More stories

  • in

    Medio planeta a las urnas

    Medio planeta a las urnasDesafíos democráticos, operativo Metástasis en Ecuador y más para estar al día.Millones de votantes acudieron a las urnas a inicios de este mes. A la izquierda, en Bangladés; a la derecha, en Bután.Monirul Alam/EPA, vía Shutterstock; Money Sharma/Agence France-Presse — Getty ImagesEste 2024 se perfila como el año de mayor actividad electoral en el mundo: están previstos más de 80 comicios importantes, la mayor cantidad en, al menos, las siguientes dos décadas.Esto significa que, en el transcurso del año, unos 4000 millones de votantes tendrán en sus manos algún tipo de decisión para incidir en el futuro de su país, según algunos cálculos. Es casi la mitad de los habitantes del planeta.Solo en América, se prevé que electores en El Salvador, Estados Unidos, México, Panamá, República Dominicana, Uruguay y Venezuela acudan a las urnas para elegir a sus mandatarios.A pesar de que este intenso ejercicio electoral podría parecer un indicio positivo para la democracia, algunos expertos aseguran que hay motivos para preocuparse. Por todo el mundo han surgido desafíos a este sistema político: grandes migraciones, conflictos internacionales, crecientes brechas económicas, polarización.“Casi todas las democracias están bajo estrés, sin tomar en cuenta la tecnología”, dijo en un artículo reciente Darrell West, investigador del Instituto Brookings. “Cuando a eso le sumas la desinformación, simplemente se crean muchas oportunidades para causar problemas”.Entre esos problemas se encuentran los esfuerzos para “desacreditar la democracia como modelo global de gobernanza”, escribieron los reporteros Tiffany Hsu, Stuart A. Thompson y Steven Lee Myers. Además observaron que cada vez hay más actores que impulsan narrativas de fraude electoral con este fin.México es uno de los países que va a tener elecciones presidenciales este año.Las divisiones sociales, las guerras culturales y la polarización también sirven como terreno fértil para la propagación de discursos extremistas y de odio en distintas plataformas, lo que, a largo plazo, socava la capacidad de superar las diferencias y formar gobiernos de unidad.Más allá del plano de las votaciones, la institucionalidad es crucial para el buen funcionamiento democrático. En una columna reciente de The Interpreter, Amanda Taub reflexiona sobre sus virtudes y retos.Las instituciones, escribió Amanda, “existen para que los procesos complejos puedan automatizarse, para que grandes grupos de personas puedan colaborar sin tener que crear nuevos sistemas para hacerlo y para que personas como yo podamos confiar en su pericia sin poseer ni un ápice de esa experiencia”.Sin embargo, continúa, en los últimos años se ha registrado un deterioro institucional que pone en riesgo la gobernabilidad en numerosos países.Apenas este fin de semana, Guatemala vivió horas de zozobra ante la incertidumbre de si Bernardo Arévalo podría asumir la presidencia. Arévalo ganó la segunda vuelta de las elecciones con 20 puntos porcentuales de ventaja y, no obstante, enfrentó diversos esfuerzos para impedir que tomara posesión del cargo. En la madrugada del lunes, después de un retraso, Arévalo fue juramentado.El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, y su vicepresidenta, Karin Herrera, saludan a los asistentes desde el balcón del Palacio Nacional para celebrar su toma de posesión el lunes.Daniele Volpe para The New York TimesSin embargo, los obstáculos que enfrentó por parte de sus opositores se generaron mayormente por la vía institucional. “En el siglo XX eran golpes de fuerza con tanques, bayonetas, con militares y duraban dos o tres días”, comentó Arévalo el año pasado en un reportaje del Times. “Los golpes del siglo XXI son dados con diputados, con abogados, en las cortes, se hacen así”, dijo. “Es más sofisticado, tarda mucho más tiempo, se hace con la pretensión de que se continúa con las instituciones”.En todo el mundo hay indicios de este tipo de erosión. En Estados Unidos, Francia e Israel, por ejemplo, se ha observado una tendencia de los distintos poderes de gobierno a desafiar los límites constitucionales. En Hungría, Viktor Orbán ha reconfigurado la Constitución a fin de concentrar el poder. En Ecuador, una investigación reciente mostró que el crimen organizado se había infiltrado en el sistema penitenciario.A pesar de las teorías conspirativas y la desinformación, es relativamente fácil seguir el hilo de las carreras electorales: hay candidatos, conteo de votos y ganadores y perdedores. Pero, como observa Amanda, también vale la pena prestar tanta atención a la salud institucional como al desempeño de las contiendas electorales.P. D.: Hablando de votaciones, Taiwán eligió presidente el fin de semana. Esto es lo que hay que saber.Si alguien te reenvió este correo, puedes hacer clic aquí para recibirlo tres veces por semana.Rincón de los lectoresGrisy Oropeza y su esposo, Dyluis Rojas. Solicitaron asilo poco después de llegar a Nueva York.José A. Alvarado Jr. para The New York TimesA continuación, una selección de diversos puntos de vista y experiencias que nuestros lectores enviaron a la sección de comentarios y a nuestro buzón de correo, editadas por extensión y claridad.“Emigrar es una opción válida para cualquier persona que crea que lo quiere o lo deba hacer, lo irregular es la actitud que desde hace mucho tiempo viene ejerciendo Estados Unidos contra infinidad de países a los que considera enemigos o contrarios a sus políticas”. —Octavio Cruz González, Cali, Colombia, respecto al reportaje sobre una familia venezolana en un limbo burocrático en Nueva York.“Me gustaría compartir con ustedes algunas recomendaciones para quienes realizan senderismo, a propósito de su artículo sobre esta actividad: 1) A menos que se trate de un parque urbano no invites a tus mascotas, se pueden extraviar o dañar la fauna y flora salvajes. Si insistes en llevarlos, usa correa y hazte cargo de sus excrementos llevándolos hasta un contenedor. 2) Hazte responsable de tu basura. No tires nada al suelo, ni siquiera lo orgánico: ese corazón de manzana que crees que se descompondrá pronto lo puede terminar comiendo un animal salvaje. 3) La gente que te rodea va a disfrutar de la naturaleza y el paisaje, queremos oír el ruido del agua y del viento, ¡no lo que sale de tus parlantes! 4) Si vas a una zona afectada por la sequía, lleva un litro adicional de agua para regar algún arbusto. Y si ya vas a terminar, usa el agua que te sobra también para regar o dejar en los bebederos de aves”. —Javiera Osorio, Santiago, Chile, respecto al senderismo y sus beneficios.“Viví una experiencia similar el pasado verano cuando cayó mi iPhone al mar. Decidí no reponer el teléfono móvil inmediatamente. Estaba cansado de tanto mensaje de WhatsApp, de Instagram y otras apps. Gané libertad, recuperé la vida próxima (la realidad que me rodeaba). También observé que me involucraba más en lo que hacía. Así aguanté hasta el iPhone 15, vuelta a la normalidad. Estoy pensando cómo reducir las horas de pantalla. Es difícil compaginar, por un lado, la vida ‘normal’, la del trabajo y las conexiones con familiares y amigos, y por otro la vida ‘desconectado’”. —Enrique López-Amor, Barcelona, España, respecto a la adicción a los teléfonos inteligentes.“La humanidad es testigo de cómo una tecnología puede ser utilizada para el bienestar o para la destrucción del otro. Leo y escucho que debe controlarse, la ética, la moral deben ser los cinturones de ajuste. La pregunta, entre otras interrogantes, es: ¿quiénes serán los ‘jueces’ que determinen cómo, dónde, con quién, para qué se hace un correcto uso de esta tecnología? El tema es que las grandes corporaciones se están arrogando el título de jueces, inclusive por encima de los gobiernos”. —Roberto Gómez Sánchez, Lima, Perú, respecto a un ensayo sobre la inteligencia artificial.— More

  • in

    Why Biden Should Make an Immigration Deal With Republicans

    Over the last few months, the incredulous question — How can Donald Trump possibly be leading the polls; there must be some mistake — has given way to the clear reality: Something in American life would need to change for Joe Biden to be favored for re-election in November 2024.The good news for Biden is that it’s easy to imagine developments that would help his re-election bid. Notwithstanding a fashionable liberal despair about how bad vibes are deceiving Americans about the state of the economy, there’s plenty of room for improvements — in inflation-adjusted wages, interest rates, the stock market — that could sweeten the country’s economic mood. (Just sustaining the economic trajectory of the last few months through next summer would almost certainly boost Biden’s approval ratings.)The looming Trump trials, meanwhile, promise to refocus the country’s persuadable voters on what they dislike about the former president; that, too, has to be worth something in the swing states where Biden is currently struggling.In both those cases, though, the president doesn’t have much control over events. No major economic package is likely to pass Congress, and whatever influence you think his White House did or didn’t exert over Trump’s indictments, Biden staffers won’t be supervising jury selection.There is an issue that’s hurting Biden, however, where the Republican Party is (officially, at least) quite open to working with the president, provided that he’s willing to break with his own party’s interest groups: the security of the southern border, where Border Patrol apprehensions remain stubbornly high even as the president’s approval ratings on immigration sit about 30 points underwater.There is a commonplace interpretation of the immigration debate that treats the unpopularity of an uncontrolled border primarily as an optics problem: People are happy enough to have immigrants in their own communities, but they see border disorder on their television screens and it makes them fearful about government incompetence. Sometimes this interpretation comes packaged with the suggestion that the people who worry most about immigration are rural voters who rarely see a migrant in real life, as opposed to liberal urbanites who both experience and appreciate diversity.The last year or so of blue-city immigration anxiety has revealed the limits of this interpretation: Place enough stress on New York or Chicago, and you will get demands for immigration control in even the most liberal parts of the country.But really, there’s never been good reason to think that immigration anxiety only manifests itself telescopically, among people whose main exposure to the trend is alarmist Fox News chyrons.Consider a new paper from Ernesto Tiburcio and Kara Ross Camarena, respectively a Tufts University economics Ph.D and a Defense Department analyst, which uses Mexican-government ID data to track the flow of Mexican migrants into counties in the United States, and finds that exposure to immigrants increases conservatism among natives. As the migrant flow goes up, so does the vote for Republicans in House elections: “A mean inflow of migrants (0.4 percent of the county population) boosts the Republican Party vote share in midterm House elections by 3.9 percentage points.” And the inflow also shifts local policy rightward, reducing public spending and shifting money toward law enforcement as opposed to education.This suggests that a pro-immigration liberalism inevitably faces a balancing act: High rates of immigration make native voters more conservative, so a policy that’s too radically open is a good way to elect politicians who prefer the border closed.You can see this pattern in U.S. politics writ large. The foreign-born population in the United States climbed through the Obama presidency, to 44 million from 38 million, and as a share of the overall population it was nearing the highs of the late 19th and early 20th century — a fact that almost certainly helped Donald Trump ride anti-immigration sentiment to the Republican nomination and the presidency.Then under Trump there was some stabilization — the foreign-born population was about the same just before Covid-19 hit as it had been in 2016 — which probably help defuse the issue for Democrats, increase American sympathy for migrants, and make Biden’s victory possible. But since 2020 the numbers are rising sharply once again, and the estimated foreign-born share of the American population now exceeds the highs of the last great age of immigration. Which, again unsurprisingly, has pushed some number of Biden voters back toward Trump.Border control in an age of easy global movement is not a simple policy problem, even for conservative governments. But policy does matter, and while the measures that the White House is reportedly floating as potential concessions to Republicans — raising the standard for asylum claims, fast-tracking deportation procedures — aren’t quite a pledge to finish the border wall (maybe that’s next summer’s pivot), they should have some effect on the flow of migrants north.Which makes them a distinctive sort of policy concession: A “sacrifice” that this White House has every political reason to offer, because Biden’s re-election becomes more likely if Republicans accept.The Times is committed to publishing a diversity of letters to the editor. We’d like to hear what you think about this or any of our articles. Here are some tips. And here’s our email: letters@nytimes.com.Follow the New York Times Opinion section on Facebook, Instagram, TikTok, X and Threads. More

