Justice Department

Subterms

    More stories

    • 100 Shares189 Views

      in Elections

      ¿Cuáles son las seis investigaciones que enfrenta Trump?

      by

      Sin el poder de la presidencia, el exmandatario enfrenta a una multitud de fiscales y abogados que lo investigan a él y a sus asociados.WASHINGTON — La oficina que el expresidente Donald Trump instaló en el segundo piso de su propiedad de Mar-a-Lago, en Florida, en parte es una réplica del Despacho Oval y también es un homenaje a su paso por la verdadera Casa Blanca.Durante una visita el año pasado, sobre la pared se veían seis de sus fotografías favoritas, incluidas aquellas donde aparece con la reina Isabel II y Kim Jong-un. También se podían ver algunas monedas de membresía, una placa conmemorativa de su muro fronterizo y un retrato del expresidente hecho con casquillos de bala, regalo de Jair Bolsonaro, a quien llaman el Trump de Brasil.Esa oficina se ha convertido en la fortaleza de Trump en el exilio y en su sala de guerra, el cuartel general del extenso conflicto con las investigaciones que ha llegado a consumir la etapa posterior a su presidencia. Se trata de una guerra en varios frentes, con campos de batalla en Nueva York, Georgia y la capital del país, con una lista cambiante de abogados y una ventisca de acusaciones de irregularidades que son difíciles de seguir.Nunca antes un expresidente se había enfrentado a un conjunto de investigaciones federales, estatales y del Congreso tan amplio como el de Trump, quizá son las consecuencias de una carrera empresarial y, al final, política que ha vivido al límite o tal vez por encima de cualquier límite. Ya sea en relación con sus prácticas empresariales engañosas, sus esfuerzos por anular unas elecciones democráticas o su negativa a entregar documentos gubernamentales confidenciales que no le pertenecían, los diversos problemas jurídicos de Trump se derivan de la misma sensación de que las normas que los demás deben cumplir no aplican para él.El relato de cómo llegó a este punto es único en la historia y bastante predecible. Desde hace medio siglo, Trump ha evadido investigaciones y problemas legales, desde que el Departamento de Justicia demandó a su empresa familiar por discriminación racial y a través de las innumerables investigaciones que le siguieron a lo largo de los años. Cuenta con un notable historial de esquivar los peores resultados, pero es posible que ahora esté enfrentando tantas investigaciones que la salida sea incierta.Su visión del sistema legal siempre ha sido transaccional: es un arma para ser utilizada, ya sea por él o en su contra, y rara vez se ha sentido intimidado por las citaciones y declaraciones juradas que conmocionarían a cualquier persona menos acostumbrada a los litigios. En el aspecto civil, ha estado involucrado en miles de juicios con socios comerciales, proveedores y otros, muchos de los cuales lo demandaron porque se negó a pagar sus cuentas.Mientras era presidente, una vez explicó su visión del sistema legal a algunos colaboradores, diciendo que acudiría a los tribunales para intimidar a los adversarios porque solo amenazar con demandar no era suficiente.“Cuando amenazas con demandar, no hacen nada”, le dijo Trump a sus asistentes. “Dicen: ‘¡Psshh!’. Y siguen haciendo lo que quieren”, afirmó mientras agitaba su mano en el aire. “Pero, cuando los demandas, dicen: ‘¡Oooh!’, y se conforman. Es tan fácil como eso”, dijo con una mueca.Cuando, siendo presidente, comenzó a perder batallas jurídicas con regularidad arremetió contra el sistema de justicia. En un momento dado, cuando el Tribunal de Apelaciones del 9º Circuito, un tribunal liberal por tradición con sede en California, falló en contra de una de sus políticas, exigió a sus asesores que se deshicieran del tribunal. “Cancelémoslo”, dijo, como si se tratara de un acto de campaña y no de un sistema judicial establecido por ley. Si para ello es necesario redactar una legislación, que se haga un proyecto de ley para “deshacernos” de los jueces, dijo, utilizando un improperio.Pero sus asistentes lo ignoraron y ahora que no tiene el poder de la presidencia debe enfrentarse a una serie de fiscales y abogados que lo tienen a él, y a sus socios, en la mira. Algunas de las cuestiones son añejas, pero muchas de las semillas de su actual peligro jurídico se plantaron en los frenéticos últimos días que pasó en el cargo, cuando trató de anular la voluntad de los electores y aferrarse al poder mediante una serie de mentiras sobre un fraude electoral inexistente.Es bastante comprensible que muchos estadounidenses hayan perdido el hilo de todas las investigaciones en medio del torbellino de mociones, audiencias y sentencias de las últimas semanas. Pero, en esencia, son estas.Estado de Nueva YorkMucho antes de llegar a la presidencia, se puede decir que Trump, en muchos sentidos, se tomaba a la ligera sus negocios. La pregunta es si violó la ley de alguna manera. Durante años, según sus propios socios, infló el valor de varias propiedades para obtener préstamos.Durante más de tres años, Letitia James, la fiscala general del estado de Nueva York, ha analizado sus prácticas comerciales para determinar si constituyeron fraude. Cuando citó a Trump para que testificara, él invocó más de 400 veces el derecho que otorga la Quinta Enmienda para no responder preguntas con base en que sus respuestas podrían incriminarlo.Trump ha atacado a James con el argumento