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    Protesters in Peru Demand Justice for Ousted President Pedro Castillo

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    Eight days after Pedro Castillo’s removal from office and arrest, thousands of his supporters have joined protests demanding his reinstatement. To them, he is the voice of the marginalized.LIMA, Peru — Outside a detention center at the foot of the Andes Mountains, a camp has formed in recent days, with as many as 1,000 people traveling hundreds of miles to demand freedom for the highest-profile detainee: their former president, Pedro Castillo.They will stay until he is reinstated, said one supporter, Milagros Rodriguez, 37, or until “civil war begins.”Mr. Castillo, a former schoolteacher and union activist who promised to fight for the poor, is the man at the center of Peru’s dizzying political drama, having been removed from office last week after he tried to dissolve Congress and create a government that would rule by decree. Within hours he was under arrest, accused of rebellion, and his vice president was sworn into office.Now, Dina Boluarte is the sixth president in five years in a country reeling from a long history of high-level scandals and deep divisions between its rural poor and urban elite.During a virtual court hearing televised live on Thursday, a judge ordered Mr. Castillo be kept in pretrial detention for 18 months while his case proceeds. Mr. Castillo refused to appear at the hearing.What started out as a relatively peaceful transfer of power has quickly erupted into widespread violence that has left at least 16 dead, many of them teenagers, and led to attacks against police stations, courthouses, factories, airports and a military base.Protesters outside the detention center on Thursday.Marco Garro for The New York TimesAt least 197 civilians and more than 200 police officers have been injured in clashes, according to the country’s ombudsman’s office, which in a statement Thursday called on security forces to “immediately cease the use of firearms and tear gas bombs dropped from helicopters.”The government has responded to the unrest by imposing a national state of emergency, suspending the guarantee of many civil liberties, including the freedom of assembly. In an effort to quell the unrest, the new president has called for early elections, for as soon as December 2023, a move that Congress is debating.Ms. Boluarte, a former ally of Mr. Castillo, has found herself increasingly at odds with the rural Peruvians who voted the two of them into office last year. On Thursday, her government expanded the state of emergency, imposing a curfew in 15 provinces.What to Know About the Ousting of Peru’s PresidentCard 1 of 4Who is Pedro Castillo? More

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      Perú en estado de emergencia

