Mar-a-Lago (Palm Beach, Fla)

Subterms

    More stories

    • 150 Shares179 Views

      in Elections

      Los votantes del sur de Florida reflexionan sobre el caso de Trump

      by

      Los sentimientos encontrados entre algunos residentes sobre el expresidente y el caso en su contra reflejan la complicada política del estado.Como votante registrada en el condado de Palm Beach, Florida, Bette Anne Starkey sabe que existe la posibilidad de que la elijan para formar parte de un jurado en el caso penal federal contra el expresidente Donald Trump. Pero a pesar de que ha votado dos veces por Trump, en realidad no sabe cómo actuaría si fuese miembro del jurado que podría analizar el caso.Haciéndose eco del propio Trump, Starkey, una contadora de 81 años, usó la frase “cacería de brujas” en una entrevista para describir la acusación federal contra el expresidente, la cual lo acusa de sustraer de forma deliberada documentos clasificados de la Casa Blanca. Pero también le cuesta entender por qué Trump no devolvió los documentos cuando se los pidieron, y eso es parte de su indignación latente con el presidente número 45.“Estoy harta de escuchar sobre todas sus artimañas”, dijo.Sus comentarios reflejan los sentimientos complejos que Trump puede suscitar en estos días incluso entre los republicanos que votaron por él. Pero Starkey también es un reflejo de la política complicada y volátil del sur de Florida, el terreno de Trump, y el grupo de jurados que ofrece.El diverso y densamente poblado sur de Florida será el lugar donde se convocará a un jurado para juzgar la inocencia o culpabilidad de Trump si el caso llega a juicio, aunque no se ha determinado ni el lugar exacto del juicio ni el grupo de jurados.Partidarios del expresidente se reunieron el domingo cerca de Mar-a-Lago en Palm Beach, Florida.Saul Martinez para The New York TimesEl caso se presentó en la división judicial de West Palm Beach del Distrito Sur de Florida, lo que significa que el jurado podría ser seleccionado entre los votantes registrados en el condado de Palm Beach, hogar del resort Mar-a-Lago de Trump, donde ha vivido desde que dejó la Casa Blanca. En 2020, Trump perdió en el condado de Palm Beach ante el presidente Biden por casi 13 puntos porcentuales.Pero un grupo de jurados compuesto por votantes del condado de Miami-Dade, al sur de Palm Beach, también es una posibilidad, en particular si se determina que el juzgado federal en Miami, donde se espera que Trump haga una comparecencia inicial el martes, está mejor equipado para organizar el que probablemente será uno de los juicios penales más importantes en la historia de Estados Unidos.Trump perdió en Miami-Dade por solo siete puntos en las últimas elecciones y obtuvo un fuerte apoyo de los votantes hispanos en particular; más de dos tercios de los residentes del condado se identifican como hispanos, según datos del censo.Sin embargo, ambos condados se han vuelto más republicanos en los últimos años, y los candidatos de ese partido han tenido un éxito notable en las contiendas estatales. Trump ganó en Florida tanto en 2016 como en 2020, y el estado eligió dos veces al gobernador Ron DeSantis, quien es el principal rival de Trump para la candidatura presidencial republicana.Todo esto debería ofrecer cierto consuelo a los miembros del equipo de defensa de Trump, quienes saben que solo se necesita un voto para que el resultado sea un jurado dividido. Además, muchos habitantes del sur de Florida, al igual que estadounidenses en otras partes del país, creen que Trump es víctima de un trato injusto por parte de fuerzas poderosas en la izquierda política.George Cadman, un agente de bienes raíces de 54 años y padre de dos hijos, dijo que no ha seguido de cerca las noticias en los últimos meses. Afirmó que no había oído nada sobre los cargos federales contra Trump, lo que lo convierte, en cierto sentido, en un buen candidato para servir como jurado.El caso se presentó en la división de West Palm Beach del Distrito Sur de Florida, lo que significa que el jurado podría ser seleccionado entre los votantes registrados en el condado de Palm Beach, donde está el resort Mar-a-Lago de Trump. Saul Martinez para The New York TimesPero Cadman, que vive en el condado de Miami-Dade, en el sur, también dijo que apoya a Trump “100 por ciento” y que cree que las investigaciones previas sobre el expresidente tuvieron motivaciones políticas. Tras agregar que cree que la interferencia electoral de Rusia en 2016 y el escándalo sobre Trump y Ucrania fueron engaños, dijo que “sería muy cauteloso al tomar una decisión sobre lo que pienso al respecto”, refiriéndose al nuevo caso contra Trump.