Human Rights and Human Rights Violations

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      Donald Trump en campaña: estas son sus propuestas migratorias

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      El expresidente Donald Trump está planeando una expansión extrema de sus medidas represivas contra la migración aplicadas durante su primer mandato si logra regresar al poder en 2025, incluida la preparación de redadas a gran escala de personas que viven en Estados Unidos sin permiso legal y concentrarlas en campamentos cada vez más extensos mientras esperan a ser expulsados.Estos planes restringirían en gran medida tanto la inmigración legal como la ilegal de muchas maneras.Trump quiere revivir las políticas fronterizas de su primer periodo, entre ellas la prohibición del ingreso de personas de ciertas naciones con mayoría musulmana y la reinstauración de una política de la era de la COVID-19 de rechazar solicitudes de asilo, aunque en esta oportunidad basaría el rechazo en aseveraciones de que los migrantes portan otras enfermedades infecciosas como tuberculosis.Trump planea desalojar del país a inmigrantes que habitan aquí sin permiso legal y deportar a millones de personas cada año.Para ayudar a acelerar las deportaciones masivas, Trump está preparando una gran ampliación de una forma de remoción que no requiere de audiencias con el debido proceso. Para ayudar al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por su sigla en inglés) a llevar a cabo redadas masivas, Trump planea reasignar otros agentes federales y sumar a la tarea a policías municipales y efectivos de la Guardia Nacional aportados voluntariamente por los estados gobernados por republicanos.Para aliviar la presión sobre los centros de detención del ICE, Trump desea construir campamentos enormes para detener personas mientras sus casos son procesados y esperan sus vuelos de deportación. Además, con el fin de sortear cualquier negativa del Congreso para apropiarse de los recursos necesarios, Trump redirigiría dinero del presupuesto del ejército, como lo hizo en su primer mandato para invertir más dinero en el muro fronterizo del que el Congreso había autorizado.“Trump desatará el vasto arsenal de poderes federales para implementar la represión migratoria más espectacular”, dijo Stephen Miller, el exasesor de Trump en la Casa Blanca, quien fue el principal arquitecto de sus esfuerzos de control fronterizo.Cooper Neill para The New York TimesEn una referencia pública a sus planes, Trump le dijo a una multitud en Iowa en septiembre: “Siguiendo el modelo de Eisenhower, llevaremos a cabo la operación de deportación nacional más grande en la historia de Estados Unidos”. La referencia en cuestión fue una campaña de 1954 para arrestar y expulsar a inmigrantes mexicanos que recibió su nombre de un insulto étnico: “Operación Espalda Mojada”.La gran cantidad de planes para 2025 de Trump equivale a un ataque a la migración a una escala nunca antes vista en la historia estadounidense moderna. Millones de migrantes que viven en Estados Unidos sin permiso legal tendrían prohibida la entrada al país o serían desarraigados después de años o incluso décadas de haberse establecido aquí.Tal escala de expulsiones planeadas generaría retos logísticos, financieros y diplomáticos y sería impugnada de manera enérgica en los tribunales. Sin embargo, no hay duda de la magnitud y ambición del cambio que Trump está contemplando.En una segunda presidencia de Trump, se cancelarían las visas de los estudiantes extranjeros que hayan participado en manifestaciones en contra de Israel o propalestinas. Los funcionarios consulares estadounidenses en el extranjero recibirían instrucciones de profundizar la revisión ideológica de los solicitantes de visa para bloquear a personas que el gobierno de Trump considere que tienen actitudes indeseables. A las personas con un estatus de protección temporal porque provienen de ciertos países considerados inseguros, lo que les permite vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos, se les revocaría ese estatus.De forma similar, muchas personas a quienes se les ha permitido residir en el país temporalmente por razones humanitarias también perderían ese estatus y tendrían que abandonar el país, incluyendo a decenas de miles de afganos desalojados durante la toma del poder de los talibanes en 2021 a quienes se les permitió ingresar a Estados Unidos. Los afganos que poseen visas especiales concedidas a personas que ayudaron a las fuerzas estadounidenses serían investigados de nuevo para verificar que de verdad colaboraron.Además, Trump intentaría poner fin a la ciudadanía por nacimiento para los bebés nacidos en Estados Unidos de padres que viven en el país sin permiso legal mediante la proclamación de que esa política será la nueva posición del gobierno y la instrucción a las agencias de dejar de emitir documentos que comprueben la ciudadanía de esos bebés, como tarjetas de Seguridad Social y pasaportes. La legitimidad legal de esa política, como casi todos los planes de Trump, seguramente terminará debatiéndose en la Corte Suprema.En entrevistas con The New York Times, varios asesores de Trump dieron la descripción más amplia y detallada hasta la fecha de la agenda migratoria del expresidente para un posible segundo mandato. En particular, la campaña de Trump delegó las preguntas para este artículo a Stephen Miller, un arquitecto de las políticas migratorias del primer periodo de Trump que se mantiene cercano al exmandatario y que muy probablemente tendría un cargo importante en su segundo periodo.Miller afirmó en una entrevista que tocó múltiples temas que todos los pasos que los asesores de Trump se están preparando para dar se basan en estatutos existentes; aunque es posible que el equipo de Trump intente renovar las leyes de inmigración, el plan fue elaborado para no necesitar nueva legislación sustantiva. Además, aunque Miller reconoce que surgirían demandas para impugnar casi cada una de las medidas, describió la intimidante variedad de tácticas del equipo de Trump como un “ataque veloz” diseñado para abrumar a los abogados de derechos de los migrantes.“Cualquier activista que dude en lo más mínimo de la determinación del presidente Trump está cometiendo un error drástico: Trump desatará el vasto arsenal de poderes federales para implementar la represión migratoria más espectacular”, dijo Miller, quien agregó: “Los activistas legales de la inmigración no entenderán lo que estará pasando”.Todd Schulte, presidente de FWD.us, un grupo de defensa de la inmigración y la justicia penal que combatió repetidas veces al gobierno de Trump, dijo que los planes del equipo de Trump se basaban en una “demagogia xenófoba” que atrae a su base política más radical.“Los estadounidenses deben entender que estas propuestas políticas son parte de una agenda autoritaria, a menudo ilegal, que destrozaría casi todos los aspectos de la vida estadounidense: hundiría la economía y violaría los derechos civiles básicos de millones de inmigrantes y estadounidenses nativos por igual”, dijo Schulte.‘Envenenando la sangre’Migrantes se congregan frente al Hotel Roosevelt en Manhattan en agosto, esperando ser procesados.Jeenah Moon para The New York TimesDesde que Trump dejó el cargo, el ambiente político en lo referente a la inmigración se ha movido en su dirección. Ahora es más capaz de aprovechar ese entorno si es reelecto de lo que lo era cuando ganó la elección como un candidato recién llegado a la política.El retroceso de la pandemia de COVID-19 y la reanudación del flujo de los viajes han contribuido a generar una crisis migratoria global, con millones de venezolanos y centroamericanos que huyen de la convulsión en sus países y africanos que llegan a naciones latinoamericanas antes de continuar su viaje hacia el norte. A causa de las cifras récord de inmigrantes en la frontera sur y en ciudades como Nueva York y Chicago, los votantes están frustrados e incluso algunos demócratas piden medidas más duras contra los inmigrantes y presionan a la Casa Blanca para que maneje mejor la crisis.Trump y sus asesores han visto la oportunidad y ahora saben mejor cómo aprovecharla. Los asistentes en los que Trump confió en los caóticos primeros días de su primer mandato a veces estaban en desacuerdo y les faltaba experiencia acerca de cómo manipular las palancas del poder federal. Hacia el final de su primer mandato, los funcionarios del gabinete y los abogados que intentaron frenar algunas de sus acciones —como su secretario de Seguridad Nacional y jefe de personal John Kelly— habían sido despedidos y quienes permanecieron con él habían aprendido mucho.En un segundo mandato, Trump planea instalar un equipo que no lo restringirá.Desde que gran parte de la represión a la migración del primer mandato de Trump enfrentó problemas para avanzar en los tribunales, el entorno legal se ha inclinado a su favor: sus cuatro años de nombramientos judiciales dejaron tribunales federales de apelación y una Corte Suprema mucho más conservadores que los tribunales que escucharon las impugnaciones a las políticas de su primer mandato.La lucha contra la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por su sigla en inglés) es un ejemplo de ello.DACA es un programa de la era de Obama que protege de la deportación y concede permisos de trabajo a personas que ingresaron a Estados Unidos de forma ilegal cuando eran niños. Trump trató de ponerle fin, pero la Corte Suprema lo bloqueó por motivos procesales en junio de 2020.Miller indicó que Trump intentaría de nuevo acabar con DACA. Además, la mayoría cinco a cuatro en la Corte Suprema que bloqueó el último intento ya no existe: algunos meses después del fallo sobre DACA, la magistrada Ruth Bader Ginsburg falleció y Trump la remplazó con un sexto miembro conservador, la magistrada Amy Coney Barrett.La retórica de Trump se ha mantenido bien sincronizada con su agenda cada vez más extrema en materia de inmigración.Su avivamiento del miedo y la ira hacia los inmigrantes —presionando por un muro fronterizo y llamando “violadores” a los mexicanos— impulsó su toma del poder del Partido Republicano en 2016. Como presidente, reflexionó en privado sobre la posibilidad de desarrollar una frontera militarizada como la de Israel, preguntó si los migrantes que cruzaban la frontera podrían recibir disparos en las piernas y apoyó un muro fronterizo propuesto rematado con púas desgarrantes y pintado de negro para quemar la piel de los migrantes.Mientras ha hecho campaña para la tercera nominación presidencial consecutiva del partido, su tono antiinmigrante no ha hecho más que volverse más duro. En una entrevista reciente con un sitio web de derecha, Trump afirmó, sin pruebas, que los líderes extranjeros estaban vaciando deliberadamente sus “manicomios” para enviar a los pacientes a través de la frontera sur de Estados Unidos como migrantes. Dijo que los inmigrantes estaban “envenenando la sangre de nuestro país”. En un mitin el miércoles en Florida, los comparó