More stories

  • in

    México restringe a su instituto electoral

    Los cambios suceden en la antesala de los comicios presidenciales de 2024 y son parte de un patrón de desafíos a las instituciones democráticas en el hemisferio occidental.Los legisladores mexicanos modificaron el miércoles el sistema electoral del país, dando un golpe a la institución que supervisa las votaciones y que hace dos décadas ayudó a sacar al país de un régimen unipartidista.Los cambios, que reducirán el personal del organismo electoral, disminuirán su autonomía y limitarán su capacidad de descalificar a los candidatos que quebranten leyes electorales,son los más significativos de una serie de medidas adoptadas por el presidente de México que socavan las frágiles instituciones independientes, y forman parte de un patrón de desafíos a las normas democráticas en todo el hemisferio occidental.El presidente Andrés Manuel López Obrador, cuyo partido controla el Congreso junto con sus aliados, argumenta que las medidas ahorrarán millones de dólares y harán que las votaciones sean más eficientes. Las nuevas reglas también buscan facilitar que los mexicanos que viven en el extranjero emitan su voto en línea.Pero los críticos —entre ellos algunas personas que han trabajado con el presidente— dicen que los cambios son un intento de debilitar un pilar clave de la democracia de México. El líder del partido del presidente en el Senado ha calificado de inconstitucional la medida.Ahora se avecina otra prueba: se espera que en los próximos meses la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se ha convertido en el blanco frecuente de la ira del presidente, evalúe una impugnación a las medidas.Si los cambios se mantienen, las autoridades electorales mexicanas afirman que podría dificultarse la realización de elecciones libres y justas, incluida la contienda presidencial clave del próximo año.“Lo que está en juego es si vamos a tener un Estado de derecho y una división de poderes”, dijo Jorge Alcocer Villanueva, quien trabajó anteriormente en la Secretaría de Gobernación durante el gobierno de López Obrador. “Eso es lo que quedaría en riesgo, la certeza de que el voto va a ser respetado”.El organismo de supervisión, llamado Instituto Nacional Electoral (INE), ganó reconocimiento internacional por facilitar elecciones limpias en México, allanando el camino para que la oposición ganara la presidencia en el año 2000 tras décadas de un gobierno dominado por un solo partido.Manifestantes marcharon en distintas ciudades del país contra los cambios electorales propuestos por López Obrador.Luis Cortes/ReutersSin embargo, desde que perdió unas elecciones presidenciales en 2006 por menos del 1 por ciento de los votos, López Obrador ha sostenido en repetidas ocasiones, sin aportar pruebas, que el instituto ha perpetrado en realidad fraude electoral, una afirmación que se asemeja a las teorías de conspiración de fraude electoral propagadas en Estados Unidos y Brasil.El escepticismo del líder mexicano sobre las elecciones de 2006 fue incluso retomado el año pasado por el embajador estadounidense en México, Ken Salazar, quien declaró a The New York Times que él también dudaba de la legitimidad de los resultados.El principal asesor para América Latina del presidente Joe Biden aclaró posteriormente que el gobierno reconocía el resultado de aquella contienda. La embajada de Estados Unidos en México ha estado enviando informes a Washington en los que se evalúan las posibles amenazas a la democracia en el país, según tres funcionarios estadounidenses que no estaban autorizados a hablar públicamente.Pero si bien algunos legisladores han expresado su preocupación por los cambios en materia electoral, el gobierno de Biden ha dicho poco sobre el tema en público.El gobierno estadounidense considera poco ventajoso provocar a López Obrador y confía en que las instituciones mexicanas sean capaces de defenderse, dijeron varios funcionarios estadounidenses.El presidente mexicano sigue siendo extremadamente popular, y Morena, su partido, va a la cabeza en las encuestas de las elecciones presidenciales de 2024. Es muy probable que uno de los protegidos políticos de López Obrador quede al frente de la candidatura presidencial del partido.Esa dinámica ha ocasionado que muchos en México se pregunten: ¿por qué impulsar cambios que podrían suscitar dudas sobre la legitimidad de las elecciones que se espera que favorezcan a su partido?“Lo que se buscaba era ahorros”, dijo el vocero del gobierno, Jesús Ramírez Cuevas, en una entrevista, “sin afectar el funcionamiento del INE” . El presidente tiene una política de austeridad de “cero déficit”, comentó, y preferiría gastar los fondos públicos en “inversión social, la salud, educación, infraestructura”.Venta de artesanías en la marcha a favor de López Obrador en Ciudad de México en noviembreLuis Antonio Rojas para The New York TimesLópez Obrador ha dicho que quiere agilizar una burocracia inflada.“Se va a mejorar el sistema de elecciones”, dijo López Obrador en diciembre. “Se logran compactar algunas áreas para que se haga más con menos”.Muchos coinciden en que el gasto podría recortarse, pero argumentan que los cambios adoptados el miércoles afectan la base de la función más elemental del organismo electoral: supervisar el voto.Los funcionarios electorales argumentan que las modificaciones los obligarán a eliminar miles de puestos de trabajo, incluida buena parte de las personas que organizan las elecciones y gestionan la instalación de casillas electorales a nivel local en todo el país. Los cambios también limitan el control de la agencia sobre sus propios gastos y la capacidad del instituto para inhabilitar a candidatos por infracciones de gastos de campaña.Uuc Kib Espadas, consejo del INE, dijo que las modificaciones podrían tener como resultado “que no se instale un número significativo de casillas privando de su derecho al voto a miles o cientos de miles de personas”.Ramírez Cuevas calificó dichas inquietudes como “una exageración” y dijo que “no va haber despido masivo” en el INE.Pero el presidente mexicano no ha disimulado su desdén hacia la institución que su partido ahora tiene en la mira.Luego de que las autoridades electorales confirmaron su derrota en 2006, López Obrador impulsó a miles de sus seguidores a manifestarse en protestas que paralizaron la capital durante semanas.Al final pidió a sus seguidores salir de las calles, pero nunca dejó de hablar de lo que él llama “el fraude” de 2006.López Obrador rodeado de seguidores en un mitin en noviembre.Luis Antonio Rojas para The New York Times“El presidente de México tiene una especie de resentimiento contra la autoridad electoral”, dijo Alcocer Villanueva, el exfuncionario de la Secretaría de Gobernación. “Ese resentimiento lo hace actuar de una manera irracional en este terreno”.López Obrador no siempre pareció decidido a reducir al órgano electoral.Alcocer Villanueva contó que cuando fue coordinador de asesores del secretario de Gobernación, de 2018 a 2021, él y su equipo propusieron analizar posibles cambios electorales, pero el presidente decía que no estaba entre sus prioridades.Luego, el organismo de control electoral empezó a ser un obstáculo para la agenda del presidente.En 2021, el INE inhabilitó a dos candidatos del partido gobernante por no declarar aportes de campaña relativamente pequeños, decisiones que algunas personas al interior de la institución cuestionaron.“Era una sanción desproporcionada”, dijo Espadas Ancona.Pronto, el presidente empezó a dedicar mucho más tiempo a hablar del organismo electoral, por lo general de forma negativa. Para 2022 mencionaba a la institución en sus conferencias matutinas más del doble de veces que en 2019, según el instituto.Ha señalado al organismo como “podrido” y “antidemocrático” y convirtió en blanco de sus ataques al líder del instituto —un abogado llamado Lorenzo Córdova— a quien el presidente ha calificado como alguien “sin principios, sin ideales, un farsante”.Desde que no logró llegar a la presidencia en 2006, por una diferencia de menos del 1 por ciento de los votos, López Obrador ha atacado a las autoridades electorales.Luis Antonio Rojas para The New York TimesCórdova, quien fue nombrado por el Congreso de México, ha tomado protagonismo en su propia defensa, al responder directamente al presidente en un torrente de entrevistas en medios de comunicación y conferencias de prensa. “Es una estrategia política muy clara y evidente: vender al INE como una autoridad parcial, sesgada”, dijo Córdova en una entrevista, utilizando las siglas de la institución. “¿Cuál es nuestro dilema como autoridad?, ¿cómo manejamos esto? Si no decimos nada, públicamente, estamos convalidando el dicho del presidente”.Los críticos del presidente han aplaudido la disposición de Córdova a enfrentarlo. Pero algunos en México se preguntan si Córdova ha encontrado el equilibrio adecuado.“El tono del presidente del INE debe ser con más discreción y de no responder con tanta víscera y con tanto coraje”, dijo Luis Carlos Ugalde, quien dirigió la agencia de 2003 a 2007 , y añadió: “Genera que del otro lado, del lado de Morena, haya más ganas, más ganas de atacar, de destruir al instituto”.Córdova se mantuvo firme en su enfoque.“Es muy fácil juzgar desde fuera”, dijo Córdova. “Al que le ha tocado conducir esta institución en el peor momento he sido yo”.El mandato de Córdova termina en abril. El Congreso, controlado por el partido del presidente, elegirá a cuatro nuevos consejeros para el organismo electoral.Oscar Lopez More

