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    ‘Aquí nadie va a elegir’: Ortega aplasta a la disidencia en Nicaragua

    El presidente Daniel Ortega acalló a la oposición y sembró el miedo en los votantes, lo cual prácticamente garantiza su victoria en la contienda presidencial del domingo.MANAGUA, Nicaragua — Después de sofocar de una forma muy metódica a la competencia y la disidencia, el presidente Daniel Ortega prácticamente se aseguró la victoria en las elecciones presidenciales del domingo, lo que indica la caída de Nicaragua en un régimen autocrático.Ortega, en su búsqueda de un cuarto mandato consecutivo como presidente del país, arrestó a todos los adversarios con credibilidad que planeaban contender contra él, cerró los partidos de oposición, prohibió los actos de campaña multitudinarios y clausuró todos los centros de votación.La comisión que supervisa las elecciones quedó en manos de sus leales y no ha habido debates públicos entre los cinco candidatos restantes, todos ellos miembros poco conocidos de partidos alineados con el gobierno sandinista de Ortega.“No son elecciones, una farsa es lo que va a haber”, dijo Berta Valle, la esposa de uno de los líderes de la oposición que está en prisión. “Aquí nadie va a elegir. Es que el único candidato es Daniel Ortega”.El control casi absoluto de Ortega sobre Nicaragua, según los analistas, ha dado paso a una nueva era de represión y terror en el país, lo cual marca un giro hacia un modelo abiertamente dictatorial que podrían imitar otros líderes en toda América Latina. Su declaración de victoria supondría otro golpe a la agenda del presidente estadounidense, Joe Biden, en la región, donde el gobierno no ha conseguido frenar la caída antidemocrática ni el éxodo masivo de personas desesperadas hacia Estados Unidos.Miembros del ejército de Nicaragua preparan las boletas de votación para distribuirlas antes de las elecciones del domingo.Oswaldo Rivas/Agence France-Presse — Getty ImagesSe ha interceptado a un número inédito de nicaragüenses al cruzar la frontera suroeste de Estados Unidos este año, ya que miles de personas huyeron del país después de que Ortega comenzó a reprimir a la oposición. Y más de 80.000 nicaragüenses viven como refugiados en la vecina Costa Rica.“Este es un punto de inflexión hacia el autoritarismo en la región”, dijo José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de Human Rights Watch, quien describió la represión de Ortega como “una película de terror en cámara lenta”.“Ni siquiera está tratando de mantener una especie de fachada de gobierno democrático”, dijo Vivanco del líder nicaragüense. “De manera flagrante y abierta, está decidiendo hacer de las elecciones una representación”.En junio, Ortega acusó a la oposición de intentar organizar un golpe de Estado. “No estamos juzgando candidatos”, dijo sobre sus críticos que habían sido arrestados. “Aquí se está juzgando a criminales que han atentado contra el país, contra la seguridad del país”.Ortega llegó al poder por primera vez tras ayudar a liderar la revolución que derrocó la dictadura de Anastasio Somoza en 1979. Más de una década después, fue destituido por los electores nicaragüenses, en la que se consideró la primera elección democrática del país.Esa lección sobre los riesgos del gobierno democrático parece haber marcado el resto de la vida política de Ortega. Regresó a la presidencia en 2007, tras conseguir que un partido rival aceptara una reforma legal que permitía a un candidato ganar las elecciones con solo el 35 por ciento de los votos, y luego pasó años debilitando las instituciones que sostenían la frágil democracia nicaragüense.Dejó claro que no toleraría la disidencia en 2018, cuando envió a la policía a reprimir con violencia las protestas contra su gobierno, lo que provocó cientos de muertos y acusaciones de grupos de derechos humanos de crímenes contra la humanidad.Mujeres se enfrentan con la policía antidisturbios durante una protesta contra el gobierno de Ortega en Managua, en 2018.Inti Ocon/Agence France-Presse — Getty ImagesPero la repentina oleada de detenciones antes de las elecciones, que envió a siete candidatos políticos y a más de 150 personas a la cárcel, transformó el país en lo que muchos activistas describieron como un Estado policial, donde incluso las expresiones leves de disidencia son silenciadas por el miedo.Hace poco, un cronista deportivo fue encarcelado por una serie de publicaciones en Twitter y Facebook que criticaban al gobierno, en virtud de una nueva ley que impone hasta cinco años de cárcel a quien diga algo que “ponga en peligro la estabilidad económica” o el “orden público”.Tras el inicio de las detenciones, Estados Unidos impuso nuevas sanciones a funcionarios nicaragüenses y la Organización de los Estados Americanos condenó al gobierno. Este mes, el Congreso estadounidense aprobó una ley que exige más medidas punitivas para Nicaragua. Pero esa presión no le ha impedido a Ortega eliminar de manera sistemática cualquier obstáculo a su victoria del domingo.Una encuesta reciente mostró que el 78 por ciento de los nicaragüenses considera que la posible reelección de Ortega es ilegítima y solo el 9 por ciento apoya al partido gobernante. Sin embargo, muchos se niegan a cuestionar al gobierno en público, por miedo a ser detenidos o acosados por los representantes del partido sandinista que están apostados en todos los barrios para vigilar las actividades políticas.La lideresa de un grupo de vigilancia electoral, Olga Valle, abandonó el país después de que el gobierno de Ortega comenzó a perseguir a cualquiera que hablara en su contra.“Había mucho temor de dar la cara”, explicó Valle. “Hay una restricción absoluta de las libertades, la ciudadanía está sin ninguna posibilidad de reunirse, de organizarse”.La primera aspirante a la presidencia que fue atacada fue Cristiana Chamorro, la principal opositora nicaragüense e hija de la mujer que desbancó a Ortega en 1990 tras su primera etapa en el poder.La policía puso a Chamorro bajo arresto domiciliario un miércoles de junio, el día después de que Antony Blinken, el secretario de Estado estadounidense, pronunciara un discurso en la vecina Costa Rica sobre la importancia de fortalecer la democracia.Cristiana Chamorro, la líder de la oposición más importante de Nicaragua, fue puesta bajo arresto domiciliario en junio.Inti Ocon/Agence France-Presse — Getty ImagesFélix Maradiaga, quien también aspiraba a contender contra Ortega, fue encarcelado días después, y permaneció ahí durante meses antes de que a su hermana se le permitiera una visita de 20 minutos.Su esposa, Berta Valle, exiliada en Estados Unidos desde que recibió amenazas tras las protestas de 2018, dijo que su marido ha perdido 20 kilos y que durante meses el único baño en su celda era un agujero. El político nicaragüense le contó a la familia que se le obliga a permanecer en completo silencio, excepto cuando se le somete a interrogatorios diarios. “Es una tortura psicológica”, dijo su esposa.A Maradiaga se le ha permitido reunirse con su abogado en una sola ocasión, rodeado de guardias fuertemente armados, añadió su esposa. Poco después, el abogado huyó del país.Para el mes de agosto, el único de los partidos de la oposición que quedaba en pie era Ciudadanos por la Libertad, un movimiento de la derecha al que algunos especulaban que se le permitiría contender para dar al menos la impresión de una lucha justa. Pero después la comisión electoral dio una conferencia de prensa en la que anunció la desaparición del partido.“Ni siquiera terminé de verla”, comentó Kitty Monterrey, presidenta del partido. “Cogí mis pasaportes y salí corriendo. No miré atrás”.Se escabulló al caer la noche, a fin de evadir a la policía que se había apostado en la entrada. Para llegar a Costa Rica, Monterrey atravesó ríos a pie y a caballo durante 14 horas. Cumplió 71 años el día de su viaje.