More stories

  • in

    Elecciones en Guatemala: lo que hay que saber

    Los comicios en la nación centroamericana están marcados por la exclusión de importantes candidatos y llamados a tomar medidas enérgicas contra la delincuencia.Guatemala, el país más poblado de Centroamérica, votará este domingo en unas elecciones presidenciales que están dirigiendo el foco de atención a la erosión del Estado de derecho en una nación que se ha convertido en una fuente importante de migración hacia Estados Unidos.La incipiente democracia del país tras el fin de una guerra civil hace unas cuatro décadas que dejó cientos de miles de personas desaparecidas o muertas —una de las más sangrientas en la historia reciente latinoamericana— ha decaído en años recientes bajo un gobierno cada vez más autoritario.El poder judicial se ha utilizado como arma arrojadiza y ha forzado al exilio a decenas de jueces y fiscales que se dedicaban a combatir la corrupción. La libertad de prensa también ha recibido ataques: este mes, el editor de un importante periódico que expuso muchos episodios de corrupción fue sentenciado a seis años de prisión tras haber sido acusado de delitos financieros.El Tribunal Supremo Electoral de Guatemala, un país de 18 millones de habitantes, ha incrementado las preocupaciones sobre los ataques a las normas democráticas tras haber descalificado a varios candidatos presidenciales importantes que eran percibidos como una amenaza a la clase política y económica dominante.La descalificación de varios candidatos de la contienda presidencial, entre ellos Carlos Pineda, ha generado dudas sobre la legitimidad de las elecciones del domingo.Daniele Volpe para The New York TimesLas tensiones en torno a la inestable democracia de Guatemala han dejado a algunos votantes desilusionados y preguntándose si deberían incluso molestarse en ir a votar.“Creo que no deberían celebrarse las elecciones”, afirmó Óscar Guillén, de 70 años, quien explicó que tenía planeado dejar su voto en blanco para expresar su descontento.Los electores todavía podrán elegir entre un nutrido grupo de más de 20 candidatos, ninguno de los cuales se prevé que obtenga una mayoría el domingo, lo que obligaría a ir a una segunda vuelta el 20 de agosto entre los dos primeros lugares.Las segundas vueltas se han vuelto comunes en Guatemala desde que los acuerdos de paz de 1996 pusieron fin un conflicto interno que duró 36 años y que estuvo marcado por brutales tácticas de contrainsurgencia que resultaron en un genocidio contra la comunidad indígena.El presidente actual de Guatemala, Alejandro Giammattei, tiene prohibido por ley buscar la reelección. Pero incluso luego de que un aumento pronunciado en los crímenes violentos y un costo de vida extremadamente alto causaron que el mandatario, conservador, sea profundamente impopular, los candidatos líderes en la contienda son de tendencia en general conservadora, lo que sugiere que habrá continuidad con la clase política dominante del país.La votación no es obligatoria en Guatemala y la tasa de abstención, que casi llegó al 40 por ciento en las últimas elecciones presidenciales en 2019, será observada de cerca como un indicador del descontento entre los electores.A continuación, lo que debes saber sobre las elecciones de este domingo.Sandra Torres parece ser la principal candidata, con niveles de apoyo que rondan el 20 por ciento.Daniele Volpe para The New York Times¿Quién se está postulando a la presidencia?Ninguno de los tres candidatos principales tiene proyectado obtener ni siquiera algo cercano a la mayoría necesaria para ganar en primera vuelta el domingo. En diferentes encuestas, Sandra Torres, una ex primera dama, parece ser la principal candidata, con niveles de apoyo que rondan el 20 por ciento. (Según las encuestas, los números del candidato presidencial del partido de Giammattei rondan cifras bajas de un solo dígito)Torres, de 67 años, estuvo casada con Álvaro Colom, presidente de Guatemala de 2008 a 2012 y quien falleció este año, a los 71 años de edad. Se divorciaron en 2011, cuando Torres intentó postularse por primera vez a la presidencia, en un intento de sortear una ley que prohíbe que los familiares del presidente puedan presentarse como candidatos.Torres no logró conseguir la autorización para postularse a la presidencia ese año, pero obtuvo el segundo lugar en las dos elecciones presidenciales más recientes. Después de las elecciones de 2019, fue acusada de cometer violaciones de financiación de campaña y pasó tiempo en arresto domiciliario.A finales del año pasado, un juez sentenció que no había suficientes pruebas para proceder al juicio de Torres, lo que le permitió volver a postularse. Durante la campaña, ha logrado conseguir el apoyo de su partido, la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), el cual está bien arraigado y es ampliamente conocido en Guatemala.Torres, al igual que sus dos principales rivales, ha expresado admiración hacia la represión a las pandillas ejecutada por el gobierno del país vecino de El