  • in

    Protesters Head to Jerusalem as Israel’s Leaders Look to Rein in Judges

    Two contentious bills were scheduled to come up for an initial vote in Israel’s Parliament on Monday, including one that would reduce the power of the Supreme Court.JERUSALEM — Tens of thousands of protesters gathered in Jerusalem for the second straight Monday as Israel’s far-right government pushed forward with a divisive plan for a judicial overhaul that critics say will weaken and politicize the country’s courts and undermine its democratic foundations.Protesters, many of them arriving in convoys from across Israel, blocked highways en route to the city then gathered near the Parliament, where legislators were preparing for the first phase of voting on two bills aimed at curbing judicial oversight and giving politicians more influence over the courts.One bill would change the makeup of a nine-member committee that selects judges to reduce the influence of legal professionals on the body and give representatives and appointees of the government an automatic majority. The change would effectively allow the government of the day to choose judges.The other bill would strip the Supreme Court of its power to strike down basic laws passed by Parliament.Advocates say the changes are needed to curb the influence of an overreaching judiciary that has granted itself increased authority over the years. They also say the measures would shift power away from an unelected bureaucratic elite — the judiciary — in favor of elected officials and governments that reflect the will of the people.Israel’s New Far-Right GovernmentBenjamin Netanyahu has returned to power at the helm of the most right-wing and religiously conservative administration ever in Israeli history.A Hard-Right Agenda: Israel’s new government has moved quickly on several agenda items that would weaken the judiciary, entrench Israeli control of the West Bank and strengthen ultraconservative Jews.Judicial Overhaul: The government is pressing ahead with a far-reaching overhaul of Israel’s judicial system, setting off mass protests by those who say it will destroy the country’s democratic foundations.​​Rising Tensions: The roots of the recent spasm of violence in Israel and the West Bank predate the new government, but the administration’s ministers and goals are fueling tensions.Ultra-Orthodox Parties: To preserve his new government, Mr. Netanyahu has made a string of promises to Israel’s ultra-Orthodox parties. Their push for greater autonomy has potentially broad-ranging implications.Critics say the proposed overhaul would place unchecked power in the hands of the government, remove protections afforded to individuals and minorities and deepen divisions in an already fractured society. They also fear that Prime Minister Benjamin Netanyahu, who is standing trial on corruption charges, could use the changes to extricate himself from his legal troubles.Prime Minister Benjamin Netanyahu, left, in Jerusalem on Sunday. Critics fear Mr. Netanyahu could use the judicial changes to extricate himself from his legal troubles.Pool photo by Abir SultanThe attorney general has barred the prime minister from any involvement in the new legislation because of a conflict of interest. Mr. Netanyahu denies any wrongdoing and says he does not have any personal interest in judicial change.After a first reading, bills must go back to a committee for further discussions, then return to the floor for two more votes before passing into law, a process that can take weeks or months. But a deeply split Israel is already in turmoil over the plan, with opponents alarmed at the speed with which it is moving forward, just weeks after the governing coalition — the most right-wing and religiously conservative in Israeli history — came to power.Mass protests have been taking place on Saturday nights in Tel Aviv for seven consecutive weeks and have spread around the country. Last Monday about 100,000 protesters filled the streets around Parliament and the Supreme Court in Jerusalem, according to estimates in the Israeli news media, though organizers put the number at more than double that.On the morning of the vote, small groups of protesters sat down outside the front doors of some coalition lawmakers’ homes in a bid to block them from leaving for the Parliament. They were removed by the police. The coalition leaders have pushed for a hasty first vote on the bills, defying a plea from Israel’s president, Isaac Herzog, to pause the legislative process and allow room for a national dialogue and compromise. The president, a mostly ceremonial figure, has little executive power, but his voice is meant to be unifying and carries moral authority.The leader of the opposition, Yair Lapid, a centrist, asked for a 60-day hiatus in the legislative process as a condition for any negotiations. The politicians driving the process have expressed some willingness to talk but have so far refused to halt their work even for a day.“We won’t stop the legislation now, but there is more than enough time until the second and third readings to hold an earnest and real dialogue and to reach understandings,” Yariv Levin, the justice minister, told the Yediot Ahronot newspaper on the eve of the initial vote.Last Monday about 100,000 protesters filled the streets around Parliament and the Supreme Court in Jerusalem.Avishag Shaar-Yashuv for The New York TimesBut critics have dismissed the government’s position as disingenuous, arguing that once the bills have passed a first vote, only cosmetic changes will be possible.Many Israelis, including some of those protesting, agree that some kind of judicial change is needed, but opinion polls suggest that a majority want it to be the result of dialogue and do not support the government plan in its current form.The domestic tensions are also causing friction between the Israeli government and its closest ally, the United States. In a rare intervention in Israeli political affairs, President Biden, like Mr. Herzog, has called for efforts to reach a consensus.The American ambassador to Israel, Thomas R. Nides, over the weekend told The Axe Files, a CNN podcast, “We’re telling the prime minister, as I tell my kids, pump the brakes, slow down, try to get a consensus, bring the parties together.”He said he had told Mr. Netanyahu, “We can’t spend time with things we want to work on together if your backyard’s on fire,” referring to the U.S. support that Israel is seeking on issues such as curbing Iran’s nuclear program and Mr. Netanyahu’s ambitions to establish diplomatic relations with Saudi Arabia.Amichai Chikli, an Israeli cabinet minister responsible for relations with the Jewish diaspora, responded bluntly to Mr. Nides in an interview with Israel’s public broadcaster, Kan, on Sunday. “I tell the American ambassador, you pump the brakes,” he said, adding: “Mind your own business.” More

  • in

    In Post-Roe World, These Conservatives Embrace New Benefits for Parents

    Some conservative thinkers are pushing Republicans to move on from Reagan-era family policy and send cash to families. A few lawmakers are listening.Sending cash to parents, with few strings attached. Expanding Medicaid. Providing child care subsidies to families earning six figures.The ideas may sound like part of a progressive platform. But they are from an influential group of conservative intellectuals with a direct line to elected politicians. They hope to represent the future of a post-Trump Republican Party — if only, they say, their fellow travelers would abandon Reaganomics once and for all.These conservatives generally oppose abortion rights. They’re eager to promote marriage, worried about the nation’s declining fertility rate and often resist the trans rights movement.But they also acknowledge that with abortion now illegal or tightly restricted in half the states, more babies will be born to parents struggling to pay for the basics — rent, health care, groceries and child care — when prices are high and child care slots scarce.“A full-spectrum family policy has to be about encouraging and supporting people in getting married and starting families,” said Oren Cass, executive director of the American Compass think tank. “It has to be pro-life, but also supportive of those families as they are trying to raise kids in an economic environment where that has become a lot harder to do.”The idea of spending heavily on family benefits remains an outlier within the Republican Party, which only recently rejected Democrats’ attempts to extend pandemic-era child tax credits.But a number of conservative members of Congress have embraced new benefits for parents, including Mr. Cass’s former boss, Senator Mitt Romney of Utah, as well as the senators Marco Rubio of Florida, Josh Hawley of Missouri and J.D. Vance of Ohio.And in President Biden’s State of the Union address on Tuesday, he called on Republicans to join him in providing families with child care, paid leave, child tax credits and affordable housing.Some conservative thinkers believe that many young children are better off at home and are skeptical of policies that would place more in center-based care.Jason Henry for The New York TimesNow, Mr. Cass and conservative allies are hoping to shape ideas for the 2024 Republican presidential primary and beyond, targeting ambitious governors who have emphasized making their states family-friendly, such as Ron DeSantis of Florida, Kristi Noem of South Dakota and Glenn Youngkin of Virginia.A key priority for this new network of conservative thinkers is for the federal government to send parents cash monthly for each child, a sea change from decades of Republican thinking on family policy. They hope the cash could encourage people to have more children, and allow more parents to stay home full- or part-time when their children are young.The Run-Up to the 2024 ElectionThe jockeying for the next presidential race is already underway.Education Issues: Donald J. Trump and possible Republican rivals, like Gov. Ron DeSantis, are seizing on race and gender issues in schools, but such messages had a mixed record in the midterms.No Invite for Trump: The Club for Growth, a conservative anti-tax group, has invited a half-dozen potential G.O.P. presidential candidates to its annual donor retreat — but not Mr. Trump.Falling in Line: With the vulnerabilities of Mr. Trump’s campaign becoming evident, the bickering among Democrats about President Biden’s potential bid for re-election has subsided.Harris’s Struggles: With Mr. Biden appearing all but certain to run again, concerns are growing over whether Kamala Harris, who is trying to define her vice presidency, will be a liability for the ticket.“The work of the family is real work,” said Erika Bachiochi, a legal scholar who calls herself a pro-life feminist and has written influential essays and books.She and others debate to what extent benefits should be tied to work requirements, but even the more stringent proposals do not require full-time work. These conservatives believe that many young children are better off at home and are skeptical of policies that would place more in child care centers. And they point to polls that show many parents would prefer to cut their work hours and take care of their babies and toddlers themselves.In a Republican Party hoping to become the party of parents, these conservative intellectuals do not share the outraged tone of right-wing activists like Christopher Rufo, the “parental rights” crusader battling what he sees as leftist ideology in school curriculums.While they may agree with much of that cultural critique, supporting families financially, they say, is a pragmatic way to prop up conservative values alongside new restrictions on abortion..Oren Cass said that his ideas on policy had been shaped by his own family life.Lauren Lancaster for The New York TimesIn arguing this, Ms. Bachiochi, Mr. Cass and others in this network are making a big ask: for Republicans to reject what they call the outdated, rigid agenda of the Reagan era, which not only cut working parents from welfare programs, but also vilified mothers receiving public benefits, often in starkly racist terms. If Republicans are to grow support among working-class, multiethnic voters, they say, the party must match pro-family rhetoric with pro-family investments.The group has founded think tanks, published statements of principle and organized discussions with policymakers to push its cause. Mr. Cass, 39, said his ideas on policy had been shaped by his own family life. His wife has her own career, and they both work from home in the Berkshires of Western Massachusetts.Mr. Cass served as the domestic policy director for Mr. Romney’s 2012 presidential campaign; in 2020, he founded American Compass, a think tank that has tried to build conservative momentum for more generous government support to working families. Its priorities include child cash benefits, wage subsidies and even reviving the labor movement.That some conservatives have landed on what amounts to a new entitlement program seems to speak to the economic plight of many families. The pressures of wage stagnation, low marriage rates and the opioid epidemic have helped erode Republican anti-government orthodoxy, said Seth Dowland, a historian of the family values movement and professor of religion at Pacific Lutheran University. “There are some Republicans looking at this and saying, ‘We need to invest in rebuilding families and rebuilding communities, because it’s dire in some places — and it’s our voters,’” he said.Ms. Bachiochi, the mother of seven children, 4 to 21, is a fellow at two think tanks, the Abigail Adams Institute and the Ethics and Public Policy Center. Her husband is a tech executive and, she said, much more of a baby person than she is. In an interview, she recalled struggling to get reading and writing done while her babies were napping.Left to right, Representative Dan Crenshaw of Texas, Senator Mitt Romney of Utah, Representative Ann Wagner of Missouri and Senator Marco Rubio of Florida introducing their paid family leave legislation in 2019. Chip Somodevilla/Getty ImagesShe celebrates mothers finding paid work that adds meaning to their lives, but believes government should help parents of both sexes spend more time on child-rearing.The job of parents, in her view, is to create “adults with virtue who can go out and be good friends, spouses, good employees, good citizens.”The primary problem, she said, is that “the family is so overtaxed economically that they don’t have time with one another to do that work” of raising children, which is, by nature, time intensive.Her own ideas have shifted radically over time. In the mid-1990s, as a student at Middlebury College in Vermont, she volunteered for Bernie Sanders, then a congressman. But she also interned for a Washington bipartisan group hoping to shape President Bill Clinton’s welfare reforms, which curtailed cash payments to single mothers, while tying remaining benefits to strict work requirements. Through that experience, she said, she came to appreciate that some members of both parties shared a sincere commitment to alleviating poverty.Since then, Ms. Bachiochi has embraced her Catholic roots, in part through Alcoholics Anonymous. She now considers herself “center right,” she said, but more often argues with Republicans than with Democrats.“The libertarian right is a little bit blind” to the economic conditions families live under, Ms. Bachiochi said, noting that many parents struggle with the low pay and irregular hours of service jobs, working long days while leaving their children with less-than-ideal care.Patrick T. Brown, 33, a former congressional staffer and current fellow at the Ethics and Public Policy Center, previously cared for his children full-time. Now, he works part-time from home in Columbia, S.C., and takes charge of his four children after school while his wife works as a college professor. He supports child cash benefits, expanding Medicaid to more mothers and increasing the supply of affordable housing.“There are definitely some conservatives who still point to the 1950s as a normative vision for family life,” Mr. Brown said, referencing the “Leave It to Beaver” white, suburban family with a stay-at-home wife.“That debate is stale,” he added. “We shouldn’t expect we can turn back the clock — and we shouldn’t really want to.”Mr. Brown, Mr. Cass and Ms. Bachiochi are well known on Capitol Hill.Their influence can been seen in Mr. Romney’s bill to expand the child tax credit, which would provide families earning up to $400,000 with $350 in cash per month for each child under 6, and $250 per month for children 6 to 17.Mr. Romney and Mr. Rubio, Republican of Florida, have a separate proposal to allow workers to draw from future Social Security payments to fund parental leave.And last year, Senator Tim Scott, Republican of South Carolina, introduced a bill that would subsidize child care for families earning up to 150 percent of their state’s median income, which in some states approaches $200,000 for a family of four.These proposals have attracted criticism from both conservatives and liberals.Scott Winship, director of the Center on Opportunity and Social Mobility at the right-leaning American Enterprise Institute, applauded any attempt to move away from conservative social policy based in “cultural grievance.” But he argued that many of the proposals were overly generous to middle-class and upper middle-class parents.“I’d focus much more strongly on low-income families,” he said. “We have this huge deficit, and we need to start husbanding our resources in a more serious way.”A cost-conscious approach has also been embraced by many Republican governors, who over the past year have tried to address child care shortages primarily through deregulation — increasing class sizes in child care programs, for example.Both parties are still deeply divided over whether benefits should be tied to work requirements — a core belief of centrists like Senator Joe Manchin of West Virginia, a Democrat, and conservatives like Senator Mike Lee of Utah, a Republican.When Senator Romney first introduced his Family Security Act in 2021, it offered cash to parents no matter their work history. After an outcry from Republicans and Mr. Cass, he revised the proposal in 2022 to require $10,000 in family income to receive the full benefit.Senator Hawley of Missouri, a close ally of former President Donald J. Trump, has also proposed monthly cash payments to parents of children younger than 13 who meet a modest work requirement.Progressives have criticized these plans for favoring married couples and leaving out caregivers without earnings, such as college students, parents with disabilities or retired grandparents.The family policy ideas in the Democrats’ Build Back Better bill were more sweeping. But none became law.Now, some Republicans and Democrats say that a bipartisan deal on family policy would likely require Republicans to rally around proposals like Senator Romney’s — a difficult goal.Senator Romney is committed to building support for “federal policies to be more pro-family,” he said in a written statement. “This includes earning support from Republican colleagues.” More

