More stories

  • in

    Los votantes del sur de Florida reflexionan sobre el caso de Trump

    Los sentimientos encontrados entre algunos residentes sobre el expresidente y el caso en su contra reflejan la complicada política del estado.Como votante registrada en el condado de Palm Beach, Florida, Bette Anne Starkey sabe que existe la posibilidad de que la elijan para formar parte de un jurado en el caso penal federal contra el expresidente Donald Trump. Pero a pesar de que ha votado dos veces por Trump, en realidad no sabe cómo actuaría si fuese miembro del jurado que podría analizar el caso.Haciéndose eco del propio Trump, Starkey, una contadora de 81 años, usó la frase “cacería de brujas” en una entrevista para describir la acusación federal contra el expresidente, la cual lo acusa de sustraer de forma deliberada documentos clasificados de la Casa Blanca. Pero también le cuesta entender por qué Trump no devolvió los documentos cuando se los pidieron, y eso es parte de su indignación latente con el presidente número 45.“Estoy harta de escuchar sobre todas sus artimañas”, dijo.Sus comentarios reflejan los sentimientos complejos que Trump puede suscitar en estos días incluso entre los republicanos que votaron por él. Pero Starkey también es un reflejo de la política complicada y volátil del sur de Florida, el terreno de Trump, y el grupo de jurados que ofrece.El diverso y densamente poblado sur de Florida será el lugar donde se convocará a un jurado para juzgar la inocencia o culpabilidad de Trump si el caso llega a juicio, aunque no se ha determinado ni el lugar exacto del juicio ni el grupo de jurados.Partidarios del expresidente se reunieron el domingo cerca de Mar-a-Lago en Palm Beach, Florida.Saul Martinez para The New York TimesEl caso se presentó en la división judicial de West Palm Beach del Distrito Sur de Florida, lo que significa que el jurado podría ser seleccionado entre los votantes registrados en el condado de Palm Beach, hogar del resort Mar-a-Lago de Trump, donde ha vivido desde que dejó la Casa Blanca. En 2020, Trump perdió en el condado de Palm Beach ante el presidente Biden por casi 13 puntos porcentuales.Pero un grupo de jurados compuesto por votantes del condado de Miami-Dade, al sur de Palm Beach, también es una posibilidad, en particular si se determina que el juzgado federal en Miami, donde se espera que Trump haga una comparecencia inicial el martes, está mejor equipado para organizar el que probablemente será uno de los juicios penales más importantes en la historia de Estados Unidos.Trump perdió en Miami-Dade por solo siete puntos en las últimas elecciones y obtuvo un fuerte apoyo de los votantes hispanos en particular; más de dos tercios de los residentes del condado se identifican como hispanos, según datos del censo.Sin embargo, ambos condados se han vuelto más republicanos en los últimos años, y los candidatos de ese partido han tenido un éxito notable en las contiendas estatales. Trump ganó en Florida tanto en 2016 como en 2020, y el estado eligió dos veces al gobernador Ron DeSantis, quien es el principal rival de Trump para la candidatura presidencial republicana.Todo esto debería ofrecer cierto consuelo a los miembros del equipo de defensa de Trump, quienes saben que solo se necesita un voto para que el resultado sea un jurado dividido. Además, muchos habitantes del sur de Florida, al igual que estadounidenses en otras partes del país, creen que Trump es víctima de un trato injusto por parte de fuerzas poderosas en la izquierda política.George Cadman, un agente de bienes raíces de 54 años y padre de dos hijos, dijo que no ha seguido de cerca las noticias en los últimos meses. Afirmó que no había oído nada sobre los cargos federales contra Trump, lo que lo convierte, en cierto sentido, en un buen candidato para servir como jurado.El caso se presentó en la división de West Palm Beach del Distrito Sur de Florida, lo que significa que el jurado podría ser seleccionado entre los votantes registrados en el condado de Palm Beach, donde está el resort Mar-a-Lago de Trump. Saul Martinez para The New York TimesPero Cadman, que vive en el condado de Miami-Dade, en el sur, también dijo que apoya a Trump “100 por ciento” y que cree que las investigaciones previas sobre el expresidente tuvieron motivaciones políticas. Tras agregar que cree que la interferencia electoral de Rusia en 2016 y el escándalo sobre Trump y Ucrania fueron engaños, dijo que “sería muy cauteloso al tomar una decisión sobre lo que pienso al respecto”, refiriéndose al nuevo caso contra Trump.