from Argentina, Brazil, Canada, Peru, the Philippines, Indonesia, Mexico, the United Arab Emirates and the European Union.Foreign entities were good customers for Mr. Trump. While in office, 145 foreign officials from 75 governments visited Trump properties and foreign governments or affiliated groups hosted 13 events at his hotels and resorts, according to the ethics group report.While Mr. Trump in last week’s video described Mr. Biden as a puppet of the Chinese, falsely claiming that “China has paid him a fortune,” his own family has had significant financial ties to Beijing. Beyond the trademarks, Forbes calculated that a Trump business during his presidency collected at least $5.4 million in rent from the state-controlled Industrial and Commercial Bank of China.Mr. Kushner’s family negotiated with Chinese and Qatari entities to rescue its debt-saddled Manhattan tower at 666 Fifth Avenue, eventually brokering a $1.1 billion lease deal with an American company whose investors included Qatar’s sovereign wealth fund. (By that time, Mr. Kushner had sold his share of the tower to a family trust of which he was not a beneficiary, and people involved in the deal said the Qataris did not know about the deal before it was made.)Ivanka Trump, for her part, initially kept her own clothing and accessories line while serving on the White House staff and received approval for 16 trademarks from China in 2018 before later deciding to shut down the business.Despite lawsuits by Mr. Eisen and others alleging violations of the Constitution’s emoluments clause, none of the Trump family’s overseas deal making was ever determined to be illegal by any authority. Nor has any of Hunter Biden’s.But in Mr. Trump’s telling, one is enough to compromise a president and the other is not something to talk about. More

  • in

    Let’s Plant Wildflowers in the National Mall

    More from our inbox:Indicted LawyersSununu’s ‘Wishful Thinking’End the Ukraine WarDeSantis and the IviesPain Patients Deserve Answers Evan CohenTo the Editor:Re “Fill the National Mall With Wildflowers,” by Alexander Nazaryan (Opinion guest essay, Aug. 11):What a timely and terrific idea Mr. Nazaryan proposes. Let’s replace the clipped, monotonous lawns of our National Mall with gardens of wildflowers, he writes. Create meadows! Variety and color! These fields would provide habitat for the bees, butterflies and other essential insects that are losing their homes to development and chemically maintained landscaping.And, incidentally, these 18 acres of gardens and meadows will pull tons of carbon from the atmosphere and bury it in the soil.What an opportunity to show visitors our national heritage of wildflowers. And what a chance to show young tourists how plants create a livable atmosphere for us.We can model our future on the National Mall. If millions of suburban gardeners and thousands of farmers follow suit in restoring lawns and fields to meadows of wildflowers and multi-crop fields, free of chemicals, we could be on our way to regenerate the earth and save ourselves a place in the future!Deborah Lake FortsonBrookline, Mass.The writer is a member of Brookline Pollinator Pathways.To the Editor:Alexander Nazaryan’s piece on wildflower lawns is wonderful to consider. A few photoshopped pictures of the National Mall full of wildflowers would have made it perfect.I am delighted with my wildflower lawn in Longmont, Colo., on a small residential lot. In 2022, my water bill was reduced by 25,000 gallons after I stopped watering my lawn, even though I maintained extensive flower and vegetable gardens. Mother Nature also helped kill the lawn by withholding any significant rain and snow for the first six months of 2022.This all followed a severe drought in late 2021, which contributed to a massive grassland fire in Boulder County that burned over 1,000 homes in December. I’d had enough of my lawn.Now I enjoy more colors, heights of vegetation and varied shades of green in our yard than I have ever had. The ground always seems damp, even with bright sun and low humidity, which is typical for our local climate. Birds and bees are all over it.We owe it to the planet for working its magic. Our monotonous and high maintenance green carpet was a poor substitute.David BishtonLongmont, Colo.To the Editor:I’m an ecologist in Washington, D.C., and I love low-water landscaping and wilding lawns — but the National Mall is land used for large events like concerts, Fourth of July fireworks, rallies, marches, protests, gatherings, sun bathing, soccer games, chasing kids around, kite festivals and more. And it’s used by hundreds of thousands of people for some of these events.It cannot be full of wildflowers and, no, wildflowers are not easy to maintain in this sort of scenario.There is a section by the Tidal Basin south of the Washington Monument where flowers are planted that the author may enjoy, though it’s a small lot. Wildflowers on the Mall, though, would remove space for us to play. And we do play!Yes, its maintenance is expensive — but the National Mall is not an ecological disaster. It’s an event space.K. SpainWashingtonIndicted LawyersClockwise from top left, attorneys, John Eastman, Rudy Giuliani, Jeffrey Clark and Sidney Powell.Photographs by Jae C. Hong/Associated Press, Eduardo Munoz/Reuters, Michael A. McCoy/Getty