  • in

    Greece Moves to Block Extreme-Right Party as Election Nears

    A new law targets a party founded by an imprisoned former official of the neo-Nazi group Golden Dawn. But critics say its reach could be wider.Greece’s government has moved to block from Parliament an extreme-right party seen as a successor to the neo-Nazi group Golden Dawn, which shot to prominence a decade ago but was effectively banned after being declared a criminal organization.On Wednesday, a government-sponsored bill in Parliament that bars from the legislature parties whose leaders have been convicted of serious crimes and are deemed a potential threat to democracy passed with the votes of the ruling conservatives and the opposition Socialist party, who control a total of 178 seats out of the 300 in the house. The main leftist Syriza party abstained, and smaller opposition parties voted against it.While it was not explicitly mentioned in the bill, the new legislation would effectively disqualify National Party — Greeks, a party founded by a former top official of Golden Dawn, Ilias Kasidiaris, on the grounds that he is a convicted criminal.Government officials have named Mr. Kasidiaris as the target of the bill and on Tuesday he sent an injunction to the speaker of Parliament demanding that it be revoked.Mr. Kasidiaris, who has a tattoo of a swastika that he describes as an ancient Greek symbol and has long expressed support for President Vladimir V. Putin of Russia, is serving a 13-year jail sentence, but he has campaigned for his new party from his cell.The government’s move came after opinion polls showed that National Party — Greeks would exceed the 3 percent threshold for entering Parliament in elections that are expected in April.Mr. Kasidiaris and other leaders of Golden Dawn were found guilty in October 2020 of running a criminal organization that attacked leftist critics and migrants, and the party, which shot to prominence in 2012 during an economic crisis, was disbanded.The party remained popular even after the arrest of its leadership in 2013, when the murder of a leftist rapper, Pavlos Fyssas, was linked to a member of Golden Dawn. Its lawmakers secured re-election in 2015, while facing criminal charges, and remained in Parliament until 2019, when they failed to win re-election.While the dire conditions that allowed Golden Dawn to thrive are gone — Greece’s economy has been growing since it emerged from its last bailout in 2018 — the new party, which Mr. Kasidiaris founded in 2020, has been gaining popularity amid a broader rise of nationalism in parts of Europe. It campaigns on issues like the deportation of undocumented immigrants and “zero tolerance” for crime.A recent opinion poll put support for Mr. Kasidiaris’s party ahead of the general elections expected in April at around 3.4 percent.But about 70 percent of respondents in the same poll also said the party should be stopped from running in elections, which may have emboldened the government.The bill passed on Wednesday built on a 2021 law that prevented convicted criminals from running as party leaders in elections. The new law extends that ban to a party’s nominal head as well as its “true leadership,” reflecting fears that Mr. Kasidiaris might control legislators from behind the scenes.The bill also stipulates that parties should serve “the free functioning of the democratic Constitution,” a change that some critics said could leave the door open for abuse.Prime Minister Kyriakos Mitsotakis said the measure’s aim was “not to ban ideas but to safeguard the democratic constitutional order,” noting that similar provisions existed in other European countries. “We have a duty to protect democracy from its enemies,” he told Parliament on Tuesday.While supporting the fundamental aim of the ban, some Greek opposition parties argued that it was too broad.The leftist Syriza party said the legislation could be subject to “misinterpretations” and proposed restricting the ban to parties with Nazi or racist ideologies. Greece’s Communist Party said it included “dangerous generalizations and preconditions for the participation of parties in elections.”Nikos Alivizatos, an expert in constitutional law who was attacked by Golden Dawn members and supporters in 2010, said the provision could lead to “innocent” parties being blocked, and that it would have been better to target violent groups and to simply ban convicted criminals from running as legislators, not just as party leaders.“It’s dangerous to move beyond the criterion of the direct use of violence, because then it becomes an almost philosophical issue, and there is room for varying interpretations,” Mr. Alivizatos said. “The price of every democracy is to tolerate someone who might be a fascist.”In a speech in Parliament before the vote on Wednesday, the leader of Syriza, Alexis Tsipras, argued that Mr. Mitsotakis’s primary aim was to eliminate an electoral rival to his right. “He’s not concerned about blocking Nazis, fascist groups or about cracking down on far-right and nationalist populism,” Mr. Tsipras said. “He’s concerned about getting the votes of the far right and nationalists.”Since Golden Dawn’s demise, other, less extreme parties have emerged on the Greek far right including the nationalist Greek Solution, which has 10 seats in Greece’s 300-member Parliament. But none has espoused a neo-Nazi ideology like Golden Dawn.In promoting his party, Mr. Kasidiaris has sought to cast it as patriotic and anti-establishment and has recorded phone messages for his YouTube channel on topics ranging from Russia’s war in Ukraine (he opposed Greek support for Ukraine’s war effort) to migration (he called for all undocumented migrants to be deported). He has managed to do this despite a ban on cellphones in Greek prisons.In a post on Twitter on Tuesday, Mr. Kasidiaris said the legislation passed on Wednesday, which he said was targeting him, was unconstitutional and violated the European Convention of Human Rights and the principle of free elections.The prime minister insisted that it was not Mr. Kasidiaris’s beliefs that had prompted the intervention, but the crimes for which he, along with other Golden Dawn leaders, was convicted.“No one wants to see parliamentary representation again become a vehicle for violence against citizens, leading to brutal murders, injuries and abhorrent pogroms,” Mr. Mitsotakis said on Tuesday. “No one wants to relive the thuggery οf the past.” More

