Mar-a-Lago (Palm Beach, Fla)

El expresidente hizo comparaciones inexactas con otros políticos, tergiversó el proceso de clasificación y lanzó ataques con imprecisiones contra funcionarios.Horas después de declararse no culpable ante un tribunal federal en Miami por los cargos relacionados con su manejo de documentos clasificados, el expresidente Donald Trump defendió su conducta el 13 de junio con una serie de falsedades ya conocidas.En su club de golf en Bedminster, Nueva Jersey, Trump hizo comparaciones engañosas con otros personajes políticos, malinterpretó el proceso de clasificación y lanzó ataques con imprecisiones contra funcionarios.Aquí ofrecemos una verificación de datos de los argumentos de Trump sobre la investigación.Lo que dijo Trump“Amenazarme con 400 años en la cárcel por tener en mi poder mis propios documentos presidenciales, que es lo que prácticamente todos los presidentes han hecho, es una de las teorías legales más ofensivas y agresivas presentadas en la historia ante un tribunal estadounidense”.Falso. La Ley de Registros Presidenciales de 1978, que rige la conservación y retención de registros oficiales de los expresidentes, le da a la Administración Nacional de Archivos y Registros (NARA, por su sigla en inglés) total propiedad y control sobre los registros presidenciales. La legislación, que hace una distinción clara entre registros oficiales y documentos personales, se ha aplicado a todos los presidentes desde Ronald Reagan.La agencia señaló que “asumió la custodia física y legal de los registros presidenciales de las gestiones de Barack Obama, George W. Bush, Bill Clinton, George H. W. Bush y Ronald Reagan cuando esos presidentes abandonaron el cargo”.De manera independiente, después de que Trump en repetidas ocasiones y engañosamente comparó su manejo de registros con el de su predecesor inmediato, la Administración Nacional de Archivos indicó en un comunicado que Barack Obama entregó sus documentos, tanto los clasificados como los que no lo estaban, de conformidad con la ley. La agencia también afirmó no estar al tanto de que se haya perdido alguna caja de registros presidenciales del gobierno de Obama.Lo que dijo Trump“El presidente toma la decisión de separar materiales personales de los registros presidenciales durante su mandato, y bajo su entera discreción”.Falso. La Ley de Registros Presidenciales distingue qué constituye material personal (como diarios o documentos de campañas políticas) y qué se clasifica como registros oficiales. No le da al presidente “discrecionalidad” para determinar qué es un registro personal y qué no lo es. Según la ley, el presidente saliente debe separar los documentos personales de los registros oficiales antes de abandonar el cargo.Agentes del FBI realizaron una búsqueda en el inmueble de Mar-a-Lago de Trump en agosto, más de un año después de que el abogado general de la NARA solicitó que se recuperaran materiales y tras meses de reiteradas consultas de funcionarios de la agencia y el Departamento de Justicia.Lo que dijo Trump“Se suponía que debía negociar con la NARA, que es exactamente lo que estaba haciendo hasta la redada en Mar-a-Lago organizada por agentes armados del FBI”.Falso. La Ley de Registros Presidenciales no establece un proceso de negociación entre el presidente y la NARA. La búsqueda realizada en la residencia de Trump en Florida, autorizada por los tribunales, ocurrió después de que se opuso en repetidas ocasiones a responder a las solicitudes del gobierno para que devolviera el material, incluso después de recibir una citación.Lo que dijo Trump“Biden envió 1850 cajas a la Universidad de Delaware, lo que dificultó la búsqueda, independientemente de quién la realizara. Se niega a entregarlas y se niega a permitir siquiera que alguien las vea, y luego dicen que se comporta con gran amabilidad”.Esta afirmación es engañosa. En 2012, Joe Biden le donó a la Universidad de Delaware 1850 cajas de documentos de la época en que fungió como senador del estado desde 1973 hasta 2009. A diferencia de los documentos presidenciales, que deben entregarse a la NARA al término del mandato del presidente, los documentos de los miembros del Congreso no están cubiertos por la Ley de Registros Presidenciales. Es común que los senadores y representantes les donen esos artículos a universidades, institutos de investigación o instalaciones históricas.La Universidad de Delaware convino en no darle acceso al público a los documentos de la época de Biden como senador hasta dos años después de su retiro de la vida pública. Pero el FBI sí revisó la colección en febrero como parte de una investigación independiente sobre el manejo de Biden de los documentos de gobierno y en colaboración