Human Rights and Human Rights Violations

Subterms

    More stories

    • 113 Shares99 Views

      in Elections

      Maduro podría perder las elecciones de Venezuela en 2024

      by

      Nicolás Maduro lleva 10 años en el poder en Venezuela. En esa década, ha supervisado un periodo de colapso económico, corrupción, un aumento importante de la pobreza, la destrucción medioambiental y la represión estatal de los disidentes y la prensa. Esto ha provocado un éxodo de más de 7 millones de venezolanos.Ahora Venezuela se encuentra en una encrucijada que definirá su próxima década y tendrá consecuencias cruciales para el mundo. Venezuela celebrará sus elecciones presidenciales en 2024, unas elecciones que Maduro podría perder, siempre que la oposición participe unida, la comunidad internacional siga implicada y los ciudadanos se sientan inspirados para movilizarse.Recientemente, dos acontecimientos importantes revelaron una oportunidad única de cara a las elecciones: primero, la participación masiva en las primarias de la oposición del 22 de octubre, que otorgaron a María Corina Machado, exdiputada de Venezuela, un sólido primer lugar como la candidata unitaria. Segundo, el régimen no impidió judicialmente ni con violencia que se celebraran estas elecciones. Fue una de las concesiones que hizo en un acuerdo con Washington y la oposición a cambio de que Estados Unidos suavizara las sanciones impuestas durante el mandato de Trump a las industrias del petróleo y el gas.El éxito de las primarias de la oposición podría haber sorprendido a Maduro, y estamos siendo testigos de un mayor hostigamiento contra los organizadores de las elecciones y declaraciones de funcionarios que niegan la posibilidad de levantar la inhabilitación impuesta a varios líderes políticos de la oposición, incluida Machado, de presentarse a las elecciones del próximo año.A pesar de la alentadora participación en las primarias y los avances en las negociaciones, hay una narrativa pesimista —tanto en el extranjero como en Venezuela— de que Maduro se aferrará inevitablemente al poder. He visto y he experimentado lo equivocado que es ese punto de vista. En realidad, las elecciones presidenciales del próximo año brindan la mejor oportunidad hasta la fecha para derrotar al chavismo —el movimiento de inspiración socialista iniciado por Hugo Chávez en el que milita Maduro— desde que llegó al poder hace más de dos décadas.Llevo desde 2013 trabajando como organizador comunitario en los barrios en sectores populares de Venezuela, antes bastiones del chavismo. He trabajado con líderes de la comunidad, la mayoría de los cuales eran chavistas cuando empezamos. He visto con mis propios ojos que, en lugares donde Chávez obtenía antes el 90 por ciento de los votos en las elecciones nacionales, ahora la inmensa mayoría desea un cambio. Hace poco, una exintegrante de la estructura política del partido gobernante, cuyo nombre no desea revelar por temor a las repercusiones, me dijo que Maduro y sus secuaces ya no son una opción para muchos venezolanos: “Ya no quiero nada con ellos ni la comunidad tampoco”. Añadió que “mientras ellos comen como unos reyes”, en los barrios comían muy mal.Para aprovechar esta oportunidad inusual, tienen que ocurrir tres elementos. El primero es que la oposición debe mantenerse unida en las urnas y en defender los votos. El segundo es que la comunidad internacional debe seguir presionando por mejores condiciones electorales y exigir respeto a los derechos humanos en Venezuela. También deben contribuir a bajar los costos de una posible salida de Maduro y su estructura. Y la tercera es que los políticos y los líderes de toda Venezuela deben volver a centrar el discurso en un mensaje lleno de esperanza, en vez de ceder a la tentación de alimentar aún más la polarización.El régimen de Maduro es consciente del riesgo que corre en las elecciones presidenciales del próximo año. Su objetivo es convencer a la gente de que el cambio es imposible, y de que a los venezolanos les irá mejor si se quedan en casa en lugar de ir a votar. La oposición de Venezuela debe contrarrestar esas tácticas con un firme llamado a la participación.También debe enfrentarse a un dilema más fundamental que es común a todos los sistemas electorales autoritarios: participar en unas elecciones que no serán libres y limpias, o boicotearlas.En las últimas elecciones presidenciales, en 2018, parte de la oposición, incluida Machado, boicoteó las elecciones. Como miembro de un partido político de la oposición —Primero Justicia—, yo también decidí no votar. Pero, ahora, tras casi seis años más de consolidación autoritaria, creo que nuestra estrategia fue errada. Pedirle a la gente que se quede en casa en lugar de movilizarse es caer en la trampa de Maduro.Para ser claros, las elecciones presidenciales de 2024 no serán un momento de celebración de la democracia; aún no se dan las condiciones para unas elecciones libres y limpias, y, francamente, puede que nunca se den. No obstante, si la oposición participa y los venezolanos votan en masa, Maduro puede perder.Algunos se preguntan si el régimen permitirá siquiera que se cuenten los votos el año que viene. Mi respuesta es que Maduro necesita hacerlo. Enfrentada a una monumental crisis social y económica, la élite chavista tiene que ofrecerles a los venezolanos un relato que les otorgue legitimidad interna, y eso, en Venezuela, solo puede venir de unas elecciones. Al igual que otros regímenes autoritarios del mundo, su mayor gancho publicitario es afirmar que cuentan con el respaldo del pueblo. Pero lo cierto es que su base sigue menguando drásticamente: hoy, el índice de aprobación de Maduro es del 29 por ciento, según una investigación de Consultores 21, con sede en Caracas.Una victoria arrolladora de la oposición es la mejor protección contra las trampas. Hay un ejemplo reciente de ello en Venezuela. Hace un año, en unas elecciones regionales en Barinas, el estado en el que nació Chávez, el partido gobernante perdió con un margen considerable, a pesar de utilizar toda su artillería de trampas. Aunque se trató de unas elecciones regionales y no estaba en juego el poder presidencial, la experiencia en el estado, unida a los acontecimientos del 22 de octubre, dan una lección sobre lo que debemos hacer para recuperar la democracia en 2024.El punto de partida es que la oposición debe adoptar una estrategia realista, que sea consciente de la desigualdad de condiciones en un sistema autoritario, y que ponga en primer plano la participación del pueblo venezolano. En Barinas, el partido en el poder intentó empujar a la oposición a boicotear las elecciones invalidando ilegalmente los resultados y prohibiendo a varios candidatos que se presentaran. Sin embargo, la oposición permaneció unida y mantuvo su compromiso de participar, a pesar de las injusticias.Para reforzar la unidad ahora, los partidos de la oposición deben priorizar el desarrollo de un mecanismo para tomar decisiones en conjunto que permita alcanzar consensos en una coalición diversa. Los dos pilares de esa unidad deberían ser la lucha por los derechos políticos de todos los líderes —sobre todo los de Machado tras su victoria— y el compromiso firme de participar en las elecciones del año que viene. En el mejor escenario, el gobierno de Maduro levantaría todas las inhabilitaciones antes de las elecciones como parte de las negociaciones. Pero, aunque eso no sucediera, participar y lograr una victoria aplastante en unas elecciones viciadas es el mejor camino que tenemos para avanzar en la democratización.La oposición también necesita un compromiso más firme de otros países latinoamericanos, de Estados Unidos y de Europa con las negociaciones. El régimen de Maduro ha demostrado que hará concesiones en materia de elecciones y derechos humanos si recibe los incentivos adecuados. Necesitamos líderes demócratas con disposición a asumir riesgos y a predicar con el ejemplo en su defensa de la democracia, que exijan la libertad de todos los presos políticos, y mejoras en las condiciones para las elecciones del año que viene. Además, necesitamos que la comunidad internacional acelere la entrega de las ayudas que tanto necesitan los más vulnerables de la sociedad. La oposición y el partido en el poder llegaron a un acuerdo hace un año para que los fondos públicos congelados en el extranjero a causa de las sanciones se transfieran a la ONU con fines humanitarios. Hasta la fecha, esos fondos no han sido implementados.Por último, la oposición tiene que ofrecer una verdadera alternativa a la división promovida por el establishment de Maduro. Inspirar a la gente a participar requiere unir al país en torno a un nuevo relato. El mensaje tradicional de la oposición, entre la polarización con el chavismo y la nostalgia de un pasado que no volverá, está condenado al fracaso.Un nuevo relato para Venezuela debería inspirar a los jóvenes, centrarse en ayudar a las personas en sus dificultades diarias (con servicios públicos, educación y acceso a anticonceptivos) y desarrollar una economía más diversificada que genere empleos bien remunerados para reducir la desigualdad. El nuevo mensaje debería aspirar también a sanar una de nuestras heridas más profundas: la separación de las familias debido a la migración masiva. La reunificación de nuestro país puede convertirse en una motivación personal y emocional para que cada venezolano participe y obre el cambio. Reunir a la familia venezolana es algo por lo que vale la pena luchar.Roberto Patiño, activista venezolano y antiguo dirigente del movimiento estudiantil, es fundador de Alimenta la Solidaridad y Mi Convive, que trabajan en las comunidades vulnerables de Venezuela, y miembro de la junta directiva del partido político Primero Justicia. More