  • in

    Sweep in 3 Special Elections Gives Democrats Control of Pennsylvania House

    Three Democratic victories flipped the House for the first time in a dozen years by a single seat in the battleground state.Democrats swept three special elections in solidly blue House districts in western Pennsylvania on Tuesday, according to The Associated Press, putting the party in the majority by a single seat and breaking a Republican legislative monopoly that has recently focused on election restrictions and anti-abortion bills.All three races were in Allegheny County, which includes Pittsburgh and is the state’s No. 2 county by population, after Philadelphia.Control of the Pennsylvania House had been shrouded by uncertainty since the midterms in November, grinding legislative business to a halt while the parties clashed over ground rules and the timing of the special elections.Democrats had appeared to flip the chamber in the fall for the first time in a dozen years, but one lawmaker’s death and the election of two others to higher offices delayed the final outcome.The party’s majority — 102 seats to 101 seats — brings clarity to the last unresolved legislative races in a fiercely contested state.The Spread of Misinformation and FalsehoodsDeepfake Rules: In most of the world, the authorities can’t do much about deepfakes, as few laws exist to regulate the technology. China hopes to be the exception.Lessons for a New Generation: Finland is testing new ways to teach students about propaganda. Here’s what other countries can learn from its success.Covid Myths: Experts say the spread of coronavirus misinformation — particularly on far-right platforms like Gab — is likely to be a lasting legacy of the pandemic. And there are no easy solutionsA ‘War for Talent’: Seeing misinformation as a possibly expensive liability, several companies are angling to hire former Twitter employees with the expertise to keep it in check. In the 32nd District, Joe McAndrew, a former executive director of the Allegheny County Democratic Committee, defeated Clayton Walker, a Republican pastor. The seat had been held by Tony DeLuca, a Democrat who was the longest-serving member of the Pennsylvania House before his death in October from lymphoma. Still, Mr. DeLuca was overwhelmingly re-elected in the heavily Democratic district.In the 34th District, Abigail Salisbury, a Democratic lawyer, prevailed against Robert Pagane, a Republican security guard and former police officer. Ms. Salisbury will fill the seat of Summer Lee, a Democrat who in November became the first Black woman elected to Congress from Pennsylvania. Last year, Ms. Salisbury had previously lost to Ms. Lee in a Democratic primary for the legislature..css-1v2n82w{max-width:600px;width:calc(100% – 40px);margin-top:20px;margin-bottom:25px;height:auto;margin-left:auto;margin-right:auto;font-family:nyt-franklin;color:var(–color-content-secondary,#363636);}@media only screen and (max-width:480px){.css-1v2n82w{margin-left:20px;margin-right:20px;}}@media only screen and (min-width:1024px){.css-1v2n82w{width:600px;}}.css-161d8zr{width:40px;margin-bottom:18px;text-align:left;margin-left:0;color:var(–color-content-primary,#121212);border:1px solid var(–color-content-primary,#121212);}@media only screen and (max-width:480px){.css-161d8zr{width:30px;margin-bottom:15px;}}.css-tjtq43{line-height:25px;}@media only screen and (max-width:480px){.css-tjtq43{line-height:24px;}}.css-x1k33h{font-family:nyt-cheltenham;font-size:19px;font-weight:700;line-height:25px;}.css-1hvpcve{font-size:17px;font-weight:300;line-height:25px;}.css-1hvpcve em{font-style:italic;}.css-1hvpcve strong{font-weight:bold;}.css-1hvpcve a{font-weight:500;color:var(–color-content-secondary,#363636);}.css-1c013uz{margin-top:18px;margin-bottom:22px;}@media only screen and (max-width:480px){.css-1c013uz{font-size:14px;margin-top:15px;margin-bottom:20px;}}.css-1c013uz a{color:var(–color-signal-editorial,#326891);-webkit-text-decoration:underline;text-decoration:underline;font-weight:500;font-size:16px;}@media only screen and (max-width:480px){.css-1c013uz a{font-size:13px;}}.css-1c013uz a:hover{-webkit-text-decoration:none;text-decoration:none;}How Times reporters cover politics. We rely on our journalists to be independent observers. So while Times staff members may vote, they are not allowed to endorse or campaign for candidates or political causes. This includes participating in marches or rallies in support of a movement or giving money to, or raising money for, any political candidate or election cause.Learn more about our process.In the 35th District, Matt Gergely, a Democrat who is the chief revenue officer of McKeesport, Pa., defeated Don Nevills, a Republican who operates a tattoo shop and ran unsuccessfully for the seat in November. Austin Davis, a Democrat who previously represented the district, was elected as lieutenant governor in the fall.The power shift dealt another blow to Republicans coming off the midterms, when the party failed to meet heightened expectations in Pennsylvania and nationally that were generated by economic turmoil and President Biden’s lackluster job approval ratings.In November, Pennsylvania voters consistently rejected Republicans in marquee races featuring candidates endorsed by former President Donald J. Trump, who espoused false claims about fraud in the 2020 election.Democrats flipped a U.S. Senate seat and held onto the governor’s office when Josh Shapiro, who was previously Pennsylvania’s attorney general, defeated Doug Mastriano, a Republican state senator and an election denier, in an open-seat race.After losing control of the House, Republicans will be unable to override a veto by the governor.In a potential end-run around the governor, G.O.P. lawmakers have resorted to trying to amend the state Constitution in order to pass a voter ID bill. The complex amendment process, which ultimately requires putting the question to voters, is the subject of pending litigation.But both chambers of the General Assembly need to pass the bill this session in order to place it on the ballot.First-time voters and those applying for absentee ballots are currently required to present identification in Pennsylvania, but Republicans want to expand the requirement to all voters in every election and have proposed issuing voter ID cards. Critics say the proposal would make it harder to vote and could be a privacy risk.Mr. Shapiro has not ruled out compromising with Republicans on some voting rules, but has said that he would not support any proposal that hinders voting.Republicans, now likely to be thwarted legislatively, have also sought to use the constitutional amendment process to place new restrictions on abortion in Pennsylvania. More

  • in

    Fani Willis Took On Atlanta’s Gangs. Now She May Be Coming For Trump.