con su equipo legal. The New York Times informó, en su momento, que continuaba el análisis del material y que todo parecía indicar que no contenía documentos clasificados.Lo que dijo Trump“Cuando la descubrieron, Hillary borró y ‘lavó con ácido’. Nadie hace eso, por los costos involucrados, pero es muy concluyente. Treinta y tres mil correos electrónicos en desafío a una citación del Congreso que ya se había emitido. La citación estaba ahí y ella decidió borrar, lavar con ácido y luego aplastar y destruir sus teléfonos celulares con un martillo. Y luego dicen que yo participé en una obstrucción”.Este es un argumento engañoso. Existen varias diferencias clave entre el caso de Trump y el uso por parte de Hillary Clinton de un servidor de correo electrónico privado cuando era secretaria de Estado, que Trump también describió de manera imprecisa.Una diferencia crucial es que varias investigaciones oficiales han concluido que Clinton no manejó indebidamente material clasificado de manera sistemática o deliberada, además de que un informe preparado en 2018 por el inspector general respaldó la decisión del FBI de no presentar cargos contra Clinton.En cambio, a Trump se le acusa de haber manejado indebidamente documentos clasificados y obstruir varias acciones del gobierno con el propósito de recuperarlos, así como de hacer declaraciones falsas ante algunos funcionarios. La acusación formal permitió tener acceso la semana pasada a fotografías de documentos guardados, en algunos casos, de manera veleidosa, como cajas apiladas en una regadera y otras en el escenario de un salón de baile frecuentado por visitantes.Según la investigación del FBI sobre el asunto, los abogados de Clinton le proporcionaron al Departamento de Estado en 2014 alrededor de 30.000 correos electrónicos relacionados con el trabajo y le ordenaron a un empleado que borrara todos los correos electrónicos personales de más de 60 días de antigüedad. En 2015, después de que el Times dio la noticia de que Clinton había usado una cuenta personal de correo electrónico, el comité de la Cámara de Representantes liderado por republicanos que estaba a cargo de la investigación de los ataques de 2012 contra puestos de avanzada estadounidenses en Bengasi, Libia, envió una citación en la que solicitaba todos los correos electrónicos de esa cuenta relacionados con Libia.Ese mismo mes, un empleado de la empresa que administraba el servidor de Clinton se percató de que en realidad no había borrado los correos electrónicos personales como se le pidió en 2014. Entonces procedió a aplicar un programa de software gratuito llamado BleachBit —no ácido real ni ningún otro compuesto químico— para borrar alrededor de 30.000 correos electrónicos personales.El FBI encontró miles de correos electrónicos adicionales relacionados con el trabajo que Clinton no le entregó al Departamento de Estado, pero James Comey, quien era director de la agencia en ese momento, declaró que no había “evidencia de que los correos electrónicos adicionales relacionados con el trabajo se hubieran borrado intencionalmente con el fin de ocultarlos”.Lo más seguro es que Clinton esté en desacuerdo con la aseveración de Trump de que el FBI y el Departamento de Justicia la “protegieron”, pues ha dicho que las acciones de Comey, junto con la interferencia rusa, le costaron las elecciones de 2016.Lo que dijo Trump“Por supuesto que exoneró a Mike Pence. Me da gusto. Mike no hizo nada malo, aunque tenía documentos clasificados en su casa. Pero lo exoneraron. Y el caso de Biden es otra cosa”.Esta afirmación es engañosa. Se encontraron documentos clasificados tanto en la casa del exvicepresidente Mike Pence en Indiana, en enero, como en la antigua oficina de Biden en un centro de investigación en Washington en noviembre y en su residencia de Delaware en enero. El Departamento de Justicia decidió no presentar cargos contra Pence; en cuanto a Biden, la investigación sobre su manejo de materiales está en proceso.Pero las diferencias entre esos casos y el de Trump son significativas, en particular en lo que respecta al volumen de documentos encontrados y la respuesta de Biden y de Pence.En la casa de Pence se encontró aproximadamente una decena de documentos marcados como clasificados. El FBI inspeccionó su casa en febrero, con su consentimiento, y encontró un documento clasificado más. No está claro cuántos documentos clasificados tenía en su posesión Biden, pero sus abogados han dicho que se encontró “un pequeño número” en su antigua oficina y alrededor de media docena en su casa de Delaware.En contraste, Trump tenía “cientos” de documentos clasificados, según la acusación formal del Departamento de Justicia, en la que se indica que algunos de los