Human Rights and Human Rights Violations

Subterms

    More stories

    • 163 Shares169 Views

      in Elections

      El temor se apodera de Nicaragua mientras el país vira hacia una dictadura

      by

      Una ofensiva contra la oposición por parte del presidente Daniel Ortega ha dejado a los nicaragüenses con una duda: ¿quién sigue?MANAGUA — Las noches eran lo más difícil.Desde el momento en que Medardo Mairena decidió postularse a la presidencia, un desafío directo al líder autoritario de Nicaragua, él tuvo la certeza de que el aparato de seguridad en algún momento lo alcanzaría.A lo largo del verano, Mairena observó cómo desaparecían otros líderes de la oposición. Uno por uno, fueron sacados a rastras de sus casas en medio de una represión nacional orquestada por el presidente Daniel Ortega en contra de la disidencia. La cruzada de este último por asegurarse un cuarto periodo sumergió a la nación centroamericana en un estado de temor generalizado.Desde junio, la policía ha encarcelado o puesto en arresto domiciliario a siete candidatos a las elecciones presidenciales de noviembre, así como a decenas de activistas políticos y líderes de la sociedad civil, lo cual ha dejado a Ortega desprovisto de un contendiente creíble en la boleta y ha convertido a Nicaragua en un Estado policial.A Mairena mismo se le prohibió salir de Managua. Las patrullas de la policía apostadas afuera de su casa ahuyentaron a casi todas las visitas, incluso a su familia.Durante el día, Mairena se mantenía ocupado, haciendo campaña por Zoom y monitoreando anuncios en la radio oficial en busca de pistas de la creciente represión. Sin embargo, de noche se quedaba despierto, con el oído atento a las sirenas, seguro de que tarde o temprano la policía iba a llegar y él desaparecería en una celda.“Lo primero que me pregunto en la mañana es ¿cuándo van a venir por mí?”, comentó Mairena, un activista defensor de los derechos de los agricultores, en una entrevista telefónica realizada a finales de junio. “Es una vida en zozobra constante”.Su turno llegó días después de la llamada. Unos agentes fuertemente armados allanaron su casa y se lo llevaron la noche del 5 de julio.No se supo nada de él hasta el miércoles, cuando se les permitió una visita breve a sus familiares, quienes comentaron que lo encontraron demacrado y enfermo, completamente desconectado del mundo exterior.Parientes de los candidatos presidenciales visitaron este verano la cárcel de Managua en donde se les retenía.Inti Ocón para The New York TimesQuienes critican el gobierno aseguran que la imprevisibilidad y rapidez de la ola de arrestos han convertido a Nicaragua en un Estado más represivo del que fue durante los primeros años de la dictadura de Anastasio Somoza, quien fue derrocado en 1979 por el Frente Sandinista de Liberación Nacional que encabezaban Ortega y varios otros comandantes. Los sandinistas gobernaron el país hasta que en 1990 perdieron en unas elecciones democráticas y cedieron el poder. En 2007, Ortega regresó a la presidencia.Tras 14 años en el poder, Ortega, impopular y cada vez más aislado de la sociedad nicaragüense en su residencia privada, parece determinado a evitar toda competencia electoral verdadera. Los cinco candidatos presidenciales que siguen en la boleta con él son políticos poco conocidos que tienen una historia de colaboración con el gobierno. Pocas personas en Nicaragua los consideran desafíos genuinos para Ortega.La represión, la cual se ha extendido hacia los críticos de todos los ámbitos sociales, no ha perdonado a ningún disidente político, sin importar sus circunstancias personales o vínculos históricos con Ortega.Entre las víctimas de persecución se encuentran un banquero millonario y un guerrillero marxista, un general condecorado y una activista poco conocida de la provincia, líderes estudiantiles e intelectuales septuagenarios. Ningún detractor del gobierno se siente a salvo de las repentinas redadas nocturnas, de las cuales su constancia ha sido la única certeza, comentaron en entrevistas más de 30 nicaragüenses afectados por la represión.“Todos están en la lista”, mencionó un empresario nicaragüense, cuyo hogar fue registrado por la policía; habló bajo la condición de permanecer en el anonimato por temor a las represalias. “Nada más estás intentando saber qué tan alto o tan abajo está tu nombre, basándote en la última detención”.La ola de represión y temores de violencia política ha empujado a miles de nicaragüenses a huir del país, lo cual amenaza con empeorar una crisis de migración masiva en una época en la que el gobierno del presidente estadounidense, Joe Biden, ya tiene dificultades al enfrentar cifras récord de inmigrantes que intentan cruzar la frontera sur.La cantidad de nicaragüenses que han detenido los guardias fronterizos de Estados Unidos ha estallado desde la represión: un total de casi 21.000 personas cruzaron en junio y julio, en comparación con menos de 300 en los mismos meses del año pasado, de acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional. Durante esos meses, otros 10.000 nicaragüenses han cruzado al sur hacia el país vecino de Costa Rica, según la agencia migratoria costarricense.Una iglesia en Masaya, en la que periodistas y civiles fueron atacados