“Esto no es un proceso electoral en absoluto”, denunció Monterrey. “Las elecciones se dan cuando se tiene derecho a elegir, pero todos están en el exilio o en la cárcel”.Nicaragüenses en Costa Rica protestan contra el gobierno de Ortega, en San José, Costa Rica, en septiembre.Mayela Lopez/ReutersEn Nicaragua no hay observadores electorales, solo los llamados “acompañantes” electorales, una mezcla de funcionarios traídos de países como España, Argentina y Chile, muchos de los cuales son miembros de sus partidos comunistas locales. Su trabajo, dijo hace poco una integrante de la comisión electoral, no consiste en “intervenir” sino en “ver” y “disfrutar” del proceso electoral.En todo el país hay pocos indicios de que se esté disputando el cargo más alto de la nación.Imágenes gigantescas de Ortega y su esposa, la vicepresidenta del país, se ciernen sobre las calles. Los sitios de vacunación reproducen estribillos revolucionarios con títulos como “el comandante se queda”. En los edificios gubernamentales ondea la bandera del partido sandinista junto a la bandera de Nicaragua.Pero además de un puñado de folletos con logotipos de los partidos de la oposición en Managua, la capital, no hay espectaculares ni carteles de campaña en los que aparezca nadie más.“A Ortega se la cayó la máscara”, dijo Valle, la esposa del líder opositor encarcelado. “Él no va a poder esconderse nunca más”.Berta Valle, quien ha estado exiliada en Estados Unidos desde que enfrentó amenazas del gobierno, habla en un foro en Miami en octubre.Cristobal Herrera-Ulashkevich/EPA vía ShutterstockOscar Lopez colaboró con este reportaje desde Ciudad de México. More

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    In Nicaragua Election, Ortega Crushes Dissent

    President Daniel Ortega quashed the opposition and struck fear in voters, all but guaranteeing his victory in a presidential contest on Sunday.MANAGUA, Nicaragua — After methodically choking off competition and dissent, President Daniel Ortega all but ensured his victory in a presidential contest on Sunday, signaling Nicaragua’s descent into autocratic rule.In his quest for a fourth consecutive term as the country’s president, Mr. Ortega detained all credible challengers who planned to run against him, shut down opposition parties, banned large campaign events and closed voting stations en masse.The commission that monitors elections has been entrusted to his loyalists and there have been no public debates among the contest’s five remaining candidates, all of whom are little-known members of parties aligned with Mr. Ortega’s Sandinista government.“This isn’t an election, this is a farce,” said Berta Valle, the wife of one of the opposition leaders who has been jailed. “No one will elect anyone, because the only candidate is Daniel Ortega.”Mr. Ortega’s path to near total control of Nicaragua has ushered in a new era of repression and terror in the country, marking a turn toward an openly dictatorial model that could set an example for other leaders across Latin America, analysts said. His claim to victory would deliver another a blow to President Biden’s agenda in the region, where the administration has failed to slow an anti-democratic slide and a mass exodus of desperate people toward the United States. Members of Nicaragua’s army prepared ballots for distribution ahead of Sunday’s election.Oswaldo Rivas/Agence France-Presse — Getty ImagesA record number of Nicaraguans have been intercepted crossing the southwest border this year as thousands fled the country after Mr. Ortega began crushing his opposition. And more than 80,000 Nicaraguans are living as refugees in neighboring Costa Rica.“This is a turning point toward authoritarianism in the region,” said José Miguel Vivanco, head of the Americas region for Human Rights Watch, who called Mr. Ortega’s crackdown “a slow motion horror movie.”“He is not even trying to preserve some sort of facade of democratic rule,” Mr. Vivanco said of the Nicaraguan leader. “He is in a flagrant, open manner, just deciding to treat the election as a performance.”Mr. Ortega in June accused the opposition of trying to foment a coup. “We are not judging candidates,” he said of his critics who had been arrested. “We are judging criminals who have threatened the country.”Mr. Ortega first came to power after helping lead the revolution that overthrew the dictatorship of Anastasio Somoza in 1979. More than a decade later, he was ousted by Nicaraguan voters, in what was considered the nation’s first democratic election.That lesson about the risks of democratic rule appears to have shaped the rest of Mr. Ortega’s political life. He took office again in 2007, after getting a rival party to agree to a legal reform that allowed a candidate to win an election with just 35 percent of the vote. He then spent years undermining the institutions holding together the country’s fragile democracy.He made it clear that he would not tolerate dissent in 2018, when he sent police to violently smother anti-government protests, leading to hundreds of deaths and accusations by human rights groups of crimes against humanity.Women clashed with riot police during a protest against Mr. Ortega’s government in Managua, in 2018. Inti Ocon/Agence France-Presse — Getty ImagesBut the sudden sweep of arrests preceding the elections, which sent seven political candidates and more than 150 others to jail, transformed the country into what many activists described as a police state, where even mild expressions of dissent are muted by fear.A sportswriter was recently imprisoned for a series of posts critical of the government on Twitter and Facebook, under a new law that mandates up to five years in jail for anyone who says anything that “endangers economic stability” or “public order.” After the detentions began, the United States placed new sanctions on Nicaraguan officials and the Organization of American States condemned the government. This month, Congress passed legislation demanding more punitive measures on Nicaragua. But that pressure has not stopped Mr. Ortega from systematically eliminating any obstacle to his victory on Sunday.A recent poll showed that 78 percent of Nicaraguans see the possible re-election of Mr. Ortega as illegitimate and just 9 percent support the ruling party. Yet many refuse to question the government in public, afraid that they will be arrested or harassed by Sandinista party representatives who are stationed in every neighborhood to monitor political activities.The leader of one electoral watchdog group, Olga Valle, left the country after Mr. Ortega’s government began targeting anyone who spoke out against it.“There was a lot of fear of showing your face,” said Ms. Valle. “There is a total restriction of freedoms, people have absolutely no ability to meet, to organize.”The first aspiring presidential candidate to be targeted was Cristiana Chamorro, Nicaragua’s most prominent opposition leader and the daughter of the woman who unseated Mr. Ortega in 1990 after his first stint in power.Police officers put Ms. Chamorro under house arrest on a Wednesday in June — the day after Secretary of State Antony Blinken delivered remarks on the importance of strengthening democracy next door in Costa Rica.Cristiana Chamorro, Nicaragua’s most prominent opposition leader, was put under house arrest in June. Inti Ocon/Agence France-Presse — Getty ImagesFélix Maradiaga, who also planned to run against Mr. Ortega, was tossed in jail days later and kept there for months before his sister was allowed a 20-minute visit.His wife, Berta Valle, who has been in exile in the United States since facing threats after the 2018 protests, said her husband has lost 45 pounds and for months his only bathroom was a hole in his cell. He told family that he is forced to remain in complete silence, except when he is subjected to daily interrogations. “It’s psychological torture,” she said.Mr. Maradiaga has been allowed one meeting with his lawyer, surrounded by heavily armed guards, his wife added. That lawyer has since fled the country.By August, the only opposition party left standing was Citizens for Liberty, a movement on the right that some speculated would be allowed to run to at least give the impression of a fair fight. But then the electoral commission held a news conference announcing the party had been shut down.