    • 113 Shares189 Views

      in Elections

      I’ve Seen It: Maduro Could Lose Venezuela’s Presidential Election

      by

      Nicolás Maduro has been in power for 10 years in Venezuela. In that decade, he has overseen a period of economic collapse, corruption, a sharp increase in poverty, environmental devastation and state repression of dissidents and the press. This has led to an exodus of more than seven million Venezuelans.Now Venezuela stands at a crossroads, and its choices will define the next decade and carry significant consequences for the world. Venezuela will hold its presidential election in 2024 — one that Mr. Maduro can lose, as long as the opposition stays united in participating, the international community remains involved and citizens are inspired to mobilize.Recently, two significant events opened a unique window ahead of the election. First, a massive turnout for the opposition’s primary on Oct. 22 gave María Corina Machado, a former member of Venezuela’s legislature, a strong mandate as the unity candidate. Second, the regime didn’t block this election from happening — one of the concessions that it made in a deal with Washington and the opposition in exchange for U.S. relaxation of Trump-era sanctions on the oil and gas industries.The success of the opposition primary might have surprised Mr. Maduro; we are now seeing increased harassment against the election organizers and statements by officials denying the lifting of the ban on several opposition political leaders — including Ms. Machado — from running in next year’s elections.Despite encouraging participation in the primaries and advancements in negotiations, there is a pervasive narrative — both abroad and in Venezuela — that Mr. Maduro will inevitably hang on to power. I have seen and experienced how flawed that perspective is. In fact, the presidential election next year offers the best opportunity yet to defeat Chavismo, the socialist-inspired movement begun by Hugo Chávez that Mr. Maduro embraces, since it came to power over two decades ago.Since 2013, I have worked as a community organizer in marginalized neighborhoods, known as barrios in Venezuela, which used to be Chavismo’s strongholds. I worked with community leaders, most of whom were Chavistas when we started. I have seen firsthand how places where Mr. Chávez used to get 90 percent of the votes in national elections now overwhelmingly support the opposition. Recently, a former ranking member of the ruling party’s political structure, who didn’t want to be named for fear of repercussions, told me that Mr. Maduro and his cronies are no longer an option for many Venezuelans: “I don’t want anything to do with them, and neither does the community.” She added, “While they dine like royalty, we eat garbage because of inflation.”To seize this rare opportunity, three things need to happen. First, the opposition must stay united in the ballot and defend the vote. Second, the international community must continue to push for freer elections and human rights in Venezuela while lowering the stakes for Mr. Maduro’s exit from power. And third, politicians and leaders throughout Venezuela must refocus the narrative to a hope-filled message, rather than give in to the temptation to further feed crippling polarization.The Maduro regime is aware of the risk it faces in the presidential election next year. Its objective is to convince people that change is impossible and that Venezuelans are better off staying home rather than casting a vote. Venezuela’s opposition must counter those tactics with a strong call for participation.It also must face the more fundamental dilemma that common to many electoral authoritarian systems: whether to participate in an election that will not be free and fair, or to boycott it.In the last presidential election, in 2018, part of the opposition, including Ms. Machado, boycotted the vote. As a member of an opposition political party — Primero Justicia — I, too, decided not to cast a vote. But now, after nearly six more years of authoritarian consolidation, I believe that strategy was a mistake. Asking the people to stay at home is falling into Mr. Maduro’s trap.To be clear, the presidential election in 2024 will not be a celebratory moment of democracy: The conditions for free and fair elections are not there yet and, frankly, may never be. Nonetheless, if the opposition participates and Venezuelans cast their votes in large numbers, Mr. Maduro can lose.Some question whether the regime will allow votes to even be counted next year. But facing a monumental social and economic crisis, the Chavista elite will need to offer Venezuelans a story that can grant them internal legitimacy, and that can come only from elections. As with other authoritarians in the world, their biggest selling point is to claim that they have the people’s support. But the truth is that their base continues to shrink dramatically: Today Mr. Maduro’s approval rating is 29 percent, according to research from Consultores 21, a Caracas-based consulting firm.A landslide victory for the opposition is the best protection against cheating. There is a recent example of this in Venezuela. A year ago, in a regional election in Barinas, the birthplace of Mr. Chávez, the ruling party lost by a considerable margin, despite using everything in its artillery of chicanery. Even though it was a regional election and presidential power was not at stake, the experience in the state, combined with the events of the past month, offer a path to win back democracy in 2024.The starting point is that the opposition must embrace a realistic strategy that puts front and center the participation of the Venezuelan people. In Barinas, the ruling party tried to push the opposition to boycott the elections by illegally invalidating the results and barring several candidates from running. However, the opposition stuck together and maintained its commitment to participate, despite injustices.To strengthen their unity now, opposition parties must prioritize creating a mechanism for consensus building in the diverse coalition. The two building blocks of that unity should be to fight for all leaders’ political rights — especially Ms. Machado’s after her victory — and to commit to participate in next year’s elections. In the best scenario, Mr. Maduro’s government would lift all bans before the elections as part of negotiations; even if that doesn’t happen, participating in and winning flawed elections is the best path we have to advance democratization.The opposition also needs a stronger commitment from other Latin American countries, the United States and Europe to help. The Maduro regime has proved it will make electoral and human rights concessions — if it receives the right incentives. We need courageous democratic leaders willing to demand the release of all political prisoners and achieve better conditions for elections next year. We also need the international community to expedite the delivery of much-needed support to society’s most vulnerable. The opposition and the ruling party reached an agreement a year ago that public funds frozen abroad because of sanctions would be transferred to the U.N. for humanitarian purposes. To date, those funds have not been deployed.Finally, the opposition needs to offer a true alternative to the divisiveness promoted by Mr. Maduro’s establishment. Inspiring the people to participate requires unifying the country around a new narrative. The traditional opposition message, trapped in polarization with Chavismo and with a nostalgic message of a past that will not return, is doomed to fail.A new narrative for Venezuela should aim to inspire the youth, focus on helping people with their daily challenges — with public services, education and access to contraception — and build a more diversified economy that generates well-paying jobs to reduce inequality. The new message should also aspire to heal one of our most profound wounds: family separation due to mass migration. Our country’s reunification can become a personal and emotional motivator for every Venezuelan to participate and to effect change. Reuniting the Venezuelan family is something worth fighting for.Roberto Patiño, a Venezuelan social activist and former leader of the student movement, is the founder of Alimenta la Solidaridad and Mi Convive, which work in vulnerable communities in Venezuela, and a board member of Primero Justicia, a political party.Source photographs by Ariana Cubillos/Associated Press and Miguel Gutierrez/EPA, via Shutterstock.The Times is committed to publishing a diversity of letters to the editor. We’d like to hear what you think about this or any of our articles. Here are some tips. And here’s our email: letters@nytimes.com.Follow The New York Times Opinion section on Facebook, Twitter (@NYTopinion) and Instagram. More

