Newspapers

Subterms

    More stories

    • 138 Shares169 Views

      in Elections

      José Rubén Zamora mostró la corrupción en Guatemala y enfrenta prisión

      by

      Durante años, elPeriódico denunció los manejos indebidos del gobierno. El juicio a su fundador se produce, aseguran los críticos, cuando la democracia en el país se desmorona.Para los activistas que defienden la libertad de prensa y los derechos humanos en Guatemala, el miércoles se perfila como un indicador clave de la tambaleante salud democrática del país.En un tribunal de la capital del país, se espera un veredicto en el juicio de uno de los periodistas más destacados de Guatemala, un caso ampliamente visto como otra señal del deterioro del estado de derecho en el país centroamericano.El periodista, José Rubén Zamora, fue el fundador y director de elPeriódico, un diario líder en Guatemala que investigaba con regularidad la corrupción gubernamental, incluidas las acusaciones contra el actual presidente, Alejandro Giammattei, y la fiscal general, María Consuelo Porras.Zamora es juzgado por cargos de irregularidades financieras que, según los fiscales, se centran en sus negocios y no en su periodismo. Un panel de jueces emitirá un veredicto y, si es declarado culpable, impondrá una sentencia.Una condena, que muchos observadores legales y el mismo Zamora dicen es el resultado probable, sería otro golpe a la frágil democracia de Guatemala, según los defensores de los derechos civiles, ya que el gobierno y sus aliados han apuntado repetidamente a instituciones clave y medios de comunicación independientes.El juicio también se produce cuando el país se dirige hacia una elección presidencial este mes que ha estado plagada de irregularidades, con cuatro candidatos de la oposición descalificados antes de la carrera.“El estado de derecho está roto”, dijo Ana María Méndez, directora para Centroamérica de WOLA, un instituto de investigación con sede en Washington. El caso de Zamora, agregó, representa “un paso más hacia la consolidación de una dictadura” en Guatemala.Sin embargo, a diferencia de otros países centroamericanos, como Nicaragua y El Salvador, donde la democracia también se ha erosionado, el poder en Guatemala no se concentra en una familia o un individuo, dijo Méndez.En Guatemala, agregó, “el autoritarismo se ejerce por redes ilícitas que están conformadas por la élite económica, la élite militar y el crimen organizado en contubernio con la clase política”.Zamora, de 66 años, ha negado repetidamente haber actuado mal y acusó al gobierno de tratar de silenciar a sus críticos.“Soy un preso político”, dijo a los periodistas el 2 de mayo, el día en que comenzó su juicio. Señaló que esperaba que el proceso termine con un veredicto de culpabilidad y agregó: “Me van a sentenciar”.Durante su cargo al frente de elPeriódico, Zamora fue demandado decenas de veces, principalmente por difamación, por parte del gobierno como resultado de la cobertura del diario.Las máquinas prensa guardaban silencio el mes pasado en las oficinas de elPeriódico en Ciudad de Guatemala. El periódico cerró después de que el gobierno congelara sus finanzas.Simone Dalmasso para The New York TimesPero su enfrentamiento legal más serio con las autoridades se inició en julio pasado, cuando fue acusado de lavado de dinero, tráfico de influencias y chantaje.Como parte del caso de la fiscalía, las cuentas bancarias de elPeriódico fueron congeladas, lo que dificultó su economía antes de que cerrara sus puertas definitivamente el mes pasado.El principal testigo del caso fue un exbanquero, Ronald Giovanni García Navarijo, quien dijo a los fiscales que Zamora le pidió que lavara 300.000 quetzales guatemaltecos, o casi 40.000 dólares. También afirmó que Zamora lo había obligado a pautar publicidad de paga anual en el periódico para evitar recibir una cobertura poco halagüeña.Pero la acusación no presentó ninguna prueba que demostrara que Zamora hubiera obtenido el dinero de manera ilegal. La mayor parte de los fondos, que según Zamora eran para pagar los salarios de los empleados del periódico, provenían de un empresario que no quería que se revelara su conexión con elPeriódico por temor a represalias.Su defensa se vio obstaculizada por varias medidas tomadas por los fiscales y una organización de extrema derecha que apoya al fiscal general, la Fundación Contra el Terrorismo, que según los críticos ha tratado de intimidar a algunos de los abogados de Zamora.Pasó por nueve abogados defensores, y al menos cuatro han sido acusados ​​de obstrucción de la justicia por su papel en el caso.