Garland, Merrick B

Subterms

    More stories

    • 100 Shares189 Views

      in Elections

      ¿Cuáles son las seis investigaciones que enfrenta Trump?

      by

      Sin el poder de la presidencia, el exmandatario enfrenta a una multitud de fiscales y abogados que lo investigan a él y a sus asociados.WASHINGTON — La oficina que el expresidente Donald Trump instaló en el segundo piso de su propiedad de Mar-a-Lago, en Florida, en parte es una réplica del Despacho Oval y también es un homenaje a su paso por la verdadera Casa Blanca.Durante una visita el año pasado, sobre la pared se veían seis de sus fotografías favoritas, incluidas aquellas donde aparece con la reina Isabel II y Kim Jong-un. También se podían ver algunas monedas de membresía, una placa conmemorativa de su muro fronterizo y un retrato del expresidente hecho con casquillos de bala, regalo de Jair Bolsonaro, a quien llaman el Trump de Brasil.Esa oficina se ha convertido en la fortaleza de Trump en el exilio y en su sala de guerra, el cuartel general del extenso conflicto con las investigaciones que ha llegado a consumir la etapa posterior a su presidencia. Se trata de una guerra en varios frentes, con campos de batalla en Nueva York, Georgia y la capital del país, con una lista cambiante de abogados y una ventisca de acusaciones de irregularidades que son difíciles de seguir.Nunca antes un expresidente se había enfrentado a un conjunto de investigaciones federales, estatales y del Congreso tan amplio como el de Trump, quizá son las consecuencias de una carrera empresarial y, al final, política que ha vivido al límite o tal vez por encima de cualquier límite. Ya sea en relación con sus prácticas empresariales engañosas, sus esfuerzos por anular unas elecciones democráticas o su negativa a entregar documentos gubernamentales confidenciales que no le pertenecían, los diversos problemas jurídicos de Trump se derivan de la misma sensación de que las normas que los demás deben cumplir no aplican para él.El relato de cómo llegó a este punto es único en la historia y bastante predecible. Desde hace medio siglo, Trump ha evadido investigaciones y problemas legales, desde que el Departamento de Justicia demandó a su empresa familiar por discriminación racial y a través de las innumerables investigaciones que le siguieron a lo largo de los años. Cuenta con un notable historial de esquivar los peores resultados, pero es posible que ahora esté enfrentando tantas investigaciones que la salida sea incierta.Su visión del sistema legal siempre ha sido transaccional: es un arma para ser utilizada, ya sea por él o en su contra, y rara vez se ha sentido intimidado por las citaciones y declaraciones juradas que conmocionarían a cualquier persona menos acostumbrada a los litigios. En el aspecto civil, ha estado involucrado en miles de juicios con socios comerciales, proveedores y otros, muchos de los cuales lo demandaron porque se negó a pagar sus cuentas.Mientras era presidente, una vez explicó su visión del sistema legal a algunos colaboradores, diciendo que acudiría a los tribunales para intimidar a los adversarios porque solo amenazar con demandar no era suficiente.“Cuando amenazas con demandar, no hacen nada”, le dijo Trump a sus asistentes. “Dicen: ‘¡Psshh!’. Y siguen haciendo lo que quieren”, afirmó mientras agitaba su mano en el aire. “Pero, cuando los demandas, dicen: ‘¡Oooh!’, y se conforman. Es tan fácil como eso”, dijo con una mueca.Cuando, siendo presidente, comenzó a perder batallas jurídicas con regularidad arremetió contra el sistema de justicia. En un momento dado, cuando el Tribunal de Apelaciones del 9º Circuito, un tribunal liberal por tradición con sede en California, falló en contra de una de sus políticas, exigió a sus asesores que se deshicieran del tribunal. “Cancelémoslo”, dijo, como si se tratara de un acto de campaña y no de un sistema judicial establecido por ley. Si para ello es necesario redactar una legislación, que se haga un proyecto de ley para “deshacernos” de los jueces, dijo, utilizando un improperio.Pero sus asistentes lo ignoraron y ahora que no tiene el poder de la presidencia debe enfrentarse a una serie de fiscales y abogados que lo tienen a él, y a sus socios, en la mira. Algunas de las cuestiones son añejas, pero muchas de las semillas de su actual peligro jurídico se plantaron en los frenéticos últimos días que pasó en el cargo, cuando trató de anular la voluntad de los electores y aferrarse al poder mediante una serie de mentiras sobre un fraude electoral inexistente.Es bastante comprensible que muchos estadounidenses hayan perdido el hilo de todas las investigaciones en medio del torbellino de mociones, audiencias y sentencias de las últimas semanas. Pero, en esencia, son estas.Estado de Nueva YorkMucho antes de llegar a la presidencia, se puede decir que Trump, en muchos sentidos, se tomaba a la ligera sus negocios. La pregunta es si violó la ley de alguna manera. Durante años, según sus propios socios, infló el valor de varias propiedades para obtener préstamos.Durante más de tres años, Letitia James, la fiscala general del estado de Nueva York, ha analizado sus prácticas comerciales para determinar si constituyeron fraude. Cuando citó a Trump para que testificara, él invocó más de 400 veces el derecho que otorga la Quinta Enmienda para no responder preguntas con base en que sus respuestas podrían incriminarlo.Trump ha atacado a James con el argumento de que es una demócrata partidista que lo persigue por motivos políticos. Durante su candidatura de 2018, ella criticó a Trump sin rodeos, dijo que era un “presidente ilegítimo” y sugirió que los gobiernos extranjeros canalizaron dinero a las propiedades inmobiliarias de su familia, lo que caracterizó como un “patrón y práctica de lavado de dinero”.Hace poco, los abogados de Trump trataron de llegar a un acuerdo en el caso, lo que podría indicar la preocupación que sienten por su riesgo jurídico, pero James rechazó su oferta. Debido a que su investigación es civil, y no penal, ella tendría que decidir si sus hallazgos justifican una demanda en la que se acuse de fraude al expresidente.ManhattanLa fiscalía de distrito de Manhattan, ahora a cargo de Alvin L. Bragg, se ha ocupado de algunos de esos asuntos como parte de una investigación penal y está a punto de llevar a juicio a partir del 24 de octubre a la Organización Trump, la empresa familiar del expresidente, por cargos de fraude y evasión fiscal.Allen H. Weisselberg, el director de finanzas de toda la vida de la Organización Trump, se declaró culpable de 15 delitos graves y admitió que se asoció ilegalmente con la empresa para implementar un plan con la finalidad de evadir impuestos sobre lujosas prebendas. Como parte de su acuerdo de culpabilidad, Weisselberg está obligado a testificar en el próximo juicio. Pero Trump no es acusado en ese juicio y Weisselberg se negó a cooperar con la investigación más extensa.Allen Weisselberg, quien durante mucho tiempo fue el director financiero de la Organización Trump, se declaró culpable de 15 delitos graves relacionados con su trabajo en la empresa.Jefferson Siegel para The New York TimesPero después de que Bragg asumió el cargo en enero, le dijo al equipo que trabajaba en la investigación que estaba escéptico ante la posibilidad de que tuvieran pruebas suficientes para condenar al propio Trump. Eso hizo que los dos fiscales que dirigían la investigación renunciaran, y uno dijo en su carta de renuncia que el expresidente era “culpable de numerosos delitos graves” y que era “una grave falta de justicia” no hacerlo responsable.GeorgiaEl 2 de enero de 2021, Trump se puso en un posible riesgo jurídico en el estado de Georgia cuando llamó a Brad Raffensperger, el secretario de Estado, y le exigió “encontrar 11.780 votos”, los suficientes para cambiar el resultado y arrebatarle el estado a Joe Biden. Durante la llamada, Trump le advirtió a Raffensperger, quien es republicano, que enfrentaba un “gran riesgo” si no lograba encontrar esos votos, una amenaza implícita que el georgiano desafió.Los aliados de Trump también intentaron presionar a los funcionarios estatales para que cambiaran los