Political Prisoners

Subterms

    More stories

    • 125 Shares149 Views

      in Elections

      En Nicaragua se profundiza la represión y la democracia peligra

      by

      Durante la presidencia de Daniel Ortega, el país está a un paso de convertirse en un Estado de partido único. Las acusaciones de lavado de dinero contra su principal rival agudizan las preocupaciones.MANAGUA, Nicaragua — Los candidatos de la oposición han sido detenidos. Las protestas se han prohibido. Y los partidos políticos han sido descalificados.A meses de postular a la reelección, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, deja al país a un paso de convertirse en un Estado de partido único, al tomar medidas drásticas contra la oposición a un grado que no se ha visto desde la brutal represión de las protestas antigubernamentales de 2018, dicen los expertos.Las medidas agresivas de Ortega son un inesperado desafío para la gestión de Biden, que ha hecho del fortalecimiento a las democracias centroamericanas un pilar de su política exterior en la región.La mano dura de Ortega alcanzó un punto de inflexión el miércoles, luego de que su gobierno acusó a Cristiana Chamorro, una de las principales candidatas de oposición, de lavado de dinero y “falsedad ideológica” y la puso bajo arresto domiciliario horas después de anunciar sus planes de postular a la presidencia en las elecciones del 7 de noviembre. Otro candidato, Arturo Cruz, fue detenido el sábado por la policía por supuestamente “conspirar contra la sociedad nicaragüense”.La policía ha confinado a sus hogares a otros tres aspirantes presidenciales, que no han sido acusados formalmente de ningún cargo, lo que en la práctica impide que realicen campañas electorales.“Ortega está a punto de acabar con toda la competencia política en el país”, comentó Eliseo Núñez, un analista político y activista opositor nicaragüense. “Estamos muy cerca de llamar a esto de una dictadura”.La velocidad con que Nicaragua se ha precipitado hacia el autoritarismo ha tomado por sorpresa incluso a muchos de los oponentes de Ortega.Ortega, otrora líder de la junta revolucionaria de Nicaragua, ha desmantelado gradualmente las instituciones democráticas del país y sofocado la disidencia desde que regresó al poder en 2007 tras ganar unas elecciones democráticas. Más de 320 personas, en su mayoría manifestantes, murieron en protestas contra su gobierno en 2018, lo que la convierte en la peor ola de violencia política en América Latina en tres décadas.Las protestas ayudaron a sumir a uno de los países más pobres de la región en una recesión económica prolongada y condujeron a la imposición de sanciones estadounidenses contra los principales funcionarios de Ortega, incluida su esposa, Rosario Murillo, quien es la vicepresidenta y su portavoz.Ortega, intentando aliviar la presión económica e internacional, inició un diálogo con la oposición tras las protestas y estableció un plazo con la Organización de Estados Americanos el año pasado para lograr que el sistema electoral nicaragüense sea más justo.Pero al acercarse el plazo para la reforma, Ortega viró radicalmente hacia la represión. Ha nombrado a sus partidarios al consejo supremo electoral. Introdujo una serie de leyes que permiten a sus funcionarios detener o descalificar a cualquier ciudadano que haya expresado críticas al presidente, incluidos periodistas y políticos.“Ortega hizo todo lo contrario de lo que se esperaba”, observó Carlos Tünnerman, un ex alto funcionario del gobierno revolucionario de Ortega en los años ochenta. “Ha demostrado que está listo para hacer cualquier cosa para mantenerse en el poder”.La medida más audaz del gobierno hasta ahora ha sido el arresto sorpresivo de Cristiana Chamorro, heredera de una de las familias más ricas e influyentes de Nicaragua y cuya madre derrotó a Ortega en las elecciones de 1990. Hasta hace poco, Chamorro dirigía una fundación que capacitaba a periodistas independientes de Nicaragua con fondos recibidos parcialmente de Estados Unidos, lo que llevó al gobierno a acusarla de lavado de dinero y subversión.Cristiana Chamorro, al centro, candidata líder de la oposición, en Managua la semana pasada.Inti Ocon/Agence France-Presse — Getty ImagesEn la actualidad solo un grupo creíble de la oposición tiene la posibilidad legal de participar en las elecciones de noviembre y representa la última esperanza para los opositores de Ortega. La agrupación, llamada Ciudadanos por la Libertad, está en el proceso de elegir a su candidato presidencial, quien se convertiría de hecho en estandarte de una oposición por lo general indisciplinada.Los analistas políticos indican que un candidato serio de Ciudadanos por la Libertad tendría buenas oportunidades de movilizar al grueso de los votantes nicaragüenses que no apoyan al gobierno y presentar una amenaza electoral de importancia al partido gobernante.Ortega parece no estar dispuesto a permitirlo. El viernes, la junta electoral, aliada del gobierno, hizo una amenaza velada de prohibir a cualquier candidato que no cumpla con las nuevas leyes que criminalizan la disidencia política.Los líderes opositores comentaron que la nueva directriz permite que los funcionarios electorales tengan el poder de suspender a cualquier candidato que represente una amenaza seria para Ortega o el candidato de su elección para que en la práctica no enfrente oposición.“Están claramente abiertos a dar ese último paso”, dijo Félix Maradiaga, uno de los finalistas en la carrera por la nominación de Ciudadanos por la Libertad a candidato presidencial.El mismo Maradiaga ha estado periódicamente en arresto domiciliario desde noviembre sin que se le hayan presentado cargos.La vocera de Ortega, Murillo, no respondió a un pedido de comentarios sobre las detenciones de los candidatos de la oposición.El rápido deterioro de las protecciones democráticas de Nicaragua ha presentado un desafío para la gestión de Biden, que ya estaba teniendo dificultades para detener el creciente autoritarismo en Centroamérica.Funcionarios y congresistas estadounidenses respondieron a la detención de Chamorro con amenazas de imponer nuevas sanciones contra Ortega.“Definitivamente estamos viendo qué acciones vamos a tomar para responder” a la represión política, dijo el sábado a la Voice of America el principal asesor de la Casa Blanca para América Latina, Juan González.La fuerte dependencia de Nicaragua de las exportaciones preferentes a Estados Unidos y los créditos de prestamistas internacionales financiados por Estados Unidos significa que las sanciones son una seria amenaza económica para Ortega, dijo Tiziano Breda, analista centroamericano de International Crisis Group.Pero la introducción de sanciones de importancia podrían conducir a la ya contraída economía de Nicaragua a una crisis, impulsando un nuevo éxodo de migrantes de la región hacia Estados Unidos.“Ortega ya ha presidido una economía de guerra; está demostrando que está dispuesto a repetir la historia”, comentó Breda. “La pregunta es: ¿Estados Unidos está dispuesto a afrontar las consecuencias de sus acciones?”Yubelka Mendoza More