por integrantes del partido gobernante en julioInti Ocón para The New York TimesEl éxodo ha incluido a ricos y pobres por igual, provocado tanto por los temores de la escalada de violencia como por la preocupación de la acechante crisis económica en un país que se dirige a paso constante hacia el aislamiento internacional.En los últimos meses, decenas de destacados empresarios nicaragüenses han huido con sigilo hacia Miami y paralizado sus inversiones en el país, según entrevistas con varios empresarios que no quisieron ser citados por temor a represalias. Y se espera que la mayoría de los bancos internacionales de desarrollo, cuyos préstamos han apoyado la economía nicaragüense en años recientes, dejen de entregar nuevos fondos después de las elecciones, las cuales Estados Unidos ha señalado que es poco probable que reconozca en su forma actual.Algunos nicaragüenses se han marchado por temor a un regreso a la violencia callejera que traumatizó al país en 2018, cuando paramilitares favorables al gobierno y fuerzas policiales interrumpieron las protestas de la oposición y mataron a más de 300 personas.“Tengo miedo de que venga otra masacre”, dijo Jeaneth Herrera, quien vende pan de elote tradicional en las calles de Managua. Sus ventas se han desplomado en meses recientes pues, dijo, la incertidumbre política ha elevado los precios de alimentos. “Yo no veo futuro aquí”.Los hombres y mujeres detenidos, algunos de los cuales ocuparon altos cargos sandinistas, han sido acusados de crímenes que van desde la conspiración hasta el lavado de dinero y el homicidio, imputaciones que, según familiares y asociados, son falsas. La mayoría pasó semanas o meses en la cárcel antes de tener contacto alguno con sus parientes o abogados.Varias de las personas arrestadas son septuagenarias y tienen problemas de salud. Según los familiares, compartieron la cárcel con otros presos y no tuvieron acceso a doctores independientes ni a que sus parientes les entregaran medicamentos.Un general sandinista retirado, Hugo Torres, fue arrestado a pesar de que había dirigido un ataque que le ayudó a Ortega a escapar de la cárcel de Somoza en la década de 1970, con el cual es probable que le haya salvado la vida. El exministro sandinista Víctor Hugo Tinoco fue detenido y la policía registró su casa durante horas enfrente de su hija, Cristian Tinoco, quien tiene cáncer terminal.Cristian Tinoco, hija de Hugo Tinoco, exviceministro de Exteriores, en la habitación de su padre, tras un operativo policial en junioInti Ocón para The New York TimesLa policía también irrumpió de noche en la casa del candidato presidencial Miguel Mora y lo sacó a rastras frente a su hijo Miguel, quien tiene parálisis cerebral, dijo la esposa de Mora, Verónica Chávez.“Esa noche repetía ‘¿Dónde está papá?’”, mencionó Chávez. “Parecía que estábamos en un corto de terror”.Los casos en contra de los prisioneros políticos se llevan en cortes cerradas sin la participación de asesores legales. Esto ha significado que los parientes y la ciudadanía desconocen qué evidencia se ha presentado, lo que agrava el clima de temor.Quienes intentaron documentar el proceso legal —familiares, abogados, periodistas— dicen que fueron amenazados o enfrentaron acusaciones similares y, en algunos casos, se vieron obligados a huir del país o esconderse. Un abogado de uno de los candidatos encarcelados fue arrestado a fines del mes pasado por ser miembro de un partido de oposición.“Nadie de nadie sabe de qué les están acusando, qué exactamente está en los casos”, dijo Boanerges Fornos, abogado nicaragüense que representaba a algunos de los políticos detenidos antes de huir del país en junio. “Hay una destrucción sistemática del aparato de información no oficial. Al régimen le gusta operar en la oscuridad”.Luego de desmantelar a los partidos de oposición y encarcelar a sus candidatos, el gobierno dirigió sus ataques a otros con puntos de vista independientes: el clero, los periodistas, abogados e incluso los médicos. En las últimas semanas, el gobierno ha dicho que los obispos católicos de Nicaragua son “hijos del demonio”, amenazaron a los médicos que dieron la alarma sobre una nueva ola de COVID-19 y tomaron las instalaciones del mayor diario del país, La Prensa.La incertidumbre detrás de los arrestos aparentemente arbitrarios ha hecho que la situación sea más difícil de soportar para los familiares de las víctimas.Verónica Chávez, periodista y esposa del candidato detenido Miguel Mora, en su casa de Managua.Inti Ocón para The New York Times“Ya tienen listo su tablero de ajedrez y uno solo es un peón”, dijo Uriel Quintanilla, un músico nicaragüense cuyo hermano, Alex Hernández, es un activista de oposición que fue detenido recientemente.Desde entonces, dijo Quintanilla, no ha tenido noticias de su hermano ni de los cargos que se le imputan.“El jaque mate en tu contra ya está planeado, nada más no sabes cuándo te va a llegar”.Alex Villegas colaboró con este reportaje desde San José, Costa Rica.Anatoly Kurmanaev es un corresponsal con sede en Ciudad de México desde donde cubre México, Centroamérica y el Caribe. Antes de integrarse a la corresponsalía de México en 2021, pasó ocho años reportando desde Caracas sobre Venezuela y la región vecina. @akurmanaev More