con el asesino en serie y caníbal ficticio Hannibal Lecter, diciendo: “Eso es lo que está entrando a nuestro país en este momento”.De manera similar, Trump había prometido llevar a cabo deportaciones masivas cuando se postuló para el cargo en 2016, pero el gobierno solo logró varios cientos de miles de deportaciones por año bajo su presidencia, a la par de otros gobiernos recientes. Si tienen otra oportunidad, Trump y su equipo están decididos a alcanzar cifras anuales de millones.Mantener fuera a la genteMigrantes esperan ser escoltados por agentes de la Patrulla Fronteriza a un área de procesamiento, en septiembre. El avivamiento del miedo y la ira hacia los inmigrantes causado por Trump impulsó su toma del poder del Partido Republicano en 2016. Mark Abramson para The New York TimesEl plan migratorio de Trump es continuar donde se quedó e ir mucho más lejos. No solo reviviría algunas de las políticas que fueron calificadas de draconianas durante su presidencia, muchas de las cuales eliminó la Casa Blanca de Joe Biden, sino que también las ampliaría y las haría más estrictas.Un ejemplo se centra en expandir las políticas del primer periodo dirigidas a mantener a personas extranjeras fuera del país. Trump planea suspender el programa de refugiados y volver a prohibir de manera categórica el ingreso de visitantes de países problemáticos poniendo de nuevo en marcha una versión de su prohibición a los viajes desde varios países principalmente de mayoría musulmana, lo que el presidente Biden calificó de discriminatorio y canceló en su primer día en el cargo.Miller señaló que Trump también utilizaría diplomacia coercitiva para inducir a otros países a colaborar, incluso haciendo de la cooperación una condición para cualquier otro compromiso bilateral. Por ejemplo, un segundo gobierno de Trump buscaría restablecer un acuerdo con México para que los solicitantes de asilo permanezcan en ese país mientras sus peticiones son procesadas (no hay certeza de que México lo acepte; un tribunal mexicano ha precisado que ese trato viola los derechos humanos).Trump también intentaría revivir los acuerdos de “tercer país seguro” con varios países de Centroamérica y establecer acuerdos similares en África, Asia y Sudamérica. En virtud de esos acuerdos, los países aceptan recibir a posibles solicitantes de asilo de otras naciones específicas y permitirles solicitar asilo ahí.Aunque estos acuerdos tradicionalmente solo han cubierto a los inmigrantes que pasaron previamente por un tercer país, la ley federal no exige ese límite y un segundo gobierno de Trump buscaría hacer esos acuerdos sin él, en parte como un disuasivo para los inmigrantes que hacen lo que el equipo de Trump considera solicitudes de asilo ilegítimas.Miller añadió que, al mismo tiempo, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por su sigla en inglés) invocarían la ley de poderes de emergencia de salud pública conocida como Título 42 para rehusarse de nuevo a escuchar cualquier petición de asilo de personas que lleguen a la frontera sur. El gobierno de Trump había discutido internamente esa idea a principios del mandato de Trump, pero algunos secretarios del gabinete se opusieron con el argumento de que no había una emergencia de salud pública que la justificara legalmente. Al final, el gobierno la implementó durante la pandemia de coronavirus.Tras afirmar que desde entonces la idea ha ganado aceptación en la práctica —Biden inicialmente mantuvo la política— Miller aseguró que Trump invocaría el Título 42 y daría como razones “cepas graves de influenza, tuberculosis, sarna, otras enfermedades respiratorias como el virus respiratorio sincitial y más, o simplemente el problema general de que la migración masiva es una amenaza para la salud pública que trae una variedad de enfermedades transmisibles”.Trump y sus asistentes aún no han dicho si reimplementarían uno de los elementos disuasorios más polémicos a la inmigración no autorizada que impulsó como presidente: separar a los niños de sus padres, lo que provocó traumas entre los inmigrantes y dificultades para reunir a las familias. Cuando se le presionó, Trump se negó en repetidas ocasiones a descartar revivir la política. Después de muestras de indignación por la práctica, Trump le puso fin en 2018 y, más tarde, un juez impidió que el gobierno volviera a ponerla en efecto.Deportaciones masivasAgentes federales de inmigración concentrados para una operación de arresto en mayo en Pompano Beach, Florida.Saul Martinez para The New York TimesPoco después de que Trump anunció su campaña presidencial para 2024 en noviembre pasado, se reunió con Tom Homan, quien dirigió el ICE durante el primer año y medio del gobierno de Trump y fue uno de los primeros en proponer la separación de familias para disuadir a los inmigrantes.En una entrevista, Homan recordó que en esa reunión “aceptó regresar” para un segundo mandato y afirmó que “ayudaría a organizar y dirigir la operación de deportación más grande jamás vista en este país”.La visión de los asesores de Trump de deportaciones masivas abruptas llevaría a una convulsión social y económica, lo que perturbaría el mercado de la vivienda e industrias importantes como la agricultura y el sector de servicios.Miller presentó tal perturbación desde una perspectiva favorable.“La deportación masiva será una alteración del mercado laboral celebrada por los trabajadores estadounidenses, a quienes ahora se les ofrecerán salarios más altos con mejores beneficios para ocupar estos puestos de trabajo”, dijo. “Los estadounidenses también celebrarán el hecho de que las leyes de nuestra nación ahora se aplican por igual y que un grupo selecto ya no está mágicamente exento”.Un paso planeado para superar los obstáculos legales y logísticos sería incrementar de manera significativa una forma de deportaciones rápidas conocida como “remoción acelerada”. Esta les niega a los migrantes que viven en el país sin un permiso legal las audiencias habituales y la oportunidad de presentar apelaciones, las cuales pueden tardar meses o años (en especial cuando las personas no están en custodia) y han llevado a un atraso enorme en el procesamiento de los casos. Una ley de 1996 señala que las personas pueden ser sujetas a la remoción acelerada hasta dos años después de su llegada, pero, hasta el momento, el poder ejecutivo la ha usado con mayor cautela expulsando enseguida a personas descubiertas cerca de la frontera poco después de haber cruzado.El gobierno de Trump intentó ampliar el uso de la remoción acelerada, pero un tribunal la bloqueó y después el equipo de Biden canceló la ampliación. No se sabe si la Corte Suprema determinará que es constitucional utilizar la ley contra personas que han vivido durante un periodo significativo en Estados Unidos y expresan temor de persecución si son enviados a su país natal.Trump también ha mencionado que invocaría una ley arcaica, la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, para expulsar a sospechosos de ser miembros de los cárteles de droga y pandillas criminales sin debido proceso. La ley permite deportaciones sumarias de personas provenientes de países con los que Estados Unidos está en guerra, que han invadido Estados Unidos o que han participado en “incursiones predatorias”.Tom Homan, quien dirigió el ICE durante el primer año y medio del gobierno de Trump, afirmó que le dijo al expresidente que “ayudaría a organizar y dirigir la operación de deportación más grande jamás vista en este país”.Rebecca Noble para The New York TimesLa Corte Suprema ha permitido usos en el pasado de esa ley en tiempos de guerra. Sin embargo, su redacción parece requerir un vínculo con las acciones de un gobierno extranjero, así que no se sabe si los magistrados estarían de acuerdo en que un presidente la estire para que abarque la actividad de los cárteles de la droga.De manera más general, Miller manifestó que un nuevo gobierno de Trump pasaría de la práctica del ICE de arrestar a personas específicas a llevar a cabo redadas en lugares de trabajo y otros lugares públicos destinadas a arrestar de una sola vez a grandes cantidades de inmigrantes que viven en el país sin permiso legal.Miller comentó que para hacer que el proceso de encontrar y deportar a los inmigrantes que ya viven en del país sin permiso legal sea “radicalmente más rápido y eficiente”, el equipo de Trump incluiría a “los tipos correctos de abogados y de formuladores de políticas” dispuestos a llevar a cabo tales ideas.Además, debido a la magnitud de los arrestos y deportaciones que se contemplan, planean construir “enormes instalaciones de detención que funcionarían como centros de preparación” para inmigrantes mientras avanzan sus casos y esperan ser trasladados en avión a otros países.Miller declaró que es posible que los nuevos campamentos se construyan “en terrenos abiertos en Texas cerca de la frontera”.Relató que el ejército los construiría bajo la autoridad y control del Departamento de Seguridad Nacional. Aunque advirtió que aún no había planos específicos, dijo que los campamentos luicirían profesionales y similares a otras instalaciones para migrantes que se han construido cerca de la frontera.Estos campos también podrían permitirle al gobierno incrementar el ritmo y el volumen de las deportaciones de personas indocumentadas que han vivido en Estados Unidos durante años y por lo tanto no están sujetas a la expulsión por la vía rápida. Si realizar un esfuerzo a largo plazo para obtener un permiso para permanecer en el país significara permanecer encerrados mientras tanto, algunos podrían darse por vencidos y aceptar de forma voluntaria la expulsión sin pasar por el proceso completo.El uso de estos campamentos, dijo Miller, probablemente se centraría más en adultos solteros porque el gobierno no puede retener a niños de forma indefinida bajo una orden judicial de larga data conocida como el acuerdo Flores. Por lo tanto, cualquier familia llevada a las instalaciones tendría que entrar y salir más rápidamente, dijo.El gobierno de Trump intentó revocar el acuerdo Flores, pero la Corte Suprema no resolvió el asunto antes de que terminara el mandato de Trump. Miller afirmó que el equipo de Trump lo intentaría de nuevo.Miller añadió que para incrementar el número de agentes disponibles para las redadas del ICE, funcionarios de otras agencias federales del orden serían reasignados temporalmente y efectivos de la Guardia Nacional estatal y policías locales, al menos de estados liderados por republicanos dispuestos a hacerlo, serían sumados a los esfuerzos de control de la inmigración.Si bien una ley conocida como Ley Posse Comitatus generalmente prohíbe el uso de las fuerzas armadas con fines de mantenimiento del orden público, otra ley llamada Ley de Insurrección crea una excepción. Miller aseguró que Trump invocaría la Ley de Insurrección en la frontera, lo que permitiría el uso de tropas federales para detener a los inmigrantes.“En resumen”, concluyó Miller, “el presidente Trump hará lo que sea necesario”.Zolan Kanno-Youngs More