resultados y, como hicieron en otros estados clave que ganó su opositor, trataron de armar una lista de electores falsos para enviarlos a Washington para que votaran en el Colegio Electoral a favor del presidente derrotado en lugar de Biden, que ganó el voto popular en Georgia.Fani T. Willis, la fiscala de distrito del condado de Fulton, inició una amplia investigación y presionó para obtener la declaración del senador republicano de Carolina del Sur Lindsey Graham e informó a Rudy Giuliani, el abogado del expresidente, que también es parte de su investigación.Willis parece estar construyendo un posible caso de asociación delictiva para cometer fraude electoral o chantaje mediante un esfuerzo coordinado para socavar las elecciones. Además de Giuliani, se ha informado a múltiples aliados del expresidente que también se les investiga, incluido el presidente del partido estatal y los miembros de la lista de electores falsos.Trump ha subestimado a Willis, una demócrata que fue elegida en la misma votación de 2020 en la que él perdió, diciendo que su investigación es, en palabras de un portavoz el año pasado, “simplemente el último intento de los demócratas para sumar puntos políticos al continuar con su cacería de brujas contra el presidente Trump”.CongresoLa Comisión de la Cámara de Representantes que investiga el ataque al Capitolio del 6 de enero de 2021, compuesta por siete demócratas y dos republicanos, ha hecho más por exponer un posible caso penal contra Trump en el espacio público que cualquiera de las personas que investigan al expresidente.En su serie de audiencias celebradas a lo largo del verano, que podrían reanudarse el 28 de septiembre, los asesores de Trump rindieron testimonio e indicaron que se le informó en varias ocasiones que las elecciones de 2020 no habían sido robadas, que lo que estaba diciendo a la opinión pública no era cierto, que no había fundamentos para impugnar el resultado e incluso que la multitud que convocó el 6 de enero incluía a algunas personas armadas.La comisión documentó los amplios esfuerzos de Trump para aferrarse al poder: cómo presionó no solo a Raffensperger, sino a funcionarios en varios estados para que cambiaran los resultados, cómo contempló declarar la ley marcial y apoderarse de máquinas electorales, cómo trató de obligar al Departamento de Justicia para que interviniera aun cuando se le dijo que no había motivos, cómo conspiró con aliados del Congreso para llevar electores falsos a la votación del Colegio Electoral y en última instancia cómo trató de obligar a su propio vicepresidente a bloquear la victoria de Biden.La comisión no tiene facultades para iniciar un proceso judicial, pero acudió a los tribunales para hacer cumplir citatorios para testificar e hizo que el Departamento de Justicia emitiera cargos por desacato al Congreso en contra de Steve Bannon y Peter Navarro, dos exaliados de Trump. Bannon fue condenado y espera su sentencia; Navarro solicitó al tribunal que desestimara su caso.Sin embargo, aunque los legisladores no pueden acusar a Trump, están debatiendo si deben recomendar al Departamento de Justicia que lo haga. Eso tiene poco significado sustantivo, pero incrementaría la importancia del fiscal general Merrick Garland.Fani T. Willis, la fiscala de distrito del condado de Fulton, ha hecho una amplia investigación.Nicole Craine para The New York TimesStephen Bannon, exasesor de Trump, fue declarado culpable de desacato al Congreso.Jefferson Siegel para The New York TimesEl 6 de eneroEn muchos sentidos, Garland sigue siendo el mayor misterio a medida que Trump busca obstaculizar a los investigadores. Garland, un exfiscal y juez de apelación ecuánime y bastante respetado, no ha dicho mucho para dar pistas, pero es evidente que su departamento está siguiendo múltiples líneas en su investigación sobre lo que ocurrió antes del 6 de enero y ese día.El departamento ha entrevistado o llevado ante un gran jurado a exasistentes de la Casa Blanca, como Pat A. Cipollone y Marc Short; también incautó los teléfonos o dispositivos electrónicos de aliados de Trump como John Eastman, Jeffrey Clark y Mike Lindell y hasta de un miembro del Congreso y en fechas recientes envió cerca de 40 citatorios a exasesores de la Casa Blanca, entre los cuales se encuentran Stephen Miller y Dan Scavino, además de otros personajes cercanos al expresidente.Tras pasar buena parte de los últimos 18 meses procesando a cientos de seguidores de Trump que ingresaron por la fuerza al Capitolio, parece que el equipo de Garland está analizando varios ángulos, incluido el plan de los electores falsos, la operación de recaudación de fondos de Trump mientras promovía afirmaciones falsas sobre el fraude electoral y la intervención del presidente mismo para tratar de anular las elecciones.Lo que no está claro es si Garland ya tiene una teoría del caso. Si bien las citaciones indicaban que los investigadores estaban analizando, entre otras cosas, los intentos de “obstruir, influir, impedir o retrasar” la certificación de las elecciones presidenciales, el departamento aún tiene que acusar a las personas cercanas a Trump y, por lo tanto, no ha presentado ninguna conclusión legal sobre las acciones tomadas por su oficina.Una persona que aún no sabe si será citada es el mismo Trump, pero sigue siendo una posibilidad. Con el fin de prepararse para el día en que los investigadores se presenten en su puerta, Trump ha estado buscando abogados que lo representen, ya que muchos de sus abogados anteriores ya no quieren involucrarse con él o tienen que enfrentar sus propios problemas legales.Los documentos clasificadosComo si Trump ya no estuviese expuesto a suficientes problemas jurídicos por los sucesos acaecidos durante sus últimos días en el cargo, al irse de la Casa Blanca tomó decisiones que también le han causado problemas.La última amenaza para el expresidente se deriva de su insistencia en llevarse a casa miles de documentos propiedad del gobierno, incluidos cientos que están marcados con varias designaciones de clasificado, además no los devolvió todos cuando se lo pidieron.El equipo de Garland ha indicado en documentos judiciales que no solo está analizando los cargos penales relacionados con el mal manejo de documentos clasificados, sino, además, la obstrucción de la justicia. Un abogado de Trump firmó un documento que afirmaba que su cliente había devuelto todos los documentos clasificados en su poder, lo cual se comprobó que era falso cuando los agentes del FBI allanaron Mar-a-Lago y encontraron cajas de esos documentos. Los investigadores indicaron que los archivos tal vez fueron escondidos y los cambiaron de ubicación en vez de entregarlos.En el caso de los documentos, la estrategia jurídica de Trump se parece al método que ha empleado a lo largo de los años: encontrar maneras de retrasar y despistar a sus adversarios. Al convencer a una jueza federal, a la que confirmó en el puesto durante los últimos días de su presidencia, para que impidiera que los investigadores usaran los documentos recuperados mientras los analiza un inspector especial, les ató las manos a los fiscales por el momento.Pero eso puede no durar para siempre. La semana pasada dijo que “no me puedo imaginar ser acusado”, pero admitió que “siempre es una posibilidad” porque los fiscales están “simplemente enfermos y trastornados”. Y afirmó que desclasificó los papeles que tomó, aunque no hay registro de eso.Pero su estrategia real es clara: esta es una batalla tanto política como legal, y advirtió sombríamente que habría “grandes problemas” si lo acusaban porque sus partidarios, “simplemente no lo soportarían”.Cuando el locutor de radio Hugh Hewitt le dijo que sus críticos interpretarían eso como incitar a la violencia, Trump dijo: “Eso no es incitar. Solo digo mi opinión. No creo que la gente de este país lo toleraría”.Peter Baker es el corresponsal jefe de la Casa Blanca y ha cubierto a los últimos cinco presidentes para el Times y The Washington Post. Es autor de siete libros, el más reciente The Divider: Trump in the White House, 2017-2021, coescrito con Susan Glasser, que se publicará en septiembre. @peterbakernyt • Facebook More