registros contenían información sobre los programas nucleares del país y “posibles vulnerabilidades de Estados Unidos y sus aliados a ataques militares”. En total, el gobierno ha recuperado más de 300 archivos con marcas de clasificado de su casa y su club privado de Florida.Otra diferencia es que representantes de Pence y Biden han dicho que no se percataron de que habían conservado esos documentos y no tardaron en informar a la NARA cuando lo descubrieron. Además, ambos cooperaron con funcionarios del gobierno para devolver los documentos y, al parecer, cumplieron voluntariamente con la realización de búsquedas en sus propiedades.En contraste, Trump se opuso en repetidas ocasiones, durante meses, a las solicitudes de devolver materiales y, según se lee en la acusación formal, desempeñó un papel activo para ocultarles a los investigadores documentos clasificados. La NARA le informó a Trump en mayo de 2021 que faltaban ciertos documentos presidenciales. Algunos agentes recuperaron 15 cajas de Mar-a-Lago en enero de 2022, pero sospechaban que todavía faltaban registros. Siete meses después, agentes del FBI registraron el inmueble de Florida y recuperaron más documentos.Lo que dijo Trump“A diferencia de mí, que contaba con total autoridad de desclasificación en mi carácter de presidente, Joe Biden, quien era vicepresidente, no tenía facultades para desclasificar y tampoco el derecho de tener en su posesión los documentos. No tenía ese derecho”.Esta afirmación es engañosa. Los vicepresidentes sí cuentan con facultades para desclasificar ciertos materiales, aunque el alcance de esas facultades no se ha cuestionado explícitamente ante los tribunales.Trump ha insistido en otras ocasiones en que contaba con facultades para desclasificar materiales sin necesidad de informarle a nadie. Existen procedimientos formales para levantar el secreto oficial de la información, pero el debate legal sobre si los presidentes deben cumplirlos no se ha resuelto, según el Colegio de Abogados de Estados Unidos y el Servicio de Investigación del Congreso, un organismo sin afiliación partidista. Un tribunal federal de apelaciones decidió en 2020 que “levantar el secreto oficial de materiales, incluso si lo hace el presidente, debe someterse a procedimientos establecidos”. No obstante, la Corte Suprema no ha emitido ningún fallo al respecto.De cualquier forma, cabe señalar que Trump siguió estos procedimientos con respecto a algunos documentos; por ejemplo, emitió un memorando el día previo al final de su mandato con el que desclasificó información relativa a la investigación del FBI sobre las relaciones de su campaña de 2016 con Rusia.Por otra parte, expertos legales han señalado que la clasificación de información sobre armas nucleares o “datos restringidos” se rige conforme a un marco legal totalmente distinto, la Ley de Energía Atómica. Esa ley no le otorga facultades explícitas al presidente para tomar la decisión unilateral de desclasificar secretos nucleares y establece un proceso estricto de desclasificación en el que participan varias agencias. No está claro si los documentos guardados en Mar-a-Lago incluían “datos restringidos”.Chris Cameron More

The former president drew misleading comparisons to others, misconstrued the classification process and leveled inaccurate attacks at officials.Hours after pleading not guilty in a federal court in Miami to charges related to his handling of classified documents, former President Donald J. Trump defended his conduct on Tuesday with a string of familiar falsehoods.Appearing at his golf club in Bedminster, N.J., Mr. Trump drew misleading comparisons to other political figures, misconstrued the classification process and leveled inaccurate attacks at officials.Here’s a fact check of claims Mr. Trump made related to the inquiry.What Mr. Trump Said“Threatening me with 400 years in prison for possessing my own presidential papers, which just about every other president has done, is one of the most outrageous and vicious legal theories ever put forward in an American court of law.”False. The Presidential Records Act of 1978 governs the preservation and retention of official records of former presidents, and gives the National Archives and Records Administration complete ownership and control of presidential records. The law makes a distinction between official records and personal documents, and has applied to every president since Ronald Reagan.The agency has said that “it assumed physical and legal custody of the presidential records from the administrations of Barack Obama, George W. Bush, Bill Clinton, George H.W. Bush and Ronald Reagan, when those presidents left office.”Separately, after Mr. Trump repeatedly and