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      La medida suspenderá algunos derechos civiles, como la libertad de reunión, y profundiza una crisis que se desató cuando el Congreso destituyó al presidente electo la semana pasada.LIMA — El gobierno de Perú declaró un estado de emergencia en todo el país el miércoles, una medida que intenta controlar la violencia generalizada tras la destitución del presidente electo del país, quien había intentado disolver el Congreso, la semana pasada.Se trató de un inesperado giro de los acontecimientos, incluso en un país habituado a la agitación política y las protestas.La medida de emergencia, anunciada por Alberto Otárola, ministro de Defensa del país, significaría la suspensión de la libertad de reunión y de tránsito, entre otros derechos civiles, por 30 días. Fue promulgada el miércoles por la noche por la nueva presidenta del país, Dina Boluarte, y especificó que sería aplicada por la policía nacional con el apoyo de las fuerzas armadas. El decreto no impuso toque de queda.La medida es la respuesta más significativa del gobierno a una crisis que estalló el miércoles pasado, cuando el entonces presidente, Pedro Castillo, intentó disolver el Congreso, con el que había estado enfrentado desde que asumió el cargo el año pasado.En cuestión de horas, el Congreso de Perú lo acusó y Castillo fue detenido, lo que desencadenó oleadas de protestas de partidarios enfadados que creen que su destitución fue ilegítima.Diversos analistas políticos aseguraron que, aunque gobiernos anteriores han declarado estados de emergencia en algunas partes del país, la medida no se había utilizado de manera tan amplia desde la década de 1990, cuando el país fue aterrorizado por el grupo terrorista marxista Sendero Luminoso.En declaraciones a los periodistas afuera del palacio presidencial el miércoles, Boluarte, quien asumió el cargo hace apenas una semana, pidió mantener la calma.Dina Boluarte, la nueva presidenta de Perú, asumió el cargo hace apenas una semana e hizo un llamado a mantener la calma. Desde entonces, la violencia ha estallado en varias partes del país.Cris Bouroncle/Agence France-Presse — Getty Images“El Perú no puede desbordarse en sangre”, dijo antes de mencionar los días de Sendero Luminoso. “Ya esa experiencia la hemos vivido en los ochenta, en los noventa, y creo que no queremos volver a esa historia dolorosa que nos ha marcado la vida y el rostro a miles y miles de peruanos”.El intento de Castillo de disolver el Congreso e instalar un gobierno que gobernaría por decreto fue denunciado por sus opositores y muchos de sus aliados como un intento de golpe de Estado. Boluarte, exvicepresidenta, fue juramentada como presidenta ese mismo día.Al inicio, la reacción de la gente a la rápida transición de poder fue relativamente discreta. Pero en los últimos días han surgido manifestantes en masa, principalmente en áreas rurales, que han participado en ataques contra comisarías, juzgados, fábricas y aeropuertos, entre otros objetivos.Al menos seis personas han muerto, la mayoría manifestantes jóvenes, y más de 100 policías han resultado heridos, según las autoridades peruanas.Recientemente, la policía de Perú anunció que desde el pasado miércoles 71 personas, acusadas de perturbar la tranquilidad pública, han sido detenidas en los departamentos de Lima, Apurímac, Arequipa, Ica y La Libertad.Las manifestaciones están respaldadas por la mayor federación de sindicatos, la asociación más grande de pueblos indígenas de la Amazonía peruana y muchas organizaciones que representan a los agricultores pobres, entre otros grupos.Hasta ahora, no ha surgido ningún líder que busque unificar a los distintos grupos. Perú ha sido afectado por la agitación política y los escándalos de corrupción de alto nivel que han derivado en seis presidentes desde 2016.Al menos seis personas han muerto en las protestas, la mayoría manifestantes jóvenes, y más de 100 policías han resultado heridos, según las autoridades peruanas.Franklin Briceño/Associated PressEn Cusco, las protestas han bloqueado carreteras de la región, impidiendo el suministro a las minas de cobre y los mercados de alimentos y cerrando Machu Picchu y otras ciudades turísticas, dijo el gobernador regional, Jean Paul Benavente. Calculó que unos 3000 turistas —entre ellos, ciudadanos estadounidenses— están varados en la capital regional o en el Valle Sagrado y otras zonas cercanas a Machu Picchu.En una entrevista telefónica el miércoles, Benavente dijo que el ejército aún no se había desplegado para apoyar a la policía en la protección de la infraestructura clave. Mientras hablaba, los manifestantes se replegaban tras un nuevo intento de ocupar el aeropuerto de la ciudad de Cusco.Benavente dijo que había ayudado a apaciguar la situación al recordarle a los líderes de la protesta que el aeropuerto ya no estaba operativo.