  • in

    Trump Wants Us to Know He Will Stop at Nothing in 2025

    Over the past few weeks, we’ve gotten a pretty good idea of what Donald Trump would do if given a second chance in the White House. And it is neither exaggeration nor hyperbole to say that it looks an awful lot like a set of proposals meant to give the former president the power and unchecked authority of a strongman.Trump would purge the federal government of as many civil servants as possible. In their place, he would install an army of political and ideological loyalists whose fealty to Trump’s interests would stand far and above their commitment to either the rule of law or the Constitution.With the help of these unscrupulous allies, Trump plans to turn the Department of Justice against his political opponents, prosecuting his critics and rivals. He would use the military to crush protests under the Insurrection Act — which he hoped to do during the summer of 2020 — and turn the power of the federal government against his perceived enemies. “If I happen to be president and I see somebody who’s doing well and beating me very badly, I say, ‘Go down and indict them.’ They’d be out of business. They’d be out of the election,” Trump said in a recent interview on the Spanish-language network Univision.As the former president wrote in a disturbing and authoritarian-minded Veterans Day message to supporters (itself echoing a speech he delivered that same to day to supporters in New Hampshire): “We pledge to you that we will root out the Communists, Marxists, Fascists, and Radical Left Thugs that live like vermin within the confines of our country, lie, steal, and cheat on Elections, and will do anything possible, whether legally or illegally, to destroy America, and the American dream.”Trump has other plans as well. As several of my Times colleagues reported last week, he hopes to institute a program of mass detainment and deportation of undocumented immigrants. His aides have already drawn up plans for new detention centers at the U.S.-Mexico border, where anyone suspected of illegal entry would be held until authorities have settled the person’s immigration status. Given the former president’s rhetoric attacking political enemies and other supposedly undesirable groups like the homeless — Trump has said that the government should “remove” homeless Americans and put them in tents on “large parcels of inexpensive land in the outer reaches of the cities” — there’s little doubt that some American citizens would find themselves in these large and sprawling camps.Included in this effort to rid the United States of as many immigrants as possible is a proposal to target people here legally — like green-card holders or people on student visas — who harbor supposedly “jihadist sympathies” or espouse views deemed anti-American. Trump also intends to circumvent the 14th Amendment so that he can end birthright citizenship for the children of unauthorized immigrants.In the past, Trump has gestured at seeking a third term in office after serving a second four-year term in the White House. “We are going to win four more years,” Trump said during his 2020 campaign. “And then after that, we’ll go for another four years because they spied on my campaign. We should get a redo of four years.” This too would violate the Constitution, but then, in a world in which Trump gets his way on his authoritarian agenda, the Constitution — and the rule of law — would already be a dead letter.It might be tempting to dismiss the former president’s rhetoric and plans as either jokes or the ravings of a lunatic who may eventually find himself in jail. But to borrow an overused phrase, it is important to take the words of both presidents and presidential candidates seriously as well as literally.They may fail — in fact, they often do — but presidents try to keep their campaign promises and act on their campaign plans. In a rebuke to those who urged us not to take him literally in 2016, we saw Trump attempt to do what he said he would do during his first term in office. He said he would “build a wall,” and he tried to build a wall. He said he would try to keep Muslims out of the country, and he tried to keep Muslims out of the country. He said he would do as much as he could to restrict immigration from Mexico, and he did as much as he could, and then some, to restrict immigration from Mexico.He even suggested, in the lead-up to the 2016 presidential election, that he would reject an election defeat. Four years later, he lost his bid for re-election. We know what happened next.In addition to Trump’s words, which we should treat as a reliable guide to his actions, desires and preoccupations, we have his allies, who are as open in their contempt for democracy as Trump is. Ensconced at institutions like the Heritage Foundation and the Claremont Institute, Trump’s political and ideological allies have made no secret of their desire to install a reactionary Caesar at the head of the American state. As Damon Linker noted in his essay on these figures for the Opinion section, they exist to give “Republican elites permission and encouragement to do things that just a few years ago would have been considered unthinkable.”Americans are obsessed with hidden meanings and secret revelations. This is why many of us are taken with the tell-all memoirs of political operatives or historical materials like the Nixon tapes. We often pay the most attention to those things that have been hidden from view. But the mundane truth of American politics is that much of what we want to know is in plain view. You don’t have to search hard or seek it out; you just have to listen.And Donald Trump is telling us, loud and clear, that he wants to end American democracy as we know it.The Times is committed to publishing a diversity of letters to the editor. We’d like to hear what you think about this or any of our articles. Here are some tips. And here’s our email: letters@nytimes.com.Follow The New York Times Opinion section on Facebook, Twitter (@NYTopinion) and Instagram. More

  • in

    Could the Next Republican President Take Us to War With Mexico?

    As president, Donald Trump reportedly floated the idea of shooting “missiles into Mexico to destroy the drug labs.” When his defense secretary, Mark Esper, raised various objections, he recalls that Mr. Trump responded by saying the bombing could be done “quietly”: “No one would know it was us.”Well, word got out and the craze caught on. Now many professed rebel Republicans, such as Representatives Mike Waltz and Marjorie Taylor Greene, along with several old G.O.P. war horses, like Senator Lindsey Graham, want to bomb Mexico. Gov. Ron DeSantis of Florida said he would send special forces into Mexico on “Day 1” of his presidency, targeting drug cartels and fentanyl labs. In May, Representative Michael McCaul, another Republican, introduced a bill pushing for fentanyl to be listed as a chemical weapon, like sarin gas, under the Chemical Weapons Convention. This move targeted Mexican cartels and Chinese companies, which are accused of providing the ingredients to the cartels to manufacture fentanyl.Of course, the United States is already fighting, and has been for half a century, a highly militarized drug war — in the Andes, Central America and, yes, Mexico — a war as ineffective as it has been cruel. Hitting fentanyl labs won’t do anything to slow the bootlegged versions of the drug into the United States but could further destabilize northern Mexico and the borderlands, worsening the migrant refugee crisis.Addiction to fentanyl, a drug that is 50 times stronger than heroin, affects red and blue states alike, from West Virginia to Maine, with overdoses annually killing tens of thousands of Americans. It’s a bipartisan crisis. Yet in our topsy-turvy culture wars, there’s a belief that fentanyl is targeting the Republican base. J.D. Vance rose to national fame in 2016 with a book that blamed the white rural poor’s cultural pathologies for their health crises, including drug addiction. In 2022, during his successful run for Ohio’s Senate seat, Mr. Vance, speaking with a right-wing conspiracy theorist, said that “if you wanted to kill a bunch of MAGA voters in the middle of the heartland, how better than to target them and their kids with this deadly fentanyl?” Mr. Vance’s poll numbers shot up after that, and other Republicans in close House and Senate races took up the issue, linking fentanyl deaths to Democratic policies on border security and crime and calling for military action against Mexico.The Mexican government is in fact cooperating with the United States to limit the export of the drug, recently passing legislation limiting the import of chemicals required for its production and stepping up prosecution of fentanyl producers. And even some of the cartels have reportedly spread the message to their foot soldiers, telling them to stop producing the drug or face the consequences. Still, in a show of Trumpian excess, Mexico is depicted as the root of all our problems. Bombing Sinaloa in 2024 is what building a border wall was in 2016: political theatrics.The United States is no novice when it comes to bombing Mexico. “A little more grape,” or ammunition, Gen. Zachary Taylor supposedly ordered as his men fired their cannons on Mexican troops. That was during America’s 1846-48 war on Mexico, which also included the assault on Veracruz, killing hundreds. Washington took more than half of Mexico’s territory during that conflict.Conservative politicians have used Mexico to gin up fears of an enemy to the south ever since the Mexican American War, which made Zachary Taylor a national hero. Library of Congress Prints and Photographs DivisionReactionaries have fixated on the border for over a century, since before the Civil War, when Mexico provided asylum for runaway slaves. Over the years, newspapers and politicians have regularly demanded that Mexico be punished for any number of sins, from failing to protect property rights to providing refuge for escaped slaves, Indian raiders, cattle rustlers, bootleggers, smugglers, drug fiends, political radicals, draft dodgers and Japanese and German agents. There was a touch of evil about Mexico, as Orson Welles titled his 1958 film set on the borderlands.Long before the Russian Revolution, hostility directed at the Mexican Revolution, which started in 1910, gave rise to a new, more militant, ideological conservatism. U.S. oilmen invested in Mexico blamed Jews for financing the revolution and raised money from U.S. Catholics to fund counterrevolutionaries, some of whom were fascists. From 1910 to 1920, private vigilante groups like the K.K.K., local police departments and the Texas Rangers conducted a reign of terror across the border states that killed several thousand ethnic Mexicans, some of whom were trying to organize a union or trying to vote.Trumpism’s ginned-up racism against Mexicans flows from this history. It remains to be seen whether calls to bomb Mexico’s fentanyl labs will play well in the coming election cycle. Yet the rhetoric itself is a dangerous escalation of an old idea: that international narcotics production, trafficking and consumption can be deterred through military means.Today’s Republican renegades say they represent a break from the “globalist” bipartisan consensus that governed the country through the Cold War and the decades that followed. But aside from some opposition to military aid to Ukraine, Republicans largely toe the line when it comes to the use of military force abroad. Few Republican dissidents dare question the establishment consensus on ongoing military aid to Israel, especially in light of its current siege of Gaza. In this sense, calls to bomb Mexico are a distraction, blowing smoke to hide the fact that the G.O.P. offers nothing new. Republicans certainly aren’t the peace party, as some of Mr. Trump’s isolationist backers would have us believe. All they offer is a shriller war party.(As if to illustrate the point, as Republicans shout about Mexico, the Biden administration has quietly struck a deal with Ecuador that will allow the United States to deploy troops to the country and patrol the waters off its coast, the Washington Examiner recently reported.)Even bombing another country in the name of fighting drugs is hardly innovative. In 1989, George H.W. Bush used the U.S. military to act on the federal indictment of Manuel Noriega, Panama’s ruler, for drug trafficking. In Operation Just Cause, the United States dropped hundreds of bombs on Panama City, including on one of its poorest neighborhoods, El Chorrillo, setting homes ablaze and killing an unknown number of its residents.Bombing another country in the name of fighting drugs is hardly innovative. As early as 1989, the United States was dropping hundreds of bombs on Panama, leaving burned cars and destroyed buildings in their wake.Steve Starr/Corbis, via Getty ImagesFor all their posturing on how they represent a break with the past, today’s bomb-happy Republicans are merely calling for an expansion of policies already in place. Republicans have introduced legislation in the House and Senate that would in effect bind the war on drugs to the war on terrorism and give the president authority to strike deep into Mexico. Mr. Graham also says he wants “a Plan Mexico more lethal than Plan Colombia.”Calls to inflict on Mexico something more lethal than Plan Colombia should chill the soul. Initiated by Bill Clinton in 1999, Plan Colombia and its successor strategies funneled roughly $12 billion into Colombia, mostly to security forces who were charged with eliminating cocaine production at its source. Their campaign included, yes, the aerial bombing of cocaine labs.Conflict in Colombia is a longstanding phenomenon, but Plan Colombia helped kick off a wave of terror that killed tens of thousands of civilians and drove millions from their homes. The Colombian military murdered thousands of civilians and falsely reported them as guerrillas, as a way of boosting its body count to keep the funds flowing. Massacre followed massacre, often committed by the Colombian military working in tandem with paramilitaries. At the end of last year, Colombia had the fourth-largest population that was internally displaced because of conflict and violence, behind only Syria, Ukraine and the Democratic Republic of Congo.For what? More Colombian acreage was planted with coca in 2022 than in 1999, a year before the start of Plan Colombia. Colombia remains the world’s largest cocaine producer.Even after years of attempts to fumigate and destroy cocaine plantations in Colombia, the country remains the world’s largest cocaine producer. Olga Castano/Getty ImagesPlan Colombia did weaken Colombian drug producers and disrupt transportation routes. But it also incentivized Central American and Mexican gangs and cartels to get in the game. Drug-related violence that had largely been confined to the Andes blasted up through the Central American isthmus into Mexico.Then in 2006, with support from the Bush administration, Mexico’s new president, Felipe Calderón, did what today’s Republican would-be bombardiers want Mexico to do: declare war on the cartels. Again, the result was catastrophic. Estimates vary, but by the end of Mr. Calderón’s six-year term, about 60,000 Mexicans had been killed in drug-war-related violence. By 2011, an estimated 230,000 people had been displaced, and about half of them crossed the border into the United States. Tens of thousands of Mexicans, including social activists, were disappeared, or had gone missing. The cartels, meanwhile, grew more profitable and powerful.In the wake of this failure, the current Mexican government, led by Andrés Manuel López Obrador, has de-escalated the conflict to focus more on policing and prosecution. Other Latin American leaders, across the political spectrum, want to call off the war on drugs altogether and begin advancing decriminalization and treating excess drug use as a social problem.If the drug war is escalated, it would lead to more corruption, more deaths and more refugees desperate to cross into the United States. Jose Luis Gonzalez/ReutersFor now, calls to bomb Mexico are mostly primary-season bluster. But if a Republican were to win the White House in 2024, he or she would be under pressure to make good on the promise to launch military strikes on Mexico. Those efforts are not just bound to fail; they also could even make matters worse. Fentanyl labs are hardly complicated operations — with a couple of plastic drums and a pill press, one cook in a hazmat suit can turn out thousands of doses in a day. Trying to eliminate them with drones and missiles would be as effective as bombing bodegas in the Bronx. Hit one lab and five more pop up, perhaps in more populated areas.Further militarizing Mexico’s drug war would lead to more corruption, more deaths, more refugees desperate to cross the border. And those displaced, if Republicans had their way and Mexican cartels were classified as terrorist organizations, would have a better shot at claiming asylum, since they would be fleeing a formally designated war zone.With each escalation of the drug war, its horrors have inched closer to the United States. Now war mongering threatens to destroy the fragile movement among U.S. policymakers toward a more humane approach to drug use, that possession and use of drugs shouldn’t bring draconian prison sentences and that addiction should be treated as an illness, rooted in class inequality. Republican calls to go hard against narcotics below the border can’t but rebound above it, leading back to a callous public policy that treats addicts as enemies. As Martin Luther King Jr. once said of another war, the bombs we drop there explode here.Greg Grandin (@GregGrandin) is a professor of history at Yale and the author of seven books, most recently, “The End of the Myth: From the Frontier to the Border Wall in the Mind of America,” which won the 2020 Pulitzer Prize for general nonfiction.The Times is committed to publishing a diversity of letters to the editor. We’d like to hear what you think about this or any of our articles. Here are some tips. And here’s our email: letters@nytimes.com.Follow The New York Times Opinion section on Facebook, Twitter (@NYTopinion) and Instagram. More