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      Maduro podría perder las elecciones de Venezuela en 2024

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      Nicolás Maduro lleva 10 años en el poder en Venezuela. En esa década, ha supervisado un periodo de colapso económico, corrupción, un aumento importante de la pobreza, la destrucción medioambiental y la represión estatal de los disidentes y la prensa. Esto ha provocado un éxodo de más de 7 millones de venezolanos.Ahora Venezuela se encuentra en una encrucijada que definirá su próxima década y tendrá consecuencias cruciales para el mundo. Venezuela celebrará sus elecciones presidenciales en 2024, unas elecciones que Maduro podría perder, siempre que la oposición participe unida, la comunidad internacional siga implicada y los ciudadanos se sientan inspirados para movilizarse.Recientemente, dos acontecimientos importantes revelaron una oportunidad única de cara a las elecciones: primero, la participación masiva en las primarias de la oposición del 22 de octubre, que otorgaron a María Corina Machado, exdiputada de Venezuela, un sólido primer lugar como la candidata unitaria. Segundo, el régimen no impidió judicialmente ni con violencia que se celebraran estas elecciones. Fue una de las concesiones que hizo en un acuerdo con Washington y la oposición a cambio de que Estados Unidos suavizara las sanciones impuestas durante el mandato de Trump a las industrias del petróleo y el gas.El éxito de las primarias de la oposición podría haber sorprendido a Maduro, y estamos siendo testigos de un mayor hostigamiento contra los organizadores de las elecciones y declaraciones de funcionarios que niegan la posibilidad de levantar la inhabilitación impuesta a varios líderes políticos de la oposición, incluida Machado, de presentarse a las elecciones del próximo año.A pesar de la alentadora participación en las primarias y los avances en las negociaciones, hay una narrativa pesimista —tanto en el extranjero como en Venezuela— de que Maduro se aferrará inevitablemente al poder. He visto y he experimentado lo equivocado que es ese punto de vista. En realidad, las elecciones presidenciales del próximo año brindan la mejor oportunidad hasta la fecha para derrotar al chavismo —el movimiento de inspiración socialista iniciado por Hugo Chávez en el que milita Maduro— desde que llegó al poder hace más de dos décadas.Llevo desde 2013 trabajando como organizador comunitario en los barrios en sectores populares de Venezuela, antes bastiones del chavismo. He trabajado con líderes de la comunidad, la mayoría de los cuales eran chavistas cuando empezamos. He visto con mis propios ojos que, en lugares donde Chávez obtenía antes el 90 por ciento de los votos en las elecciones nacionales, ahora la inmensa mayoría desea un cambio. Hace poco, una exintegrante de la estructura política del partido gobernante, cuyo nombre no desea revelar por temor a las repercusiones, me dijo que Maduro y sus secuaces ya no son una opción para muchos venezolanos: “Ya no quiero nada con ellos ni la comunidad tampoco”. Añadió que “mientras ellos comen como unos reyes”, en los barrios comían muy mal.Para aprovechar esta oportunidad inusual, tienen que ocurrir tres elementos. El primero es que la oposición debe mantenerse unida en las urnas y en defender los votos. El segundo es que la comunidad internacional debe seguir presionando por mejores condiciones electorales y exigir respeto a los derechos humanos en Venezuela. También deben contribuir a bajar los costos de una posible salida de Maduro y su estructura. Y la tercera es que los políticos y los líderes de toda Venezuela deben volver a centrar el discurso en un mensaje lleno de esperanza, en vez de ceder a la tentación de alimentar aún más la polarización.El régimen de Maduro es consciente del riesgo que corre en las elecciones presidenciales del próximo año. Su objetivo es convencer a la gente de que el cambio es imposible, y de que a los venezolanos les irá mejor si se quedan en casa en lugar de ir a votar. La oposición de Venezuela debe contrarrestar esas tácticas con un firme llamado a la participación.También debe enfrentarse a un dilema más fundamental que es común a todos los sistemas electorales autoritarios: participar en unas elecciones que no serán libres y limpias, o boicotearlas.En las últimas elecciones presidenciales, en 2018, parte de la oposición, incluida Machado, boicoteó las elecciones. Como miembro de un partido político de la oposición —Primero Justicia—, yo también decidí no votar. Pero, ahora, tras casi seis años más de consolidación autoritaria, creo que nuestra estrategia fue errada. Pedirle a la gente que se quede en casa en lugar de movilizarse es caer en la trampa de Maduro.Para ser claros, las elecciones presidenciales de 2024 no serán un momento de celebración de la democracia; aún no se dan las condiciones para unas elecciones libres y limpias, y, francamente, puede que nunca se den. No obstante, si la oposición participa y los venezolanos votan en masa, Maduro puede perder.Algunos se preguntan si el régimen permitirá siquiera que se cuenten los votos el año que viene. Mi respuesta es que Maduro necesita hacerlo. Enfrentada a una monumental crisis social y económica, la élite chavista tiene que ofrecerles a los venezolanos un relato que les otorgue legitimidad interna, y eso, en Venezuela, solo puede venir de unas elecciones. Al igual que otros regímenes autoritarios del mundo, su mayor gancho publicitario es afirmar que cuentan con el respaldo del pueblo. Pero lo cierto es que su base sigue menguando drásticamente: hoy, el índice de aprobación de Maduro es del 29 por ciento, según una investigación de Consultores 21, con sede en Caracas.Una victoria arrolladora de la oposición es la mejor protección contra las trampas. Hay un ejemplo reciente de ello en Venezuela. Hace un año, en unas elecciones regionales en Barinas, el estado en el que nació Chávez, el partido gobernante perdió con un margen considerable, a pesar de utilizar toda su artillería de trampas. Aunque se trató de unas elecciones regionales y no estaba en juego el poder presidencial, la experiencia en el estado, unida a los acontecimientos del 22 de octubre, dan una lección sobre lo que debemos hacer para recuperar la democracia en 2024.El punto de partida es que la oposición debe adoptar una estrategia realista, que sea consciente de la desigualdad de condiciones en un sistema autoritario, y que ponga en primer plano la participación del pueblo venezolano. En Barinas, el partido en el poder intentó empujar a la oposición a boicotear las elecciones invalidando ilegalmente los resultados y prohibiendo a varios candidatos que se presentaran. Sin embargo, la oposición permaneció unida y mantuvo su compromiso de participar, a pesar de las injusticias.Para reforzar la unidad ahora, los partidos de la oposición deben priorizar el desarrollo de un mecanismo para tomar decisiones en conjunto que permita alcanzar consensos en una coalición diversa. Los dos pilares de esa unidad deberían ser la lucha por los derechos políticos de todos los líderes —sobre todo los de Machado tras su victoria— y el compromiso firme de participar en las elecciones del año que viene. En el mejor escenario, el gobierno de Maduro levantaría todas las inhabilitaciones antes de las elecciones como parte de las negociaciones. Pero, aunque eso no sucediera, participar y lograr una victoria aplastante en unas elecciones viciadas es el mejor camino que tenemos para avanzar en la democratización.La oposición también necesita un compromiso más firme de otros países latinoamericanos, de Estados Unidos y de Europa con las negociaciones. El régimen de Maduro ha demostrado que hará concesiones en materia de elecciones y derechos humanos si recibe los incentivos adecuados. Necesitamos líderes demócratas con disposición a asumir riesgos y a predicar con el ejemplo en su defensa de la democracia, que exijan la libertad de todos los presos políticos, y mejoras en las condiciones para las elecciones del año que viene. Además, necesitamos que la comunidad internacional acelere la entrega de las ayudas que tanto necesitan los más vulnerables de la sociedad. La oposición y el partido en el poder llegaron a un acuerdo hace un año para que los fondos públicos congelados en el extranjero a causa de las sanciones se transfieran a la ONU con fines humanitarios. Hasta la fecha, esos fondos no han sido implementados.Por último, la oposición tiene que ofrecer una verdadera alternativa a la división promovida por el establishment de Maduro. Inspirar a la gente a participar requiere unir al país en torno a un nuevo relato. El mensaje tradicional de la oposición, entre la polarización con el chavismo y la nostalgia de un pasado que no volverá, está condenado al fracaso.Un nuevo relato para Venezuela debería inspirar a los jóvenes, centrarse en ayudar a las personas en sus dificultades diarias (con servicios públicos, educación y acceso a anticonceptivos) y desarrollar una economía más diversificada que genere empleos bien remunerados para reducir la desigualdad. El nuevo mensaje debería aspirar también a sanar una de nuestras heridas más profundas: la separación de las familias debido a la migración masiva. La reunificación de nuestro país puede convertirse en una motivación personal y emocional para que cada venezolano participe y obre el cambio. Reunir a la familia venezolana es algo por lo que vale la pena luchar.Roberto Patiño, activista venezolano y antiguo dirigente del movimiento estudiantil, es fundador de Alimenta la Solidaridad y Mi Convive, que trabajan en las comunidades vulnerables de Venezuela, y miembro de la junta directiva del partido político Primero Justicia. More