“La defensa de Zamora se ha visto obstaculizada desde el primer día por una puerta giratoria de abogados defensores”, dijo Stephen Townley, director legal de la iniciativa TrialWatch de la Fundación Clooney para la Justicia, un grupo defensor de derechos. “Cuatro de sus abogados han sido procesados ​​por las autoridades guatemaltecas. Otros parecían no tener acceso a los materiales de sus predecesores”.Un juez que había estado presidiendo el caso anteriormente no permitió que Zamora presentara ningún testigo y rechazó la mayoría de las pruebas que trató de presentar por considerarlas irrelevantes.“Hemos visto un montaje’’, dijo Zamora en una entrevista, “como un teatro de terror”.El hijo de Zamora, José Carlos Zamora, quien también es periodista, calificó el juicio como “una persecución política”.Por su parte, Giammattei, refiriéndose al caso contra Zamora, ha dicho que ser periodista no le da a una persona el “derecho a cometer actos criminales”.El presidente Alejandro Giammattei se encontraba entre las principales figuras guatemaltecas investigadas por el periódico de Zamora.Erin Schaff/The New York TimesAun así, su gobierno ha sido acusado por grupos de derechos humanos de usar el sistema de justicia para atacar a cualquiera que lo desafíe.Los casos de corrupción y derechos humanos se han estancado y el sistema de justicia ha sido “secuestrado” por una red de actores corruptos, según un informe de WOLA.Desde 2021, casi tres decenas de jueces, fiscales anticorrupción y sus abogados han huido de Guatemala, al igual que 22 periodistas que dijeron haber sido amenazados por su trabajo.Cuando se fundó elPeriódico en 1996, Guatemala estaba entrando en un período más esperanzador luego de una brutal guerra civil que duró casi cuatro décadas y dejó cientos de miles de muertos o desaparecidos. Para muchos guatemaltecos agotados, existía la sensación de que la democracia se estaba afianzando y que el gobierno gobernaría con transparencia.Un panel internacional de investigadores respaldado por la ONU trabajó 12 años junto con el poder judicial de Guatemala para exponer la corrupción en la élite del país, incluidos altos funcionarios gubernamentales y empresarios, antes de ser expulsado del país en 2019 por el presidente anterior, a quien el panel estaba investigando.“Lo que vemos hoy es un sistema que quiere seguir protegiendo esa clase de prácticas”, dijo Daniel Haering, analista político en Ciudad de Guatemala.El caso de Zamora y la desaparición de su periódico hacen retroceder los esfuerzos para hacer que el gobierno rinda cuentas por sus acciones, dijo Méndez.“¿Quién va a decir ahora la verdad en Guatemala?”, dijo. “Quedará un vacío enorme”.Zamora con su abogada el día de la apertura de su juicio el mes pasado. No se le permitió presentar ningún testigo ni la mayor parte de las pruebas en su defensa.Santiago Billy/Associated PressEl juicio de Zamora termina cuando el país se prepara para las elecciones nacionales del 25 de junio, que según los grupos de derechos civiles ya se han visto empañadas después de que los jueces en los últimos meses prohibieron la participación a cuatro candidatos presidenciales de partidos de oposición.Entre ellos estaba Carlos Pineda, un populista conservador, que se había comprometido a luchar contra la corrupción y que, según una encuesta reciente, había ascendido a puntero. El tribunal supremo de Guatemala lo retiró de la contienda por acusaciones de que los métodos que usó el partido de Pineda para elegirlo como su candidato habían violado la ley electoral.El caso de Zamora también ha entrampado a los periodistas simplemente por cubrirlo. Ocho reporteros, editores y columnistas están siendo investigados por obstrucción a la justicia tras escribir sobre el proceso para elPeriódico. La mayoría se ha ido de Guatemala.Desde que Giammattei asumió el cargo en enero de 2020, el Asociación de Periodistas de Guatemala ha documentado 472 casos de hostigamiento, agresiones físicas, intimidación y censura contra la prensa.“De inmediato te preguntas: ‘¿En qué momento mis coberturas son interpretadas como un delito?’”, dijo Claudia Méndez, quien trabajó en elPeriódico como reportera y editora y ahora conduce un programa de radio. “‘¿En qué momento mi labor es ya no un ejercicio de crítica y rendición de cuentas, sino visto como un acto ilícito?’”. More