misleadingly compared his handling of records to that of his immediate predecessor, the National Archives said in a statement that former President Barack Obama turned over his documents, classified and unclassified, as required by law. The agency has also said it is not aware of any missing boxes of presidential records from the Obama administration.What Mr. Trump Said“The decision to segregate personal materials from presidential records is made by the president during the president’s term and in the president’s sole discretion.”False. The Presidential Records Act defines what constitutes personal materials — such as diaries or political campaign documents — from official records. It does not give the president “sole discretion” in determining what is and is not a personal record. Under the law, a departing president is required to separate personal documents from official records before leaving office.F.B.I. agents searched Mr. Trump’s Mar-a-Lago estate in August, more than a year after the general counsel of the National Archives requested the recovery of the materials and after months of repeated inquiries from officials at the agency and at the Justice Department.What Mr. Trump Said“I was supposed to negotiate with NARA, which is exactly what I was doing until Mar-a-Lago was raided by gun-toting F.B.I. agents.”False. The Presidential Records Act does not establish a process of negotiation between the president and the archives. The court-approved search of Mr. Trump’s Florida residence unfolded after he repeatedly resisted the government’s requests that he return the material, even after being subpoenaed.What Mr. Trump Said“Biden sent 1,850 boxes to the University of Delaware, making the search very, very difficult for anybody. And he refuses to give them up and he refuses to let people even look at them, and then they say how he’s behaving so nicely.”This is misleading. Joseph R. Biden Jr. donated 1,850 boxes of documents to the University of Delaware in 2012 from his tenure as a senator representing the state from 1973 to 2009. Unlike presidential documents, which must be released to the archives once a president leaves office, documents from members of Congress are not covered by the Presidential Records Act. It is not uncommon for senators and representatives to give such items to colleges, research institutions or historical facilities.The University of Delaware agreed not to give the public access to Mr. Biden’s documents from his time as senator until two years after he retired from public life. But the F.B.I. did search the collection in February as part of a separate special counsel investigation into Mr. Biden’s handling of government documents and in cooperation with his legal team. The New York Times reported at the time that the material was still being analyzed but did not appear to contain any classified documents.What Mr. Trump Said“When caught, Hillary then deleted and acid-washed. Nobody does that because of the expense, but it’s pretty conclusive. Thirty-three thousand emails in defiance of a congressional subpoena already launched. The subpoena was there and she decided to delete, acid-wash and then smash and destroy her cellphones with a hammer. And then they say I participated in obstruction.”This is misleading. There are several key differences between Mr. Trump’s case and Hillary Clinton’s use of a private email server while she was secretary of state — which Mr. Trump also described inaccurately.Crucially, several official investigations have concluded that Mrs. Clinton did not systematically or deliberately mishandle classified material, and a 2018 inspector general report supported the F.B.I.’s decision not to charge Mrs. Clinton.In contrast, Mr. Trump is accused of mishandling classified documents and obstructing the government’s repeated efforts to recover them and making false statements to officials. The indictment unsealed last week featured photographs of documents stored in sometimes haphazard ways, including boxes stacked in a shower and others piled on the stage of a ballroom that guests frequented.According to the F.B.I.’s inquiry into the matter, Mrs. Clinton’s lawyers provided about 30,000 work-related emails to the State Department in 2014 and instructed an employee to remove all personal emails older than 60 days. In 2015, after The Times reported Mrs. Clinton’s use of a personal email account, a Republican-led House committee investigating the 2012 attacks on American outposts in Benghazi, Libya, sent a subpoena requesting all emails she had in that account related to Libya.That same month, an employee working for the company that managed Mrs. Clinton’s server realized he did not actually delete