    • 113 Shares99 Views

      in Elections

      Venezuela Pledges Small Steps Toward Fair Elections Next Year

      by

      The agreement signed on Tuesday by the country’s authoritarian government and the opposition would not allow all candidates to run.The government of President Nicolás Maduro of Venezuela and the country’s opposition resumed talks on Tuesday designed to move toward free and fair elections, though the agreement that was announced fell short of what human rights activists and the U.S. government are ultimately seeking.Hopes were high that, as part of the agreement, Mr. Maduro would allow opposition candidates already disqualified by his government to participate in the 2024 presidential vote in exchange for the lifting of sanctions on Venezuela’s vital oil industry.Doing so would be a critical move toward a credible race, given that the front-runner in an opposition primary election set for Sunday, María Corina Machado, is barred from running in the general election.But the agreements signed on Tuesday, during a ceremony on the Caribbean island of Barbados, were vague. While they included commitments to allow international election observers and access to the news media in 2024, there were few other concrete promises. Experts say it is unlikely that the United States will fully lift sanctions if Ms. Machado is not allowed to run.“We are going toward the supreme objective of lifting the sanctions,” said Jorge Rodríguez, the president of Venezuela’s legislature, at the ceremony. But “if you received an administrative disqualification,” he added, “then you cannot be a candidate.”Even before an official announcement, some Venezuela experts expressed skepticism that the agreement would lead to real political change.“It’s a minimalist deal that will not lead to free and fair elections,” said Phil Gunson, an analyst with International Crisis Group who lives in the country’s capital, Caracas. But he said, it “is the best available in the circumstances. It allows Maduro to hang on to power unless something really dramatic happens. Baby steps, really.”He added, “The Maduro government has a history of failing to abide by agreements it signs.”Secretary of State Antony J. Blinken, in a joint statement with his British, Canadian and E.U. counterparts, welcomed the agreement as a “necessary step” in the “restoration of democracy in Venezuela.”“We continue to call for the unconditional release of all those unjustly detained, the independence of the electoral process and judicial institutions, freedom of expression including for members of the press, and respect for human and political rights,” the statement added.Mr. Maduro came to power in 2013, after the death of President Hugo Chávez, the founder of the country’s socialist-inspired revolution. Under Mr. Maduro, Venezuela, once among the richest countries in Latin America, has witnessed an extraordinary economic decline, leading to a humanitarian crisis that has caused widespread migration.President Nicolás Maduro claimed victory in a 2018 election widely viewed as fraudulent and that led to stricter U.S. sanctions.Meridith Kohut for The New York TimesMore than seven million Venezuelans have fled the country of roughly 28 million people, and in recent years, hundreds of thousands have begun trekking by foot to the United States.Mr. Maduro claimed victory in a 2018 election widely viewed as fraudulent. In response, the U.S. government significantly tightened sanctions on the country’s oil industry, Venezuela’s key source of revenue, a move that exacerbated the economic crisis and isolated Mr. Maduro from much of the world.To help the economy, Mr. Maduro needs sanctions to be lifted. At the same time, the opposition wants him to set competitive conditions for the next presidential election that would give it a legitimate shot at winning.The two sides, however, have been at an impasse over how to achieve these goals, and Mr. Maduro has seemed unwilling to do anything he believes would risk his grip on power.In November, as a sign of its openness to lifting sanctions in exchange for ensuring fair elections, the United States granted the oil company Chevron a license for a limited expansion of energy operations in Venezuela, a small step toward the country’s possible re-entry into the international oil market.The Biden administration is under pressure to ensure that oil prices remain stable going into next year’s presidential election. The threat of a broader conflict in the Middle East combined with ongoing disruptions to Russian energy exports threaten to fan another episode of inflation and potentially cause gasoline prices to rise in the coming months.But even after lifting sanctions, it would still take years and billions of dollars of investment to increase oil production enough to lower prices, said Francisco Monaldi, an expert on Venezuelan energy at Rice University in Houston.He said the Biden administration was most likely motivated more by trying to stem the flow of Venezuelan migrants to the U.S.-Mexico border than by driving down oil prices in the short term.Mr. Maduro’s government is being investigated by the International Criminal Court for possible crimes against humanity committed since 2017, including torture and persecution on political grounds.Isayen Herrera More