    • 100 Shares189 Views

      in Elections

      Arraigned, Again: Trump’s Federal Court Hearing in Miami

      by

      Michael Simon Johnson, Asthaa Chaturvedi, Diana Nguyen, Mary Wilson and Rachel Quester and Marion Lozano and Listen and follow The DailyApple Podcasts | Spotify | Stitcher | Amazon MusicDonald Trump was arraigned in Miami yesterday on 37 criminal counts covering seven different violations of federal law, including the handling of classified documents.Three New York Times journalists covered the proceedings: Glenn Thrush was inside the courtroom, Luke Broadwater reported from outside the courthouse, and Maggie Haberman was at Mr. Trump’s home in Bedminster, N.J.On today’s episodeLuke Broadwater, a congressional correspondent for The New York Times.Glenn Thrush, who covers the Department of Justice for The New York Times.Maggie Haberman, a political correspondent for The New York Times.Donald Trump boarding a plane in Miami after making his court appearance. “I did everything right and they indicted me,” he said in a speech after his arraignment.Doug Mills/The New York TimesBackground readingMr. Trump, now twice indicted since leaving the White House, surrendered to federal authorities in Miami and pleaded not guilty, striking a defiant tone afterward.On the calendar for Mr. Trump, the Republicans’ 2024 front-runner: rallies and primaries mixed with court dates.There are a lot of ways to listen to The Daily. Here’s how.We aim to make transcripts available the next workday after an episode’s publication. You can find them at the top of the page.Luke Broadwater More

    • 113 Shares119 Views

      in Elections

      He Exposed Corruption in Guatemala. Now He Faces Prison.