    • 125 Shares99 Views

      in Elections

      Durham Inquiry Appears to Wind Down as Grand Jury Expires

      by

      The special counsel appointed by the Trump administration to examine the Russia investigation seems to be wrapping up its work with no further charges in store.WASHINGTON — When John H. Durham was assigned by the Justice Department in 2019 to examine the origins of the investigation into the 2016 Trump campaign’s ties to Russia, President Donald J. Trump and his supporters expressed a belief that the inquiry would prove that a “deep state” conspiracy including top Obama-era officials had worked to sabotage him.Now Mr. Durham appears to be winding down his three-year inquiry without anything close to the results Mr. Trump was seeking. The grand jury that Mr. Durham has recently used to hear evidence has expired, and while he could convene another, there are currently no plans to do so, three people familiar with the matter said.Mr. Durham and his team are working to complete a final report by the end of the year, they said, and one of the lead prosecutors on his team is leaving for a job with a prominent law firm.Over the course of his inquiry, Mr. Durham has developed cases against two people accused of lying to the F.B.I. in relation to outside efforts to investigate purported Trump-Russia ties, but he has not charged any conspiracy or put any high-level officials on trial. The recent developments suggest that the chances of any more indictments are remote.After Mr. Durham’s team completes its report, it will be up to Attorney General Merrick B. Garland to decide whether to make its findings public. The report will be Mr. Durham’s opportunity to present any evidence or conclusions that challenge the Justice Department’s basis for opening the investigation in 2016 into the links between Mr. Trump and Russia.The Justice Department declined to comment. Mr. Durham and his team used a grand jury in Washington to indict Michael Sussmann, a prominent cybersecurity lawyer with ties to Hillary Clinton’s campaign. Mr. Sussmann was indicted last year on a charge of making a false statement to the F.B.I. at a meeting in which he shared a tip about potential connections between computers associated with Mr. Trump and a Kremlin-linked Russian bank.Mr. Sussmann was acquitted of that charge at trial in May.A grand jury based in the Eastern District of Virginia last year indicted a Russia analyst who had worked with Christopher Steele, a former British spy who was the author of a dossier of rumors and unproven assertions about Mr. Trump. The dossier played no role in the F.B.I.’s decision to begin examining the ties between Russia and the Trump campaign. It was used in an application to obtain a warrant to surveil a Trump campaign associate.The analyst, Igor Danchenko, who is accused of lying to federal investigators, goes on trial next month in Alexandria, Va.In the third case, Mr. Durham’s team negotiated a plea deal with an F.B.I. lawyer whom an inspector general had accused of doctoring an email used in preparation for a wiretap renewal application. The plea deal resulted in no prison time.Mr. Trump and his allies have long hoped that Mr. Durham would prosecute former F.B.I. and intelligence officials responsible for the Russia investigation, known as Crossfire Hurricane. Mr. Trump has described the investigation as a witch hunt and accused the F.B.I. of spying on his presidential campaign.What to Know About the Trump InvestigationsCard 1 of 6Numerous inquiries. More