Images and Jonathan Ernst/ReutersTo the Editor:Re “Why Are So Many of Trump’s Alleged Co-Conspirators Lawyers?,” by Deborah Pearlstein (Opinion guest essay, Aug. 15):Reading Ms. Pearlstein’s excellent essay, I was reminded of Anne Applebaum’s observation in her book “Twilight of Democracy”: “Authoritarians need the people who will promote the riot or launch the coup. But they also need the people who can use sophisticated legal language, people who can argue that breaking the constitution or twisting the law is the right thing to do.”Stronger ethics rules and laws, bolstered by the prosecutions and bar expulsions we are witnessing, will help, but ultimately, the problem is more fundamental.What Ms. Pearlstein refers to as a root cause — increased polarization of the legal profession — may be better described as a lack of commitment to democratic principles and, in some cases, a simple lack of character.Michael CurryAustin, TexasTo the Editor:Deborah Pearlstein’s guest essay on the politicization of the legal profession is spot on and reflects the larger problem with the legal profession today: an erosion of ethics.An old joke claims that “legal ethics” is an oxymoron; it is not a joke today. I believe that this is the reason a decreasing number of lawyers are members of the American Bar Association; the ethics code of the A.B.A., and associated state bar associations, is not compatible with their practice of law.Thomas CoxRichmond, Va.Sununu’s ‘Wishful Thinking’Eric Thayer for The New York TimesTo the Editor:Re “If Republicans Narrow the Field, We Will Beat Trump,” by Gov. Christopher T. Sununu (Opinion guest essay, nytimes.com, Aug. 21):Yes, narrowing the field would help Republicans beat Donald Trump for the nomination, but Mr. Sununu is engaging in wishful thinking when he says that at this week’s debate, the other leading candidates should “break free of Mr. Trump’s drama, step out of his shadow.”That’s not possible for these debate participants, every one of whom will have signed a pledge to support the nominee — even if it’s Mr. Trump and even if he’s a convicted felon by November 2024.Moreover, even candidates like Chris Christie and Mike Pence, who now criticize Mr. Trump’s actions regarding the last presidential election, supported him all through the prior four years of his disastrous presidency.Mr. Sununu says the Republican Party needs to refocus “on a nominee dedicated to saving America.” In fact, it’s the Republican Party that needs saving from its current crop of leaders and candidates.Jeff BurgerRidgewood, N.J.End the Ukraine War Shuran Huang for The New York TimesTo the Editor:“Peace Activists Decide Ukraine Is an Exception” (front page, Aug. 15) correctly reports on how many progressive voices have been quiet on the war. But religious leaders, up to and including Pope Francis, as well as several faith groups like my own (Quakers), have been actively pressing to end the war and support the arduous work of peacemaking.Earlier this year, Pope Francis met with President Volodymyr Zelensky at the Vatican and called for a cease-fire and negotiations. Hundreds of religious leaders have now signed a letter in support of his call and are advocating an end to the war once and for all.You don’t have to be a pope or a pacifist to recognize the perils inherent in continued military escalation — for Ukrainians, Russians and the world. President Biden and Congress must invest much more in seeking a diplomatic path out of the conflict rather than relying on endless military aid. Peacemaking won’t be easy. It never is.But war is not the answer.Bridget MoixWashingtonThe writer is the general secretary of the Friends Committee on National Legislation.DeSantis and the IviesHaiyun Jiang for The New York TimesTo the Editor:Re “The Elites He Now Targets Gave DeSantis a Leg Up” (front page, Aug. 22):Ron DeSantis was so embittered by his exposure to elite liberalism at Yale that when he graduated, he went to Harvard Law School. You cannot make that up!Stephen T. SchreiberPrinceton, N.J.Pain Patients Deserve AnswersTo the Editor:Re “They Live in Constant Pain, but Their Doctors Won’t Help Them,” by Vishakha Darbha, Lucy King and Adam Westbrook (Opinion Video, Aug. 17):I’ve seen too many patients suffering from chronic pain who’ve been told it is in their heads or that nothing can be done. Believing that it’s acceptable to live with pain is unacceptable. If someone has pain, something is wrong. Ongoing pain after a previous trauma or surgical procedure may signal that a nerve is injured, which is an overlooked cause of chronic pain because it is hard to detect through imaging.Neuropathic pain, sometimes called the “invisible illness,” is the most common type of chronic pain, affecting one in 10 people. Yet many health care providers and patients don’t understand nerve injuries, how common they are, and the correlation to ongoing pain. It’s not unusual for people to see more than 20 providers before seeing a surgeon who specializes in nerves. This is not OK.People deserve to know that nerve injuries can often be surgically repaired. It’s time they get the answers and care they deserve.Adam B. StrohlPhiladelphiaThe writer is a surgeon at the Philadelphia Hand to Shoulder Center. More

  • in

    How Many of Trump’s Trials Will Happen Before the Election?