(En una llamada telefónica posterior, Cadman dijo que por mucho que le gustaba Trump, planeaba votar por el presidente Biden en 2024, porque el aumento del valor de las propiedades había beneficiado su trabajo como agente de bienes raíces).Muchos de los cubanoestadounidenses del sur de Florida aprendieron por las malas, durante y después de la Revolución Cubana, sobre el impacto de la política incluso en las vidas apolíticas. Y para algunos de los conservadores entre ellos, como Modesto Estrada, un empresario jubilado que llegó a Miami hace 18 años, vale la pena apoyar a Trump como un poderoso freno para los demócratas y las políticas liberales que, según Estrada, están “arruinando el país” pues disuaden a la gente de trabajar.Estrada, de 71 años, señaló que también se había descubierto que Biden y el ex vicepresidente Mike Pence tenían documentos gubernamentales confidenciales en su poder. (Sin embargo, Biden hasta ahora, a todas luces, ya devolvió los documentos a las autoridades tras descubrirlos, al igual que Pence). Al igual que muchas personas entrevistadas, Estrada confesó que le resultaría difícil ser un jurado imparcial en el caso.“Desde mi perspectiva personal, hasta el momento, no tienen nada contra él”, dijo sobre Trump. “Y no le va a pasar nada. No va a ir a la cárcel. El caso se va a desmoronar y eso es lo que espero que suceda”.Así como Estrada afirmó que su experiencia con una dictadura de izquierda había influido en su esperanza de que Trump sea declarado inocente, Viviana Domínguez, de 63 años, se refirió a su propia experiencia en su Argentina natal, la cual estuvo gobernada por una dictadura militar de derecha de 1976 a 1983, cuando expresó su aversión a Trump.Modesto Estrada apoya a Trump. “El caso se va a desmoronar y eso es lo que espero que suceda”, afirmó, sobre los cargos.Saul Martinez para The New York TimesDomínguez, una restauradora de arte que ha vivido en Miami durante 13 años, calificó a Trump como una “vergüenza” y agregó: “Creo que irá a la cárcel, pero no sé si eso sea una ilusión”.Domínguez describió el caso de los documentos y la todavía considerable base de apoyo de Trump, en términos de una inquietante flexibilización de los estándares cívicos. “Vimos todo eso en mi propio país, cuando las mentiras se hicieron cada vez más grandes”, afirmó. “El margen de tolerancia se hizo cada vez más amplio, de modo que nunca veías el límite. Hablaban de moralidad y de la familia, pero eran las personas más corruptas y obscenas del mundo. Es como un estado de locura”.Roderick Clelland, un veterano de la guerra de Vietnam de 78 años, de West Palm Beach, la ciudad más poblada del condado de Palm Beach, dijo que le preocupaban las implicaciones internacionales de lo que sentía que había sido una actitud laxa de Trump hacia los secretos nacionales.“El mundo entero nos está mirando”, afirmó Clelland. “Y algunos de esos documentos sobre otros países… ¿van a confiar en nosotros? La gente ha sido encarcelada por menos que eso. Así que no puedes simplemente violar la ley y salirte con la tuya. Por eso espero que haya un castigo”.Clelland tuvo cuidado de señalar que no odiaba a Trump. “Pero no me gusta su comportamiento y su actitud”, dijo.A pesar de haber votado dos veces por Trump, Starkey, quien es secretaria del Club Republicano de Palm Beaches, dijo que nunca ha sido una gran admiradora. Pero tanto en 2016 como en 2020, no pudo decidirse a apoyar al candidato más liberal. Por estos días está pensando en votar por Nikki Haley, exembajadora de las Naciones Unidas y exgobernadora republicana de Carolina del Sur. Aclaró que solo hablaba a título personal y no en nombre de su club.Sin embargo, Starkey dijo que la acusación formal contra Trump parecía una estrategia partidista en un momento en que la política estadounidense carece de gran parte de la cortesía entre los dos partidos que recuerda con cariño del pasado. Afirmó que esa era una de las razones por las que tendría dificultades si la eligieran para ser un eventual jurado en el caso. “¿Estás segura de que tienes todos los hechos a favor y en contra?”, se preguntó.Starkey dijo que estaba harta del drama que rodeaba la acusación y que sabía que muchas otras personas pensaban igual que ella.“Solo quiero que todo esto desaparezca”, dijo.Richard Fausset es un corresponsal radicado en Atlanta. Escribe sobre política, cultura, raza, pobreza y el sistema penal del sur de Estados Unidos. Antes trabajó para Los Angeles Times, donde fue corresponsal en Ciudad de México. @RichardFausset More