the personal emails as instructed in 2014. He then used a free software program called BleachBit — not actual acid or chemical compounds — to delete about 30,000 personal emails.The F.B.I. found thousands of additional work-related emails that Mrs. Clinton did not turn over to the State Department, but the director of the bureau at the time, James B. Comey, said it found “no evidence that any of the additional work-related emails were intentionally deleted in an effort to conceal them.”Mrs. Clinton would almost certainly disagree with Mr. Trump’s assertion that the F.B.I. and the Justice Department “protected” her, and has said that Mr. Comey’s actions as well as Russian interference cost her the 2016 election.What Mr. Trump Said“He totally exonerated Mike Pence. I’m happy about that. Mike did nothing wrong, but he happened to have classified documents in his house. But they exonerated him. And Biden is a different story.”This is misleading. Classified documents were found at former Vice President Mike Pence’s home in Indiana in January and President Biden’s former office at a Washington think tank in November and his Delaware residence in January. The Justice Department declined to pursue charges against Mr. Pence, and the investigation into Mr. Biden’s handling of materials is continuing.But those cases differ in several significant ways from Mr. Trump’s, particularly in the volume of documents found and in Mr. Pence’s and Mr. Biden’s response.About a dozen documents with classified markings were found at Mr. Pence’s home. The F.B.I. searched his home in February with his agreement and found one additional classified document. It is unclear how many classified documents were found in Mr. Biden’s possession, but his lawyers have said “a small number” were discovered at his former office and about a half-dozen at his Delaware home.In contrast, Mr. Trump stored “hundreds” of classified documents, according to the Justice Department’s indictment, which said some records included information about the country’s nuclear programs as well as “potential vulnerabilities of the United States and its allies to military attack.” In total, the government has retrieved more than 300 files with classified markings from his Florida home and private club.Representatives for Mr. Pence and Mr. Biden have said that they inadvertently kept those documents and quickly alerted the National Archives once they were discovered. Both men also cooperated with government officials in turning over the documents and appeared to have voluntarily complied with searches of their properties.In contrast, Mr. Trump repeatedly defied requests to return materials for months and, according to the indictment, played an active role in concealing classified documents from investigators. The archives alerted Mr. Trump in May 2021 that presidential documents were missing. Officials retrieved 15 boxes from Mar-a-Lago in January 2022 but suspected that other records remained missing. Seven months later, F.B.I. agents searched the Florida property and recovered additional documents.What Mr. Trump Said“Unlike me, who had absolute declassification authority as president, Joe Biden as vice president had no authority to declassify and no right to possess the documents. He had no right.”This is misleading. Vice presidents do have the power to declassify certain material, though the scope of their declassification powers has not been explicitly tested in courts.Mr. Trump has previously insisted that he had the power to declassify material without needing to inform anyone. There are formal procedures for declassifying information, but whether presidents must abide by them is an unsettled legal issue, according to the nonpartisan Congressional Research Service and the American Bar Association. A federal appeals court ruled in 2020 that “declassification, even by the president, must follow established procedures.” But the Supreme Court has yet to weigh in on the matter.It is worth noting, though, that Mr. Trump followed these procedures for certain documents, like issuing a memorandum on the day before leaving office declassifying information related to the F.B.I. investigation into his 2016 campaign’s ties to Russia.Separately, legal experts have noted that the classification of information related to nuclear weapons or “restricted data” is governed by a separate legal framework entirely, the Atomic Energy Act. That law does not explicitly give the president the authority to declassify nuclear secrets unilaterally and establishes a strict process for declassification that involves several agencies. It is unclear whether documents stored at Mar-a-Lago included “restricted data.”Chris Cameron More