    • 88 Shares169 Views

      in Elections

      ¿Qué pasa en Bielorrusia? Una guía básica

      by

      Un avión que no llegó a su destino planeado, un periodista disidente detenido y todo lo que pasó antes del “secuestro de Estado” del que todos hablan.El aterrizaje forzoso de un vuelo comercial el domingo, considerado por varios países como un secuestro de Estado, ha puesto a Bielorrusia y a su presidente, Alexander Lukashenko, de nuevo en primer plano a nivel mundial.Se produjo a menos de un año de que los bielorrusos se enfrentaron a una violenta represión policial al protestar por los resultados de unas elecciones que muchos gobiernos occidentales tacharon de farsa.Según los gobiernos occidentales, el vuelo de Ryanair procedente de Atenas y con destino a Vilna, Lituania, fue desviado a Minsk con la excusa de una amenaza de bomba, con el objetivo de detener a Roman Protasevich, un periodista disidente de 26 años. En un video publicado por el gobierno, confesó haber participado en la organización de “disturbios masivos” el año pasado, pero sus amigos dicen que la confesión se hizo bajo amenaza.Para quienes intentan ponerse al día, he aquí el contexto que los ayudará a seguir a la par de la historia en curso. More

    • 100 Shares149 Views

      in Elections

      What’s Happening in Belarus? Here Are the Basics.

      by

      For those trying to catch up on the “state hijacking” of an airplane, the arrest of a dissident and what preceded it.The forced landing of a commercial flight on Sunday, seen by several countries as a state hijacking, has put Belarus and its strongman president, Alexander G. Lukashenko, in a new global spotlight.It came less than a year after Belarusians were met with a violent police crackdown when they protested the results of an election that many Western governments derided as a sham.The Ryanair flight from Athens to Vilnius, Lithuania, was diverted to Minsk using the ruse of a bomb threat, according to Western governments, with the goal of detaining Roman Protasevich, a 26-year-old dissident journalist. In a video released by the government, he confessed to taking part in organizing “mass unrest” last year, but friends say the confession was made under duress.For those trying to catch up, here’s the background that will help you follow along with the ongoing story. More