de que es una demócrata partidista que lo persigue por motivos políticos. Durante su candidatura de 2018, ella criticó a Trump sin rodeos, dijo que era un “presidente ilegítimo” y sugirió que los gobiernos extranjeros canalizaron dinero a las propiedades inmobiliarias de su familia, lo que caracterizó como un “patrón y práctica de lavado de dinero”.Hace poco, los abogados de Trump trataron de llegar a un acuerdo en el caso, lo que podría indicar la preocupación que sienten por su riesgo jurídico, pero James rechazó su oferta. Debido a que su investigación es civil, y no penal, ella tendría que decidir si sus hallazgos justifican una demanda en la que se acuse de fraude al expresidente.ManhattanLa fiscalía de distrito de Manhattan, ahora a cargo de Alvin L. Bragg, se ha ocupado de algunos de esos asuntos como parte de una investigación penal y está a punto de llevar a juicio a partir del 24 de octubre a la Organización Trump, la empresa familiar del expresidente, por cargos de fraude y evasión fiscal.Allen H. Weisselberg, el director de finanzas de toda la vida de la Organización Trump, se declaró culpable de 15 delitos graves y admitió que se asoció ilegalmente con la empresa para implementar un plan con la finalidad de evadir impuestos sobre lujosas prebendas. Como parte de su acuerdo de culpabilidad, Weisselberg está obligado a testificar en el próximo juicio. Pero Trump no es acusado en ese juicio y Weisselberg se negó a cooperar con la investigación más extensa.Allen Weisselberg, quien durante mucho tiempo fue el director financiero de la Organización Trump, se declaró culpable de 15 delitos graves relacionados con su trabajo en la empresa.Jefferson Siegel para The New York TimesPero después de que Bragg asumió el cargo en enero, le dijo al equipo que trabajaba en la investigación que estaba escéptico ante la posibilidad de que tuvieran pruebas suficientes para condenar al propio Trump. Eso hizo que los dos fiscales que dirigían la investigación renunciaran, y uno dijo en su carta de renuncia que el expresidente era “culpable de numerosos delitos graves” y que era “una grave falta de justicia” no hacerlo responsable.GeorgiaEl 2 de enero de 2021, Trump se puso en un posible riesgo jurídico en el estado de Georgia cuando llamó a Brad Raffensperger, el secretario de Estado, y le exigió “encontrar 11.780 votos”, los suficientes para cambiar el resultado y arrebatarle el estado a Joe Biden. Durante la llamada, Trump le advirtió a Raffensperger, quien es republicano, que enfrentaba un “gran riesgo” si no lograba encontrar esos votos, una amenaza implícita que el georgiano desafió.Los aliados de Trump también intentaron presionar a los funcionarios estatales para que cambiaran los resultados y, como hicieron en otros estados clave que ganó su opositor, trataron de armar una lista de electores falsos para enviarlos a Washington para que votaran en el Colegio Electoral a favor del presidente derrotado en lugar de Biden, que ganó el voto popular en Georgia.Fani T. Willis, la fiscala de distrito del condado de Fulton, inició una amplia investigación y presionó para obtener la declaración del senador republicano de Carolina del Sur Lindsey Graham e informó a Rudy Giuliani, el abogado del expresidente, que también es parte de su investigación.Willis parece estar construyendo un posible caso de asociación delictiva para cometer fraude electoral o chantaje mediante un esfuerzo coordinado para socavar las elecciones. Además de Giuliani, se ha informado a múltiples aliados del expresidente que también se les investiga, incluido el presidente del partido estatal y los miembros de la lista de electores falsos.Trump ha subestimado a Willis, una demócrata que fue elegida en la misma votación de 2020 en la que él perdió, diciendo que su investigación es, en palabras de un portavoz el año pasado, “simplemente el último intento de los demócratas para sumar puntos políticos al continuar con su cacería de brujas contra el presidente Trump”.CongresoLa Comisión de la Cámara de Representantes que investiga el ataque al Capitolio del 6 de enero de 2021, compuesta por siete demócratas y dos republicanos, ha hecho más por exponer un posible caso penal contra Trump en el espacio público que cualquiera de las personas que investigan al expresidente.En su serie de audiencias celebradas a lo largo del verano, que podrían reanudarse el 28 de septiembre, los asesores de Trump rindieron testimonio e indicaron que se le informó en varias ocasiones que las elecciones de 2020 no habían sido robadas, que lo que estaba diciendo a la opinión pública no era cierto, que no había fundamentos para impugnar el resultado e incluso que la multitud que convocó el 6 de enero incluía a algunas personas armadas.La comisión documentó los amplios esfuerzos de Trump para aferrarse al poder: cómo presionó no solo a Raffensperger, sino a funcionarios en varios estados para que cambiaran los resultados, cómo contempló declarar la ley marcial y apoderarse de máquinas electorales, cómo trató de obligar al Departamento de Justicia para que interviniera aun cuando se le dijo que no había motivos, cómo conspiró con aliados del Congreso para llevar electores falsos a la votación del Colegio Electoral y en última instancia cómo trató de obligar a su propio vicepresidente a bloquear la victoria de Biden.La comisión no tiene facultades para iniciar un proceso judicial, pero acudió a los tribunales para hacer cumplir