      by

      The trial of José Rubén Zamora, the founder of a newspaper that long shone a spotlight on government graft, comes as critics say democracy in Guatemala is crumbling.For activists defending press freedom and human rights in Guatemala, Wednesday looms as a key gauge of the country’s wobbly democratic health.In a courtroom in the country’s capital, a verdict is expected in the trial of one of Guatemala’s most high-profile journalists, a case widely seen as another sign of the deteriorating rule of law in the Central American country.The journalist, José Rubén Zamora, was the founder and publisher of elPeriódico, a leading newspaper in Guatemala that regularly investigated government corruption, including accusations involving the current president, Alejandro Giammattei, and the attorney general, María Consuelo Porras.He stands trial on charges of financial wrongdoing that prosecutors say focus on his business dealing and not his journalism. A panel of judges will deliver a verdict and, if he is found guilty, will impose a sentence.A conviction, which many legal observers and Mr. Zamora himself say is the likely outcome, would be another blow to Guatemala’s already fragile democracy, according to civil rights advocates, as the government and its allies have taken repeated aim at key institutions and independent news media outlets.The trial also comes as the country heads toward a presidential election this month that has already been plagued by irregularities, with four opposition candidates disqualified ahead of the race.“The rule of law is broken,” said Ana María Méndez, the Central America director at WOLA, a Washington-based research institute. Mr. Zamora’s case represents, she added, yet another “step toward the consolidation of a dictatorship” in Guatemala.Unlike other Central American countries, like Nicaragua and El Salvador, where democracy has also eroded, however, power is not concentrated in a family or an individual, Ms. Méndez said.In Guatemala, she added, “authoritarianism is exercised by illicit networks made up of the economic elite, the military elite and organized crime in collusion with the political class.”Mr. Zamora, 66, has repeatedly denied any wrongdoing and accused the government of trying to silence its critics.“I am a political prisoner,” he told reporters on May 2, the day his trial started. He said he fully expected it would end with a guilty verdict, adding, “I will be sentenced.”During his tenure running elPeriódico, Mr. Zamora was sued scores of times, mostly for slander, by the government as a result of the newspaper’s coverage.The presses were silent last month at the elPeriódico newspaper offices in Guatemala City. The newspaper shut down last month after the government froze its finances.Simone Dalmasso for The New York TimesBut his most serious legal confrontation with authorities was set in motion last July, when he was charged with money laundering, influence peddling and blackmail.As part of the prosecution’s case, elPeriódico’s bank accounts were frozen, hobbling its finances before it finally closed its doors for good last month.The main witness in the case was a former banker, Ronald Giovanni García Navarijo, who told prosecutors that Mr. Zamora asked him to launder 300,000 Guatemalan quetzales, or nearly $40,000. He also claimed that Mr. Zamora had forced him to place annual paid advertising in the newspaper to avoid receiving unflattering coverage.But the prosecution did not present any evidence showing that Mr. Zamora had obtained the money illegally. Most of the funds, which Mr. Zamora has said was to pay the salaries of the newspaper’s employees, had come from a businessman who did not want his connection to elPeriódico disclosed for fear of reprisals.His defense was hampered by various steps taken by prosecutors and a far-right organization that supports the attorney general, the Foundation Against Terrorism, which critics say has tried to intimidate some of Mr. Zamora’s lawyers.He cycled through nine defense lawyers, and at least four have been charged with obstruction of justice for their role in the case.“Zamora’s defense has been hamstrung from day one by a revolving door of defense lawyers,” said Stephen Townley, legal director of the TrialWatch initiative at the Clooney Foundation for Justice, a rights group. “Four of his lawyers have been prosecuted by the Guatemalan authorities. Others then seemed not to have access to their predecessors’ materials.”A judge who had been presiding over the case earlier in the process did not allow Mr. Zamora to present any witnesses and rejected most of the evidence he tried to submit, deeming it irrelevant.“We have seen,’’ Mr. Zamora said in an interview, “a theater of terror.”Mr. Zamora’s son, José Carlos Zamora, who is also a journalist, called the trial a “political persecution.’’For his part, Mr. Giammattei, referring to the case against Mr. Zamora, has said that being a journalist does not give a person the “right to commit criminal acts.’’President Alejandro Giammattei was among the leading Guatemalan figures being investigated by Mr. Zamora’s newspaper.Erin Schaff/The New York TimesStill, his administration has been accused by human rights groups of using the justice system to target anyone who challenges his government.Corruption and human rights cases have stalled and the justice system has been “hijacked” by a network of corrupt actors, according to a report by WOLA.Since 2021, nearly three dozen judges, anti-corruption prosecutors and their lawyers have fled Guatemala, as have 22 journalists who say they had been threatened because of their work.When elPeriódico was founded in 1996, Guatemala was entering a more hopeful period following a brutal civil war that lasted nearly four decades and left hundreds of thousands dead or missing. For many weary Guatemalans, there was a feeling that democracy was taking hold and the government would rule with transparency.A U.N.-backed international panel of investigators spent 12 years working alongside Guatemala’s judiciary to expose graft among the country’s elite, including top government officials and businessmen, before being expelled from the country in 2019 by the previous president whom the panel was investigating.“What we see today is a system that wants to continue to protect’’ criminal behavior, said Daniel Haering, a political analyst in Guatemala City.Mr. Zamora’s case and the demise of his newspaper sets back efforts to hold the government accountable for its actions, Ms. Méndez said.“Who’s going to tell the truth in Guatemala now?” she said. “There will be a huge void left.”Mr. Zamora with his lawyer on the opening day of his trial last month. He had not been allowed to present any witnesses or submit most of the evidence in his defense.Santiago Billy/Associated PressMr. Zamora’s trial ends as the country prepares for national elections on June 25, which civil rights groups say have already been tarnished after judges in recent months banned four presidential candidates from opposition parties from the vote.Among those was Carlos Pineda, a conservative populist, who had pledged to fight corruption and who a recent poll showed had risen to the top of the field. Guatemala’s top court removed him from the race on charges that the methods Mr. Pineda’s party used to choose him as its candidate had violated electoral law.Mr. Zamora’s case has also ensnared journalists simply for covering it. Eight reporters, editors and columnists are being investigated on charges of obstruction of justice after writing about the process for elPeriódico. Most have left Guatemala.Since Mr. Giammattei took office in January 2020, the Journalists Association of Guatemala has documented 472 cases of harassment, physical attacks, intimidation and censorship against the press.“You immediately ask yourself, ‘At what point is my coverage interpreted as a crime?’” said Claudia Méndez, who worked at elPeriódico as a reporter and editor and now works for a Guatemalan radio show. “‘At what point is my work no longer an exercise in criticism and accountability, but seen as an unlawful act?’” More