    Donald J. Trump is the target of four separate criminal indictments, but the prosecutions could drag on for months or even years.Three different prosecutors want to put Donald J. Trump on trial in four different cities next year, all before Memorial Day and in the midst of his presidential campaign.It will be nearly impossible to pull off.A morass of delays, court backlogs and legal skirmishes awaits, interviews with nearly two dozen current and former prosecutors, judges, legal experts and people involved in the Trump cases show. Some experts predicted that only one or two trials will take place next year; one speculated that none of the four Trump cases will start before the election.It would be virtually unheard of for any defendant to play a game of courthouse Twister like this, let alone one who is also the leading contender for the Republican nomination for the presidency. And between the extensive legal arguments that must take place before a trial can begin — not to mention that the trials themselves could last weeks or months — there are simply not enough boxes on the calendar to squeeze in all the former president’s trials.“This is something that is not normal,” said Jeffrey Bellin, a former federal prosecutor in Washington who now teaches criminal procedure at William & Mary Law School and believes that Mr. Trump might only be on trial once next year. “While each of the cases seems at this point to be strong, there’s only so much you can ask a defendant to do at one time.”Any delay would represent a victory for Mr. Trump, who denies all wrongdoing and who could exploit the timeline to undermine the cases against him. Less time sitting in a courtroom equals more time hitting the campaign trail, and his advisers have not tried to hide that Mr. Trump hopes to overcome his legal troubles by winning the presidency.If his lawyers manage to drag out the trials into 2025 or beyond — potentially during a second Trump administration — Mr. Trump could seek to pardon himself or order his Justice Department to shut down the federal cases. And although he could not control the state prosecutions in Georgia or Manhattan, the Justice Department has long held that a sitting president cannot be criminally prosecuted, which very likely applies to state cases as well.Ultimately, the judges overseeing the four cases might have to coordinate so that Mr. Trump’s lawyers can adequately prepare his defense without needlessly delaying the trials. Judges are permitted under ethics rules to confer with one another to efficiently administer the business of their courts, experts said, and they periodically do so.“The four indictments can appear to resemble four cars converging on an intersection that has no lights or stop signs — but that won’t happen,” said Stephen Gillers, a legal ethics professor at New York University School of Law. “Well before the intersection, the judges will figure it out.”For now, Mr. Trump’s court schedule looks to be nearly as crowded as his campaign calendar, with potential trials overlapping with key dates in the Republican primary season. Claiming he is a victim of a weaponized justice system that is seeking to bar him from office, Mr. Trump may end up bringing his campaign to the courthouse steps.A federal special counsel, Jack Smith, has proposed Jan. 2 of next year (two weeks before the Iowa caucuses) as a date for Mr. Trump to stand trial in Washington on charges of conspiring to overturn the 2020 election. In a Thursday night court filing, Mr. Trump’s lawyers countered with a proposed date of April 2026.Fani T. Willis, the Fulton County, Ga., district attorney who this week announced racketeering charges against Mr. Trump, accusing him of orchestrating a “criminal enterprise” to reverse Georgia’s election results, wants that trial to begin on March 4 (the day before Super Tuesday).It is possible that the election interference case brought against Mr. Trump by special counsel Jack Smith may be given scheduling priority, the experts said.Doug Mills/The New York TimesMr. Smith’s recent case in Washington, and Ms. Willis’s in Georgia, were filed after Mr. Trump was already scheduled for two additional criminal trials next spring: in New York, on March 25, on state charges related to a hush-money payment to the porn star Stormy Daniels; and in Florida, on May 20, on federal charges brought by Mr. Smith accusing Mr. Trump of mishandling classified material after leaving office.Although the New York and Florida indictments were unveiled earlier, affording them first crack at the calendar, some experts now argue that they should take a back seat to the election-related cases, in Georgia and Washington, in which the charges strike at the core of American democracy. Trial scheduling is not always a first-come, first-served operation, and deference could be given to the most serious charges.In a radio interview last month, the Manhattan district attorney, Alvin L. Bragg, said that having been the first to indict did not necessarily mean he would insist on being the first to put the former president on trial. However, he said, the judge in the case, Juan M. Merchan, ultimately controls the calendar.“We will follow the court’s lead,” Mr. Bragg said.There has not yet been any direct communication among judges or prosecutors about moving the Manhattan case, according to people with knowledge of the matter.Still, Mr. Bragg’s comments suggest that he would not oppose moving the Manhattan case, which carries a lesser potential punishment than the three others, backward in line.“My own belief is Alvin Bragg will be true to his word and remain flexible in the interests of justice,” said Norman Eisen, who worked for the House Judiciary Committee during Mr. Trump’s first impeachment and believes that prosecutors might be able to squeeze in three Trump trials next year.And Mr. Eisen, now a senior fellow at the Brookings Institution, argued that voters deserve to know whether Mr. Trump was convicted of subverting the will of the people in the previous election before they vote in the next one.