“Son dirigentes que dan la cara, que dan diálogo”, dijo. “Lamentablemente, hay turbas, hay grupos muy focalizados que a veces se desbordan e intentan hacer este tipo de actos vandálicos”.Benavente es uno de los pocos funcionarios electos que parecía tener la esperanza de que el diálogo pudiera generar una salida pacífica y legal a la crisis. La demanda principal que une a todos los manifestantes, dijo, son nuevas elecciones generales. Si el Congreso y el gobierno pueden ejecutar con rapidez una reforma a la Constitución para permitir elecciones anticipadas, pronto se podría alcanzar una “tregua”. De otro modo, lo más probable es que las demandas se vuelvan más radicales, dijo.Castillo, quien antes fue maestro y era activista sindical proveniente de una familia rural pobre, animó a muchos peruanos como él con su plataforma de izquierda en las elecciones del año pasado. Hizo campaña con la promesa de abordar la pobreza y la desigualdad. Su eslogan, “No más pobres en un país rico”, y su llamado a reescribir la Constitución convenció a muchos agricultores rurales en una nación profundamente desigual donde la élite urbana se opuso con vehemencia a su candidatura.Muchos de sus seguidores dijeron que estaban frustrados por un sistema diseñado para ayudar a las élites.Pero después de asumir el cargo, tuvo dificultades para gobernar, y su gobierno resultó empañado por acusaciones de corrupción, incompetencia y mala gestión.Después de la detención de Castillo la semana pasada, sus partidarios acusaron a la élite política de llevarlo al suicidio político y aseguraron que la clase dominante política nunca le dio la oportunidad de gobernar plenamente. En entrevistas, algunas personas dijeron que sentían que les habían robado el voto, llevándolos a las calles.José Godoy, politólogo peruano, se mostró crítico con la decisión de declarar el estado de emergencia.Significa “la constatación de que se privilegian medidas de fuerza antes que un diálogo con la ciudadanía”, dijo. “Esto disminuye la credibilidad de Boluarte”.Godoy agregó que esa decisión también afectará a la economía.“Me parece desproporcionado”, dijo. “Creo que debió darse solo en los lugares donde hay realmente convulsión”.Castillo es uno de los varios presidentes de izquierda que llegaron al poder en Latinoamérica en los últimos años mientras prevalecía un enfado profundo contra los políticos de la clase dominante. Muchos de estos líderes han buscado unirse a partir de una promesa común que busca zanjar la profundización de la desigualdad y quitarle el control a la élite política.El lunes por la noche, varias de esos países alineados emitieron un comunicado conjunto en la que llamaban al presidente destituido “víctima de un antidemocrático hostigamiento” e instando a los líderes políticos de Perú a respetar la “voluntad popular” de los ciudadanos que votaron por él.El comunicado, emitido por los gobiernos de Colombia, Bolivia, Argentina y México, se refiere a Castillo como “presidente” y no menciona a Boluarte.Mitra Taj More

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      Peru Declares National State of Emergency Amid Deadly Protests

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      The measure suspended some civil rights, including the freedom of assembly, and deepens a crisis set off when the elected president was impeached by Congress last week.LIMA, Peru — The government of Peru declared a nationwide state of emergency on Wednesday as it sought to control widespread violence following the ouster last week of the country’s elected president, who had tried to dissolve Congress.It was an extraordinary turn of events even in a country accustomed to political upheaval and protest.The emergency measure, which was announced by Alberto Otárola, the country’s defense minister, suspended the rights of assembly and freedom of transit, among other civil liberties, for 30 days. It was signed into law Wednesday evening by the country’s new president, Dina Boluarte, and specified it would be enforced by the national police force with the support of the military. The decree did not impose a curfew.The move is the most significant government response to a crisis that erupted last Wednesday when the president, Pedro Castillo, tried to disband Congress, which he had been feuding with since taking office last year.Within hours, Peru’s Congress impeached him and Mr. Castillo was arrested, setting off waves of angry protests by supporters who believe his removal was illegitimate.Several political analysts said that while past governments have declared states of emergency in certain parts of the country, the measure had not been used this widely since the 1990s, when the country was brutalized by a Marxist terrorist group called the Shining Path.Speaking to reporters outside the presidential palace on Wednesday, Ms. Boluarte, who took office a week ago, called for calm.Dina Boluarte, Peru’s new president, took office just a week ago, and called for calm. Since then violence has erupted across parts of the country.Cris Bouroncle/Agence France-Presse — Getty Images“Peru cannot overflow with blood,” she said, and then referred to the Shining Path days. “We have already gone through that experience in the 1980s and ’90s, and we do not want to return to that painful story that has marked the lives of thousands of Peruvians.”Mr. Castillo’s attempt to dissolve Congress and install a government that would rule by decree was denounced by both opponents and many of his allies as a coup attempt. Ms. Boluarte, the former vice president, was sworn in that same day.What to Know About the Ousting of Peru’s PresidentCard 1 of 4Who is Pedro Castillo? More