  • in

    In Search of Kamala Harris

    All the conditions seemed right for a chance to reset the narrative.At the Munich Security Conference in February, amid rising international angst about Russia’s war in Ukraine, Vice President Kamala Harris led a delegation of Americans, including around 50 lawmakers from both parties. She spent her first day in Germany in seclusion, preparing for the next 48 hours: meetings with European leaders the first day and a keynote speech the next in the ornate ballroom of the Hotel Bayerischer Hof. When she emerged, head high and shoulders back, Harris exuded what her staff members have argued is a particular comfort with her role on the international stage. There, they say, she is respected.“I spent the majority of my career as a prosecutor,” Harris said in her speech, in which she announced that the United States had formally concluded that Russia had committed crimes against humanity. “I know firsthand the importance of gathering facts and holding them up against the law.”As I scanned the crowd from a balcony in the ballroom, its makeup was a visual reminder of the shattered glass ceilings in Harris’s wake. They were nearly all men; she’s a woman. They were nearly all white; she’s Black and South Asian, a first-generation American from the Bay Area.In 2017, when Harris arrived in Washington as a senator from California, these contrasts were supposed to make her the Next Face of the Party, the rising star with an inside track to be the next Democratic presidential nominee. But after a disappointing 2020 campaign, and the reputational sting that has lasted ever since, Harris has often been a politician in search of a moment, rather than a leader defining this one.In Munich, it was another case of what could have been. Harris’s stilted delivery of her speech caused the international audience to miss certain applause lines. Her chief of staff, seated in the front row, tried to start some clapping herself, but the members of the Biden administration in the audience only tepidly joined her efforts. Harris returned to Washington a day earlier than originally scheduled. Later, the reason for the switch became clear: President Biden was secretly traveling to Kyiv. The impact on the vice president was all too familiar. Her three-day trip to Munich, intended to be a showcase, would be largely ignored.Biden and Harris should — theoretically — be entering the 2024 contest riding high. Democrats staved off a “red wave” in the 2022 midterms and continue to perform well in special elections and on ballot referendums, driven by a backlash to the Supreme Court’s decision to overturn Roe v. Wade. Instead, poll after poll shows Biden, who will be 81 in November, locked in a close race with his most likely opponent, Donald Trump, and hounded by voter concerns about his advanced age and his ability to complete a second four-year term.But if Biden’s age is the Democrats’ explicit electoral challenge, Harris, 59 this month, is the unspoken one. Three years after she and Biden were presented as a package deal, a two-for-one special that included a younger, nonwhite candidate to counterbalance Biden’s shortcomings, Democrats have not embraced the president in waiting. In interviews with more than 75 people in the vice president’s orbit, there is little agreement about Harris at all, except an acknowledgment that she has a public perception problem, a self-fulfilling spiral of bad press and bad polls, compounded by the realities of racism and sexism. This year, an NBC News poll found that 49 percent of voters have an unfavorable view of Harris, with the lowest net-negative rating for a vice president since the poll began in 1989.Vice President Kamala Harris and President Biden during a recent meeting with the presidential advisory board on historically Black colleges and universities.Susan Walsh/Associated PressRepublican presidential candidates like former Ambassador Nikki Haley have already argued that a vote for Biden next November is a vote for a President Kamala Harris. Trump recently gave an interview to the former Fox News host Tucker Carlson in which he mocked Harris’s speaking style and also said aloud what many people seem to be whispering: that the closer Harris gets to the presidency, the further she has become from convincing the country that she is presidential.“This is not a president of the United States’ future,” Trump said in a preview of Republican attacks against her in the coming election. “And I think they probably have some kind of a primary and other people will get involved.”Trump isn’t the only one floating a Harris-replacement scenario. In September, New York Magazine published “The Case for Biden to Drop Kamala Harris,” and a Washington Post column argued that “Biden could encourage a more open vice-presidential selection process that could produce a stronger running mate.” In the same week, two Democratic House members — Representative Jamie Raskin of Maryland and former Speaker Nancy Pelosi, the Democratic Party titan and fellow Bay Area native who has known Harris for decades, though the two are not particularly close — evaded saying on CNN whether they thought Harris remained the strongest running mate for Biden in 2024. (Raskin, after receiving backlash, later went on a different network to clarify his support).Senator Elizabeth Warren of Massachusetts, the progressive who ran against Biden and Harris in the 2020 Democratic primary, demurred early this year when asked by a local radio station if Biden should keep Harris as his running mate in 2024, saying, “I really want to defer to what makes Biden comfortable on his team.” (Warren later called Harris twice to apologize. Harris initially ignored the calls, CNN reported at the time.)The doubts have prompted a public-relations blitz. Harris was featured 13 times in a video announcing Biden’s re-election bid. White House senior advisers have exhorted Democrats to stop criticizing Harris to the press, on the record or off, telling them that it’s harmful to the overall ticket. Emily’s List, the liberal advocacy group that supports Democratic female candidates who champion abortion rights, pledged to spend “tens of millions” of dollars in 2024 specifically to support Harris. The communications department of the Democratic National Committee has made a point to blast out announcements of her public events.And the people closest to Harris, the tight-knit group of Black women in national Democratic politics who helped make her Biden’s choice for vice president, are increasingly becoming incensed with how she’s being treated. Their disgust is as close as you’ll get to hearing it from Harris herself.Laphonza Butler, a former adviser of the vice president and the president of Emily’s List until Gov. Gavin Newsom of California appointed her to the U.S. Senate after the death of Dianne Feinstein, said the Harris naysayers in her party need to “cut the bullshit.” “It’s disrespectful,” Butler told me in an interview before her Senate appointment. “And the thing that makes it more disrespectful is that we’re talking about a historic V.P. who has been a high-quality partner and asset to the country at a time when everything is at stake. Right now is the time to respect what she’s done and what she brings.”LaTosha Brown, a founder of Black Voters Matter, went a step further. She said she’s convinced that some in the party — and in the White House — do not want Harris to succeed. “I think there have been saboteurs within the administration,” she said. “I think that they are worried about the age contrast. And they are worried about Kamala outshining Biden.”Over eight months of reporting this article, I conducted interviews with Harris’s former staff members, advisers, childhood friends, family members, senior figures in the Democratic Party and key players in the White House and Biden’s re-election campaign — many of whom spoke on the condition of anonymity to avoid antagonizing the vice president and the White House.I called top Democratic pollsters to gauge whether a Harris-led party kept them up at night. I talked with members of Biden’s vice-presidential selection committee to ask the question I’ve always wanted to know the answer to: Was Kamala Harris really chosen as a running mate because she had the right identity at the right time, the highest-profile diversity hire in America?In nearly three years in office, Harris has stood dutifully by Biden’s side. But in terms of her own political profile, she has remained a vacuum of negative space, a vessel for supporters and detractors to fill as they choose, not least because she refuses to do so herself.“My career, for the most part, has not been one of being focused on giving lovely speeches or trying to pass a bill,” Harris said to me in an interview in Chicago after an event for Everytown for Gun Safety, an advocacy group that has endorsed Biden and Harris for re-election. “And so that’s how I approach public policy. I’m probably oriented to think about, What does this actually mean, as opposed to how does this just sound?”Harris has leaned on this sentiment for years, even as lovely speeches are considered core to the job of president. It reflects a figure who is fundamentally uncomfortable with having to make an affirmative case for herself to the public — and feels she shouldn’t have to. Since 2019, the year I first covered Harris for The Times, I have often asked her variations of the same questions about her vision for the future and where it fits within the Democratic Party. Sometimes I can sense the frustrations of an elected official who clearly is skeptical of the press — a career prosecutor who is more comfortable asking pressing questions than giving straightforward answers.In Chicago, I directly placed in front of her the question others had only insinuated.“When someone asks, ‘What does Vice President Kamala Harris bring to the ticket?’ what is that clear answer?” I asked. Her team made clear it would be my final question. “Were you in this room of 2,000 people?” she asked. I nodded.“Did you see them cheering and standing?”“Yes.”“That’s what I say.”She stood up and walked out of the room.The unofficial end to Kamala Harris’s presidential campaign came four months before she formally dropped out. In late July 2019, at a Democratic presidential debate in Detroit, the California senator faced an unexpected attack from Representative Tulsi Gabbard of Hawaii, who has since left Congress — and the party.“The bottom line is, Senator Harris, when you were in a position to make a difference and an impact in these people’s lives, you did not,” Gabbard said to Harris, arguing that the former prosecutor, who had criticized Biden for creating policies that contributed to mass incarceration, was also part of the problem. ‘‘She put over 1,500 people in jail for marijuana violations and then laughed about it when she was asked if she ever smoked marijuana.’’ The left-wing critique that “Kamala is a cop” had been raging on social media for months, complete with a meme that depicted Harris handcuffing a child, a viral interview where she laughed about smoking marijuana and a photo in which Harris donned a police jacket during her time as California’s attorney general. But Harris was rarely forced to answer it directly, and not in such a public setting, from a candidate she considered beneath her. “I am proud of making a decision to not just give fancy speeches or be in a legislative body and give speeches on the floor but actually doing the work,” Harris said onstage, broadly defending her record, citing the re-entry program she started as attorney general. Gabbard came back at her: “People who suffered under your reign as prosecutor — you owe them an apology.” After the debate, Harris was more dismissive. “This is going to sound immodest, but obviously I’m a top-tier candidate, and so I did expect that I’d be on the stage and take some hits tonight,” she said on CNN. “When people are at 0 or 1 percent or whatever she might be at.”Biden and Harris during a Democratic presidential primary debate in July 2019.Erin Schaff/The New York TimesHer response did little to quell the line of criticism, but it did expose a fundamental fact about Harris: In the last five years, as social movements have shifted the Democrats’ message on criminal justice and public safety leftward, the figure whose career seems to speak the most to that conversation has refused to lead it.In 2019, when Harris was running for president, she released a criminal-justice plan six months into her campaign, after rivals like Biden, Warren, Senator Bernie Sanders of Vermont and Senator Cory Booker of New Jersey had already done so, setting the terms of the debate. Advisers privy to campaign details said the delay was caused by the candidate’s tendency to get pulled in multiple directions from outside voices, even on the issue to which she had dedicated her career. Some of this spilled into public view, including when Harris was asked in April 2019 whether convicted felons should be able to vote from prison.“I think we should have that conversation,” she said on CNN, only to back off the next day.The episode was an outward expression of an inner conflict. Unlike Biden, who also faced questions about his tough-on-crime past during the 2020 presidential primary, Harris craved the approval of the party’s left wing, particularly the class of liberal, college-educated women who had grown more interested in Warren’s unabashed progressivism. Brown, of Black Voters Matter, said Harris is “absolutely a progressive.” Maria Teresa Kumar, president and chief executive of Voto Latino and a longtime political ally in California, said Harris is neither a moderate nor a progressive, but “ideologically pragmatic.” Jamal Simmons, who served as Harris’s communications director before leaving the role at the beginning of this year, suggested that her identity lies elsewhere. “She’s a Christian, but strength is her religion.”In September 2019, Harris told me in an interview that the criticism of her record had taken an emotional toll. It feels “awful,” she said. “I understand it intellectually. Emotionally, it’s hurtful,” Harris said at the time. “I know what motivated me to become a prosecutor, I know what motivated me to do the kind of work we did, and I know that it was groundbreaking work.”The problem is, outside her record in law enforcement, Harris does not have much of a legislative history to be judged on — even Barack Obama served eight years in the Illinois Statehouse. She was elected to the Senate on the same night in 2016 that Trump beat Hillary Clinton. After just two years in the Senate, she was already a presidential candidate — pitching herself as a bridge between the party’s progressive and moderate wings. In her current role as vice president, Harris is a professional support act, in a position that has both made her more visible and given her less of a distinctive voice.“I love my job,” Harris told me in Chicago. “There are certain opportunities that come only with a position like being vice president of the United States to uplift the voices of the people in a way that I think matters and makes a difference.”When Harris’s name was first introduced on the national political stage in 2009, it was accompanied by a set of sky-high expectations. The week before Obama was inaugurated as president, the PBS journalist Gwen Ifill name-checked Harris during an appearance on the “Late Show With David Letterman,” adding rocket fuel for Harris’s political ambitions. Ifill said Harris, who was the San Francisco district attorney at the time, was “brilliant” and “tough.” Then she went further: “They call her the ‘female Barack Obama.’”But that label, and the expectations that came with it, would also have a downside. Harris was not the “female Obama,” nor was she the mixed-race Hillary Clinton, the only other woman who has come this close to the presidency. Without a clear ideological brand, and because she has avoided the issue with which she has firsthand expertise, the historic nature of Harris’s role seems to have boxed her in. A year away from the election and a heartbeat away from the presidency, Harris is an avatar for the idea of representation itself, a litmus test for its political power and its inherent limits.Harris in 2004, when she was the San Francisco district attorney.Paul Chinn/The San Francisco Chronicle, via Getty ImagesTo that end, the facts of her life — born to immigrant parents who met as activists in Berkeley, raised in the Bay Area amid the Black Power movement of the 1960s and 1970s, studied at Howard University, one of the country’s premier historically Black institutions — help explain why this vice president not only looks different, but is different too.She wears her self-belief with pride. And she always has, according to family members who attend her Sunday dinners, childhood friends who grew up with her in Oakland and Harris herself. “I grew up when Aretha Franklin was telling me I was young, gifted and Black,” Harris told me. “I will tell you this, and maybe it’s a radical notion. I have never believed that I don’t belong somewhere, and I was raised to believe that I belong anywhere that I choose to go.”Harris, in this way, is the antithesis of Obama. While he was defined by a sense of alienation growing up among his mother’s white family and found refuge in Black communities as an adult in Chicago, Harris’s journey bears no such resemblance. Her Bay Area childhood was rooted in Black affirmation and community, even as her mother, Shyamala Gopalan, remained close to her family in India and kept Hindu traditions in the home. If anything, Harris’s childhood stands out for its insulation from whiteness, more multiracial and multiethnic than strictly Black and white. “I remember we were in middle school just sitting on the bed, and she walked me through her name, K-a-m-a-l-a D-e-v-i H-a-r-r-i-s,” says Cynthia Bagby, a childhood friend from Oakland. “She was very clear about her heritage, where her mother was from and what it meant. She’s always been one of those people that’s like, ‘This is who I am. Deal with it.’”But Harris is also conscious of being “ghettoized” — which is how one close Biden adviser described her fear of being put into a box that was solely ascribed to her race or gender. Throughout the majority of her career, the substance was never in question: She was a prosecutor, a similar early career track as other Democratic women in the Senate, including Amy Klobuchar of Minnesota and Catherine Cortez Masto of Nevada. But Harris always came with an air of star power — Ifill’s label, a network of Bay Area donors and her 2009 book, “Smart on Crime,” which introduced her to a national audience by highlighting her criminal-justice philosophy.