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      I’ve Seen It: Maduro Could Lose Venezuela’s Presidential Election

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      Nicolás Maduro has been in power for 10 years in Venezuela. In that decade, he has overseen a period of economic collapse, corruption, a sharp increase in poverty, environmental devastation and state repression of dissidents and the press. This has led to an exodus of more than seven million Venezuelans.Now Venezuela stands at a crossroads, and its choices will define the next decade and carry significant consequences for the world. Venezuela will hold its presidential election in 2024 — one that Mr. Maduro can lose, as long as the opposition stays united in participating, the international community remains involved and citizens are inspired to mobilize.Recently, two significant events opened a unique window ahead of the election. First, a massive turnout for the opposition’s primary on Oct. 22 gave María Corina Machado, a former member of Venezuela’s legislature, a strong mandate as the unity candidate. Second, the regime didn’t block this election from happening — one of the concessions that it made in a deal with Washington and the opposition in exchange for U.S. relaxation of Trump-era sanctions on the oil and gas industries.The success of the opposition primary might have surprised Mr. Maduro; we are now seeing increased harassment against the election organizers and statements by officials denying the lifting of the ban on several opposition political leaders — including Ms. Machado — from running in next year’s elections.Despite encouraging participation in the primaries and advancements in negotiations, there is a pervasive narrative — both abroad and in Venezuela — that Mr. Maduro will inevitably hang on to power. I have seen and experienced how flawed that perspective is. In fact, the presidential election next year offers the best opportunity yet to defeat Chavismo, the socialist-inspired movement begun by Hugo Chávez that Mr. Maduro embraces, since it came to power over two decades ago.Since 2013, I have worked as a community organizer in marginalized neighborhoods, known as barrios in Venezuela, which used to be Chavismo’s strongholds. I worked with community leaders, most of whom were Chavistas when we started. I have seen firsthand how places where Mr. Chávez used to get 90 percent of the votes in national elections now overwhelmingly support the opposition. Recently, a former ranking member of the ruling party’s political structure, who didn’t want to be named for fear of repercussions, told me that Mr. Maduro and his cronies are no longer an option for many Venezuelans: “I don’t want anything to do with them, and neither does the community.” She added, “While they dine like royalty, we eat garbage because of inflation.”To seize this rare opportunity, three things need to happen. First, the opposition must stay united in the ballot and defend the vote. Second, the international community must continue to push for freer elections and human rights in Venezuela while lowering the stakes for Mr. Maduro’s exit from power. And third, politicians and leaders throughout Venezuela must refocus the narrative to a hope-filled message, rather than give in to the temptation to further feed crippling polarization.The Maduro regime is aware of the risk it faces in the presidential election next year. Its objective is to convince people that change is impossible and that Venezuelans are better off staying home rather than casting a vote. Venezuela’s opposition must counter those tactics with a strong call for participation.It also must face the more fundamental dilemma that common to many electoral authoritarian systems: whether to participate in an election that will not be free and fair, or to boycott it.In the last presidential election, in 2018, part of the opposition, including Ms. Machado, boycotted the vote. As a member of an opposition political party — Primero Justicia — I, too, decided not to cast a vote. But now, after nearly six more years of authoritarian consolidation, I believe that strategy was a mistake. Asking the people to stay at home is falling into Mr. Maduro’s trap.To be clear, the presidential election in 2024 will not be a celebratory moment of democracy: The conditions for free and fair elections are not there yet and, frankly, may never be. Nonetheless, if the opposition participates and Venezuelans cast their votes in large numbers, Mr. Maduro can lose.Some question whether the regime will allow votes to even be counted next year. But facing a monumental social and economic crisis, the Chavista elite will need to offer Venezuelans a story that can grant them internal legitimacy, and that can come only from elections. As with other authoritarians in the world, their biggest selling point is to claim that they have the people’s support. But the truth is that their base continues to shrink dramatically: Today Mr. Maduro’s approval rating is 29 percent, according to research from Consultores 21, a Caracas-based consulting firm.A landslide victory for the opposition is the best protection against cheating. There is a recent example of this in Venezuela. A year ago, in a regional election in Barinas, the birthplace of Mr. Chávez, the ruling party lost by a considerable margin, despite using everything in its artillery of chicanery. Even though it was a regional election and presidential power was not at stake, the experience in the state, combined with the events of the past month, offer a path to win back democracy in 2024.The starting point is that the opposition must embrace a realistic strategy that puts front and center the participation of the Venezuelan people. In Barinas, the ruling party tried to push the opposition to boycott the elections by illegally invalidating the results and barring several candidates from running. However, the opposition stuck together and maintained its commitment to participate, despite injustices.To strengthen their unity now, opposition parties must prioritize creating a mechanism for consensus building in the diverse coalition. The two building blocks of that unity should be to fight for all leaders’ political rights — especially Ms. Machado’s after her victory — and to commit to participate in next year’s elections. In the best scenario, Mr. Maduro’s government would lift all bans before the elections as part of negotiations; even if that doesn’t happen, participating in and winning flawed elections is the best path we have to advance democratization.The opposition also needs a stronger commitment from other Latin American countries, the United States and Europe to help. The Maduro regime has proved it will make electoral and human rights concessions — if it receives the right incentives. We need courageous democratic leaders willing to demand the release of all political prisoners and achieve better conditions for elections next year. We also need the international community to expedite the delivery of much-needed support to society’s most vulnerable. The opposition and the ruling party reached an agreement a year ago that public funds frozen abroad because of sanctions would be transferred to the U.N. for humanitarian purposes. To date, those funds have not been deployed.Finally, the opposition needs to offer a true alternative to the divisiveness promoted by Mr. Maduro’s establishment. Inspiring the people to participate requires unifying the country around a new narrative. The traditional opposition message, trapped in polarization with Chavismo and with a nostalgic message of a past that will not return, is doomed to fail.A new narrative for Venezuela should aim to inspire the youth, focus on helping people with their daily challenges — with public services, education and access to contraception — and build a more diversified economy that generates well-paying jobs to reduce inequality. The new message should also aspire to heal one of our most profound wounds: family separation due to mass migration. Our country’s reunification can become a personal and emotional motivator for every Venezuelan to participate and to effect change. Reuniting the Venezuelan family is something worth fighting for.Roberto Patiño, a Venezuelan social activist and former leader of the student movement, is the founder of Alimenta la Solidaridad and Mi Convive, which work in vulnerable communities in Venezuela, and a board member of Primero Justicia, a political party.Source photographs by Ariana Cubillos/Associated Press and Miguel Gutierrez/EPA, via Shutterstock.The Times is committed to publishing a diversity of letters to the editor. We’d like to hear what you think about this or any of our articles. Here are some tips. And here’s our email: letters@nytimes.com.Follow The New York Times Opinion section on Facebook, Twitter (@NYTopinion) and Instagram. More