“There could not be a more important question confronting the country than whether a candidate for the office of the presidency is innocent or guilty of previously abusing that office in an attempted coup,” he said.The most likely candidate to take over Mr. Bragg’s March trial date would be Mr. Smith and his election interference case. Recently, nearly a dozen Republican-appointed former judges and high-ranking federal officials submitted a brief to the judge overseeing that case, arguing that the trial should take place in January as Mr. Smith has proposed and citing a “national necessity” for a “fair and expeditious trial.”But this is the case in which Mr. Trump’s lawyers have asked for a 2026 trial date, citing the voluminous amount of material turned over by the government — 11.5 million pages of documents, for example — that the defense must now review. Mr. Trump’s lawyers estimated that to finish by the prosecution’s proposed January trial date would mean reading the equivalent of “Tolstoy’s ‘War and Peace,’ cover to cover, 78 times a day, every day, from now until jury selection.”In that case, Mr. Smith brought a narrow set of charges against Mr. Trump in connection with efforts to overturn the 2020 election, totaling four felony counts, and with no co-defendants.In contrast, Ms. Willis’s election case is a sweeping 98-page indictment of not only Mr. Trump, who faces 13 criminal counts, but also 18 co-defendants, including Mark Meadows, the former White House chief of staff, and Rudolph W. Giuliani, the former mayor of New York City. Already, Mr. Meadows has petitioned for his case to be moved from state to federal court, and other defendants are likely to follow suit. That process could take months and could be appealed to the U.S. Supreme Court, probably making Ms. Willis’s proposed trial date of March 4 something of a long shot.In contrast to the relatively narrow election interference case brought by Mr. Smith in federal court, Fani T. Willis, the Fulton County, Ga., district attorney, has charged Mr. Trump and his associates with a multitude of felonies related to the 2020 presidential election.Nicole Craine for The New York TimesThe sheer size of Mr. Trump’s Georgia case, and the fact it was the last of the four cases to be brought, suggests any Georgia trial of Mr. Trump could be delayed even beyond next year.It is exceedingly rare for a criminal defendant to face so many trials in such a concentrated period of time. The once high-flying lawyer Michael Avenatti seemed to be heading for three federal trials after he was charged in Manhattan in 2019 in a scheme to extort the apparel giant Nike; and, separately, with stealing money from Ms. Daniels, a former client; and in California, with embezzling money from other clients. (He was eventually convicted in the New York trials and pleaded guilty in the California case.)E. Danya Perry, a lawyer who represented Mr. Avenatti in the Nike case, the first to go to trial, said the challenge was “sequencing the cases in a way that would be most advantageous” to her client. And because there was some overlap in the evidence, she said, the defense had to be careful not to open the door for prosecutors to introduce evidence against Mr. Avenatti from another of the cases.“You’re not just trying the case in front of that particular judge,” Ms. Perry said. “Evidence from one case could bleed into other cases.”Before any trial, Mr. Trump’s cases are also likely to become bogged down as his lawyers review and potentially argue over large amounts of documents and other case material turned over by the government. Certain judicial rulings could also lead to drawn-out pretrial appeals.In the Florida documents case, disputes over the use of classified information could delay the proceeding as well. And in the federal court in Washington, which is already contending with lengthy backlogs amid prosecutions of hundreds of Jan. 6 rioters, Mr. Trump’s lawyers have suggested they plan to litigate complex constitutional issues, including whether some of Mr. Trump’s false claims about the election were protected by the First Amendment.Even the jury selection process could drag on for weeks or months, as courts summon huge pools of prospective jurors for questioning over whether they harbor bias in favor of or against the polarizing former president.Michael B. Mukasey, a former U.S. attorney general and longtime Manhattan federal judge, said because of the complex issues raised in all four of Mr. Trump’s cases, “I think the odds are slim to none that any of them gets to trial before the election.”And Mr. Trump’s criminal cases are not the only courtroom battles he’s waging.In October, he faces trial in a civil suit filed by Attorney General Letitia James of New York, accusing him, his company and three of his children of a “staggering” fraud in overvaluing his assets by billions of dollars. In January, Mr. Trump faces two civil trials arising from private lawsuits: one a defamation claim by the writer E. Jean Carroll and the other accusing him of enticing people into a sham business opportunity.“We fully expect both cases to go to trial in January 2024,” said Roberta A. Kaplan, the plaintiffs’ lawyer in the two private suits.Although Mr. Trump need not be in court for the civil cases, he almost certainly will have to attend the criminal trials, said Daniel C. Richman, a former Manhattan federal prosecutor and now a professor at Columbia Law School.“If you asked all the prosecutors in each case, they’d firmly and sincerely say that they want these trials to happen in the first half of 2024,” Mr. Richman said. “But wishing does not make it so.”Maggie Haberman More

  • in

    The Georgia Case Against Trump Is The Simplest and Most Direct