“I came up with the phrase,” Harris proudly reminded me during our interview in Chicago. “I proposed we should ask, Are we smart on crime? And in asking that question, measure our effectiveness similar to how the private sector does,” she said. I told Harris that I read the book and came away struck by how differently she — and Democrats — talk about criminal justice now, 14 years later. And like Gabbard, I decided to ask her how I should think about the changes in her philosophy. Were they “an evolution based on new evidence? Or is that a kind of tacit admission that the view from 20 years ago might have been incorrect?” I asked.“Why don’t we break it down to which part you’re talking about, and then I can tell you,” she said, leaning forward.I mentioned the elimination of cash bail, which Harris embraced during her run for president but never during her time in California.“I think it depends on what kind of crime you’re talking about, to be honest,” she said.I tried to ask another way.“When you think about what changed from then to now, is there anything you look back and say, I wish we did differently?”“You have to be more specific,” Harris said.By this point, the vice president would not break eye contact, and suddenly I had more in common with Jeff Sessions and Brett Kavanaugh than I ever expected. Just as in those Senate confirmation hearings, Harris’s tone was perfectly pitched, firm but not menacing — confrontational but not abrasive, just enough for you to know she thought these questions were a waste of her time.I asked her where she would define herself politically on a spectrum of moderate to progressive.Harris during Brett Kavanaugh’s Supreme Court confirmation process in 2018, when she served in the Senate.Damon Winter/The New York Times“Why don’t you define each one for me, and then I can tell you where I fit,” she responded. “If you want to say, for example, that believing that working people should receive a fair wage and be treated with dignity and that there is dignity in all work, well then, I don’t know what label do you give that one. If you believe that parents should have affordable child care? I’m not sure what the label is for that.”“The labels are used as kind of proxies for kind of root-cause conversations,” I said. “Progressives believe that structural inequality is such that it has to be upended. Liberals are thinking more about working within a system.”“Well, name the issue and then I’ll tell you,” she said.“OK, inequality,” I proposed.“Let’s just take the African American experience from slavery on. And we don’t have to even go back that far to to understand where the inequality came from,” she said, listing redlining, the Tulsa riots, the G.I. Bill. “There were issues that were about policy and practice that excluded, purposely, people based on their race.”“But one of the quotes I most remember from your presidential run was you saying, when asked what you believe in, that you weren’t trying to restructure society. How do you solve those kind of deep systemic inequalities?”“I think you have to be more specific,” she parried, “because I’m not really into labels.”The words had barely left Joe Biden’s mouth before Representative Maxine Waters picked up the phone. “What are we going to do?” she asked Leah Daughtry, a longtime operative at the Democratic National Committee and, more important, one of the chief conveners of the party’s informal network of influential Black women. It was March 2020, during the final Democratic presidential debate between Biden and Bernie Sanders, in which Biden tried to wrap up the nomination with an explicit appeal to the party’s base. “Biden just said he was going to pick a woman to be his running mate,” Waters informed her, before repeating her question. “What are we going to do?”The phone call was the origin point of a two-pronged plan, Daughtry told me, recounting their conversation for the first time for this article. They didn’t want just any woman — they wanted a Black woman — and they were determined to make the case on multiple fronts. To the Biden campaign directly, in the kind of back-room jockeying among political insiders that has long defined the vice-presidential sweepstakes, but also to the public, hoping to create a political environment in which the Biden campaign felt it had no other option.Their work would culminate in the most public lobbying effort for a vice-presidential selection in modern American history. There were public letters, planted news stories, cable-news segments and statements of support from celebrities like Sean (Diddy) Combs and Ty Dolla $ign. ‘‘As soon as it sounded like it was something that could really happen, we definitely wanted to weigh in,” said Melanie Campbell, an activist whom Daughtry turned to for help and who organized the first open letter calling for a Black woman on the ticket.For a while, the Biden campaign kept its distance. Advisers held a phone call in early May with some activists who signed onto Campbell’s letter — but they also dispatched allies to make clear that Biden was also considering white candidates, like Warren, Klobuchar and Gov. Gretchen Whitmer of Michigan.But between Biden’s initial pledge to select a woman and when it was time to announce his choice, ahead of the Democratic National Convention in August, the world had effectively turned on its head. Suddenly, amid the coronavirus pandemic and travel restrictions, there was no campaign trail, and most of the meetings to discuss selecting the vice president were happening on Zoom. The killing of George Floyd in Minneapolis that May would spark nationwide protests calling for racial justice. And in the absence of in-person politicking, social media took on more importance, helping push the conversation about Biden’s running mate to explicitly racial terms.Biden’s vice-presidential selection committee would eventually contact a smaller group of Black women — including Campbell, Daughtry, the former Democratic Party chairwoman Donna Brazile and the longtime Democratic strategist Minyon Moore — with a more specific request: The next time they met, Biden’s team wanted to hear a case for one individual candidate, not a general call for a Black woman.At the time, after Harris ended her own presidential campaign the previous December, she was experiencing a spate of good will with many of the same activists who once preferred other candidates. Brown, of Black Voters Matter, for example, publicly endorsed Warren in the primary but told me she felt that she had misjudged Harris and that championing her as Biden’s running mate was a kind of spiritual mea culpa. Others held Harris up as a victim of Democratic racism and sexism, particularly when what had begun as a historically diverse field winnowed to Biden and Sanders, two white men over age 75.But not everyone who had Biden’s ear agreed with the public efforts, including the dean of Black Democratic politics in Washington. Representative James E. Clyburn, the influential lawmaker whose well-timed endorsement of Biden helped him win the South Carolina primary, and in turn, the Democratic nomination, told me that he always told Biden that selecting a Black woman as a running mate “was a plus, not a must.”But by the time Biden was in the final stages of his selection, even more traditional party figures were telling the campaign to heed calls to choose a Black woman. Howard Dean, the former presidential candidate and party chairman, said he would have preferred for Biden to select a Black woman as his running mate without a public pledge at the debate, because “when you start picking people by category, it’s important to talk about qualifications first,” he told me.Dean, however, compared the summer of 2020 and the moment Biden was in to the 1968 Democratic convention in Chicago, when protests over the Vietnam War forced the party to reckon with its relationship to an emerging generation of voters. Biden needed to show that Democrats value the party’s Black base, Dean said, whichever way he could. Selecting a Black running mate “became a way of healing the country — of saying, ‘White Democrats don’t have a good record on this issue, and I mean business,’” he said.Inside Biden’s camp, represented by longtime aides like Steve Ricchetti, Mike Donilon, Anita Dunn, Ron Klain and Jen O’Malley Dillon, multiple discussions were happening. The traditional vetting process, led by the search committee, eventually narrowed a broader short list of 11 down to four finalists: Harris, Warren, Whitmer and Susan Rice, who served as Obama’s national security adviser and is also a Black woman. Biden, who is known to dial up trusted voices and ask for input, the more the better, was leading his own line of inquiry.After Whitmer impressed Biden during an in-person meeting in the veepstakes’ final stages, one question rose to the top: Could two white Democrats win?Campaign research said yes — Biden could win with any of the four. Klain argued for Harris specifically. Obama played the role of sounding board, weighing the pros and cons of Biden’s options rather than backing anyone, including Harris, according to a person familiar with the conversation. But Harris was the only candidate who had the full complement of qualifications: She had won statewide, was a familiar name with voters because of her presidential run and enjoyed a personal connection with the Biden family, having been a close working partner of Biden’s son, Beau, when he served as attorney general of Delaware.And she was Black, meaning the announcement would be met with enthusiasm rather than controversy. On Aug. 11, the day the campaign announced Harris as the running mate, it raised $26 million in 24 hours.Biden’s advisers say he selected who he felt would be the best governing partner, independent of race, gender or future political considerations. Because of Biden’s age, however, and his promise to be “a bridge’’ to ‘‘an entire generation of leaders,” Harris’s selection was immediately interpreted as a sign that a nominee who might serve only one term was already setting up his successor. “By choosing her as his political partner, Mr. Biden, if he wins, may well be anointing her as the de facto leader of the party in four or eight years,” read the Times article that announced her selection in August. But that was not the campaign’s thinking, Biden advisers told me, arguing that he chose Harris as a running mate for 2020 and a governing partner for his first term — not necessarily as a future president.“It was a governing decision,” Dunn said to me during an interview. “Who can be president, if necessary? But really, Who can be a good partner for me in terms of governing and bringing this country back from the precipice?”Two days after the announcement, another Times article quoted Harry Reid, the retired Democratic Senate leader from Nevada, who said approvingly that Biden selected Harris because “he came to the conclusion that he should pick a Black woman.”“I think that the Black women of America deserved a Black vice-presidential candidate,” Reid said.For years, Moore, Daughtry, Brazile and Yolanda Caraway, a political strategist, have formed what is colloquially called the Colored Girls, a group of Black female insiders in Democratic politics. Brazile said that when Biden selected Harris, the group “committed themselves to helping him get elected, but we also committed ourselves to her.”Harris greeting supporters at a celebratory rally in Wilmington, Del., after the 2020 presidential election was called in the Democrats’ favor.Robert Deutsch/EPA, via ShutterstockTheir investment in Harris speaks to why the diversity-hire framing is too simplistic. There is power in being the first, even if there are limits in being the only. Brown dismissed the idea that the public lobbying efforts for Harris’s selection created the impression of an affirmative-action hire: “When don’t white people think that?” she asked.During our interview in Chicago, I tried to ask Harris whether quotes like Reid’s bothered her, reducing her selection to her identity rather than her record.“I don’t think I understand your question,” Harris said.“I’m saying, does it matter — that kind of narrative around Biden needing to choose a Black woman as running mate still exists and that has hovered over your selection?”“He chose a Black woman. That woman is me,” Harris said. “So I don’t know that anything lingers about what he should choose. He has chosen.”The Biden-Harris administration never got to enjoy a honeymoon period. Amid the pandemic, the attempts by Trump and his allies to overturn the election and the shock of Jan. 6, Kamala Harris the presidential candidate didn’t get much of a chance to reintroduce herself to the country as Kamala Harris the vice president.Just when she was most in need of trusted counsel, becoming Joe Biden’s No. 2 had the effect of cutting Harris off from the political operation that had most closely guided her to that point. Almost none of Harris’s top advisers from California joined her in the Biden campaign or in the vice president’s office, planting the seeds of isolation. Harris has often cycled through senior staff at a far greater clip than her contemporaries (her policy director, Carmel Martin, left the role last month). And while Biden’s senior staff includes fixtures like Donilon, who has worked with him since 1981, few of Harris’s senior staff members date back to her time in California — or even her presidential campaign.By June of her first year in office, Politico had already declared that Harris’s office was “rife with dissent” and quoted an anonymous source claiming it was “an abusive environment.” A slew of staff departures fed a stream of headlines that only seemed to confirm the waywardness that had defined her presidential campaign. Her initial communications director, Ashley Etienne, left in less than a year. Simmons, her successor, stayed only a year and is now a commentator for CNN. The New York Post published a tally of Harris’s staff departures — 13 within 13 months. They included members of the advance team, her longtime policy adviser, her first chief of staff and her high-profile press secretary, Symone Sanders-Townsend, who now hosts a show on MSNBC. (Harris has yet to appear.)In June 2021, Harris would compound her problems with a widely panned interview with NBC’s Lester Holt in which he repeatedly asked her why she had not been to the border. “And I haven’t been to Europe,” Harris said. “And I mean, I don’t understand the point you’re making.”The Holt interview would publicly set the tone for Harris’s first two years. The flood of criticism stung Harris deeply, and she mused in private conversations about worrying that she had let down Biden and the White House. Over the following year, Harris traveled less often, and she mostly avoided further media interviews, preferring friendly settings like “The View” and a show on Comedy Central hosted by Charlamagne tha God. Harris’s staff argues that she had to carefully schedule her travel during this period because she often served as the tiebreaking vote in the Senate, with the chamber split 50-50 at the time. In private conversations, however, some Democrats close to Biden say that they encouraged her to stay visible and that it was Harris’s decision alone to step back, over the advice of her chief of staff and Biden’s senior advisers.Her public absence would not go unnoticed. In November of that year, The Los Angeles Times ran a column declaring Harris “the incredible disappearing vice president.” In January 2022, on the anniversary of her ascent to the office, the BBC ran an article that painted a dire picture of a flailing politician with the headline: “Kamala Harris one year: Where did it go wrong for her?”In that first year, she also had the opportunity to select several issues to fill out her policy portfolio, a chance for a vice president to own a signature policy lane. According to several people familiar with the discussions, though, Harris had no interest in taking on criminal-justice reform and policing, her area of career expertise.Instead, Harris insisted that she would take on voting rights after consulting with Black leaders in the party, including the team of Stacey Abrams of Georgia, who had previously made no secret of her desire to be Biden’s vice president, according to a person familiar with the discussions. The issue bears a civil rights legacy and is embraced by all sides of the party. One Biden adviser, however, said they made clear to Harris at the time that there was little chance that meaningful legislation could pass on the issue given the deadlocked Senate.Within a year, the prediction would come true. After Biden made an 11th-hour trip to Atlanta to give a speech exhorting the Senate to pass the administration’s expansive bills on voting rights and election reform — a speech some activists and even Abrams chose not to attend — it would be clear that the legislation would not go forward.Harris touring a Customs and Border Protection processing center in El Paso in June 2021, after facing criticism for not having visited the Southern border.Patrick T. Fallon/AFP, via Getty ImagesHarris also received an assignment she didn’t want, according to White House officials familiar with the discussions. The president charged her with addressing the root causes of migration in Central America — coordinating public and private funds that could support people in their home countries before they tried to flee for the United States. Some of that nuance was lost in June 2021, however, during the same international trip when she sat for the interview with Holt.In Guatemala, Harris warned migrants “do not come” to America, repeating the phrase for emphasis at a news conference alongside President Alejandro Giammattei. While the message wasn’t unique — other administration officials had communicated a similar stance — the messenger was, and it earned Harris the ire of some pro-immigration groups and progressive lawmakers.