“I didn’t even finish watching it,” said Kitty Monterrey, the party’s president. “I grabbed my passports and I ran. I didn’t look back.”She slipped out in the late afternoon, avoiding the police who had been stationed out front. To reach Costa Rica, Ms. Monterrey trudged through rivers on foot and horseback for 14 hours. She turned 71 the day of her journey.“This is not an election process at all,” Ms. Monterrey said. “Elections are when you have the right to choose, but everyone is either in exile or in prison.”Nicaraguans protested against the government of Mr. Ortega in San Jose, Costa Rica, in September.Mayela Lopez/ReutersThere are no election observers in Nicaragua, only so-called “election companions,” a hodgepodge of officials brought in from countries like Spain, Argentina and Chile, many of whom are members of their local communist parties. Their job, one member of the electoral commission recently said, is not to “intervene” but rather to “watch” and “enjoy” the voting process.Across the country, there are few signs that a contest for the nation’s highest office is underway.Gigantic images of Mr. Ortega and his wife, who is his vice president, loom over the streets. Vaccination sites play revolutionary jingles with titles like “the commander stays.” Government buildings fly the flag of the Sandinista party next to the national flag of Nicaragua.But aside from a smattering of fliers with opposition party logos in Managua, the capital, there are no billboards or campaign posters featuring anyone else.“Ortega’s mask is off,” said Ms. Valle, the wife of the imprisoned opposition leader. “He can’t hide anymore.”Berta Valle, who has been in exile in the United States since facing threats from the government, speaking at a forum in Miami in October.Cristobal Herrera-Ulashkevich/EPA, via ShutterstockOscar Lopez contributed reporting from Mexico City. More

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    Democracy, or Something Like It

    No one is fooled when authoritarian leaders carry out fake elections. So why do they bother?This is an article from World Review: The State of Democracy, a special section that examines global policy and affairs, and is published in conjunction with the annual Athens Democracy Forum.The Nicaraguan president, Daniel Ortega, who has most recently been in power since 2007, is running for a fourth consecutive term this year. Virtually all of his potential challengers have disappeared, been detained, or pushed into exile, while the independent media has been silenced and the main opposition party has been formally disqualified from running.Yet Mr. Ortega continues to keep up the illusion of holding free elections, imitating the tactics of President Nicolás Maduro of Venezuela. Last year, Mr. Maduro’s administration cracked down on dissident leaders, journalists and activists in Venezuela ahead of December’s parliamentary elections, which were eventually boycotted by the opposition. Mr. Maduro’s governing majority and allies won 91 percent of the seats in the National Assembly.Nicaragua is not alone in constructing a democratic facade, but Mr. Ortega’s methods have been exceptionally striking. “This is a dramatic escalation of systemic repression which we haven’t seen in Latin America since the 1980s,” said Michael Shifter, president of the Inter-American Dialogue, a Washington-based think tank.“There is still a desire on the part of regimes to have a fig leaf of democracy, however not credible that is,” Mr. Shifter said. He noted that the pretense might have been the excuse Mexico and Argentina needed to avoid joining in a recent Organization of American States vote denouncing the crackdown against Mr. Ortega’s political rivals in Nicaragua.These days, governments like those in Nicaragua, Venezuela and elsewhere that reject political pluralism are ready to go to great lengths to pretend to embrace democracy — primarily by imitating the crucial rituals of periodic elections.When election time comes around, authoritarians allow a certain amount of political campaigning, vet candidates (barring or even arresting those deemed too critical of the government), then make a show of counting ballots, all the while intending to hold on to power.A polling agent with ballot boxes in Lusaka, Zambia, in August. A challenger managed to win the presidency in Zambia by more than a million votes despite the incumbent’s attempts at voter intimidation.Tsvangirayi Mukwazhi/Associated PressBut faking elections can be a tricky business. Too big a victory can draw suspicion and encourage an angry populace to gather on the streets, as happened after the 2020 presidential election in Belarus. Too big a loss can be difficult to falsify, as was the case in Zambia in August when, despite the incumbent’s overt attempts at voter intimidation, the challenger, Hakainde Hichilema, managed to win the presidency by more than a million votes.Authoritarians have learned that they must carefully weigh how and when to interfere. Too much pre-election excitement can encourage too big a turnout, drawing more votes for the opposition. A low turnout is safer, because authoritarians have ways of making sure their voters get to the polls.Such intrigues require preparation, skill and money, all for an exercise that most citizens know is a sham.So why bother to pretend?Elections, even flawed ones, serve a purpose. The goal for autocrat and democrat alike is legitimacy — a right to rule that, in the views of most citizens in the 21st century, can be bestowed only by a popular vote, or at least the semblance of one.In other eras, and even now in some parts of the world, the right to rule could be inherited by a monarch, blessed by religious faith or sustained by an iron-fisted ideology like Communism. But where those options have been exhausted, democracy — or something resembling it — seems to be the best, and maybe the only, option for maintaining a monopoly on power short of outright dictatorship.“In the contemporary world, there are, practically speaking, no alternative ideologies,” Dmitri Furman, a Russian political scientist, wrote in New Left Review in 2008. He used the term “imitation democracy” to describe the combination of democratic forms and authoritarian reality then in place across most of the former Soviet Union.This formula was recently perfected in Russia, 20 years into Vladimir V. Putin’s rule, ahead of parliamentary elections last month.A woman voting in Moscow during elections last month. President Vladimir V. Putin and his allies deployed heavy-handed measures to keep critics off the ballot and to sway apathetic voters.Maxim Shipenkov/EPA, via ShutterstockThere never was any doubt that United Russia, the party backed by Mr. Putin, would come out on top. And indeed, the final vote gave the party 324 of the Duma’s 450 seats, more than enough to guarantee a constitutional, or two-thirds, majority (but fewer than the 343 seats United Russia took in 2016).Still, Mr. Putin and his allies took no chances, deploying heavy-handed measures to keep his critics off the ballot, while giving generous handouts to sway apathetic voters. Pensioners and military personnel, two crucial constituencies, received one-off pre-election bonuses, at an estimated cost of $6.7 billion to the federal