    Listen to This ArticleAudio Recording by AudmTo hear more audio stories from publications like The New York Times, download Audm for iPhone or Android.Late on the first Sunday of 2021, news broke of President Donald J. Trump’s call with Secretary of State Brad Raffensperger of Georgia, asking him to “find 11,780 votes” to help contest the 2020 election. The next morning — Monday, Jan. 4 — was Fani Willis’s first day in the office as the district attorney for Fulton County, which encompasses most of Atlanta, as well as suburbs like Sandy Springs, East Point and Alpharetta. “Not the second day,” she told me when I met with her in November. “My very first day in this office — in that conference room, it’s all over the TV.” She found herself hoping that the secretary of state might have been “in another county when it happened,” she said, laughing darkly. He was not. And so, Willis said, “I’m stuck with it.”Outside Atlanta, Willis is now best known for this singular potential criminal target. Trump’s efforts to interfere in the outcome of the election in Georgia, in both phone calls to local officials and, potentially, as part of a scheme to organize alternate electors, have been under investigation by Willis’s office since February 2021. The Trump lawyer Rudolph Giuliani and the former White House counsel Pat Cipollone have testified before a special grand jury; so have former Senator Kelly Loeffler of Georgia, Senator Lindsey Graham of South Carolina and Raffensperger himself. In January, the special grand jury completed its investigatory work, submitting a report to Willis’s office and to a Superior Court judge, based on which Willis may or may not send evidence to a regular grand jury to seek criminal charges against Trump or his allies. If she does, there is every indication that she might bring one of her favorite prosecutorial tools to bear: racketeering charges, as laid out in the federal RICO (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations) Act, more famously used to prosecute the Mafia and criminal street gangs.Trump has attacked Willis on his Truth Social platform as a “young, ambitious, Radical Left Democrat ‘Prosecutor’ from Georgia, who is presiding over one of the most Crime Ridden and Corrupt places in the USA.” For a national audience not paying close attention to Atlanta politics, this claim might not sound fantastical. Willis, 51, is a Democrat and the first Black woman to serve as Fulton County district attorney — the first woman, period — and her victory in 2020 came amid a wave of reform-minded progressive prosecutors’ winning seats: George Gascón in Los Angeles, Chesa Boudin in San Francisco, Kim Foxx in Chicago, Larry Krasner in Philadelphia, Alvin Bragg in Manhattan.Willis (center) with her team in 2022 during proceedings to seat a special-purpose grand jury in Fulton County to look into the actions of former President Donald Trump and his supporters.Ben Gray/Associated PressBut it was evident from the outset that Willis would represent something quite different. In July 2021, six months into her tenure, she appeared before the Fulton County Board of Commissioners, which holds bimonthly public meetings in an assembly hall in downtown Atlanta, to request additional personnel. By the time she spoke, the session had already stretched over eight hours, including several public comments questioning the integrity of the 2020 election. She was joined by Fulton County’s Sheriff Patrick Labat, who wore a tactical vest that made him look as if he’d arrived straight from a hostage situation. Willis had dressed more business casual — a black V-neck blouse with bell sleeves, her hair braided and pulled back — but it immediately became clear who would be taking charge.“We have a public-safety crisis going on,” Willis began, coolly scanning her audience. Crime was rising, she said. Because of court backlogs and mismanagement by her predecessor, she argued, more dangerous individuals would end up on the streets unless she could hire more staff. Crime, she warned the commissioners, would be the primary issue in upcoming local elections. “None of your constituents is safe,” she thundered, sounding like a prosecutor facing another jury. “Not yours, Mr. Pitts — Chairman Pitts. Not yours, Commissioner Hall. Not yours, Commissioner Ellis.”Her slides piled up dire statistics: rapes up 86 percent from the previous summer, murders up 25 percent, more than 1,400 unindicted suspects who could soon be bonded out of jail. “So maybe you’re thinking, Well, this ain’t really my issue, not in my district,” she said. “But no! The murders are occurring eve-ry-where.” Photographs of victims flashed on the screen. A woman killed in April in District 1. “This young lady, she was in her 70s. My mama would say that’s young. Her tenant bludgeoned her to death.” A man killed in District 3. “He’s a high exec at U.P.S. After a hard workweek, he went to have a drink. I think that’s his right. He walked up and became a victim to gang violence. He’s dead. I’m the one who talks to his mama. Next slide.” A little girl in District 3. “Her and her mama and auntie shopping at Christmas. Anyone here don’t go to the mall around Christmas? How about dead?” A Tony Award-nominated actor in District 4. “Gets in a verbal dispute, is followed home and shot in the back multiple times. Your district.”And so it went, a virtuoso performance that had Sheriff Labat praising her, before his own remarks, as “the baddest D.A. in the country” and the commissioners offering full-throated, even profane support for her efforts. “[Expletive] the lowest millage rate!” shouted Marvin Arrington Jr., District 5’s commissioner, referring to the local tax burden. “We got to get these people locked up!” That September, the commission voted to appropriate an additional $5 million for Willis’s office.Willis has described a number of her initiatives as D.A. as progressive, including a pretrial diversion program in which individuals accused of certain crimes can avoid being indicted by agreeing to restitution and community service. But her overriding focus has been public safety, and on that front she has been an unapologetic doomsayer, employing rhetoric on violence and gang activity that can leave her sounding, at times, as if she shares Trump’s dim assessment of local crime levels. Gangs, Willis claimed at a news conference last May, “are committing, conservatively, 75 to 80 percent of all the violent crime that we are seeing within our community. And so they have to be rooted out of our community.”To that end, she quickly moved to expand her office’s gang unit. She has also pushed the Atlanta Police Department to seek more gang warrants and personally lobbied for the Safe and Secure Georgia Act, an attempt to make the state’s already-tough gang laws even tougher, imposing mandatory minimum sentences for repeat offenders and increasing the power of the Georgia Bureau of Investigation. Willis suggested the name for the bill, which died in the statehouse; when a reporter from the Atlanta NBC affiliate pointed out during an interview that all 25 of its initial sponsors were Republicans, Willis responded that she was “happy to work with anyone who wants to help me in this fight against gang violence and crime.”The election special grand jury inquiry is far from the only case helmed by Willis to make national news — or to open her up to criticism. In 2014, she was lead prosecutor on an infamous RICO case involving 35 teachers, principals and other educators in the Atlanta public-school system, who were accused of changing students’ answers on standardized tests for financial gain, a prosecution many observers found excessive. And since she took office, her crackdown on gangs has brought her in direct conflict with one of Atlanta’s biggest cultural exports, hip-hop music, in another series of cases that have drawn fire for potential overreach. There was a sweeping 105-count RICO indictment against 12 supposed members of various sets of the Bloods, including the Billboard-charting rapper YFN Lucci; later came gang charges and an indictment under RICO against the acclaimed artist Young Thug and 27 supposed associates (including another wildly popular rapper, Gunna), with members of the group accused of involvement in murder, armed robbery, drug dealing and witness intimidation. At a news conference in August, Willis announced the indictment of 26 supposed members of the Drug Rich gang, who were accused of attempted murder, armed robbery and a series of home invasions and burglaries targeting celebrities including Mariah Carey and the N.F.L. wide receiver Calvin Ridley. “We have a message,” she told the assembled reporters: “Get out of this county or expect to start seeing sentences that go life-plus, because I am not going to negotiate with gang members.”‘We’re just going to do that case like every other. I don’t know why it’s shocking to people. If it turns out that charges are legitimate, we’re going to bring them.’When I visited her office late last year, Willis sat behind a large desk and indicated that I should take a seat on a couch about 10 feet away. Jeff DiSantis, her media-relations chief, sat in a corner, wearing cowboy boots and rarely glancing up from his laptop. Gov. Brian Kemp had just testified before the special grand jury that morning; if not for the rain, he might have walked over from his office in the Capitol building, only blocks away. Everyone I spoke with in Willis’s office referred to her as Madam D.A., and she faced me with her arms crossed and an apprising formality, the sort of person more used to asking the questions than answering them.This steely reputation has cheered those who dream of seeing the Teflon ex-president in criminal peril. Willis has declined to discuss that investigation outside of opaque, highly disciplined statements, leaving observers searching for clues. Might she work her way up the chain, as RICO prosecutors often do, to Trump himself? Will a brazen violation of state election law turn out to be his biggest legal vulnerability? Is Willis prepared for a national partisan fight on a scale she has never experienced? “The reality is, we have a job, and the job is just to try to find the truth,” she told me, adopting the deliberate tone of a professional sharing reasonable but otherwise unexciting information. As for Trump: “We’re just going to do that case like every other. I don’t know why it’s shocking to people. If it turns out that charges are legitimate, we’re going to bring them. And if it turns out that charges are not warranted, we’re not going to bring them. We’re just going through the process.”A better way to understand how Willis operates might be to consider how she reached this position in the first place. Willis came to the district attorney’s office by navigating a very particular set of political dynamics, and by doing so at a very specific moment in the history of Atlanta, the birthplace of the Rev. Dr. Martin Luther King Jr. and so-called Black Mecca — a moment marked by debates about crime and policing, along with roiling local protests that shaped perceptions of public order. How the politics surrounding all of these issues will play out remains an open question. But it’s one that Willis, a Black woman who ran with the endorsement of a police union, is positioned to test like few others. “I’m probably not a very good politician,” she told me. “But I’m a very good prosecutor.”Willis was born in Inglewood, Calif., just outside Los Angeles, in 1971. Her father, John C. Floyd III, was a founder of the Black Panther Political Party in Los Angeles, of which Angela Davis was briefly a member. He eventually became a criminal defense attorney, having noticed over the course of many protest arrests that the lawyers who showed up to spring him and his comrades from jail were always white. The family moved to Washington as Willis entered first grade. Her parents split up a few years later, and her mother eventually returned to California. Willis mostly stayed with her father, whose caseload — in 1980s Washington, at the height of the crack epidemic — was “murders and dope boys,” she told me. When she was a teenager, he would issue dire warnings: You can’t go there. My client killed somebody over there. “I tease him sometimes now that it was child abuse, because at 8, I was putting his criminal files together,” Willis said.From around that age, Willis knew she wanted to follow her father’s path. After graduating from Howard University, she moved to Atlanta to attend law school at Emory. Her first job was in the office of a defense lawyer named Alvin Kendall, working alongside another young Atlanta lawyer, the future Mayor Keisha Lance Bottoms. The volume and variety of cases — she arrived at one bond hearing only to recognize her client as the stripper from her bachelorette party — gave her confidence in the courtroom, and she eventually left to start her own practice. Not long after, “Alvin got into some trouble,” as Willis put it; in 1998, Kendall was disbarred and sentenced to prison for five years for conspiring to give a client advance warning of a criminal search. (He was reinstated in 2015.)In 2001, Willis joined the Fulton County district attorney’s office. The D.A. at the time was Paul Howard, who had gone from picking cotton and attending a segregated high school outside Augusta to becoming, according to The Atlanta Journal-Constitution, the first African American district attorney in the entire state of Georgia. Willis describes him as a brilliant man: “I wanted to please him, so I worked really hard here,” she said. In the major-crimes unit, she tried over 100 murder cases, averaging a dozen per year. Eventually she became one of Howard’s chief deputies. “She was the superstar,” Antonio Lewis, an Atlanta City Council member, told me. “If you play basketball, LeBron James is better than everybody else, right? I’m telling you, people that worked with her in the office say: ‘Oh, that’s LeBron James. She’s better than us.’”Willis’s first encounter with national headlines came in 2014, with what became known as the Atlanta Public Schools cheating scandal. Most of the educators involved took plea deals, but prosecutors tried the final dozen on RICO conspiracy charges, winning racketeering convictions against 11. Critics found the prosecution excessive: the use of RICO, the eight-month trial, the prison sentences for some defendants. Questions were also raised about the decision to prosecute ordinary teachers for falsifying scores, rather than address systemic pressures or an overreliance on standardized tests. Willis remains unapologetic about the convictions. The prosecution “is not popular, meaning we don’t want to talk about it, but it absolutely needed to be done,” she says. “The reality is, if what they say in my obituary about me is ‘she stood up for Black children,’ then I’ll live with that.”Fani Willis speaking during a 2013 Fulton County Superior Court hearing related to the so-called Atlanta Public Schools cheating scandal.David Tulis/Associated PressDespite Republican candidates’ relentless use of crime as a wedge issue in 2022, criminal-justice reform was actually a rare area of bipartisan consensus for much of Willis’s time working under Howard. This was thanks in part to former Gov. Nathan Deal, a Republican elected in 2010 who previously worked as an assistant district attorney and served as a judge. He made his case for cutting the state’s soaring prison population in both fiscal and moral terms; across his eight years as governor, there was bipartisan support for reforms addressing sentencing, juvenile justice and cash bail. Under Deal, according to The Atlanta Journal-Constitution, prison admissions of Black inmates dropped to historic lows, prison spending fell and programs treating nonviolent offenders expanded. Tiffany Roberts, the public-policy director of the Atlanta-based Southern Center for Human Rights, told me that during those years national think tanks began “to look to Georgia for some direction”; the organization found itself working alongside not only liberal activists but also Newt Gingrich and the Koch brothers.Willis’s first run for an elected position came in 2018, around the close of Deal’s second term. By this point a divorced mother of two college-age daughters, Willis left the D.A.’s office and took $50,000 from her retirement fund to enter a race for Fulton County Superior Court judge, making it as far as the runoff election. Judge races in Georgia are nonpartisan, but she knew a number of voters would be Republicans, so she went to talk with a white Republican strategist on the north side of town. “I needed to be able to speak to that population, and I’m their perfect candidate, right?” she told me. “We’re conservative, we’re hard on crime, I’m a life prosecutor. And he told me something that was so hurtful.” She would never win those voters, the strategist said bluntly, because she was Black and female. “Your recording can’t pick up the way my face is, but I was like, ‘He don’t know what he’s talking about,’” Willis said. “That’s not the way people in my county think.” Still, that conversation, and her eventual loss, left her devastated. She remembers praying for guidance and sitting in her living room “feeling very lost.”One figure who was elected that year was Gov. Brian Kemp, who won a second term last November. He has a very different approach to crime than his predecessor, including pledges to build more prisons, increase mandatory minimum sentences for gang recruitment and tighten bail restrictions. In a campaign ad last year, Kemp accused his opponent, Stacey Abrams, of “lining her pockets with cash from defund-the-police extremists.” By the 2020 election, Tiffany Roberts says, it was “almost like a scarlet letter to take on criminal legal reform in Georgia” — a “narrative change” that has “painted anyone interested in changing these systems as a radical.”After her 2018 loss, Willis was appointed chief judge by the mayor of South Fulton, a separate city within Fulton County. She found the work boring — ruling on low-level misdemeanors in Municipal Court — but began making more money than ever before in her private practice. “I’m now representing a few athletes, they keep making babies, I’m doing family-law stuff with them,” she said. (She also represented at least one person connected with figures she would later target in a high-profile gang indictment — YSL Mondo, a Young Thug associate who, in a recent Rolling Stone interview, sounded surprised to see his former advocate prosecuting the group.) Life was good. “And then,” she went on, “Paul starts getting in trouble.”Paul Howard had been district attorney for 23 years. He was preparing to run for a seventh term when claims of misconduct began to surface. A former Fulton County human-resources administrator accused him of sexual harassment in late 2019. In February 2020, his former deputy chief of staff filed a lawsuit accusing Howard of discriminating against her after learning of her pregnancy. Howard denied both allegations, but members of the Atlanta political and legal class could see blood in the water. People began reaching out to Willis, saying she was the only person who could beat Howard and warning about a Republican governor appointing his replacement if the scandals ultimately took him down.She also heard from Mary Norwood, an independent who has run for mayor twice, served as a City Council member and lives in the wealthy, largely white Buckhead neighborhood. In the early 1990s, Norwood started one of the first robocall businesses, and she prides herself on knowing “the power of a short, simple message,” she says. One simple issue she had long been hammering was crime, despite her hailing from one of the lowest-crime districts in Atlanta. By early 2020, she had decided she wanted a new district-attorney candidate. Contrary to the meeting with the Republican strategist from two years earlier, Norwood left her meeting with Willis, a Black Democrat with a strong message on gang violence, a convert. Norwood raised funds for Willis’s campaign — “not real money, but early money,” she says — and urged her mostly Republican donors to choose a Democratic ballot in the primary and “help keep Buckhead safe” by voting in the D.A. race.Willis “absolutely” felt that she would be betraying Howard by running, she told me. But soon after the primary began, another woman came forward to accuse Howard of sexual harassment, and news broke that the Georgia Bureau of Investigation was looking into claims that Howard had improperly funneled city grant money to a nonprofit he was running. (Howard denied criminal wrongdoing, though he paid a fine to the Georgia State Ethics Commission; he declined to comment for this article. Two of the misconduct suits were dismissed, and one remains pending.) Willis came in first in the primary — with, according to Norwood, significant support from her Buckhead community. But a third candidate, another former attorney in the D.A.’s office, was running to the left of both Willis and Howard, preventing her from winning more than 50 percent of the vote. A runoff election was scheduled for that August.The race unfolded in the summer of 2020, amid one of the most volatile environments in recent history. A pandemic raged, a presidential election loomed and national protests erupted — spinning, in Atlanta and other cities, in directions that would deeply complicate people’s feelings about law enforcement and public safety. On the night of June 12, just three days after Willis’s strong showing in the first round of voting, two white police officers arrived at a Wendy’s just south of downtown, where a 27-year-old Black man named Rayshard Brooks had fallen asleep in his car while idling at the drive-through. Brooks admitted to having been drinking, and his encounter with the officers proceeded for 40 minutes in a “cordial and uneventful” fashion, per a report later issued by special prosecutors. Only when an officer attempted to handcuff Brooks did things turn: Brooks wriggled away, grabbed and repeatedly fired an officer’s Taser and tried to flee. When Officer Garrett Rolfe pursued on foot, Brooks turned and tried to fire the Taser again. Rolfe fired three shots, striking Brooks twice in the back and left buttock and killing him.This was less than three weeks after the murder of George Floyd in Minneapolis. In Atlanta, downtown’s Centennial Olympic Park had already become a hub of Floyd protests, which Kim Jackson, an Episcopal priest and activist who had been serving as a protest chaplain since the 2014 demonstrations in Ferguson, Mo., described to me as among the most diverse she had ever witnessed in the city — old, young and “just an extraordinary amount of white people showing up.” The power of such numbers, she said, left her feeling hopeful, as if “maybe something’s going to happen.”New footage of a white officer’s fatally shooting a Black suspect in the back only a few miles away was not the something Jackson had in mind. The day after Brooks’s killing, Rolfe was fired (though he would later be reinstated), Chief of Police Erika Shields resigned and the protests moved to the Wendy’s parking lot.Antonio Lewis, now a City Council member, was running for his seat at the time; he went straight to the Wendy’s site as soon as he heard there was a shooting, unaware that the victim was somebody he grew up with. (“We actually called Rayshard Little Mac,” he told me. “Nobody where I’m from called him Rayshard.”) The mood there was initially positive, according to Jackson, the priest and activist. But when evening came she detected a shift. Families took their children home. New people arrived. Water bottles were thrown. Police officers deployed smoke canisters. That night, people set fire to the Wendy’s.Willis campaigned for the office of district attorney in 2020, amid roiling protests in Atlanta over the killing of Rayshard Brooks by a police officer.Ben Gray/Atlanta Journal-Constitution, via Associated PressWithin days, Howard’s office announced indictments of both police officers involved in the shooting. To Norwood, the city councilwoman from Buckhead, the indictments were motivated by Howard’s poor showing in the first round of voting: “He was looking for, ‘I’m the tough guy, and I’m going to indict the police.’ So that’s why he did it. He did it as a campaign stunt.” Willis said she was “deeply concerned” that her opponent had moved faster than the Georgia Bureau of Investigation and urged “the community and the media to keep in mind the many cases involving police use of force that Mr. Howard has lacked the courage to act upon.” Howard’s action drew stronger denunciations from other quarters: The head of a Georgia police organization said the D.A. had “just successfully set up the city for another riot,” while the Fox News host Tucker Carlson declared that Howard had cravenly decided to “bow immediately to the mob’s demands.”Willis accused Howard of tainting any potential prosecution by using footage of the Brooks shooting in a campaign ad and predicted that he would be arrested because of his financial impropriety before the end of the year. Howard, in a debate, hammered Willis for receiving an endorsement and campaign contributions from a police union and pointed out that, as she had happily spent most of her career working for him, voters might reasonably wonder, “If this guy was so bad, why did you stay with him for 16 years?” (When I asked Willis if she had been aware of any inappropriate behavior by Howard, she said curtly, “I knew there were issues.”)The site of the burned restaurant, which had held both a demonstration and a memorial, morphed into occupied territory. Parked cars and debris obstructed University Avenue in both directions. A block-party vibe continued by day: On June 19, people served barbecue from a smoker and families ate with their children in front of the charred Wendy’s, its freckled mascot smiling down from the still-standing sign. By evening, though, a young Black man marched down the street carrying a long gun, followed by another man in camouflage pants and a black SECURITY T-shirt; moments later, a 24-year-old protester was shot in the leg. The following day, a man was wounded in a drive-by shooting, and George Chidi, an independent journalist, was beaten up by armed vigilantes. Bill Torpy, a columnist at The Atlanta Journal-Constitution, visited the site the next afternoon and was told by men with guns not to make any sudden moves or he would be shot. The barricades had become an armed checkpoint. Torpy witnessed two police cars approach, then drive away. Lewis, the city councilman, contends that some of the armed people were trying, in however misguided a way, to protect the space. “But what happened was they did it totally wrong. The city of Atlanta should have stepped in.”Keisha Lance Bottoms, Atlanta’s mayor and Willis’s former colleague, would later acknowledge in an interview with The Journal-Constitution’s editorial board that she had held off on sending police officers to clear the area at the behest of Joyce Sheperd, the City Council member representing the district, whom Lewis was running to replace. Sheperd wanted more time to negotiate with the demonstrators. But there was also another reason for the lack of police presence: In the days following Howard’s decision to indict, 171 Atlanta police officers out of a force of 2,000 called in sick, in what local news outlets began calling a “blue flu.”On June 23, Brooks’s funeral was held at Ebenezer Baptist Church, where the Rev. Dr. Martin Luther King Jr. once preached; Ebenezer’s pastor, the future Senator Raphael Warnock, presided. The progressive third-place finisher in the district-attorney primary, Christian Wise Smith, would soon publicly endorse Howard, praising his former boss for embracing “the movement of the people for a more progressive and restorative justice system.”On the evening of July 4, a man named Omar Ivery approached a roadblock near University in a Jeep Cherokee owned by his friend Charmaine Turner, who rode in the passenger seat. Her 8-year-old daughter, Secoriea, was in the back. When Ivery tried to drive past the barricade, a group of armed individuals opened fire on the Jeep, striking and killing the child.The Fourth of July was a Saturday. By Monday morning, the police had peacefully cleared the site of barricades, protesters and even the Brooks memorial. At a news conference, Mayor Bottoms noted that “Paul Howard made the decision to charge the officers. Paul Howard did not consult with me. He made that decision, and people can go to the polls and express how they feel about that decision in a few weeks.”Willis had already won the most votes in the first round of the primary, but now momentum was swinging overwhelmingly in her direction. She won the Aug. 11 runoff in a landslide, with over 70 percent of the vote. No Republican was running for D.A. in Fulton County, so winning the primary sealed the general election for Willis. Six months later, she would be opening her investigation of Trump.Shortly after her election, Willis sent a letter to local law-enforcement agencies indicating that her office would be prioritizing gangs. Citing one of her new recruits — Mike Carlson, a Republican who was instrumental in the development of the state’s gang laws and is now executive district attorney for major crimes — the letter asked the police to “bring us cases under the street-gang act so we can prosecute them.” Willis told me that her approach to gangs has been a “completely different one” from her predecessor’s, “just the way I’ve manned it up, meaning put the resources in there.” She added staff and technology and trained the Atlanta Police Department on identifying gang signifiers and writing gang warrants, resulting in what she says is a 300 percent increase in the department’s gang warrants.Willis’s office would employ the Georgia gang statute in August 2021, when a grand jury indicted Julian Conley and Jerrion McKinney for their roles in the death of Secoriea Turner. (Both have pleaded not guilty.) The D.A.’s office claimed that Conley and McKinney were Bloods who had come out to support Brooks, a fellow Blood. Brooks was on probation for domestic violence and theft offenses, but his family has denied any knowledge of gang membership. According to Gerald Griggs, the president of the Georgia chapter of the N.A.A.C.P., the power structure in Atlanta seized on Turner’s killing as an opportunity to change the narrative: “You know, ‘These were gang members out here, they were supporting Rayshard, Rayshard was a gang member, we got to do something about the gangs.’ And from all accounts of the people that I’ve spoken to who knew Rayshard Brooks, there was no indication that he was a gang member.”As for Brooks, Willis requested to have herself recused from the case, and she eventually was. A final report issued by special prosecutors found that the officers reacted in an “objectively reasonable manner” by using deadly force because Brooks “posed an immediate threat of physical violence” — though Brooks was 18 feet away, running in the opposite direction and holding an unloaded Taser. Willis told me it would be inappropriate for her to comment on that decision and would say only that, in her view, Howard’s handling of the indictment had been “unfair to the gentleman who lost his life, and certainly his family, and it was unfair to the police, because they do also have a right to due process.”Sidestepping a politically messy decision on whether or not to prosecute police officers has allowed Willis to keep her focus primarily on gangs. But the size of the net Georgia’s street-gang statute hands prosecutors, and Willis’s frequent use of it, have raised concerns for critics. Carlson describes Georgia’s gang laws as “in many ways the most powerful” in the country because of provisions making earlier criminal activities as a gang member “presumptively admissible” in court. (In most criminal trials, bringing up past actions to demonstrate criminal propensity is forbidden.) Devin Franklin, who joined the Southern Center for Human Rights last March, spent the 12 previous years as a lawyer in the public defenders’ office, where, he told me, he noticed a pattern: Lower-level crimes were elevated because they were supposedly committed by a person affiliated with a gang. An individual crime like gun possession could be enhanced by gang charges on the logic that the offender was lending “credibility” to a larger criminal organization. Or, sometimes, the state would bring a case in which “a neutral body would say the evidence is fairly weak,” Franklin said, but attaching a gang charge allowed prosecutors to shift focus toward the “general violence of the gang,” forcing the accused to defend themselves “against this narrative of, ‘I’m a violent person, because I hang with quote-unquote “thugs.” ’”Willis’s approach to high-profile gang prosecutions offers a window into how she might proceed with a target like Trump. In particular, there is her unsparing deployment of RICO indictments, even as critics question their breadth. Last year’s 56-count indictment of Young Thug’s YSL group, for example — the name signifying both a record label and, per Willis’s office, an associated criminal organization — included charges of murder and armed robbery but also cited social-media posts, minor offenses like dealing marijuana and, in what has drawn the most pushback, song lyrics as examples of furthering the conspiracy. Carlson, who comes from a family of bluegrass musicians, says he is comfortable with citing lyrics in these circumstances: “Lyrics of skinhead and other white-supremacist groups have been used for decades in racketeering and gang-related prosecutions for hate crimes. Is somebody suggesting we should stop that?” At a news conference, Willis defended the practice, quoting lyrics by a Drug Rich member including “we’ll kick in the house” and “if we steal a car, we’re gonna take off the tags.” “I have some legal advice,” she said. “Don’t confess to crimes on rap lyrics if you do not want them used. Or at least get out of my county.”The rapper Young Thug during a virtual appearance before a Fulton County magistrate judge in Atlanta in 2022.Arvin Temkar/Atlanta Journal-Constitution, via Associated PressJury selection for the YSL case began, chaotically, in January. Young Thug was caught apparently accepting a Percocet from one of his co-defendants in the courtroom. Eight of the 28 men named in the indictment, including Gunna, have accepted plea deals; the judge estimates that the trial of the others could last between six and nine months, with Willis’s office already promising as many as 300 possible witnesses. Such a length would approach that of the longest criminal trial in Georgia’s history: the 2014 RICO trial of the educators accused in the standardized-test-cheating scheme, for which Willis served as lead prosecutor.Shani Robinson, one of the convicted teachers, co-wrote a 2019 book about her experience, “None of the Above.” She is not a fan of Willis, to put it mildly; the book describes her as “holding forth like a fire-and-brimstone preacher.” (Also, “having a penchant for dull blazers.”) Robinson’s account of Willis’s opening argument, during which she explained to jurors how RICO worked, gets at the tension between what Willis and her office see as critical tools and what critics consider overreach: “ ‘The act of one conspirator is the act of all,’ she gravely stated. She added that people don’t have to meet in person or agree on anything to be conspirators. ‘But what you do have to do is all be doing the same thing for the same purpose.’”Robinson was a first-grade teacher whose students’ standardized tests were considered practice. They did not count academically or apply toward any district targets, Robinson says, adding that she never received any kind of bonus pay. She has always insisted upon her innocence and refused to take a plea deal, despite the threat of up to 25 years in prison and a RICO prosecution that, she said, placed pressure on defendants to plead guilty and testify against others. When we met at a Starbucks in Atlanta, nine years after the original trial, her case was still making its way through the appeal process.“This is what I’ve come across, especially dealing with the media, especially dealing with the liberal media: Fani is a Black woman, a Democrat, who is going after Trump, and people just want to turn a blind eye,” she told me. “And I’m like, She’s a Black woman who is trying to send other Black women who have children to prison! She asked the judge to give me prison time even though I had a 4-month-old baby at home.” The N.A.A.C.P.’s Griggs, a criminal defense attorney who represented another of the teachers at the original trial, told me he considered the prosecution “a colossal waste of taxpayer money. I don’t think a single child benefited from the trial. I think that teachers who had nothing to do with the actual cheating that happened in Atlanta public schools were punished for things that happened at the top.”Willis remains proud of her work on a trial that was so record-shatteringly long and complicated. She left the D.A.’s office to run for judge in part, she told me, because she found herself thinking, “What case is ever going to be bigger than that?”Now she could be facing a much bigger case: the potential prosecution of a former president. Considering the known facts and Willis’s demonstrated skill at presenting juries with sprawling conspiracy cases, a lengthy RICO trial is a distinct possibility. But it’s an approach she would be choosing in the highest-pressure context imaginable — one that would require both a huge investment of her office’s resources and a political appetite for a good deal of backlash and spectacle.If Willis has ambitions beyond the office of the Fulton County district attorney, she hasn’t spoken publicly about them. From a political standpoint, her only real misstep thus far has been hosting a fund-raiser last summer for Charlie Bailey, a former colleague at the D.A.’s office who was running for lieutenant governor. Bailey’s Republican opponent, Burt Jones, was one of 16 fake Trump electors Willis’s office was investigating, and the fund-raiser drew a sharp rebuke from Judge Robert McBurney of the Fulton County Superior Court — the same judge tasked with deciding whether to make public the special grand jury’s report — who called it a “what are you thinking” moment that created “horrific” optics and disqualified Willis from proceeding with her investigation of Jones.There was a scenario in which a Democrat like Willis, with her tough-as-nails messaging on crime, could have been not entirely unlike Governor Deal before her, better positioned to deliver on some reforms the left wing of the party has been fighting for — especially considering how, over the past year, reformists have experienced backlashes in places like San Francisco and New York. Kim Jackson, the chaplain at the Brooks protests, has since been elected to the State Senate, and she told me she supported Willis with a sense of excitement: A Black woman running on an anti-death-penalty platform seemed about as progressive as she could hope for. But three months into Willis’s tenure, a horrific mass shooting occurred at multiple spas in and around Atlanta, leaving eight dead, mostly Asian women, in what appeared to be a hate crime. Not long after, Willis announced that she would seek the death penalty for the accused shooter. And though Willis campaigned on pretrial diversion in lieu of prison time as one of her major reform issues, a report released by the American Civil Liberties Union on overcrowded and unsafe conditions at the Fulton County Jail cited insufficient use of diversion and a failure to indict arrested individuals in a timely manner as two major factors.Willis told me the report was “a joke” and offered several arguments for why the data was flawed. “We’ve probably got 25 people in Fulton County Jail on a misdemeanor, and they’re there for 48 hours,” she said. “Unfortunately,” she added, “a lot of people with crimes that I think a regular citizen would say, ‘Hey, they need to stay in jail, they burglarized my house’ — that’s not even the kind of people that stay in jail here. People are given bail.”But the morning after we spoke, I sat in the back of a courtroom where the judge was holding a series of preliminary hearings for jail inmates, all Black men, who had been arrested and held since mid-July. One, accused of stealing equipment from a landscaping truck, had been in jail for 112 days; another, accused of smashing storefront windows, had been locked up for 116. It turned out that the initial police report had overestimated the amount of damage, presenting the crime as a felony rather than what it actually was, a misdemeanor.Nearly two years into Willis’s term, “I give her all the positive marks for going after President Trump,” Jackson told me. “I think it’s a courageous move. And I think it’s the right move.” She paused. “Yeah, that’s my praise.” And her criticism? Jackson sighed and said Willis had come to the State Senate to make a presentation about public safety, talking about gangs and other crime. Jackson had studied local crime statistics during the pandemic, however, and found a more complicated picture: murders up, other major crimes down. As Willis spoke, “I’m literally looking at the statistics — like, they’re on my desk right in front of me,” Jackson recounted. “So I just struggled with that,” she said. “I mean, I understand what it is to be a politician. And I understand that we have to respond to public pressure. But I don’t think we have to add fuel to the fire. And there have been times — I’m trying to be very careful here, because I respect her — but there have been times in which I felt like she added fuel to a fire that we could have easily put out.”The N.A.A.C.P.’s Griggs, who has known Willis since he was an undergraduate and working alongside her in the city solicitor’s office, calls her “a great lawyer, a consummate prosecutor,” but continues, “I just think that, you know, sometimes she’s a little too gung ho. And I think that justice is somewhere in the middle.” We met in his law office, and when I brought up Trump, Griggs pulled a book from his shelf and read aloud from Title 21, the state elections law, which bars “criminal solicitation to commit election fraud.” If you played the recording of Trump’s phone conversation to a grand jury and then read the state codes, Griggs told me, “they will indict him.” Griggs said it was interesting to find himself, in this case, on the “other side of the ‘v.’” — meaning, on the side of the prosecution rather than the defense. He didn’t say if this particular prosecutor gave him hope, but he sounded upbeat as he noted that the former president, if indicted, would receive his due process “not on Fox News, not on his Truth Social, but in a Georgia courtroom.”Mark Binelli is a contributing writer for the magazine. He last wrote about the opera director Yuval Sharon, and before that about the tangled legal aftermath of a deadly Waco, Texas, biker brawl. Nydia Blas is an Atlanta-based visual artist who is interested in storytelling through a Black female perspective. She was named one of The British Journal of Photography’s Ones to Watch in 2019. More