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      Venezuela Pledges Small Steps Toward Fair Elections Next Year

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      The agreement signed on Tuesday by the country’s authoritarian government and the opposition would not allow all candidates to run.The government of President Nicolás Maduro of Venezuela and the country’s opposition resumed talks on Tuesday designed to move toward free and fair elections, though the agreement that was announced fell short of what human rights activists and the U.S. government are ultimately seeking.Hopes were high that, as part of the agreement, Mr. Maduro would allow opposition candidates already disqualified by his government to participate in the 2024 presidential vote in exchange for the lifting of sanctions on Venezuela’s vital oil industry.Doing so would be a critical move toward a credible race, given that the front-runner in an opposition primary election set for Sunday, María Corina Machado, is barred from running in the general election.But the agreements signed on Tuesday, during a ceremony on the Caribbean island of Barbados, were vague. While they included commitments to allow international election observers and access to the news media in 2024, there were few other concrete promises. Experts say it is unlikely that the United States will fully lift sanctions if Ms. Machado is not allowed to run.“We are going toward the supreme objective of lifting the sanctions,” said Jorge Rodríguez, the president of Venezuela’s legislature, at the ceremony. But “if you received an administrative disqualification,” he added, “then you cannot be a candidate.”Even before an official announcement, some Venezuela experts expressed skepticism that the agreement would lead to real political change.“It’s a minimalist deal that will not lead to free and fair elections,” said Phil Gunson, an analyst with International Crisis Group who lives in the country’s capital, Caracas. But he said, it “is the best available in the circumstances. It allows Maduro to hang on to power unless something really dramatic happens. Baby steps, really.”He added, “The Maduro government has a history of failing to abide by agreements it signs.”Secretary of State Antony J. Blinken, in a joint statement with his British, Canadian and E.U. counterparts, welcomed the agreement as a “necessary step” in the “restoration of democracy in Venezuela.”“We continue to call for the unconditional release of all those unjustly detained, the independence of the electoral process and judicial institutions, freedom of expression including for members of the press, and respect for human and political rights,” the statement added.Mr. Maduro came to power in 2013, after the death of President Hugo Chávez, the founder of the country’s socialist-inspired revolution. Under Mr. Maduro, Venezuela, once among the richest countries in Latin America, has witnessed an extraordinary economic decline, leading to a humanitarian crisis that has caused widespread migration.President Nicolás Maduro claimed victory in a 2018 election widely viewed as fraudulent and that led to stricter U.S. sanctions.Meridith Kohut for The New York TimesMore than seven million Venezuelans have fled the country of roughly 28 million people, and in recent years, hundreds of thousands have begun trekking by foot to the United States.Mr. Maduro claimed victory in a 2018 election widely viewed as fraudulent. In response, the U.S. government significantly tightened sanctions on the country’s oil industry, Venezuela’s key source of revenue, a move that exacerbated the economic crisis and isolated Mr. Maduro from much of the world.To help the economy, Mr. Maduro needs sanctions to be lifted. At the same time, the opposition wants him to set competitive conditions for the next presidential election that would give it a legitimate shot at winning.The two sides, however, have been at an impasse over how to achieve these goals, and Mr. Maduro has seemed unwilling to do anything he believes would risk his grip on power.In November, as a sign of its openness to lifting sanctions in exchange for ensuring fair elections, the United States granted the oil company Chevron a license for a limited expansion of energy operations in Venezuela, a small step toward the country’s possible re-entry into the international oil market.The Biden administration is under pressure to ensure that oil prices remain stable going into next year’s presidential election. The threat of a broader conflict in the Middle East combined with ongoing disruptions to Russian energy exports threaten to fan another episode of inflation and potentially cause gasoline prices to rise in the coming months.But even after lifting sanctions, it would still take years and billions of dollars of investment to increase oil production enough to lower prices, said Francisco Monaldi, an expert on Venezuelan energy at Rice University in Houston.He said the Biden administration was most likely motivated more by trying to stem the flow of Venezuelan migrants to the U.S.-Mexico border than by driving down oil prices in the short term.Mr. Maduro’s government is being investigated by the International Criminal Court for possible crimes against humanity committed since 2017, including torture and persecution on political grounds.Isayen Herrera More

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      Gobierno de Venezuela y oposición firman un acuerdo