government.Followers of the jailed opposition figure Alexei Navalny, now legally labeled “extremists,” were barred from running, and some were put in jail or forced to flee the country. Popular candidates from Russia’s legal parliamentary parties — including the liberal centrist party Yabloko and the Communist Party — were pushed off the ballot under thinly veiled pretenses, ranging from faulty paperwork to allegations of criminal offenses. In St. Petersburg, a well-known Yabloko candidate found himself running against two people who had recently adopted not only his name but also his appearance.The Kremlin also took on independent media outlets, declaring that many journalists were foreign agents. And yet news still leaked about local officials who went to great lengths to gin up the vote for United Russia. Election officials were reportedly caught on tape discussing vote targets of 42 percent to 45 percent, presumably for United Russia, and government officials complained of being pressured by their employers to vote. In today’s Russia, these advantages are called “administrative resources,” all of which tipped the scales in United Russia’s favor.Similar tactics have worked in the past. In Russia’s 2016 parliamentary elections, officials in the city of Saratov did not take any risks. In about 100 of the city’s 373 electoral districts, the results were exactly the same: 62.2 percent for United Russia, 11.8 percent for the Communist Party, and on down the list. A local electoral commission official dismissed the suspicious results as a mere coincidence.Much has changed in the last five years. Unpopular pension reforms in 2018 have hurt both Mr. Putin and United Russia in opinion polls. Ahead of the September elections, the party’s popularity hit a record low, falling below 30 percent nationally, and even lower in the big cities.“United Russia’s polling is bad, but it doesn’t really matter,” Aleksei Mukhin, director of the Center for Political Information, a Moscow think tank, told The Moscow Times in an interview in early September. A recycled Soviet-era joke made the rounds after the elections: “You pretend to hold elections, and we pretend to vote,” a retooled version of the old quip “You pretend to pay us, and we pretend to work.”But elections benefit the Putin government, according to an analysis by the political scientists Ivan Krastev and Stephen Holmes in their book “The Light That Failed: Why the West Is Losing the Fight for Democracy,” published last year. Elections have been turned into national rituals, spectacles that create the illusion that Russian voters can play a role in politics. They can also test the national mood, district by district, and allow the Kremlin to measure the loyalty and competence of their local officials.“You had a hard time in post-Communist Russia finding out how local officials were behaving, figuring out who was reliable, who could turn out the vote,” Mr. Holmes said in an interview. “It is not just about loyalty, but also about who is effective. Elections give you new tools to measure performance.”Paradoxically, “a managed democracy,” a term often used to describe the Putin system of government, is not so much about pretending to be democratic, but rather about pretending to manage, Mr. Holmes and Mr. Krastev said in their book. “Rigging an election also allowed the government to mimic the authoritarian power that it did not actually possess,” they wrote. “In Putin’s first decade in power, organizing a pseudo-election was like wearing sheep’s clothing to prove that you are a wolf.”But most pseudo-democrats these days are reluctant to assume their inner autocratic selves: They are not sure how to be wolves. In Nicaragua, where Mr. Ortega lost an election in 1990 after five years in power, today’s government seems to have gone further than others toward becoming a police state, but most other authoritarian rulers are careful not to cross the line, at times at the risk of seeming ineffective.Typically, they promote their hold on power as a guarantee of stability, and a protection of the nation in a hostile, unstable world. And in some cases, such leaders do in fact enjoy broad support: Mr. Putin’s popularity rating in Russia is down from a high point of 88 percent after the annexation of Crimea in 2014, but it still hovers above 60 percent, well above the ratings of leaders in Western democracies.These days, elections may be a necessary tool for authoritarian systems to hold power, but they remain risky, as was the case in Zambia, where the opposition managed against all odds to score a victory that was too big to deny, and in Belarus where the falsification of the results was so obvious that protesters came out to the streets.“Politics is about promising and disappointing and managing the disappointment,” Mr. Holmes said. “The special magic of democracy is that, although a lot of people may be disappointed, they have a hope that at the next election, they can bring in another group. By giving up the idea that another group can come to power, a lot of pressure builds up.”Celestine Bohlen is a former New York Times Moscow correspondent who covered the collapse of the Soviet Union in the 1990s. More

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    El temor se apodera de Nicaragua mientras el país vira hacia una dictadura

    Una ofensiva contra la oposición por parte del presidente Daniel Ortega ha dejado a los nicaragüenses con una duda: ¿quién sigue?MANAGUA — Las noches eran lo más difícil.Desde el momento en que Medardo Mairena decidió postularse a la presidencia, un desafío directo al líder autoritario de Nicaragua, él tuvo la certeza de que el aparato de seguridad en algún momento lo alcanzaría.A lo largo del verano, Mairena observó cómo desaparecían otros líderes de la oposición. Uno por uno, fueron sacados a rastras de sus casas en medio de una represión nacional orquestada por el presidente Daniel Ortega en contra de la disidencia. La cruzada de este último por asegurarse un cuarto periodo sumergió a la nación centroamericana en un estado de temor generalizado.Desde junio, la policía ha encarcelado o puesto en arresto domiciliario a siete candidatos a las elecciones presidenciales de noviembre, así como a decenas de activistas políticos y líderes de la sociedad civil, lo cual ha dejado a Ortega desprovisto de un contendiente creíble en la boleta y ha convertido a Nicaragua en un Estado policial.A Mairena mismo se le prohibió salir de Managua. Las patrullas de la policía apostadas afuera de su casa ahuyentaron a casi todas las visitas, incluso a su familia.Durante el día, Mairena se mantenía ocupado, haciendo campaña por Zoom y monitoreando anuncios en la radio oficial en busca de pistas de la creciente represión. Sin embargo, de noche se quedaba despierto, con el oído atento a las sirenas, seguro de que tarde o temprano la policía iba a llegar y él desaparecería en una celda.