citatorios para testificar e hizo que el Departamento de Justicia emitiera cargos por desacato al Congreso en contra de Steve Bannon y Peter Navarro, dos exaliados de Trump. Bannon fue condenado y espera su sentencia; Navarro solicitó al tribunal que desestimara su caso.Sin embargo, aunque los legisladores no pueden acusar a Trump, están debatiendo si deben recomendar al Departamento de Justicia que lo haga. Eso tiene poco significado sustantivo, pero incrementaría la importancia del fiscal general Merrick Garland.Fani T. Willis, la fiscala de distrito del condado de Fulton, ha hecho una amplia investigación.Nicole Craine para The New York TimesStephen Bannon, exasesor de Trump, fue declarado culpable de desacato al Congreso.Jefferson Siegel para The New York TimesEl 6 de eneroEn muchos sentidos, Garland sigue siendo el mayor misterio a medida que Trump busca obstaculizar a los investigadores. Garland, un exfiscal y juez de apelación ecuánime y bastante respetado, no ha dicho mucho para dar pistas, pero es evidente que su departamento está siguiendo múltiples líneas en su investigación sobre lo que ocurrió antes del 6 de enero y ese día.El departamento ha entrevistado o llevado ante un gran jurado a exasistentes de la Casa Blanca, como Pat A. Cipollone y Marc Short; también incautó los teléfonos o dispositivos electrónicos de aliados de Trump como John Eastman, Jeffrey Clark y Mike Lindell y hasta de un miembro del Congreso y en fechas recientes envió cerca de 40 citatorios a exasesores de la Casa Blanca, entre los cuales se encuentran Stephen Miller y Dan Scavino, además de otros personajes cercanos al expresidente.Tras pasar buena parte de los últimos 18 meses procesando a cientos de seguidores de Trump que ingresaron por la fuerza al Capitolio, parece que el equipo de Garland está analizando varios ángulos, incluido el plan de los electores falsos, la operación de recaudación de fondos de Trump mientras promovía afirmaciones falsas sobre el fraude electoral y la intervención del presidente mismo para tratar de anular las elecciones.Lo que no está claro es si Garland ya tiene una teoría del caso. Si bien las citaciones indicaban que los investigadores estaban analizando, entre otras cosas, los intentos de “obstruir, influir, impedir o retrasar” la certificación de las elecciones presidenciales, el departamento aún tiene que acusar a las personas cercanas a Trump y, por lo tanto, no ha presentado ninguna conclusión legal sobre las acciones tomadas por su oficina.Una persona que aún no sabe si será citada es el mismo Trump, pero sigue siendo una posibilidad. Con el fin de prepararse para el día en que los investigadores se presenten en su puerta, Trump ha estado buscando abogados que lo representen, ya que muchos de sus abogados anteriores ya no quieren involucrarse con él o tienen que enfrentar sus propios problemas legales.Los documentos clasificadosComo si Trump ya no estuviese expuesto a suficientes problemas jurídicos por los sucesos acaecidos durante sus últimos días en el cargo, al irse de la Casa Blanca tomó decisiones que también le han causado problemas.La última amenaza para el expresidente se deriva de su insistencia en llevarse a casa miles de documentos propiedad del gobierno, incluidos cientos que están marcados con varias designaciones de clasificado, además no los devolvió todos cuando se lo pidieron.El equipo de Garland ha indicado en documentos judiciales que no solo está analizando los cargos penales relacionados con el mal manejo de documentos clasificados, sino, además, la obstrucción de la justicia. Un abogado de Trump firmó un documento que afirmaba que su cliente había devuelto todos los documentos clasificados en su poder, lo cual se comprobó que era falso cuando los agentes del FBI allanaron Mar-a-Lago y encontraron cajas de esos documentos. Los investigadores indicaron que los archivos tal vez fueron escondidos y los cambiaron de ubicación en vez de entregarlos.En el caso de los documentos, la estrategia jurídica de Trump se parece al método que ha empleado a lo largo de los años: encontrar maneras de retrasar y despistar a sus adversarios. Al convencer a una jueza federal, a la que confirmó en el puesto durante los últimos días de su presidencia, para que impidiera que los investigadores usaran los documentos recuperados mientras los analiza un inspector especial, les ató las manos a los fiscales por el momento.Pero eso puede no durar para siempre. La semana pasada dijo que “no me puedo imaginar ser acusado”, pero admitió que “siempre es una posibilidad” porque los fiscales están “simplemente enfermos y trastornados”. Y afirmó que desclasificó los papeles que tomó, aunque no hay registro de eso.Pero su estrategia real es clara: esta es una batalla tanto política como legal, y advirtió sombríamente que habría “grandes problemas” si lo acusaban porque sus partidarios, “simplemente no lo soportarían”.Cuando el locutor de radio Hugh Hewitt le dijo que sus críticos interpretarían eso como incitar a la violencia, Trump dijo: “Eso no es incitar. Solo digo mi opinión. No creo que la gente de este país lo toleraría”.Peter Baker es el corresponsal jefe de la Casa Blanca y ha cubierto a los últimos cinco presidentes para el Times y The Washington Post. Es autor de siete libros, el más reciente The Divider: Trump in the White House, 2017-2021, coescrito con Susan Glasser, que se publicará en septiembre. @peterbakernyt • Facebook More