    • 100 Shares129 Views

      in Elections

      Gobierno de Venezuela y oposición firman un acuerdo

      by

      El acuerdo firmado el martes por el gobierno autoritario del país y la oposición no permitiría que todos los candidatos puedan postularse.El gobierno del presidente venezolano Nicolás Maduro, y la oposición del país, reanudaron el martes las conversaciones para avanzar hacia unas elecciones libres y justas, aunque el acuerdo que se anunció tiene limitaciones en los temas que los activistas de derechos humanos y el gobierno de Estados Unidos buscan en última instancia.Había esperanzas de que, como parte del acuerdo, Maduro permitiera que los candidatos de la oposición que han sido inhabilitados por su gobierno participen en las elecciones presidenciales de 2024, a cambio del levantamiento de las sanciones impuestas a la vital industria petrolera venezolana.Esto sería un paso fundamental hacia una contienda creíble porque a María Corina Machado, la candidata favorita de las elecciones primarias de la oposición que se realizarán el domingo, le prohibieron postularse a las elecciones generales.El acuerdo firmado el martes, durante una ceremonia en la isla caribeña de Barbados, es vago. Aunque incluye el compromiso de permitir la presencia de observadores electorales internacionales y el acceso a los medios de comunicación en 2024, hace pocas promesas concretas. Los expertos afirman que es poco probable que Estados Unidos levante las sanciones si no se permite que Machado se postule a las elecciones.“Vamos hacia el objetivo supremo de levantamiento de las sanciones”, dijo Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, en la ceremonia. Y agregó: “Si usted recibió una inhabilitación administrativa por el órgano que le corresponde, desde el punto de vista constitucional legal, que es la Contraloría General de la República, pues tampoco puede ser candidato”.Incluso antes de un anuncio oficial, algunos expertos en Venezuela expresaron su escepticismo de que el acuerdo lograra un cambio político real.“Es un acuerdo minimalista que no logrará unas elecciones libres y justas”, dijo Phil Gunson, analista del International Crisis Group que vive en Caracas, la capital del país. Pero “es lo mejor que hay en estas circunstancias. Le permite a Maduro aferrarse al poder, a menos que ocurra algo realmente dramático. En realidad, son pequeños pasos”.Y añadió: “El gobierno de Maduro tiene un historial de incumplimiento de los acuerdos que firma”.Maduro llegó al poder en 2013, tras la muerte del presidente Hugo Chávez, el fundador de la revolución de inspiración socialista que ha gobernado el país. Bajo el mandato de Maduro, Venezuela, que fue uno de los países más ricos de América Latina, ha experimentado un declive económico extraordinario, generando una crisis humanitaria que ha provocado una migración masiva.El presidente Nicolás Maduro reclamó la victoria en unas elecciones de 2018 ampliamente consideradas fraudulentas y que originaron sanciones más estrictas por parte de Estados Unidos.Meridith Kohut para The New York TimesMás de siete millones de venezolanos han huido del país, cuya población es de unos 28 millones de habitantes. Además, en los últimos años, cientos de miles de personas han emprendido el viaje hacia Estados Unidos a pie.En 2018, Maduro se declaró vencedor en unas elecciones ampliamente consideradas como fraudulentas. En respuesta, el gobierno de Estados Unidos endureció significativamente las sanciones contra la industria petrolera del país, la principal fuente de ingresos de Venezuela, una medida que exacerbó la crisis económica y aisló a Maduro de gran parte del mundo.Para mejorar la economía, Maduro necesita que se levanten las sanciones. Al mismo tiempo, la oposición quiere que establezca condiciones competitivas para las próximas elecciones presidenciales con el fin de tener una oportunidad legítima de ganar.Sin embargo, ambas partes no han logrado estos objetivos, y pareciera que Maduro no está dispuesto a hacer nada que crea que puede poner en riesgo su control sobre el poder.En noviembre, como señal de su disposición a levantar las sanciones a cambio de garantizar unas elecciones justas, Estados Unidos concedió a la petrolera Chevron una licencia para una expansión limitada de las operaciones energéticas en Venezuela, un avance modesto hacia la posible reincorporación del país al mercado petrolero internacional.El gobierno de Biden se encuentra bajo presión para garantizar que los precios del petróleo se mantengan estables de cara a las elecciones presidenciales del próximo año. La amenaza de un conflicto más amplio en Medio Oriente, aunada a las actuales interrupciones de las exportaciones energéticas rusas, amenazan con avivar otro episodio de inflación y provocar una potencial subida de los precios de la gasolina en los próximos meses.Pero, incluso después de levantar las sanciones, se necesitarían años y miles de millones de dólares de inversión para aumentar la producción de petróleo lo suficiente como para bajar los precios, dijo Francisco Monaldi, experto en energía venezolana de la Universidad Rice en Houston.Monaldi cree que lo más probable es que el gobierno de Biden centre sus motivaciones en tratar de frenar el flujo de migrantes venezolanos hacia la frontera entre Estados Unidos y México, en vez de hacer bajar los precios del petróleo a corto plazo.El gobierno de Maduro está siendo investigado por la Corte Penal Internacional por posibles crímenes de lesa humanidad cometidos desde 2017, lo que incluye torturas y persecuciones por motivos políticos.Isayen Herrera More