“Lo primero que me pregunto en la mañana es ¿cuándo van a venir por mí?”, comentó Mairena, un activista defensor de los derechos de los agricultores, en una entrevista telefónica realizada a finales de junio. “Es una vida en zozobra constante”.Su turno llegó días después de la llamada. Unos agentes fuertemente armados allanaron su casa y se lo llevaron la noche del 5 de julio.No se supo nada de él hasta el miércoles, cuando se les permitió una visita breve a sus familiares, quienes comentaron que lo encontraron demacrado y enfermo, completamente desconectado del mundo exterior.Parientes de los candidatos presidenciales visitaron este verano la cárcel de Managua en donde se les retenía.Inti Ocón para The New York TimesQuienes critican el gobierno aseguran que la imprevisibilidad y rapidez de la ola de arrestos han convertido a Nicaragua en un Estado más represivo del que fue durante los primeros años de la dictadura de Anastasio Somoza, quien fue derrocado en 1979 por el Frente Sandinista de Liberación Nacional que encabezaban Ortega y varios otros comandantes. Los sandinistas gobernaron el país hasta que en 1990 perdieron en unas elecciones democráticas y cedieron el poder. En 2007, Ortega regresó a la presidencia.Tras 14 años en el poder, Ortega, impopular y cada vez más aislado de la sociedad nicaragüense en su residencia privada, parece determinado a evitar toda competencia electoral verdadera. Los cinco candidatos presidenciales que siguen en la boleta con él son políticos poco conocidos que tienen una historia de colaboración con el gobierno. Pocas personas en Nicaragua los consideran desafíos genuinos para Ortega.La represión, la cual se ha extendido hacia los críticos de todos los ámbitos sociales, no ha perdonado a ningún disidente político, sin importar sus circunstancias personales o vínculos históricos con Ortega.Entre las víctimas de persecución se encuentran un banquero millonario y un guerrillero marxista, un general condecorado y una activista poco conocida de la provincia, líderes estudiantiles e intelectuales septuagenarios. Ningún detractor del gobierno se siente a salvo de las repentinas redadas nocturnas, de las cuales su constancia ha sido la única certeza, comentaron en entrevistas más de 30 nicaragüenses afectados por la represión.“Todos están en la lista”, mencionó un empresario nicaragüense, cuyo hogar fue registrado por la policía; habló bajo la condición de permanecer en el anonimato por temor a las represalias. “Nada más estás intentando saber qué tan alto o tan abajo está tu nombre, basándote en la última detención”.La ola de represión y temores de violencia política ha empujado a miles de nicaragüenses a huir del país, lo cual amenaza con empeorar una crisis de migración masiva en una época en la que el gobierno del presidente estadounidense, Joe Biden, ya tiene dificultades al enfrentar cifras récord de inmigrantes que intentan cruzar la frontera sur.La cantidad de nicaragüenses que han detenido los guardias fronterizos de Estados Unidos ha estallado desde la represión: un total de casi 21.000 personas cruzaron en junio y julio, en comparación con menos de 300 en los mismos meses del año pasado, de acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional. Durante esos meses, otros 10.000 nicaragüenses han cruzado al sur hacia el país vecino de Costa Rica, según la agencia migratoria costarricense.Una iglesia en Masaya, en la que periodistas y civiles fueron atacados por integrantes del partido gobernante en julioInti Ocón para The New York TimesEl éxodo ha incluido a ricos y pobres por igual, provocado tanto por los temores de la escalada de violencia como por la preocupación de la acechante crisis económica en un país que se dirige a paso constante hacia el aislamiento internacional.En los últimos meses, decenas de destacados empresarios nicaragüenses han huido con sigilo hacia Miami y paralizado sus inversiones en el país, según entrevistas con varios empresarios que no quisieron ser citados por temor a represalias. Y se espera que la mayoría de los bancos internacionales de desarrollo, cuyos préstamos han apoyado la economía nicaragüense en años recientes, dejen de entregar nuevos fondos después de las elecciones, las cuales Estados Unidos ha señalado que es poco probable que reconozca en su forma actual.Algunos nicaragüenses se han marchado por temor a un regreso a la violencia callejera que traumatizó al país en 2018, cuando paramilitares favorables al gobierno y fuerzas policiales interrumpieron las protestas de la oposición y mataron a más de 300 personas.“Tengo miedo de que venga otra masacre”, dijo Jeaneth Herrera, quien vende pan de elote tradicional en las calles de Managua. Sus ventas se han desplomado en meses recientes pues, dijo, la incertidumbre política ha elevado los precios de alimentos. “Yo no veo futuro aquí”.Los hombres y mujeres detenidos, algunos de los cuales ocuparon altos cargos sandinistas, han sido acusados de crímenes que van desde la conspiración hasta el lavado de dinero y el homicidio, imputaciones que, según familiares y asociados, son falsas. La mayoría pasó semanas o meses en la cárcel antes de tener contacto alguno con sus parientes o abogados.Varias de las personas arrestadas son septuagenarias y tienen problemas de salud. Según los familiares, compartieron la cárcel con otros presos y no tuvieron acceso a doctores independientes ni a que sus parientes les entregaran medicamentos.Un general sandinista retirado, Hugo Torres, fue arrestado a pesar de que había dirigido un ataque que le ayudó a Ortega a escapar de la cárcel de Somoza en la década de 1970, con el cual es probable que le haya salvado la vida. El exministro sandinista Víctor Hugo Tinoco fue detenido y la policía registró su casa durante horas enfrente de su hija, Cristian Tinoco, quien tiene cáncer terminal.Cristian Tinoco, hija de Hugo Tinoco, exviceministro de Exteriores, en la habitación de su padre, tras un operativo policial en junioInti Ocón para The New York TimesLa policía también irrumpió de noche en la casa del candidato presidencial Miguel Mora y lo sacó a rastras frente a su hijo Miguel, quien tiene parálisis cerebral, dijo la esposa de Mora, Verónica Chávez.“Esa noche repetía ‘¿Dónde está papá?’”, mencionó Chávez. “Parecía que estábamos en un corto de terror”.Los casos en contra de los prisioneros políticos se llevan en cortes cerradas sin la participación de asesores legales. Esto ha significado que los parientes y la ciudadanía desconocen qué evidencia se ha presentado, lo que agrava el clima de temor.Quienes intentaron documentar el proceso legal —familiares, abogados, periodistas— dicen que fueron amenazados o enfrentaron acusaciones similares y, en algunos casos, se vieron obligados a huir del país o esconderse. Un abogado de uno de los candidatos encarcelados fue arrestado a fines del mes pasado por ser miembro de un partido de oposición.“Nadie de nadie sabe de qué les están acusando, qué exactamente está en los casos”, dijo Boanerges Fornos, abogado nicaragüense que representaba a algunos de los políticos detenidos antes de huir del país en junio. “Hay una destrucción sistemática del aparato de información no oficial. Al régimen le gusta operar en la oscuridad”.Luego de desmantelar a los partidos de oposición y encarcelar a sus candidatos, el gobierno dirigió sus ataques a otros con puntos de vista independientes: el clero, los periodistas, abogados e incluso los médicos. En las últimas semanas, el gobierno ha dicho que los obispos católicos de Nicaragua son “hijos del demonio”, amenazaron a los médicos que dieron la alarma sobre una nueva ola de COVID-19 y tomaron las instalaciones del mayor diario del país, La Prensa.La incertidumbre detrás de los arrestos aparentemente arbitrarios ha hecho que la situación sea más difícil de soportar para los familiares de las víctimas.Verónica Chávez, periodista y esposa del candidato detenido Miguel Mora, en su casa de Managua.Inti Ocón para The New York Times“Ya tienen listo su tablero de ajedrez y uno solo es un peón”, dijo Uriel Quintanilla, un músico nicaragüense cuyo hermano, Alex Hernández, es un activista de oposición que fue detenido recientemente.Desde entonces, dijo Quintanilla, no ha tenido noticias de su hermano ni de los cargos que se le imputan.“El jaque mate en tu contra ya está planeado, nada más no sabes cuándo te va a llegar”.Alex Villegas colaboró con este reportaje desde San José, Costa Rica.Anatoly Kurmanaev es un corresponsal con sede en Ciudad de México desde donde cubre México, Centroamérica y el Caribe. Antes de integrarse a la corresponsalía de México en 2021, pasó ocho años reportando desde Caracas sobre Venezuela y la región vecina. @akurmanaev More