    • 88 Shares179 Views

      in Elections

      Where 6 Investigations Into Donald Trump Stand

      by

      The former president finds himself without the power of the presidency, staring at a host of prosecutors and lawyers who have him and his associates in their sights.WASHINGTON — Former President Donald J. Trump has set up his office on the second floor of his Mar-a-Lago estate in Florida as part replica of the Oval Office and part homage to his time in the real White House.On the wall during a visit last year were six favorite photographs, including ones with Queen Elizabeth II and Kim Jong-un. On display were challenge coins, a plaque commemorating his border wall and a portrait of the former president fashioned out of bullet casings, a present from Jair Bolsonaro, the so-called Trump of Brazil.This has become Mr. Trump’s fortress in exile and his war room, the headquarters for the wide-ranging and rapidly escalating conflict with investigators that has come to consume his post-presidency. It is a multifront war, with battlefields in New York, Georgia and the nation’s capital, featuring a shifting roster of lawyers and a blizzard of allegations of wrongdoing that are hard to keep straight.Never before has a former president faced an array of federal, state and congressional investigations as extensive as Mr. Trump has, the cumulative consequences of a career in business and eventually politics lived on the edge, or perhaps over the edge. Whether it be his misleading business practices or his efforts to overturn a democratic election or his refusal to hand over sensitive government documents that did not belong to him, Mr. Trump’s disparate legal troubles stem from the same sense that rules constraining others did not apply to him.The story of how he got to this point is both historically unique and eminently predictable. Mr. Trump has been fending off investigators and legal troubles for a half century, since the Justice Department sued his family business for racial discrimination and through the myriad inquiries that would follow over the years. He has a remarkable track record of sidestepping the worst outcomes, but even he may now find so many inquiries pointing in his direction that escape is uncertain.His view of the legal system has always been transactional; it is a weapon to be used, either by him or against him, and he has rarely been intimidated by the kinds of subpoenas and affidavits that would chill a less litigious character. On the civil side, he has been involved in thousands of lawsuits with business partners, vendors and others, many of them suing him because he refused to pay his bills.While president, he once explained his view of the legal system to some aides, saying that he would go to court to intimidate adversaries because just threatening to sue was not enough.“When you threaten to sue, they don’t do anything,” Mr. Trump told aides. “They say, ‘Psshh!’” — he waved his hand in the air — “and keep doing what they want. But when you sue them, they go, ‘Oooh!’” — here he made a cringing face — “and they settle. It’s as easy as that.”When he began losing legal battles as president with regularity, he lashed out. At one point when the Ninth Circuit Court of Appeals, a traditionally liberal bench based in California, ruled against one of his policies, he demanded that aides get rid of the court altogether. “Let’s just cancel it,” he said, as if it were a campaign event, not a court system established under law. If it required legislation, then draft a bill to “get rid” of the judges, he said, using an expletive.But his aides ignored him and now he finds himself without the power of the presidency, staring at a host of prosecutors and lawyers who have him and his associates in their sights. Some of the issues at hand go back years, but many of the seeds for his current legal jeopardy were planted in those frenetic final days in office when he sought to overturn the will of the voters and hold onto power through a series of lies about election fraud that did not exist.What to Know About the Trump InvestigationsCard 1 of 6Numerous inquiries. More