Salvador, la cual ha ayudado a disminuir los niveles de violencia, pero también ha planteado preocupaciones referentes a abusos de derechos humanos.Torres también ha prometido ampliar las transferencias de efectivo y la asistencia alimentaria para las familias de bajos recursos, valiéndose de su experiencia como primera dama, cuando fue el rostro de este tipo de iniciativas populares.Otra de las principales candidatas, Zury Ríos, de 55 años, es también una figura conocida en la política guatemalteca. Es la hija de Efraín Ríos Montt, quien fue dictador del país a principios de la década de 1980 y que fue condenado por genocidio en 2013 por intentar exterminar a los ixiles, un pueblo maya indígena de Guatemala.Aunque la evidencia contra su padre fue meticulosamente documentada y detallada en su juicio, Ríos ha negado repetidas veces que haya ocurrido un genocidio. Su partido ultraconservador está liderado por figuras que tienen vínculos con su padre.Sin embargo, aunque Ríos publicita sus credenciales conservadoras y su fe cristiana evangélica, tiene un historial más matizado como exdiputada del Congreso, donde forjó alianzas en un esfuerzo por obtener la aprobación legislativa para proyectos de ley enfocados a mejorar las condiciones para las mujeres y la comunidad LGBTQ.Otro de los principales aspirantes a la presidencia es Edmond Mulet, de 72 años, un abogado y experimentado exdiplomático que ha sido el embajador de Guatemala en Estados Unidos y la Unión Europea, así como jefe de la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití.Si bien Mulet ha destacado su experiencia diplomática, también es conocido por su labor como abogado en la década de 1980, cuando fue arrestado en conexión con su trabajo organizando adopciones de niños guatemaltecos por parte de familias canadienses.Aunque fue puesto en libertad rápidamente y ha negado haber cometido algún delito, Mulet ha tenido que invertir tiempo en la campaña para explicar su participación en este episodio.En su campaña, Mulet está representando a un partido nuevo que no ocupa ningún escaño en el Congreso, pero que ha forjado una coalición competitiva de candidatos a nivel local y nacional para las elecciones del domingo. Entre sus propuestas se encuentran la creación de una pensión universal, el incremento de salarios policiales y la construcción de una nueva cárcel de máxima seguridad.Alrededor del 20 por ciento de los legisladores en el congreso de Guatemala enfrentan algún tipo de acusación por corrupción.Daniele Volpe para The New York Times¿Cuáles son los principales temas?Corrupción: Guatemala obtuvo elogios en la última década por sus esfuerzos para reducir la impunidad y la corrupción. Pero esa iniciativa, liderada por una comisión de investigadores internacionales respaldada por la ONU, fue sistemáticamente desmantelada en años recientes cuando los intereses políticos y económicos arraigados comenzaron a acosar a jueces y fiscales anticorrupción y a obligarlos a salir del país.Según grupos defensores de libertades civiles, la exclusión de candidatos importantes en las elecciones refleja cómo la élite está firmemente reafirmando su poder.Familiares alrededor del ataúd de Miguel Rojché Zapalu, uno de los hombres guatemaltecos que murieron en un incendio en un centro migratorio cerca de la frontera con Estados Unidos, durante su funeral en abril en Chicacao, una comunidad indígena.Daniele Volpe para The New York TimesMigración: Los guatemaltecos figuran entre los grupos de migrantes de más rápido crecimiento en Estados Unidos. El número de migrantes que llegan anualmente se ha incrementado cerca de 33 por ciento entre 2010 y 2021, de 830.000 a más de 1,1 millón.Existen varios factores que impulsan a los guatemaltecos a emigrar, en el que destaca la falta de oportunidades económicas: cerca del 59 por ciento de la población vive por debajo de la línea de pobreza.El gobierno de EE. UU. le dio prioridad a la lucha contra la corrupción y el fortalecimiento de la democracia en Guatemala y otros países centroamericanos al principio del mandato del presidente Biden, argumentando que eso evitaría que la gente abandonara su tierra natal.Pero esos esfuerzos han hecho muy poco para prevenir un retroceso de la democracia en la región o para reducir de forma notable el flujo de migrantes.Un acusado es escoltado a una audiencia en unn tribunal de Ciudad de Guatemala.Daniele Volpe para The New York TimesDelincuencia: Un tema importante durante toda la campaña electoral en Guatemala han sido los llamados a emular la represión a las pandillas realizada por el El Salvador, tras señalar la creciente frustración con los altos niveles de crímenes violentos.La cantidad de homicidios en Guatemala —impulsada en parte por pandillas poderosas— se incrementó casi 6 por ciento en 2022 con respecto al año anterior, y también ha habido un aumento marcado en el número de víctimas de homicidio que han mostrado señales de tortura. Muchos guatemaltecos citan el temor a la extorsión y el crimen como razones para emigrar. More