“This is disappointing to see,” Representative Alexandria Ocasio-Cortez wrote in response on Twitter. “The US spent decades contributing to regime change and destabilization in Latin America. We can’t help set someone’s house on fire and then blame them for fleeing.”Republicans also seized on the controversy, depicting Harris as the Biden administration’s unofficial “border czar,” overseeing a constant stream of migrants bringing fentanyl to the United States. Representative Ronny Jackson, the former White House doctor closely aligned with Trump, has twice introduced legislation that would remove Harris from a role she doesn’t have.This month, the Biden administration authorized the construction of up to 20 miles of wall along the Southern border, highlighting its failure to curtail migrant crossings into the United States. The issue is sure to be a centerpiece of the 2024 election — particularly as Republicans say Democrats can’t address a crisis they refuse to acknowledge.In our interview, Harris made the case that the money that has been invested would be an important stopgap in the absence of congressional action. “We have raised over $4.2 billion dealing with issues like what we can do to support agriculture, which is a main facet of the economy of a lot of these countries,” Harris said.“I get the roadblocks in Congress, and I get that your root-cause work is long-term,” I responded. “I’m saying, if you’re a voter in the short term who is saying, ‘Is our border secure?’ And what is this administration’s answer to that? What’s that answer?”“The answer is that we are absolutely making it secure and putting resources into it to do that work,” Harris said.When Harris speaks in an interview or to an audience, it can sound as if she’s editing in real time, searching for the right calibration of talking points rather than displaying confidence in her message. It has contributed to a reputation as a politician who delivers “word salads,” but Simmons — her former communications director — argued that it’s a consequence of her career as a prosecutor and attorney general, law-enforcement roles that did not ask Harris to communicate with the press and the public in the same way. Even in Harris’s presidential race, staff members had to push her to share details about her life, family and career motivations. It was not always successful.“Often in the White House, national leaders have to base their arguments on emotion and gut — and as a prosecutor that’s not the job,” Simmons told me. “So she’s getting more comfortable speaking about herself, her beliefs and the president’s beliefs — answering the ‘why’ question of what they do, not just what the policy is.”But Harris has not been a prosecutor since 2016, and many of her rhetorical quirks extend beyond policy — the unbridled laugh (Harris has become the face of a new internet term, IJBOL, for “I just burst out laughing”); her passion for Venn diagrams (she mentions them so much that the G.O.P. has made a one-minute compilation video); and even her dance moves have become punchlines, shrinking Kamala Harris the vice president to Kamala Harris the meme.The internet caricature comes as Harris has sought to recast herself as a consequential force within the party and the administration. When the Supreme Court overturned federal protections for abortion rights in June 2022, Harris and the White House saw an opportunity for the vice president to speak authoritatively on an issue that has proved critical to Democratic voter turnout. This year, Harris has made protecting abortion rights a central tenet of her campaign message, her stump speech and her Fight for Our Freedoms College Tour.Jennifer Palmieri, the former Obama White House communications director, says she believes that the issue has given Harris an area of focus at a critical time and that the press coverage of Harris is too focused on previous missteps and not what lies ahead. This summer, after a different Washington Post op-ed praised Harris as an electoral asset, Palmieri phoned senior members of Harris’s team to offer congratulations, confident that they had turned a narrative corner.Now, even after open speculation about dropping Harris from the ticket, Palmieri is adamant that Harris is “the most valuable running mate for a ticket in recent history.’’“Nothing that has happened to her has surprised me,” Palmieri told me. “I knew, like, this is going to be a very hard road, no matter how talented you are. It is not a situation that’s set up to fail. But it is not a situation where you will be set up to succeed.”This month, in a swearing-in ceremony conducted by Harris, Laphonza Butler became only the third Black woman ever to serve in the United States Senate, following in the footsteps of her ally and mentor. Newsom’s decision to appoint the Emily’s List leader surprised many Democrats, but it shouldn’t have — in addition to her activism, Butler was a former partner in Ace Smith and Sean Clegg’s consulting group, which has close ties to the governor and the vice president.Newsom, like Biden, was also under significant pressure to appoint a Black woman in the role after he made a public pledge to do so in 2021, amid speculation about Feinstein’s possible retirement. Such pledges have become more common in liberal politics, a way to signal solidarity with an increasingly diverse electorate, and a go-to move for white male Democrats in particular.Harris swearing in her longtime friend Laphonza Butler to the U.S. Senate this month.Anna Rose Layden/Getty ImagesDunn, the president’s senior adviser, said Biden’s pledge to pick a woman as his running mate was born of a desire “to be very clear with people that he felt it was time.” And while Dunn acknowledged some initial difficulties for Harris during the first two years in office, she also said the vice president “has found her voice, and she’s found her role,” as issues like abortion rights and gun safety have given her a clearer message heading into 2024.Dunn’s confidence reflects that of the administration at large and serve as a reminder that the Harris-replacement scenarios amount to political wish-casting. Even off the record, Biden’s senior advisers say that there’s no desire to oust her and that the idea was never floated. One person in Biden’s inner circle suggested that the president would be personally offended by the suggestion: Obama’s campaign conducted polling on replacing Biden ahead of the 2012 election, and the subject stings the former vice president to this day.“This administration has never polled it,” Dunn said to me unequivocally. “Never thought about it. Never discussed it.” Jeff Zients, Biden’s chief of staff, said that Harris and Biden enjoy a close relationship and that she is often the last to leave the Oval Office after a meeting, just as Biden was during his time as Obama’s No. 2. “She has an uncanny ability to really drill down to what matters, clear out what doesn’t matter and hold people accountable for results,” he told me.“She can prosecute a case extremely well,” Dunn confirmed. “In a meeting, she will say, ‘But no, really, is that going to work?’ Or, ‘Oh, really, explain this,’ and she’s very effective. And it’s interesting to watch them together. Because sometimes it’s almost like, she’ll ask something, and he will look at her like, That’s exactly what I would have said.”But the confidence of the White House sets up an inevitable collision course. Even if Biden wins the election, he will only get older — and the concerns of the American public about his age and the prospect of Harris’s stepping in as president will most likely persist. Allies like James Clyburn believe that sentiment will shift if the Washington whisper machine were to pull back and decide to appreciate Kamala Harris for who she is, rather than deride her for what she is not. Clyburn said Harris’s “problem” is simple: Her race and gender have made her a Washington outsider. “Her only problem right now is what she looked like when she was born,” he said to me. “That’s what these people are holding against her.”Rashad Robinson, the president of the racial-justice advocacy group Color of Change, who traveled with Harris this year to Africa — a trip that included stops in Ghana, Tanzania and Zambia and face time with prominent Black celebrities and activists, including the director Spike Lee and actors like Sheryl Lee Ralph and Idris Elba — said he feels that American media outlets refuse to cover her success, including the images from that trip. “When we arrived to Black Star Square in Ghana, there were upwards of 10,000 people who were excited to see her,” Robinson said. “And I thought, What’s the other vice president that could get that type of crowd outside the United States — or even inside the United States?”But not everyone agrees with these supporters, including a number of Democrats — when granted anonymity to speak freely. A top Democratic consultant said that “she has a little Ron DeSantis in her,” in terms of the disconnect between political talent and expectations. One major donor said there’s an agreement among the party’s heavy hitters that having Harris as vice president to Biden “is not ideal, but there’s a hope she can rise to the occasion.” Sometimes the arguments against her feel more petty: A member of Harris’s staff remarked on the amount of down time the vice president schedules on trips, which includes an inordinate amount of time dedicated to hair care.Harris is largely absent from the post-Biden jockeying that is already taking place among prospective candidates and donors. One major donor told me: “I’ve gotten invites from people like Whitmer and Booker. And even people like Buttigieg and Ro Khanna are cultivating meetings and donors. It’s radio silence from Kamala and Kamala World. They’re not keeping alive the network of people that supported her.”This summer and fall, Harris has sought to answer critics with a travel-heavy schedule that highlights her connection to key blocs in the Democratic coalition. She inaugurated her Fight for Our Freedoms College Tour at Hampton University, the historically Black college in coastal Virginia; the tour also includes lesser-known schools with large Latino student populations, like Reading Area Community College in Pennsylvania.It was easy to see Harris as an underappreciated electoral asset for Biden at a gathering of the African Methodist Episcopal Church in Orlando this August. In a crowd numbering thousands of older, predominantly Southern Black churchgoers, there was palpable pride in Harris, evident from the hundreds who lined up for pictures or the group of senior bishops who privately prayed for her.In a speech, Harris took direct aim at new statewide education standards restricting how race and Black history could be taught. “Right here in Florida,” Harris said, her voice rising in outrage, “they plan to teach students that enslaved people benefited from slavery.”The members of the audience rose to their feet in anticipation of what they sensed was coming next: a smackdown of Gov. Ron DeSantis, who had sent a public letter that week challenging Harris to a debate. “Well, I’m here in Florida,” she said defiantly, “and I will tell you, there is no round table, no lecture, no invitation we will accept to debate an undeniable fact: There were no redeeming qualities of slavery.”The roar of approval served as an audible reminder — to DeSantis, the Republican Party, the Beltway press corps and even some Democrats too: Writing off Kamala Harris is a mistake, as overly simplistic and premature as the “female Barack Obama” label that once followed her.“When you are the first, serving at the national level, it is a significant responsibility and weight on your shoulder,” the Massachusetts attorney general, Andrea Campbell, said at the annual N.A.A.C.P. convention this summer. She made it a point to stress that Harris, with whom she was in conversation at the event, was “our” vice president — implying Black people specifically. Campbell continued: “We were remarking, you know, ‘They’re coming for us.’ And what that means is that you have to sustain yourself. Of course, be protected, but also do the work.”She then asked the audience to rise, a manufactured standing ovation with a clear message: Harris needs your support.“As we go into this round of applause for our vice president, really thinking about what elected officials, particularly people of color, are going through in this moment in time,” Campbell said, “I ask everyone to just stand up — I’m going to do the same — and give our vice president a round of applause for the work she does every single day.”Harris and Biden in the White House Rose Garden in May.Doug Mills/The New York TimesThe crowd rose to its feet — but it felt more like an act of politeness. Unlike in Orlando, where the audience was at rapt attention, the version of Harris in Boston more resembled the version I saw in Munich. It served as a reminder that Black communities are not a monolith and that their assumed kinship to Harris — or to the Democratic Party — cannot be taken for granted.During our interview in Chicago, which was supposed to be the first of two, I asked Harris about the party’s relationship with Black Americans and the policy priorities that matter most to them. I asked whether the administration’s ineffectiveness on voting rights was indicative of a broader pattern on things considered to be “Black issues” — lots of promises during the election season and lots of excuses during the time in office.“Has there been enough substance that the administration has put on its inequality agenda?” I asked, pointing out that Black turnout had softened for Democrats in the 2022 midterms. “Has that promise made to Black communities been kept?”Harris launched into a recitation of talking points: the amount of money the administration has invested in historically Black colleges and universities; how the capped price on insulin would help Black seniors; the new federal restrictions on no-knock entries and chokeholds by the police; Housing Secretary Marcia Fudge’s work on affordable housing. Her answer spoke to a fundamental tension facing Democrats ahead of next year’s election: No matter the administration’s policy accomplishments, which are real but often incremental rather than sweeping, they are not yet galvanizing the voters they most need.By this point in the interview, the window that was slightly open when Harris sat down felt as though it had been firmly shut. Over the weeks that followed, the vice president’s aides would repeatedly postpone the second interview that had been agreed to for this article. But here, while I still had the chance, I wanted to try once more to get at this important question: Maybe people are yearning for something policy can’t provide — not just a fancy speech, but a more forcefully declared vision.“What’s the disconnect then, between all that and it translating to more Black votes?” I asked, pressing further.Harris refused to entertain the scenario. Instead, she had a question for me.“Why don’t you talk to me after 2024?” More