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      El acuerdo firmado el martes por el gobierno autoritario del país y la oposición no permitiría que todos los candidatos puedan postularse.El gobierno del presidente venezolano Nicolás Maduro, y la oposición del país, reanudaron el martes las conversaciones para avanzar hacia unas elecciones libres y justas, aunque el acuerdo que se anunció tiene limitaciones en los temas que los activistas de derechos humanos y el gobierno de Estados Unidos buscan en última instancia.Había esperanzas de que, como parte del acuerdo, Maduro permitiera que los candidatos de la oposición que han sido inhabilitados por su gobierno participen en las elecciones presidenciales de 2024, a cambio del levantamiento de las sanciones impuestas a la vital industria petrolera venezolana.Esto sería un paso fundamental hacia una contienda creíble porque a María Corina Machado, la candidata favorita de las elecciones primarias de la oposición que se realizarán el domingo, le prohibieron postularse a las elecciones generales.El acuerdo firmado el martes, durante una ceremonia en la isla caribeña de Barbados, es vago. Aunque incluye el compromiso de permitir la presencia de observadores electorales internacionales y el acceso a los medios de comunicación en 2024, hace pocas promesas concretas. Los expertos afirman que es poco probable que Estados Unidos levante las sanciones si no se permite que Machado se postule a las elecciones.“Vamos hacia el objetivo supremo de levantamiento de las sanciones”, dijo Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, en la ceremonia. Y agregó: “Si usted recibió una inhabilitación administrativa por el órgano que le corresponde, desde el punto de vista constitucional legal, que es la Contraloría General de la República, pues tampoco puede ser candidato”.Incluso antes de un anuncio oficial, algunos expertos en Venezuela expresaron su escepticismo de que el acuerdo lograra un cambio político real.“Es un acuerdo minimalista que no logrará unas elecciones libres y justas”, dijo Phil Gunson, analista del International Crisis Group que vive en Caracas, la capital del país. Pero “es lo mejor que hay en estas circunstancias. Le permite a Maduro aferrarse al poder, a menos que ocurra algo realmente dramático. En realidad, son pequeños pasos”.Y añadió: “El gobierno de Maduro tiene un historial de incumplimiento de los acuerdos que firma”.Maduro llegó al poder en 2013, tras la muerte del presidente Hugo Chávez, el fundador de la revolución de inspiración socialista que ha gobernado el país. Bajo el mandato de Maduro, Venezuela, que fue uno de los países más ricos de América Latina, ha experimentado un declive económico extraordinario, generando una crisis humanitaria que ha provocado una migración masiva.El presidente Nicolás Maduro reclamó la victoria en unas elecciones de 2018 ampliamente consideradas fraudulentas y que originaron sanciones más estrictas por parte de Estados Unidos.Meridith Kohut para The New York TimesMás de siete millones de venezolanos han huido del país, cuya población es de unos 28 millones de habitantes. Además, en los últimos años, cientos de miles de personas han emprendido el viaje hacia Estados Unidos a pie.En 2018, Maduro se declaró vencedor en unas elecciones ampliamente consideradas como fraudulentas. En respuesta, el gobierno de Estados Unidos endureció significativamente las sanciones contra la industria petrolera del país, la principal fuente de ingresos de Venezuela, una medida que exacerbó la crisis económica y aisló a Maduro de gran parte del mundo.Para mejorar la economía, Maduro necesita que se levanten las sanciones. Al mismo tiempo, la oposición quiere que establezca condiciones competitivas para las próximas elecciones presidenciales con el fin de tener una oportunidad legítima de ganar.Sin embargo, ambas partes no han logrado estos objetivos, y pareciera que Maduro no está dispuesto a hacer nada que crea que puede poner en riesgo su control sobre el poder.En noviembre, como señal de su disposición a levantar las sanciones a cambio de garantizar unas elecciones justas, Estados Unidos concedió a la petrolera Chevron una licencia para una expansión limitada de las operaciones energéticas en Venezuela, un avance modesto hacia la posible reincorporación del país al mercado petrolero internacional.El gobierno de Biden se encuentra bajo presión para garantizar que los precios del petróleo se mantengan estables de cara a las elecciones presidenciales del próximo año. La amenaza de un conflicto más amplio en Medio Oriente, aunada a las actuales interrupciones de las exportaciones energéticas rusas, amenazan con avivar otro episodio de inflación y provocar una potencial subida de los precios de la gasolina en los próximos meses.Pero, incluso después de levantar las sanciones, se necesitarían años y miles de millones de dólares de inversión para aumentar la producción de petróleo lo suficiente como para bajar los precios, dijo Francisco Monaldi, experto en energía venezolana de la Universidad Rice en Houston.Monaldi cree que lo más probable es que el gobierno de Biden centre sus motivaciones en tratar de frenar el flujo de migrantes venezolanos hacia la frontera entre Estados Unidos y México, en vez de hacer bajar los precios del petróleo a corto plazo.El gobierno de Maduro está siendo investigado por la Corte Penal Internacional por posibles crímenes de lesa humanidad cometidos desde 2017, lo que incluye torturas y persecuciones por motivos políticos.Isayen Herrera More

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      Zimbabwe’s Neighbors Cast Doubt on Elections That Gave Mnangagwa the Win

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      The main regional bloc in southern Africa and the African Union declined to rubber stamp the elections and cast doubt on a vote that led to President Emmerson Mnangagwa’s re-election.The presidential election in Zimbabwe last week that kept the governing party in power and was widely criticized as dubious is likely to isolate the country further from the United States and other Western nations. But it has also exposed Zimbabwe to increased scrutiny and pressure from a surprising place: its neighbors in southern Africa.Before President Emmerson Mnangagwa was declared the winner of a second term on Saturday, the Southern African Development Community and the African Union publicly questioned the legitimacy of Zimbabwe’s elections for the first time.While Zimbabwe has chalked up criticism from the West as colonial gripes, condemnation from other leaders on the continent may not be so easily brushed off, analysts say, particularly when it comes from countries that have to absorb the effects of Zimbabwe’s economic and social turmoil.On Sunday, speaking for the first time since his victory, Mr. Mnangagwa dismissed his African critics.“As a sovereign state, we continue to call on all our guests to respect our national institutions, as they conclude their work,” he said. “I think those who feel the race was not run properly should know where to go to complain. I’m so happy that the race was run peacefully, transparently and fairly in broad daylight.”Southern Africa has long prided itself on relative stability and on being generally free of the coups and terrorism that have plagued other parts of the continent. Countries like South Africa and Botswana boast economic muscle, while Zambia and Malawi have celebrated positive strides in democracy through elections in recent years.Zimbabwe, in contrast, has been seen as a drag on the region, analysts say, with an economic and political crisis that stretches back two decades under the rule of Robert Mugabe and that has led to sanctions and isolation by the United States and other Western nations. The West has demanded clean elections along with governing and human rights reforms from Zimbabwean leaders in exchange for helping the country address its economic woes, including $18 billion of debt.Supporters of Mr. Mnangagwa celebrated after he was declared the winner in Harare, Zimbabwe, on Saturday.Tsvangirayi Mukwazhi/Associated PressThe Southern African Development Community, or S.A.D.C., observer mission criticized laws in Zimbabwe that restricted free speech, voter intimidation by the governing ZANU-PF party and mismanagement by the country’s chief electoral body, most notably the long voting delays because many polling stations did not get ballots in time. The mission also denounced the arrest on election night of dozens of members of a local electoral watchdog that has for years independently verified the results announced by the government.While the election was peaceful, some aspects “fell short of the requirements of the Constitution of Zimbabwe” and regional standards, said Nevers Mumba, a former Zambian vice president who led the mission.That statement was a sharp departure from years past, when S.A.D.C. missions essentially rubber-stamped questionable Zimbabwean elections, analysts said. It could be a sign of the changing times.Governing parties in southern Africa generally share tight bonds, forged during their days as liberation movements battling white colonial rule. In the past, regional observers, perhaps influenced by those historic allegiances, may have been prone to give Zimbabwe a pass, experts said.But Zambia’s president, Hakainde Hichilema, who leads the S.A.D.C. body overseeing elections and appointed Mr. Mumba to lead the observer mission, is not from a liberation party, is close to the West and is heralded as a champion of democracy. Those credentials, experts say, may have produced a more objective assessment of the election.Chipo Dendere, a political science professor at Wellesley College in Massachusetts, said she saw a broader shift among regional bodies across the continent that want to promote stability.They are acknowledging that “the impact of colonialism is there, but we also have to look inward and think, ‘What are we doing as African governments to move the continent forward?’” said Ms. Dendere, who has researched Zimbabwe extensively.But political party officials in other parts of southern Africa don’t seem ready to give up on their longtime allies just yet.The ZANU-PF conference hall in Harare, where portraits of former party leaders and freedom fighters are displayed. Nelson Chamisa, who finished second behind Mr. Mnangagwa, rejected the results on Sunday.John Wessels/Agence France-Presse — Getty ImagesFikile Mbalula, secretary general of the African National Congress, the liberation party that has governed South Africa since 1994, posted glowing tweets on Saturday night applauding Mr. Mnangagwa’s victory — despite the fact that South Africa has the most to lose from Zimbabwe’s challenges.As Zimbabwe has grappled with astronomical inflation, a severe lack of jobs and a repressive government, hundreds of thousands (and potentially millions) of its citizens have fled to neighboring South Africa over the years. The large exodus has fueled deep anti-immigrant sentiment in South Africa, which is dealing with its own social and economic crisis.Nelson Chamisa, who finished second behind Mr. Mnangagwa, with 44 percent of the votes, rejected the results during a news conference on Sunday. Mr. Chamisa, the leader of Citizens Coalition for Change, claimed that the vote tally released by the electoral commission was false and that his party had the vote tally sheets recorded at polling stations that showed he had actually won.Speaking from a heavily guarded private residence in Harare, the capital, after several hotels refused to allow him to use their properties because of security concerns, Mr. Chamisa said he would take action to make sure the right results were known. But he did not specify if that meant going to the courts or protesting in the streets.“It is important that whoever sits on the throne of this country is aligned with legitimacy,” he said.It remains questionable whether S.A.D.C.’s tough assessment of Zimbabwe’s elections will lead to changes in the country.African countries could impose economic or administrative penalties — such as visa restrictions — on Zimbabwe if it fails to introduce reforms to improve its economy and transparency. But experts say that is highly unlikely. African leaders prefer one-on-one talks to work out their issues, but even then, they do not have a track record of holding one another accountable, analysts said.John Eligon More

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      In Belarus, the Protests Were Three Years Ago. The Crackdown Is Never-Ending.