    • 163 Shares109 Views

      in Elections

      ‘Everyone Is on the List’: Fear Grips Nicaragua as It Veers to Dictatorship

      by

      A crackdown on opposition by President Daniel Ortega leaves Nicaraguans to wonder: Who is next?MANAGUA, Nicaragua — The nights were the hardest.From the moment Medardo Mairena decided to run for president, in direct challenge to Nicaragua’s authoritarian leader, he was certain the security apparatus would eventually come for him.Over the summer, he watched as other opposition leaders disappeared. One by one, they were dragged from their homes amid a nationwide crackdown on dissent by the president, Daniel Ortega, whose quest to secure a fourth term had plunged the Central American nation into a state of pervasive fear.Since June, the police have jailed or put under house arrest seven candidates for November’s presidential election and dozens of political activists and civil society leaders, leaving Mr. Ortega running on a ballot devoid of any credible challenger and turning Nicaragua into a police state.Mr. Mairena himself was banned from leaving Managua. Police patrols outside his house had scared away nearly all visitors, even his family.During the day, Mr. Mairena kept busy, campaigning over Zoom and scanning official radio announcements for clues to the growing repression. But at night he lay awake, listening for sirens, certain that sooner or later the police would come and he would disappear into a prison cell.“The first thing I ask myself in the morning is, when are they coming for me?” Mr. Mairena, a farmers’ rights activist, said in a telephone interview in late June. “It’s a life in constant dread.”His turn came just days after the call. Heavily armed officers raided his home and took him away late on July 5.He had not been heard from until last Wednesday, when relatives were allowed one brief visit. They said they found him emaciated and sick, completely disconnected from the outside world.Relatives of arrested presidential candidates visiting the jail in Managua where they were being held earlier this summer.Inti Ocón for The New York TimesGovernment critics say the unpredictability and speed of the wave of arrests have turned Nicaragua into a more repressive state than it was during the early years of the dictatorship of Anastasio Somoza, who was overthrown in 1979 by the Sandinista Revolutionary Movement led by Mr. Ortega and several other commanders. The Sandinistas governed the country until losing democratic elections and ceding power in 1990. In 2007, Mr. Ortega returned as president.After 14 years in power, unpopular and increasingly isolated from Nicaraguan society in his gated compound, Mr. Ortega appears intent on avoiding any real electoral competition. The five presidential candidates still on the ballot with him are little-known politicians with a history of collaboration with the government. Few in Nicaragua consider them genuine challenges to Mr. Ortega.The crackdown, which has extended to critics from any social realm, has spared no political dissidents, no matter their personal circumstances or historical ties to Mr. Ortega.The victims of persecution have included a millionaire banker and a Marxist guerrilla, a decorated general and a little-known provincial activist, student leaders and septuagenarian intellectuals. No government detractors feel safe from the sudden night raids, whose only certainty has been their constancy, more than 30 Nicaraguans affected by the crackdown said in interviews.“Everyone is on the list,” said one Nicaraguan businessman, whose family home was raided by the police and who spoke on condition of anonymity for fear of reprisal. “You’re just trying to figure out how high or low your name is on it, based on the latest arrest.”The wave of repression and fears of political violence have pushed thousands of Nicaraguans to flee the country in recent months, threatening to worsen a mass migration crisis at a time when the Biden administration is already struggling with record numbers of immigrants trying to cross the southern border.The number of Nicaraguans encountered by U.S. border guards has exploded since the crackdown, with a total of almost 21,000 crossing in June and July, compared with fewer than 300 in the same months last year, according to the Department of Homeland Security. About 10,000 more Nicaraguans have crossed south into neighboring Costa Rica in the same months, according to the country’s migration agency.A church in Masaya, where journalists and civilians were attacked by members of the governing party in July.Inti Ocón for The New York TimesThe exodus has included the rich as well as the poor and is driven as much by fears of escalating violence as by concerns over a looming economic crisis in a country heading steadily toward international isolation.Dozens of prominent Nicaraguan businessmen have quietly left for Miami in recent months, halting their investments in the country, according to interviews with several entrepreneurs who did not want to be quoted for fear of reprisals. And most international development banks, whose loans have propped up the Nicaraguan economy in recent years, are expected to stop disbursing new funds following the elections, which the United States has said it is unlikely to recognize in their current form.Some Nicaraguans have left out of fear of a return of the street violence that traumatized the country in 2018, when pro-government paramilitaries and police forces broke up opposition protests, killing more than 300.“I’m scared that another massacre is coming,” said Jeaneth Herrera, who sells traditional cornbread on the streets of Managua. Her sales have fallen sharply in recent months, she said, as political uncertainty has pushed up food prices. “I don’t see a future here.”The detained men and women, some of them top former Sandinistas, have been charged with crimes ranging from conspiracy to money laundering and murder, accusations their families and associates say are trumped up. Most spent weeks, or months, in jail before any communication with relatives or lawyers.Several of those arrested are in their 70s and have health problems. They were put in the same jail as other prisoners, relatives said, and denied access to independent doctors or to medicines delivered by relatives.A retired Sandinista general, Hugo Torres, was arrested despite having staged a raid that helped Mr. Ortega break out of Mr. Somoza’s jail in the 1970s, potentially saving his life. The former Sandinista minister Víctor Hugo Tinoco was detained and his house ransacked for hours by the police in front of his daughter, Cristian Tinoco, who has terminal cancer.Cristian Tinoco, the daughter of Hugo Tinoco, a former vice foreign minister,  in his room after a police raid in June. Inti Ocón for The New York TimesThe police also smashed into the presidential candidate Miguel Mora’s home at night and dragged him out in the presence of his son Miguel, who has cerebral palsy, said Mr. Mora’s wife, Verónica Chávez.“He kept repeating that night, ‘Where is Papa?’” Ms. Chávez said. “It felt like living in a horror movie.”The cases against the political prisoners are being heard in closed courts without the presence of legal counsel. This has left their relatives and the public in the dark about the evidence presented, adding to the climate of fear.Those who tried documenting the legal process — relatives, lawyers, journalists — say they were threatened or faced with similar accusations, and in some cases forced to flee the country or go into hiding. A lawyer for one of the jailed candidates was himself arrested late last month for being a member of an opposition party.“Absolutely no one has any idea what they are accused of, or what’s in their cases,” said Boanerges Fornos, a Nicaraguan lawyer who represented some of the detained politicians before fleeing the country in June. “There’s a systematic destruction of all nonofficial sources of information. The regime likes to operate in the dark.”After dismantling opposition parties and jailing their candidates, the government shifted its attacks to others with independent views: the clergy, journalists, lawyers, even doctors. In the past few weeks, the government has called Nicaragua’s Catholic bishops “children of demons,” threatened the medics who raised alarm about a new Covid-19 wave and taken over the installations of the country’s biggest newspaper, La Prensa.The uncertainty behind the seemingly arbitrary arrests has made the situation harder to bear for the victims’ families.Verónica Chávez, a journalist and the wife of the detained candidate Miguel Mora, at her home in Managua.Inti Ocón for The New York Times“They have their chess board already set up, and you’re just a pawn on it,” said Uriel Quintanilla, a Nicaraguan musician whose brother Alex Hernández, an opposition activist, was recently detained.Since then, Mr. Quintanilla said, he has not heard news of his brother or the charges against him.“The check and mate against you have already been planned out,” he said. “We merely don’t know at what moment it will come.”Alex Villegas contributed reporting from San José, Costa Rica. More

    • 163 Shares169 Views

      in Elections

      Pulling Levers in Exile, Belarus Opposition Leader Works to Keep Her Influence Alive