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      La violencia continúa en Perú tras la destitución de Pedro Castillo

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      Al menos seis personas han muerto a causa de la violencia que se ha extendido por todo el país tras la destitución la semana pasada de Pedro Castillo después de que intentara disolver el Congreso.[El miércoles, el gobierno de Perú anunció un estado de emergencia nacional. Aquí puedes leer más, en inglés, sobre la medida].LIMA — El traspaso relativamente pacífico, aunque abrupto, del poder presidencial en Perú la semana pasada ha derivado en violencia y disturbios, ya que los partidarios del expresidente han intensificado las denuncias de que su destitución fue ilegítima y han protagonizado ataques contra comisarías, juzgados, fábricas, aeropuertos y una base militar.Los manifestantes, respaldados por organizaciones que representan a sindicatos, grupos indígenas y agricultores pobres, exigen nuevas elecciones lo antes posible.Al mismo tiempo, los líderes izquierdistas de varios países latinoamericanos han dado su apoyo al anterior mandatario de Perú, Pedro Castillo, destituido el miércoles pasado y detenido tras intentar disolver el Congreso.Los disturbios de esta semana crecieron y se extendieron a distintas partes del país, mientras el gobierno, al tiempo que denunciaba la violencia, se esforzaba por estabilizar la situación y responder a las demandas de los manifestantes.El martes por la noche, el ministro de Defensa, Alberto Otárola, anunció que las fuerzas armadas asumirían la responsabilidad de proteger infraestructuras estratégicas como aeropuertos y centrales hidroeléctricas, y que el gobierno declararía en breve el estado de emergencia en la red de carreteras del país. “No vamos a negar que la situación del país es en este momento grave y preocupante”, declaró.Al menos seis personas han muerto en los enfrentamientos, según la Defensoría del Pueblo de Perú, y todos los fallecidos parecen ser manifestantes, entre ellos cinco adolescentes. Amnistía Internacional y grupos locales de derechos humanos han acusado a la policía de responder, en algunos casos, con fuerza excesiva.Anteriormente, el martes, la oficina de la Defensoría del Pueblo había dicho que siete manifestantes habían muerto, pero rectificó después de decir que un hombre identificado ante la oficina como muerto no podía encontrarse en el registro civil del país.El martes, la nueva presidenta del país, Dina Boluarte, hizo un llamamiento a la “calma”.“Esta situación que está enlutando al país nos congoja a toda la familia peruana”, dijo a la salida de un hospital de Lima, la capital, tras haber declarado el estado de emergencia en algunas zonas del país.“Yo soy madre de dos hijos y no quisiera estar pasando por esta situación donde nuestros seres queridos están falleciendo”, afirmó.Boluarte hizo campaña junto a Castillo, pero más tarde calificó sus acciones de intento de golpe de Estado. También es de izquierda y nació en el departamento andino de Apurímac, en su mayoría pobre, donde estallaron las primeras protestas.La nueva presidenta dijo que se reuniría con los líderes de las fuerzas armadas de Perú y que tenía la opción de declarar el estado de emergencia nacional, una medida que suspende algunas libertades civiles.Castillo fue destituido tras intentar disolver el Congreso la semana pasada.Victor Gonzales/Consejo de Ministros de Perú vía Agence France-PresseLas autoridades peruanas cerraron al menos dos aeropuertos en medio de las protestas, incluido el de Cuzco, utilizado por los turistas que visitan Machu Picchu y la región circundante conocida como el Valle Sagrado, una importante fuente de ingresos para el país.La policía y el ejército también dijeron que una base conjunta había sido destruida en el departamento de Cusco, mientras que unos 1000 manifestantes habían ocupado una planta de gas en la misma zona.También se suspendió el servicio de trenes desde y hacia Cusco y Machu Picchu, según una alerta de viaje de la Embajada de EE. UU. en Lima.El nuevo ministro de Economía y Finanzas del país, Alex Contreras, declaró a un canal de noticias local, RPP, que las protestas podrían costar a diversos sectores de Perú entre 15 y 26 millones de dólares al día.Un general de la policía, Óscar Arriola, dijo que 119 agentes de policía resultaron heridos en los recientes enfrentamientos, mientras que Amnistía Internacional aseguró que había verificado imágenes de agentes de policía disparando gas lacrimógeno a corta distancia directamente contra los manifestantes en la plaza principal de Lima.En su discurso del martes, Boluarte dijo que “había dado las indicaciones a la policía de no usar ningún arma letal, ni siquiera perdigones de goma”, y añadió que había pedido al ministro del Interior “individualizar a las personas que hayan hecho uso de estas armas que están dañando a nuestras hermanas y a nuestros hermanos”.Castillo, exmaestro de escuela y activista sindical de izquierda que ganó las elecciones presidenciales por un estrecho margen el año pasado, ha tenido problemas para gobernar, enfrentándose a acusaciones de corrupción, incompetencia y mala gestión, mientras los legisladores parecían empeñados en echarlo.La semana pasada, enfrentado a un tercer intento de destitución, anunció que disolvería el Congreso y crearía un nuevo gobierno que gobernaría por decreto.La medida fue ampliamente denunciada tanto por opositores como