    • 113 Shares119 Views

      in Elections

      Trump’s Lawyers Could Face Legal Troubles of Their Own

      by

      Several of the former president’s lawyers are under scrutiny by federal investigators amid squabbling over competence.To understand the pressures, feuds and questions about competence within former President Donald J. Trump’s legal team as he faces potential prosecution on multiple fronts, consider the experience of Eric Herschmann, a former Trump White House lawyer who has been summoned to testify to a federal grand jury.For weeks this summer, Mr. Herschmann tried to get specific guidance from Mr. Trump’s current lawyers on how to handle questions from prosecutors that raise issues of executive privilege or attorney-client privilege.After ignoring Mr. Herschmann or giving him what he seemed to consider perplexing answers to the requests for weeks, two of the former president’s lawyers, M. Evan Corcoran and John Rowley, offered him only broad instructions in late August. Assert sweeping claims of executive privilege, they advised him, after Mr. Corcoran had suggested that an unspecified “chief judge” would ultimately validate their belief that a president’s powers extend far beyond their time in office.Mr. Herschmann, who served on Mr. Trump’s first impeachment defense team but later opposed efforts to reverse the results of the 2020 election, was hardly reassured and sounded confused by the reference to a chief judge.“I will not rely on your say-so that privileges apply here and be put in the middle of a privilege fight between D.O.J. and President Trump,” Mr. Herschmann, a former prosecutor, responded in an email, referring to the Justice Department. The exchange was part of a string of correspondence in which, after having his questions ignored or having the lawyers try to speak directly with him on the phone instead, Mr. Herschmann questioned the competence of the lawyers involved.The emails were obtained by The New York Times from a person who was not on the thread of correspondence. Mr. Herschmann declined to comment.Mr. Herschmann’s opinion was hardly the only expression of skepticism from current and former allies of Mr. Trump who are now worried about a turnstile roster of lawyers representing a client who often defies advice and inserts political rants into legal filings.Mr. Trump’s legal team just won one round in its battle with the Justice Department over the seizure of documents from his residence and private club in Florida, Mar-a-Lago, and it is not clear whether he will face prosecution from the multiple federal and state investigations swirling around him even as he weighs another run for the presidency.Mr. Trump has also just brought on a well-regarded lawyer, Christopher M. Kise, the former solicitor general of Florida, to help lead his legal team, after being rejected by a handful of others he had sought out, including former U.S. attorneys with experience in the jurisdictions where the investigations are unfolding.Mr. Kise agreed to work for the former president for a $3 million fee, an unusually high retainer for Mr. Trump to agree to, according to two people familiar with the figure. Mr. Kise did not respond to an email seeking comment.But Mr. Trump’s legal team has been distinguished in recent months mostly by infighting and the legal problems that some of its members appear to have gotten themselves into in the course of defending him.In a statement, a spokesman for Mr. Trump, Taylor Budowich, said that “the unprecedented and unnecessary weaponization of law enforcement against the Democrats’ most powerful political opponent is a truth that cannot be overshadowed and will continue to be underscored by the vital work being done right now by President Trump and his legal team.”Two members of the Trump legal team working on the documents case, Mr. Corcoran and Christina Bobb, have subjected themselves to scrutiny by federal law enforcement officials over assurances they provided to prosecutors and federal agents in June that the former president had returned all sensitive government documents kept in his residence and subpoenaed by a grand jury, according to people familiar with the situation.That assertion was proved to be untrue after the search of Mar-a-Lago in August turned up more than 100 additional documents with classification markings..css-1v2n82w{max-width:600px;width:calc(100% – 40px);margin-top:20px;margin-bottom:25px;height:auto;margin-left:auto;margin-right:auto;font-family:nyt-franklin;color:var(–color-content-secondary,#363636);}@media only screen and (max-width:480px){.css-1v2n82w{margin-left:20px;margin-right:20px;}}@media only screen and (min-width:1024px){.css-1v2n82w{width:600px;}}.css-161d8zr{width:40px;margin-bottom:18px;text-align:left;margin-left:0;color:var(–color-content-primary,#121212);border:1px solid var(–color-content-primary,#121212);}@media only screen and (max-width:480px){.css-161d8zr{width:30px;margin-bottom:15px;}}.css-tjtq43{line-height:25px;}@media only screen and (max-width:480px){.css-tjtq43{line-height:24px;}}.css-x1k33h{font-family:nyt-cheltenham;font-size:19px;font-weight:700;line-height:25px;}.css-ok2gjs{font-size:17px;font-weight:300;line-height:25px;}.css-ok2gjs a{font-weight:500;color:var(–color-content-secondary,#363636);}.css-1c013uz{margin-top:18px;margin-bottom:22px;}@media only screen and (max-width:480px){.css-1c013uz{font-size:14px;margin-top:15px;margin-bottom:20px;}}.css-1c013uz a{color:var(–color-signal-editorial,#326891);-webkit-text-decoration:underline;text-decoration:underline;font-weight:500;font-size:16px;}@media only screen and (max-width:480px){.css-1c013uz a{font-size:13px;}}.css-1c013uz a:hover{-webkit-text-decoration:none;text-decoration:none;}What we consider before using anonymous sources. Do the sources know the information? What’s their motivation for telling us? Have they proved reliable in the past? Can we corroborate the information? Even with these questions satisfied, The Times uses anonymous sources as a last resort. The reporter and at least one editor know the identity of the source.Learn more about our process.Investigators are seeking information from Ms. Bobb about why she signed a statement attesting to full compliance with the subpoena, and they have signaled they have not ruled out pursuing a criminal inquiry into the actions of either Ms. Bobb or Mr. Corcoran, according to two people briefed on the matter.The attestation was drafted by Mr. Corcoran, but Ms. Bobb added language to it to make it less ironclad a declaration before signing it, according to the people. She has retained the longtime criminal defense lawyer John Lauro, who declined to comment on the investigation.It is unclear whether the authorities have questioned Ms. Bobb yet or whether she has had discussions with Mr. Trump’s other lawyers about the degree to which she would remain bound by attorney-client privilege.Mr. Corcoran and Mr. Rowley did not respond to emails seeking comment.Mr. Corcoran, a former federal prosecutor and insurance lawyer, represented the former Trump aide Stephen K. Bannon in his recent trial for refusing to comply with a subpoena issued by the House committee investigating the Jan. 6 attack on the Capitol. In that case, Mr. Bannon claimed he believed he had immunity from testimony because of executive privilege; Mr. Trump later said he would not seek to invoke executive privilege for Mr. Bannon.Mr. Corcoran, the son of a former Republican congressman from Illinois, has told associates that he is the former president’s “main” lawyer and has insisted to colleagues that he does not need to retain his own counsel, as Ms. Bobb has.But several Trump associates have said privately that they believe Mr. Corcoran cannot continue in his role on the documents investigation. That view is shared by some of Mr. Trump’s advisers, who have suggested Mr. Corcoran needs to step away, in part because of his own potential legal exposure and in part because he has had little experience with criminal defense work beyond his stint as a federal prosecutor for the U.S. attorney in Washington more than two decades ago.Mr. Trump has at least 10 lawyers working on the main investigations he faces. Mr. Corcoran, Ms. Bobb and Mr. Kise are focused on the documents case, along with James M. Trusty, a former senior Justice Department official. Three lawyers on the team — Mr. Corcoran, Mr. Rowley and Timothy Parlatore — represent other clients who are witnesses in cases related to Mr. Trump’s efforts to stay in power.To the extent anyone is regarded as a quarterback of the documents and Jan. 6-related legal teams, it is Boris Epshteyn, a former campaign adviser and a graduate of the Georgetown University law school. Some aides tried to block his calls to Mr. Trump in 2020, according to former White House officials, but Mr. Epshteyn now works as an in-house counsel to Mr. Trump and speaks with him several times a day.Mr. Epshteyn played a key role coordinating efforts by a group of lawyers for and political allies of Mr. Trump immediately after the 2020 election to prevent Joseph R. Biden Jr. from becoming president. Because of that role, he has been asked to testify in the state investigation in Georgia into the efforts to reverse Mr. Biden’s victory there.Mr. Epshteyn’s phone was seized by the F.B.I. last week as part of the broad federal criminal inquiry into the attempts to overturn the election results and the Jan. 6 assault on the Capitol. That prompted alarm among some of Mr. Trump’s allies and advisers about him remaining in a position of authority on the legal team.It is not clear how much strategic direction and leadership Mr. Kise may provide. But he is joining a team defined by warring camps and disputes over legal issues.In his emails to Mr. Corcoran and Mr. Rowley, Mr. Herschmann — a prominent witness for the House select committee on Jan. 6 and what led to it — invoked Mr. Corcoran’s defense of Mr. Bannon and argued pointedly that case law about executive privilege did not reflect what Mr. Corcoran believed it did.Mr. Herschmann made clear in the emails that absent a court order precluding a witness from answering questions on the basis of executive privilege, which he had repeatedly implored them to seek, he would be forced to testify.“I certainly am not relying on any legal analysis from either of you or Boris who — to be clear — I think is an idiot,” Mr. Herschmann wrote in a different email. “When I questioned Boris’s legal experience to work on challenging a presidential election since he appeared to have none — challenges that resulted in multiple court failures — he boasted that he was ‘just having fun,’ while also taking selfies and posting pictures online of his escapades.”Mr. Corcoran at one point sought to get on the phone with Mr. Herschmann to discuss his testimony, instead of simply sending the written directions, which alarmed Mr. Herschmann, given that Mr. Herschmann was a witness, the emails show.In language that mirrored the federal statute against witness tampering, Mr. Herschmann told Mr. Corcoran that Mr. Epshteyn, himself under subpoena in Georgia, “should not in any way be involved in trying to influence, delay or prevent my testimony.”“He is not in a position or qualified to opine on any of these issues,” Mr. Herschmann said.Mr. Epshteyn declined to respond to a request for comment.Nearly four weeks after Mr. Herschmann first asked for an instruction letter and for Mr. Trump’s lawyers to seek a court order invoking a privilege claim, the emails show that he received notification from the lawyers — in the early morning hours of the day he was scheduled to testify — that they had finally done as he asked.His testimony was postponed.Michael S. Schmidt More