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      The recent high school graduate selected her wardrobe carefully as she headed off to a summer folk festival.She dressed all in white, as is customary for the event, and wore a large flower wreath in her golden hair. But when it came to choosing a sash for her skirt, she grabbed a brown leather band, avoiding the color red.In Belarus, red and white are the colors of the protest movement against the country’s authoritarian leader, Aleksandr G. Lukashenko. And even the smallest sign of protest can land a person in jail. “I worry about attracting the wrong kind of attention from the authorities,” said the young woman, who spoke on the condition that her name not be used so she would not draw scrutiny.After claiming victory in a widely disputed presidential election three years ago — and violently crushing the outraged protests that followed — Mr. Lukashenko has ushered in a chilling era of repression.He is moving ever closer to his patron, President Vladimir V. Putin of Russia, positioning himself as an invaluable military ally to Russia in its war against Ukraine, but also cracking down on dissent in a way that is invisible to much of the world but rivals that of Mr. Putin’s punitive regime.Children in the Minsk region playing near the “Mound of Glory,” a memorial to those who fought in World War II.An exhibit at the Belarusian State Museum of the history of the Great Patriotic War.Belarusian security forces are rounding up opposition figures, journalists, lawyers and even people committing offenses like commenting on social media memes or insulting Mr. Lukashenko in private conversations with acquaintances that are overheard and reported.In particular, activists and rights groups say, the country’s security forces are intent on finding and punishing the people who participated in the 2020 protests. Belarusians are getting arrested for wearing red and white, sporting a tattoo of a raised fist — also a symbol of the protest movement — or for just being seen in three-year-old photographs of the anti-government demonstrations.“In the last three years, we went from a soft autocracy to neo-totalitarianism,” said Igor Ilyash, a journalist who opposes Mr. Lukashenko’s rule. “They are criminalizing the past.”Belarusians interviewed by The New York Times over three days this month echoed that sentiment, expressing fear that even a slight perceived infraction related to the revolution could bring prison time.The crackdown has made people much more cautious about overtly showing their anger at the government, said Mr. Ilyash. That, in turn, has prompted the authorities to focus on participation in old protests in an attempt to intimidate and stifle dissent.Scrutiny of Mr. Lukashenko’s repressive reign has increased since Russia’s invasion of Ukraine last year, and in particular in recent months.Belarus let the Kremlin invade Ukraine from its territory last year. In March, Russia announced it would station tactical nuclear weapons on Belarusian territory. Video evidence suggests Belarus is now housing forces from Russia’s Wagner paramilitary group, and on Thursday, the government said Wagner forces were training special Belarusian operations units only a few miles from the border with Poland.The security crackdown has thinned the ranks of lawyers: More than 500 have been stripped of their law licenses or left the profession or the country.And Belarus has become particularly perilous for journalists. There are now 36 in jail, according to the Belarusian Association of Journalists, after the arrest on Monday of Ihar Karnei, 55. He has written for the U.S.-funded Radio Free Europe/Radio Liberty, which Belarus has banned as an “extremist” organization. People can be sentenced to up to seven years in prison for just sharing its content.“In the last three years, we went from a soft autocracy to neo-totalitarianism,” said Igor Ilyash, a journalist whose wife, also a journalist, is imprisoned.Mr. Ilyash does not leave his apartment without a small backpack holding essentials that he would need in case he were detained and imprisoned.According to Viasna, a human rights group that shared the Nobel Peace Prize last year, security forces raided Mr. Karnei’s home and seized his electronic devices. He is in Belarus’s notorious Okrestina detention center, the group said, and neither his family nor his lawyers have had access to him.Belarus has criminalized most independent news outlets and the journalists’ association as “extremist,” which makes following them on social media a crime.Mr. Ilyash’s wife, the award-winning journalist Katsiaryna Andreyeva, was sentenced to eight years in prison in two separate cases and now labors in a penal colony as a seamstress, earning less than $4 a month, her husband said.In the prison, she is forced to wear a yellow badge on her chest identifying her as a political prisoner. When she is released in 2028, if the same government is still in power, she will still be considered an “extremist” and barred from certain activities, including journalism.Mr. Ilyash himself spent 25 days in prison, and with one criminal case against him still open, he is barred from leaving the country. He does not leave his apartment without a small backpack that contains the essentials for prison, in case he is detained: a toothbrush, toothpaste, spare underwear and socks.Activists and opposition figures are also being targeted. This month, the artist Ales Pushkin died in a penal colony at age 57. He is believed to be the third political prisoner to die in Belarusian custody since the protests began in 2020.Several of the country’s best-known political prisoners, like the leading opposition figure Maria Kolesnikova, have neither been seen by their family members or lawyers, nor permitted to write letters, meaning they have been out of touch for months.Viasna, the rights group, has identified almost 1,500 political prisoners in Belarus today, and a further 1,900 people convicted in what the group calls “politically motivated criminal trials.”“Arrests for what happened in 2020 are occurring practically every week, almost every day,” said Evgeniia Babayeva of Viasna, a human rights group that shared the Nobel Peace Prize last year.The Okrestina detention center in Minsk. Former inmates who spent time there described beatings and horrific conditions. “The security services are still watching people’s videos, and scouring social media and photos of the protests all these years later,” said Evgeniia Babayeva, a Viasna staff member who catalogs politically motivated detentions in Belarus from exile in Lithuania.Ms. Babayeva was arrested in July 2021, on the same day as the group’s founder, Ales Bialiatski, along with a handful of other colleagues. She was released only because she signed an agreement to collaborate with the security services, but she said she fled Belarus the same day.In March, Mr. Bialiatski was sentenced to 10 years in prison for “cash smuggling” and “financing actions and groups that grossly violated public order,” charges widely viewed by watchdog groups as spurious and intended to discredit the organization.On the surface, visitors to the country’s capital would have to look closely to see any signs that the protests in 2020 happened at all. Minsk, which takes pride in its cleanliness, is tidy, with a modern city center. Billboards trumpet 2023 as the “year of peace and creation,” and the roadside public gardens are manicured in national Belarusian motifs.But residents say a more ominous sensibility hangs over the city and the country. Cameras with facial recognition ability watch over public spaces and residential elevators, keeping tabs on ordinary Belarusians carrying out day-to-day activities.One evening in June, a Minsk resident was out for a walk when she was approached by the police, who reprimanded her for a simple administrative violation, less serious than jaywalking.A Belarusian military billboard in Minsk. Belarus and Russia have grown closer over the past few years, especially when it comes to the military.A Minsk resident who was jailed for a simple administrative violation while she was out walking.The officer searched her name in the police database, turning up evidence of previous detention for participation in the 2020 protests. Police officers soon drew up an accusation that she had cursed in their station — which she denies — and she was put into the Okrestina detention center for 10 days on a “hooliganism” charge.She shared a small cell with 12 other women, she said. There were no mattresses or pillows, and the light was on 24 hours a day. Though everyone became sick — she contracted a bad case of Covid — they had to share toothbrushes. There were no showers, and if a woman got her period, she was given cotton balls rather than pads or tampons.(The woman’s name and her offense are being withheld at her request because the information could identify her and draw retribution. Her identity was confirmed by The Times, and friends confirmed that she had given similar accounts to them.)The repressive environment is stifling people and prompting many to leave. The high school graduate who went to the celebration of the summer solstice and the Belarusian poet Yanka Kupala said she had attended because of a dearth of public events since 2020.“There is nowhere for us to go anymore,” she said, complaining that control was so tight that even traditional songs had been approved in advance by the authorities. She said most good musicians have been named “extremists” and left the country.Floral headwear was a popular choice for festival attendees.The festival in the Minsk region celebrated Kupalle, which is tied to the summer solstice.The girl said she planned to follow them, hoping to continue her studies in Cyprus or Austria. At least half of her classmates had already left Belarus.Another festivalgoer, Vadim, 37, said he had the impression that at least half of his friends had spent time in prison because of their political views.He said his wife had already emigrated, and he was contemplating joining her.“The war was a trigger for many people to leave,” he said.“Before, we thought this situation would eventually end,” Vadim said, “but once the war started, we knew it would only get worse.”A tour group near the Lenin Monument in Minsk. More

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      José Rubén Zamora mostró la corrupción en Guatemala y enfrenta prisión