por antiguos aliados como un intento de golpe de estado. En cuestión de horas, Castillo fue detenido, el Congreso votó por su destitución y la vicepresidenta, Boluarte, una antigua aliada, asumió el cargo.Los acontecimientos se desarrollaron a una velocidad tan vertiginosa que a muchos peruanos les costó entender lo que estaba ocurriendo. Ahora, muchos de los partidarios de Castillo, sobre todo en las zonas rurales que forman su base, dicen que sienten que les han robado su voto.Algunos manifestantes esperan que su movimiento crezca a medida que la policía responda a las manifestaciones con lo que califican de mano dura. Han presentado varios argumentos jurídicos para justificar la ilegalidad de la destitución de Castillo, y piden a Boluarte que convoque nuevas elecciones.Boluarte ya ha dicho que intentará adelantar las próximas elecciones presidenciales dos años, para 2024, un esfuerzo que requerirá la aprobación del Congreso.La presidenta Dina Boluarte hizo un llamamiento a la unidad nacional durante su toma de posesión la semana pasada. Ya ha dicho que intentará adelantar las próximas elecciones presidenciales dos años, hasta 2024.Martin Mejia/Associated PressCastillo es uno de los varios presidentes de izquierda que han llegado al poder en América Latina en los últimos años en medio de un profundo enfado con los políticos de la clase dirigente. Muchos de estos líderes han tratado de unirse en torno a un propósito común que busca hacer frente a la creciente desigualdad y arrebatar el control a la élite política.El lunes por la noche, varios de esos países alineados emitieron una declaración conjunta en la que calificaban al presidente destituido de “víctima de un antidemocrático hostigamiento” e instaban a los líderes políticos de Perú a respetar la “voluntad ciudadana” en las urnas.La declaración, emitida por los gobiernos de Colombia, Bolivia, Argentina y México, se refiere a Castillo como “presidente” y no menciona a Boluarte.El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en su conferencia matutina del martes, dijo que su gobierno seguirá considerando a Castillo el líder de Perú “hasta que allá lo resuelvan en términos de legalidad”.La relación entre las dos naciones, dijo, estaba “en pausa”.El año pasado, Castillo hizo campaña electoral prometiendo hacer frente a la pobreza y la desigualdad. Su lema —“no más pobres en un país rico”— y su llamamiento a reformar la Constitución animaron a muchos campesinos en un país profundamente desigual donde la élite urbana se opuso con vehemencia a su candidatura.Las protestas cuentan con el respaldo de la mayor federación de sindicatos, la mayor asociación de indígenas de la Amazonia peruana y muchas organizaciones que representan a agricultores pobres, entre otros grupos.Jaime Borda, quien dirige Red Muqui, una red de organizaciones ecologistas y de derechos humanos que trabajan en las zonas rurales de Perú, dijo que la ira en las calles no se debía solamente a la frustración por la destitución de Castillo, sino a un “descontento de la población por todo el acumulado de las cosas de estos últimos años”, a saber, un sistema político que para muchos parecía fomentar la corrupción y servir a las élites.Muchos manifestantes, dijo, creían que Castillo había sido llevado a la autodestrucción política por esa misma élite política.La gente que sigue a Castillo “es muy consciente de que, al final, esa no era la forma de irse, de intentar un golpe de Estado”, dijo. “Pero la gente también te dice pero lo hemos elegido a él como nuestro representante, lo hemos elegido a él como nuestro presidente”.Cunarc, una asociación de patrullas de seguridad rural, se encuentra entre los grupos que lideran las protestas.Santos Saavedra, presidente de Cunarc, dijo que el llamamiento de Boluarte al diálogo “va a ser imposible porque la población no reconoce el gobierno de facto”.Victoriano Laura, de 48 años, un minero de la ciudad de La Rinconada, en lo alto de la cordillera de los Andes, dijo el martes que muchas personas estaban viajando desde La Rinconada a la ciudad de Juliaca, a unos 160 kilómetros de distancia, para protestar.“La gente está furiosa” por la destitución del presidente, dijo. “La violencia está empezando por la provocación de la policía, y la gente no se va a quedar callada”.Hasta ahora, no ha surgido ningún líder que intente unificar a los distintos grupos. Perú se ha visto lastrado por la agitación política y los escándalos de corrupción de alto nivel que han llevado que desfilaran seis presidentes desde 2016.Partidarios de Castillo bloquean la carretera Panamericana Sur en Ica, Perú, el martes.Martin Mejia/Associated PressEn sus escasas apariciones públicas desde su detención por rebelión, Castillo ha defendido sus acciones y no ha mostrado arrepentimiento.Durante su segunda comparecencia ante el tribunal el martes, Castillo dijo que había sido detenido injustamente y que nunca renunciaría.“Jamás renunciaré y abandonaré esta causa popular. Desde aquí quiero exhortar a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional que depongan las armas y dejen de matar a este pueblo sediento de justicia”, en referencia a los manifestantes.Cuando un juez le interrumpió para preguntarle si quería decir algo en su defensa, Castillo respondió: “Nunca cometí un delito de conspiración ni rebelión”.Mitra Taj More

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      Violence Grows in Peru After President Pedro Castillo Is Ousted