    • 125 Shares99 Views

      in Elections

      Durham Inquiry Appears to Wind Down as Grand Jury Expires

      by

      The special counsel appointed by the Trump administration to examine the Russia investigation seems to be wrapping up its work with no further charges in store.WASHINGTON — When John H. Durham was assigned by the Justice Department in 2019 to examine the origins of the investigation into the 2016 Trump campaign’s ties to Russia, President Donald J. Trump and his supporters expressed a belief that the inquiry would prove that a “deep state” conspiracy including top Obama-era officials had worked to sabotage him.Now Mr. Durham appears to be winding down his three-year inquiry without anything close to the results Mr. Trump was seeking. The grand jury that Mr. Durham has recently used to hear evidence has expired, and while he could convene another, there are currently no plans to do so, three people familiar with the matter said.Mr. Durham and his team are working to complete a final report by the end of the year, they said, and one of the lead prosecutors on his team is leaving for a job with a prominent law firm.Over the course of his inquiry, Mr. Durham has developed cases against two people accused of lying to the F.B.I. in relation to outside efforts to investigate purported Trump-Russia ties, but he has not charged any conspiracy or put any high-level officials on trial. The recent developments suggest that the chances of any more indictments are remote.After Mr. Durham’s team completes its report, it will be up to Attorney General Merrick B. Garland to decide whether to make its findings public. The report will be Mr. Durham’s opportunity to present any evidence or conclusions that challenge the Justice Department’s basis for opening the investigation in 2016 into the links between Mr. Trump and Russia.The Justice Department declined to comment. Mr. Durham and his team used a grand jury in Washington to indict Michael Sussmann, a prominent cybersecurity lawyer with ties to Hillary Clinton’s campaign. Mr. Sussmann was indicted last year on a charge of making a false statement to the F.B.I. at a meeting in which he shared a tip about potential connections between computers associated with Mr. Trump and a Kremlin-linked Russian bank.Mr. Sussmann was acquitted of that charge at trial in May.A grand jury based in the Eastern District of Virginia last year indicted a Russia analyst who had worked with Christopher Steele, a former British spy who was the author of a dossier of rumors and unproven assertions about Mr. Trump. The dossier played no role in the F.B.I.’s decision to begin examining the ties between Russia and the Trump campaign. It was used in an application to obtain a warrant to surveil a Trump campaign associate.The analyst, Igor Danchenko, who is accused of lying to federal investigators, goes on trial next month in Alexandria, Va.In the third case, Mr. Durham’s team negotiated a plea deal with an F.B.I. lawyer whom an inspector general had accused of doctoring an email used in preparation for a wiretap renewal application. The plea deal resulted in no prison time.Mr. Trump and his allies have long hoped that Mr. Durham would prosecute former F.B.I. and intelligence officials responsible for the Russia investigation, known as Crossfire Hurricane. Mr. Trump has described the investigation as a witch hunt and accused the F.B.I. of spying on his presidential campaign.What to Know About the Trump InvestigationsCard 1 of 6Numerous inquiries. More