    • 113 Shares149 Views

      in Elections

      Trump Investigations Face a Dilemma Before the Midterm Elections

      by

      Justice Department officials are debating how an unwritten rule should affect the criminal investigations into Jan. 6 and the former president’s handling of sensitive documents.WASHINGTON — As the midterm elections near, top Justice Department officials are weighing whether to temporarily scale back work in criminal investigations involving former President Donald J. Trump because of an unwritten rule forbidding overt actions that could improperly influence the vote, according to people briefed on the discussions.Under what is known as the 60-day rule, the department has traditionally avoided taking any steps in the run-up to an election that could affect how people vote, out of caution that such moves could be interpreted as abusing its power to manipulate American democracy.Mr. Trump, who is not on the ballot but wields outsize influence in the Republican Party, poses a particular dilemma for Attorney General Merrick B. Garland, whose department is conducting two investigations involving the former president. They include the sprawling inquiry into the Jan. 6 riot and his related effort to overturn the 2020 election and another into his hoarding of sensitive government documents at his Florida club and residence.A Justice Department spokesman declined to comment. But as the 60-day deadline looms this week, the highly unusual situation offers no easy answers, said Jack Goldsmith, a Harvard Law School professor and the former head of the Justice Department’s Office of Legal Counsel.“It’s an unwritten rule of uncertain scope, so it’s not at all clear that it applies to taking investigative steps against a noncandidate former president who is nevertheless intimately involved in the November election,” Mr. Goldsmith said. “But its purpose of avoiding any significant impact on an election seems to be implicated.”Despite its name, the 60-day rule is a general principle rather than a written law or regulation. Its breadth and limits are undefined. The Justice Department has some formal policies and guidelines that relate to the norm, but they offer little clarity to how it should apply to the present situation.The department manual prohibits deliberately selecting the timing of any official action “for the purpose of affecting any election” or to intentionally help or hurt a particular candidate or party. It is vaguer about steps that do not have that motive but might still raise that perception; in such a case, it says, officials should consult the department’s public integrity section.In recent presidential election cycles, attorneys general have also issued written memos reminding prosecutors and agents to adhere to department policy when it comes to such sensitivities. In 2020, Attorney General William P. Barr required high-level approval for investigations to be opened into candidates running for certain offices.In May, Mr. Garland reiterated Mr. Barr’s edict in a memo issued during a midterm cycle. But none of those measures specifically forbid indicting political candidates or taking investigative or prosecutorial steps that could affect an election in the last 60 days before Election Day.In October 2016, the F.B.I. director, James B. Comey, departed from the Justice Department’s 60-day rule by telling Congress that the bureau was reopening its investigation into Hillary Clinton’s emails.Al Drago/The New York TimesA 2018 report by the Justice Department’s independent inspector general, Michael Horowitz, shed some rare insights into the 60-day rule. It examined the decisions by the former F.B.I. director, James B. Comey, less than two weeks before the 2016 election, to depart from the practice by reopening an investigation into Hillary Clinton’s use of a private email server and by telling Congress about it. Many believe Mr. Comey’s actions contributed to her narrow loss.A section of the 2018 report cited interviews with former senior Justice Department and F.B.I. officials who acknowledged the 60-day rule as an unwritten practice that informs department decisions. (It is unclear when or how it became a recognized norm.)The report quoted one former official as saying, “People sometimes have a misimpression there’s a magic 60-day rule or 90-day rule. There isn’t. But … the closer you get to the election the more fraught it is.” Another former top official told the inspector general that while drafting rules for 2016 election year sensitivities, the department’s leaders had “considered codifying the substance of the 60-day rule, but that they rejected that approach as unworkable.”The Trump InvestigationsCard 1 of 6The Trump InvestigationsNumerous inquiries. More

    • 138 Shares119 Views

      in Elections

      Garland Adds Limits at Justice Dept. on Political Activity of Staff

      by

      Attorney General Merrick B. Garland on Tuesday imposed new restrictions on partisan activity by political appointees at the Justice Department, a policy change that comes ahead of the midterm elections.The new rules prohibit employees who are appointed to serve for the duration of a presidential administration from attending rallies for candidates or fund-raising events, even as passive observers.Under the Hatch Act, which bars federal employees from engaging in political activities while on the job, the department had previously allowed appointees to attend such events as passive participants provided they had permission from a supervisor.That is now banned. Under the new policy, the department also prohibits appointees from appearing at events on election night or to support relatives who are running for office. Both had been allowed in the past with prior approval.“We have been entrusted with the authority and responsibility to enforce the laws of the United States in a neutral and impartial manner,” Mr. Garland wrote in a memo sent to department employees.“In fulfilling this responsibility, we must do all we can to maintain public trust and ensure that politics — both in fact and appearance — does not compromise or affect the integrity of our work,” he added.Mr. Garland’s memo was accompanied by a pair of notices from Jolene Ann Lauria, acting assistant attorney general for administration, reminding employees of the department’s existing regulations under the Hatch Act.All department employees are prohibited from engaging in political activity at work, and when using a government-issued phone, email account or vehicle. They are not allowed to seek partisan elective office, enlist subordinates in campaigns or ask co-workers for political donations.Other career employees, including F.B.I. employees and administrative law judges, are banned from a much broader array of partisan activity; they are prohibited, for example, from addressing a political rally or helping a political group with driving voters to the polls on Election Day.The policy change coincides with intensifying government investigations into former President Donald J. Trump.Mr. Trump has lashed out at the attorney general and President Biden, baselessly claiming that they conducted a partisan witch hunt in the search of his Mar-a-Lago residence in Florida on Aug. 8.After the search, the F.B.I. reported a surge in threats against its agents; an armed man tried to breach the bureau’s Cincinnati field office, before being killed in a shootout with the local police.Mr. Garland is also overseeing the sprawling investigation into the attack on the Capitol on Jan. 6, 2021, which has increasingly focused on the actions of Mr. Trump and his supporters.The attorney general has repeatedly said he will go where the evidence leads him, unmoved by political considerations or concerns about a backlash, without “fear or favor.” More