    • 138 Shares199 Views

      in Elections

      Zimbabwe’s Neighbors Cast Doubt on Elections That Gave Mnangagwa the Win

      by

      The main regional bloc in southern Africa and the African Union declined to rubber stamp the elections and cast doubt on a vote that led to President Emmerson Mnangagwa’s re-election.The presidential election in Zimbabwe last week that kept the governing party in power and was widely criticized as dubious is likely to isolate the country further from the United States and other Western nations. But it has also exposed Zimbabwe to increased scrutiny and pressure from a surprising place: its neighbors in southern Africa.Before President Emmerson Mnangagwa was declared the winner of a second term on Saturday, the Southern African Development Community and the African Union publicly questioned the legitimacy of Zimbabwe’s elections for the first time.While Zimbabwe has chalked up criticism from the West as colonial gripes, condemnation from other leaders on the continent may not be so easily brushed off, analysts say, particularly when it comes from countries that have to absorb the effects of Zimbabwe’s economic and social turmoil.On Sunday, speaking for the first time since his victory, Mr. Mnangagwa dismissed his African critics.“As a sovereign state, we continue to call on all our guests to respect our national institutions, as they conclude their work,” he said. “I think those who feel the race was not run properly should know where to go to complain. I’m so happy that the race was run peacefully, transparently and fairly in broad daylight.”Southern Africa has long prided itself on relative stability and on being generally free of the coups and terrorism that have plagued other parts of the continent. Countries like South Africa and Botswana boast economic muscle, while Zambia and Malawi have celebrated positive strides in democracy through elections in recent years.Zimbabwe, in contrast, has been seen as a drag on the region, analysts say, with an economic and political crisis that stretches back two decades under the rule of Robert Mugabe and that has led to sanctions and isolation by the United States and other Western nations. The West has demanded clean elections along with governing and human rights reforms from Zimbabwean leaders in exchange for helping the country address its economic woes, including $18 billion of debt.Supporters of Mr. Mnangagwa celebrated after he was declared the winner in Harare, Zimbabwe, on Saturday.Tsvangirayi Mukwazhi/Associated PressThe Southern African Development Community, or S.A.D.C., observer mission criticized laws in Zimbabwe that restricted free speech, voter intimidation by the governing ZANU-PF party and mismanagement by the country’s chief electoral body, most notably the long voting delays because many polling stations did not get ballots in time. The mission also denounced the arrest on election night of dozens of members of a local electoral watchdog that has for years independently verified the results announced by the government.While the election was peaceful, some aspects “fell short of the requirements of the Constitution of Zimbabwe” and regional standards, said Nevers Mumba, a former Zambian vice president who led the mission.That statement was a sharp departure from years past, when S.A.D.C. missions essentially rubber-stamped questionable Zimbabwean elections, analysts said. It could be a sign of the changing times.Governing parties in southern Africa generally share tight bonds, forged during their days as liberation movements battling white colonial rule. In the past, regional observers, perhaps influenced by those historic allegiances, may have been prone to give Zimbabwe a pass, experts said.But Zambia’s president, Hakainde Hichilema, who leads the S.A.D.C. body overseeing elections and appointed Mr. Mumba to lead the observer mission, is not from a liberation party, is close to the West and is heralded as a champion of democracy. Those credentials, experts say, may have produced a more objective assessment of the election.Chipo Dendere, a political science professor at Wellesley College in Massachusetts, said she saw a broader shift among regional bodies across the continent that want to promote stability.They are acknowledging that “the impact of colonialism is there, but we also have to look inward and think, ‘What are we doing as African governments to move the continent forward?’” said Ms. Dendere, who has researched Zimbabwe extensively.But political party officials in other parts of southern Africa don’t seem ready to give up on their longtime allies just yet.The ZANU-PF conference hall in Harare, where portraits of former party leaders and freedom fighters are displayed. Nelson Chamisa, who finished second behind Mr. Mnangagwa, rejected the results on Sunday.John Wessels/Agence France-Presse — Getty ImagesFikile Mbalula, secretary general of the African National Congress, the liberation party that has governed South Africa since 1994, posted glowing tweets on Saturday night applauding Mr. Mnangagwa’s victory — despite the fact that South Africa has the most to lose from Zimbabwe’s challenges.As Zimbabwe has grappled with astronomical inflation, a severe lack of jobs and a repressive government, hundreds of thousands (and potentially millions) of its citizens have fled to neighboring South Africa over the years. The large exodus has fueled deep anti-immigrant sentiment in South Africa, which is dealing with its own social and economic crisis.Nelson Chamisa, who finished second behind Mr. Mnangagwa, with 44 percent of the votes, rejected the results during a news conference on Sunday. Mr. Chamisa, the leader of Citizens Coalition for Change, claimed that the vote tally released by the electoral commission was false and that his party had the vote tally sheets recorded at polling stations that showed he had actually won.Speaking from a heavily guarded private residence in Harare, the capital, after several hotels refused to allow him to use their properties because of security concerns, Mr. Chamisa said he would take action to make sure the right results were known. But he did not specify if that meant going to the courts or protesting in the streets.“It is important that whoever sits on the throne of this country is aligned with legitimacy,” he said.It remains questionable whether S.A.D.C.’s tough assessment of Zimbabwe’s elections will lead to changes in the country.African countries could impose economic or administrative penalties — such as visa restrictions — on Zimbabwe if it fails to introduce reforms to improve its economy and transparency. But experts say that is highly unlikely. African leaders prefer one-on-one talks to work out their issues, but even then, they do not have a track record of holding one another accountable, analysts said.John Eligon More

    • 150 Shares169 Views

      in Elections

      In Belarus, the Protests Were Three Years Ago. The Crackdown Is Never-Ending.