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    ‘Everyone Is on the List’: Fear Grips Nicaragua as It Veers to Dictatorship

    A crackdown on opposition by President Daniel Ortega leaves Nicaraguans to wonder: Who is next?MANAGUA, Nicaragua — The nights were the hardest.From the moment Medardo Mairena decided to run for president, in direct challenge to Nicaragua’s authoritarian leader, he was certain the security apparatus would eventually come for him.Over the summer, he watched as other opposition leaders disappeared. One by one, they were dragged from their homes amid a nationwide crackdown on dissent by the president, Daniel Ortega, whose quest to secure a fourth term had plunged the Central American nation into a state of pervasive fear.Since June, the police have jailed or put under house arrest seven candidates for November’s presidential election and dozens of political activists and civil society leaders, leaving Mr. Ortega running on a ballot devoid of any credible challenger and turning Nicaragua into a police state.Mr. Mairena himself was banned from leaving Managua. Police patrols outside his house had scared away nearly all visitors, even his family.During the day, Mr. Mairena kept busy, campaigning over Zoom and scanning official radio announcements for clues to the growing repression. But at night he lay awake, listening for sirens, certain that sooner or later the police would come and he would disappear into a prison cell.“The first thing I ask myself in the morning is, when are they coming for me?” Mr. Mairena, a farmers’ rights activist, said in a telephone interview in late June. “It’s a life in constant dread.”His turn came just days after the call. Heavily armed officers raided his home and took him away late on July 5.He had not been heard from until last Wednesday, when relatives were allowed one brief visit. They said they found him emaciated and sick, completely disconnected from the outside world.Relatives of arrested presidential candidates visiting the jail in Managua where they were being held earlier this summer.Inti Ocón for The New York TimesGovernment critics say the unpredictability and speed of the wave of arrests have turned Nicaragua into a more repressive state than it was during the early years of the dictatorship of Anastasio Somoza, who was overthrown in 1979 by the Sandinista Revolutionary Movement led by Mr. Ortega and several other commanders. The Sandinistas governed the country until losing democratic elections and ceding power in 1990. In 2007, Mr. Ortega returned as president.After 14 years in power, unpopular and increasingly isolated from Nicaraguan society in his gated compound, Mr. Ortega appears intent on avoiding any real electoral competition. The five presidential candidates still on the ballot with him are little-known politicians with a history of collaboration with the government. Few in Nicaragua consider them genuine challenges to Mr. Ortega.The crackdown, which has extended to critics from any social realm, has spared no political dissidents, no matter their personal circumstances or historical ties to Mr. Ortega.The victims of persecution have included a millionaire banker and a Marxist guerrilla, a decorated general and a little-known provincial activist, student leaders and septuagenarian intellectuals. No government detractors feel safe from the sudden night raids, whose only certainty has been their constancy, more than 30 Nicaraguans affected by the crackdown said in interviews.“Everyone is on the list,” said one Nicaraguan businessman, whose family home was raided by the police and who spoke on condition of anonymity for fear of reprisal. “You’re just trying to figure out how high or low your name is on it, based on the latest arrest.”The wave of repression and fears of political violence have pushed thousands of Nicaraguans to flee the country in recent months, threatening to worsen a mass migration crisis at a time when the Biden administration is already struggling with record numbers of immigrants trying to cross the southern border.The number of Nicaraguans encountered by U.S. border guards has exploded since the crackdown, with a total of almost 21,000 crossing in June and July, compared with fewer than 300 in the same months last year, according to the Department of Homeland Security. About 10,000 more Nicaraguans have crossed south into neighboring Costa Rica in the same months, according to the country’s migration agency.A church in Masaya, where journalists and civilians were attacked by members of the governing party in July.Inti Ocón for The New York TimesThe exodus has included the rich as well as the poor and is driven as much by fears of escalating violence as by concerns over a looming economic crisis in a country heading steadily toward international isolation.Dozens of prominent Nicaraguan businessmen have quietly left for Miami in recent months, halting their investments in the country, according to interviews with several entrepreneurs who did not want to be quoted for fear of reprisals. And most international development banks, whose loans have propped up the Nicaraguan economy in recent years, are expected to stop disbursing new funds following the elections, which the United States has said it is unlikely to recognize in their current form.Some Nicaraguans have left out of fear of a return of the street violence that traumatized the country in 2018, when pro-government paramilitaries and police forces broke up opposition protests, killing more than 300.“I’m scared that another massacre is coming,” said Jeaneth Herrera, who sells traditional cornbread on the streets of Managua. Her sales have fallen sharply in recent months, she said, as political uncertainty has pushed up food prices. “I don’t see a future here.”The detained men and women, some of them top former Sandinistas, have been charged with crimes ranging from conspiracy to money laundering and murder, accusations their families and associates say are trumped up. Most spent weeks, or months, in jail before any communication with relatives or lawyers.Several of those arrested are in their 70s and have health problems. They were put in the same jail as other prisoners, relatives said, and denied access to independent doctors or to medicines delivered by relatives.A retired Sandinista general, Hugo Torres, was arrested despite having staged a raid that helped Mr. Ortega break out of Mr. Somoza’s jail in the 1970s, potentially saving his life. The former Sandinista minister Víctor Hugo Tinoco was detained and his house ransacked for hours by the police in front of his daughter, Cristian Tinoco, who has terminal cancer.Cristian Tinoco, the daughter of Hugo Tinoco, a former vice foreign minister,  in his room after a police raid in June. Inti Ocón for The New York TimesThe police also smashed into the presidential candidate Miguel Mora’s home at night and dragged him out in the presence of his son Miguel, who has cerebral palsy, said Mr. Mora’s wife, Verónica Chávez.“He kept repeating that night, ‘Where is Papa?’” Ms. Chávez said. “It felt like living in a horror movie.”The cases against the political prisoners are being heard in closed courts without the presence of legal counsel. This has left their relatives and the public in the dark about the evidence presented, adding to the climate of fear.Those who tried documenting the legal process — relatives, lawyers, journalists — say they were threatened or faced with similar accusations, and in some cases forced to flee the country or go into hiding. A lawyer for one of the jailed candidates was himself arrested late last month for being a member of an opposition party.