    • 113 Shares149 Views

      in Elections

      There Is No Happy Ending to America’s Trump Problem

      by

      Debate about the search of Donald Trump’s Mar-a-Lago residence has settled into well-worn grooves. Mr. Trump and many Republicans have denounced the act as illegitimate. Attorney General Merrick Garland is staying mostly mum. And Democrats are struggling to contain their enthusiasm.Liberal excitement is understandable. Mr. Trump faces potential legal jeopardy from the Jan. 6 investigation in Congress and the Mar-a-Lago search. They anticipate fulfilling a dream going back to the earliest days of the Trump administration: to see him frog-marched to jail before the country and the world.But this is a fantasy. There is no scenario following from the present that culminates in a happy ending for anyone, even for Democrats.Down one path is the prosecution of the former president. This would be a Democratic administration putting the previous occupant of the White House, the ostensible head of the Republican Party and the current favorite to be the G.O.P. presidential nominee in 2024, on trial. That would set an incredibly dangerous precedent. Imagine, each time the presidency is handed from one party to the other, an investigation by the new administration’s Justice Department leads toward the investigation and possible indictment of its predecessor.Some will say that Mr. Trump nonetheless deserves it — and he does. If Mr. Garland does not press charges against him for Jan. 6 or the potential mishandling of classified government documents, Mr. Trump will have learned that becoming president has effectively immunized him from prosecution. That means the country would be facing a potential second term for Mr. Trump in which he is convinced that he can do whatever he wants with complete impunity.That seems to point to the need to push forward with a case, despite the risk of turning it into a regular occurrence. As many of Mr. Trump’s detractors argue, the rule of law demands it — and failing to fulfill that demand could end up being extremely dangerous.But we’ve been through a version of the turbulent Trump experience before. During the Trump years, the system passed its stress test. We have reason to think it would do so again, especially with reforms to the Electoral Count Act likely to pass during the lame duck session following the upcoming midterm elections, if not before. Having to combat an emboldened Mr. Trump or another bad actor would certainly be unnerving and risky. But the alternatives would be too.We caught a glimpse of those alternative risks as soon as the Mar-a-Lago raid was announced. Within hours, leading Republicans had issued inflammatory statements, and these statements would likely grow louder and more incendiary through any trial, both from Mr. Trump himself and from members of his party and its media rabble-rousers. (Though at a federal judge’s order a redacted version of the warrant affidavit may soon be released, so Mr. Trump and the rest of his party would have to contend with the government’s actual justification of the raid itself.)If the matter culminates in an indictment and trial of Mr. Trump, the Republican argument would be more of what we heard day in and day out through his administration. His defenders would claim that every person ostensibly committed to the dispassionate upholding of the rule of law is in fact motivated by rank partisanship and a drive to self-aggrandizement. This would be directed at the attorney general, the F.B.I., the Justice Department and other branches of the so-called deep state. The spectacle would be corrosive, in effect convincing most Republican voters that appeals to the rule of law are invariably a sham.But the nightmare wouldn’t stop there. What if Mr. Trump declares another run for the presidency just as he’s indicted and treats the trial as a circus illustrating the power of the Washington swamp and the need to put Republicans back in charge to drain it? It would be a risible claim, but potentially a politically effective one. And he might well continue this campaign even if convicted, possibly running for president from a jail cell. It would be Mr. Trump versus the System. He would be reviving an old American archetype: the folk-hero outlaw who takes on and seeks to take down the powerful in the name of the people.We wouldn’t even avoid potentially calamitous consequences if Mr. Trump somehow ended up barred from running or his party opted for another candidate to be its nominee in 2024 — say, Ron DeSantis, the governor of Florida. How long do you think it would take for a freshly inaugurated President DeSantis to pardon a convicted and jailed Donald Trump? Hours? Minutes? And that move would probably be combined with a promise to investigate and indict Joe Biden for the various “crimes” he allegedly committed in office.The instinct of Democrats is to angrily dismiss such concerns. But that doesn’t mean these consequences wouldn’t happen. Even if Mr. Garland’s motives and methods are models of judiciousness and restraint, the act of an attorney general of one party seeking to indict and convict a former and possibly future president of the other party is the ringing of a bell that cannot be unrung. It is guaranteed to be undertaken again, regardless of whether present and future accusations are justified.As we’ve seen over and over again since Mr. Trump won the presidency, our system of governance presumes a certain base level of public spiritedness — at the level of the presidency, in Congress and in the electorate at large. When that is lacking — when an aspersive figure is elected, when he maintains strong popular support within his party and when that party remains electorally viable — high-minded efforts to act as antibodies defending the body politic from the spread of infection can end up doing enduring harm to the patient. Think of all those times during the Trump presidency when well-meaning sources inside and outside the administration ended up undermining their own credibility by hyping threats and overpromising evidence of wrongdoing and criminality.That’s why it’s imperative we set aside the Plan A of prosecuting Mr. Trump. In its place, we should embrace a Plan B that defers the dream of a post-presidential perp walk in favor of allowing the political process to run its course. If Mr. Trump is the G.O.P. nominee again in 2024, Democrats will have no choice but to defeat him yet again, hopefully by an even larger margin than they did last time.Mr. Trump himself and his most devoted supporters will be no more likely to accept that outcome than they were after the 2020 election. The bigger the margin of his loss, the harder it will be for Mr. Trump to avoid looking like a loser, which is the outcome he dreads more than anything — and one that would be most likely to loosen his grip on his party.There is an obvious risk: If Mr. Trump runs again, he might win. But that’s a risk we can’t avoid — which is why we may well have found ourselves in a situation with no unambivalently good options.Damon Linker, a former columnist at The Week, writes the newsletter “Eyes on the Right” and is a senior fellow in the Open Society Project at the Niskanen Center.The Times is committed to publishing a diversity of letters to the editor. We’d like to hear what you think about this or any of our articles. Here are some tips. And here’s our email: letters@nytimes.com.Follow The New York Times Opinion section on Facebook, Twitter (@NYTopinion) and Instagram. More