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      At least six people have been killed in violence that has spread across the country following last week’s impeachment of Pedro Castillo after he tried to dissolve Congress.LIMA, Peru — A relatively peaceful, if abrupt, transfer of presidential power in Peru last week has shifted into violence and unrest as supporters of the former president intensified claims that his ouster was illegitimate and have staged attacks against police stations, courthouses, factories, airports and a military base.The protesters, backed by organizations that represent unions, Indigenous groups and poor farmers, are demanding new elections as quickly as possible.At the same time, the leftist leaders of several Latin American countries have thrown their support behind Peru’s former leader, Pedro Castillo, who was removed from office last Wednesday and arrested after he tried to dissolve Congress.The resulting unrest this week has grown and spread to different parts of the country as the government, while denouncing the violence, has struggled to stabilize the situation and respond to protesters’ demands.On Tuesday night the defense minister, Alberto Otárola, announced that the armed forces would take responsibility for protecting strategic infrastructure such as airports and hydroelectric plants, and that the government would soon declare a state of emergency for the nation’s highway system. “We are not going to deny that the situation in this country is currently serious and worrying,” he said.At least six people have died in the clashes, according to Peru’s ombudsman’s office, with all of the dead appearing to be protesters, among them five teenagers. Amnesty International and local human rights groups have accused the police of responding, in some cases, with excessive force.Earlier Tuesday, the ombudsman’s office had said that seven protesters died, but corrected itself after it said that a man identified to the office as dead could not be found in the country’s civil registry.On Tuesday, the country’s new president, Dina Boluarte, called for “calm.’’“This situation that has cast a shadow over the country is causing anguish to the entire Peruvian family,” she said, speaking outside a hospital in Lima, the capital, having declared parts of the country under a state of emergency.“I am a mother of two children, and I do not want to be going through this situation where our loved ones are dying,” she said.Ms. Boluarte once campaigned alongside Mr. Castillo, but later called his actions a coup attempt. She is also a leftist, and comes from the largely poor Andean department of Apurímac, where the protests first erupted.What to Know About the Ousting of Peru’s PresidentCard 1 of 4Who is Pedro Castillo? More

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      Fraud Claims, Unproved, Delay Peru’s Election Result and Energize the Right

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      A month after polls closed, officials have yet to declare a victor in the presidential vote, as they consider Keiko Fujimori’s demand that ballots be thrown out.LIMA, Peru — They showed up for the rally by the thousands in red and white, the colors of their right-wing movement, swapping conspiracy theories and speaking ominously of civil war, some brandishing shields with crosses meant to exalt European heritage.On the stage, their leader, the presidential candidate Keiko Fujimori, let loose on her headline issue: election fraud.Though electoral officials say her opponent, the leftist union leader Pedro Castillo, leads by more than 40,000 votes with all the ballots counted, they have yet to declare a victor a month after the polls closed, as they consider Ms. Fujimori’s demand that tens of thousands of ballots be thrown out.No one has come forward, even weeks later, to corroborate Ms. Fujimori’s claims of fraud; international observers have found no evidence of major irregularities; and both the United States and the European Union have praised the electoral process.But Ms. Fujimori’s claims have not only delayed the certification of a victor, they have also radicalized elements of the Peruvian right in a way that analysts say could threaten the country’s fragile democracy, just as it struggles to beat back the pandemic and mounting social discontent.Many in Peru have pointed out that Ms. Fujimori’s assertions echo those made by Donald J. Trump in 2020, and by Benjamin Netanyahu in Israel this year. The difference, they say, is that Peru’s democratic institutions are far weaker, leaving the country more susceptible to increasing turmoil, a coup or an authoritarian turn.In Peru, those who think the election was stolen are concentrated in the upper classes of the capital, Lima, and include former military leaders and members of influential families. Some of Ms. Fujimori’s supporters have openly called for a new election, or even a military coup if Mr. Castillo is sworn in.Ms. Fujimori during a rally in Lima last month. She wants as many as 200,000 votes to be thrown out.Marco Garro for The New York Times“It’s a danger for democracy,” said the Peruvian political scientist Eduardo Dargent, calling Ms. Fujimori part of a growing “denialist global right.”“I think in the end Keiko will leave the stage,” he went on. “But a very complicated scenario for the next government has been built.”Going into the June election, Peru’s two-decade-old democracy was badly in need of a boost. The country had cycled through four presidents and two Congresses in five years, as lawmakers became enmeshed in corruption scandals and score-settling that diminished trust in political institutions.Peru has also recorded the world’s highest per capita death toll from Covid-19 and has seen the virus push nearly 10 percent of its population into poverty, highlighting cracks in the country’s economic and social safety nets.Voters could hardly have faced a starker choice when they went to the polls on June 6 to decide between Mr. Castillo, the son of peasant farmers who enjoys broad Indigenous and rural support, and Ms. Fujimori, a towering symbol of the Peruvian elite and the heir to a right-wing populist movement started three decades ago by her father, the former President Alberto Fujimori.Millions of Peruvians who did not feel represented by previous governments were eager to celebrate the rise of Mr. Castillo, who has lived most of his life in an impoverished rural region.Since the election, supporters of both candidates have taken to the streets in competing rallies.Supporters of the leftist candidate Pedro Castillo. He enjoys broad support among the nation’s Indigenous people. Marco Garro for The New York Times“We’re Peruvians, too. We want to take part in the country’s political and economic decisions,” said Tomás Cama, 38, a teacher and Castillo supporter from southern Peru, standing outside the election office on a recent day.But Mr. Castillo’s links to more radical politicians — his party is headed by a man who has praised President Nicolás Maduro of Venezuela for consolidating power — and his proposal to change the Constitution to give the state a greater role in the economy have fanned fears among affluent Peruvians. Such fears have fertile ground in Peru after decades in which a violent insurgency with communist aims, the Shining Path, terrorized much of the country. They have also allowed Ms. Fujimori’s unsubstantiated fraud claims to gain strength: One recent poll showed that 31 percent of Peruvians thought the claims were credible.Alleging that Mr. Castillo’s party manipulated official tallies at polling stations across the country, Ms. Fujimori is seeking to toss out up to 200,000 votes, mainly from rural and Indigenous regions where Mr. Castillo won by a landslide.With a new president scheduled to be sworn in on July 28, many members of Peru’s elite are backing Ms. Fujimori’s efforts to nullify the votes. Hundreds of retired military officers have sent a letter to top military chiefs urging them to not recognize “an illegitimate president.” A former Supreme Court justice filed a lawsuit requesting that the entire election be annulled.The country’s best-known public intellectual, the Nobel Prize-winning author and former presidential candidate Mario Vargas Llosa, has said he supports Ms. Fujimori’s efforts because a win by Mr. Castillo would be a “catastrophe.”“That is evident to the immense majority of Peruvians,” he told a local television channel, “especially Peruvians from cities and Peruvians who are better informed.”The narrative of a stolen election has taken on racist and classist flourishes at times. On the eve of the vote, false news reports circulated on the messaging application WhatsApp that Indigenous people had surrounded Lima, implying that they would use violence if Ms. Fujimori won.In the crowd at one recent Fujimori rally, a group of young men wearing bulletproof vests and helmets marched with makeshift shields painted with the Cross of Burgundy, a symbol of the Spanish empire popular among those who celebrate their European heritage. One man flashed what looked like a Nazi salute.A Fujimoro rally in Lima last month. The narrative of a stolen election has taken on racist and classist flourishes at times. Marco Garro for The New York TimesMs. Fujimori, the granddaughter of Japanese immigrants, part of a larger Peruvian-Japanese community, has allied herself closely with the country’s often European-descended elite, just as her father eventually did.A number of her supporters have talked casually about their hope that the military will intervene.“Just for a moment, until the military can say: ‘You know what? New elections,’” said Marco Antonio Centeno, 54, a school administrator. “The alternative is totalitarianism.”At another pro-Fujimori rally, Mónica Illman, also 54, a translator who lives in an affluent part of Lima, said that until this year she had never taken part in a protest. But, citing assertions she had seen on Willax, a right-wing news outlet, she said she had been pushed to the streets by “an immense, terrible fraud.”If Mr. Castillo is declared president, she said, “there’s going to be a crisis, a civil war.”Ms. Fujimori’s election claims have also raised the profile of young right-wing activists like Vanya Thais, 26, who has been among the opening speakers at the candidate’s rallies and has used Twitter to summon some of her 40,000 followers to the streets.Vanya Thais recording a video for her social media followers last month. “This movement is here to stay,” she said.Marco Garro for The New York TimesIn an interview, Ms. Thais said she had no doubt Mr. Castillo would revive the Maoist insurgency that terrified much of Peru in the 1980s and 1990s.Ms. Thais said right-wing politicians and the business community had not taken a tough enough stance in recent years. But those days are over, she said: “This movement is here to stay.” More