“Absolutely no one has any idea what they are accused of, or what’s in their cases,” said Boanerges Fornos, a Nicaraguan lawyer who represented some of the detained politicians before fleeing the country in June. “There’s a systematic destruction of all nonofficial sources of information. The regime likes to operate in the dark.”After dismantling opposition parties and jailing their candidates, the government shifted its attacks to others with independent views: the clergy, journalists, lawyers, even doctors. In the past few weeks, the government has called Nicaragua’s Catholic bishops “children of demons,” threatened the medics who raised alarm about a new Covid-19 wave and taken over the installations of the country’s biggest newspaper, La Prensa.The uncertainty behind the seemingly arbitrary arrests has made the situation harder to bear for the victims’ families.Verónica Chávez, a journalist and the wife of the detained candidate Miguel Mora, at her home in Managua.Inti Ocón for The New York Times“They have their chess board already set up, and you’re just a pawn on it,” said Uriel Quintanilla, a Nicaraguan musician whose brother Alex Hernández, an opposition activist, was recently detained.Since then, Mr. Quintanilla said, he has not heard news of his brother or the charges against him.“The check and mate against you have already been planned out,” he said. “We merely don’t know at what moment it will come.”Alex Villegas contributed reporting from San José, Costa Rica. More

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    En Nicaragua se profundiza la represión y la democracia peligra

    Durante la presidencia de Daniel Ortega, el país está a un paso de convertirse en un Estado de partido único. Las acusaciones de lavado de dinero contra su principal rival agudizan las preocupaciones.MANAGUA, Nicaragua — Los candidatos de la oposición han sido detenidos. Las protestas se han prohibido. Y los partidos políticos han sido descalificados.A meses de postular a la reelección, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, deja al país a un paso de convertirse en un Estado de partido único, al tomar medidas drásticas contra la oposición a un grado que no se ha visto desde la brutal represión de las protestas antigubernamentales de 2018, dicen los expertos.Las medidas agresivas de Ortega son un inesperado desafío para la gestión de Biden, que ha hecho del fortalecimiento a las democracias centroamericanas un pilar de su política exterior en la región.La mano dura de Ortega alcanzó un punto de inflexión el miércoles, luego de que su gobierno acusó a Cristiana Chamorro, una de las principales candidatas de oposición, de lavado de dinero y “falsedad ideológica” y la puso bajo arresto domiciliario horas después de anunciar sus planes de postular a la presidencia en las elecciones del 7 de noviembre. Otro candidato, Arturo Cruz, fue detenido el sábado por la policía por supuestamente “conspirar contra la sociedad nicaragüense”.La policía ha confinado a sus hogares a otros tres aspirantes presidenciales, que no han sido acusados formalmente de ningún cargo, lo que en la práctica impide que realicen campañas electorales.“Ortega está a punto de acabar con toda la competencia política en el país”, comentó Eliseo Núñez, un analista político y activista opositor nicaragüense. “Estamos muy cerca de llamar a esto de una dictadura”.La velocidad con que Nicaragua se ha precipitado hacia el autoritarismo ha tomado por sorpresa incluso a muchos de los oponentes de Ortega.Ortega, otrora líder de la junta revolucionaria de Nicaragua, ha desmantelado gradualmente las instituciones democráticas del país y sofocado la disidencia desde que regresó al poder en 2007 tras ganar unas elecciones democráticas. Más de 320 personas, en su mayoría manifestantes, murieron en protestas contra su gobierno en 2018, lo que la convierte en la peor ola de violencia política en América Latina en tres décadas.Las protestas ayudaron a sumir a uno de los países más pobres de la región en una recesión económica prolongada y condujeron a la imposición de sanciones estadounidenses contra los principales funcionarios de Ortega, incluida su esposa, Rosario Murillo, quien es la vicepresidenta y su portavoz.Ortega, intentando aliviar la presión económica e internacional, inició un diálogo con la oposición tras las protestas y estableció un plazo con la Organización de Estados Americanos el año pasado para lograr que el sistema electoral nicaragüense sea más justo.Pero al acercarse el plazo para la reforma, Ortega viró radicalmente hacia la represión. Ha nombrado a sus partidarios al consejo supremo electoral. Introdujo una serie de leyes que permiten a sus funcionarios detener o descalificar a cualquier ciudadano que haya expresado críticas al presidente, incluidos periodistas y políticos.“Ortega hizo todo lo contrario de lo que se esperaba”, observó Carlos Tünnerman, un ex alto funcionario del gobierno revolucionario de Ortega en los años ochenta. “Ha demostrado que está listo para hacer cualquier cosa para mantenerse en el poder”.La medida más audaz del gobierno hasta ahora ha sido el arresto sorpresivo de Cristiana Chamorro, heredera de una de las familias más ricas e influyentes de Nicaragua y cuya madre derrotó a Ortega en las elecciones de 1990. Hasta hace poco, Chamorro dirigía una fundación que capacitaba a periodistas independientes de Nicaragua con fondos recibidos parcialmente de Estados Unidos, lo que llevó al gobierno a acusarla de lavado de dinero y subversión.Cristiana Chamorro, al centro, candidata líder de la oposición, en Managua la semana pasada.Inti Ocon/Agence France-Presse — Getty ImagesEn la actualidad solo un grupo creíble de la oposición tiene la posibilidad legal de participar en las elecciones de noviembre y representa la última esperanza para los opositores de Ortega. La agrupación, llamada Ciudadanos por la Libertad, está en el proceso de elegir a su candidato presidencial, quien se convertiría de hecho en estandarte de una oposición por lo general indisciplinada.Los analistas políticos indican que un candidato serio de Ciudadanos por la Libertad tendría buenas oportunidades de movilizar al grueso de los votantes nicaragüenses que no apoyan al gobierno y presentar una amenaza electoral de importancia al partido gobernante.Ortega parece no estar dispuesto a permitirlo. El viernes, la junta electoral, aliada del gobierno, hizo una amenaza velada de prohibir a cualquier candidato que no cumpla con las nuevas leyes que criminalizan la disidencia política.Los líderes opositores comentaron que la nueva directriz permite que los funcionarios electorales tengan el poder de suspender a cualquier candidato que represente una amenaza seria para Ortega o el candidato de su elección para que en la práctica no enfrente oposición.“Están claramente abiertos a dar ese último paso”, dijo Félix Maradiaga, uno de los finalistas en la carrera por la nominación de Ciudadanos por la Libertad a candidato presidencial.El mismo Maradiaga ha estado periódicamente en arresto domiciliario desde noviembre sin que se le hayan presentado cargos.La vocera de Ortega, Murillo, no respondió a un pedido de comentarios sobre las detenciones de los candidatos de la oposición.El rápido deterioro de las protecciones democráticas de Nicaragua ha presentado un desafío para la gestión de Biden, que ya estaba teniendo dificultades para detener el creciente autoritarismo en Centroamérica.Funcionarios y congresistas estadounidenses respondieron a la detención de Chamorro con amenazas de imponer nuevas sanciones contra Ortega.“Definitivamente estamos viendo qué acciones vamos a tomar para responder” a la represión política, dijo el sábado a la Voice of America el principal asesor de la Casa Blanca para América Latina, Juan González.La fuerte dependencia de Nicaragua de las exportaciones preferentes a Estados Unidos y los créditos de prestamistas internacionales financiados por Estados Unidos significa que las sanciones son una seria amenaza económica para Ortega, dijo Tiziano Breda, analista centroamericano de International Crisis Group.Pero la introducción de sanciones de importancia podrían conducir a la ya contraída economía de Nicaragua a una crisis, impulsando un nuevo éxodo de migrantes de la región hacia Estados Unidos.“Ortega ya ha presidido una economía de guerra; está demostrando que está dispuesto a repetir la historia”, comentó Breda. “La pregunta es: ¿Estados Unidos está dispuesto a afrontar las consecuencias de sus acciones?”Yubelka Mendoza More