    • 75 Shares109 Views

      in Elections

      Possible Cyberattack Disrupts The Philadelphia Inquirer

      by

      The Inquirer, citing “anomalous activity” on its computer systems, said it was unable to print its regular Sunday edition and told staff members not to work in the newsroom at least through Tuesday.A possible cyberattack on The Philadelphia Inquirer disrupted the newspaper’s print operation over the weekend and prompted it to close its newsroom through at least Tuesday, when its staff will be covering an expensive and fiercely contested mayoral primary.Elizabeth H. Hughes, the publisher and chief executive of The Inquirer, said that the newspaper discovered “anomalous activity on select computer systems” on Thursday and “immediately took those systems offline.”But The Inquirer was unable to print its regular Sunday edition, the newspaper reported. Instead, print subscribers received a Sunday “early edition,” which went to press on Friday night. The newspaper also reported on Sunday that its ability to post and update stories on its website, Inquirer.com, was “sometimes slower than normal.”The Monday print editions of The Inquirer and The Philadelphia Daily News, which The Inquirer also publishes, were distributed as scheduled, Evan Benn, a company spokesman, said.But employees will not be permitted to work in the newsroom at least through Tuesday because access to The Inquirer’s internet servers has been disrupted, Ms. Hughes said in an email to the staff on Sunday evening that was shared with The New York Times.Ms. Hughes said that the company was looking for a co-working space for Tuesday, when The Inquirer will be covering a closely contested Democratic primary that is all but certain to determine the next mayor of Philadelphia — the largest city in Pennsylvania, a presidential swing state.“I truly don’t think it will impact it at all, short of us not being able to be together in the formal newsroom,” said Diane Mastrull, an editor who is president of The Newspaper Guild of Greater Philadelphia, the union that represents reporters, photographers and other staff members at The Inquirer. “Covid has certainly taught us to do our jobs remotely.”She said on Monday that the newspaper’s content management system, which staff members use to write and edit stories, was “operating with continued workarounds.”“I would not use the word ‘normal,’” Ms. Mastrull said.Ms. Hughes said that The Inquirer had notified the F.B.I. and had “implemented alternative processes to enable publication of print editions.”The newspaper was also working with Kroll, a corporate investigation firm, to restore its systems and to investigate the episode, Ms. Hughes said.The Inquirer, in its news story on the “apparent cyberattack,” said it was the most significant disruption to the publication of the newspaper since January 1996, when a major blizzard dropped more than 30 inches of snow on Philadelphia.The newspaper reported that Ms. Hughes, citing a continuing investigation, had declined to answer detailed questions about the episode, including who was behind it, whether The Inquirer or its employees appeared to have been specifically targeted, or whether any sensitive employee or subscriber information might have been compromised.In an email on Monday, Mr. Benn, the company spokesman, said: “As our investigation is ongoing, we are unable to provide additional information at this time. Should we discover that any personal data was affected, we will notify and support” anyone who might have been affected.Special Agent E. Edward Conway of the F.B.I. field office in Philadelphia said that while the agency was aware of the issue, it was the bureau’s practice not to comment on specific cyber incidents. “However, when the F.B.I. learns about potential cyberattacks, it’s customary that we offer our assistance in these matters,” Mr. Conway said in an email.Ms. Mastrull, who was working as an editor over the weekend, said that staff members had noticed on Saturday that they could not log on to the content management system.They were given a workaround, she said, but the process created “very, very difficult working conditions” as the staff covered the last weekend of campaign events before the primary, Taylor Swift concerts at Lincoln Financial Field and Game 7 of the Eastern Conference semifinals between the Boston Celtics and the Philadelphia 76ers.Employees were “a little concerned that there weren’t enough protections against this, and very frustrated that the company’s communication was lacking specifics,” Ms. Mastrull said.In 2018, The Los Angeles Times said that a cyberattack had disrupted its printing operations and those at newspapers in San Diego and Florida. Unnamed sources cited by The Los Angeles Times suggested that the newspaper might have been hit by ransomware — a pernicious attack that scrambles computer programs and files before demanding that the victim pay a ransom to unscramble them.The Guardian reported that it was hit by a ransomware attack in December in which the personal data of staff members in Britain was compromised. The Guardian reported that the attack forced it to close its offices for several months.In an email to the staff of The Inquirer on Sunday night, Ms. Mastrull summarized the day’s news and paid tribute to the staff members who covered it, “despite a publishing system rendered virtually inoperable.”“Now all we have to do is find some co-working space so we can cover a really important election Tuesday,” she wrote. “Can’t keep us down!” More