    • 100 Shares129 Views

      in Elections

      With Trump, Merrick Garland Can’t Afford to Miss

      by

      The two weeks since the F.B.I. descended on Mar-a-Lago have felt remarkably familiar. It’s not just that Donald Trump is dominating headlines once again; it’s that all the hits of 2017 and 2018 are being played again: legal experts cobbling together complex theories out of fragmentary information, exciting Twitter speculation about espionage and treason, a “this time we’ve got him” spirit unseen since the days of Bob Mueller devotional candles.The familiarity is useful; it means that we can look back and consider why they didn’t “get him” then, why Russiagate ended in a relative fizzle and sealed Republicans into a permanent suspicion of any investigation into Trumpian malfeasance.The Russia investigation was predicated — in the public eye and, at least in part, in its legal origins — on dire and dramatic scenarios: that Donald Trump had been cultivated as an agent of influence by Moscow, that there was a secret alliance between Trump’s inner circle and Russian intelligence, that the Trump campaign and the Russians had effectively collaborated in the hacking and dissemination of the Democratic National Committee’s emails. (And lordy, that maybe there was a pee tape.)None of these scenarios were proved by the investigation. As many Trump critics hastened to argue, the Mueller report did not exonerate the president or his campaign from wrongdoing. But the guilt established or suggested involved many things done in the clear light of day in an election that Trump won (encouraging Russian hackers and touting the information released), things attempted but never brought to fruition (some hapless, “Burn After Reading”-level attempts to connect with Russian dirt peddlers) and possible obstructions of justice in the course of the Mueller inquiry.Meanwhile, it also became clear that the investigation itself was guilty of process abuses, particularly in the way that the F.B.I. went about obtaining FISA warrants. And there was an obvious feedback loop between this investigative overreach and the overheated media coverage — the fact that law enforcement was unwisely using the infamous Steele dossier as a predicate encouraged journalists to amplify the dossier’s extreme scenarios, because after all, if the F.B.I. took them seriously, they must be very serious indeed.The endpoint of the investigation, then, reminded everyone that Trump is a self-interested intriguer surrounded by low-minded hacks. But it also made both the feds and the press look as if they had overreached in search of a Watergate ending. And for the partisan mind, the second part loomed inevitably larger, confirming Trump’s supporters in their belief that whatever sins their man might commit, the deep state was always out to get him.Now here we are again, and like the decisions of Mueller and James Comey before him, Merrick Garland’s choices turn on facts that the public can see only through a glass darkly. But I sincerely hope that the attorney general had the Russiagate experience in mind when he signed off on the search of Mar-a-Lago and that he considers how Mueller’s investigation finished as he considers his next move.The lesson to be drawn is emphatically not that Trump needs to be given permanent immunity because of a “don’t arrest ex-presidents” rule or out of fears that his supporters will take to the streets or launch lone-wolf attacks on the F.B.I.The lesson, rather, is that if the agents of the state come after Trump, and especially now when they come as representatives of an administration that might face him in the next election, they can’t afford to miss.Not only in the jury box but also in the court of public opinion, it needs to be clear, crystal clear, what separates any crimes he might be charged with from — for example — the perjury and obstruction of justice that didn’t send Bill Clinton to prison or the breach of intelligence protocols that Hillary Clinton wasn’t charged with. You don’t just need a plausible legal case that tests interesting questions about presidential declassification powers; you need an easy-to-explain slam-dunk.So if you have Trump taking design documents for nuclear weapons and shopping them to his pals in Saudi Arabia, congratulations — you got him; lock him up. If you have him taking boxes of notes from foreign leaders because he’s a childish egomaniac who thinks that he’s earned his White House souvenirs, well, then take the documents back, declare victory for the public interest and stop there. And if he took documents about the Russia investigation itself, of the sort that he wanted declassified during his presidency, well, tread carefully, lest you trap us all in an awful time loop where it’s forever 2017.It seems like a reasonable presumption that the documents in question are more serious than just some notes to Kim Jong-un but that the potential incrimination falls short of Trump literally selling secrets. But that’s a presumption, not a prediction. I’ve learned to be unsurprised by Trump’s folly and venality but also by his capacity to induce self-defeating blunders among people and institutions I would have considered relatively sensible before his ascent.So no predictions, just the warning: Don’t miss.The Times is committed to publishing a diversity of letters to the editor. We’d like to hear what you think about this or any of our articles. Here are some tips. And here’s our email: letters@nytimes.com.Follow The New York Times Opinion section on Facebook, Twitter (@NYTOpinion) and Instagram. More