  • in

    Dads in Government Create the Congressional Dads Caucus

    Male politicians who are parents of young children wearing their fatherhood on their sleeves and their babies on their chests.Several members of Congress, mostly men, held a news conference outside the Capitol last week — a typical sight in Washington. But these men were not just any men: They were dads — men who serve in the U.S. House of Representatives while also raising children. (If “father” is a catchall, “dad” seems to connote a father of young children, too busy even to expend an extra syllable.) The dads were announcing the Congressional Dads Caucus, a group of 20 Democrats aiming to push policies like paid family and medical leave and an expanded child tax credit. Spearheaded by Representative Jimmy Gomez, Democrat of California, who gained attention last month when he voted against Kevin McCarthy for Speaker of the House with his son Hodge, then 4 months, strapped to his chest, the caucus also hopes to speak for a demographic that, in the halls of power, is well represented yet historically has not cast itself as an identity bloc.But times are changing. Fathers in heterosexual partnerships in the United States increasingly wish to split child rearing equitably. (Or, at least, to talk about splitting it: The data shows women still do significantly more. And there is evidence that fathers do more than they used to, but less than they say they do.) Some men, being men, have even managed to turn the dirty work of parenting into an implicit competition: Witness the peacocking dad — catch him in his natural habitat, his own Instagram grid — with a kid on his shoulders and a Boogie Wipes packet in his rear pocket, claiming the duty of caretaking but also its glory.This trend, perhaps most visible in the upscale and progressive milieu that dominates blue states, has flowed into politics. Democrats have pushed to make family leave available to all genders. Pete Buttigieg, a rising star, took several weeks’ parental leave in 2021 from his job as U.S. Secretary of Transportation. Politicians wear their fatherhood on their sleeves and their babies on their chests.“Family leave and affordable child care until very recently were considered women’s issues — ‘the moms are mad about this,’” said Kathryn Jezer-Morton, a parenting columnist for The Cut who wrote her doctoral dissertation on mom influencers. “It’s becoming a family issue, a dad issue. It feels significant.”But a curious lag has opened between societal hopes for dads and baseline expectations. Dads who assume their proper share of parenting and homemaking, according to this emerging worldview, should not accrue psychic bonus points anymore. However, they still do. In 2023, a father feeding his child in the park or touring a prospective school is admired and complimented to a degree a mother is not.“When the dads do or say something, they get the kind of attention I wish we would,” said Representative Rashida Tlaib, Democrat of Michigan, the only woman who is a member of the Dads Caucus — and a mother of two boys, 17 and 11.Spearheaded by Mr. Gomez, the Congressional Dads Caucus is a group of 20 Democrats aiming to push policies like paid family and medical leave and an expanded child tax credit.Jabin Botsford/The Washington Post, via Getty ImagesMs. Tlaib credited Mr. Gomez for pointing out this double standard at last week’s news conference. “He acknowledged that people were like, ‘Wow, this is so great,’” Ms. Tlaib said. “And it’s like, ‘What are you talking about? A lot of us moms have done this.’”For dads, the present state of affairs can be pretty sweet. Who doesn’t want to do 40 percent of the work for 80 percent of the credit? (Especially when it’s good politics.) But being a good ally may mean flaunting fatherhood and exploiting the ease with which fathers can draw attention to parents’ issues while not making it all about them, as men have occasionally been known to do.Because the attention is part of the point. “We know dads exist, but they can bring a spotlight to this issue,” said Gayle Kaufman, a professor of sociology at Davidson College and the author of “Superdads: How Fathers Balance Work and Family in the 21st Century.” “Just being realistic, when men think it’s important, it’s likely to get more attention.”One caucus member, Andy Kim of New Jersey, said that part of the caucus’s project was to shift the automatic association of family concerns away from being “mom” problems. He recalled someone asking his wife if she wished to be a stay-at-home mother, when it was in fact he who used comp time and then left his job at the State Department in order to care for their first of two sons, who are now 7 and 5. “She said, ‘You should talk to my husband,’” he said. The Dads Caucus’s inciting incident illustrated how novel it felt to see a dad dadding hard in Washington. Like many Congressional mothers and fathers, Mr. Gomez brought his family to Washington for his swearing-in ceremony, which typically would have followed a pro forma vote for the House Speaker. But this year, the body required an extraordinary 15 ballots over five days to select Mr. McCarthy. Families stayed in town; babies fussed.During an early voting round, Mr. Gomez and his wife, Mary Hodge (for whom Hodge Gomez is named — Ms. Hodge rejected a hyphenated last name, Mr. Gomez said), decided in the Democratic cloakroom to strap Hodge into a chest carrier to calm him. Which is how the 48-year-old congressman came to stride the House floor and cast his vote, as he put it then, “on behalf of my son, Hodge, and all the working families,” while Hodge politely squirmed and received a coochie-coo tickle from Representative Alexandria Ocasio-Cortez. Ms. Hodge, who is the deputy mayor of city services in Los Angeles, returned to the West Coast before the voting marathon was complete. Hodge stayed with Mr. Gomez, who tweeted myriad baby shots. Mr. Gomez said in an interview that a mother in the identical situation likely would not have received such glowing coverage, like a “CBS Weekend News” feature with the caption “Congressman Pulls Double Duty.”“The praise I was getting for doing what any mother would do was out of proportion,” he said, adding, “if a woman did that, people would question her commitment to her job.”Mr. Gomez said the caucus had been formed with only Democrats in order to get it off the ground, given the disagreements between Democrats and Republicans over many economic family policies (to say nothing of related ones like abortion).Patrick T. Brown, a fellow at the conservative Ethics and Public Policy Center who studies family economics, said some Republicans — he cited Senators Mitt Romney and J.D. Vance, among others — might co-sign some Democratic economic proposals for families. “There’s a growing recognition that not all the pressures facing families are cultural in nature,” Mr. Brown said. “It’s not all Hollywood elites making family life harder, it’s the pressures of the modern economy. If you’re concerned about people getting married later or not having kids, you need to orient policy in a more pro-family direction.”The caucus has already called for expanding child care access and universal family medical leave. But its most immediate achievement may be its members’ open reckoning with how prevailing conversations about care-taking shortchange everyone. Mothers are often ignored for what they do and made to feel guilt‌y for what they don’t. Fathers are frustrated by the limited public imagination for what they can do and evince a palpable, wistful anxiety of influence when speaking about motherhood. (“We talk about our kids like any moms do,” said Dan Goldman, a Caucus member and father of five who was elected to Congress from the Brooklyn district that includes the dad stronghold Park Slope.)Last year, before founding the Dads Caucus, Mr. Gomez went so far as to join the Congressional Mamas Caucus. “I had always advocated for all these issues,” he said.Because yes, of course, the Mamas Caucus — founded by Ms. Tlaib to push for many of the same policies the Dads Caucus backs — predates the Dads Caucus by several months.No matter: Ms. Tlaib was equanimous.“If it took Jimmy Gomez starting a Dads Caucus to get The New York Times to call me to talk about the Mamas Caucus,” she said, “then I’m all in.” More