(En una llamada telefónica posterior, Cadman dijo que por mucho que le gustaba Trump, planeaba votar por el presidente Biden en 2024, porque el aumento del valor de las propiedades había beneficiado su trabajo como agente de bienes raíces).Muchos de los cubanoestadounidenses del sur de Florida aprendieron por las malas, durante y después de la Revolución Cubana, sobre el impacto de la política incluso en las vidas apolíticas. Y para algunos de los conservadores entre ellos, como Modesto Estrada, un empresario jubilado que llegó a Miami hace 18 años, vale la pena apoyar a Trump como un poderoso freno para los demócratas y las políticas liberales que, según Estrada, están “arruinando el país” pues disuaden a la gente de trabajar.Estrada, de 71 años, señaló que también se había descubierto que Biden y el ex vicepresidente Mike Pence tenían documentos gubernamentales confidenciales en su poder. (Sin embargo, Biden hasta ahora, a todas luces, ya devolvió los documentos a las autoridades tras descubrirlos, al igual que Pence). Al igual que muchas personas entrevistadas, Estrada confesó que le resultaría difícil ser un jurado imparcial en el caso.“Desde mi perspectiva personal, hasta el momento, no tienen nada contra él”, dijo sobre Trump. “Y no le va a pasar nada. No va a ir a la cárcel. El caso se va a desmoronar y eso es lo que espero que suceda”.Así como Estrada afirmó que su experiencia con una dictadura de izquierda había influido en su esperanza de que Trump sea declarado inocente, Viviana Domínguez, de 63 años, se refirió a su propia experiencia en su Argentina natal, la cual estuvo gobernada por una dictadura militar de derecha de 1976 a 1983, cuando expresó su aversión a Trump.Modesto Estrada apoya a Trump. “El caso se va a desmoronar y eso es lo que espero que suceda”, afirmó, sobre los cargos.Saul Martinez para The New York TimesDomínguez, una restauradora de arte que ha vivido en Miami durante 13 años, calificó a Trump como una “vergüenza” y agregó: “Creo que irá a la cárcel, pero no sé si eso sea una ilusión”.Domínguez describió el caso de los documentos y la todavía considerable base de apoyo de Trump, en términos de una inquietante flexibilización de los estándares cívicos. “Vimos todo eso en mi propio país, cuando las mentiras se hicieron cada vez más grandes”, afirmó. “El margen de tolerancia se hizo cada vez más amplio, de modo que nunca veías el límite. Hablaban de moralidad y de la familia, pero eran las personas más corruptas y obscenas del mundo. Es como un estado de locura”.Roderick Clelland, un veterano de la guerra de Vietnam de 78 años, de West Palm Beach, la ciudad más poblada del condado de Palm Beach, dijo que le preocupaban las implicaciones internacionales de lo que sentía que había sido una actitud laxa de Trump hacia los secretos nacionales.“El mundo entero nos está mirando”, afirmó Clelland. “Y algunos de esos documentos sobre otros países… ¿van a confiar en nosotros? La gente ha sido encarcelada por menos que eso. Así que no puedes simplemente violar la ley y salirte con la tuya. Por eso espero que haya un castigo”.Clelland tuvo cuidado de señalar que no odiaba a Trump. “Pero no me gusta su comportamiento y su actitud”, dijo.A pesar de haber votado dos veces por Trump, Starkey, quien es secretaria del Club Republicano de Palm Beaches, dijo que nunca ha sido una gran admiradora. Pero tanto en 2016 como en 2020, no pudo decidirse a apoyar al candidato más liberal. Por estos días está pensando en votar por Nikki Haley, exembajadora de las Naciones Unidas y exgobernadora republicana de Carolina del Sur. Aclaró que solo hablaba a título personal y no en nombre de su club.Sin embargo, Starkey dijo que la acusación formal contra Trump parecía una estrategia partidista en un momento en que la política estadounidense carece de gran parte de la cortesía entre los dos partidos que recuerda con cariño del pasado. Afirmó que esa era una de las razones por las que tendría dificultades si la eligieran para ser un eventual jurado en el caso. “¿Estás segura de que tienes todos los hechos a favor y en contra?”, se preguntó.Starkey dijo que estaba harta del drama que rodeaba la acusación y que sabía que muchas otras personas pensaban igual que ella.“Solo quiero que todo esto desaparezca”, dijo.Richard Fausset es un corresponsal radicado en Atlanta. Escribe sobre política, cultura, raza, pobreza y el sistema penal del sur de Estados Unidos. Antes trabajó para Los Angeles Times, donde fue corresponsal en Ciudad de México. @RichardFausset More