      by

      As a crackdown widens in her country, Svetlana Tikhanovskaya is trying to build a broad phalanx of Western opposition to a dictatorship that she says is on its “last breaths.”VILNIUS, Lithuania — She has met Chancellor Angela Merkel of Germany, and President Emmanuel Macron of France. Just this week, she was feted in Washington, where she was received by Secretary of State Antony Blinken.But while Svetlana Tikhanovskaya, the unlikely pro-democracy leader from Belarus, may have little trouble getting a meeting, her high-flying company only underscores her predicament.It’s been almost a year since Ms. Tikhanovskaya was forced to flee Belarus after claiming victory in presidential elections. Now the challenge she faces is how to maintain influence in Belarus from abroad. The support of Western leaders may help, but goes only so far.Still, the meetings are part Ms. Tikhanovskaya’s strategy to build a broad Western phalanx against the Belarus dictator, Alexander Lukashenko, who has limited her ability to challenge him inside the country, where her return would mean certain imprisonment.Only months ago, hundreds of thousands of protesters took to the streets to demand that Mr. Lukashenko resign. It was a rare democratic outburst in an eastern European country — outside the European Union and NATO — that has carefully tried to maneuver between Russia and the West, but has turned to Moscow as a primary source of support.But now opposition figures are disappearing into prisons, and protests are dwindling.“Now it’s impossible to fight openly,” Ms. Tikhanovskaya said. “It’s difficult to ask people to go out for demonstrations because of a sense of fear. They see the brutality of the regime, that the most outstanding leaders and prominent figures are in jail. It’s really scary.”An opposition rally protesting the official presidential election results in Minsk, Belarus, in October, 2020.Associated PressUnable to encourage protests inside Belarus, and with Moscow supporting Mr. Lukashenko, Ms. Tikhanovskaya is using the primary tool available to her in exile: Western support.This week, she had meetings at the State Department, the White House, the Senate and attended the launch of the Friends of Belarus Caucus in the House of Representatives.“I asked the U.S. to be the guarantors of our independence,” she told the Voice of America on Tuesday after meeting with Jake Sullivan, the national security adviser.In a series of meetings, she sought more comprehensive sanctions on Belarus’s elites and businesses, to show them that it was “becoming more costly for them to support Lukashenko.”Though there were statements of support and admiration from members of Congress and the Washington elite, no new measures were announced.She and her team also sought to postpone a nearly $1 billion planned disbursement by the International Monetary Fund to Belarus, but have so far been unable to convince the institution to cancel the payment.Ms. Tikhanovskaya’s trip will continue in New York, San Francisco and Los Angeles, underscoring the value of Western support — and its limits.Her task, she said in an interview in Vilnius, Lithuania, where she and her team have made their base, was to convince her international supporters that change can come to Belarus with their assistance.“We can’t postpone this aim because we postpone freedom of our prisoners and we have to convince other countries in this as well,” she said before leaving for the United States.Supporters of Ms. Tikhanovskaya rallied in June in Warsaw, Poland, where they held up posters of prominent opposition bloggers who are in detention.Omar Marques/Getty Images“And with these detentions, with this violence, they show that they don’t have other methods of persuading people that they are strong, except violence,” she said. “It can’t last long, really. This is like the last breaths before death, because you can’t tighten the screws endlessly.”Some who support Ms. Tikhanovskaya’s movement worry about how it can remain relevant inside Belarus with its leader abroad.“When you are abroad in a safe situation, then all your calls to action will be very skeptically accepted in Belarus,” said Pavel Slunkin, a visiting fellow at the European Council on Foreign Relations and a former Belarusian diplomat.Ms. Tikhanovskaya was clear that local actors make the decisions, and that when she sought funding, it was for supporters in Belarus. “When they are ready, it’s they who decide, not us,” she said.Mr. Slunkin acknowledged that Ms. Tikhanovskaya has been a tireless and effective advocate for her country internationally. Even so, the repression in Belarus is widening.This month, the Belarus Supreme Court sentenced Viktor Babariko, a former bank chief who was barred from running for president in elections last August, to 14 years in prison for bribery and money laundering in a verdict widely seen as politically motivated.On July 14, Belarusian law enforcement officers conducted what Amnesty International called an “unprecedented wave of searches and detentions,” raiding the offices of at least a dozen civil society and human rights organizations and opposition groups.In the past year, more than 35,000 people have been detained, according to the United Nations. Tens of thousands of Belarusians have fled abroad. The list of political prisoners kept by the human rights organization Viasna, itself raided recently, includes 577 individuals.In May, a European plane traveling through Belarus’ airspace was forced to land in Minsk, where Roman Protasevich, a prominent Belarusian dissident aboard, was seized.Belarus riot police detaining a demonstrator during an opposition rally in Minsk, Belarus, in 2020.Associated PressThe environment was “very dangerous,” Ms. Tikhanovskaya acknowledged, but she insisted she and her supporters could still be effective.“God bless the internet,” she said. “I am in constant dialogue with people who are on the ground. I don’t feel like I am in exile.”There are complications as she tries to coordinate the opposition from Lithuania, which borders Belarus and where she and her team were give special diplomatic status in early July.“The more time you spend abroad, the more time you are detached from the public you represent,” Artyom Shraibman, founder of Sense Analytics and a nonresident fellow at the Carnegie Moscow Center, said by phone from his self-imposed exile from Belarus in Ukraine.“If we are honest, spending a year outside of the country where the society is changing and you have not been observing it — you are only communicating with the part of society that is as engaged as you are.”Many experts, like Mr. Slunkin, believe the key way to resolve the crisis is to increase the price of Russian support for Belarus. Ms. Tikhanovskaya has been careful not to criticize Moscow openly, but neither have they succeeded in reaching out to Russian officials.“She is being perceived by many as being pro-Western, and unacceptable to Moscow, which is true,” Mr. Shraibman said. “And this is not her choice.”President Alexander Lukashenko of Belarus with his primary backer, President Vladimir V. Putin of Russia, in May.Pool photo by Sergei IlyinWith everything she does, Ms. Tikhanovskaya said, she is mindful of how her actions can affect people behind bars in Belarus, including her husband, Sergei Tikhanovsky, who ran a popular YouTube channel before announcing his own candidacy for president.He, like Mr. Babariko, and a prominent opposition politician, Valery Tsepkalo, was barred from running and jailed ahead of the ballot. Ms. Tikhanovskaya collected signatures for her candidacy and ran in the place of her husband.In detention since May 2020, he is currently on trial, accused of organizing riots and “inciting social hatred.”“I’m always keeping in mind that my husband is a hostage, the same as thousands of people,” Ms. Tikhanovskaya said.But she was adamant that she wants to keep the promise she campaigned on last August: new elections in which she is not necessarily on the ballot.“I’m the same woman, already with experience, already with more braveness than I had before. But look, I’m not I’m not making my career here. After elections, I will step away from all this with ease.” More

    • 113 Shares139 Views

      in Elections

      Nicholas Kristof, Times Columnist, Weighs Bid for Oregon Governor

      by

      Nicholas Kristof, the award-winning columnist for The New York Times, is considering running in the Democratic primary race for governor of Oregon.Mr. Kristof, who grew up on a farm in Yamhill, about 25 miles west of Portland, said in a statement that friends were trying to recruit him into the race to replace Gov. Kate Brown, a Democrat who is prevented from running for re-election by term limits. Last month, he decided to take a leave from The Times to consider the possibility of a political campaign.Any bid for governor would most likely be difficult for an outsider, even one with local roots and a national media platform. At least six candidates are considering entering the race, including the state treasurer, the speaker of the state’s House of Representatives, the state attorney general and a top union leader. News of Mr. Kristof’s potential candidacy was earlier reported by The Willamette Week.Mr. Kristof, 62, is known for his coverage of human rights abuses and women’s rights, winning Pulitzer Prizes for his reporting on the Tiananmen Square protests in China and on genocide in Darfur.Last year, he published a book, “Tightrope: Americans Reaching for Hope,” with his wife, Sheryl WuDunn, that explored stories of poverty, addiction and inequality through the stories of several of his childhood schoolmates.He became more involved in managing his family farm two years ago, when he returned to the state with Ms. WuDunn, to transition its business from growing cherries to cider apples and wine grapes.“Although Nick has not made up his mind about whether to pursue a political candidacy, we agreed he’d go on leave from The Times, in accordance with Times standards, after he brought this possibility to our attention last month,” said Danielle Rhoades Ha, a spokeswoman for the newspaper.Mr. Kristof, a Democrat, said in his statement that he was interested in hearing what Oregonians thought about his possible bid.“I have friends trying to convince me that here in Oregon, we need new leadership from outside the broken political system,” he said. “All I know for sure is that we need someone with leadership and vision so that folks from all over the state can come together to get us back on track.” More