  • in

    Guatemala Election: What to Know

    The election in the Central American nation is marked by the exclusion of top candidates and calls to crack down on violent crime.Guatemala, Central America’s largest nation, will vote on Sunday in presidential elections that are casting scrutiny on the erosion of the rule of law in a country that has become a major source of migration to the United States.Guatemala’s nascent democracy — which emerged after the end of a civil war nearly four decades ago that left hundreds of thousands dead or missing, one of the bloodiest in recent Latin American history — has frayed in recent years under an increasingly authoritarian government.The judiciary has been weaponized and has forced into exile dozens of prosecutors and judges focused on battling corruption. Press freedom has also come under attack, and this month, the publisher of a leading newspaper that exposed many episodes of graft was sentenced to six years in prison after being convicted of financial crimes.The electoral authority in Guatemala, a country of 18 million, has added to concerns about assaults on democratic norms after it barred several top presidential candidates who were viewed as a threat to the political and economic establishment.The disqualification of several candidates from the presidential race, including Carlos Pineda, has raised questions about the legitimacy of Sunday’s voteDaniele Volpe for The New York TimesThe tensions over Guatemala’s teetering democracy has left some voters disillusioned and wondering if they should even bother casting a ballot.“I don’t think there should even be an election,” said Óscar Guillén, 70, explaining that he planned to leave his ballot blank to express his disenchantment.Voters will still choose from a crowded field of more than 20 candidates, not one of whom is predicted to obtain a majority on Sunday, which would force a runoff on Aug. 20 between the top two finishers.Runoffs have become common in Guatemala since peace accords in 1996 ended an internal conflict that lasted 36 years and was marked by brutal counterinsurgency tactics that resulted in genocide against Indigenous people.Guatemala’s current president, Alejandro Giammattei, is barred by law from seeking re-election. But even though a sharp increase in violent crime and a punishingly high cost of living have made Mr. Giammattei, a conservative, deeply unpopular, the leading candidates in the race generally also lean conservative, suggesting continuity with the country’s political establishment.Voting is not mandatory in Guatemala, and the abstention rate, which was nearly 40 percent in the last presidential election, in 2019, will be closely watched as a gauge of voter discontent.Here’s what you need to know about the vote on Sunday.Sandra Torres has been the top candidate across several polls, though her support would fall far short of winning a majority of the vote. Daniele Volpe for The New York TimesWho is running?Of the three leading candidates, no one is predicted to secure anything close to the majority needed to win outright on Sunday. Across several polls, Sandra Torres, a former first lady, appeared to be the top candidate, but with levels of support hovering around 20 percent. (The presidential candidate from Mr. Giammattei’s party is polling in the low single digits.)Ms. Torres, 67, was married to Álvaro Colom, who was the president of Guatemala from 2008 to 2012 and who died this year at 71. They divorced in 2011, when Ms. Torres first tried to run for president and tried to circumvent a law prohibiting a president’s relatives from running for office.She was still barred from running that year, but was the runner-up in the two most recent presidential elections. After the 2019 election, she was accused of campaign finance violations and spent time under house arrest.Ms. Torres prevailed in that case late last year when a judge ruled that were was insufficient evidence to proceed to trial, allowing her to run again. On the campaign trail, she has been able to draw support from her party, National Unity of Hope, which is well established and widely known in Guatemala.Ms. Torres, like her two main rivals, has expressed admiration for the crackdown on gangs by the government in neighboring El Salvador, which has helped drive down violence, but has also raised concerns about human rights abuses.She has also promised to increase cash transfers and food assistance to poor families, building on her time as first lady when she was the face of those kinds of popular initiatives.Another top challenger, Zury Ríos, 55, is also a familiar figure in Guatemalan politics. She is the daughter of Efraín Ríos Montt, a dictator in the early 1980s who was convicted in 2013 of genocide for trying to exterminate the Ixil, a Mayan people.While the evidence against her father was meticulously documented and detailed at his trial, Ms. Ríos has claimed repeatedly that no genocide ever took place. Her ultraconservative party is led by figures with links to her father.Still, while Ms. Ríos promotes her conservative credentials and evangelical Christian beliefs, she has a more nuanced record as a former member of Congress when she forged alliances in an effort to win legislative approval for bills aimed at improving conditions for women and L.G.T.B.Q. people.Another main presidential contender is Edmond Mulet, 72, a lawyer and a seasoned former diplomat who has served as Guatemala’s ambassador to the United States and the European Union, as well as the head of the United Nations Stabilization Mission in Haiti.While Mr. Mulet has highlighted his diplomatic experience, he is also known for his work as a lawyer in the 1980s, when he was arrested in connection to his work arranging adoptions of Guatemalan children by Canadian families.Though he was quickly set free and Mr. Mulet has denied any wrongdoing, he has still spent time on the campaign trail having to explain his involvement in the episode.In his campaign, Mr. Mulet is representing a newly formed party without any seats in Congress, but that has forged a competitive coalition of candidates at the national and local level in Sunday’s election. His proposals include a universal pension, increasing police salaries and building a new high-security prison.About 20 percent of the legislators in Guatemala’s Congress face some kind of corruption accusation.Daniele Volpe for The New York TimesWhat are the main issues?Corruption: Guatemala won plaudits during the past decade for efforts to curb impunity and graft. But that initiative, led by a U.N.-backed panel of international investigators, was systematically dismantled in recent years as entrenched political and economic interests started hounding anticorruption judges and prosecutors from the country.The exclusion of top candidates in the election reflects, civil liberty groups say, how elite figures are steadily reasserting their power.Family members mourned over the coffin of Miguel Rojché Zapalu, one of 17 Guatemalan men killed in a fire at a migration center near the U.S. border, during his funeral in April in Chicacao, a predominantly Indigenous community.Daniele Volpe for The New York TimesMigration: Guatemalans rank among the fastest-growing groups of migrants in the United States. The number of those arriving annually has increased by about 33 percent from 2010 to 2021, from 830,000 to more than 1.1 million.Various factors drive Guatemalans to emigrate, notably a lack of economic opportunity, with about 59 percent of the population living below the poverty line.The United States made fighting corruption and shoring up democracy in Guatemala and other Central American countries a priority early in President Biden’s tenure, arguing that it would keep people from leaving their homelands.But those efforts have done little to prevent a backsliding of democracy in the region or make a major dent in the flow of migrants.A defendant being escorted to a hearing at a court in Guatemala City.Daniele Volpe for The New York TimesCrime: A top theme throughout the campaign season in Guatemala has been calls to emulate the crackdown on gangs in El Salvador, pointing to the rising frustration with high levels of violent crime.The number of homicides in Guatemala — fueled in part by powerful gangs — climbed nearly 6 percent in 2022 from the previous year, and there has also been a sharp increase in the number of murder victims who showed signs of torture. Many Guatemalans cite fears of extortion and crime as reasons to emigrate. More