    • 150 Shares139 Views

      in US Politics

      What can the White House do to free Evan Gershkovich? – podcast

      by

      At the end of March, Russian authorities arrested Evan Gershkovich, a reporter for the Wall Street Journal, on espionage charges. He is still in a Moscow prison more than a month later, and at the weekend President Biden promised he was ‘working like hell’ to bring Gershkovich, and others detained in Russia, home.
      This week Jonathan Freedland speaks to Polina Ivanova, a reporter for the Financial Times and friend of Gershkovich’s, who breaks down the politics behind his detention

      How to listen to podcasts: everything you need to know More

    • 188 Shares189 Views

      in US Politics

      ‘In the eye of the Stormy’: how papers across the world reacted to Trump’s charges

      by

      Donald Trump’s historic appearance before a New York court on Tuesday has dominated global media, with the former president’s not guilty plea receiving wall-to-wall coverage across TV, newspapers and online.The Guardian says, “Trump pleads not guilty to 34 charges in hush-money case”, with the paper highlighting the judge’s order that the former president refrain from rhetoric that could cause civil unrest.Time magazine gained a reputation for producing iconic covers throughout the Trump presidency, and they hit the mark again on Wednesday, with the simple headline: “Unprecedented”.The Washington Post leads with, “Trump pleads not guilty to 34 counts”.The outlet reports on comments from Manhattan district attorney Alvin Bragg, who accused the former president of participating in a “catch-and-kill” scheme to buy and suppress negative information.The Times splashes with, “Trump in the dock”. The paper’s US correspondents describe how a “stony-faced Trump was released from custody after an hour-long arraignment hearing ahead of a trial likely to take place next year”.German daily Tagesspiegel carries the headlined, “Nothing but the truth?”, over the top of a picture of Trump entering the court in New York.Under the headline, “Trump charged with 34 felonies”, the New York Times examines what was revealed in today’s court filings with the banner: “D.A. cites payoffs to a porn star, a playboy model and a doorman”.“Trump in the eye of the Stormy”, is the Mirror’s headline. The paper goes on to say that, “Finally… ex-President charged over ‘hush-money’ payments to porn star”.Spain’s El País says “Trump accused of 34 crimes”, and illustrates its story with a huge image of the former president inside the New York court, flanked by his lawyers.The New York Daily News devotes its entire front page to an image of the former president, with the headline: “Under arrest”.Finally, “Trump’s longest day”, is the assessment of Italy’s l’Opinione. The paper devotes most of its front page to a picture of Trump. More