  • in

    She Took On Atlanta’s Gangs. Now She May Be Coming For Trump.

    Listen to This ArticleAudio Recording by AudmTo hear more audio stories from publications like The New York Times, download Audm for iPhone or Android.Late on the first Sunday of 2021, news broke of President Donald J. Trump’s call with Secretary of State Brad Raffensperger of Georgia, asking him to “find 11,780 votes” to help contest the 2020 election. The next morning — Monday, Jan. 4 — was Fani Willis’s first day in the office as the district attorney for Fulton County, which encompasses most of Atlanta, as well as suburbs like Sandy Springs, East Point and Alpharetta. “Not the second day,” she told me when I met with her in November. “My very first day in this office — in that conference room, it’s all over the TV.” She found herself hoping that the secretary of state might have been “in another county when it happened,” she said, laughing darkly. He was not. And so, Willis said, “I’m stuck with it.”Outside Atlanta, Willis is now best known for this singular potential criminal target. Trump’s efforts to interfere in the outcome of the election in Georgia, in both phone calls to local officials and, potentially, as part of a scheme to organize alternate electors, have been under investigation by Willis’s office since February 2021. The Trump lawyer Rudolph Giuliani and the former White House counsel Pat Cipollone have testified before a special grand jury; so have former Senator Kelly Loeffler of Georgia, Senator Lindsey Graham of South Carolina and Raffensperger himself. In January, the special grand jury completed its investigatory work, submitting a report to Willis’s office and to a Superior Court judge, based on which Willis may or may not send evidence to a regular grand jury to seek criminal charges against Trump or his allies. If she does, there is every indication that she might bring one of her favorite prosecutorial tools to bear: racketeering charges, as laid out in the federal RICO (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations) Act, more famously used to prosecute the Mafia and criminal street gangs.Trump has attacked Willis on his Truth Social platform as a “young, ambitious, Radical Left Democrat ‘Prosecutor’ from Georgia, who is presiding over one of the most Crime Ridden and Corrupt places in the USA.” For a national audience not paying close attention to Atlanta politics, this claim might not sound fantastical. Willis, 51, is a Democrat and the first Black woman to serve as Fulton County district attorney — the first woman, period — and her victory in 2020 came amid a wave of reform-minded progressive prosecutors’ winning seats: George Gascón in Los Angeles, Chesa Boudin in San Francisco, Kim Foxx in Chicago, Larry Krasner in Philadelphia, Alvin Bragg in Manhattan.Willis (center) with her team in 2022 during proceedings to seat a special-purpose grand jury in Fulton County to look into the actions of former President Donald Trump and his supporters.Ben Gray/Associated PressBut it was evident from the outset that Willis would represent something quite different. In July 2021, six months into her tenure, she appeared before the Fulton County Board of Commissioners, which holds bimonthly public meetings in an assembly hall in downtown Atlanta, to request additional personnel. By the time she spoke, the session had already stretched over eight hours, including several public comments questioning the integrity of the 2020 election. She was joined by Fulton County’s Sheriff Patrick Labat, who wore a tactical vest that made him look as if he’d arrived straight from a hostage situation. Willis had dressed more business casual — a black V-neck blouse with bell sleeves, her hair braided and pulled back — but it immediately became clear who would be taking charge.“We have a public-safety crisis going on,” Willis began, coolly scanning her audience. Crime was rising, she said. Because of court backlogs and mismanagement by her predecessor, she argued, more dangerous individuals would end up on the streets unless she could hire more staff. Crime, she warned the commissioners, would be the primary issue in upcoming local elections. “None of your constituents is safe,” she thundered, sounding like a prosecutor facing another jury. “Not yours, Mr. Pitts — Chairman Pitts. Not yours, Commissioner Hall. Not yours, Commissioner Ellis.”Her slides piled up dire statistics: rapes up 86 percent from the previous summer, murders up 25 percent, more than 1,400 unindicted suspects who could soon be bonded out of jail. “So maybe you’re thinking, Well, this ain’t really my issue, not in my district,” she said. “But no! The murders are occurring eve-ry-where.” Photographs of victims flashed on the screen. A woman killed in April in District 1. “This young lady, she was in her 70s. My mama would say that’s young. Her tenant bludgeoned her to death.” A man killed in District 3. “He’s a high exec at U.P.S. After a hard workweek, he went to have a drink. I think that’s his right. He walked up and became a victim to gang violence. He’s dead. I’m the one who talks to his mama. Next slide.” A little girl in District 3. “Her and her mama and auntie shopping at Christmas. Anyone here don’t go to the mall around Christmas? How about dead?” A Tony Award-nominated actor in District 4. “Gets in a verbal dispute, is followed home and shot in the back multiple times. Your district.”And so it went, a virtuoso performance that had Sheriff Labat praising her, before his own remarks, as “the baddest D.A. in the country” and the commissioners offering full-throated, even profane support for her efforts. “[Expletive] the lowest millage rate!” shouted Marvin Arrington Jr., District 5’s commissioner, referring to the local tax burden. “We got to get these people locked up!” That September, the commission voted to appropriate an additional $5 million for Willis’s office.Willis has described a number of her initiatives as D.A. as progressive, including a pretrial diversion program in which individuals accused of certain crimes can avoid being indicted by agreeing to restitution and community service. But her overriding focus has been public safety, and on that front she has been an unapologetic doomsayer, employing rhetoric on violence and gang activity that can leave her sounding, at times, as if she shares Trump’s dim assessment of local crime levels. Gangs, Willis claimed at a news conference last May, “are committing, conservatively, 75 to 80 percent of all the violent crime that we are seeing within our community. And so they have to be rooted out of our community.”To that end, she quickly moved to expand her office’s gang unit. She has also pushed the Atlanta Police Department to seek more gang warrants and personally lobbied for the Safe and Secure Georgia Act, an attempt to make the state’s already-tough gang laws even tougher, imposing mandatory minimum sentences for repeat offenders and increasing the power of the Georgia Bureau of Investigation. Willis suggested the name for the bill, which died in the statehouse; when a reporter from the Atlanta NBC affiliate pointed out during an interview that all 25 of its initial sponsors were Republicans, Willis responded that she was “happy to work with anyone who wants to help me in this fight against gang violence and crime.”The election special grand jury inquiry is far from the only case helmed by Willis to make national news — or to open her up to criticism. In 2014, she was lead prosecutor on an infamous RICO case involving 35 teachers, principals and other educators in the Atlanta public-school system, who were accused of changing students’ answers on standardized tests for financial gain, a prosecution many observers found excessive. And since she took office, her crackdown on gangs has brought her in direct conflict with one of Atlanta’s biggest cultural exports, hip-hop music, in another series of cases that have drawn fire for potential overreach. There was a sweeping 105-count RICO indictment against 12 supposed members of various sets of the Bloods, including the Billboard-charting rapper YFN Lucci; later came gang charges and an indictment under RICO against the acclaimed artist Young Thug and 27 supposed associates (including another wildly popular rapper, Gunna), with members of the group accused of involvement in murder, armed robbery, drug dealing and witness intimidation. At a news conference in August, Willis announced the indictment of 26 supposed members of the Drug Rich gang, who were accused of attempted murder, armed robbery and a series of home invasions and burglaries targeting celebrities including Mariah Carey and the N.F.L. wide receiver Calvin Ridley. “We have a message,” she told the assembled reporters: “Get out of this county or expect to start seeing sentences that go life-plus, because I am not going to negotiate with gang members.”‘We’re just going to do that case like every other. I don’t know why it’s shocking to people. If it turns out that charges are legitimate, we’re going to bring them.’When I visited her office late last year, Willis sat behind a large desk and indicated that I should take a seat on a couch about 10 feet away. Jeff DiSantis, her media-relations chief, sat in a corner, wearing cowboy boots and rarely glancing up from his laptop. Gov. Brian Kemp had just testified before the special grand jury that morning; if not for the rain, he might have walked over from his office in the Capitol building, only blocks away. Everyone I spoke with in Willis’s office referred to her as Madam D.A., and she faced me with her arms crossed and an apprising formality, the sort of person more used to asking the questions than answering them.Understand Georgia’s Investigation of Election InterferenceCard 1 of 5An immediate legal threat to Trump. More