    • 125 Shares179 Views

      in Elections

      ‘Tell Us if He’s Dead’: Abductions and Torture Rattle Uganda

      by

      Hundreds have been detained, many brutalized, after a bloody, contested election. The government of Yoweri Museveni appears intent on breaking the back of the opposition.KAMPALA, Uganda — Armed men in white minivans without license plates picked up people off the streets or from their homes.Those snatched were taken to prisons, police stations and military barracks where they say they were hooded, drugged and beaten — some left to stand in cellars filled with water up to their chests.The fear is still so palpable in the capital, Kampala, that many others have gone into hiding or left the country.Three months after Uganda’s president, Yoweri Museveni, won a sixth five-year term in office in the most fiercely contested election in years, his government appears to be intent on breaking the back of the political opposition. The president of Uganda, a strategically located country in East Africa, is a longtime U.S. military ally and major recipient of American aid.His principal challenger, Bobi Wine, a magnetic musician-turned-lawmaker who galvanized youthful crowds of supporters, is now largely confined to his house in Kampala. Mr. Wine’s party said on Friday that 623 members, supporters and elected officials have been seized from the streets and arrested in recent weeks, many of them tortured.The musician-turned-oppostion politician Bobi Wine is now largely confined to his home, his party members and supporters arrested.Esther Ruth Mbabazi for The New York TimesFor many Ugandans, the enforced disappearances suggest a slide toward the repressive policies of dictators such as Idi Amin and Milton Obote — who was ousted by Mr. Museveni. Ugandans now say they worry that President Museveni, after 35 years in power, is adopting some of the harsh tactics used by the autocrats he railed against decades ago.“I didn’t know if I was going to make it out dead or alive,” said Cyrus Sambwa Kasato, his eyes darting as he spoke, his hand tugging at the rosary around his neck. A district councilor with Mr. Wine’s opposition party, he said he was held at military intelligence headquarters, his hands chained to the ceiling, whipped by several men at once.President Museveni has acknowledged arresting 242 people, branding them “terrorists” and “lawbreakers,” and admitted that an elite commando unit had “killed a few.” But he denied that his government was disappearing its own citizens.Cyrus Sambwa Kasato, a district councilor with the opposition party,  said he was held at military intelligence headquarters, chained to the ceiling and whipped.Esther Ruth Mbabazi for The New York TimesA military spokesman, Lt. Col. Deo Akiiki, said in an email, “Terrorism has changed the modus operandi of some security operations across the world.”He defended the use of the unmarked white vans, saying that using “unidentifiable means of transport” was not unique to Uganda and that other countries — including the United States and Britain — have deployed similar methods to deal with “hard-core criminals.” He added that military officers are well trained in upholding human rights.The detentions and disappearances, in Uganda’s central region and elsewhere in the country, have targeted both young and middle-aged men and women.Some of those detained say they had collected evidence of vote tampering to present to the Supreme Court to challenge the official election results — which gave Mr. Museveni 59 percent of the vote to 34 percent for Mr. Wine. Mr. Wine has since dropped his challenge.Many of those who agreed to be interviewed were initially afraid to meet, fearing that journalists were actually government operatives. They asked to meet in public spaces or in party offices. Most did not want their names used for fear of retribution.They said uniformed soldiers or plainclothes gunmen whisked them away in unmarked minivans, known as “drones,” and shuffled them between prisons, police stations and military barracks — making it hard for their families and lawyers to find them.Campaign billboards for President Museveni, who was elected to his sixth five-year term.Esther Ruth Mbabazi for The New York TimesThey were ordered to turn over evidence of vote-rigging, accused of orchestrating violence and participating in an American plot to start a “revolution.” Mr. Museveni has claimed that the opposition was receiving support from “outsiders” and “homosexuals” who don’t like the “stability of Uganda.”Some said they were charged in a military court with possessing “military stores,” including the red berets worn by supporters of Mr. Wine, which the government banned in 2019.David Musiri, a member of Mr. Wine’s National Unity Platform Party, said he was shopping at a supermarket in Kampala on Jan. 18 when six gunmen in plainclothes assaulted him and injected him twice with a substance that made him lose consciousness.Mr. Musiri, 30, said he was placed in solitary confinement with his hands and feet tied together. Like most of those arrested, he said that his jailers interrogated him about what they called “Plan B” — Mr. Wine’s postelection strategy.Soldiers made him listen to recordings of his own phone calls with party officials, and kicked and hit him so much that he started urinating blood, he said. When he was released four days later, he couldn’t walk.