    • 75 Shares169 Views

      in Elections

      n South Florida, Voters Ponder Trump

      by

      The complicated feelings among some residents about Mr. Trump and the case against him reflect the complicated politics of the state. As a registered voter in Palm Beach County, Fla., Bette Anne Starkey knows there is a possibility she could be chosen to serve on a jury in the federal criminal case against former President Donald J. Trump. But even though she is a two-time Trump voter, she cannot really say how she would lean as a juror weighing the case.Echoing Mr. Trump himself, Ms. Starkey, an 81-year-old bookkeeper, used the phrase “witch hunt” in an interview to describe the federal indictment against the former president, which accuses him of knowingly removing classified documents from the White House. But she also struggles to understand why Mr. Trump did not simply return the documents when asked for them, part of her simmering irritation with the 45th president.“I’m sick of hearing about all of his shenanigans,” she said.Her comments reflect the complicated feelings that Mr. Trump can elicit these days even among Republicans who voted for him. But Ms. Starkey is also a reflection of the equally complicated, volatile politics of South Florida, Mr. Trump’s home turf, and the jury pool it offers.It is in diverse, densely populated South Florida that a jury of Mr. Trump’s peers will be called upon to judge his innocence or guilt if the case ever goes to trial, although the exact trial location and jury pool have not been determined.Supporters of the former president gathered near Mar-a-Lago in Palm Beach, Fla., on Sunday.Saul Martinez for The New York TimesThe case was filed in the West Palm Beach court division of the Southern District of Florida, meaning the jury may be selected from registered voters in Palm Beach County, home to Mr. Trump’s Mar-a-Lago resort, where he has lived since leaving the White House. Mr. Trump lost Palm Beach County to President Biden by nearly 13 percentage points in 2020.But a jury pool made up of Miami-Dade County voters, to the south of Palm Beach, is also a possibility, particularly if it is determined that the federal courthouse in Miami, where Mr. Trump is expected to make an initial appearance on Tuesday, is best equipped to accommodate what will likely be one of the highest-profile criminal trials in American history.Mr. Trump lost Miami-Dade by only about seven points in the last election, getting strong support from Hispanic voters in particular; more than two-thirds of the county’s residents identify as Hispanic, according to census data.Both counties, however, have grown more Republican in recent years, and Republican candidates have had significant success in statewide races. Mr. Trump won Florida in both 2016 and 2020, and the state has twice elected Gov. Ron DeSantis, currently Mr. Trump’s main rival for the Republican presidential nomination.All of this should offer some comfort to members of Mr. Trump’s defense team, who know it takes only one vote to result in a hung jury. And many South Floridians, like Americans elsewhere in the country, believe that Mr. Trump is a victim of unfair treatment by powerful forces on the political left.George Cadman, 54, is a real estate agent and father of two who said he has not been following the news closely over the last few months. He said he had not heard about the federal charges against Mr. Trump — making him, in some sense, a good candidate for jury service.The case was filed in the West Palm Beach division of the Southern District of Florida, meaning the jury may be selected from registered voters in Palm Beach County, home to Mr. Trump’s Mar-a-Lago resort.Saul Martinez for The New York TimesBut Mr. Cadman, who lives in southern Miami-Dade County, also said he supports Trump “100 percent” and that he believes previous investigations of Mr. Trump were politically motivated. Adding that he believes Russia’s 2016 election interference and the scandal about Mr. Trump and Ukraine were hoaxes, he said, “I would be very leery on making a decision on what I think about it,” he said, referring to the new case against Mr. Trump.(In a subsequent phone call, Mr. Cadman said that as much as he loved Mr. Trump, he planned to vote for President Biden in 2024, because rising property values had been good for his job as a real estate agent.)Many of South Florida’s Cuban Americans learned the hard way, during and after the Cuban Revolution, about the impact of politics on even apolitical lives. And for some of the conservatives among them, like Modesto Estrada, a retired businessman who arrived in Miami 18 years ago, Mr. Trump is worth supporting as a powerful brake on Democrats and liberal policies that Mr. Estrada said were “ruining the country” by discouraging people from working.Mr. Estrada, 71, noted that Mr. Biden and former Vice President Mike Pence had also been found to have sensitive government documents in their possession. Like many people interviewed, he said he would have a hard time being an impartial juror in the case.“From my personal perspective, up till now, they don’t have anything on him,” he said of Mr. Trump. “And nothing’s going to happen to him. He’s not going to jail. The case is going to fall apart and that’s what I’m hoping.”Just as Mr. Estrada said his experience with a left-wing dictatorship has colored his hope that Mr. Trump is found not guilty, Viviana Dominguez, 63, referred to her own experience in her native Argentina, which was ruled by a right-wing military dictatorship from 1976 to 1983, as she expressed her dislike of Mr. Trump.Modesto Estrada supports Mr. Trump. “The case is going to fall apart and that’s what I’m hoping,” he said about the charges.Saul Martinez for The New York TimesMs. Dominguez, an art conservator who has lived in Miami for 13 years, called Mr. Trump an “embarrassment,” adding, “I think he’s going to go to jail, but I don’t know if that’s wishful thinking.”She described the documents case, and Mr. Trump’s still-considerable base of support, in terms of an unsettling loosening of civic standards. “We saw all that in my own country, when the lies kept getting bigger and bigger,” she said. “The margin of tolerance kept getting wider and wider, so that you never saw the limit. They would talk of morality and of the family, but they would be the most corrupt, the most obscene people anywhere. It’s like a state of madness.”Roderick Clelland, a 78-year-old Vietnam veteran from West Palm Beach, the most populous city in Palm Beach County, said he was worried about the international implications of what he saw as Mr. Trump’s lax attitude toward sensitive national secrets.“The whole world is watching us.” Mr. Clelland said. “And some of those documents about other countries — are they going to trust us? People have been locked up for less than that. So you can’t just violate the law and get away with it. So I hope there is a penalty.”Mr. Clelland was careful to note that he did not hate Mr. Trump. “But I don’t like his behavior and his attitude,” he said.Despite voting for Mr. Trump twice, Ms. Starkey, the bookkeeper, said she has never been a big fan. But in both 2016 and 2020, she could not bring herself to support the more liberal candidate. These days, she is thinking about voting for Nikki Haley, the former United Nations ambassador and Republican governor of South Carolina.Still, Ms. Starkey said the indictment of Mr. Trump seemed like a partisan move at a time when American politics is lacking much of the comity between the two parties that she remembers fondly from the past. It was one reason, she said, that she would have a hard time if she were picked for an eventual jury in the case: “Do you trust that you’re getting all the facts for and against?” she wondered.She said she was exasperated with the drama surrounding the indictment — and knew there were many others like her.“I just want it to go away,” she said.@Verónica Soledad Zaragovia contributed reporting from Palm Beach County, Fla. More