  • in

    Taiwan Faces a #MeToo Wave, Set Off by a Netflix Hit

    A torrent of sexual harassment accusations has prompted questions about the state of women’s rights on an island democracy that has long been one of Asia’s most progressive places.In the past few weeks, a wave of #MeToo allegations has raced to the very top of Taiwan’s political, judicial and arts scenes, forcing a new reckoning of the state of women’s rights on a democratic island that has long taken pride in being among Asia’s most progressive places.Nearly every day, fresh allegations emerge, setting off discussions on talk shows and on social media, with newspaper commentaries and activist groups calling for stronger protections for victims.In many ways, Taiwan stands out for the significant strides that women have made that helped elect the island’s first female president and bolster laws against rape and sexual assault, before #MeToo took off in the United States. But the flood of new sexual harassment accusations points to what activists and scholars say is entrenched sexism that leaves women vulnerable at work, and a culture that is quick to blame victims and cover up accusations against powerful men.President Tsai, in 2020, with other officials. Some of the earliest #MeToo allegations centered on senior members of her political party, posing risks to the party’s credibility with younger voters.Makoto Lin/Taiwan Presidential Office, via ReutersThe outpouring of complaints was set off by a popular Netflix drama about Taiwanese politics called “Wave Makers,” which featured a subplot about a female member of a political party telling her boss that she had been sexually harassed by a high-ranking party member. Her boss promises to help her report the harassment, and in an indication of how often such politically inconvenient complaints are ignored, says, “Let’s not just let this go this time.”That quote from the fictional supervisor became a clarion call, inspiring more than 100 accusers, mostly women, to speak out on social media, sharing their accounts of unwanted kisses, groping and in a few cases, attempted rape. They described the indignities endured at the workplace, including inappropriate touching and unwanted advances by male colleagues and bosses, as well as lewd comments. Some of their posts have been shared thousands of times.The stakes are particularly high for President Tsai Ing-wen’s governing Democratic Progressive Party. Senior party and government officials were among the first accused of harassment and of seeking to silence accusers, forcing Ms. Tsai to apologize twice for her party’s mishandling of internal complaints. The criticism runs counter to the party’s record as a champion of liberal values, which includes legalizing same-sex marriage in 2019 and granting gay couples the right to adopt earlier this year. And it poses risks to the party’s credibility with younger voters ahead of a presidential election next year.“The Democratic Progressive Party has regarded itself as the governing party that supports gender equality,” Fan Yun, a party legislator who is also a professor specializing in gender issues at National Taiwan University, said in a telephone interview. “The Netflix show was seen by others as a snapshot of what’s happening within the party, and it has brought about great impact.”A scene from Wave Makers. A line from the show about properly addressing a sexual harassment complaint, “Let’s not just let this go this time,” resonated in Taiwan.NetflixAmong the most senior figures accused of harassment is Yen Chih-fa, who denied the allegation but resigned from his post as an adviser to President Tsai. Taiwan’s highest legal body said it would investigate a complaint against a former chief justice, Lee Po-tao. Tsai Mu-lin, a high-level party official, has been accused of bullying a female party staff member into silence when she reported that a male colleague had tried to enter her hotel room.Mr. Tsai, who is not related to the president, has since stepped down.The woman who accused him, Chen Wen-hsuan, said she felt empowered to speak out publicly by the other women who had shared their experiences. “This movement has taught me that no injustice should be swallowed,” she said. “After all, we can’t just let it go.”Allegations have also been made against men from the main opposition party, the Kuomintang, as well as across Taiwan’s society more broadly, including in academia, journalism, and most recently, entertainment.Mickey Huang, a TV personality, apologized after being accused by a woman he met at work of kissing her without her consent and forcing her to be photographed nude. Aaron Yan, a pop star, apologized after an ex-boyfriend accused him of secretly shooting videos of them having sex, when the ex-boyfriend was 16, a minor. Local prosecutors said this week they would investigate the allegation.Mickey Huang, a TV personality, apologized after being accused by a woman of kissing her without her consent and forcing her to be photographed nude.Visual China Group, via Getty ImagesIn some ways, the #MeToo movement points to a generational shift in attitudes brought about by the hard-fought advances won by women’s rights activists in decades past. Taiwan’s younger generation started learning about gender equality in elementary school, as part of curriculum changes enacted in 2004, and have since come of age.But workplaces are struggling to keep pace.Taiwan’s younger generation has “a higher awareness of gender diversity and equality than the older generation,” said Wei-Ting Yen, an assistant professor of government at Franklin and Marshall College in Pennsylvania. “However, the workplace that young people are entering is still dominated by the older generation.”Lawmakers have pledged to quickly pass changes to laws to make workplaces and schools safer by holding organizations accountable for protecting victims of harassment. The changes would require organizations to track complaints and provide independent, third-party review panels if needed. Women’s rights groups have called for Taiwan to extend the statute of limitations for sexual harassment complaints, currently at one year.But activists also say more needs to be done to address the culture of sexism that underlies the misconduct and deters many women from speaking out. A survey by Taiwan’s labor ministry last year showed that only a tiny percentage of female respondents who said they had encountered sexual harassment at work had filed complaints. Activists and scholars in Taiwan say that men in power, whether they are supervisors in workplaces or police officers or judges, are often seen as sympathetic toward other men in power, and likely to blame the victim.This month, Lai Yu-fen, 27, accused a Polish diplomat, Bartosz Rys, on her Facebook and Twitter accounts, of what Ms. Lai described as sexual assault last year. She said that when she filed a police report, investigators asked why she had apologized to the diplomat as she rejected his advances, and why she had not told her family about the encounter. She said a defense lawyer gossiped about her to mutual friends. “I want to take back my own story,” Ms. Lai said in an interview.The Polish Office in Taipei, Poland’s de facto embassy in Taiwan, confirmed that it cooperated with the authorities. Prosecutors decided not to charge Mr. Rys, whose posting ended last year and who later left Taiwan. He did not respond to an emailed request for comment, but said on his Twitter page that Ms. Lai had sought money in exchange for dropping the accusation. (She said the request for money was part of negotiating a legal settlement.)To those working in Taiwan’s civil society, perhaps the most concerning of allegations are those directed at activists seen as influential leaders in the rights community. Lee Yuan-chun, 29, an activist, this month publicly accused Wang Dan, a veteran Chinese pro-democracy dissident, of pressing him onto a bed and asking him for sex in 2014. He said he was suing Mr. Wang.Wang Dan, middle, a Chinese pro-democracy dissident, was accused this month by an activist of pressing him onto a bed and asking him for sex. Andres Kudacki/Associated PressIn a statement, Mr. Wang said he hoped that the public would reserve judgment until a court ruled on the lawsuit. “As a public figure, one’s private life will be subject to more stringent scrutiny,” he said. “Through this incident I will pay more attention to this in the future.” More