    • 163 Shares129 Views

      in Elections

      Justice Dept. Issues 40 Subpoenas in a Week, Expanding Its Jan. 6 Inquiry

      by

      It also seized the phones of two top Trump advisers, a sign of an escalating investigation two months before the midterm elections.WASHINGTON — Justice Department officials have seized the phones of two top advisers to former President Donald J. Trump and blanketed his aides with about 40 subpoenas in a substantial escalation of the investigation into his efforts to subvert the 2020 election, people familiar with the inquiry said on Monday.The seizure of the phones, coupled with a widening effort to obtain information from those around Mr. Trump after the 2020 election, represent some of the most aggressive steps the department has taken thus far in its criminal investigation into the actions that led to the Jan. 6, 2021, assault on the Capitol by a pro-Trump mob.The extent of the investigation has come into focus in recent days, even though it has often been overshadowed by the government’s legal clash with Mr. Trump and his lawyers over a separate inquiry into the handling of presidential records, including highly classified materials, the former president kept at his residence in Florida, Mar-a-Lago.Federal agents with court-authorized search warrants took phones last week from at least two people: Boris Epshteyn, an in-house counsel who helps coordinate Mr. Trump’s legal efforts, and Mike Roman, a campaign strategist who was the director of Election Day operations for the Trump campaign in 2020, people familiar with the investigation said.Mr. Epshteyn and Mr. Roman have been linked to a critical element of Mr. Trump’s bid to hold onto power: the effort to name slates of electors pledged to Mr. Trump from swing states won by Joseph R. Biden Jr. in 2020 as part of a plan to block or delay congressional certification of Mr. Biden’s Electoral College victory.Key Revelations From the Jan. 6 HearingsCard 1 of 9Making a case against Trump. More

    • 150 Shares119 Views

      in Elections

      Two Top Trump Political Aides Among Those Subpoenaed in Jan. 6 Case

      by

      Stephen Miller, a senior policy adviser, and Brian Jack, who served as White House political director, are among those who received requests for information this week from a federal grand jury.The Justice Department has subpoenaed two former top White House political advisers under President Donald J. Trump as part of a widening investigation related to Mr. Trump’s post-election fund-raising and plans for so-called fake electors, according to people briefed on the matter.Brian Jack, the final White House political director under Mr. Trump, and Stephen Miller, Mr. Trump’s top speechwriter and a senior policy adviser, were among more than a dozen people connected to the former president to receive subpoenas from a federal grand jury this week.The subpoenas seek information in connection with the Save America political action committee and the plan to submit slates of electors pledged to Mr. Trump from swing states that were won by Joseph R. Biden Jr. in the 2020 election. Mr. Trump and his allies promoted the idea that competing slates of electors would justify blocking or delaying certification of Mr. Biden’s Electoral College win during a joint session of Congress on Jan. 6, 2021.A lawyer for Mr. Miller declined to comment. Mr. Jack, who remains an adviser to Mr. Trump as well as to Representative Kevin McCarthy of California, the House Republican leader, and several other House Republicans, declined to comment.A subpoena does not indicate someone is under investigation, but the Justice Department may send one to people from whom it is seeking information.Key Revelations From the Jan. 6 HearingsCard 1 of 9Making a case against Trump. More

    • 113 Shares199 Views

      in Elections

      Trump’s Post-Election Fund-Raising Comes Under Scrutiny by Justice Dept.