  • in

    n South Florida, Voters Ponder Trump

    The complicated feelings among some residents about Mr. Trump and the case against him reflect the complicated politics of the state. As a registered voter in Palm Beach County, Fla., Bette Anne Starkey knows there is a possibility she could be chosen to serve on a jury in the federal criminal case against former President Donald J. Trump. But even though she is a two-time Trump voter, she cannot really say how she would lean as a juror weighing the case.Echoing Mr. Trump himself, Ms. Starkey, an 81-year-old bookkeeper, used the phrase “witch hunt” in an interview to describe the federal indictment against the former president, which accuses him of knowingly removing classified documents from the White House. But she also struggles to understand why Mr. Trump did not simply return the documents when asked for them, part of her simmering irritation with the 45th president.“I’m sick of hearing about all of his shenanigans,” she said.Her comments reflect the complicated feelings that Mr. Trump can elicit these days even among Republicans who voted for him. But Ms. Starkey is also a reflection of the equally complicated, volatile politics of South Florida, Mr. Trump’s home turf, and the jury pool it offers.It is in diverse, densely populated South Florida that a jury of Mr. Trump’s peers will be called upon to judge his innocence or guilt if the case ever goes to trial, although the exact trial location and jury pool have not been determined.Supporters of the former president gathered near Mar-a-Lago in Palm Beach, Fla., on Sunday.Saul Martinez for The New York TimesThe case was filed in the West Palm Beach court division of the Southern District of Florida, meaning the jury may be selected from registered voters in Palm Beach County, home to Mr. Trump’s Mar-a-Lago resort, where he has lived since leaving the White House. Mr. Trump lost Palm Beach County to President Biden by nearly 13 percentage points in 2020.But a jury pool made up of Miami-Dade County voters, to the south of Palm Beach, is also a possibility, particularly if it is determined that the federal courthouse in Miami, where Mr. Trump is expected to make an initial appearance on Tuesday, is best equipped to accommodate what will likely be one of the highest-profile criminal trials in American history.Mr. Trump lost Miami-Dade by only about seven points in the last election, getting strong support from Hispanic voters in particular; more than two-thirds of the county’s residents identify as Hispanic, according to census data.Both counties, however, have grown more Republican in recent years, and Republican candidates have had significant success in statewide races. Mr. Trump won Florida in both 2016 and 2020, and the state has twice elected Gov. Ron DeSantis, currently Mr. Trump’s main rival for the Republican presidential nomination.All of this should offer some comfort to members of Mr. Trump’s defense team, who know it takes only one vote to result in a hung jury. And many South Floridians, like Americans elsewhere in the country, believe that Mr. Trump is a victim of unfair treatment by powerful forces on the political left.George Cadman, 54, is a real estate agent and father of two who said he has not been following the news closely over the last few months. He said he had not heard about the federal charges against Mr. Trump — making him, in some sense, a good candidate for jury service.The case was filed in the West Palm Beach division of the Southern District of Florida, meaning the jury may be selected from registered voters in Palm Beach County, home to Mr. Trump’s Mar-a-Lago resort.Saul Martinez for The New York TimesBut Mr. Cadman, who lives in southern Miami-Dade County, also said he supports Trump “100 percent” and that he believes previous investigations of Mr. Trump were politically motivated. Adding that he believes Russia’s 2016 election interference and the scandal about Mr. Trump and Ukraine were hoaxes, he said, “I would be very leery on making a decision on what I think about it,” he said, referring to the new case against Mr. Trump.