  • in

    Biden’s border wall won’t fix a broken immigration system – or deter migrants

    The Biden administration’s plan to erect a new section of border wall is disappointing not only because it contradicts a campaign promise, nor just because physical barriers are a return to the same tired policy responses of the Trump era.Rather, this week’s news around the project – slated for a rural region along the Texas-Mexico border – is upsetting most of all because it stands in stark contrast to the solutions the US immigration system needs right now.Even the highest walls often do not deter desperate migrants and asylum seekers from trying to reach the US. That was true during the previous administration, and it remains true today. Instead, those barriers leave people who cross anyway at higher risk of injury and death, contributing to a growing list of casualties that has turned the US-Mexico border into the world’s most lethal land migration route.Already, blowback to renewed border wall construction has been swift and intense. Representative Henry Cuellar, Biden’s fellow Democrat whose large south Texas district includes the county with the new planned barriers, called it “a 14th-century solution to a 21st-century problem”. To conservation advocates, it means bulldozing “irreplaceable” habitats. Some of the local communities say it feels like “a slap in the face” that will “punish the most innocent”.And, for national immigration advocates, it is yet another letdown that demonstrates a disregard for human dignity within a larger broken immigration system.Given the absence of legislative reforms, and given pressure on the Biden administration to reduce irregular migration, the US-Mexico border is chaotic these days, though not necessarily in the way most Americans think.In the name of deterrence, people fleeing for their lives who might otherwise qualify for asylum are being presumed ineligible because of how they arrived, under a policy that has already been ruled unlawful yet remains in place. Many thousands of non-Mexicans are suddenly being sent back across the border to Mexico, a foreign country where they likely have next to no support or contacts, and where they face grave danger of sexual assault, kidnappings, extortion and other violence.In light of a humanitarian emergency and political repression in Venezuela, the US Department of Homeland Security (DHS) has allowed Venezuelans who made it here by the end of July to access deportation protections and work authorization. Yet Venezuelans arriving today can be directly deported to the same authoritarian regime where US officials explicitly acknowledged a few weeks ago that people could not safely return.Similarly, the Biden administration continues to repatriate Haitians, even as it tells Americans and non-emergency government personnel to depart Haiti for security reasons.Meanwhile, DHS has removed or returned over 36,000 migrant family members in the last few months – more than in any previous full fiscal year. The unluckiest of asylum seekers, families included, are being put through particularly fast-tracked deportations, where they often confront a higher bar to qualify for protection and have almost no time to prepare their case.This tangle of convoluted policies demonstrates why more walls are not the answer that the US’s immigration policy strategy needs: it’s already a labyrinth. Barrier after barrier – some more visible than others, but all formidable – work together to confuse, limit and disqualify people trying to reach the US.Even so, the restrictions have not stopped newcomers.Border patrol documented over 181,000 migrant encounters between official ports of entry at the US-Mexico border in August. That number is expected to rise in September, with early estimates showing roughly 210,000 apprehensions last month, according to CBS News.To try to get here, little girls cry as they crawl beneath razor wire, and in some of the most tragic cases, kids are dying. Amid this humanitarian emergency, a sprawling border wall – to use Biden’s own words – “is not a serious policy solution”. Neither is the House GOP’s sweeping but specious legislative proposal, the Secure the Border Act, which continues to take an enforcement-only approach to immigration by gutting asylum, curtailing other existing lawful pathways, establishing new criminal penalties, and more.There’s so much work Democrats and Republicans – the White House and Congress – should take up. For one, the Biden administration could expand processing capacity at official ports of entry and let more migrants in there, even if they don’t have a pre-scheduled appointment through a government phone app, and without rendering them ineligible for asylum. That way, children and families could walk across an international pedestrian bridge with far less struggle than they can wade through a river or stumble through the desert.Ultimately, however, the buck stops with Congress. The best, most proactive way to keep many people from showing up at the US-Mexico border is to offer them a safer, more orderly pathway here, but such immigration avenues are in woefully short supply right now.It will take both parties working together in good faith to address border security and improve the legal immigration system, a compromise supported by the vast majority of American voters. Lawmakers can expand labor pathways, update the US’s humanitarian protections to meet 21st-century challenges, and offer permanent solutions for people who are already here contributing while stuck in a protracted legal limbo.In other words, they can fight arbitrary cruelty and chaos at the border by making our immigration system work again.
    Alexandra Villarreal is a policy and advocacy associate at the National Immigration Forum. More

  • in

    Trump quería lanzar misiles a México. El Partido Republicano habla de enviar tropas