      by

      The recent high school graduate selected her wardrobe carefully as she headed off to a summer folk festival.She dressed all in white, as is customary for the event, and wore a large flower wreath in her golden hair. But when it came to choosing a sash for her skirt, she grabbed a brown leather band, avoiding the color red.In Belarus, red and white are the colors of the protest movement against the country’s authoritarian leader, Aleksandr G. Lukashenko. And even the smallest sign of protest can land a person in jail. “I worry about attracting the wrong kind of attention from the authorities,” said the young woman, who spoke on the condition that her name not be used so she would not draw scrutiny.After claiming victory in a widely disputed presidential election three years ago — and violently crushing the outraged protests that followed — Mr. Lukashenko has ushered in a chilling era of repression.He is moving ever closer to his patron, President Vladimir V. Putin of Russia, positioning himself as an invaluable military ally to Russia in its war against Ukraine, but also cracking down on dissent in a way that is invisible to much of the world but rivals that of Mr. Putin’s punitive regime.Children in the Minsk region playing near the “Mound of Glory,” a memorial to those who fought in World War II.An exhibit at the Belarusian State Museum of the history of the Great Patriotic War.Belarusian security forces are rounding up opposition figures, journalists, lawyers and even people committing offenses like commenting on social media memes or insulting Mr. Lukashenko in private conversations with acquaintances that are overheard and reported.In particular, activists and rights groups say, the country’s security forces are intent on finding and punishing the people who participated in the 2020 protests. Belarusians are getting arrested for wearing red and white, sporting a tattoo of a raised fist — also a symbol of the protest movement — or for just being seen in three-year-old photographs of the anti-government demonstrations.“In the last three years, we went from a soft autocracy to neo-totalitarianism,” said Igor Ilyash, a journalist who opposes Mr. Lukashenko’s rule. “They are criminalizing the past.”Belarusians interviewed by The New York Times over three days this month echoed that sentiment, expressing fear that even a slight perceived infraction related to the revolution could bring prison time.The crackdown has made people much more cautious about overtly showing their anger at the government, said Mr. Ilyash. That, in turn, has prompted the authorities to focus on participation in old protests in an attempt to intimidate and stifle dissent.Scrutiny of Mr. Lukashenko’s repressive reign has increased since Russia’s invasion of Ukraine last year, and in particular in recent months.Belarus let the Kremlin invade Ukraine from its territory last year. In March, Russia announced it would station tactical nuclear weapons on Belarusian territory. Video evidence suggests Belarus is now housing forces from Russia’s Wagner paramilitary group, and on Thursday, the government said Wagner forces were training special Belarusian operations units only a few miles from the border with Poland.The security crackdown has thinned the ranks of lawyers: More than 500 have been stripped of their law licenses or left the profession or the country.And Belarus has become particularly perilous for journalists. There are now 36 in jail, according to the Belarusian Association of Journalists, after the arrest on Monday of Ihar Karnei, 55. He has written for the U.S.-funded Radio Free Europe/Radio Liberty, which Belarus has banned as an “extremist” organization. People can be sentenced to up to seven years in prison for just sharing its content.“In the last three years, we went from a soft autocracy to neo-totalitarianism,” said Igor Ilyash, a journalist whose wife, also a journalist, is imprisoned.Mr. Ilyash does not leave his apartment without a small backpack holding essentials that he would need in case he were detained and imprisoned.According to Viasna, a human rights group that shared the Nobel Peace Prize last year, security forces raided Mr. Karnei’s home and seized his electronic devices. He is in Belarus’s notorious Okrestina detention center, the group said, and neither his family nor his lawyers have had access to him.Belarus has criminalized most independent news outlets and the journalists’ association as “extremist,” which makes following them on social media a crime.Mr. Ilyash’s wife, the award-winning journalist Katsiaryna Andreyeva, was sentenced to eight years in prison in two separate cases and now labors in a penal colony as a seamstress, earning less than $4 a month, her husband said.In the prison, she is forced to wear a yellow badge on her chest identifying her as a political prisoner. When she is released in 2028, if the same government is still in power, she will still be considered an “extremist” and barred from certain activities, including journalism.Mr. Ilyash himself spent 25 days in prison, and with one criminal case against him still open, he is barred from leaving the country. He does not leave his apartment without a small backpack that contains the essentials for prison, in case he is detained: a toothbrush, toothpaste, spare underwear and socks.Activists and opposition figures are also being targeted. This month, the artist Ales Pushkin died in a penal colony at age 57. He is believed to be the third political prisoner to die in Belarusian custody since the protests began in 2020.Several of the country’s best-known political prisoners, like the leading opposition figure Maria Kolesnikova, have neither been seen by their family members or lawyers, nor permitted to write letters, meaning they have been out of touch for months.Viasna, the rights group, has identified almost 1,500 political prisoners in Belarus today, and a further 1,900 people convicted in what the group calls “politically motivated criminal trials.”“Arrests for what happened in 2020 are occurring practically every week, almost every day,” said Evgeniia Babayeva of Viasna, a human rights group that shared the Nobel Peace Prize last year.The Okrestina detention center in Minsk. Former inmates who spent time there described beatings and horrific conditions. “The security services are still watching people’s videos, and scouring social media and photos of the protests all these years later,” said Evgeniia Babayeva, a Viasna staff member who catalogs politically motivated detentions in Belarus from exile in Lithuania.Ms. Babayeva was arrested in July 2021, on the same day as the group’s founder, Ales Bialiatski, along with a handful of other colleagues. She was released only because she signed an agreement to collaborate with the security services, but she said she fled Belarus the same day.In March, Mr. Bialiatski was sentenced to 10 years in prison for “cash smuggling” and “financing actions and groups that grossly violated public order,” charges widely viewed by watchdog groups as spurious and intended to discredit the organization.On the surface, visitors to the country’s capital would have to look closely to see any signs that the protests in 2020 happened at all. Minsk, which takes pride in its cleanliness, is tidy, with a modern city center. Billboards trumpet 2023 as the “year of peace and creation,” and the roadside public gardens are manicured in national Belarusian motifs.But residents say a more ominous sensibility hangs over the city and the country. Cameras with facial recognition ability watch over public spaces and residential elevators, keeping tabs on ordinary Belarusians carrying out day-to-day activities.One evening in June, a Minsk resident was out for a walk when she was approached by the police, who reprimanded her for a simple administrative violation, less serious than jaywalking.A Belarusian military billboard in Minsk. Belarus and Russia have grown closer over the past few years, especially when it comes to the military.A Minsk resident who was jailed for a simple administrative violation while she was out walking.The officer searched her name in the police database, turning up evidence of previous detention for participation in the 2020 protests. Police officers soon drew up an accusation that she had cursed in their station — which she denies — and she was put into the Okrestina detention center for 10 days on a “hooliganism” charge.She shared a small cell with 12 other women, she said. There were no mattresses or pillows, and the light was on 24 hours a day. Though everyone became sick — she contracted a bad case of Covid — they had to share toothbrushes. There were no showers, and if a woman got her period, she was given cotton balls rather than pads or tampons.(The woman’s name and her offense are being withheld at her request because the information could identify her and draw retribution. Her identity was confirmed by The Times, and friends confirmed that she had given similar accounts to them.)The repressive environment is stifling people and prompting many to leave. The high school graduate who went to the celebration of the summer solstice and the Belarusian poet Yanka Kupala said she had attended because of a dearth of public events since 2020.“There is nowhere for us to go anymore,” she said, complaining that control was so tight that even traditional songs had been approved in advance by the authorities. She said most good musicians have been named “extremists” and left the country.Floral headwear was a popular choice for festival attendees.The festival in the Minsk region celebrated Kupalle, which is tied to the summer solstice.The girl said she planned to follow them, hoping to continue her studies in Cyprus or Austria. At least half of her classmates had already left Belarus.Another festivalgoer, Vadim, 37, said he had the impression that at least half of his friends had spent time in prison because of their political views.He said his wife had already emigrated, and he was contemplating joining her.“The war was a trigger for many people to leave,” he said.“Before, we thought this situation would eventually end,” Vadim said, “but once the war started, we knew it would only get worse.”A tour group near the Lenin Monument in Minsk. More