  • in

    How Do Kwon, a Crypto Fugitive, Upended the Politics of Montenegro

    Only days before an election in Montenegro, a letter from Do Kwon, the fugitive founder of the Luna digital coin, claimed that crypto “friends” had provided campaign funding to a leading candidate.Already notorious as an agent of market mayhem, the crypto industry has now unleashed political havoc, too, upending a critical general election in Montenegro, a troubled Balkan nation struggling to shake off the grip of organized crime and the influence of Russia.Only days before a vote on June 11, the political landscape in Montenegro was thrown into disarray by the intervention of Do Kwon, the fugitive head of a failed crypto business whose collapse last year contributed to a $2 trillion crash across the industry.In a handwritten letter sent to the authorities from the Montenegrin jail where he has been held since March, Mr. Kwon claimed that he had “a very successful investment relationship” with the leader of the Europe Now Movement, the election front-runner, and that “friends in the crypto industry” had provided campaign funding in return for pledges of “crypto-friendly policies.”Europe Now had been expected to win a decisive popular mandate in elections for a new Parliament. Its campaign mixed populist promises to raise salaries and pensions with pledges to put the country on a clear path to joining the European Union by cleansing the crime and corruption that flourished under Montenegro’s former longtime leader Milo Djukanovic.The party still won the most votes, but fell far short of expectations, finishing just ahead of a rival group that supports Russia and that can now disrupt efforts to form a stable pro-Western coalition government. Only 56 percent of the electorate voted, a record low turnout.Mr. Kwon’s intervention “destroyed us,” said the Europe Now leader, Milojko Spajic, a target of the disgraced crypto entrepreneur’s letter, which was reviewed by The New York Times and whose existence leaked in the local news media before the vote.Milojko Spajic, the leader of the Europe Now Movement, believes Mr. Kwon’s letter hurt his party’s chances in national elections.Stevo Vasiljevic/ReutersIn an interview, Mr. Spajic denounced Mr. Kwon’s accusations as “super fake” and part of a “dirty political game” to hurt his party’s chances. Mr. Kwon’s lawyers have not disputed the letter’s authenticity.As a founder of Terraform Labs, the Stanford-educated Mr. Kwon was once hailed as a crypto trailblazer, responsible for the design of a popular digital coin, Luna, he said would change the world and whose fans he proudly referred to as “Lunatics.”The spectacular collapse in May 2022 of Luna and a second cryptocurrency that Mr. Kwon designed, TerraUSD, transformed him from a hero of innovation into a fugitive wanted by both the United States and South Korea on fraud charges.After that, he vanished, his whereabouts a mystery until the authorities in Montenegro announced in March that he had been arrested while trying to board a private plane to Dubai in Podgorica, the capital, using a forged Costa Rican passport.He had insisted it was genuine, but a Podgorica court on Monday found Mr. Kwon and a South Korean crypto business partner guilty of using forged travel documents and sentenced them to four months in jail.What Mr. Kwon was doing in Montenegro before his arrest and when he arrived is still unclear. His activities since his arrest are murkier.Though stripped of his electronic devices, the jailed Mr. Kwon appears to have somehow moved $29 million from a crypto wallet linked to him, South Korean prosecutors said, confirming a report by Bloomberg News.Dritan Abazovic, the acting prime minister of Montenegro and a political rival to Mr. Spajic, said there was no record of Mr. Kwon entering the country or registering at hotels, so the authorities want to establish whether he had local collaborators.“I’m not accusing Spajic of anything,” Mr. Abazovic said in an interview, “but we need to see what was happening in the crypto community here and whether it was involved in money laundering and campaign financing.”Campaign posters in Podgorica, Montenegro. Only 56 percent of the electorate voted in the election on June 11, the lowest turnout in decades.Stevo Vasiljevic/ReutersLong a center for cigarette smuggling and cocaine trafficking during Mr. Djukanovic’s more than three-decade rule, Montenegro has in recent years promoted itself as a center for the crypto industry.In 2022, Mr. Spajic, who was the finance minister at the time, predicted that the industry could account for nearly a third of Montenegro’s economic output within three years.For Mr. Spajic and fellow blockchain believers, crypto was the next Big Thing, according to Zeljko Ivanovic, the head of the independent media group Vijesti.