    The best way to think about Georgia’s sprawling indictment against Donald Trump and his allies is that it is a case about lies. It’s about lying, conspiring to lie and attempting to coax, coerce and cajole others into lying. Whereas the attorney general of Michigan just brought a case narrowly focused on the alleged fake electors in her state (Trump is not a defendant in that one), and the special counsel Jack Smith brought an indictment narrowly focused on Trump’s efforts to overturn the 2020 election, the Fulton County district attorney, Fani Willis, has brought a case about the entire conspiracy, from start to finish, and targeted each person subject to her jurisdiction for each crime committed in her jurisdiction.In other words, this indictment is ambitious. But it also answers two related questions: Why bring yet another case against Trump in yet another jurisdiction? Isn’t he going to face a federal trial in Washington, D.C., for the same acts outlined in the Georgia indictment?The answers lie in the distinctions between state and federal law. Georgia law is in many ways both broader and more focused than the federal statutes at issue in Smith’s case against Trump. The breadth is evident from the racketeering charges. As Norm Eisen and Amy Lee Copeland wrote in The Times, Georgia’s racketeering statute allows prosecutors to charge, among other crimes, a number of false statement statutes as part of a generalized criminal scheme. In other words, rather than seeing each actionable lie as its own, discrete criminal act, those lies can also be aggregated into part of a larger whole: an alleged racketeering enterprise designed to alter the results of the Georgia presidential election.Yet it’s the focus of Georgia law that’s truly dangerous to Trump. The beating heart of the case is the 22 counts focused on false statements, false documents and forgery, with a particular emphasis on a key statute: Georgia Code Section 16-10-20, which prohibits false statements and writings on matters “within jurisdiction of state or political subdivisions.” The statute is a state analog to a federal law, 18 U.S.C. Section 1001, which also prohibits false statements to federal officials on matters within their jurisdiction, but the Georgia statute is even broader.Simply put, while you might be able to lie to the public in Georgia — or even lie to public officials on matters outside the scope of their duties — when you lie to state officials about important or meaningful facts in matters they directly oversee, you’re going to risk prosecution. That’s exactly what the indictment claims Trump and his confederates did, time and time again, throughout the election challenge.The most striking example is detailed in Act 113 of the indictment, which charges Trump with making a series of false statements to Georgia’s secretary of state, Brad Raffensperger, and his deputies in Trump’s notorious Jan. 2, 2021, telephone call. Most legal commentators, myself included, focused on that call because it contained a not-so-veiled threat against Raffensperger and his counsel. In recorded comments, Trump told them they faced a “big risk” of criminal prosecution because he claimed they knew about election fraud and were taking no action to stop it.Willis’s focus, by contrast, is not on the threats but rather on the lies. And when you read the list of Trump’s purported lies, they are absolutely incredible. His claims aren’t just false; they’re transparently, incandescently stupid. This was not a sophisticated effort to overturn the election. It was a shotgun blast of obvious falsehoods.Here’s where the legal nuances get rather interesting. While Willis still has to prove intent — the statute prohibits “knowingly and willfully” falsifying material facts — the evidentiary challenge is simpler than in Smith’s federal case against Trump. To meet the requirements of federal law, Smith’s charges must connect any given Trump lie to a larger criminal scheme. Willis, by contrast, merely has to prove that Trump willfully lied about important facts to a government official about a matter in that official’s jurisdiction. That’s a vastly simpler case to make.Yes, it is true that the individual lying allegations are also tied to much larger claims about a criminal conspiracy and a racketeering enterprise. But if I’m a prosecutor, I can build from that single, simple foundation: Trump lied, and those lies in and of themselves violated Georgia criminal law. Once you prove that simple case, you’ve laid the foundation for the larger racketeering claims that ratchet up Trump’s legal jeopardy. Compounding the danger to Trump, presidents don’t have the power to pardon state criminal convictions, and even Georgia’s governor doesn’t possess the direct authority to excuse Trump for his crimes.If Trump’s comments on Truth Social are any indication, he may well defend the case by arguing that the Georgia election was in fact stolen. He may again claim that the wild allegations he made to Raffensperger were true. That’s a dangerous game. The claims are so easily, provably false that the better course would probably be to argue that Trump was simply asking Raffensperger about the allegations, not asserting them as fact.But if Trump continues to assert his false claims as fact, then Willis has an ideal opportunity to argue that Trump lied then and is lying now, that he’s insulting the jury’s intelligence just as he insulted the nation’s intelligence when he made his claims in the first place.But declaring that the core of the Georgia case is simpler than the federal case does not necessarily mean that it will be easier to try. Willis chose to bring claims against 19 defendants, and she said she intended to try them together. While that decision makes some sense if you’re trying to prove the existence of a sprawling racketeering enterprise, it is also a massive logistical and legal challenge. Moreover, Trump is likely to try to move the case to federal court, which would require him to demonstrate that his actions were part of his official