“We are the very people funding the dictator to do this to us,” he said.David Musiri, a member of the opposition party, said soldiers beat him so badly he couldn’t walk, and interrogated him about a suspected “Plan B.”Esther Ruth Mbabazi for The New York TimesMr. Kasato, the district councilor, said that plainclothes officers picked him up from a church meeting on Feb. 8, threw him, hooded, into a car and clobbered him.He said the men asked him for the evidence of election rigging he’d collected, and whether he had sent it to Mr. Wine’s party. He said, yes, he had.Mr. Kasato, a 47-year-old father of 11, said that while he was chained to the ceiling, his feet barely touching the ground, military officers whipped him with a wire and pulled at his skin with pliers. “It was a big shock,” he said. “I was praying deeply that I really survive that torture.”In late February, Mr. Kasato was charged with inciting violence during the November protests in which security forces killed dozens of people — accusations he denies. He has been released on bail, but said he was still in intense physical pain, and that his doctors advised he seek medical attention abroad.Analysts say that Mr. Museveni, 76, who has ruled Uganda since 1986, is trying to avoid history repeating itself. He himself was a charismatic young upstart who accused his predecessor, Mr. Obote, of rigging an election, and led an armed rebellion that after five years managed to take power.Mr. Wine, 39, whose real name is Robert Kyagulanyi, has become the face of this young movement, promising to shake up the country’s stifled politics. As his campaign gained ground last year, he was arrested and beaten and placed under de facto house arrest.“We are seeing a movement toward full totalitarianism in this country,” said Nicholas Opiyo, a leading human rights lawyer. He was abducted last December and released, charged with money laundering after his legal advocacy group received a grant from American Jewish World Service, a New York-based nonprofit.“I have never felt as restricted and constrained as I am today,” said Nicholas Opiyo, a human rights lawyer, who was detained.Esther Ruth Mbabazi for The New York TimesAfter years of working to defend civil liberties in Uganda, Mr. Opiyo said, “I have never felt as restricted and constrained as I am today,” adding, “It feels like the noose is tightening on our neck.”Authorities have started releasing some of those forcibly disappeared following weeks of public outcry.On a March morning in Kyotera, a town 110 miles southwest of the Ugandan capital, news spread that 18 of the 19 local people who went missing had been returned.One was Lukyamuzi Kiwanuka Yuda, a 30-year-old trader who was taken from his home on the night of Jan. 8. Mr. Yuda said that 15 to 20 men in black counterterrorism police uniforms broke down his door, beat him and asked whether he was training “the rebels.”Lukyamuzi Kiwanuka Yuda, embraced by friends upon his release, said he was detained for more than 70 days in a hood and shackles.Esther Ruth Mbabazi for The New York TimesFor more than 70 days, he said, he and others detained with him remained hooded and shackled, allowed to lift their hoods only up to their lips when eating their one meal a day.“We would count the days based on when the meal for the day arrived,” he said, while continuously gazing at the sky. When asked why he kept looking up, he said, “I miss the sun.”In the hours after the reunion, neighbors and local officials gathered, cheering, ululating and hugging the returnees. A tent was pitched, and soon families arrived dressed in their best as a pastor delivered a prayer of thanks.But one resident quietly slipped out.After rushing over, Jane Kyomugisha did not find her brother among those released. Her brother, who is 28, had run in the local council election as an independent. He was taken away on Jan. 19 and has not been seen since. Ms. Kyomugisha said she has asked about him at numerous police stations, but in vain.“I feel a lot of pain that others have come back and my brother is not here,” she said in an interview at her convenience store in town. With each passing day, she feels more hopeless.“They should tell us if he’s dead,” she said. “Give us back the body and let our hope end there.”Jane Kyomugisha said that her brother, who ran as an independent in a local council election, was abducted in January and has not been seen since.Esther Ruth Mbabazi for The New York Times More