“It was seen as an easy way out — a new secret recipe to replace the smuggling that had been Djukanovic’s recipe for decades,” Mr. Ivanovic said. “But the miracle cure turned out to be a disaster.”Eager to attract talent, Montenegro last year awarded citizenship to Vitalik Buterin, a Russian-Canadian and the founder of Ethereum, the most popular cryptocurrency platform.Mr. Buterin said he “never knowingly met or talked to Do Kwon, including through third parties,” and “never gave money to Europe Now.”In May, he hosted a blockchain conference in Montenegro that was attended by, in addition to high-tech enthusiasts, Mr. Spajic and the acting prime minister, Mr. Abazovic.The Ethereum founder Vitalik Buterin was awarded Montenegrin citizenship as part of an effort to develop a crypto industry in the country.Michael Ciaglo/Getty ImagesMr. Spajic posted a photograph on Twitter of himself with Mr. Buterin, who is holding up his new Montenegrin passport, and the message: “We will bring the best people in the world to Montenegro.”Montenegro’s welcoming ways, however, also attracted George Cottrell, a British financier convicted of wire fraud in the United States, who later moved to Montenegro under a new name, George Co.Mr. Cottrell, according to officials, left Montenegro for London on June 9, soon after the police raided Salon Privé, a bar in the coastal resort town of Tivat that law enforcement officials believe is connected to him. It features gambling machines and a “cryptomat,” used for buying and trading digital currencies.Ratko Pantovic, Mr. Cottrell’s lawyer, who also represents the bar, said his British client had no connection to the gambling salon or the crypto industry.Montenegro’s acting interior minister, Filip Adzic, who oversaw the police raid in Tivat, said Mr. Cottrell had not been charged with any crime but was being investigated for involvement in possibly illegal crypto activities.Montenegro, Mr. Adzic said, needed to be careful with a business that, because it facilitates anonymous transactions, “is good for organized crime, good for financing terrorists and good for money laundering.”The police raided a bar in Tivat, Montenegro, that featured gambling machines and a “cryptomat,” used for buying and trading digital currencies.Savo Prelevic/Agence France-Presse — Getty ImagesAmerican and South Korean prosecutors want to examine three laptops and five cellphones seized by the authorities from Mr. Kwon at the time of his arrest for clues to what happened to billions of dollars invested in his now mostly worthless digital coins.Of more interest to Montenegrin authorities, however, is what they may contain relating to campaign financing and Mr. Kwon’s relationship with Mr. Spajic.In a court hearing on June 16, Mr. Kwon’s lawyers said their client denied having funded Mr. Spajic’s electoral campaign. Mr. Kwon’s letter, however, said that “other friends in the crypto industry” contributed.“I have evidence of these communications and contributions,” Mr. Kwon said in his letter.Mr. Spajic initially denied any connection to Mr. Kwon, but later acknowledged he had known him since 2018 and invested money with him on behalf of an investment fund he says he was working for in Singapore — “he cheated us,” Mr. Spajic said — and met him again late last year in Belgrade.That followed an announcement by South Korean prosecutors in September that Interpol, the global police organization, had issued a “red notice” for Mr. Kwon’s arrest. Mr. Spajic said he had met Mr. Kwon only because “we wanted our money back.”Mr. Kwon gave a different account, claiming in his letter that Mr. Spajic wanted to discuss campaign financing. He said Mr. Spajic, who was then planning to run for the presidency, explained that he was “raising few million USD for the upcoming campaign” and “asked me to make a contribution.” Mr. Kwon said he declined.Mr. Spajic said it was “absolutely false” that they discussed campaign financing.Milan Knezevic, leader of the pro-Russian bloc that finished second in the June 11 election, casts his ballot.Boris Pejovic/EPA, via ShutterstockMilan Knezevic, the leader of the pro-Russian bloc that finished second in the election, said he relished his group’s unexpectedly strong result, achieved in part because of the disruption caused by Mr. Kwon, but he still regretted that Montenegro had opened its arms to crypto mavens.It would have been better, Mr. Knezevic said, sitting in an office decorated with pictures of President Vladimir V. Putin of Russia, to have welcomed fighters from the Islamic State militant group.“At least with ISIS, you know what you are up against,” he said. “But we have no idea what these crypto people are really doing.”Alisa Dogramadzieva More