(In a subsequent phone call, Mr. Cadman said that as much as he loved Mr. Trump, he planned to vote for President Biden in 2024, because rising property values had been good for his job as a real estate agent.)Many of South Florida’s Cuban Americans learned the hard way, during and after the Cuban Revolution, about the impact of politics on even apolitical lives. And for some of the conservatives among them, like Modesto Estrada, a retired businessman who arrived in Miami 18 years ago, Mr. Trump is worth supporting as a powerful brake on Democrats and liberal policies that Mr. Estrada said were “ruining the country” by discouraging people from working.Mr. Estrada, 71, noted that Mr. Biden and former Vice President Mike Pence had also been found to have sensitive government documents in their possession. Like many people interviewed, he said he would have a hard time being an impartial juror in the case.“From my personal perspective, up till now, they don’t have anything on him,” he said of Mr. Trump. “And nothing’s going to happen to him. He’s not going to jail. The case is going to fall apart and that’s what I’m hoping.”Just as Mr. Estrada said his experience with a left-wing dictatorship has colored his hope that Mr. Trump is found not guilty, Viviana Dominguez, 63, referred to her own experience in her native Argentina, which was ruled by a right-wing military dictatorship from 1976 to 1983, as she expressed her dislike of Mr. Trump.Modesto Estrada supports Mr. Trump. “The case is going to fall apart and that’s what I’m hoping,” he said about the charges.Saul Martinez for The New York TimesMs. Dominguez, an art conservator who has lived in Miami for 13 years, called Mr. Trump an “embarrassment,” adding, “I think he’s going to go to jail, but I don’t know if that’s wishful thinking.”She described the documents case, and Mr. Trump’s still-considerable base of support, in terms of an unsettling loosening of civic standards. “We saw all that in my own country, when the lies kept getting bigger and bigger,” she said. “The margin of tolerance kept getting wider and wider, so that you never saw the limit. They would talk of morality and of the family, but they would be the most corrupt, the most obscene people anywhere. It’s like a state of madness.”Roderick Clelland, a 78-year-old Vietnam veteran from West Palm Beach, the most populous city in Palm Beach County, said he was worried about the international implications of what he saw as Mr. Trump’s lax attitude toward sensitive national secrets.“The whole world is watching us.” Mr. Clelland said. “And some of those documents about other countries — are they going to trust us? People have been locked up for less than that. So you can’t just violate the law and get away with it. So I hope there is a penalty.”Mr. Clelland was careful to note that he did not hate Mr. Trump. “But I don’t like his behavior and his attitude,” he said.Despite voting for Mr. Trump twice, Ms. Starkey, the bookkeeper, said she has never been a big fan. But in both 2016 and 2020, she could not bring herself to support the more liberal candidate. These days, she is thinking about voting for Nikki Haley, the former United Nations ambassador and Republican governor of South Carolina.Still, Ms. Starkey said the indictment of Mr. Trump seemed like a partisan move at a time when American politics is lacking much of the comity between the two parties that she remembers fondly from the past. It was one reason, she said, that she would have a hard time if she were picked for an eventual jury in the case: “Do you trust that you’re getting all the facts for and against?” she wondered.She said she was exasperated with the drama surrounding the indictment — and knew there were many others like her.“I just want it to go away,” she said.@Verónica Soledad Zaragovia contributed reporting from Palm Beach County, Fla. More

  • in

    Miami Mayor Suarez Eyes Presidential Run Amid City Hall Turmoil