      by

      A federal grand jury has issued subpoenas seeking information about Save America PAC, which was formed as Donald J. Trump promoted baseless assertions about election fraud.A federal grand jury in Washington is examining the formation of — and spending by — a fund-raising operation created by Donald J. Trump after his loss in the 2020 election as he was soliciting millions of dollars by baselessly asserting that the results had been marred by widespread voting fraud.According to subpoenas issued by the grand jury, the contents of which were described to The New York Times, the Justice Department is interested in the inner workings of Save America PAC, Mr. Trump’s main fund-raising vehicle after the election. Several similar subpoenas were sent on Wednesday to junior and midlevel aides who worked in the White House and for Mr. Trump’s presidential campaign.The fact that federal prosecutors are now seeking information about the fund-raising operation is a significant new turn in an already sprawling criminal investigation into the roles that Mr. Trump and some of his allies played in trying to overturn the election, an array of efforts that culminated with the mob attack on the Capitol on Jan. 6, 2021.The expanded Jan. 6 inquiry is playing out even as Mr. Trump is also under federal investigation on an entirely different front: his decision to hold onto hundreds of government documents marked as classified when he left office and his failure to comply with efforts by the National Archives and the Justice Department to compel their return.On Thursday, the Justice Department asked a federal judge to revisit her decision to temporarily stop prosecutors from gaining access to the classified documents for use in that investigation.The new subpoenas related to Mr. Trump’s fund-raising vehicle did not make clear what possible crime or crimes the Justice Department might be investigating. The House select committee investigating the attack on the Capitol and what led to it has also been examining Mr. Trump’s fund-raising operation, and has raised questions about whether it had duped donors through misleading appeals about election fraud.The Justice Department’s Jan. 6 inquiry related to Mr. Trump has so far largely centered on a plan to create slates of electors pledged to him in seven key swing states that Joseph R. Biden Jr. had won.The new subpoenas appeared to have been issued by a different grand jury than the one that has been gathering evidence about the so-called fake electors plan, although the two grand juries seemed to be focused on some overlapping subjects.The inquiry into Mr. Trump’s fund-raising appears to be at a relatively early stage.Save America was officially registered with the Federal Election Commission on Nov. 9, 2020 — two days after news organizations declared Mr. Biden’s victory over Mr. Trump.Since then, it has been a key hub of an operation controlled by Mr. Trump’s team that has been the dominant force in Republican low-dollar fund-raising.Key Revelations From the Jan. 6 HearingsCard 1 of 9Making a case against Trump. More

    • 113 Shares139 Views

      in Elections

      Ex-U.S. Attorney’s Book Addresses Pressure to Help Trump Causes

      by

      Geoffrey S. Berman, who headed the Manhattan office, says in a book the Justice Department pushed cases, against John Kerry and others, to help Mr. Trump.A book by a former top federal prosecutor offers new details about how the Justice Department under President Donald J. Trump sought to use the U.S. attorney’s office in Manhattan to support Mr. Trump politically and pursue his critics — even pushing the office to open a criminal investigation of former secretary of state John Kerry.The prosecutor, Geoffrey S. Berman, was the U.S. attorney for the Southern District of New York for two and a half years until June 2020, when Mr. Trump fired him after he refused a request to resign by Attorney General William P. Barr, who sought to replace him with an administration ally.A copy of Mr. Berman’s book, “Holding the Line,” was obtained by The New York Times before its scheduled publication Tuesday.The book paints a picture of Justice Department officials motivated by partisan concerns in pursuing investigations or blocking them; in weighing how forthright to be in court filings; and in shopping investigations to other prosecutors’ offices when the Southern District declined to act.The book contains accounts of how department officials tried to have allusions to Mr. Trump scrubbed from charging papers for Michael D. Cohen, his former personal lawyer, and how the attorney general later tried to have his conviction reversed. It tells of pressure to pursue Mr. Kerry, who had angered Mr. Trump by attempting to preserve the nuclear deal he had negotiated with Iran.And in September 2018, Mr. Berman writes, two months before the November midterms, a senior department official called Mr. Berman’s deputy, cited the Southern District’s recent prosecutions of two prominent Trump loyalists, and bluntly asserted that the office, which had been investigating Gregory B. Craig, a powerful Democratic lawyer, should charge him — and should do so before Election Day.“It’s time for you guys to even things out,” the official said, according to Mr. Berman.The book comes as Mr. Trump and his supporters have accused the Biden administration and Attorney General Merrick Garland of using the Justice Department as a weapon after a judge authorized FBI agents to search his Florida house for missing classified records. Mr. Trump, who is a likely presidential candidate in 2024, has suggested without evidence that President Biden is playing a role in that investigation.However, Mr. Berman’s book says that during Mr. Trump’s presidency, department officials made “overtly political” demands, choosing targets that would directly further Mr. Trump’s desires for revenge and advantage. Mr. Berman wrote that the pressure was clearly inspired by the president’s openly professed wants.In the book, Mr. Berman, who as U.S. attorney did not give news interviews, offers new details about the high-profile prosecutions of defendants like Mr. Cohen; Chris Collins, a Republican congressman from New York; Michael Avenatti, the celebrity attorney and Trump antagonist; and Jeffrey Epstein, the disgraced financier.He says there were cases his office pursued without pressure from Washington, but in others, he makes clear his greatest challenges did not always have to do with the law.“Throughout my tenure as U.S. attorney,” Mr. Berman, 62, writes, “Trump’s Justice Department kept demanding that I use my office to aid them politically, and I kept declining — in ways just tactful enough to keep me from being fired.”“I walked this tightrope for two and a half years,” writes Mr. Berman, who is now in private practice. “Eventually, the rope snapped.”Geoffrey S. Berman, fired as U.S. attorney, said he was naïve about President Trump’s fierce desire to pursue his critics. Johannes Eisele/Agence France-Presse — Getty ImagesMr. Berman, who in the book describes himself as a Rockefeller Republican, had been a federal prosecutor in the Manhattan office from 1990 to 1994, and went on to become a co-managing partner of the New Jersey office of the law firm Greenberg Traurig.What to Know About the Trump InvestigationsCard 1 of 6What to Know About the Trump InvestigationsNumerous inquiries. More