duties as president — a formidable task, given that he was interacting with Georgia officials in his capacity as a candidate. But if successful, it would expand the available jury pool to include more Trump-friendly areas outside Fulton County.These challenges — especially when combined with Trump’s upcoming criminal trials in Washington, D.C.; Manhattan; and Florida — make it difficult to see how Willis can bring this case to trial within the six months that she has said is her preference.For eight long years, Americans have watched Donald Trump lie. Those lies have been morally indefensible, but some may also be legally actionable. His campaigns and presidency may have been where the truth went to die. But the law lives, and the law declares that Trump cannot lie to Georgia public officials within the scope of their official duties. If Willis can prove that he and his confederates did exactly that, then she will prevail in the broadest, most consequential prosecution in modern American political history.The Times is committed to publishing a diversity of letters to the editor. We’d like to hear what you think about this or any of our articles. Here are some tips. And here’s our email: letters@nytimes.com.Follow The New York Times Opinion section on Facebook, Twitter (@NYTopinion) and Instagram. More

  • in

    Fast Living and Foreign Dealings: An F.B.I. Spy Hunter’s Rise and Fall

    Charles McGonigal had a family, a house in the suburbs and an influential job as a counterintelligence leader in New York. Federal prosecutors suggest it wasn’t enough for him.By the time he reached middle age, Charlie McGonigal was living a comfortable suburban life.He had married and raised two children in a tidy Maryland neighborhood near the Capital Beltway. He coached his co-workers on an office softball team and went to church on Sundays. In his den, he hung posters celebrating sports teams from his native Ohio; in his home office, a sign above a doorway announced in flowing script his devotion to his job.“I want to thank the Good Lord,” it read, “for making me a F.B.I. Agent.”But Charles Franklin McGonigal was no ordinary agent. As the chief of counterintelligence for the Federal Bureau of Investigation in New York, he was tasked with rooting out foreign efforts to steal vital national security and economic secrets in one of the world’s most fertile cities for spying.Apart from his outward image as a wholesome and responsible G-man, however, there was another, less visible side to Mr. McGonigal, federal prosecutors and his former colleagues say. He held off-the-books meetings with foreign politicians and businessmen and accepted illicit payments while doing favors for associates, according to federal indictments filed against him in two states earlier this year.Mr. McGonigal’s arrest, in part based on accusations that he had worked for a Russian oligarch, came at a time when U.S.-Russia relations had reached their lowest point since the Cold War, leading to questions about whether one of the country’s most trusted spy hunters had become a spy himself. But a close look at Mr. McGonigal’s life and career reveals an arc that appears to have little or nothing to do with espionage and international intrigue. Instead, it seems to be a quintessentially American story about greed.Smooth and politic while navigating an upward trajectory through the F.B.I.’s bureaucracy, he was a different man with subordinates, flashing his temper at the smallest provocation, former associates say. An expert in Russian counterintelligence, he spoke publicly of international security threats. At the same time, prosecutors say, he was privately courting the oligarch, Oleg V. Deripaska, who figured prominently in the investigation by the special counsel, Robert S. Mueller III, into Russian meddling in the 2016 U.S. presidential election.Now, Mr. McGonigal, 55, appears set to become one of the highest-ranking F.B.I. agents ever to be convicted of a crime. He is scheduled to appear in federal court in New York on Tuesday for a possible guilty plea in the case involving Mr. Deripaska, and is in talks to resolve an indictment brought by federal prosecutors in Washington. Until any deal is finalized, it could still fall apart, and Mr. McGonigal, who has so far pleaded not guilty, could go to trial.The case has raised unsettling questions about the F.B.I.’s ability to detect corruption within its ranks. Prosecutors suggested that Mr. McGonigal traveled extensively while at the bureau, meeting with foreign officials and businesspeople who, on the surface, had nothing to do with his job. Agents are required to report such contacts and certain financial transactions and to take lie-detector tests, but the bureau relies heavily on the integrity of the people it has placed in positions of trust.Over more than three years, the investigation has so far produced no evidence that Mr. McGonigal provided national security secrets to the Russians or to anyone else, according to American officials who requested anonymity to discuss ongoing cases. Although the officials said Mr. McGonigal appears to have been engaged in simple graft, his actions stunned many in the F.B.I., where a core tenet is drilled into every agent: “Never embarrass the bureau.”The F.B.I.’s director, Christopher A. Wray, said the charges demonstrated “the F.B.I.’s willingness as an organization to shine a bright light on conduct that is totally unacceptable, including when it happens from one of our own people, and to hold those people accountable.”Peter J. Lapp, a former F.B.I. agent who once worked for Mr. McGonigal, said that the openness with which he seems to have crossed legal lines — “doing it right in front of everyone” — took audacity. But the charges did not explain what he called “the great mystery.”