    Miami’s strong economy has its mayor weighing a presidential run. But a trial against a city commissioner has exposed some of the city’s less attractive inner workings.Mayor Francis X. Suarez of Miami has visited early primary states in recent weeks, mulling a Republican presidential run built on the premise that his in-vogue city has boomed in difficult times — “the Miami miracle,” he calls it. Techies have flocked to the city from San Francisco. Bankers from New York. Taxes — and the murder rate — are low.It makes for a rosy story, not untrue.At the same time, a very different story about Miami unfolded recently in a drama-filled civil trial against a city commissioner who was accused by a pair of businessmen of violating their First Amendment rights by siccing inspectors on their bars and restaurants as political retribution. Testimony from a parade of former public employees portrayed City Hall as a toxic workplace, rife with dysfunction.On Thursday, a jury ruled in favor of the plaintiffs, holding the commissioner, Joe Carollo, liable for more than $63 million in damages.Miami has long been a city of confounding narratives, the airbrushed image it projects to outsiders often obscuring the complicated realities that lie beneath. But these days, the contrast between the Miami brand and the goings-on at City Hall seems especially stark.Under the city’s shiny postpandemic hood lie the inner workings of a local government mired in turmoil. The trial and its revelations came at a pivotal moment, as Miami teems with new residents whose arrival has put pressure on services, housing and roadways, and as Mayor Suarez, who took office in 2017, considers trying to leverage the city’s popularity to run for higher office.The mayor was not implicated in the trial, but a national campaign would bring new scrutiny to the problems at City Hall under his watch, a reminder that Miami has never been as easy to summarize as its marketing pitch.“Miami is not the glamorous place that everybody believes,” said Manolo Reyes, a city commissioner who was not the one on trial. “We have problems, and we have to solve those problems and tackle them head on.”Miami has low taxes compared with other major cities, but it also consistently has one of the highest rates of income inequality.Lynne Sladky/Associated PressThere are troubling signs beyond the trial. A federal judge ordered the city last month to draw new commission districts after finding that commissioners — there are five who make up the city’s legislative body — racially gerrymandered the boundaries last year. Last week, a former spokesman for Mr. Suarez pleaded guilty to receiving sexually explicit photographs from a 16-year-old boy after first meeting him in City Hall in 2019.In April, two Black officers filed a whistle-blower case against the Miami Police Department, saying that they faced discrimination and retaliation after reporting corruption. In January, a retiring police sergeant used her radio sign-off to blast the chief for having “destroyed” the department.Mr. Suarez — who will face Gov. Ron DeSantis, with whom he has openly disagreed at times, if he enters the Republican primary — does have some data points to brag about: Wages and salaries have risen more sharply than in most other major metropolitan areas. The unemployment rate is lower than the national average. The real estate market remains buoyant, if somewhat less so than during the pandemic frenzy, a contrast with recent downturns in other big cities.“I focus on the results, and the results are very clear,” said Mr. Suarez, a 45-year-old Cuban American and the president of the U.S. Conference of Mayors, said in a recent interview. “That speaks to the Miami model being a working model that’s scalable across urban America.”But Miami also ranks as one of the nation’s most unaffordable cities for housing. It consistently has one of the highest rates of income inequality.At City Hall, spending has stalled on a $400 million bond that voters approved in 2017 to address widespread flooding, the lack of affordable housing and other infrastructure problems. The Police Department is on its third chief in three years. The city attorney and her relatives are facing questions on whether firms they owned or helped runfinancially benefited from a county-run program that is now under investigation.Joe