    • 113 Shares189 Views

      in Elections

      US Backed Haiti's Jovenel Moïse Even as Democracy Eroded

      by

      Washington dismissed warnings that democracy was unraveling under President Jovenel Moïse, leaving a gaping leadership void after his assassination.As protesters hurled rocks outside Haiti’s national palace and set fires on the streets to demand President Jovenel Moïse’s resignation, President Trump invited him to Mar-a-Lago in 2019, posing cheerfully with him in one of the club’s ornate entryways.After members of Congress warned that Mr. Moïse’s “anti-democratic abuses” reminded them of the run-up to the dictatorship that terrorized Haiti in decades past, the Biden administration publicly threw its weight behind Mr. Moïse’s claim on power.And when American officials urged the Biden administration to change course, alarmed that Haiti’s democratic institutions were being stripped away, they say their pleas went unheeded — and sometimes never earned a response at all.Through Mr. Moïse’s time in office, the United States backed his increasingly autocratic rule, viewing it as the easiest way of maintaining stability in a troubled country that barely figured into the priorities of successive administrations in Washington, current and former officials say.Even as Haiti spiraled into violence and political upheaval, they say, few in the Trump administration took seriously Mr. Moïse’s repeated warnings that he faced plots against his life. And as warnings of his authoritarianism intensified, the Biden administration kept up its public support for Mr. Moïse’s claim to power, even after Haiti’s Parliament emptied out in the absence of elections and Mr. Moïse ruled by decree.President Donald Trump welcomed Mr. Moïse and other Caribbean leaders to his Mar-a-Lago resort in March 2019.Tom Brenner for The New York TimesWhen Mr. Moïse was assassinated this month, it left a gaping leadership void that set off a scramble for power with the few elected officials remaining. The United States, which has held enormous sway in Haiti since invading the country more than 100 years ago, was suddenly urged to send in troops and help fix the mess.But in interviews with more than a dozen current and former officials, a common refrain emerged: Washington bore part of the blame, after brushing off or paying little attention to clear warnings that Haiti was lurching toward mayhem, and possibly making things worse by publicly supporting Mr. Moïse.“It was predictable that something would happen,” said Senator Patrick Leahy, of Vermont. “The message that we send by standing alongside these people is that we think they are legitimate representatives of the Haitian people. They’re not.”Critics say the American approach to Mr. Moïse followed a playbook the United States has used around the world for decades, often with major consequences for democracy and human rights: reflexively siding with or tolerating leaders accused of authoritarian rule because they advance American interests, or because officials fear instability in their absence.Mr. Moïse’s grip on power tightened notably under Mr. Trump, who spoke admiringly of a range of foreign autocrats. Mr. Trump was also bent on keeping Haitian migrants out of the United States (they “all have AIDS,” American officials recounted him saying). To the extent that Trump officials focused on Haitian politics at all, officials say, it was mainly to enlist the country in Mr. Trump’s campaign to oust his nemesis in the region: Venezuela’s leader, Nicolás Maduro.President Nicolas Maduro of Venezuela in Caracas in 2018.Miraflores Palace, via ReutersThe Biden administration arrived in January consumed by the pandemic and a surge of migrants at the border with Mexico, leaving little bandwidth for the tumult convulsing Haiti, officials say. It publicly continued the Trump administration policy that Mr. Moïse was the legitimate leader, infuriating some members of Congress with a stance that one senior Biden official now calls a mistake.“Moïse is pursuing an increasingly authoritarian course of action,” Rep. Gregory Meeks, now the chair of the House Foreign Affairs Committee, said in a joint statement with two other Democrats in late December, warning of a repeat of the “anti-democratic abuses the Haitian people have endured” in the past.“We will not stand idly by while Haiti devolves into chaos,” they said.In a February letter to Secretary of State Antony J. Blinken, they and other lawmakers called on the United States to “unambiguously reject” the push by Mr. Moïse, who had already ruled by decree for a year, to stay in power. They urged the Biden administration to push for “a legitimate transitional government” to help Haitians determine their own future and emerge from “a cascade of economic, public health, and political crises.”But Mr. Biden’s top adviser on Latin America, Juan Gonzalez, said that at the time, the administration did not want to appear to be dictating how the turmoil should be resolved.Rep. Gregory Meeks during a hearing of the House Committee on Foreign Affairs after testimony from Secretary of State Antony Blinken in March.Pool photo by Ken Cedeno“Tipping our finger on the scale in that way could send a country that was already in a very unstable situation into crisis,” Mr. Gonzalez said.Past American political and military interventions into Haiti have done little to solve the country’s problems, and have sometimes created or aggravated them. “The solution to Haiti’s problems are not in Washington; they are in Port-au-Prince,” Haiti’s capital, Mr. Gonzalez said, so the Biden administration called for elections to take place before Mr. Moïse left office.“The calculus we made was the best decision was to focus on elections to try to use that as a way to push for greater freedom,” he added.In reality, critics say, the Biden administration was already tipping the scales by publicly supporting Mr. Moïse’s contention that he had another year in office, enabling him to preside over the drafting of a new Constitution that could significantly enhance the president’s powers.Mr. Moïse was certainly not the first leader accused of autocracy to enjoy Washington’s backing; he was not even the first in Haiti. Two generations of brutal Haitian dictators from the Duvalier family were among a long list of strongmen around the Caribbean, Latin America, the Middle East and elsewhere who received resolute American support, particularly as allies against Communism.“He may be a son of a bitch, but he is our son of a bitch,” President Franklin Delano Roosevelt supposedly said of one of them (though accounts vary about whether the president was referring to American-backed dictators in Nicaragua or in the Dominican Republic).Supporters of the former dictators held photos of Francois “Papa Doc” Duvalier and Jean-Claude “Baby Doc” Duvalier during a court hearing in Port-au-Prince in 2013.Dieu Nalio Chery/Associated PressThe debate has continued in both Democratic and Republican administrations about how hard to push authoritarian allies for democratic reforms. Once the threat of Communist expansionism faded, American administrations worried more about instability creating crises for the United States, like a surge of migrants streaming toward its shores or the rise of violent extremism.Elliott Abrams, a foreign policy official in multiple Republican administrations and a special representative on Venezuela in the Trump administration, argued that Washington should support democracy when possible but sometimes has few alternatives to working with strongmen.