    • 175 Shares179 Views

      in Elections

      Latest Claim in the Effort Against Aung San Suu Kyi: A Bag of Cash

      by

      The Myanmar military’s latest accusations against the ousted civilian leader suggest a monthslong campaign to neutralize the country’s most popular politician.The Myanmar construction tycoon spoke in a faltering monotone, blinking fast and gulping occasionally for air. He said that over the past several years he had handed a total of $550,000 to Daw Aung San Suu Kyi, the civilian leader of Myanmar who was ousted in a military coup last month.On two occasions, he had provided $100,000 and $150,000, the businessman said in a confessional statement broadcast on a military television network Wednesday night. In the English subtitles, the money had been handed over in a “black envelope.” In Burmese, the description had him presenting the money, meant to enhance his business ties, in a paper gift bag.Either way, the envelope or gift bag would have been very large to hold that much cash.The televised statement by U Maung Weik, a military crony who was once imprisoned for drug trafficking, appears to be the latest act in an intricately planned effort to impugn Ms. Aung San Suu Kyi.Before elections in November, an online campaign amplified by pro-military groups raised a litany of unproven allegations against the civilian leader, who had shared power with the military for five years. Once her party won a landslide victory, military-linked forces stepped up their attacks on her, calling her corrupt and under the influence of foreigners.Then, after the military staged its Feb. 1 coup, security forces detained individuals who had been named months earlier as key members of a foreign plot, blessed by Ms. Aung San Suu Kyi, to destabilize Myanmar. The chronology suggests a well-planned effort to rid the country of its most beloved leader.Protesters clashing with security forces in Yangon, Myanmar, on Tuesday.The New York Times“We have seen their attempt to arrest Daw Aung San Suu Kyi since before the election,” said U Khin Maung Zaw, her lawyer. He has not been able to see his client nor has he been given power of attorney so he can formally handle her legal affairs.Days before the November polls, the coordinated attacks on social media accused Ms. Aung San Suu Kyi and her governing National League for Democracy of illegally profiting from foreign funding. If the National League for Democracy is found guilty of having been tainted by foreign influence, the party could be disbanded, neutralizing the most popular political force in Myanmar’s history.The targeted campaign — disseminated on Facebook, YouTube, a custom-built website and spoofed emails that shared similar branding and cross-posting — implied that a cabal of Western interests was working with the National League for Democracy to steal the elections and upend Myanmar governance. The custom-built website was developed from a folder named after the military’s proxy party, a digital forensics investigation found.Chief among the supposed plotters was George Soros, the American philanthropist whose Open Society Foundation promotes democracy worldwide.One of the pre-election posts claimed that the Daw Khin Kyi Foundation, a charity group set up in the name of Ms. Aung San Suu Kyi’s mother, was secretly working with the Open Society Foundation to destabilize Myanmar.The implications of the social media attack became clearer this month. Mr. Maung Weik, the construction tycoon, claimed in the television broadcast on Wednesday that he had donated money to the charity. Last week, the military accused Ms. Aung San Suu Kyi of having siphoned off some money from the Daw Khin Kyi Foundation. At least two of the charity’s employees have been detained in recent weeks.On Monday, the same military-controlled television network that broadcast Mr. Maung Weik’s statement announced that arrest warrants had been issued for 11 employees of Open Society Myanmar for aiding the anti-coup protest movement with, among other things, illegal bank transactions. The group’s finance manager has been detained.Volunteer medical doctors operate on an 18-year-old protestor wounded during a crackdown in Yangon, Wednesday.The New York TimesOpen Society Myanmar has denied that it acted illegally by withdrawing funds from its own local bank account.Another pre-election social media attack pointed fingers at a deputy industry minister, a deputy finance minister and an Australian economic adviser to Ms. Aung San Suu Kyi, reproaching them for machinations to control the country. After the military ousted the civilian government last month, all three were detained.The military’s takeover of power has galvanized tremendous pushback from the people of Myanmar. Since the coup, millions of people have demonstrated and participated in labor strikes against the regime.The military has responded with the kind of violence normally reserved for the battlefield. In attacks on protesters, security forces have killed at least 215 people, mostly by gunshot, according to a local group that tallies political imprisonments and deaths; more than 2,000 people have been detained for political reasons since the coup.This week, members of a group representing the disbanded Parliament were charged with high treason. So was Myanmar’s envoy to the United Nations, who gave an impassioned speech last month decrying the military’s seizure of power.On Wednesday, the last of Myanmar’s major independent newspapers ceased publication. More than 30 journalists have been detained or pursued by authorities since the coup. The country, for decades under the military’s fist, is rapidly losing whatever democratic reforms had been introduced over the past few years.Protesters building a roadblock on a bridge, Yangon, on Tuesday.The New York TimesSince Ms. Aung San Suu Kyi was locked up in a pre-dawn raid on the day of the coup, she has been formally charged with various crimes that could see her imprisoned for years. The charges include esoteric crimes such as illegally importing foreign walkie-talkies and contravening coronavirus regulations.Ms. Aung San Suu Kyi has not yet been charged in relation to Mr. Maung Weik’s accusations that he gave her money to better his business relationship with the civilian government. The military television network said that investigators were currently looking into the case.Last week, the military also accused her of illegally accepting 25 pounds of gold and about $600,000. Mr. Maung Weik’s accusations of money transfers are separate from this figure.If charges are brought in any such cases, Ms. Aung San Suu Kyi, 75, could face life imprisonment.“I 100 percent believe that their accusations against Daw Aung San Suu Kyi are groundless,” said U Aung Kyi Nyunt, a spokesman for the National League for Democracy.Ms. Aung San Suu Kyi’s popularity in Myanmar far outstrips that of the generals who have controlled the country for most of the past 60 years. She spent 15 years under house arrest and won the Nobel Peace Prize for her commitment to nonviolent resistance.While her international reputation faded after she defended the military’s ethnic cleansing campaign against Rohingya Muslims, her star appeal endured at home. The National League for Democracy’s electoral performance last year bested its 2015 landslide. The military has called fraud on the polls.Mr. Khin Maung Zaw, Ms. Aung San Suu Kyi’s lawyer, said that by silencing and imprisoning her the military regime risked burnishing her popularity further.“They should not let Daw Aung San Suu Kyi change from a hero to a martyr,” he said. “If Daw Aung San Suu Kyi becomes a martyr, then the strength of the people will never be destroyed, and her martyrdom will become the people’s greatest strength.”A Yangon neighborhood after clashes on Tuesday.The New York Times More