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      Durante años, elPeriódico denunció los manejos indebidos del gobierno. El juicio a su fundador se produce, aseguran los críticos, cuando la democracia en el país se desmorona.Para los activistas que defienden la libertad de prensa y los derechos humanos en Guatemala, el miércoles se perfila como un indicador clave de la tambaleante salud democrática del país.En un tribunal de la capital del país, se espera un veredicto en el juicio de uno de los periodistas más destacados de Guatemala, un caso ampliamente visto como otra señal del deterioro del estado de derecho en el país centroamericano.El periodista, José Rubén Zamora, fue el fundador y director de elPeriódico, un diario líder en Guatemala que investigaba con regularidad la corrupción gubernamental, incluidas las acusaciones contra el actual presidente, Alejandro Giammattei, y la fiscal general, María Consuelo Porras.Zamora es juzgado por cargos de irregularidades financieras que, según los fiscales, se centran en sus negocios y no en su periodismo. Un panel de jueces emitirá un veredicto y, si es declarado culpable, impondrá una sentencia.Una condena, que muchos observadores legales y el mismo Zamora dicen es el resultado probable, sería otro golpe a la frágil democracia de Guatemala, según los defensores de los derechos civiles, ya que el gobierno y sus aliados han apuntado repetidamente a instituciones clave y medios de comunicación independientes.El juicio también se produce cuando el país se dirige hacia una elección presidencial este mes que ha estado plagada de irregularidades, con cuatro candidatos de la oposición descalificados antes de la carrera.“El estado de derecho está roto”, dijo Ana María Méndez, directora para Centroamérica de WOLA, un instituto de investigación con sede en Washington. El caso de Zamora, agregó, representa “un paso más hacia la consolidación de una dictadura” en Guatemala.Sin embargo, a diferencia de otros países centroamericanos, como Nicaragua y El Salvador, donde la democracia también se ha erosionado, el poder en Guatemala no se concentra en una familia o un individuo, dijo Méndez.En Guatemala, agregó, “el autoritarismo se ejerce por redes ilícitas que están conformadas por la élite económica, la élite militar y el crimen organizado en contubernio con la clase política”.Zamora, de 66 años, ha negado repetidamente haber actuado mal y acusó al gobierno de tratar de silenciar a sus críticos.“Soy un preso político”, dijo a los periodistas el 2 de mayo, el día en que comenzó su juicio. Señaló que esperaba que el proceso termine con un veredicto de culpabilidad y agregó: “Me van a sentenciar”.Durante su cargo al frente de elPeriódico, Zamora fue demandado decenas de veces, principalmente por difamación, por parte del gobierno como resultado de la cobertura del diario.Las máquinas prensa guardaban silencio el mes pasado en las oficinas de elPeriódico en Ciudad de Guatemala. El periódico cerró después de que el gobierno congelara sus finanzas.Simone Dalmasso para The New York TimesPero su enfrentamiento legal más serio con las autoridades se inició en julio pasado, cuando fue acusado de lavado de dinero, tráfico de influencias y chantaje.Como parte del caso de la fiscalía, las cuentas bancarias de elPeriódico fueron congeladas, lo que dificultó su economía antes de que cerrara sus puertas definitivamente el mes pasado.El principal testigo del caso fue un exbanquero, Ronald Giovanni García Navarijo, quien dijo a los fiscales que Zamora le pidió que lavara 300.000 quetzales guatemaltecos, o casi 40.000 dólares. También afirmó que Zamora lo había obligado a pautar publicidad de paga anual en el periódico para evitar recibir una cobertura poco halagüeña.Pero la acusación no presentó ninguna prueba que demostrara que Zamora hubiera obtenido el dinero de manera ilegal. La mayor parte de los fondos, que según Zamora eran para pagar los salarios de los empleados del periódico, provenían de un empresario que no quería que se revelara su conexión con elPeriódico por temor a represalias.Su defensa se vio obstaculizada por varias medidas tomadas por los fiscales y una organización de extrema derecha que apoya al fiscal general, la Fundación Contra el Terrorismo, que según los críticos ha tratado de intimidar a algunos de los abogados de Zamora.Pasó por nueve abogados defensores, y al menos cuatro han sido acusados ​​de obstrucción de la justicia por su papel en el caso.“La defensa de Zamora se ha visto obstaculizada desde el primer día por una puerta giratoria de abogados defensores”, dijo Stephen Townley, director legal de la iniciativa TrialWatch de la Fundación Clooney para la Justicia, un grupo defensor de derechos. “Cuatro de sus abogados han sido procesados ​​por las autoridades guatemaltecas. Otros parecían no tener acceso a los materiales de sus predecesores”.Un juez que había estado presidiendo el caso anteriormente no permitió que Zamora presentara ningún testigo y rechazó la mayoría de las pruebas que trató de presentar por considerarlas irrelevantes.“Hemos visto un montaje’’, dijo Zamora en una entrevista, “como un teatro de terror”.El hijo de Zamora, José Carlos Zamora, quien también es periodista, calificó el juicio como “una persecución política”.Por su parte, Giammattei, refiriéndose al caso contra Zamora, ha dicho que ser periodista no le da a una persona el “derecho a cometer actos criminales”.El presidente Alejandro Giammattei se encontraba entre las principales figuras guatemaltecas investigadas por el periódico de Zamora.Erin Schaff/The New York TimesAun así, su gobierno ha sido acusado por grupos de derechos humanos de usar el sistema de justicia para atacar a cualquiera que lo desafíe.Los casos de corrupción y derechos humanos se han estancado y el sistema de justicia ha sido “secuestrado” por una red de actores corruptos, según un informe de WOLA.Desde 2021, casi tres decenas de jueces, fiscales anticorrupción y sus abogados han huido de Guatemala, al igual que 22 periodistas que dijeron haber sido amenazados por su trabajo.Cuando se fundó elPeriódico en 1996, Guatemala estaba entrando en un período más esperanzador luego de una brutal guerra civil que duró casi cuatro décadas y dejó cientos de miles de muertos o desaparecidos. Para muchos guatemaltecos agotados, existía la sensación de que la democracia se estaba afianzando y que el gobierno gobernaría con transparencia.Un panel internacional de investigadores respaldado por la ONU trabajó 12 años junto con el poder judicial de Guatemala para exponer la corrupción en la élite del país, incluidos altos funcionarios gubernamentales y empresarios, antes de ser expulsado del país en 2019 por el presidente anterior, a quien el panel estaba investigando.“Lo que vemos hoy es un sistema que quiere seguir protegiendo esa clase de prácticas”, dijo Daniel Haering, analista político en Ciudad de Guatemala.El caso de Zamora y la desaparición de su periódico hacen retroceder los esfuerzos para hacer que el gobierno rinda cuentas por sus acciones, dijo Méndez.“¿Quién va a decir ahora la verdad en Guatemala?”, dijo. “Quedará un vacío enorme”.Zamora con su abogada el día de la apertura de su juicio el mes pasado. No se le permitió presentar ningún testigo ni la mayor parte de las pruebas en su defensa.Santiago Billy/Associated PressEl juicio de Zamora termina cuando el país se prepara para las elecciones nacionales del 25 de junio, que según los grupos de derechos civiles ya se han visto empañadas después de que los jueces en los últimos meses prohibieron la participación a cuatro candidatos presidenciales de partidos de oposición.Entre ellos estaba Carlos Pineda, un populista conservador, que se había comprometido a luchar contra la corrupción y que, según una encuesta reciente, había ascendido a puntero. El tribunal supremo de Guatemala lo retiró de la contienda por acusaciones de que los métodos que usó el partido de Pineda para elegirlo como su candidato habían violado la ley electoral.El caso de Zamora también ha entrampado a los periodistas simplemente por cubrirlo. Ocho reporteros, editores y columnistas están siendo investigados por obstrucción a la justicia tras escribir sobre el proceso para elPeriódico. La mayoría se ha ido de Guatemala.Desde que Giammattei asumió el cargo en enero de 2020, el Asociación de Periodistas de Guatemala ha documentado 472 casos de hostigamiento, agresiones físicas, intimidación y censura contra la prensa.“De inmediato te preguntas: ‘¿En qué momento mis coberturas son interpretadas como un delito?’”, dijo Claudia Méndez, quien trabajó en elPeriódico como reportera y editora y ahora conduce un programa de radio. “‘¿En qué momento mi labor es ya no un ejercicio de crítica y rendición de cuentas, sino visto como un acto ilícito?’”. More