“In Haiti, no one has developed a good formula for building a stable democracy, and the U.S. has been trying since the Marines landed there a hundred years ago,” he said.Early on in the Trump administration, Omarosa Manigault Newman, a former co-star on “The Apprentice” and new adviser to the president, began pressing Mr. Trump and his aides to engage with Haiti and support Mr. Moïse.Officials were wary. Haiti supported Venezuela at two meetings of the Organization of American States in 2017, turning Mr. Moïse into what one official called an enemy of the United States and scuttling her efforts to arrange a state visit by him..css-1xzcza9{list-style-type:disc;padding-inline-start:1em;}.css-3btd0c{font-family:nyt-franklin,helvetica,arial,sans-serif;font-size:1rem;line-height:1.375rem;color:#333;margin-bottom:0.78125rem;}@media (min-width:740px){.css-3btd0c{font-size:1.0625rem;line-height:1.5rem;margin-bottom:0.9375rem;}}.css-3btd0c strong{font-weight:600;}.css-3btd0c em{font-style:italic;}.css-w739ur{margin:0 auto 5px;font-family:nyt-franklin,helvetica,arial,sans-serif;font-weight:700;font-size:1.125rem;line-height:1.3125rem;color:#121212;}#NYT_BELOW_MAIN_CONTENT_REGION .css-w739ur{font-family:nyt-cheltenham,georgia,’times new roman’,times,serif;font-weight:700;font-size:1.375rem;line-height:1.625rem;}@media (min-width:740px){#NYT_BELOW_MAIN_CONTENT_REGION .css-w739ur{font-size:1.6875rem;line-height:1.875rem;}}@media (min-width:740px){.css-w739ur{font-size:1.25rem;line-height:1.4375rem;}}.css-9s9ecg{margin-bottom:15px;}.css-uf1ume{display:-webkit-box;display:-webkit-flex;display:-ms-flexbox;display:flex;-webkit-box-pack:justify;-webkit-justify-content:space-between;-ms-flex-pack:justify;justify-content:space-between;}.css-wxi1cx{display:-webkit-box;display:-webkit-flex;display:-ms-flexbox;display:flex;-webkit-flex-direction:column;-ms-flex-direction:column;flex-direction:column;-webkit-align-self:flex-end;-ms-flex-item-align:end;align-self:flex-end;}.css-12vbvwq{background-color:white;border:1px solid #e2e2e2;width:calc(100% – 40px);max-width:600px;margin:1.5rem auto 1.9rem;padding:15px;box-sizing:border-box;}@media (min-width:740px){.css-12vbvwq{padding:20px;width:100%;}}.css-12vbvwq:focus{outline:1px solid #e2e2e2;}#NYT_BELOW_MAIN_CONTENT_REGION .css-12vbvwq{border:none;padding:10px 0 0;border-top:2px solid #121212;}.css-12vbvwq[data-truncated] .css-rdoyk0{-webkit-transform:rotate(0deg);-ms-transform:rotate(0deg);transform:rotate(0deg);}.css-12vbvwq[data-truncated] .css-eb027h{max-height:300px;overflow:hidden;-webkit-transition:none;transition:none;}.css-12vbvwq[data-truncated] .css-5gimkt:after{content:’See more’;}.css-12vbvwq[data-truncated] .css-6mllg9{opacity:1;}.css-qjk116{margin:0 auto;overflow:hidden;}.css-qjk116 strong{font-weight:700;}.css-qjk116 em{font-style:italic;}.css-qjk116 a{color:#326891;-webkit-text-decoration:underline;text-decoration:underline;text-underline-offset:1px;-webkit-text-decoration-thickness:1px;text-decoration-thickness:1px;-webkit-text-decoration-color:#326891;text-decoration-color:#326891;}.css-qjk116 a:visited{color:#326891;-webkit-text-decoration-color:#326891;text-decoration-color:#326891;}.css-qjk116 a:hover{-webkit-text-decoration:none;text-decoration:none;}“I believed that a state visit between Mr. Trump and Mr. Moïse would have been a strong show of support for Haiti from the U.S. during a time of civil unrest,” Ms. Newman said, adding in a separate statement: “Jovenel was a dear friend and he was committed to being a change agent for his beloved Haiti.”Mr. Moïse just after being sworn in as president of Haiti in February 2017.Dieu Nalio Chery/Associated PressThe episode underscored the degree to which some top Trump officials viewed Haiti as just a piece of its strategy toward Venezuela. And in the eyes of some lawmakers, Mr. Trump was not going to feel empathy for Haiti’s problems.“We are all aware of his perception of the nation — in that he spoke about ‘s-hole’ countries,” said Rep. Yvette Clarke of New York, a co-chair of the House Haiti Caucus.By 2019, nationwide protests grew violent in Haiti as demonstrators demanding Mr. Moïse’s ouster clashed with the police, burned cars and marched on the national palace. Gang activity became increasingly brazen, and kidnappings spiked to an average of four a week.Mr. Trump and his aides showed few public signs of concern. In early 2019, Mr. Trump hosted Mr. Moïse at his Mar-a-Lago club in Palm Beach, Florida, as part of a meeting with Caribbean leaders who had lined up against Mr. Maduro of Venezuela.By the next year, Mr. Moïse’s anti-democratic practices grew serious enough to command the attention of Secretary of State Mike Pompeo, who publicly warned Mr. Moïse against delaying parliamentary elections.A Haitian police officer aimed his weapon at protesters who were calling for the resignation of President Moïse in Port-au-Prince in 2019.Rebecca Blackwell/Associated PressBut beyond a few statements, the Trump administration did little to force the issue, officials said.“No one did anything to address the underlying weaknesses, institutionally and democratically,” over the past several years, said Peter Mulrean, who served as the American ambassador to Haiti from 2015 to 2017. “And so we shouldn’t really be surprised that the lid blew off again.”After Mr. Biden’s election, lawmakers and officials in Washington took up the issue with new urgency. Mr. Moïse, who came to office after a vote marred by low turnout and allegations of fraud, had been ruling by decree for a year because the terms of nearly all members of Parliament had expired and elections to replace them were never held.Mr. Moïse won a five-year term in 2016, but did not take office until 2017 amid the allegations of fraud, so he argued that he should stay until 2022. Democracy advocates in Haiti and abroad cried foul, but on Feb. 5, the Biden administration weighed in, supporting Mr. Moïses’s claim to power for another year. And it was not alone: International bodies like the Organization of American States took the same position.Port-au-Prince at dusk last week.Federico Rios for The New York TimesMr. Blinken later criticized Mr. Moïse’s rule by decree and called for “genuinely free and fair elections this year.” But the Biden administration never withdrew its public position upholding Mr. Moïse’s claim to remain in office, a decision that Rep. Andy Levin, a co-chair of the House Haiti Caucus, blamed for helping him retain his grip on the country and continue its anti-democratic slide.“It’s a tragedy that he was able to stay there,” Mr. Levin said.The Biden administration has rebuffed calls by Haitian officials to send troops to help stabilize the country and prevent even more upheaval. A group of American officials recently visited to meet with various factions now vying for power and urge them “to come together, in a broad political dialogue,” Mr. Gonzalez said.The Americans had planned to visit the port to assess its security needs, but decided against it after learning that gangs were occupying the area, blocking the delivery of fuel.“How can we have elections in Haiti when gang members control 60 percent of the territory?” said Pierre Esperance, executive director of the Haitian National Human Rights Defense Network. “It will be gangs that organize the elections.”David Kirkpatrick contributed reporting. More