    • 88 Shares129 Views

      in Elections

      Trump’s Candidacy: Evaluated by 11 Opinion Writers

      by

      As Republican candidates enter the race for their party’s 2024 presidential nomination, Times columnists, Opinion writers and others will assess their strengths and weaknesses with a scorecard. We rate the candidates on a scale of 1 to 10: 1 means the candidate will probably drop out before any caucus or primary voting; 10 means the candidate has a very strong chance of receiving the party’s nomination next summer. This entry assesses Donald Trump, the former president. More

    • 138 Shares189 Views

      in Elections

      Will Trump’s Indictment Bar Him From Running for President in 2024?

      by

      The second indictment of former President Donald J. Trump — this time over his hoarding of sensitive government documents — adds to the unusual questions raised by the spectacle of someone running for president while facing charges.The indictment — and any conviction — would not bar Mr. Trump from running.Nevertheless, it would be extraordinary for a person who is under indictment, let alone convicted of a felony, to be a major party nominee.There are only a few historical examples of somewhat serious candidates who even come close. They include the unsuccessful run in the 2016 Republican primary by Rick Perry, the former governor of Texas, after he was indicted on charges of abuse of power (the charges were dismissed months after he dropped out of the race), and the 1920 run by Eugene V. Debs as the Socialist Party nominee while he sat in prison for an Espionage Act conviction.If Mr. Trump were to be elected president while a felony case against him was pending or after any conviction, many complications would ensue.The Justice Department has in the past taken the position that even indicting a president while in office would be unconstitutional because it would interfere with the president’s ability to perform duties as head of the executive branch. Mr. Trump would surely try to get the case dismissed on that basis. There is no definitive Supreme Court ruling because the issue has never arisen before.Notably, in 1997, the Supreme Court allowed a federal lawsuit against President Bill Clinton to proceed while he was in office. That was a civil case, however — not a criminal one. Mr. Trump also faces a state case, an indictment in Manhattan in April, where he is accused of falsifying business records related to a hush-money payment.Even more extraordinary complications would arise were Mr. Trump to be convicted and incarcerated and yet elected anyway. One possibility is that he could win a federal court order requiring his release from prison as a result of a constitutional challenge. Another is that upon the commencement of his second term, he could be immediately removed from office under the 25th Amendment as “unable to discharge the powers and duties of his office.” More

    • 175 Shares199 Views

      in Elections

      Trump’s Indictment: Given What We Know, Not Charging Him Would Be the Greater Scandal