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      Perú atrapado entre dos males

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      Pedro Castillo y Keiko Fujimori competirán en la segunda vuelta electoral por la presidencia. Ambos son conservadores y con credenciales democráticas dudosas. ¿Qué soluciones hay ante este panorama desolador?Los resultados de la primera vuelta electoral en el Perú muestran un panorama desolador.Luego de una campaña marcada por lo que podríamos denominar una fragmentación sin emoción, se ha confirmado que el izquierdista Pedro Castillo (Perú Libre) y la derechista Keiko Fujimori (Fuerza Popular) competirán en la segunda vuelta electoral del 6 de junio. Ambos son extremistas, de perfil conservador y sus credenciales democráticas son dudosas. A este país acostumbrado a votar por el “mal menor” parece haberle llegado el momento de elegir entre dos males a secas.Castillo, por su parte, tiene propuestas como desactivar el Tribunal Constitucional y reemplazarlo por “los verdaderos tribunos del pueblo” o cerrar el Congreso si el pueblo se lo pide. Mientras tanto, Fujimori es hija y heredera política del expresidente autoritario Alberto Fujimori y una de las principales responsables de la crisis política de 2016 en adelante.Sin importar quién gane, las tendencias autoritarias no son la única problemática que se avecina. El Congreso estará compuesto por varios partidos y se prevé más precariedad institucional. Viene a la mente el último quinquenio: un interminable conflicto entre poderes del Estado que tuvo como saldo que contáramos con cuatro presidentes y dos congresos. En este contexto, se tendrán que buscar salidas a la que ha sido una de las peores gestiones de la pandemia a nivel mundial.Tal situación es el punto culminante de dos décadas en donde se ha priorizado la continuidad del modelo económico neoliberal y se ha descuidado el fortalecimiento institucional y la satisfacción ciudadana.Las élites de empresariales, tecnocráticas, políticas y mediáticas responsables de esta continuidad terminaron abrazando una suerte de mito alrededor del modelo. Se creyeron que este modelo debía permanecer a toda costa, mientras que la política podía ser relegada o incluso desterrada de la toma de decisiones. Este mito ya es insostenible y debemos crear, pronto, una mirada más realista que recupere la importancia de tener una política saludable para la democracia.Pero ni Castillo ni Fujimori parecen ser aptos para reimaginar una democracia en donde las instituciones y la ciudadanía tengan un rol primordial y que deje de atrás el drama constante de cambios de presidentes, disoluciones del Congreso y tendencias autoritarias.Para superar el mito alrededor del modelo económico, debemos empezar por reconocer su lado positivo.El neoliberalismo ha sido uno de los proyectos políticos más estable de nuestra historia. En la víspera del bicentenario de la Independencia, haríamos mal en no reconocer que nuestro pasado remoto y reciente se parece, a ratos, a un homenaje al filósofo Heráclito: lo único constante era el cambio. Todos los proyectos políticos que emprendimos antes se descalabraron. En cambio, el neoliberalismo llegó y se atrincheró en la vida nacional, incluso mientras muchos países de América Latina giraban hacia diferentes tipos de modelos de izquierda.Los logros económicos del neoliberalismo son innegables. Cuando uno contrasta la debacle económica que se vivía hacia 1989, no cabe duda de que las cosas mejoraron. Particularmente, en la democracia del nuevo milenio, entramos en un periodo de crecimiento acelerado del PBI que, a su vez, resultó en que los índices oficiales de pobreza se redujeran sustancialmente. Todo esto bajo una macroeconomía muy bien manejada.Pero, detrás del triunfalismo económico, había muchas problemáticas que seguían sin ser resueltas. Deberíamos empezar por notar las deficiencias de nuestro modelo, principalmente en lo referido al aparato productivo, como ha escrito el economista Piero Ghezzi en un reciente libro. Como ha evidenciado la pandemia, dice Ghezzi, este modelo no cuenta con las condiciones para sostener un desarrollo a largo plazo. Entonces, la continuidad que plantea cierta derecha podría ser tan peligrosa como los cambios que se proponen desde cierta izquierda.A esto habría que añadir todo aquello que ha sido descuidado como consecuencia del énfasis en la continuidad del modelo económico. Primero, la ciudadanía ha brindado importantes contingentes de votos y hasta ha elegido candidaturas que prometieron cambiar, en diferente medida, el modelo económico (Alan García en 2006 y Ollanta Humala en 2011). Es decir, a pesar de las mejoras económicas, la población no tiene el mismo fervor que las élites por la continuidad del modelo.En segundo lugar, tenemos uno de los Estados más débiles de América Latina. Esta característica no solo está detrás de la incapacidad para responder adecuadamente a la pandemia. También se manifiesta en la persistente conflictividad social alrededor de proyectos mineros y la expansión de economías ilegales. Y está presente en las elecciones. Es posible que gran parte de los votos para Castillo y Keiko sea resultado de una población que viene exiguiendo, elección tras elección, tener una ciudadanía más plena.No solo eso. La crisis política que vivimos tiene relación con una profunda insatisfacción con las instituciones políticas y autoridades, escándalos de corrupción y con la debilidad de los partidos políticos que participan en elecciones. La irresponsabilidad de los políticos en los últimos cinco años y la distancia con la ciudadanía al momento de tomar decisiones tiene parte de su origen en esta combinación de condiciones.Con el mito claramente superado, ahora podemos ver su peor resultado: un país donde las elecciones nos dejan en la encrucijada de tener que elegir entre dos males, con posibles presidentes que han mostrado señales autoritarias, conflictos institucionales, insatisfacción ciudadana y dificultades para lidiar una profunda crisis sanitaria y económica.Por todo lo visto, sería desastroso que en esta segunda vuelta el Perú no reconociera que tanto Castillo como Keiko son sumamente peligros en términos políticos: no garantizan plenamente ni la estabilidad ni la democracia. Si nos llegáramos a enfocar únicamente en la dimensión económica que los separa, repetiremos el mismo guion que nos ha traído a esta tragedia en primer lugar.Los riesgos económicos de la continuidad de Keiko y el cambio de Castillo no deberían subestimarse. Pero no nos quedemos en esto.En vez de dar tumbos alrededor del mito viene siendo tiempo de invertir su fórmula: a nuestra democracia le podría ir bien con diferentes modelos económicos, pero jamás le irá bien de espaldas a la institucionalidad y la ciudadanía. Debemos exigir a los candidatos que ofrezcan respuestas que garanticen que entienden mínimamente ese problema.Además de decirnos por qué su programa económico es supuestamente mejor que el de su rival, tendrían que hablar de sus estrategias para evitar vacancias y disoluciones, coaliciones que no supongan repartijas, compromiso con el Estado de derecho, no atrincherarse al poder y respeto de los derechos políticos de sus rivales y libertades civiles de la población. Recordemos que el desprecio por la política genera una política despreciable.Daniel Encinas (@danencinasz) es politólogo y candidato a doctor en Ciencia Política por la Universidad de Northwestern. More

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      Discrimina y vencerás… en las elecciones peruanas