    • 100 Shares149 Views

      in Elections

      Iranian Hard-Liner Ebrahim Raisi Wins Presidential Election Vote

      by

      The government announced his victory on Saturday, a day after a vote that many Iranians skipped, viewing it as rigged.TEHRAN — Iran’s ultraconservative judiciary chief, Ebrahim Raisi, has been elected president after a vote that many Iranians skipped, seeing it as rigged in his favor. The Interior Ministry announced the final results on Saturday, saying Mr. Raisi had won with nearly 18 million of 28.9 million ballots cast in the voting a day earlier. Turnout was 48.8 percent — a significant decline from the last presidential election, in 2017. Two rival candidates had conceded hours earlier, and President Hassan Rouhani congratulated Mr. Raisi on his victory, the semiofficial Mehr news agency reported.Huge swaths of moderate and liberal-leaning Iranians sat out the election, saying that the campaign had been engineered to put Mr. Raisi in office or that voting would make little difference. He had been expected to win handily despite late attempts by the more moderate reformist camp to consolidate support behind their main candidate — Abdolnasser Hemmati, a former central bank governor.The Interior Ministry said Mr. Hemmati came in third with around 2.4 million votes, after the second-place finisher, Mohsen Rezaee, a former commander in chief of Iran’s powerful Revolutionary Guards Corps who won around 3.4 million votes.There were also about 3.7 million “white” ballots, or ballots cast without any candidate’s name written in. Some Iranians said they turned in white ballots as a way of participating in the election while protesting the lack of candidates who represented their views.Voters lining up to cast their ballots in Tehran on Friday.Arash Khamooshi for The New York TimesMr. Raisi, 60, is a hard-line cleric favored by Iran’s supreme leader, Ayatollah Ali Khamenei, and has been seen as his possible successor. He has a record of grave human rights abuses, including accusations of playing a role in the mass execution of political opponents in 1988, and is currently under United States sanctions.His background appears unlikely to hinder the renewed negotiations between the United States and Iran over restoring a 2015 agreement to limit Iran’s nuclear and ballistic missile programs in exchange for lifting American economic sanctions. Mr. Raisi has said he will remain committed to the deal and do all he can to remove sanctions.Key policies such as the nuclear deal are decided by the supreme leader, who has the last word on all important matters of state. However, Mr. Raisi’s conservative views will make it more difficult for the United States to reach additional deals with Iran and extract concessions on critical issues such as the country’s missile program, its backing of proxy militias around the Middle East and human rights.To his supporters, Mr. Raisi’s close identification with the supreme leader, and by extension with the Islamic Revolution that brought Iran’s clerical leaders to power in 1979, is part of his appeal. Campaign posters showed Mr. Raisi’s face alongside those of Mr. Khamenei and his predecessor, Ayatollah Ruhollah Khomeini, or Maj. Gen. Qassim Suleimani, the Iranian commander whose death in an American airstrike last year prompted an outpouring of grief and anger among Iranians.Ayatollah Ali Khamenei, the supreme leader of Iran, voted in Tehran on Friday.Arash Khamooshi for The New York TimesMr. Raisi’s supporters also cited his résumé as a staunch conservative, his promises to combat corruption, which many Iranians blame as much for the country’s deep economic misery as American sanctions, and what they said was his commitment to leveling inequality among Iranians.Voter turnout was low despite exhortations from the supreme leader to participate and an often strident get-out-the-vote campaign: One banner brandished an image of General Suleimani’s blood-specked severed hand, still bearing his trademark deep-red ring, urging Iranians to vote “for his sake.” Another showed a bombed-out street in Syria, warning that Iran ran the risk of turning into that war-ravaged country if voters stayed home.Voting was framed as not so much a civic duty as a show of faith in the Islamic Revolution, in part because the government has long relied on high voter turnout to buttress its legitimacy.Though never a democracy in the Western sense, Iran has in the past allowed candidates representing different factions and policy positions to run for office in a government whose direction and major policies were set by the unelected clerical leadership. During election seasons, the country buzzed with debates, competing rallies and political arguments.But since protests broke out in 2009 over charges that the presidential election that year was rigged, the authorities have gradually winnowed down the confines of electoral freedom, leaving almost no choice this year. Many prominent candidates were disqualified last month by Iran’s Guardian Council, which vets all candidates, leaving Mr. Raisi the clear front-runner and disheartening relative moderates and liberals.A voter looking at the list of the candidates on Friday. Many prominent candidates were disqualified last month by Iran’s Guardian Council.Arash Khamooshi for The New York TimesAnalysts said that the supreme leader’s support for Mr. Raisi could give him more power to promote change than the departing president, Hassan Rouhani. Mr. Rouhani is a pragmatic centrist who ended up antagonizing the supreme leader and disappointing voters who had hoped he could open Iran’s economy to the world by striking a lasting deal with the West.Mr. Rouhani did seal a deal to lift sanctions in 2015, but ran headlong into President Donald J. Trump, who pulled the United States out of the nuclear agreement and reimposed sanctions in 2018.The prospects for a renewed nuclear agreement could improve with Mr. Raisi’s victory. Mr. Khamenei appeared to be stalling the current talks as the election approached. But American diplomats and Iranian analysts said that there could be movement in the weeks between Mr. Rouhani’s departure and Mr. Raisi’s ascension. A deal finalized then could leave Mr. Rouhani with the blame for any unpopular concessions and allow Mr. Raisi to claim credit for any economic improvements once sanctions are lifted. More

    • 138 Shares119 Views

      in Elections

      Hungary Adopts Child Sex Abuse Law That Also Targets LGBT Community

      by

      Legislation increasing sentences for pedophiles was changed to include restrictions on portrayals of homosexuality and transgender people that young people might see.BUDAPEST — Hungary’s Parliament voted on Tuesday to adopt legislation that would increase sentences for sex crimes against children, but critics say the law is being used to target the country’s L.G.B.T. community ahead of crunch elections for Prime Minister Viktor Orban next year.Last-minute changes to the bill, which was prompted by public outrage after a series of sex scandals involving governing party and government officials, included restrictions against showing or “popularizing” homosexuality and content that promotes a gender that diverges from the one assigned at birth.Mr. Orban’s critics say the changes were made to target the country’s L.G.B.T. community in an effort to rally support from his conservative base and shift the focus away from the failures of his administration ahead of elections in 2022.The new rules, unexpectedly added to the bill by government-aligned lawmakers last week, require the labeling of all content that might fall into that category of “not recommended for those under 18 years of age.” Such content would be restricted for media like television to the hours between 10 p.m. and 5 a.m. The restrictions extend to advertisements and even sexual education, which the law would restrict to teachers and organizations approved by the government. The bill would also create a public database of sex offenders.Mr. Orban has increasingly presented himself as a protector of traditional Christian values, although that image has been undermined somewhat by the sex scandals involving officials and allies of his Fidesz party over the past few years.Last year, a Hungarian diplomat in Peru was convicted of possession of child pornography and handed an $1,800 fine and a suspended prison sentence after being brought home and charged in Hungary. That case, which sparked the public pressure on the legislature to enact stricter sentencing for pedophilia crimes, was just one in a series of scandals that has undermined public faith in Mr. Orban’s government.Prime Minister Viktor Orban of Hungary, center, at a Parliament session in Budapest last year.Tibor Illyes/Agence France-Presse — Getty ImagesBefore Hungary’s 2019 municipal elections, a series of video clips released online by an anonymous source showed a prominent Fidesz mayor participating in an orgy on a yacht.The following year a Fidesz lawmaker in Brussels was detained after trying to escape out of a window and down a drainpipe when the police raided a party being held in violation of Covid restrictions that Belgian news media described as an all-male orgy.The last-minute additions to the legislation were criticized by human rights groups, including the Foundation for Rainbow Families, which promotes legal equality for all Hungarian families with children.“Fidesz does this to take the public conversation away from major happenings in the country,” said Krisztian Rozsa, a psychologist and board member with the foundation, citing corruption and the government’s responses to the pedophilia scandal and the coronavirus pandemic.Content providers such as RTL Klub, Hungary’s largest commercial television station, and the Hungarian Advertising Association have come out against the new law, saying the rules restrict them from depicting the diversity of society.“Children don’t need protection from exposure to diversity,” said Lydia Gall, a senior researcher with Human Rights Watch. “On the contrary, L.G.B.T. children and families need protection from discrimination and violence.”Linking the L.G.B.T. community to pedophilia is a tactic that may score Mr. Orban and his party points with conservative rural voters, many of whom, spurred on by a steady stream of government propaganda, see the government as a bulwark against the cosmopolitan liberalism symbolized by opposition political figures in the capital.Last year, the Fidesz-controlled Parliament enacted legislation that effectively bars gay couples from adopting children in Hungary through a narrow definition of the family as having to include a man as the father and a woman as the mother.Shaken by a bungled response to the coronavirus pandemic, a foreign policy pivot toward China and Russia that has angered his partners within the European Union, and increasing international isolation, Mr. Orban is facing a tough election campaign against a six-party opposition alliance.Balint Ruff, a political strategist, said the move to target the L.G.B.T. community was a “cynical and evil trap.” He added: “It’s a method used in authoritarian regimes to turn their citizens against each other for their own political gain.”It is not uncommon for someone who has spent their whole life in rural Hungary to have never met an openly gay person, Mr. Ruff said, adding that by inundating rural voters with conspiracies about gay propaganda taking over the world, Mr. Orban has found an effective tool for mobilizing voters.“The theme of the campaign will be liberal homosexual Budapest versus the normal people,” he said.By not supporting the new law, the opposition would be branded supporters of pedophilia for the duration of the campaign, Mr. Ruff said. But supporting the bill would betray more liberal voters who find linking pedophilia and the L.G.B.T. community deplorable.For those whose families are directly impacted by such laws, the effects hit closer to home.Mr. Rozsa, from the Foundation for Rainbow Families, said he was worried that bullying and exclusion among Hungarian teenagers would increase against those not seen as heterosexual — and also feared the implications of the governing party’s move for the children of same-sex couples who attend public schools.“Our kids are also going to be targeted,” Mr. Rozsa said. “Our kids have same-sex parents.” More