    • 113 Shares149 Views

      in Elections

      The Absurd Argument Against Making Trump Obey the Law

      by

      This article has been updated to include new information about a man who attempted to breach an F.B.I. field office.It took many accidents, catastrophes, misjudgments and mistakes for Donald Trump to win the presidency in 2016. Two particularly important errors came from James Comey, then the head of the F.B.I., who was excessively worried about what Trump’s supporters would think of the resolution of the investigation into Hillary Clinton’s emails.First, in July 2016, Comey broke protocol to give a news conference in which he criticized Clinton even while announcing that she’d committed no crime. He reportedly did this because he wanted to protect the reputation of the F.B.I. from inevitable right-wing claims that the investigation had been shut down for political reasons.Then, on Oct. 28, just days before the election, Comey broke protocol again, telling Congress that the Clinton investigation had been reopened because of emails found on the laptop of the former congressman Anthony Weiner. The Justice Department generally discourages filing charges or taking “overt investigative steps” close to an election if they might influence the result. Comey disregarded this because, once again, he dreaded a right-wing freakout once news of the reopened investigation emerged.“The prospect of oversight hearings, led by restive Republicans investigating an F.B.I. ‘cover-up,’ made everyone uneasy,” The New Yorker reported. In Comey’s memoir, he admitted fearing that concealing the new stage of the investigation — which ended up yielding nothing — would make Clinton, who he assumed would win, seem “illegitimate.” (He didn’t, of course, feel similarly compelled to make public the investigation into Trump’s ties to Russia.)Comey’s attempts to pre-empt a conservative firestorm blew up in his face. He helped put Trump in the White House, where Trump did generational damage to the rule of law and led us to a place where prominent Republicans are calling for abolishing the F.B.I.This should be a lesson about the futility of shaping law enforcement decisions around the sensitivities of Trump’s base. Yet after the F.B.I. executed a search warrant at Trump’s beachfront estate this week, some intelligent people have questioned the wisdom of subjecting the former president to the normal operation of the law because of the effect it will have on his most febrile admirers.Andrew Yang, one of the founders of a new centrist third party, tweeted about the “millions of Americans who will see this as unjust persecution.” Damon Linker, usually one of the more sensible centrist thinkers, wrote, “Rather than healing the country’s civic wounds, the effort to punish Trump will only deepen them.”The Atlantic’s Tim Alberta described feeling “nauseous” watching coverage of the raid. “What we must acknowledge — even those of us who believe Trump has committed crimes, in some cases brazenly so, and deserves full prosecution under the law — is that bringing him to justice could have some awful consequences,” he wrote.In some sense, Alberta’s words are obviously true; Trumpists are already issuing death threats against the judge who signed off on the warrant, and a Shabbat service at his synagogue was reportedly canceled because of the security risk. On Thursday, an armed man tried to breach an F.B.I. field office in Ohio, and The New York Times reported that he appears to have attended a pro-Trump rally in Washington the night before the Jan. 6 attack on the Capitol. The former president relishes his ability to stir up a mob; it’s part of what makes him so dangerous.We already know, however, that the failure to bring Trump to justice — for his company’s alleged financial chicanery and his alleged sexual assault, for obstructing Robert Mueller’s special counsel investigation and turning the presidency into a squalid influence-peddling operation, for trying to steal an election and encouraging an insurrection — has been disastrous.What has strengthened Trump has not been prosecution but impunity, an impunity that some of those who stormed the Capitol thought, erroneously, applied to them as well. Trump’s mystique is built on his defiance of rules that bind everyone else. He is reportedly motivated to run for president again in part because the office will protect him from prosecution. If we don’t want the presidency to license crime sprees, we should allow presidents to be indicted, not accept some dubious norm that ex-presidents shouldn’t be.We do not know the scope of the investigation that led a judge to authorize the search of Mar-a-Lago, though it reportedly involves classified documents that Trump failed to turn over to the government even after being subpoenaed. More could be revealed soon: Attorney General Merrick Garland announced on Thursday that the Justice Department had filed a motion in court to unseal the search warrant.It should go without saying that Trump and his followers, who howled “Lock her up!” about Clinton, do not believe that it is wrong for the Justice Department to pursue a probe against a presidential contender over the improper handling of classified material. What they believe is that it is wrong to pursue a case against Trump, who bonds with his acolytes through a shared sense of aggrieved victimization.The question is how much deference the rest of us should give to this belief. No doubt, Trump’s most inflamed fans might act out in horrifying ways; many are heavily armed and speak lustily about civil war. To let this dictate the workings of justice is to accept an insurrectionists’ veto. The far right is constantly threatening violence if it doesn’t get its way. Does anyone truly believe that giving in to its blackmail will make it less aggressive?It was Trump himself who signed a law making the removal and retention of classified documents a felony punishable by up to five years in prison. Those who think that it would be too socially disruptive to apply such a statute to him should specify which laws they believe the former president is and is not obliged to obey. And those in charge of enforcing our laws should remember that the caterwauling of the Trump camp is designed to intimidate them and such intimidation helped him become president in the first place.Trump shouldn’t be prosecuted because of politics, but he also shouldn’t be spared because of them. The only relevant question is whether he committed a crime, not what crimes his devotees might commit if he’s held to account.The Times is committed to publishing a diversity of letters to the editor. We’d like to hear what you think about this or any of our articles. Here are some tips. And here’s our email: letters@nytimes.com.Follow The New York Times Opinion section on Facebook, Twitter (@NYTopinion) and Instagram. More