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      AdvertisementContinue reading the main storyOpiniónSupported byContinue reading the main storyComentarioDiscrimina y vencerás… en las elecciones peruanasPerú celebrará elecciones presidenciales en medio de inestabilidad política y una crisis de salud por la pandemia. En un país confinado y donde solo el 40 por ciento de la población tiene acceso a internet, las campañas virtuales son una posibilidad y un dilema.La bandera del Perú durante una marcha posterior a la toma de posesión del presidente interino Francisco Sagasti.Credit…Sebastian Castaneda/ReutersEs periodista y escritora peruana.2 de febrero de 2021 a las 12:13 ETAl menos un par de candidatos a la presidencia del Perú y otros tantos expertos han sugerido que la campaña electoral del Perú se traslade al mundo virtual y las redes sociales.Keiko Fujimori y Julio Guzmán (él contagiado recientemente con la COVID-19), dos de los aspirantes que tienen mayor intención de voto —junto con George Forsyth, Verónika Mendoza y Yonhy Lescano—, han hablado de hacer una campaña al menos parcialmente digital por el incremento de los contagios de la segunda ola de la pandemia.Parece un argumento sensato. Perú es el país con más muertos por la COVID-19 por millón de habitantes en Sudamérica. En Lima y Callao, por ejemplo, ya no hay disponible una sola cama en la unidad de cuidados intensivos. En ese delicado contexto la propuesta de los presidenciables podría interpretarse como un gesto de responsabilidad social si no fuera porque aproximadamente el 60 por ciento de la población en el país no tiene acceso a internet en casa.El presidente, Francisco Sagasti, anunció de manera reciente la cuarentena total en la mayoría de ciudades del país al menos para los próximos días, en los que los candidatos no podrán movilizarse por el territorio, salvo las pocas zonas que no están bajo alarma extrema. Y no es seguro que puedan volver a recorrerlo con sus propuestas, lo que de facto nos pondría en la perspectiva de una campaña en gran parte virtual. Es algo que podría favorecer a los candidatos con reconocimiento de nombre y recursos pero a costa de que relegará, inevitablemente, a una enorme porción de la sociedad del juego democrático.La pandemia no solo ha dejado en evidencia que en el Perú no existe un sistema de salud capaz de hacer frente a esta crisis, también ha revelado las enormes falencias de su sistema político. A solo tres meses de las elecciones este sistema no puede garantizar que la mayoría de las personas pueda ejercer un voto informado debido a la abismal brecha digital. A la discriminación económica, sanitaria y laboral, se suma la que limita la participación democrática.La nuestra es una sociedad aún escindida y discriminadora en la que la privatización de los servicios públicos expone a miles a la enfermedad. Venden el oxígeno, suben el precio del paracetamol y es posible que hasta quieran vender la vacuna. En el Perú mueren los más pobres pero no por coronavirus, sino por falta de camas. Y es esa la misma población que tiene poco o ningún acceso a internet.Familiares de un hombre que falleció por la COVID-19 llevan su ataúd en un cementero limeño el 27 de enero de este año.Credit…ReutersSiempre hemos sabido que la peruana es una democracia endeble, casi un espejismo, pero al menos se ficcionaban las decisiones colectivas y parecían respetarse los mecanismos de participación. Pero la crisis pandémica quizás le ha dado una excusa a quienes han dominado la política peruana para encontrar maneras de limitar todavía más el voto. Solo una opinión vertida desde el privilegio puede demostrar tanta ignorancia acerca de nuestras realidades.El discurso concienzudo a favor de la virtualidad de las elecciones solo se lo pueden permitir candidatos que, como Keiko Fujimori, cuentan ya con una red de apoyo de medios de comunicación, leales a su proyecto político desde la década en que gobernaba su padre, o que tienen gran influencia y una buena base de seguidores.La propia Keiko, quien ha disputado ya dos veces las elecciones a la presidencia, se encuentra ahora mismo en régimen de arresto domiciliario con varias investigaciones abiertas por corrupción pero ha prometido un gobierno de “mano dura” contra el coronavirus y la crisis política, en la que lleva meses sumido el Perú precisamente por las maniobras en el Congreso de su partido y sus aliados.Una campaña exclusivamente virtual se la pueden permitir también los candidatos como Guzmán y Forsyth, cercanos al poder y a los círculos empresariales que podrían contar con grandes recursos para invertir en las pautas de internet y redes, además de contar con respaldo mediático.En esas condiciones, quizás la única candidata de izquierda que parte con posibilidades, Verónika Mendoza, de Juntos por el Perú, no solo está en desventaja, sino que sus oportunidades de competir se reducen. Sin un nombre tan reconocible como Fujimori (cuya familia ha dominado la política peruana durante buena parte de los últimos treinta años) o sin el respaldo de las élites empresariales (como Forsyth y Guzmán), su campaña necesita de la calle y del arrastre popular. Por ahora Mendoza no ha hecho grandes eventos de campaña pero sí se está moviendo respetando los protocolos de seguridad. Aún así algunas encuestas la colocan ya en segundo lugar.Perú no es Francia o Estados Unidos, donde también se llevaron a cabo elecciones municipales y presidenciales en plena pandemia, y donde ha funcionado el voto en ausencia y otros protocolos pandémicos. En el Perú eso es imposible. Para emitir su voto, que sigue siendo obligatorio, mucha gente suele desplazarse largas horas desde sus comunidades hasta los centros de votación. Si la campaña pasa a ser solo virtual, ese alto porcentaje de personas no podrá ser parte del proceso previo de los comicios, ni tomar contacto y escuchar las alternativas sobre la mesa para forjarse una opinión. Y eso se llama exclusión.Hace unos días algunos hablaban de postergar las elecciones. Pero pese al nuevo confinamiento y toques de queda recién decretados —que poca gente puede acatar, pues el 70 por ciento de los trabajadores peruanos son informales—, la idea de postergar las elecciones por unos meses no solo no resolvería la brecha digital. También daría más margen a la polarización que se vive todos los días en las calles entre bandos políticos, entre negacionistas de la pandemia, activistas por la reactivación económica a toda costa y defensores de la cuarentena y los protocolos sanitarios.Es necesario emprender un proceso electoral limpio y sin más demora para poner en marcha una nueva etapa tras un año políticamente convulso. Ese debe ser el inicio para que el país entre en la senda de la reconstrucción en el año en que se proyecta celebrar el bicentenario de su independencia. En cuanto se reabra progresivamente la circulación en algunas semanas, las autoridades deberían seguir permitiendo a los partidos difundir su mensaje en igualdad de condiciones y estos esforzarse por hacer un trabajo pedagógico y cívico de cuidados mientras se garantiza la democracia participativa.Eso sí, no olvidemos a la hora de votar que esta disyuntiva sobre la campaña digital ha revelado también algo que es tan obvio como estremecedor: lo alejados que pueden estar de la vida de la gente muchos de los que quieren ser presidentes del Perú. Tal parece que siguen su propia máxima: discrimina y vencerás.Gabriela Wiener es escritora, periodista y colaboradora regular de The New York Times. Es autora de los libros Sexografías, Nueve lunas, Llamada perdida y Dicen de mí.AdvertisementContinue reading the main story More