    • 138 Shares169 Views

      in Elections

      Former National Enquirer Publisher Testifies Before Grand Jury in Trump Case

      by

      The grand jury investigating a hush-money case against the former president met again on Monday, but the timing of any potential indictment remained unclear.The Manhattan grand jury weighing evidence about Donald J. Trump’s role in a hush-money payment to a porn star heard testimony on Monday from a crucial witness, but there was no sign an indictment had been filed, according to people with knowledge of the matter.The witness, David Pecker, the former publisher of The National Enquirer, also testified in January. Since the grand jury was impaneled early this year by the Manhattan district attorney, Alvin L. Bragg, it has heard from at least nine witnesses — including Mr. Pecker, who has now appeared twice — and is expected to vote on an indictment soon.It is unclear whether the grand jury took any action on Monday, but one of the people with knowledge of the matter said it had not voted on an indictment. Grand juries operate in secret, leaving the timing of indictments something of a mystery.Mr. Pecker was a key player in the hush-money episode. He and the tabloid’s top editor helped broker the deal between the porn star, Stormy Daniels, and Michael D. Cohen, Mr. Trump’s fixer at the time.Ever since Mr. Trump predicted his arrest a little more than a week ago, all eyes have turned to the grand jury.And while the grand jurors could vote to indict the former president as soon as this week — in what would be the culmination of a nearly five-year investigation — the exact timing is subject to the quirks of the grand jury process in Manhattan, which include scheduling conflicts and other potential interruptions.This particular grand jury meets on Mondays, Wednesdays and Thursdays, though it typically has not heard evidence related to the Trump investigation on Thursdays. The panel does not have to meet on each of those days, but only convenes when Mr. Bragg’s office summons the jurors.The timing of an indictment might also depend on the jurors’ availability. Sixteen of the 23 grand jurors must be present to conduct any business (and a majority must vote to indict for the case to go forward). For the prosecutors to seek a vote to indict, the jurors in attendance that day must previously have heard all key witness testimony.Members of the media gathered outside the court building in Lower Manhattan on Monday afternoon.Anna Watts for The New York TimesThe prospect of an indictment has raised a number of questions about the contours of the potential case facing Mr. Trump, who would become the first former American president to be indicted.Mr. Bragg’s prosecutors are focused on the $130,000 payment to Ms. Daniels, who agreed to keep quiet about her story of an affair with Mr. Trump in exchange for the payoff. Mr. Cohen made the payment during the final days of the 2016 presidential campaign.In recent weeks, Mr. Bragg’s office signaled to Mr. Trump’s lawyers that the former president could face criminal charges by offering him the chance to testify before the grand jury, people with knowledge of the matter have said. Such offers almost always indicate an indictment is near; it would be unusual for prosecutors to notify a potential defendant without ultimately seeking charges against him.In New York, potential defendants have the right to answer questions in front of the grand jury before they are indicted, but they rarely testify, and Mr. Trump declined the offer.Prosecutors have now questioned almost every major player in the hush-money episode, again suggesting that the district attorney’s presentation is nearing an end.Mr. Trump has denied all wrongdoing — as well as any sexual encounter with Ms. Daniels — and unleased a series of escalating attacks on Mr. Bragg. Mr. Trump has referred to the investigation as a “witch hunt” and called Mr. Bragg, who is Black and a Democrat, a “racist” and an “animal.”In a post this month on his social network Truth Social, Mr. Trump declared, without any direct knowledge, that his arrest was imminent, calling on his supporters to “PROTEST, TAKE OUR NATION BACK!” — rhetoric reminiscent of his posts in the lead-up to the assault on the U.S. Capitol on Jan. 6, 2021.The focus of Mr. Pecker’s testimony was unclear, but it is not unusual for a witness to be called before a grand jury a second time, and he could have provided valuable information for prosecutors. A longtime ally of Mr. Trump, he agreed to keep an eye out for potentially damaging stories about Mr. Trump during the 2016 campaign.For a brief time in October 2016, Ms. Daniels appeared to have just that kind of story. Her agent and lawyer discussed the possibility of selling exclusive rights to her story of a sexual encounter with Mr. Trump to The National Enquirer, which would then promise to never publish it, a practice known as “catch and kill.”Mr. Pecker didn’t bite. Instead, he and the tabloid’s editor, Dylan Howard, decided that Mr. Cohen would have to deal with Ms. Daniels’s team directly.And when Mr. Cohen was slow to pay, Mr. Howard pressed him to get the deal done, to prevent Ms. Daniels from revealing their discussions about suppressing her story. “We have to coordinate something,” Mr. Howard texted Mr. Cohen in late October 2016, “or it could look awfully bad for everyone.”Two days later, Mr. Cohen transferred the $130,000 to an account held by Ms. Daniels’s attorney.Sean Piccoli More