    • 100 Shares129 Views

      in Elections

      Your Friday Briefing: U.S. to Unseal Trump Warrant

      by

      Plus Russia prepares for show trials and Taiwan does not rise to China’s provocations.Good morning. We’re covering moves by the U.S. to unseal the Mar-a-Lago search warrant, Russia’s preparation for possible show trials and Taiwan’s undeterred diplomacy.Attorney General Merrick Garland had come under pressure to provide more information about the search at former President Donald Trump’s Florida residence.Drew Angerer/Getty ImagesU.S. to unseal the Trump warrantMerrick Garland, the U.S. attorney general, moved to unseal the warrant authorizing the F.B.I. search for classified documents at Mar-a-Lago, Donald Trump’s residence in Florida. Garland said he personally approved the decision to seek the warrant.Garland’s statement followed revelations that Trump received a subpoena for documents this spring, months before the F.B.I. search on Monday. It also came a day after Trump asserted his Fifth Amendment right against self-incrimination when he was questioned by New York’s attorney general in a civil case about his business practices.The subpoena suggests the Justice Department tried methods short of a search warrant to account for the material before taking the politically explosive step of sending F.B.I. agents, unannounced, to the former president’s doorstep. Here are live updates.Details: Officials think the former president improperly took documents with him after leaving office. The Justice Department has provided no information about the precise nature of the material it has been seeking to recover, but it has signaled that the material involved classified information of a sensitive nature.Analysis: Garland’s decision to make a public appearance came at an extraordinary moment in the department’s 152-year history, as the sprawling investigation of a former president who remains a powerful political force gains momentum. After coming under pressure, Garland said he decided to go public to serve the “public interest.”The Mariupol Chamber Philharmonic will be used for upcoming show trials of Ukrainian soldiers. Associated PressRussia readies for likely show trialsRussia has installed cages in a large Mariupol theater, an apparent preparation for show trials of captured Ukrainian soldiers on newly occupied soil. The trials could begin on Aug. 24, Ukrainian Independence Day.Some fear that the Kremlin plans to use the trappings of legal proceedings to reinforce its narrative about fighters who defended the southern Ukrainian city and spent weeks underneath a steel plant. Ukrainian officials have called for international intervention.Moscow may also use the trials to deflect responsibility for atrocities Russia committed as its forces laid siege to Mariupol. The Kremlin has a long and brutal history of using such trials to give a veneer of credibility to efforts to silence critics. Here are live updates.Our Coverage of the Russia-Ukraine WarOn the Ground: A series of explosions that Ukraine took credit for rocked a key Russian air base in Kremlin-occupied Crimea. Russia played down the extent of the damage, but the evidence available told a different story.Drones: To counter Russia’s advantage in artillery and tanks, Ukraine has seized on drone warfare and produced an array of inexpensive, plastic aircraft rigged to drop grenades or other munitions.Nuclear Shelter: The Russian military is using а nuclear power station in southern Ukraine as a fortress, stymying Ukrainian forces and unnerving locals, faced with intensifying fighting and the threat of a radiation leak.Starting Over: Ukrainians forced from their hometowns by Russia’s invasion find some solace, and success setting up businesses in new cities.Context: Concerns for prisoners’ safety have only grown since last month, when the Ukrainian authorities accused Moscow of orchestrating an explosion at a Russian prison camp that killed at least 50 Ukrainian prisoners of war.Other updates:Satellite images show that Russia lost at least eight warplanes in a Tuesday explosion at a Crimean air base.New shelling at a Russian-occupied nuclear plant in southern Ukraine added to concerns of possible disaster.Turkey needs Russian cash and gas ahead of an election. Russia needs friends to evade sanctions. The country’s leaders have a wary, mutually beneficial rapport.Taiwanese soldiers conducted a live-fire drill earlier this week. Lam Yik Fei for The New York TimesChina’s drills did not deter TaiwanChina’s continuing military drills have not deterred Taiwan, my colleagues write in an analysis.In fact, the drills have hardened the self-ruled island’s belief in the value of its diplomatic, economic and military maneuverings to stake out a middle ground in the big-power standoff between Beijing and Washington.Under Tsai Ing-wen, the current president, Taiwanese officials have quietly courted the U.S., making gains with weapon sales and vows of support. They have also turned China’s bluster into a growing international awareness about the island’s plight.But Taiwan has held back from flaunting that success in an effort to avoid outbursts from China. When Beijing recently sent dozens of fighters across the water that separates China and Taiwan, the Taiwanese military said it would not escalate and took relatively soft countermeasures. Officials offered sober statements and welcomed support from the Group of 7 nations.What’s next: American officials have considered stockpiling arms in Taiwan out of concern that it might be tough to supply the island in the event of a Chinese military blockade.THE LATEST NEWSAsiaAn undated North Korean state media photograph showed Kim Jong-un attending a meeting about Covid-19.Korean Central News Agency, via ReutersKim Jong-un declared “victory” over North Korea’s coronavirus outbreak, despite a lack of vaccines, state news reported.Hong Kong suffered a record 1.6 percent population decline over the past 12 months, the South China Morning Post reports.A new animal-derived virus, Langya henipavirus, has infected at least 35 people in China’s eastern Shandong and Henan provinces, the BBC reports.Seoul announced a ban on underground homes after people drowned during recent flooding, The Korea Herald reports.The PacificOlivia Newton-John will receive a state memorial service in Australia, CNN reports.New Zealand’s tourism minister dismissed budget travelers and said the country planned to focus on attracting “high quality,” “big spender” visitors, The Guardian reports.World NewsAfter peaking in June, the lower price of gas is a welcome change for drivers.Gabby Jones for The New York TimesU.S. gas prices fell below $4 a gallon yesterday, back to where they were in March.The Arctic is warming four times faster than the global average, not the commonly reported two to three times, researchers said.The W.H.O. warned people to not blame monkeys for monkeypox after a report that animals were harmed in Brazil amid fear of transmission.Wildfires are again ripping through France, weeks after the last heat wave.A Morning ReadSo-called carbon farming has become a key element of New Zealand’s drive to be carbon neutral by 2050.Fiona Goodall/Getty ImagesNew Zealand put a growing price on greenhouse emissions. But the plan may be threatening its iconic farmland: Forestry investors are rushing to buy up pastures to plant carbon-sucking trees.ARTS AND IDEASSelling democracy to AfricaThe U.S. unveiled a new Africa policy this week that leaned on a familiar strategy, promoting democracy. The challenge will come in selling it to a changing continent.“Too often, African nations have been treated as instruments of other nations’ progress rather than the authors of their own,” Secretary of State Antony Blinken said as he presented the new U.S. approach during a tour that included South Africa, the Democratic Republic of Congo and Rwanda.The U.S. “will not dictate Africa’s choices,” he added, in an apparent response to criticism that America’s stance toward Africa can be patronizing, if not insulting. “I think, given history, the approach has to be somewhat different, and I would recommend a greater attention to tools that Africans have developed,” said Naledi Pandor, South Africa’s foreign minister.Along with their own tools and institutions, like the African Union, more African states are wealthier than they were a generation ago, Bob Wekesa, the deputy director of the African Center for the Study of the United States in Johannesburg, said.“They can afford to say, ‘We can choose who to deal with on certain issues,’” Wekesa said. Those new partnerships include not only U.S. rivals Russia and China, but also emerging powers like Turkey and India. Traditional U.S. allies like Botswana and Zambia are likely to embrace the American strategy, but strongman leaders in Uganda and even Rwanda are likely to be more resistant, he added.In Kigali yesterday, Blinken said that he had urged the leaders of Rwanda and the Democratic Republic of Congo to end their support for militias in eastern Congo. He also raised concerns about the detention of the U.S. resident who inspired the film “Hotel Rwanda,” Paul Rusesabagina.But just hours before his meeting with Blinken, President Paul Kagame poured cold water over suggestions that he would be swayed on the Rusesabagina case. “No worries … there are things that just don’t work like that here!!” he said on Twitter. — Lynsey Chutel, Briefings writer based in Johannesburg.PLAY, WATCH, EATWhat to CookChristopher Testani for The New York TimesCaramelized brown sugar adds complexity to this berry upside-down cake.What to Watch“Inu-oh” is a visually sumptuous anime film about a 14th-century Japanese performer.TravelRetirees are taking on part-time work loading baggage at airports or passing out towels to make their way through Europe on the cheap.Now Time to PlayPlay today’s Mini Crossword, and a clue: “Crucial” (three letters).Here are today’s Wordle and Spelling Bee.You can find all our puzzles here.That’s it for today’s briefing. See you next time. — AmeliaP.S. The Times will bring back its Food Festival for the first time since 2019. Mark your calendars: Oct. 8, in New York City.The latest episode of “The Daily” is on abortion in the U.S.You can reach Amelia and the team at briefing@nytimes.com. More