  • in

    Sierra Leone’s Election: What to Know and Latest News

    In Saturday’s vote, President Julius Maada Bio is seeking a second five-year term to pursue an ambitious if unfulfilled education initiative, while the country is facing a crippling economic crisis.Since he became president of the small West African nation of Sierra Leone in 2018, Julius Maada Bio has dedicated 22 percent of the country’s budget to education, a policy that has sent an additional one million children to school and received attention from international backers.As Sierra Leoneans voted on Saturday for their next president — some lining up at polling stations hours before they were scheduled to open — Mr. Bio made that education initiative a key argument for voters to give him a second five-year term.But many voters have more urgent concerns than an education policy that has often fallen short: soaring inflation, youth unemployment, daily power cuts and relentless heat waves worsened by climate change.Across the country on Saturday, many polling stations remained closed because electoral materials or officials were missing.“Some of us have been here since 3 a.m. and still voting hasn’t started,” Ishmael Beah, a Sierra Leonean writer, wrote on Instagram shortly before midday. “We don’t really understand what is going on.”New shade covers the Congo Market in Freetown, where relentless heat waves are making life increasingly difficult.Yagazie Emezi for The New York TimesWhat is at stake in the election?Sierra Leone, home to 8.4 million people and one of the world’s poorest countries, has gained attention for its new education policy, which if it succeeds, could inspire other countries in Africa and beyond.But economic matters top most voters’ concerns: The war in Ukraine has driven up fuel and food prices, including for rice, fish and gas.Year-on-year inflation is above 43 percent, the highest level in two decades. The national currency, the Leone, has had the worst depreciation in sub-Saharan Africa.“When Sierra Leoneans think they’ve reached the bottom, it gets worse,” said Cyril Jengo, an economist based in Freetown, the capital.The leading candidates say they plan to address the cost-of-living crisis, but Sierra Leone’s entire economy would need a revamp, analysts say, as it mostly relies on imports and is frequently hit by crises: the Ebola epidemic a decade ago, the coronavirus pandemic and now the ripple effects of the war in Ukraine.Who are the candidates?Out of 13 candidates, two have a credible chance of winning: Mr. Bio, the current president, and Samura Kamara, a former government minister.The election is a rematch: Mr. Bio was elected in 2018 after beating Mr. Kamara by a tight margin.Mr. Bio, 59, a former military officer who participated in two coups during Sierra Leone’s civil war in the 1990s, briefly ruled the country in 1996 as the head of a military junta. He handed power to a democratically elected president a few months later and went to study in the United States. He returned to Sierra Leone, and ran for president in 2018.President Julius Maada Bio is seeking a second five-year term.John Wessels/Agence France-Presse — Getty ImagesMr. Bio has vowed to provide free health care to all children going to school, and to promote food self-sufficiency.Mr. Kamara, 72, is an economist who served as minister of finance and then foreign affairs when his party was in power in the 2010s.He has made broad promises about economic development, opportunities for youth and the fight against climate change.In 2021, Mr. Kamara was charged with embezzlement in a case tied to the renovation of Sierra Leone’s consulate in New York while he was foreign minister. Mr. Kamara’s supporters say the case, which is being heard by the Supreme Court, is politically motivated to discredit him. The case was adjourned so that he could run, but a ruling is expected in July.Samura Kamara is challenging Mr. Bio again after narrowly losing in 2018.John Wessels/Agence France-Presse — Getty ImagesWhat is the president’s record?Through its education reform, Mr. Bio’s government has sought to ban school fees and recruited thousands of new teachers. More than 3.1 million children are now officially in school, up from under two million in 2018.But many parents still have to pay school fees, and teachers complain that they have not received the salary increase they were promised.Girls on their way to school in Freetown. Mr. Bio has dedicated 22 percent of Sierra Leone’s budget to education.John Wessels/Agence France-Presse — Getty ImagesMr. Bio’s government has also adopted a land-rights policy aimed at protecting local communities against foreign companies seeking to exploit their land. And a new gender-equality policy requires employers to hire women to at least 30 percent of their positions — a minimum that the current government has not reached.But Mr. Bio has also been criticized for muzzling civil society groups and responding with violence to demonstrations last summer, resulting in more than 25 deaths. And his promises to address the economic crisis and develop agriculture sound hollow to many.“The poverty is endemic and deepening,” said Jimmy Kandeh, a Sierra Leonean professor emeritus of political science at the University of Richmond in Virginia. “Whether the politics will deliver a change, I don’t think there’s much hope in that.”When, where and how do people vote?Some 3.4 million people are registered to vote on Saturday in Sierra Leone’s five administrative areas. They will also elect their members of Parliament, mayor or local chiefs, and local councilors.Observers from the African Union, the West African economic bloc known as ECOWAS, the European Union and the Carter Center are monitoring the vote. There is no electronic voting.What do polls predict, and when are results expected?Polls have Mr. Bio as the favorite. Many of the country’s 3.4 million voters vote along regional and ethnic allegiances.Presidential candidates must get 55 percent of the vote to win in the first round, and a runoff is likely, according to Mr. Kandeh. Results are expected to be announced by the electoral commission the following week. A runoff would be organized two weeks later.For the first time, polling officials will send results to a database run by the electoral commission via a dedicated app. Nigeria tested a similar method for the presidential election in February, but the process was plagued with problems, and the results were delayed.Joseph Johnson contributed research. More