      by

      Donald Trump has been indicted. Again. And this time, it appears richly deserved, even if one includes special considerations related to the unique recent history of public officials mishandling classified documents.Before we dive into the details of the case, it’s important to restate the general principles that should govern any prosecution decision. The first principle, as I’ve argued, is that no person is above the law. That’s, of course, easy to say in the abstract, but perhaps a better way to frame it is that Trump’s status as a former president means that he should be treated no better and — crucially — no worse than ordinary American citizens.“No better” means that Trump should face charges if, for example, I would face charges under similar facts. It really is that straightforward.“No worse” means don’t stretch the law to indict the man. That may have been the case in March, when the Manhattan district attorney, Alvin Bragg, indicted Trump on charges related to hush-money payments made to the pornographic actress Stormy Daniels. As I explained at some length, there are real questions as to the legal sufficiency of Bragg’s complaint, including whether federal law pre-empts his state charges. It does not appear to be an easy case to make.But in the case of the new indictment by the special counsel, Jack Smith, “no worse” comes with an additional twist. Trump’s case is not the first high-profile instance of a senior public official mishandling classified information. Hillary Clinton comes to mind, and while the Department of Justice might be able to prosecute Trump under facts similar to those in Clinton’s case, it should not. I can think of few things that would damage the legitimacy of the American criminal justice system more than for the department to impose a double standard on Republican and Democratic presidential contenders.So in addition to evaluating the relevant law, the Justice Department should apply the same standard to Trump as it did to Clinton, the standard articulated by the F.B.I. director at the time, James Comey, in his public statement announcing that the bureau would not recommend prosecution.As Comey said of Clinton’s storing classified information on a private server, “There is evidence to support a conclusion that any reasonable person in Secretary Clinton’s position or in the position of those government employees with whom she was corresponding about these matters should have known that an unclassified system was no place for that conversation.”But Comey declined to recommend prosecution because he said he couldn’t find evidence that the Justice Department had prosecuted any case under similar facts: “All the cases prosecuted involved some combination of clearly intentional and willful mishandling of classified information or vast quantities of materials exposed in such a way as to support an inference of intentional misconduct or indications of disloyalty to the United States or efforts to obstruct justice.”That’s the Comey test: no prosecution absent evidence of one or more of the factors above. I disagreed with the decision at the time and still disagree. I’m a former Judge Advocate General’s Corps officer, an Army lawyer who helped investigate classified information breaches when I served in Iraq, and I feel confident that I would have faced military charges under similar facts.But once the Comey test was articulated, it should be evenly applied. And thus the critical question for the political legitimacy — and not just legal sufficiency — of the indictment is whether there is evidence of intentionality or obstruction in the Trump case that was absent in Clinton’s. (This is the same question that should be asked of the mishandling of classified documents by Joe Biden and Mike Pence.)As of Thursday night, we had not yet seen the indictment, so there is a chance my assessment will change. But a review of the publicly available evidence indicates that Trump’s conduct likely does meet the Comey test. There is evidence of intentionality and obstruction.Justice Department court filings related to the Mar-a-Lago search warrant make a series of damning claims against Trump. According to the department, in 2021 the National Archives and Records Administration corresponded with Trump’s team, hoping to obtain the “transfer of what it perceived were missing records from his administration.” In January 2022, Trump provided the archives with 15 boxes of records. When it reviewed the documents, it found 184 with classification markings and 25 marked “top secret,” including some with extraordinary “H.C.S.” and “S.I.” markings. “H.C.S.” indicates classified information “derived from clandestine human sources; “S.I.” indicates information “derived from the monitoring of foreign communications signals by other than the intended recipients.” In other words, these documents were quite sensitive.The inclusion of this information among the files in question caused the National Archives to contact the Justice Department, which promptly began efforts to determine if Trump retained any additional classified information. As the department told a federal court, the “F.B.I. developed evidence” that “dozens of additional boxes” remained at Trump’s residence at Mar-a-Lago and they were “also likely to contain classified information.”The Justice Department then obtained a grand jury subpoena demanding “any and all” records in Trump’s possession that contained classification markings. What happened next is what makes this case quite serious for Trump. On June 3, 2022, the Trump legal team provided a small batch of files to department officials and included a sworn certification letter indicating that Trump’s custodian of records had conducted a “diligent search” to locate any documents responsive to the subpoena and that the custodian had produced all such documents.According to the Justice Department, this certification was not accurate. While the Trump team produced 38 additional documents bearing classification markings (including 17 marked “top secret”) in its subpoena response, the department believed that there were still more classified documents at Mar-a-Lago. Its filing states that “the F.B.I. uncovered multiple sources of evidence” indicating that the response to the grand jury subpoena was “incomplete.” Even worse, “the government also developed evidence that government records were likely concealed and removed” from their storage area and “that efforts were likely taken to obstruct the government’s investigation.”This is the evidence that precipitated the grant of a search warrant, and on Aug. 8 the F.B.I. searched Mar-a-Lago. It claims that search uncovered more than 100 additional classified records, “including information classified at the highest levels.”These claims alone — if proved at trial — already provide evidence of intentionality and obstruction. Close observers of the case will note that I have not included an analysis of numerous news reports indicating that Trump engaged in even more egregious conduct, including ones that he was caught on a recording discussing a highly sensitive document detailing military plans for confronting Iran.Before we see the indictment, we know only the broad brushstrokes of the possible claims. But those brushstrokes paint a picture of intentionality and obstruction, including allegations of efforts to conceal and remove documents and the false certification of a complete response to the grand jury subpoena.Times news reports indicate that Trump is facing charges that include retaining national defense information, obstruction of justice, false statements, contempt of court and conspiracy. Each of those charges is substantiated even by the partial information we currently possess. The available evidence indicates that Trump’s conduct meets both the legal test for prosecution and the more lenient Comey test applied to Clinton.To say that the Trump indictment is credible is not the same thing as saying that he is guilty. We possess only partial information, and he has not yet mounted his legal defense. But for now, the evidence seems sufficient to support an indictment. Indeed, given what we know now, not charging Trump would be the greater scandal. It would place presidents outside the rule of federal law and declare to the American public that its presidents enjoy something akin to a royal privilege. But this is a republic, not a monarchy, and it is right to make Donald Trump answer for the crimes he is accused of.The Times is committed to publishing a diversity of letters to the editor. We’d like to hear what you think about this or any of our articles. Here are some tips. And here’s our email: letters@nytimes.com.Follow The New York Times Opinion section on Facebook, Twitter (@NYTopinion) and Instagram. More