“Why did he need so much money?”While investigators have described brazen attempts to profit from his F.B.I. career, the actual crimes Mr. McGonigal is charged with are technical. Between the two indictments, he is accused of concealing details of his finances and activities overseas, violating U.S. sanctions and laundering money. Some charges carry potential prison sentences of up to 20 years, but a judge could impose far less.Mr. McGonigal was accused of working for Oleg Deripaska, second from left, shown here with Russian President Vladimir V. Putin in a photo from the Russian presidential press service.Mikhail Klimentyev, Presidential Press Service/RIA-Novosti, via Associated PressSeth D. DuCharme, Mr. McGonigal’s lawyer, said at a recent hearing in New York that the indictment was more dramatic than the case actually seemed to be.“Every time I hear the government describe this as a small white-collar case, I feel a little more comforted,” he said.And the Washington prosecution, Mr. DuCharme has said, is basically “about some omissions on government forms.”What most shocked former colleagues was Mr. McGonigal’s boldness. He had behaved in ways that he most likely knew would get him caught. In 2020, two years after his retirement, he spoke on a panel about the corruption of the Federal Security Service, or F.S.B., Russia’s counterpart to the F.B.I., including its agents’ participation in money laundering and acting as “private contractors” for businessmen and criminals.“It has really become an organization that is rogue, in my opinion, and is at the behest of those who can pay for the services they offer,” he said.By then, prosecutors said, Mr. McGonigal had already accepted cash from a former Albanian intelligence officer — and had begun working with Mr. Deripaska.An unpolished edgeIn the Cleveland suburbs where he grew up, one of four siblings in a family of modest means, Mr. McGonigal went by “Chuck,” studied martial arts and liked to drive fast cars and party on weekends, according to his high school yearbook.After graduating from Kent State University, and working briefly for the National Bank of Canada in New York City, Mr. McGonigal joined the F.B.I. Assigned to investigations into the crash of TWA Flight 800 off Long Island and the Sept. 11 attacks, he gradually climbed the ranks, eventually supervising a counterespionage squad at the agency’s Washington field office. He was aided by a gift for “briefing up” — impressing superiors with analysis and presentations.“He was a very hard-working, intelligent, nice guy — always, ‘Yes, sir. No, sir,’” said another colleague, Clayt Lemme, who worked as special agent in charge of counterintelligence, two levels above Mr. McGonigal, at the F.B.I.’s Washington field office.He revealed a less polished side, though, when underlings displeased him, erupting in tirades while spraying spit. Mr. Lapp, his former employee, said it became a running joke: Offending agents got a second shower — “the McGonigal hot wash” — when he yelled at them.Mr. McGonigal and his wife, Pamela, who had been a year behind him at Kent State, bought a red brick rambler in hilly North Chevy Chase, Md., where they raised their son and daughter. He joined Shrine of the Most Blessed Sacrament, a nearby Catholic church. He registered to vote as a Republican and coached the Washington field office’s softball squad. His den became a man cave, its walls covered in posters paying homage to the Ohio State Buckeyes, the Cleveland Browns and other teams.Before Mr. McGonigal retired from the F.B.I., he and his wife had raised two children in a quiet suburb of Washington.Jefferson Siegel for The New York TimesThough Mr. McGonigal took pride in his home state, he also played down his humble roots, leaving Kent State off his official bio and accentuating the graduate degree he later earned at Johns Hopkins University.All the while, he had access to some of the F.B.I.’s most sensitive and important information, even helping to lead the investigation in 2012 into the compromise of C.I.A. informants in China.By early 2016, Mr. McGonigal was running the bureau’s Cyber-Counterintelligence Coordination Section in Washington, where agents analyzed Russian and Chinese hacking and other foreign intelligence activities.In that senior position, Mr. McGonigal became aware of the initial criminal referral that led to the investigation known as Crossfire Hurricane — an inquiry into whether Donald J. Trump’s presidential campaign and associates were coordinating with Russia.That October, then-director James B. Comey appointed Mr. McGonigal special agent in charge of counterintelligence in New York, overseeing hundreds of agents and support staff. It was a return to where Mr. McGonigal had gotten his start, but in a vastly more important role.The job would be the culmination of Mr. McGonigal’s law enforcement career.“If you want to learn and work counterintelligence, New York City is the pre-eminent field office,” Mr. McGonigal told a gathering at the Foreign Policy Association seven months after his appointment, adding that audience members who traveled overseas should expect to be under surveillance by foreign intelligence agencies.Despite urging caution, it seems that Mr. McGonigal had already thrown it aside in his own life.He had left his family in Maryland, and, soon after moving to New York, begun an affair with a woman who socialized in law-enforcement circles.Mr. McGonigal met the woman, Allison Guerriero, 49, of Florham Park, N.J., through her work volunteering at a nonprofit organization called the Federal Enforcement Homeland Security Foundation, which says it raises money for the families of federal agents injured or killed in the line of duty — in part by hosting galas and golf outings with celebrities such as the “Law & Order” creator Dick Wolf and the actor Stephen Baldwin.Ms. Guerriero, who has been publicly critical of Mr. McGonigal since his arrest, has said he led her to believe his marriage was dead, only to end their affair after he retired from the F.BI. in 2018. In the aftermath, Pamela McGonigal, citing harassment, obtained a restraining order against Ms. Guerriero, who has acknowledged overstepping during periods of alcohol abuse.Ms. Guerriero has said that, in her anger, she drunkenly sent an email to the head of the F.B.I.’s New York office suggesting he investigate Mr. McGonigal, which has led some to suspect that his marital indiscretion was what ultimately led to the federal inquiry that resulted in his arrest.During their 18-month relationship, Ms. Guerriero said, she and Mr. McGonigal sometimes stayed at a Brooklyn apartment and enjoyed the swirl of the city. He loved Sparks Steak House and other upscale restaurants and was fastidious about his appearance.