    • 138 Shares129 Views

      in Elections

      Arrest of Opposition Leader in Georgia Raises Fear of Growing Instability

      by

      AdvertisementContinue reading the main storySupported byContinue reading the main storyArrest of Opposition Leader in Georgia Raises Fear of Growing InstabilityLawmakers from parties aligned against the government have vowed to continue a boycott of Parliament until Nika Melia is released from police custody.A protest on Tuesday in Tbilisi, the capital of Georgia, after the arrest of Nika Melia, an opposition leader.Credit…Vano Shlamov/Agence France-Presse — Getty ImagesFeb. 24, 2021, 12:00 p.m. ETMOSCOW — Major opposition parties in the South Caucasus nation of Georgia vowed on Wednesday to boycott Parliament until the government releases a prominent opponent detained recently.The instability adds yet another country to a growing list of former Soviet republics gripped by political tensions, street protests or outright war.Just in the past few months, demonstrations have shaken the government in Belarus, Kyrgyzstan has endured its third post-Soviet revolution, and Azerbaijan and Armenia have fought a vicious war over a breakaway enclave.Though politics in Georgia, a country of just over four million people, have always been sharp-elbowed, the arrest of the opposition leader, Nika Melia, suggested an alarming pivot to more repressive policies by the governing party, Georgian Dream.Mr. Melia, chairman of the United National Movement, a political party founded by a former president, Mikheil Saakashvili, had blockaded himself into the party’s headquarters in Tbilisi, the capital. To make the arrest, police officers scaled fire ladders onto the roof and battered through barricades of furniture inside the building.Mr. Melia stands accused of fomenting a crowd to storm Parliament in 2019, a charge he has dismissed as politically motivated.In a joint statement issued on Tuesday, several United States senators sharply criticized the arrest, saying it “jeopardizes what remains of Georgia’s democracy and its Euro-Atlantic path.”Mr. Melia is the head of the United National Movement, a political party founded by a former president, Mikheil Saakashvili.Credit…Vano Shlamov/Agence France-Presse — Getty ImagesThe statement called for Mr. Melia’s release and for a dialogue between parties to resolve the political crisis that has been brewing since a contested election in October. Members of several opposition parties, including the United National Movement, contend that the vote was rigged and have refused to be seated in Parliament. They have vowed to continue the boycott until Mr. Melia is released.A member of the United National Movement, Zaal Udumashvili, told local news outlets, “We are ready to sit down at the negotiating table, provided that Nika Melia will also be sitting at the table.” Several thousand people protested Mr. Melia’s arrest in central Tbilisi on Tuesday evening.Underlying the political crisis are accusations from the opposition that a billionaire who went into politics, Bidzina Ivanishvili, a backer of the governing party, has destroyed the country’s pluralistic institutions, something Mr. Ivanishvili denies.Shota Utiashvili, vice president of the Atlantic Council of Georgia, said in a telephone interview, “Georgia has been labeled as a beacon of democracy in the region, and it’s really unfortunate to see it sliding toward these signs of authoritarianism.”“Georgia has never been a perfect democracy, but at least its trajectory was in the right direction,” he added.The arrest has also roiled Georgian Dream, the governing party. The prime minister, Giorgi Gakharia, a member of the party, resigned last week to protest the issuing of a warrant for Mr. Melia’s detention. “Polarization and confrontation pose the greatest risks to our country’s future,” he said.The escalating standoff over the disputed election has alarmed Western diplomats who for years have held up Georgia as a democratic success story in the former Soviet Union.The State Department issued a statement last week saying it was “deeply concerned” about the political parties’ inability to resolve the election dispute. The United States, it said, called “on all parties to exercise restraint and avoid any actions or rhetoric that could escalate tensions or result in violence.”AdvertisementContinue reading the main story More