    • 125 Shares119 Views

      in Elections

      Trump Lawyer Resigns From Defense Team in Special Counsel Inquiries

      by

      Timothy Parlatore, who has been defending the former president in the investigations into classified documents and Jan. 6, is leaving as federal prosecutors appear to be nearing decisions about bringing charges.Timothy Parlatore, one of the lawyers representing former President Donald J. Trump in the federal investigations into Mr. Trump’s handling of classified documents and his efforts to overturn the 2020 election, has resigned from the former president’s legal team.In a brief interview on Wednesday, Mr. Parlatore declined to discuss the specific reasons for his departure, but said it was not related to the merits of either inquiry — both of which are being led by a special counsel, Jack Smith. Mr. Parlatore said that he informed Mr. Trump of his decision directly and that he left the legal team on good terms with the former president.His departure was reported earlier by CNN.Mr. Parlatore’s withdrawal from the twin special counsel cases leaves Mr. Trump a lawyer short at a moment when prosecutors under Mr. Smith seem to be nearing the end of their sprawling grand jury investigations and may be approaching a decision about whether to bring charges.Two other lawyers — James Trusty and John Rowley — will for now continue to take the lead in representing Mr. Trump in both of the cases.Mr. Parlatore informed Mr. Trump’s team on Monday that he anticipated withdrawing, according to a person familiar with the events.Since last summer and until recently, Mr. Parlatore played a key role in Mr. Trump’s attempts to use attorney-client and executive privilege to limit the scope of the testimony provided by a series of witnesses who appeared in front of grand juries hearing evidence in both of the matters.Over and over in sealed filings and at closed-door hearings, Mr. Parlatore and his colleagues sought to assert privilege on behalf of Mr. Trump in the hopes of narrowing testimony from top Trump aides like Mark Meadows, the former chief of staff, and former Vice President Mike Pence. But their efforts were almost completely unsuccessful.At one point, Mr. Parlatore himself was subpoenaed to appear in front of the grand jury investigating the documents case. During his appearance, he answered questions about efforts made by Mr. Trump’s legal team to comply with a subpoena issued by the Justice Department last May demanding the return of all classified material in the former president’s possession.Among the things that Mr. Parlatore said he discussed with the grand jury were searches — ordered by a judge in response to a push from the Justice Department — that he oversaw at the end of last year of several properties belonging to Mr. Trump, including Trump Tower in New York; Mr. Trump’s golf club in Bedminster, N.J.; and a storage site in West Palm Beach, Fla. During the search of the storage site, investigators found at least two more documents with classified markings.Those searches followed a search in August of Mar-a-Lago, Mr. Trump’s private club and residence in Florida, by the F.B.I., which led to the discovery of more than 100 classified documents that had not been returned in response to the earlier subpoena.Mr. Parlatore was brought on to the legal team by Boris Epshteyn, who had been serving as something of an in-house counsel, hiring and negotiating contracts for lawyers. Mr. Epshteyn has shown a penchant for delivering sunny news to Mr. Trump despite bad circumstances, and for creating a bottleneck for the lawyers in dealing with the client, according to several people familiar with the events.Last month, Mr. Parlatore wrote a letter to Congress asking lawmakers for help in taking the documents investigation away from prosecutors and giving it to the intelligence community — a move that, among other things, would have removed the threat of a criminal indictment against Mr. Trump.The letter also seemed to preview some of Mr. Trump’s potential defenses in the documents case, noting that during his chaotic departure from the White House, aides “quickly packed everything into boxes and shipped them to Florida.” This hasty process, Mr. Parlatore argued, suggested that “White House institutional processes,” not “intentional decisions by President Trump,” were responsible for sensitive material being hauled away.Last week, Mr. Trump appeared to undercut those assertions on live television, declaring at a CNN town hall event that he knowingly removed government records from the White House and claiming that he was allowed to take anything he wanted with him as his personal property.“I took the documents,” he said at the event. “I’m allowed to.” More