    La idea republicana de usar la fuerza militar en México contra los cárteles de la droga comenzó como una fantasía de Donald Trump en el Despacho Oval. El expresidente busca hacerla realidad en 2025.La primera vez que Donald Trump habló en privado sobre lanzar misiles a México para destruir laboratorios de droga, por lo que recuerdan sus exasesores, fue en 2020.Y la primera vez que esos comentarios salieron a la luz pública fue cuando su segundo secretario de Defensa, Mark Esper, escribió en sus memorias que Trump se lo había planteado y le había preguntado si era posible que Estados Unidos hiciera parecer que el responsable era otro país. Esper describió la idea como algo absurdo.Sin embargo, en lugar de condenar la idea, algunos republicanos celebraron de manera pública la noticia de que Trump había querido emplear la fuerza militar contra los cárteles de la droga en territorio mexicano, y sin el consentimiento del gobierno de México. Muy pronto, la idea de Trump de una intervención militar al sur de la frontera estadounidense ha pasado de ser una fantasía del Despacho Oval a algo parecido a la doctrina del Partido Republicano.Durante la campaña presidencial y en el escenario del debate republicano en California la semana pasada, casi todos los aspirantes republicanos han defendido versiones distintas de un plan para enviar soldados de las Operaciones Especiales de EE. UU. a territorio mexicano para ejecutar o detener a miembros de los cárteles de la droga y destruir sus laboratorios y centros de distribución.En el Capitolio, un grupo de legisladores republicanos escribió una autorización robusta para el uso de la fuerza militar contra los cárteles, similares a los poderes de guerra que el Congreso le otorgó al expresidente George W. Bush antes de las invasiones de Afganistán e Irak. También han presionado para designar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras, una idea relacionada con la que coqueteó Trump como presidente, pero se retractó después de que México se opusiera de manera vehemente. Ahora, si Trump vuelve a la Casa Blanca en 2025, se ha comprometido a impulsar la designación y a desplegar soldados de las Operaciones Especiales y a las fuerzas navales para, según sus palabras, declarar la guerra a los cárteles.La proclividad del Partido Republicano de buscar una solución militar al problema de las drogas es un recordatorio de que el partido —a pesar de su viraje populista al antintervencionismo en los años de Trump y a que una facción que se opone a armar a Ucrania contra la invasión de Rusia ha crecido— todavía emplea la fuerza armada para lidiar con algunos temas complejos e inextricables. El propio Trump ha sido una especie de contradicción andante en lo que respecta al uso de la fuerza en el extranjero: por una parte, ha querido retirar la participación de Estados Unidos en el extranjero y, por otra, ha amenazado con lanzar bombas a enemigos como Irán.Los planes han indignado a las autoridades mexicanas. El presidente del país, Andrés Manuel López Obrador, ha denunciado las propuestas como indignantes e inaceptables. Hace más de un siglo que Estados Unidos no envía personal militar a México sin el consentimiento del gobierno mexicano.México tiene una historia amarga con la injerencia estadounidense: un gran trecho del suroeste estadounidense era parte de México antes de que Estados Unidos lo tomara por la fuerza a mediados del siglo XIX. Por lo general, México no permite al día de hoy que agentes estadounidenses armados ejecuten operaciones en su territorio, a diferencia de otros países latinoamericanos que han aceptado realizar operaciones conjuntas con la Administración para el Control de Drogas y que han invitado al gobierno estadounidense a ayudar a instruir, equipar y asistir a sus fuerzas de seguridad.Los analistas también han señalado la posibilidad de que una acción militar provoque daños económicos importantes. Los planes podrían romper la relación de Estados Unidos con México, su mayor socio comercial, y reducir otros tipos de cooperación, como la detención y extradición de delincuentes y los esfuerzos de México para disuadir a los migrantes de intentar cruzar de manera ilegal a Estados Unidos. Algunos republicanos conciben la amenaza de enviar el ejército a México como una herramienta de negociación para forzar a las autoridades mexicanas a tomar posturas más agresivas contra los cárteles.Por lo general, el derecho internacional prohíbe que un país haga uso de la fuerza militar en el territorio soberano de otra nación sin su consentimiento, salvo con el permiso del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas o en casos de legítima defensa. Pero Estados Unidos ha adoptado la postura de que puede utilizar la fuerza unilateral y legalmente en el territorio de otro país si su gobierno no es capaz o no quiere eliminar una amenaza no estatal que surja dentro de sus fronteras, como la amenaza de un grupo terrorista.Los republicanos han descrito las redes criminales mexicanas de narcotráfico como una amenaza para la seguridad nacional estadounidense, y algunos han calificado el fentanilo como un arma de destrucción masiva.Los estadounidenses gastan miles de millones de dólares al año en cocaína, heroína y otras drogas ilegales. En gran medida y durante décadas, el mercado negro generado por esa demanda ha sido abastecido por las operaciones delictivas de contrabando a lo largo de los más de 3000 kilómetros de frontera con México. Pero el auge del fentanilo —un fuerte opioide sintético de acción rápida que puede elaborarse a bajo costo a partir de sustancias químicas— ha creado una crisis. El fentanilo se ha vinculado a más de dos tercios de las casi 110.000 muertes por sobredosis en Estados Unidos el año pasado, y los legisladores de ambos partidos han estado buscando soluciones con urgencia.También ha crecido la frustración con el gobierno mexicano, cuyo presidente ha abogado por una política de “abrazos, no balazos” para lidiar con la delincuencia relacionada con las drogas, luego de que las medidas enérgicas contra los líderes de los cárteles de gobiernos anteriores derivaran en una violencia generalizada. Los cárteles, que se asemejan a organizaciones paramilitares con alta tecnología, han tomado el control de vastas zonas de México y han corrompido a muchos funcionarios gubernamentales y de las fuerzas del orden.El gobierno de Joe Biden, al igual que las gestiones anteriores de presidentes de ambos partidos, ha intentado colaborar con México para frenar el flujo de drogas y ha descartado la acción militar de manera explícita.Chris Landau, quien fue embajador de Trump en México de 2019 a 2021, consideró que la noción de usar la fuerza militar en un país fronterizo era una mala idea que solo empeoraría la situación. Advirtió que podría crear un nuevo “atolladero” y recordó las consecuencias de las intervenciones militares en Irak y Afganistán.“Entiendo la frustración”, añadió Landau. “Solo creo que un modelo de ‘tiroteo entre forajidos y autoridades’ no va a resolverlo y causará muchos más problemas”.Los orígenes en el Despacho OvalEl expresidente Donald Trump en el muro fronterizo durante una conmemoración en San Luis, Arizona, en junio de 2020. Trump tuvo varias conversaciones con asesores y otros miembros de su gestión sobre el combate a los cárteles mexicanos.Doug Mills/The New York TimesLa historia del modo en el que la idea de enviar fuerzas militares a México pasó del Despacho Oval de Trump al centro de la conversación política republicana es complicada y mucho más que una simple historia de legisladores que imitan a Trump.La propuesta de Trump de lanzar misiles contra laboratorios de drogas mexicanos no fue algo que inventara de cero. Surgió durante una reunión y un hombre en uniforme confirmó que era posible.Sin embargo, ese hombre en uniforme no pertenecía a la cadena de mando militar: era un oficial médico, una persona inusual para asesorar al presidente de Estados Unidos sobre operaciones militares en cualquier lugar.A finales de 2019 y principios de 2020, cuando la crisis del fentanilo se intensificaba, se hicieron reuniones a gran escala en el Despacho Oval en las que se abordó cómo lidiar con el problema. Algunas personas que participaron consideraron que las reuniones no servían de mucho porque los funcionarios tendían a actuar como Trump esperaba, y él actuaba para ellos.Cuando la idea de una intervención militar se planteó en una de esas reuniones, Trump se dirigió a Brett Giroir, quien estaba allí en calidad de subsecretario de Salud de EE. UU. Giroir era también almirante de cuatro estrellas en el Cuerpo Comisionado del Servicio de Salud Pública, y llevaba su uniforme de gala. Su principal argumento fue que Estados Unidos no era capaz de combatir la crisis solo con tratamiento, según una persona informada de sus comentarios.Por la forma en que Trump se enfocó en Giroir, quedaba claro que, debido a su uniforme de gala, había asumido erróneamente que pertenecía al ejército, según dos participantes en la reunión. Giroir, en su respuesta, sugirió poner “plomo al blanco”, recordaron los dos participantes. Trump no reveló lo que pensaba sobre la idea, y los funcionarios de la Casa Blanca, preocupados por ese momento, consideraron la posibilidad de pedirle a Giroir que no volviera a llevar su uniforme de gala al Despacho Oval.Giroir, en una declaración, no comentó sobre la discusión sustancial de la reunión, pero aseguró que nadie había insinuado que la acción militar por sí misma resolvería la crisis del fentanilo. También insistió en que Trump no lo había confundido con un oficial militar.“Sabía exactamente quién era yo, que estaba en el Servicio de Salud Pública y que era el responsable de opioides bajo las órdenes del secretario”, dijo Giroir. “Tuvimos diversas reuniones antes de eso”.Jason Miller, asesor principal de la campaña de 2024 de Trump, se negó a hablar de la reunión de la Oficina Oval o la discusión sobre el lanzamiento de misiles a México.Como presidente, Trump tuvo conversaciones sobre el uso de la fuerza militar en México con Brett Giroir, al centro, el subsecretario de Salud de Estados Unidos; el fiscal general, William Barr, a la izquierda; y el secretario de Defensa, Mark EsperFotografías del New York Times por Anna Moneymaker, T.J. Kirkpatrick y Erin SchaffDurante ese mismo periodo de tiempo, a finales de 2019, el fiscal general, William P. Barr, le había propuesto a Trump la idea de utilizar la fuerza dentro de México, pero lo había vislumbrado como una política que podrían implementar en un segundo mandato, si Trump ganaba las elecciones de 2020. Pensó que la amenaza de una acción unilateral por parte de Estados Unidos daría al gobierno ventaja para presionar a los mexicanos a hacer más por su parte para reprimir a los cárteles.Barr y Trump mantuvieron varias conversaciones sobre el tema. Barr mencionó una serie de opciones de medidas enérgicas, según una persona familiarizada con las conversaciones. Pero Barr no era partidario de los misiles, según la persona, ya que le preocupaba que se pudieran alcanzar objetivos equivocados usando tales órdenes.Al menos dos veces en 2020, Trump preguntó en privado a su secretario de Defensa, Esper, sobre la posibilidad de enviar “misiles Patriot” a México para destruir los laboratorios de drogas, y si podrían culpar a otro país por ello. Los misiles Patriot no son del tipo que se emplearían en tal caso —son armas tierra-aire—, pero Trump tenía la costumbre de llamar “misiles Patriot” a todos los misiles, según dos ex altos funcionarios del gobierno. Durante una de las discusiones de 2020, Trump hizo el comentario en voz baja a Esper mientras estaban cerca del escritorio presidencial, desde donde pudo escucharlo otro funcionario del gabinete. Esper, sorprendido, rechazó la idea.De la boca de Trump a la campaña de 2024En una señal de lo políticamente poderoso que se ha vuelto para los republicanos la idea de enviar tropas a México, Nikki Haley, el gobernador Ron DeSantis, Vivek Ramaswamy y Tim Scott se han apresurado a ofrecer soluciones militares a la epidemia de opioides.Todd Heisler/The New York TimesTras abandonar el cargo, Trump no dejó de hablar de atacar a los cárteles de la droga. Por el contario, convirtió la idea en una propuesta política oficial para su campaña presidencial de 2024.En enero, Trump publicó un video de propaganda titulado “El presidente Donald Trump declara la guerra a los cárteles”, en el que apoyaba explícitamente la idea de designar a los cárteles mexicanos de la droga como al Estado Islámico en Irak y Siria, en lugar de tratarlos como organizaciones criminales transnacionales a las que hay que hacer frente con herramientas para el cumplimiento de la ley.Trump prometió “desplegar todos los activos militares necesarios, incluida la Marina de Guerra de Estados Unidos”, para imponer un embargo total a los cárteles y “designar a los principales cárteles como Organizaciones Terroristas Extranjeras”.Y se comprometió a ordenar al Pentágono “hacer un uso apropiado de las fuerzas especiales, la guerra cibernética y otras acciones abiertas y encubiertas para infligir el máximo daño a los líderes, la infraestructura y las operaciones de los cárteles”.En materia de derecho internacional, surge una pregunta crucial sobre si Estados Unidos usaría la fuerza militar dentro de México solo con el consentimiento de su gobierno o si lo haría unilateralmente sin consentimiento. Trump restó importancia a la posibilidad de una guerra con México en una entrevista reciente con Megyn Kelly, presentadora de un pódcast y antigua estrella de Fox News.Pero en una señal de lo políticamente potente que se ha vuelto para los republicanos la perspectiva de enviar tropas a México, la campaña de su principal rival, el gobernador Ron DeSantis de Florida, destacó los comentarios de Trump a Kelly y enfatizó que DeSantis ha prometido tomar medidas militares agresivas contra los cárteles.Vivek Ramaswamy ha prometido “usar nuestro ejército para aniquilar a los cárteles mexicanos de la droga”. Tim Scott, senador por Carolina del Sur, ha publicado un anuncio de campaña en el que jura “desatar” al ejército estadounidense contra los cárteles. Y la exgobernadora de Carolina del Sur Nikki Haley ha dicho que cuando se trata de los cárteles de la droga, “le dices al presidente mexicano, o lo haces tú o lo hacemos nosotros”.Miller, el asesor de Trump, dijo que Trump había anunciado un “plan detallado para erradicar los cárteles de la droga y detener el flujo de drogas a nuestro país en la primera semana de enero, y es bueno ver que tantos otros ahora siguen su ejemplo”.Poner en práctica la ideaEl representante Dan Crenshaw ha propuesto una ley para autorizar ampliamente el uso de la fuerza militar contra nueve cárteles, un proyecto que más de 30 de sus compañeros republicanos han apoyado como copatrocinadores.Kenny Holston/The New York TimesLa idea ha cobrado vida propia en el Capitolio.Más de 20 republicanos de la Cámara de Representantes han firmado para copatrocinar la legislación propuesta por Dan Crenshaw, representante por Texas, para promulgar una amplia autorización para el empleo de fuerza militar contra nueve cárteles. También autorizaría la utilización de la fuerza contra cualquier organización extranjera que el presidente determine que cumple ciertos criterios, incluidas las organizaciones relacionadas con el tráfico de fentanilo.La autorización propuesta para la guerra terminaría al cabo de cinco años, a menos que el Congreso promulgara un nuevo proyecto de ley para prorrogala. Pero, por lo demás, su carácter laxo se asemeja a las amplias autorizaciones de guerra que el Congreso promulgó tras los atentados terroristas de 2001 y antes de la guerra de Irak de 2003, que se convirtieron en problemas más allá de los que los legisladores habían previsto en un principio.El senador Lindsey Graham, un republicano por Carolina del Sur que es un aliado cercano de Trump, dijo que pensaba que un presidente podría bombardear laboratorios de fentanilo y centros de distribución en su propia autoridad constitucional como comandante en jefe, sin autorización del Congreso. Pero también argumentó que si Trump volviera a ser presidente, la mera amenaza de que podría hacer algo así podría inducir al gobierno mexicano a tomar medidas más agresivas.El senador Lindsey Graham, un republicano por Carolina del Sur, dio una rueda de prensa en marzo sobre su propuesta de ley para designar a los cárteles mexicanos de la droga como organizaciones terroristas extranjeras.Chip Somodevilla/Getty Images“A medida que estos problemas no se gestionan y se hacen más grandes en alcance, las soluciones se vuelven más draconianas”, dijo. “Y una cosa sobre Trump, creo que si consigue un segundo mandato, creo que verán más cooperación por parte de México. No creo que tengamos que llegar a bombardear laboratorios, México ajustará sus políticas en función de Trump”.‘Una ofensa al pueblo de México’ El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha acusado a los republicanos de “utilizar a México por sus propósitos propagandísticos, electoreros, politiqueros”.Alejandro Cegarra para The New York TimesEl discurso republicano sobre atacar a los cárteles de la droga en México está rebotando por los pasillos de su gobierno. El presidente del país, el izquierdista Andrés Manuel López Obrador, ha respondido con molestia y ha hecho algo inusual para un líder mundial: atacar al Partido Republicano.“Esta iniciativa de los republicanos, además de irresponsable, es una ofensa al pueblo de México, una falta de respeto a nuestra independencia, a nuestra soberanía”, dijo López Obrador a los periodistas en marzo. “Si no cambian su actitud y piensan que van a utilizar a México por sus propósitos propagandísticos, electoreros, politiqueros, nosotros vamos a llamar a que no se vote por ese partido, por intervencionista, inhumano, hipócrita y corrupto”.Desde la perspectiva de México, Estados Unidos es el que alimenta la violencia de los cárteles, no solo porque la demanda del país crea el mercado para el narcotráfico, sino también porque Estados Unidos facilita la compra de las armas que terminan en México. Esas armas avivan la violencia armada en el país, a pesar de sus estrictas leyes de control de armas.Roberto Velasco Álvarez, máximo responsable para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, invocó concretamente la comparación con las armas de fuego y señaló a Ramaswamy por prometer una acción militar estadounidense dentro de México.“Si está tan preocupado el señor Ramaswamy por lo que está pasando en México, pues la mejor forma en que podría ayudarnos es quitando las escopetas que le están vendiendo literalmente a cárteles mexicanos”, dijo en una entrevista.Mientras México se encamina a unas históricas elecciones presidenciales el próximo año, en las que se espera que los electores elijan entre dos candidatas, con toda probabilidad, gane quien gane tendrá que manejar las tensiones creadas por el Partido Republicano.“Deberíamos, más que amenazas, trabajar de una manera inteligente”, dijo Xóchitl Gálvez, senadora mexicana que ha sido elegida la abanderada de la oposición y ha rechazado de manera abierta la estrategia de seguridad de López Obrador, y añadió que “los abrazos han sido para los delincuentes y los balazos para los ciudadanos mexicanos”.Pero Gálvez también criticó las propuestas republicanas de invadir México y pidió una cooperación compartida y responsable. “No podemos seguir echando la culpa”, dijo.Nicholas Nehamas colaboró en este reportaje. Kitty Bennett colaboró con investigación.Jonathan Swan es periodista de política especializado en campañas y el Congreso estadounidense. Como reportero de Axios, ganó un Emmy por su entrevista de 2020 al entonces presidente Donald Trump, así como el Premio Aldo Beckman de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca por “excelencia en general en la cobertura de la Casa Blanca” en 2022. Más de Jonathan SwanMaggie Haberman es corresponsal sénior de política y autora de Confidence Man: The Making of Donald Trump and the Breaking of America. Formó parte de un equipo que ganó un Premio Pulitzer en 2018 por informar sobre los asesores del presidente Trump y sus conexiones con Rusia. Más información de Maggie HabermanCharlie Savage escribe sobre seguridad nacional y política legal. Es periodista desde hace más de dos décadas. Más de Charlie SavageEmiliano Rodríguez Mega es investigador-reportero del Times radicado en Ciudad de México. Cubre México, Centroamérica y el Caribe. Más de Emiliano Rodríguez Mega More