    • 213 Shares189 Views

      in Elections

      De la gloria a la oscuridad: la vida de Aung San Suu Kyi, lideresa política de Birmania

      by

      #masthead-section-label, #masthead-bar-one { display: none }Coup in MyanmarWhat We KnowA Deadly GameMilitary’s AuthorityAung San Suu Kyi Is DetainedWho Is Aung San Suu Kyi?AdvertisementContinue reading the main storySupported byContinue reading the main storyDe la gloria a la oscuridad: la vida de Aung San Suu Kyi, lideresa política de BirmaniaDiez años después de que dejó el arresto domiciliario y prometió luchar por la justicia, la lideresa civil de Birmania se ha convertido en la carcelera de sus críticos y una apologista de la matanza de las minorías.Partidarios de la Liga Nacional para la Democracia desfilaban con un retrato de Aung San Suu Kyi en Rangún, Birmania, durante la jornada electoral del domingo.Credit…Sai Aung Main/Agence France-Presse — Getty Images3 de febrero de 2021Actualizado 08:03 ETRead in EnglishHace una década, Daw Aung San Suu Kyi fue liberada luego de pasar varios años de arresto domiciliario —sin haber podido usar un celular o Facebook— y cuando celebró el fallo de la corte en la oficina de su partido político, que estaba prohibido, emanaba un fuerte olor de humedad por los informes de derechos humanos que estaban amontonados en el piso.Armada con una colección de premios internacionales, lucía un tocado de flores frescas en el cabello cuando se sentó con una postura impecable y le prometió al mundo dos cosas: que lucharía para que los presos políticos de Birmania fuesen liberados y pondría fin a la lucha étnica que ha mantenido las fronteras del país en guerra durante siete décadas.Pero ambas promesas no fueron cumplidas y el icono más resplandeciente de la democracia perdió su brillo. Aung San Suu Kyi, de 75 años, se ha convertido en una apologista de los mismos generales que la encerraron, minimizando su campaña asesina contra la minoría musulmana rohinyá. Como pertenece a la mayoría étnica bamar, sus críticos más fuertes la acusan de racismo y falta de voluntad para luchar por los derechos humanos de todas las personas en Birmania. More