    • 138 Shares199 Views

      in Elections

      Trump’s Bet: Criminal Case Could Help His Campaign, and Vice Versa

      by

      The former president aims to apply political pressure to prosecutors — while revving up support for his campaign by portraying himself as a victim of Democratic persecution.PALM BEACH, Fla. — At one end of the palatial Donald J. Trump Grand Ballroom at Mar-a-Lago on Tuesday, the former president made his first public comments about his arrest. At the opposite end of the hall — a space illuminated by 16 crystal chandeliers and bigger than four professional basketball courts — were several cardboard boxes stuffed with white campaign T-shirts.The shirts read “I STAND WITH TRUMP,” and had a date printed on them in bold type: 03-30-2023 — the day Mr. Trump was indicted by a Manhattan grand jury for his role in a hush-money scandal.After Mr. Trump’s indictment, it has become impossible to tell where his legal defense ends and his presidential campaign begins.The blurring of the lines between his White House bid and his mounting court battles is at the center of a high-stakes, norm-shattering bet from Mr. Trump: that he is capable of swaying public opinion to such a degree that he can simultaneously bolster his legal case and gin up enthusiasm — and campaign contributions — from his supporters.His legal calculation, according to aides and allies close to him, is that his pressure campaign against the Manhattan district attorney, Alvin L. Bragg, will lead to his acquittal and deter other prosecutors from seeking additional indictments — though some of his lawyers have warned him that’s unlikely.Politically, Mr. Trump’s strategy is to paint himself as a victim of Democratic persecution, generating sympathy and good will to aid his campaign for a third consecutive Republican presidential nomination.Trump supporters outside the Manhattan courthouse where Mr. Trump was arraigned on Tuesday over his role in a hush-money payment.Ahmed Gaber for The New York Times“President Trump isn’t just right to speak this way, he has a duty to use his bully pulpit to expose corrupt and uncontrolled prosecutors,” said Rod R. Blagojevich, a former Democratic governor of Illinois who was imprisoned for corruption until Mr. Trump commuted his sentence in 2020. “I applaud him for it.”Mr. Trump and his allies repeatedly have made baseless accusations of wrongdoing by Mr. Bragg.No one can say for certain whether a recent uptick for Mr. Trump in presidential primary polls has been the result of his braiding of legal and political tactics, or the recent stumbles by his chief potential Republican rival, Gov. Ron DeSantis of Florida, or some combination of the two.But Mr. Trump’s conflation of his political and legal campaigns has been on display for weeks.His public remarks about his arrest on Tuesday were made from the same stage — surrounded by the same “Make America Great Again” banners and American flags — where he announced his 2024 White House bid nearly five months earlier. One of the lawyers seated near Mr. Trump during his arraignment in the New York courthouse was Boris Epshteyn, who has provided both political and legal advice to the former president and other Republican candidates.At Mr. Trump’s first major rally of the race last month in Texas, his campaign distributed “Witch Hunt” signs for the crowd to wave. The campaign has sent more than three dozen fund-raising appeals to supporters this week — each one referring to Mr. Trump’s legal battles. On Tuesday, one email solicited campaign contributions in return for T-shirts printed with a fake mug shot of the former president and the words “not guilty.” (The authorities in New York opted not to take an actual mug shot.)“Donald Trump has been masterful at blurring the line between his own potential legal and political peril,” said Rob Godfrey, a longtime Republican strategist based in South Carolina. “But now that he faces actual legal peril, it will be fascinating to see how loyal his supporters are, whether they have the same tolerance for chaos he continues to and whether any of his opponents figure out a way to peel anyone away from him.”Mr. Trump has long viewed public opinion as the solution to an increasingly lengthy list of personal dramas, political scandals and legal crises. He used similar tactics as president during the 22-month investigation led by Robert S. Mueller III, the special counsel, and his approval rating was virtually unchanged. Mr. Trump’s legal advisers had urged him to create a team outside the White House structure to respond publicly to the Mueller inquiry, but he declined.One of Mr. Trump’s political high-water marks — in terms of re-election polling and fund-raising — came in February 2020, after a Republican-controlled Senate acquitted him in his first impeachment trial.More recently, he has spent months seeking to make state and federal prosecutors investigating his behavior appear indistinguishable from the Democratic and Republican opponents actively trying to stunt his political career.Mr. Trump has proved his skills at using investigations, impeachments and indictments to inflate his campaign coffers (and using a portion of those contributions to pay legal fees). His campaign has claimed to have raised more than $12 million from online contributions during the past week since he was indicted by the grand jury.But his strategy in the hush-money case to mingle his legal troubles with his 2024 presidential campaign carries significant risks and masks, at least for now, potential problems.While the Trump team has celebrated the recent influx of campaign cash, there have been questions about how many more new donors he can tap and whether he can maintain his fund-raising prowess without an immediate crisis to leverage. His only public campaign finance report so far showed a less-than-stellar haul for such a prominent political figure.The bigger question for the former president is how attacks on the court system and law enforcement — on Wednesday he called on his party to defund the F.B.I. and Justice Department in response to his criminal indictment — will help him win back moderate Republicans and independent voters who have abandoned him, and his preferred candidates and causes, for three consecutive election cycles.At Mr. Trump’s first big campaign rally of the 2024 race, in Waco, Texas.Christopher Lee for The New York TimesMr. Trump has used his standing as a former president — and as the front-runner for the Republican Party’s 2024 presidential nomination — to repeatedly describe the felony charges in New York (and open criminal investigations in Georgia and Washington) as a politically motivated attack aimed at undermining his White House bid.But that message ignores a series of electoral disappointments for Republicans since Mr. Trump’s 2016 victory made him the face of the party. Those defeats — in 2018, 2020 and 2022 — have been largely the result of a Democratic base motivated to vote against him and a significant defection of moderate Republicans turned off by his antics.Additionally, every major investigation focusing on Mr. Trump started well before he announced his third presidential campaign. By the time he opened his White House bid in November, Mr. Trump had spent months pushing for an unusually early campaign introduction, a move intended in part to shield him from a stream of damaging revelations emerging from the investigation into his attempts to cling to power after losing the 2020 election.Similarly, Mr. Trump has been using his legal battle to energize his enthusiastic backers and coalesce support in a divided Republican Party. While public opinion polls show Mr. Trump has a wide lead over most other primary contenders and potential rivals, about half of the party remains opposed to his candidacy.In the Mar-a-Lago ballroom on Tuesday, Mr. Trump’s campaign set up the room with a center aisle for the former president and his V.I.P.s to walk to their seats.The aisle resembled something a wedding party might use to make an entrance. But it also appeared to embody the very line that Mr. Trump has sought to blur: Mr. Epshteyn, one of Mr. Trump’s legal counselors, smiled and waved as the crowd cheered his arrival along with several campaign aides and family members.“The only crime that I have committed,” Mr. Trump said a few minutes later from center stage, “is to fearlessly defend our nation from those who seek to destroy it.” More