  • in

    How Trump’s Idea to Use Military Force in Mexico Became Embraced by GOP

    The Republican push to use military force in Mexico against drug cartels started in the Trump White House. He has plans to make the idea a reality in 2025.The first time Donald Trump talked privately about shooting missiles into Mexico to take out drug labs, as far as his former aides can recall, was in early 2020.And the first time those comments became public was when his second defense secretary, Mark T. Esper, wrote in his memoir that Mr. Trump had raised it with him and asked if the United States could make it look as if some other country was responsible. Mr. Esper portrayed the idea as ludicrous.Yet instead of condemning the idea, some Republicans publicly welcomed word that Mr. Trump had wanted to use military force against the drug cartels on Mexican soil — and without the consent of Mexico’s government. Mr. Trump’s notion of a military intervention south of the border has swiftly evolved from an Oval Office fantasy to something approaching Republican Party doctrine.On the presidential campaign trail and on the G.O.P. debate stage in California last week, nearly every Republican candidate has been advocating versions of a plan to send U.S. Special Operations troops into Mexican territory to kill or capture drug cartel members and destroy their labs and distribution centers.On Capitol Hill, Republican lawmakers have drafted a broad authorization for the use of military force against cartels — echoing the war powers Congress gave former President George W. Bush before the invasions of Afghanistan and Iraq. They have also pushed for designating Mexican cartels as foreign terrorist organizations — a related idea Mr. Trump flirted with as president but backed off after Mexico hotly objected. Now, if Mr. Trump returns to the White House in 2025, he has vowed to push for the designations and to deploy Special Operations troops and naval forces to, as he put it, declare war on the cartels.The Republican Party’s attraction to seeking a military solution to the drug problem is a reminder that the G.O.P. — despite its populist shift toward anti-interventionism in the Trump years and the growth of a faction that opposes arming Ukraine against Russia’s invasion — still reaches for armed force to address some complex and intractable problems. Mr. Trump himself has been something of a walking contradiction when it comes to the use of force abroad, alternately wanting to pull back U.S. involvement overseas and threatening to drop bombs on enemies such as Iran.The plans have angered officials in Mexico. Its president, Andrés Manuel López Obrador, has denounced the proposals as outrageous and unacceptable. It has been more than a century since the United States sent military personnel into Mexico without the Mexican government’s assent.Mexico has a bitter history with American interference: Much of the southwestern United States was part of Mexico before the United States took it by force in the middle of the 19th century. To this day, Mexico generally does not allow U.S. agents with guns to carry out operations on its soil, in contrast to other Latin American countries that have agreed to joint operations with the Drug Enforcement Administration and invited the American government to help train, equip and assist their own security forces.Analysts have also warned about the potential for military action to cause significant economic damage. The plans could rupture the United States’ relationship with Mexico, its largest trading partner, and curtail other types of cooperation, including the arrest and extradition of criminals and Mexico’s efforts to deter migrants from trying to cross illegally into the United States. Some Republicans view the threat of sending the military into Mexico as a negotiating tool to force Mexican officials to get aggressive with the cartels.Generally, international law forbids a country from using military force on the sovereign soil of another nation without its consent, except with the permission of the United Nations Security Council or in cases of self-defense. But the United States has taken the position that it can lawfully use force unilaterally on another nation’s territory if its government is unable or unwilling to suppress a nonstate threat emanating from it, such as a threat from a terrorist group.Republicans have described the Mexican criminal drug-trafficking networks as a national security threat, with some calling fentanyl a weapon of mass destruction.Americans spend many billions of dollars a year on cocaine, heroin and other illegal drugs. For decades, the black market created by that demand has been heavily supplied by criminal smuggling operations across the 2,000-mile border with Mexico. But the rise of fentanyl — a powerful and fast-acting synthetic opioid that can be made cheaply from chemicals — has created a crisis. Fentanyl has been linked to more than two-thirds of the nearly 110,000 American overdose deaths last year, and lawmakers from both parties have been desperately searching for solutions.Frustration has also mounted with the Mexican government, whose president has advocated a “hugs not bullets” policy to deal with drug crime, after crackdowns on cartel leaders by previous administrations led to widespread violence. The cartels, which resemble high-tech paramilitary organizations, have seized control of large areas in Mexico and have corrupted many officials in Mexico’s government and law enforcement ranks.The Biden administration — like previous administrations of both parties — has sought to partner with Mexico to stem the flow of drugs and has explicitly ruled out military action.Chris Landau, who was Mr. Trump’s ambassador to Mexico from 2019 to 2021, said the idea of using military force in a bordering country was a bad idea that would only make things worse. He warned it could create a new “quagmire,” invoking the aftermath of military interventions in Iraq and Afghanistan.“I understand the frustration,” Mr. Landau added. “I just think that a ‘shootout at the O.K. Corral’ model is not going to solve it and will cause a lot more problems.”Origins in the Oval OfficeFormer President Donald Trump at the border wall during a commemoration in San Luiz, Ariz., in June 2020. Mr. Trump has had a number of conversations with aides and other members of his administration about targeting Mexican cartels.Doug Mills/The New York TimesThe story of how the idea of sending military force into Mexico went from Mr. Trump’s Oval Office to the center of the Republican policy conversation is complex and much more than a simple tale of lawmakers copying Mr. Trump.Mr. Trump’s proposal to shoot missiles at Mexican drug labs was not something he concocted out of thin air. It came up during a meeting and was affirmed by a man in uniform.That man in uniform was not in the military chain of command, however: He was a medical officer and an unlikely person to be advising the president of the United States on military operations anywhere.By late 2019 and early 2020, as the fentanyl crisis was intensifying, large-scale meetings in the Oval Office addressed how to handle the problem. Some participants felt the meetings were of little use because officials tended to perform for Mr. Trump, and he would perform for them.When the idea of military intervention was brought up at one such meeting, Mr. Trump turned to Brett Giroir, who was there in his role as the U.S. assistant secretary for health. Mr. Giroir was also a four-star admiral in the Commissioned Corps of the U.S. Public Health Service, and he was wearing his dress uniform. His main point was that the United States was unable to combat the crisis with treatment alone, according to a person briefed on his comments.It was clear from the way Mr. Trump singled out Mr. Giroir that he had mistakenly thought he was in the military because of his dress uniform, according to two participants in the meeting. Mr. Giroir, in his response, suggested putting “lead to target,” the two participants recalled. Mr. Trump did not betray what he thought about the idea, and White House officials, troubled by the moment, considered asking Mr. Giroir not to wear his dress uniform to the Oval Office again.Mr. Giroir, in a statement, did not discuss the substance of the meeting, but said that no one had suggested that military action alone would solve the fentanyl crisis. He also insisted that Mr. Trump had not mistaken him for a military officer.“He knew exactly who I was, that I was in the Public Health Service, and I was the opioids lead under the Secretary,” Mr. Giroir said. “We had multiple meetings before that.”Jason Miller, a senior adviser on Mr. Trump’s 2024 campaign, declined to address the Oval Office meeting or the discussion of sending missiles into Mexico.As president, Mr. Trump had discussions about using military force in Mexico with Brett Giroir, center, the U.S. assistant secretary for health; Attorney General William Barr, left; and the defense secretary, Mark Esper.New York Times photographs by Anna Moneymaker, T.J. Kirkpatrick and Erin SchaffDuring that same time period in late 2019, Attorney General William P. Barr had proposed to Mr. Trump the idea of using force inside Mexico, but he envisioned it as a policy they would pursue in a second term if Mr. Trump won the 2020 election. He thought the threat of unilateral action on the part of the United States would give the administration leverage to press the Mexicans to do more on their end to suppress the cartels.Mr. Barr and Mr. Trump had a number of conversations about the issue. Mr. Barr mentioned a range of options for aggressive action, according to a person familiar with the discussions. But Mr. Barr was not advocating missiles, concerned that the wrong target might get taken out using such ordinance, the person said.At least twice during 2020, Mr. Trump privately asked his defense secretary, Mr. Esper, about the possibility of sending “Patriot missiles” into Mexico to destroy the drug labs, and whether they could blame another country for it. Patriot missiles are not the kind that would be used — they are surface-to-air weapons — but Mr. Trump had a habit of calling all missiles “Patriot missiles,” according to two former senior administration officials. During one of the 2020 discussions, Mr. Trump made the comment quietly to Mr. Esper as they stood near the Resolute Desk, within ear shot of another cabinet official. Mr. Esper, stunned, pushed back on the idea.From Trump’s Mouth to the 2024 TrailIn a sign of how politically potent the idea of sending troops into Mexico has become for Republicans, Nikki Haley, Gov. Ron DeSantis, Vivek Ramaswamy and Tim Scott have all rushed to offer military solutions to the opioid epidemic.Todd Heisler/The New York TimesAfter leaving office, Mr. Trump didn’t stop talking about attacking the drug cartels. Instead, he turned the idea into an official policy proposal for his 2024 campaign for president.In January, Mr. Trump released a policy video titled “President Donald J. Trump Declares War on Cartels,” in which he explicitly endorsed the idea of treating Mexican drug cartels like the Islamic State in Iraq and Syria — rather than treating them as transnational criminal organizations to be addressed using law enforcement tools.Mr. Trump promised to “deploy all necessary military assets, including the U.S. Navy” to impose a full naval embargo on the cartels and to “designate the major cartels as Foreign Terrorist Organizations.”And he pledged to order the Pentagon “to make appropriate use of special forces, cyber warfare and other overt and covert actions to inflict maximum damage on cartel leadership, infrastructure and operations.”As a matter of international law, a crucial question is whether the United States would use military force inside Mexico only with the consent of its government or whether it would do so unilaterally without consent. Mr. Trump downplayed the prospect of war with Mexico in a recent interview with Megyn Kelly, the podcast host and former Fox News star.But in a sign of how politically potent the prospect of sending troops into Mexico has become for Republicans, the campaign of his chief rival, Gov. Ron DeSantis of Florida, highlighted Mr. Trump’s comments to Ms. Kelly and emphasized that Mr. DeSantis has promised to take aggressive military action against the cartels.Vivek Ramaswamy has promised to “use our military to annihilate the Mexican drug cartels.” Senator Tim Scott of South Carolina has released a campaign ad vowing to “unleash” the U.S. military against the cartels. And former Gov. Nikki Haley of South Carolina has said that when it comes to drug cartels, “you tell the Mexican president, either you do it or we do it.”Mr. Miller, the Trump adviser, said that Mr. Trump had announced a “detailed plan to eradicate the drug cartels and stop the flow of drugs into our country in the first week of January, and it’s good to see so many others now following his lead.”Operationalizing the IdeaRepresentative Dan Crenshaw has proposed legislation to enact a broad authorization for the use of military force against nine named cartels, a bill more than 20 of his fellow House Republicans have backed as co-sponsors.Kenny Holston/The New York TimesThe idea has taken on a life of its own on Capitol Hill.More than 20 House Republicans have signed on to co-sponsor legislation proposed by Representative Dan Crenshaw of Texas to enact a broad authorization for the use of military force against nine named cartels. It would also authorize force against any other foreign organization that the president determines meets certain criteria, including organizations related to fentanyl trafficking.The proposed authorization for a war would end after five years unless Congress enacted a new bill to extend it. But its otherwise loose nature resembles the broad war authorizations Congress enacted after the 2001 terrorist attacks and ahead of the 2003 Iraq War, both of which escalated into entanglements beyond what lawmakers originally envisioned.Senator Lindsey Graham, a South Carolina Republican who is a close ally of Mr. Trump, said he thought a president could bomb fentanyl labs and distribution centers on his own constitutional authority as commander in chief, without congressional authorization. But he also argued that if Mr. Trump became president again, the mere threat that he might do something like that could induce the Mexican government to take more aggressive actions.Senator Lindsey Graham, Republican of South Carolina, held a news conference in March about his proposed legislation to designate Mexican drug cartels as foreign terrorist organizations.Chip Somodevilla/Getty Images“As these problems go unmanaged and get bigger in scope, the solutions become more draconian,” he said. “And the one thing about Trump, I think if he does get a second term, I think you’ll see more cooperation by Mexico. I don’t think we’ll ever have to get to bombing labs — Mexico will adjust their policies based on Trump.”‘An Offense to the People of Mexico’President Andrés Manuel López Obrador of Mexico has accused Republicans of using “Mexico for their propaganda” and their “electoral and political purposes.”Alejandro Cegarra for The New York TimesThe Republican rhetoric about attacking drug cartels inside Mexico is ricocheting around the halls of its government. The country’s leftist president, Andrés Manuel López Obrador, has responded furiously and taken the extraordinary step for a world leader of attacking the Republican Party.“This initiative of the Republicans, besides being irresponsible, is an offense to the people of Mexico, a lack of respect to our independence, to our sovereignty,” Mr. López Obrador told reporters in March. “If they do not change their attitude and think that they are going to use Mexico for their propaganda, their electoral and political purposes, we are going to call for not voting for this party, because it is interventionist, inhuman, hypocritical and corrupt.”From a Mexican perspective, it is the United States that is fueling the cartel violence — not only because American demand creates the market for the drug trade, but also because the United States makes it so easy to buy the firearms that end up in Mexico. Those firearms fuel gun violence in Mexico despite its tough gun-control laws.Roberto Velasco Álvarez, the top North American official in Mexico’s Foreign Affairs Ministry, specifically invoked the gun comparison as he called out Mr. Ramaswamy for promising U.S. military action inside Mexico.“If Mr. Ramaswamy is so concerned about what’s going on in Mexico, well, the best way he could help us is to take away the guns that are literally being sold to Mexican cartels,” he said in an interview.As Mexico heads to a historic presidential election next year, when voters are expected to choose between two leading candidates who are women, whoever gets elected will most likely need to handle the tensions created by the Republican Party.“Rather than threats, we should work in a smart way,” said Xóchitl Gálvez, a Mexican senator who has been chosen as the opposition’s candidate and has openly rejected Mr. López Obrador’s security strategy, adding that “the hugs have been for the criminals and the bullets for the Mexican citizens.”But Ms. Gálvez also criticized the Republican proposals to invade Mexico and called for shared and responsible cooperation. “We can’t keep blaming each other,” she said. Nicholas Nehamas More