    • 150 Shares189 Views

      in US Politics

      The Independent review – Jodie Turner-Smith and Brian Cox chase political scandal

      by

      ReviewThe Independent review – Jodie Turner-Smith and Brian Cox chase political scandalTurner-Smith and Cox team up as journalists investigating a presidential candidate. But there is none of the insider authenticity of director Amy Rice’s earlier Obama documentaryFilm-maker Amy Rice spent two years on the campaign trail with Barack Obama to make a 2009 fly-on-the wall documentary. So it’s massively disappointing that her new fictional political thriller is so insipid and unsatisfying, and completely lacks any kind of authentic insider knowledge of Machiavellian political skullduggery. It’s as generic as they come, though British actor Jodie Turner-Smith is brilliant as a rookie reporter for the fictional Washington Chronicle who uncovers a scandal with the potential to blow open the presidential race.Turner-Smith’s character, Eli James, is increasingly frustrated at having to write clickbait lifestyle articles such as “college dorm must-haves”. But when she uncovers a lottery scandal, she teams up with the paper’s Pulitzer-winning columnist Nicholas Booker (Brian Cox, giving a lefty-intelligentsia version of his alpha-ego male in Succession). Their relationship is nicely played, especially by Turner-Smith, who makes Eli a satisfyingly complicated woman: super smart and competitive, a bit reckless and most of all determined – as she’s had to be as a woman of colour in a largely male, mostly white world.The lottery scandal is linked to political funding and seems to lead right to the Republican presidential candidate Patricia Turnbull (Ann Dowd, channelling Matilda’s Mrs Trunchbull). She’s neck and neck with the Democratic incumbent; then an independent enters the fray. This is mega-celebrity Olympic gold medallist Nate Sterling (ex-WWE wrestler John Cena): he’s promising to take action on climate change, and has the right kind of lantern-jawed all-American jock appeal for rightwingers. Eli’s boyfriend Lucas (Luke Kirby) is a speechwriter for Sterling – who may be too good to be true.There’s a twist at the end that is anticlimactic and uninteresting, and the script is unforgivably clumsy in places. Twice, characters obtain vital information illicitly from computers left unlocked by individuals with a lot to hide. Cox’s veteran journalist is famous for eating his steaks cooked bloody – not just rare. But really this film could be juicier.skip past newsletter promotionafter newsletter promotionTopicsFilmThrillersUS politicsNewspapersBrian CoxreviewsReuse this content More