    • 125 Shares149 Views

      in Elections

      Defendant Trump Has the G.O.P. Just Where He Wants It

      by

      It was perhaps inevitable that, with Donald Trump’s historic arraignment taking place in the run-up to Easter Sunday, one of his most zealous disciples, Representative Marjorie Taylor Greene, would aim to drag Jesus into this mess.The former president “is joining some of the most incredible people in history being arrested,” the MAGA chaos agent blathered to a conservative news outlet just hours before Mr. Trump pleaded not guilty to 34 felony counts related to a hush-money deal with a porn star. “Jesus! Jesus was arrested and murdered by the Roman government!” proclaimed Ms. Greene.As a lapsed Southern Baptist, I’ll leave it to the more devout to debate whether this comparison qualifies as outright blasphemy or is merely idiotic. Regardless, it was a perfect distillation of Mr. Trump’s longstanding political refrain and current legal defense: He is the faultless victim of political persecution — a righteous martyr beset on all sides by America-hating, baby-eating Democrats and Deep Staters. In the Gospel According to the Donald, any bad thing he is ever accused of is just more proof that the forces of evil are out to get the MAGA messiah.It’s a great story if you can sustain it. Unless you’re a Republican presidential hopeful not named Donald Trump, in which case being required to shovel this grade of malarkey to please the base is increasingly awkward — at least for anyone hoping to retain a shred of credibility beyond the hard-core MAGAverse.This uncomfortable reality is actually something for every member of the G.O.P. to think about. Again. Because, if Mr. Trump’s prime-time, post-arraignment remarks on Tuesday were any indication, this is going to be a central theme of his third presidential run — one that promises to relegate everyone else in the party, including those considering a 2024 run themselves, to being minor players in this latest, tawdriest season of “The Trump Show.”Tuesday night was Mr. Trump’s first chance to address the criminal charges against him — his first real opportunity to counterpunch — since the New York indictment came down. Safely back in the gilded cocoon of Mar-a-Lago, surrounded by American flags and supporters sporting red hats and campaign signs, he delivered a half-hour battle cry that was painfully on brand: a greatest hits of his witch-hunt grievances interwoven with his dark take on how the country is “going to hell” without him. As he tells it, “all-out nuclear World War III” is just around the corner. “It can happen! We’re not very far away from it!” He also suggested that the investigation into his squirreling away sensitive documents at Mar-a-Lago could somehow lead to his being executed.Precisely the kind of responsible rhetoric one likes to hear from a political leader.It was not one of Mr. Trump’s more compelling speeches. The Mar-a-Lago crowd, while friendly, wasn’t the kind of roaring mass of fans from which Mr. Trump draws energy, and the former president sounded heavily scripted. Even so, the address was impressively offensive in its attacks on the justice system in general and the individuals leading the investigations of Mr. Trump in particular — as well as their families. (Seriously, what was with all the wife bashing?) He sniped about the “racist in reverse” officials out to get him. He went on a bizarre riff about how President Biden had hidden a bunch of documents in Chinatown. And his repeated attacks on the “lunatic” Jack Smith, the special counsel overseeing the federal investigations of Mr. Trump, suggest that whole business is really chafing the former president’s backside.Get ready for more of this magic. As Mr. Trump’s legal troubles heat up, with possibly more indictments to come, these investigations are going to eat at him and distract him. A hefty chunk of his campaign is likely to be an extended whine about his ongoing martyrdom, constantly putting other Republicans in the awkward position of having to defend him. And they won’t really have any choice as he whips his devoted followers into a frenzy over his persecution — and, of course, by extension, theirs.That is certainly what we have seen happening. Republicans have been lining up to trash the Manhattan district attorney, Alvin Bragg. It was in no way surprising to see Representative Lauren Boebert comparing the indictment of Mr. Trump to the actions of Mussolini and, yes, Hitler. But one might have expected slightly more from Gov. Ron DeSantis, widely regarded as the biggest threat to Mr. Trump’s 2024 ambitions, than his pathetic vow to refuse to assist any effort to extradite Mr. Trump to New York. Weak, Ron. Very weak.A long-shot candidate or two, like Asa Hutchinson, a former governor of Arkansas, may try to distinguish themselves by not smooching Mr. Trump’s backside so sloppily. But this is a risky path that few contenders seem inclined to tread. Having bowed to Mr. Trump so low and for so long, the party has left itself few, if any, good options for dealing with him now.Anyone looking to lead the G.O.P. beyond its Trump era was already at a disadvantage before the charges. Be it Nikki Haley or Mike Pence or Mr. DeSantis, the political world is busy assessing potential 2024 contenders in Trump terms, obsessing over where they fall on the MAGA spectrum and how delicately they are or are not handling the former president.Team Trump, meanwhile, is happy to play the martyr card for all it’s worth. They have been boasting about using the former president’s legal troubles to fund-raise and sign up volunteers.Any day now, look for the campaign to start hawking bracelets asking: WWDTD? (What would Donald Trump do?) Ms. Greene will surely snap up several. What classier, more tasteful Easter present for the MAGA faithful in one’s life?The Times is committed to publishing a diversity of letters to the editor. We’d like to hear what you think about this or any of our articles. Here are some tips. And here’s our email: letters@nytimes.com.Follow The New York Times Opinion section on Facebook, Twitter (@NYTopinion) and Instagram. More