    • 150 Shares119 Views

      in Elections

      Kashmir Votes, and India Hails It as Normalcy in a Dominated Region

      by

      AdvertisementContinue reading the main storySupported byContinue reading the main storyKashmir Votes, and India Hails It as Normalcy in a Dominated RegionIndia’s ruling party worked to make Kashmir’s rural development council elections a showcase. But a visit by Times reporters showed a place still struggling under heavy-handed rule.An Indian soldier stood guard outside a polling station in Kashmir’s northern Bandipora district during its first local election since the government’s crackdown.Credit…Showkat Nanda for The New York TimesDec. 22, 2020, 12:17 p.m. ETSRINAGAR, Kashmir — Votes were counted on Tuesday in the first local elections in Kashmir since the Indian government waged a harsh political and security crackdown in the restive region last year. Officials hailed a solid turnout as a sign that democracy has been restored, but little in Kashmir feels normal.“The voting shows democracy being alive at the grass roots,” the region’s top civil servant, B.V.R. Subrahmanyam, told a group of reporters. “People taking value of their own lives is visible, palpable.”The election — a vote to choose rural development officials — was called suddenly, giving parties only a week to register candidates before the first round of the eight-phase polling began in November, political leaders said. Many prominent Kashmiri politicians and public figures remain in detention with no recourse, or under threat. And hundreds of thousands of political workers for India’s Hindu-nationalist ruling party, the Bharatiya Janata Party, traveled through the region carrying banners and signs, hoping to make a strong showing in a mostly Muslim territory where it has traditionally been loathed.The party, known as the B.J.P., did appear to make some inroads, winning at least three seats and leading in several dozen races in the 280-seat District Development Council. But some of the voter engagement appeared to stem more from defiance than satisfaction.“We’d never want B.J.P. to be in power in Kashmir,” said Kulsoom Chopan, 21, who warmed her hands over a wicker fire pot while waiting to vote at a public boys’ high school in Bandipora, a northern district hemmed in by the Himalayas and Asia’s second-largest freshwater lake. “We would never vote for India.”The New York Times was part of a small group of international media outlets permitted to visit Kashmir on a tightly controlled, government-organized trip to cover the polls.Voters waiting in line outside a polling station in Kashmir’s central Budgam district.Credit…Showkat Nanda for The New York TimesThis relatively small-stakes election was the first time India has allowed foreign reporters into Jammu and Kashmir since August 2019, when Prime Minister Narendra Modi’s government revoked the constitutional provision that gave the region some political autonomy. Jammu and Kashmir, which used to be India’s only Muslim-predominant state, is now a federal territory ruled directly by the Indian government.Mr. Modi said at the time that Kashmir’s special status had helped fuel a 30-year-old armed separatist struggle that resulted in tens of thousands of deaths of security forces, rebels and civilians, and was an impediment to outside investors.However, just as the security clampdown eased, the pandemic hit. Kashmir’s tourism-reliant economy and civil society are now on the verge of collapse: In a year and a half, there’s been no new private investment in Kashmir, and police officials say that recruitment by militant groups is on the rise.Activists say hundreds of people, including separatists, political moderates, civil society advocates and journalists remain in jail after they were swept up last year. Accusations of torture by security forces were widespread.In this climate of fear and uncertainty, the B.J.P. has made a big push into the Kashmir Valley, the center of the separatist struggle, unleashing 300,000 party workers and bringing Muslim politicians in Kashmir into its fold for the first time.“We’re only in the takeoff stage,” said Ghulam Mohammad Mir, B.J.P.’s Kashmir spokesman and a candidate for the development council elections in the valley’s Kupwara district.“We have thousands in election areas in every nook and corner of the valley, open, with flags,” he said.Shepherding sheep outside a polling station in Bandipora. The polls cover 280 District Development Council seats across Jammu and Kashmir.Credit…Showkat Nanda for The New York TimesSeven B.J.P. party workers have been killed in 2020, and a candidate affiliated with the party was shot and injured in November by militants, according to the Jammu and Kashmir police.In the days before the Indian government unilaterally stripped Kashmir’s autonomy, Mr. Modi sent in thousands of army troops to quell anticipated unrest.Prominent Kashmiri politicians, including former chief ministers of Kashmir, some of their relatives and other opposition party leaders, were arrested and detained in government houses for months. Cellphone and internet access were blocked.A dozen petitions challenging the constitutionality of the move remain pending with India’s Supreme Court.Among those detained were Mehbooba Mufti, the head of a powerful regional party, and Farooq and Omar Abdullah, the father and son who led another influential bloc. They have since been released, but when contacted by The Times, they said they were unable to grant interviews. On Saturday, it was announced that the Indian government was investigating Farooq Abdullah on money-laundering charges.Despite the pressure, Waheed ur Rehman Para, a youth leader of Ms. Mufti’s party, trounced his B.J.P. competitor in the restive southern district of Pulwama from a jail cell in Jammu, where he is being held under accusation of being linked to militants. He and his family deny the accusation.A demonstration in Soura, Srinagar, last year, after the Indian government stripped Jammu and Kashmir of its autonomy.Credit…Atul Loke for The New York TimesMohamed Bhat ran as an independent candidate in Bandipora as part of the Gukpar Alliance, a coalition of opposition parties led by Farooq Abdullah promising to restore Kashmir’s autonomy.“There was democracy in Kashmir previously, but with abrogation it was trampled upon,” Mr. Bhat said, speaking of the constitutional provision that was scrapped. “We have united to bring back the special status,” he said.Hasnain Masoodi, a member of Indian Parliament from Mr. Abdullah’s party, complained about the haste with which the central government unilaterally decided to hold the development council elections.“We were not given a level playing field,” he said. “There was no campaign at all. Most of the time we were either denied permission or senior leaders were confined.”Mr. Masoodi, who earlier served as chief justice of Jammu and Kashmir before joining Mr. Abdullah’s party, said the coalition partners weren’t able to vet candidates, but fielded them anyway to avoid leaving the field open for the B.J.P.“They made it into a referendum” on the change to Kashmir’s political status, he said of the B.J.P.Dilbag Singh, the top Indian police officer in the region, denied that opposition parties were refused permission for campaign events. He also denied accusations that police had tortured people.Mr. Singh said that of the hundreds of people detained in August 2019, only 155 remained in custody in Kashmir and other jails around India.“Today we have shown restraint. Not a single bullet has been fired, no civilian has been killed,” Mr. Singh said. “That’s a fact — let them prove it otherwise.”Soldiers guarding the area near a polling station in Bandipora district. Hasnain Masoodi, a member of Indian Parliament, complained about the haste with which the elections were held.Credit…Showkat Nanda for The New York TimesShowkat Nanda contributed reporting from Srinagar, and Sameer Yasir from New Delhi.AdvertisementContinue reading the main story More