    • 138 Shares169 Views

      in Elections

      José Rubén Zamora mostró la corrupción en Guatemala y enfrenta prisión

      by

      Durante años, elPeriódico denunció los manejos indebidos del gobierno. El juicio a su fundador se produce, aseguran los críticos, cuando la democracia en el país se desmorona.Para los activistas que defienden la libertad de prensa y los derechos humanos en Guatemala, el miércoles se perfila como un indicador clave de la tambaleante salud democrática del país.En un tribunal de la capital del país, se espera un veredicto en el juicio de uno de los periodistas más destacados de Guatemala, un caso ampliamente visto como otra señal del deterioro del estado de derecho en el país centroamericano.El periodista, José Rubén Zamora, fue el fundador y director de elPeriódico, un diario líder en Guatemala que investigaba con regularidad la corrupción gubernamental, incluidas las acusaciones contra el actual presidente, Alejandro Giammattei, y la fiscal general, María Consuelo Porras.Zamora es juzgado por cargos de irregularidades financieras que, según los fiscales, se centran en sus negocios y no en su periodismo. Un panel de jueces emitirá un veredicto y, si es declarado culpable, impondrá una sentencia.Una condena, que muchos observadores legales y el mismo Zamora dicen es el resultado probable, sería otro golpe a la frágil democracia de Guatemala, según los defensores de los derechos civiles, ya que el gobierno y sus aliados han apuntado repetidamente a instituciones clave y medios de comunicación independientes.El juicio también se produce cuando el país se dirige hacia una elección presidencial este mes que ha estado plagada de irregularidades, con cuatro candidatos de la oposición descalificados antes de la carrera.“El estado de derecho está roto”, dijo Ana María Méndez, directora para Centroamérica de WOLA, un instituto de investigación con sede en Washington. El caso de Zamora, agregó, representa “un paso más hacia la consolidación de una dictadura” en Guatemala.Sin embargo, a diferencia de otros países centroamericanos, como Nicaragua y El Salvador, donde la democracia también se ha erosionado, el poder en Guatemala no se concentra en una familia o un individuo, dijo Méndez.En Guatemala, agregó, “el autoritarismo se ejerce por redes ilícitas que están conformadas por la élite económica, la élite militar y el crimen organizado en contubernio con la clase política”.Zamora, de 66 años, ha negado repetidamente haber actuado mal y acusó al gobierno de tratar de silenciar a sus críticos.“Soy un preso político”, dijo a los periodistas el 2 de mayo, el día en que comenzó su juicio. Señaló que esperaba que el proceso termine con un veredicto de culpabilidad y agregó: “Me van a sentenciar”.Durante su cargo al frente de elPeriódico, Zamora fue demandado decenas de veces, principalmente por difamación, por parte del gobierno como resultado de la cobertura del diario.Las máquinas prensa guardaban silencio el mes pasado en las oficinas de elPeriódico en Ciudad de Guatemala. El periódico cerró después de que el gobierno congelara sus finanzas.Simone Dalmasso para The New York TimesPero su enfrentamiento legal más serio con las autoridades se inició en julio pasado, cuando fue acusado de lavado de dinero, tráfico de influencias y chantaje.Como parte del caso de la fiscalía, las cuentas bancarias de elPeriódico fueron congeladas, lo que dificultó su economía antes de que cerrara sus puertas definitivamente el mes pasado.El principal testigo del caso fue un exbanquero, Ronald Giovanni García Navarijo, quien dijo a los fiscales que Zamora le pidió que lavara 300.000 quetzales guatemaltecos, o casi 40.000 dólares. También afirmó que Zamora lo había obligado a pautar publicidad de paga anual en el periódico para evitar recibir una cobertura poco halagüeña.Pero la acusación no presentó ninguna prueba que demostrara que Zamora hubiera obtenido el dinero de manera ilegal. La mayor parte de los fondos, que según Zamora eran para pagar los salarios de los empleados del periódico, provenían de un empresario que no quería que se revelara su conexión con elPeriódico por temor a represalias.Su defensa se vio obstaculizada por varias medidas tomadas por los fiscales y una organización de extrema derecha que apoya al fiscal general, la Fundación Contra el Terrorismo, que según los críticos ha tratado de intimidar a algunos de los abogados de Zamora.Pasó por nueve abogados defensores, y al menos cuatro han sido acusados ​​de obstrucción de la justicia por su papel en el caso.“La defensa de Zamora se ha visto obstaculizada desde el primer día por una puerta giratoria de abogados defensores”, dijo Stephen Townley, director legal de la iniciativa TrialWatch de la Fundación Clooney para la Justicia, un grupo defensor de derechos. “Cuatro de sus abogados han sido procesados ​​por las autoridades guatemaltecas. Otros parecían no tener acceso a los materiales de sus predecesores”.Un juez que había estado presidiendo el caso anteriormente no permitió que Zamora presentara ningún testigo y rechazó la mayoría de las pruebas que trató de presentar por considerarlas irrelevantes.“Hemos visto un montaje’’, dijo Zamora en una entrevista, “como un teatro de terror”.El hijo de Zamora, José Carlos Zamora, quien también es periodista, calificó el juicio como “una persecución política”.Por su parte, Giammattei, refiriéndose al caso contra Zamora, ha dicho que ser periodista no le da a una persona el “derecho a cometer actos criminales”.El presidente Alejandro Giammattei se encontraba entre las principales figuras guatemaltecas investigadas por el periódico de Zamora.Erin Schaff/The New York TimesAun así, su gobierno ha sido acusado por grupos de derechos humanos de usar el sistema de justicia para atacar a cualquiera que lo desafíe.Los casos de corrupción y derechos humanos se han estancado y el sistema de justicia ha sido “secuestrado” por una red de actores corruptos, según un informe de WOLA.Desde 2021, casi tres decenas de jueces, fiscales anticorrupción y sus abogados han huido de Guatemala, al igual que 22 periodistas que dijeron haber sido amenazados por su trabajo.Cuando se fundó elPeriódico en 1996, Guatemala estaba entrando en un período más esperanzador luego de una brutal guerra civil que duró casi cuatro décadas y dejó cientos de miles de muertos o desaparecidos. Para muchos guatemaltecos agotados, existía la sensación de que la democracia se estaba afianzando y que el gobierno gobernaría con transparencia.Un panel internacional de investigadores respaldado por la ONU trabajó 12 años junto con el poder judicial de Guatemala para exponer la corrupción en la élite del país, incluidos altos funcionarios gubernamentales y empresarios, antes de ser expulsado del país en 2019 por el presidente anterior, a quien el panel estaba investigando.“Lo que vemos hoy es un sistema que quiere seguir protegiendo esa clase de prácticas”, dijo Daniel Haering, analista político en Ciudad de Guatemala.El caso de Zamora y la desaparición de su periódico hacen retroceder los esfuerzos para hacer que el gobierno rinda cuentas por sus acciones, dijo Méndez.“¿Quién va a decir ahora la verdad en Guatemala?”, dijo. “Quedará un vacío enorme”.Zamora con su abogada el día de la apertura de su juicio el mes pasado. No se le permitió presentar ningún testigo ni la mayor parte de las pruebas en su defensa.Santiago Billy/Associated PressEl juicio de Zamora termina cuando el país se prepara para las elecciones nacionales del 25 de junio, que según los grupos de derechos civiles ya se han visto empañadas después de que los jueces en los últimos meses prohibieron la participación a cuatro candidatos presidenciales de partidos de oposición.Entre ellos estaba Carlos Pineda, un populista conservador, que se había comprometido a luchar contra la corrupción y que, según una encuesta reciente, había ascendido a puntero. El tribunal supremo de Guatemala lo retiró de la contienda por acusaciones de que los métodos que usó el partido de Pineda para elegirlo como su candidato habían violado la ley electoral.El caso de Zamora también ha entrampado a los periodistas simplemente por cubrirlo. Ocho reporteros, editores y columnistas están siendo investigados por obstrucción a la justicia tras escribir sobre el proceso para elPeriódico. La mayoría se ha ido de Guatemala.Desde que Giammattei asumió el cargo en enero de 2020, el Asociación de Periodistas de Guatemala ha documentado 472 casos de hostigamiento, agresiones físicas, intimidación y censura contra la prensa.“De inmediato te preguntas: ‘¿En qué momento mis coberturas son interpretadas como un delito?’”, dijo Claudia Méndez, quien trabajó en elPeriódico como reportera y editora y ahora conduce un programa de radio. “‘¿En qué momento mi labor es ya no un ejercicio de crítica y rendición de cuentas, sino visto como un acto ilícito?’”. More