    • 138 Shares169 Views

      in Elections

      Hungary Adopts Child Sex Abuse Law That Also Targets L.G.B.T. Community

      by

      Legislation increasing sentences for pedophiles was changed to include restrictions on portrayals of homosexuality and transgender people that young people might see.BUDAPEST — Hungary’s Parliament voted on Tuesday to adopt legislation that would increase sentences for sex crimes against children, but critics say the law is being used to target the country’s L.G.B.T. community ahead of crunch elections for Prime Minister Viktor Orban next year.Last-minute changes to the bill, which was prompted by public outrage after a series of sex scandals involving governing party and government officials, included restrictions against showing or “popularizing” homosexuality and content that promotes a gender that diverges from the one assigned at birth.Mr. Orban’s critics say the changes were made to target the country’s L.G.B.T. community in an effort to rally support from his conservative base and shift the focus away from the failures of his administration ahead of elections in 2022.The new rules, unexpectedly added to the bill by government-aligned lawmakers last week, require the labeling of all content that might fall into that category of “not recommended for those under 18 years of age.” Such content would be restricted for media like television to the hours between 10 p.m. and 5 a.m. The restrictions extend to advertisements and even sexual education, which the law would restrict to teachers and organizations approved by the government. The bill would also create a public database of sex offenders.Mr. Orban has increasingly presented himself as a protector of traditional Christian values, although that image has been undermined somewhat by the sex scandals involving officials and allies of his Fidesz party over the past few years.Last year, a Hungarian diplomat in Peru was convicted of possession of child pornography and handed an $1,800 fine and a suspended prison sentence after being brought home and charged in Hungary. That case, which sparked the public pressure on the legislature to enact stricter sentencing for pedophilia crimes, was just one in a series of scandals that has undermined public faith in Mr. Orban’s government.Prime Minister Viktor Orban of Hungary, center, at a Parliament session in Budapest last year.Tibor Illyes/Agence France-Presse — Getty ImagesBefore Hungary’s 2019 municipal elections, a series of video clips released online by an anonymous source showed a prominent Fidesz mayor participating in an orgy on a yacht.The following year a Fidesz lawmaker in Brussels was detained after trying to escape out of a window and down a drainpipe when the police raided a party being held in violation of Covid restrictions that Belgian news media described as an all-male orgy.The last-minute additions to the legislation were criticized by human rights groups, including Foundation for Rainbow Families, which promotes legal equality for all Hungarian families with children.“Fidesz does this to take the public conversation away from major happenings in the country,” said Krisztian Rozsa, a psychologist and board member with the foundation, citing corruption and the government’s responses to the pedophilia scandal and the coronavirus pandemic.Content providers such as RTL Klub, Hungary’s largest commercial television station, and the Hungarian Advertising Association have come out against the new law, saying the rules restrict them from depicting the diversity of society.“Children don’t need protection from exposure to diversity,” said Lydia Gall, a senior researcher with Human Rights Watch. “On the contrary, L.G.B.T. children and families need protection from discrimination and violence.”Linking the L.G.B.T. community to pedophilia is a tactic that may score Mr. Orban and his party points with conservative rural voters, many of whom, spurred on by a steady stream of government propaganda, see the government as a bulwark against the cosmopolitan liberalism symbolized by opposition political figures in the capital.Last year, the Fidesz-controlled Parliament enacted legislation that effectively bars gay couples from adopting children in Hungary through a narrow definition of the family as having to include a man as the father and a woman as the mother.Shaken by a bungled response to the coronavirus pandemic, a foreign policy pivot toward China and Russia that has angered his partners within the European Union, and increasing international isolation, Mr. Orban is facing a tough election campaign against a six-party opposition alliance.Balint Ruff, a political strategist, said the move to target the L.G.B.T. community was a “cynical and evil trap.” He added: “It’s a method used in authoritarian regimes to turn their citizens against each other for their own political gain.”It is not uncommon for someone who has spent their whole life in rural Hungary to have never met an openly gay person, Mr. Ruff said, adding that by inundating rural voters with conspiracies about gay propaganda taking over the world, Mr. Orban has found an effective tool for mobilizing voters.“The theme of the campaign will be liberal homosexual Budapest versus the normal people,” he said.By not supporting the new law, the opposition would be branded supporters of pedophilia for the duration of the campaign, Mr. Ruff said. But supporting the bill would betray more liberal voters who find linking pedophilia and the L.G.B.T. community deplorable.For those whose families are directly impacted by such laws, the effects hit closer to home.Mr. Rozsa, from the Foundation for Rainbow Families, said he was worried that bullying and exclusion among Hungarian teenagers would increase against those not seen as heterosexual — and also feared the implications of the governing party’s move for the children of same-sex couples who attend public schools.“Our kids are also going to be targeted,” Mr. Rozsa said. “Our kids have same-sex parents.” More