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    Daniel Ortega impedirá elecciones libres en Nicaragua

    MANAGUA — Los procesos electorales en América Latina se dan de manera más o menos imperfecta, pero se dan; y, salvo pocas excepciones, los votos de los ciudadanos se cuentan de manera transparente. Son sistemas democráticos que aún no logran resolver problemas de fondo en nuestras sociedades, y en algunos países la credibilidad de las instituciones se ha deteriorado, pero los electores pueden corregir el rumbo. No es el caso de Nicaragua.En noviembre de este año se celebran elecciones para presidente y vicepresidente, y para renovar el total de los asientos de la Asamblea Nacional. La decisión cerrada de Daniel Ortega, quien llegó por segunda vez a la presidencia en 2007, es reelegirse una vez más, junto con su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo. Así alcanzaría veinte años consecutivos de mando, sin contar los diez que gobernó en el periodo de la revolución en los años ochenta, con lo que superaría con creces a cualquier miembro de la familia Somoza, que gobernó el país directa o indirectamente entre 1937 y 1979.En las últimas semanas, el plan maestro fraguado para impedir unas elecciones democráticas se ha echado a andar, y sus resultados empiezan a ser palpables.¿Se puede hablar de elecciones justas, libres y transparentes en Nicaragua? Los hechos lo niegan.La rebelión cívica iniciada en abril de 2018, con un saldo de al menos 328 asesinados, principalmente jóvenes, fue dominada por medio de la represión violenta, de acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ahora toca el turno de actuar a la maquinaria política. Estas elecciones están orquestadas para anular la participación de las fuerzas que representen un riesgo real de cambio político, apartar a los candidatos que verdaderamente sean un desafío a la continuidad de Ortega e impedir el derecho de la ciudadanía al voto libre y secreto.La Asamblea Nacional, dominada por la aplanadora orteguista, aprobó en enero una reforma a la Constitución que impone la cadena perpetua por “delitos de odio”. Pero no busca castigar el odio racial o contra las minorías, sino a quienes adversan al régimen. También una ley de ciberdelitos, destinada a mantener bajo control a las redes sociales, y otra que impide presentarse como candidatos a cargos públicos a quienes caigan bajo la calificación de “agentes extranjeros”. Las causales son tantas, que resulta imposible librarse de algunas de ellas.La Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz, pena con cárcel y despoja del derecho de ejercer cargos públicos a quienes, entre otros delitos antipatrióticos, “exalten y aplaudan sanciones contra el Estado de Nicaragua”. Es la única ley en el mundo que castiga los aplausos.Una de las protestas de 2018, en ManaguaEsteban Biba/Epa-Efe vía RexEn diciembre de 2018, la policía allanó las oficinas de El ConfidencialMeridith Kohut para The New York TimesEn octubre del año pasado, una resolución votada por la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos advierte que deben darse negociaciones “incluyentes y oportunas” entre el gobierno y la oposición para acordar reformas electorales “significativas y coherentes con las normas internacionales”; modernización y reestructuración del Consejo Supremo Electoral para garantizar que funcione de manera “totalmente independiente, transparente y responsable”; actualización del registro de votantes; y, entre otras medidas, observación electoral nacional e internacional.Hace pocas semanas, al abrirse formalmente el periodo electoral, Ortega hizo todo lo contrario: copó la totalidad de los cargos de magistrados del Consejo Supremo Electoral con leales partidarios suyos; e introdujo una serie de reformas a la Ley Electoral que establecen aún mayores restricciones a los partidos. En estas decisiones no hubo ninguna clase de negociación con las fuerzas de la oposición.Muy recientemente, fue despojado de su personería jurídica el Partido de Restauración Democrática, bajo cuya bandera participaría una amplia gama de organizaciones de oposición agrupadas en la Coalición Nacional, varias de ellas formadas a raíz de los sucesos de abril de 2018. Igual pasó con el Partido Conservador.Ahora mismo, el Ministerio Público, obediente también, levanta cargos de lavado de dinero, bienes y activos en contra de Cristiana Chamorro Barrios, hasta hace poco presidenta de la Fundación Violeta Barrios, que lleva el nombre de su madre, expresidenta de Nicaragua. A la cabeza de las encuestas entre los candidatos presidenciales, la acusación contra Chamorro Barrios busca inhabilitarla.Al mismo tiempo, esta semana los estudios de grabación de los programas de televisión de su hermano, el periodista Carlos Fernando Chamorro, que se transmiten a través de las redes sociales, fueron allanados por segunda vez por la policía, y sus equipos y archivos confiscados. Nada parece indicar que la persecución contra los medios independientes de comunicación vaya a detenerse.En medio de estas condiciones adversas, que tienden a empeorar, permanece en la contienda la Alianza Ciudadanos por la Libertad, hasta ahora con su personería en regla. Aún debe escoger a sus candidatos, pero Ortega se ha arrogado, mediante diversos mecanismos y estratagemas, una especie de derecho de veto sobre quienes pueden competir contra él, y quienes no.El aparato electoral es fiel a Ortega en sus distintos niveles, y en las mesas de votación, las papeletas y las actas estarán bajo el control mayoritario de sus partidarios. No existe a la fecha ningún organismo independiente, nacional o internacional, involucrado en la observación electoral.En una protesta de 2018, una manifestante llevó una pancarta con los rostros de Daniel Ortega y Anastasio Somoza.ReutersBajo un estado policial como el presente, no es posible imaginar ninguna actividad proselitista electoral en plazas o calles. El régimen no las permitirá, porque teme un desborde popular como el de hace tres años. Y la policía impide a los candidatos, de manera arbitraria, salir de sus domicilios. Se tratará entonces de unas elecciones donde, por lo visto, la campaña electoral se haría desde la cárcel, o con la casa por cárcel.Una resolución del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en marzo manda que se deje de acosar y asediar a los opositores y disidentes políticos en Nicaragua, y que cesen las detenciones arbitrarias, las amenazas y otras formas de intimidación como método para reprimir la crítica; y pide, además, “liberar a todos aquellos arrestados ilegal o arbitrariamente”. Pero todas las demandas y censuras de los organismos internaciones son papel mojado para Ortega. Más de cien prisioneros políticos permanecen en las cárceles.Mientras algún partido esté dispuesto a apañar el fraude, aceptando los escaños que le asignen como segunda fuerza en la Asamblea Nacional; y mientras su reelección sea reconocida diplomáticamente por los países occidentales una vez consumada, considerará que tiene la legitimidad que necesita.Y como en las viejas historias de los dictadores latinoamericanos, algún subalterno le preguntará antes de abrir las urnas: ¿Con cuántos votos quiere ganar, Su Excelencia?Sergio Ramírez es novelista y ensayista. Fue vicepresidente de Nicaragua entre 1985 y 1990. En 2017 fue galardonado con el premio Cervantes. More