Carollo, a Miami city commissioner, speaking during a commission meeting last year.Scott McIntyre for The New York TimesAfter repeatedly clashing with the city commissioners, who among other things pushed out his police chief in 2021, Mr. Suarez pivoted and worked on raising his profile. He found a niche posting online videos about his recovery from Covid and later promoting the city, famously responding to a venture capitalist who in 2020 suggested moving Silicon Valley to Miami by posting on Twitter, “How can I help?”He also heavily promoted cryptocurrency, calling Miami the “crypto capital of the world,” before it collapsed last year.Mr. Suarez has come under heightened scrutiny after a series of revelations by The Miami Herald involving his failure to disclose financial interests, including that a developer paid him at least $170,000 over the past two years to help with a $70 million project.“I don’t know why my local paper is obsessed with how many jobs I do,” he said on the CBS Sunday news program “Face the Nation.” “I think they should be focused on the job of being mayor, which I think I do a great job at.”Mr. Suarez, who is in his second and final term, has declined to disclose his consulting clients. He receives compensation of about $130,000 for his part-time job as mayor, though his power — and, critics argue, any credit he can claim — is limited: He has no commission vote but can veto legislation and hire and fire the city manager. (A separate mayor and commission run Miami-Dade County, a far larger government whose mayor does have broad executive powers.)Former Mayor Tomás Regalado, Mr. Suarez’s predecessor and a fellow Republican, who is considering running for mayor again, called Miami “ethically challenged.”“The city is going through a very difficult situation in terms of governance, because you have a city commission in which every commissioner believes that they are the mayor and manager,” he said. “And you have an absent mayor.”Ball & Chain, a popular bar and nightclub in Miami’s Little Havana neighborhood, is co-owned by a plaintiff in the case against Mr. Carollo.Scott Baker for The New York TimesThe trial pitted Mr. Carollo, a city commissioner and former mayor, against two businessmen, Bill Fuller and Martin Pinilla, who said that Mr. Carollo “weaponized” the code enforcement department against them because they backed Mr. Carollo’s opponent in 2017.Mr. Carollo, a Republican who at 68 has been a bombastic figure in Miami politics for decades, countered that his actions were intended to preserve residents’ quality of life and ensure that the plaintiffs’ properties, some of which had fallen into disrepair, were safe and operating with proper permits. One night, it was noted during the trial, one of their bars was found to be running an illegal boxing ring.Mr. Fuller and Mr. Pinilla have extensive property holdings in Miami’s Little Havana neighborhood; Mr. Fuller co-owns Ball & Chain, a popular bar and nightclub. The plaintiffs’ lawyer said that their businesses had been cited for code violations 84 times. One business was forced to move and another to close.The jury held Mr. Carollo liable for $15.9 million in compensatory damages and $47.6 million in punitive damages.The trial, which began in April, was full of outlandish accusations and startling anecdotes, including that Mr. Carollo patrolled the plaintiffs’ properties late at night and wanted an aide to secretly measure the distance from one of their businesses to a church, looking for grounds to revoke a liquor license.Mr. Carollo, who took the stand for several days, called the plaintiffs’ witnesses — including a former city manager, three former police chiefs and several former aides to Mr. Carollo — liars with personal “gripes.”“I’d put my record against anyone in the city,” he said.In the recent interview, Mr. Suarez was dismissive of the trial. “It’s typical for the press to focus on things that are negative,” he said.The city spent at least $1.9 million on legal fees to defend Mr. Carollo, who could appeal Thursday’s verdict. But a more serious case looms for City Hall: The corporate entity that owns the Ball & Chain nightclub has filed a separate lawsuit against the city, not the commissioner, for $28 million in business losses.That trial is pending. More