“Suits, shoes, expensive ties,” Ms. Guerriero said. “If he went out, he would have to be dressed to the nines.”Over dinner in Manhattan one evening in 2017, Mr. McGonigal was introduced to a man who would figure heavily into his undoing: Agron Neza, an Albanian-born businessman living in Leonia, N.J., who is labeled “Person A” in the Washington indictment. As a young man, Mr. Neza had worked for the Albanian State Intelligence Service before moving to the United States. Now, balding and bearded, Mr. Neza was brokering deals overseas.In August 2017, according to prosecutors, Mr. McGonigal proposed the men make their own deal, in which Mr. Neza would lend him $225,000 in cash.The Vienna clientProsecutors have not said why Mr. McGonigal needed that money or what he may have agreed to do in return. But over the next several months, they said, he injected himself into foreign political and business affairs, apparently while trading on his F.B.I. position, in dealings that would culminate in his arrest.He befriended the prime minister of Albania, Edi Rama, and used his position to drum up foreign business for his associates, according to the indictment filed against him in Washington.On one occasion, Mr. McGonigal opened an F.B.I. investigation into a lobbyist for the Albanian prime minister’s main political rival, the prosecutors said. On another, prosecutors said, he helped secure an oil drilling license benefiting Mr. Neza and others.Prosecutors said Mr. McGonigal also cultivated ties to Prime Minister Edi Rama of Albania. The accusations caused a scandal there, with protesters carrying effigies of the two men in prison jumpsuits.Adnan Beci/Agence France-Presse — Getty ImagesAlong the way, there was some indication that the F.B.I. was aware of his dealings with the Albanians. According to two people who spoke with him, Mr. McGonigal said the F.B.I. had authorized him to approach U.S. contractors about working with Mr. Rama to help reform the Albanian government, which had long been plagued by corruption and inefficiency. Perhaps none of Mr. McGonigal’s associations was as alarming as the one prosecutors said he had with the Russian oligarch, Mr. Deripaska. A billionaire metals magnate seen as shrewd and ruthless, Mr. Deripaska built his fortune after the fall of the Soviet Union, as state resources were taken over by businessmen with close ties to the Kremlin. He also cultivated ties to the West, hosting parties in Europe, courting politicians and hiring lawyers and lobbyists to look after his interests.He did business with Paul Manafort, a lobbyist and political adviser who later served as chairman of Mr. Trump’s 2016 campaign. F.B.I. agents attempted to recruit Mr. Deripaska as an informant, in part to find out whether Mr. Manafort had been a link to the Kremlin, which Mr. Deripaska denied.In April 2018, the Treasury Department added Mr. Deripaska to its sanctions list, citing his ties to the Kremlin and accusations that he laundered money and threatened rivals, among other things. Before the sanctions were made public, Mr. McGonigal reviewed a list with Mr. Deripaska’s name on it, the New York indictment said.By late 2018, prosecutors suggested, he was laying the groundwork for a future business relationship with Mr. Deripaska.Mr. McGonigal is accused of setting up an internship at the New York Police Department for the daughter of an unnamed aide to the oligarch — a reference to the Russian businessman Evgeny Fokin, according to people familiar with the case. (A senior police official said that the woman received a multiday “V.I.P.-type” tour of specialized units, not an internship.) Mr. McGonigal had been introduced to Mr. Fokin by a former Russian diplomat who had become an interpreter for U.S. courts, prosecutors said.After retiring from the bureau in late 2018, and taking a job as vice president for security at the real estate firm Brookfield Properties, Mr. McGonigal began working for Mr. Deripaska, prosecutors said. He and the former diplomat connected the oligarch with an American law firm, Kobre & Kim, in 2019 to aid in getting the sanctions lifted.They referred to Mr. Deripaska as “the individual” or “the Vienna client” in electronic communications, and Mr. McGonigal met with Mr. Deripaska and others in London and in Vienna, prosecutors said.Mr. McGonigal was paid $25,000 per month by the law firm for the sanctions-related work, using Mr. Deripaska’s money, prosecutors said.In August 2021, Mr. Fokin retained Mr. McGonigal and the former Russian diplomat for a new brief: investigating a rival oligarch with whom Mr. Deripaska was involved in a business dispute. The two men were paid $218,000, until F.B.I. agents seized their devices that November, prosecutors said.Last year, federal prosecutors in New York charged Mr. Deripaska and others with scheming to evade sanctions by engaging in real-estate deals.In January, F.B.I. agents met Mr. McGonigal at Kennedy Airport and arrested him as he returned from an unrelated business trip to Sri Lanka. He had lost his job at the real-estate firm, but in the following months, the wholesome Midwesterner became a celebrity in Albania, where Mr. Rama’s opponents and the media took to short-handing the scandal in a particular way.They called it “the McGonigal affair.”Susan C. Beachy More