    • 113 Shares119 Views

      in Elections

      He Exposed Corruption in Guatemala. Now He Faces Prison.

      by

      The trial of José Rubén Zamora, the founder of a newspaper that long shone a spotlight on government graft, comes as critics say democracy in Guatemala is crumbling.For activists defending press freedom and human rights in Guatemala, Wednesday looms as a key gauge of the country’s wobbly democratic health.In a courtroom in the country’s capital, a verdict is expected in the trial of one of Guatemala’s most high-profile journalists, a case widely seen as another sign of the deteriorating rule of law in the Central American country.The journalist, José Rubén Zamora, was the founder and publisher of elPeriódico, a leading newspaper in Guatemala that regularly investigated government corruption, including accusations involving the current president, Alejandro Giammattei, and the attorney general, María Consuelo Porras.He stands trial on charges of financial wrongdoing that prosecutors say focus on his business dealing and not his journalism. A panel of judges will deliver a verdict and, if he is found guilty, will impose a sentence.A conviction, which many legal observers and Mr. Zamora himself say is the likely outcome, would be another blow to Guatemala’s already fragile democracy, according to civil rights advocates, as the government and its allies have taken repeated aim at key institutions and independent news media outlets.The trial also comes as the country heads toward a presidential election this month that has already been plagued by irregularities, with four opposition candidates disqualified ahead of the race.“The rule of law is broken,” said Ana María Méndez, the Central America director at WOLA, a Washington-based research institute. Mr. Zamora’s case represents, she added, yet another “step toward the consolidation of a dictatorship” in Guatemala.Unlike other Central American countries, like Nicaragua and El Salvador, where democracy has also eroded, however, power is not concentrated in a family or an individual, Ms. Méndez said.In Guatemala, she added, “authoritarianism is exercised by illicit networks made up of the economic elite, the military elite and organized crime in collusion with the political class.”Mr. Zamora, 66, has repeatedly denied any wrongdoing and accused the government of trying to silence its critics.“I am a political prisoner,” he told reporters on May 2, the day his trial started. He said he fully expected it would end with a guilty verdict, adding, “I will be sentenced.”During his tenure running elPeriódico, Mr. Zamora was sued scores of times, mostly for slander, by the government as a result of the newspaper’s coverage.The presses were silent last month at the elPeriódico newspaper offices in Guatemala City. The newspaper shut down last month after the government froze its finances.Simone Dalmasso for The New York TimesBut his most serious legal confrontation with authorities was set in motion last July, when he was charged with money laundering, influence peddling and blackmail.As part of the prosecution’s case, elPeriódico’s bank accounts were frozen, hobbling its finances before it finally closed its doors for good last month.The main witness in the case was a former banker, Ronald Giovanni García Navarijo, who told prosecutors that Mr. Zamora asked him to launder 300,000 Guatemalan quetzales, or nearly $40,000. He also claimed that Mr. Zamora had forced him to place annual paid advertising in the newspaper to avoid receiving unflattering coverage.But the prosecution did not present any evidence showing that Mr. Zamora had obtained the money illegally. Most of the funds, which Mr. Zamora has said was to pay the salaries of the newspaper’s employees, had come from a businessman who did not want his connection to elPeriódico disclosed for fear of reprisals.His defense was hampered by various steps taken by prosecutors and a far-right organization that supports the attorney general, the Foundation Against Terrorism, which critics say has tried to intimidate some of Mr. Zamora’s lawyers.He cycled through nine defense lawyers, and at least four have been charged with obstruction of justice for their role in the case.“Zamora’s defense has been hamstrung from day one by a revolving door of defense lawyers,” said Stephen Townley, legal director of the TrialWatch initiative at the Clooney Foundation for Justice, a rights group. “Four of his lawyers have been prosecuted by the Guatemalan authorities. Others then seemed not to have access to their predecessors’ materials.”A judge who had been presiding over the case earlier in the process did not allow Mr. Zamora to present any witnesses and rejected most of the evidence he tried to submit, deeming it irrelevant.“We have seen,’’ Mr. Zamora said in an interview, “a theater of terror.”Mr. Zamora’s son, José Carlos Zamora, who is also a journalist, called the trial a “political persecution.’’For his part, Mr. Giammattei, referring to the case against Mr. Zamora, has said that being a journalist does not give a person the “right to commit criminal acts.’’President Alejandro Giammattei was among the leading Guatemalan figures being investigated by Mr. Zamora’s newspaper.Erin Schaff/The New York TimesStill, his administration has been accused by human rights groups of using the justice system to target anyone who challenges his government.Corruption and human rights cases have stalled and the justice system has been “hijacked” by a network of corrupt actors, according to a report by WOLA.Since 2021, nearly three dozen judges, anti-corruption prosecutors and their lawyers have fled Guatemala, as have 22 journalists who say they had been threatened because of their work.When elPeriódico was founded in 1996, Guatemala was entering a more hopeful period following a brutal civil war that lasted nearly four decades and left hundreds of thousands dead or missing. For many weary Guatemalans, there was a feeling that democracy was taking hold and the government would rule with transparency.A U.N.-backed international panel of investigators spent 12 years working alongside Guatemala’s judiciary to expose graft among the country’s elite, including top government officials and businessmen, before being expelled from the country in 2019 by the previous president whom the panel was investigating.“What we see today is a system that wants to continue to protect’’ criminal behavior, said Daniel Haering, a political analyst in Guatemala City.Mr. Zamora’s case and the demise of his newspaper sets back efforts to hold the government accountable for its actions, Ms. Méndez said.“Who’s going to tell the truth in Guatemala now?” she said. “There will be a huge void left.”Mr. Zamora with his lawyer on the opening day of his trial last month. He had not been allowed to present any witnesses or submit most of the evidence in his defense.Santiago Billy/Associated PressMr. Zamora’s trial ends as the country prepares for national elections on June 25, which civil rights groups say have already been tarnished after judges in recent months banned four presidential candidates from opposition parties from the vote.Among those was Carlos Pineda, a conservative populist, who had pledged to fight corruption and who a recent poll showed had risen to the top of the field. Guatemala’s top court removed him from the race on charges that the methods Mr. Pineda’s party used to choose him as its candidate had violated electoral law.Mr. Zamora’s case has also ensnared journalists simply for covering it. Eight reporters, editors and columnists are being investigated on charges of obstruction of justice after writing about the process for elPeriódico. Most have left Guatemala.Since Mr. Giammattei took office in January 2020, the Journalists Association of Guatemala has documented 472 cases of harassment, physical attacks, intimidation and censorship against the press.“You immediately ask yourself, ‘At what point is my coverage interpreted as a crime?’” said Claudia Méndez, who worked at elPeriódico as a reporter and editor and now works for a Guatemalan radio show. “‘At what point is my work no longer an exercise in criticism and accountability, but seen as an unlawful act?’” More