  • in

    In New York Primaries, Democrats Feel the Heat From the Right

    The Queens district attorney and several City Council members face more conservative challengers who are criticizing them on issues including public safety.When Melinda Katz ran for Queens district attorney in 2019, her principal opponent in the Democratic primary was a public defender and democratic socialist with a platform of ending cash bail and eventually abolishing the police.With endorsements from progressive prosecutors around the country — as well as from Senators Elizabeth Warren and Bernie Sanders and Representative Alexandria Ocasio-Cortez — Tiffany Cabán, a first-time candidate, lost by fewer than 60 votes after painting Ms. Katz as a regressive Democrat.Four years later, the strongest challenge to Ms. Katz is coming from George Grasso, an opponent running to her right who has accused her of being soft on crime.It’s not the only contest in the city where moderate Democrats are facing opponents on the right in primaries on Tuesday. In several City Council races, from the Bronx to southern Brooklyn, moderate Democrats are being challenged over public safety, affordable housing and education by more conservative members of their own party.“It’s really rare that so many challengers in this primary season are running to the right of the incumbent Democrat,” said Trip Yang, a Democratic consultant who is working on the campaign of Stanley Ng, who is running to the right of the front-runner in the 43rd Council District in southern Brooklyn. “Primary challengers to incumbent Democrats are usually running from the left or making a generational argument about it being time for new leadership.”In the Bronx, Councilwoman Marjorie Velázquez, who ran as a progressive in 2021, is facing two such challengers who have criticized her support of a plan to rezone Bruckner Boulevard in Throgs Neck. In Lower Manhattan, Councilman Chris Marte is facing off against opponents who have accused him of wanting to “defund” the police, which he denies.A councilwoman from Queens, Linda Lee, who represents Bayside, faces more conservative challengers. In Harlem, three moderate candidates are running to replace Kristin Richardson Jordan, a democratic socialist who dropped out. And in the newly drawn 43rd Council District, the three Asian American Democrats running in the primary listed public safety and education as their top two issues.Marjorie Velázquez, a City Council member from the Bronx, said she is a moderate who is falsely viewed as a socialist.Anna Watts for The New York TimesSome see the trend as partially tied to demographic shifts from immigrants who are more conservative on two issues: public safety, especially after a rash of attacks on Asian Americans during the pandemic, and education, where progressives have backed changes to entry exams for specialized high schools with large Asian American enrollment.Between 2010 and 2020, New York City’s population grew by more than 629,000, according to a report from the CUNY Research Consortium on Communities of Interest. More than half of that increase came from a net growth in the Asian population, including a 43 percent growth in Brooklyn and the Bronx.Asian American voters have shifted to the right in recent elections. In the race for governor last year, majority Asian districts remained Democratic but shifted to the right by 23 points from the 2018 election, according to an analysis by The New York Times.Yiatin Chu, president of the Asian Wave Alliance, said Republican candidates are aligned with views that many Asian immigrants value, which she said Democrats have not engaged well on. Others say that Democrats have left themselves vulnerable by not effectively articulating their positions.“What elected official doesn’t care about public safety?” said Councilman Justin Brannan, a Democrat who represents Bay Ridge, Brooklyn, and is likely to face a strong Republican challenge in the general election. “But because we’ve allowed the right to paint us with this broad brush that we all want to abolish law enforcement, now Democrats feel compelled to lead with that.”He is supporting Wai Yee Chan, the executive director at Homecrest Community Services, in the 43rd Council District Democratic primary. She is running against Mr. Ng and Susan Zhuang, the chief of staff for Assemblyman William Colton.Sensing a threat from the right, Future NYC, a pro-business super PAC; Labor Strong, a coalition of the city’s most powerful unions; and the New York City District Council of Carpenters are funneling hundreds of thousands of dollars for advertising and on-the-ground support to help several moderate candidates.Future NYC recently pledged to spend approximately $500,000 to support Ms. Velázquez and Ms. Lee, said Jeff Leb, the group’s treasurer.Ms. Velázquez was one of 15 people who left the City Council’s Progressive Caucus in February after it asked members to agree to a statement of principles that included less funding for the police. She was recently endorsed by the conservative Police Benevolent Association. Still, her challengers have criticized Ms. Velázquez as too far left, citing her support of the Bruckner Boulevard rezoning that would bring affordable housing.One of them, Bernadette Ferrara, chairwoman of Bronx Community Board 11, said at a recent debate: “I am not going to let a weak and woke progressive like Marjorie Velázquez destroy a lifetime of work by stuffing the East Bronx with high-density, low-income housing.” Ms. Velázquez said she changed her mind and decided to support the Bruckner Boulevard rezoning, where new buildings will range from three to eight stories, because it would bring jobs and housing for older residents and families. The first Latina to represent her district, she said voters assume that she’s further left than she actually is.“I’ve heard that you’re socialist because you’re like A.O.C., and it’s like, no, I’m not,” Ms. Velázquez said referring to Ms. Ocasio-Cortez, a democratic socialist. “I am a moderate.”In Manhattan, Mr. Marte, who considers himself a progressive, said he has no plans to leave the Council caucus, and characterized his opponents as being further right than their comments suggested.All three of Mr. Marte’s challengers — Susan Lee, a consultant, Ursila Jung, a private investor, and Pooi Stewart, a substitute teacher — listed public safety as their top issue in the New York City voting guide.In a debate on NY 1, Susan Lee cited hate crimes against Asian Americans as a top public safety priority.And in the same debate, Ms. Jung defended her position by saying, “You can argue the numbers are going down, but a lot of public safety is perception.”Ms. Chu’s group endorsed George Grasso over Ms. Katz and ranked Susan Lee and Ms. Jung as their first two choices in the race against Mr. Marte. The group did not rank Ms. Chan in Brooklyn’s District 43, choosing Ms. Zhuang and Mr. Ng as their first and second choices. The Asian American winner of the Democratic primary in District 43 could face Vito J. LaBella, a former Police Department officer who is a conservative Republican, in what is expected to be a competitive general election. Mr. LaBella lost a close election for the State Senate by about 200 votes last year. He is running against Ying Tan, who works in senior services, in the Republican primary.Ms. Chu said many in her group are wary of “identity politics” and would not have a problem voting for Mr. LaBella in the general election.In the district attorney race, Ms. Katz has fended off attacks from Mr. Grasso, a former administrative judge and former Police Department first deputy commissioner, about her approach to crime.George Grasso, a primary candidate for Queens district attorney, is running as a more conservative Democratic who has accused his opponent of being soft on crime.Amir Hamja/The New York Times“I think there’s a gnawing sense among people throughout the city, and Queens in particular, that they’re just not feeling as safe as they felt a few years ago, and they’re not seeing the political leadership respond in an assertive way,” Mr. Grasso said in an interview.Ms. Katz has been endorsed by Mayor Eric Adams and Gov. Kathy Hochul, both moderates. During her first term, she said she had focused on gang takedowns, gun seizures and retail theft. She accused her opponent of “cherry picking” crime data and courting Republicans.“His claims,” said Ms. Katz, “are ludicrous.”Emma G. Fitzsimmons More

  • in

    Greek Youths, Shaped by Debt Crisis, Plan to Vote for Stability

    Many children of Greece’s traumatic years of economic collapse have opted for pragmatism over radicalism and say they will back a conservative on Sunday.Days before this Sunday’s election in Greece, three young women with piercings and ironic T-shirts who sat outside a hipster coffee shop in an Athens neighborhood best known as a hub of anarchist fervor said they wanted stability.“Money is important — you can’t live without money,” said Mara Katsitou, 22, a student who grew up during the country’s disastrous financial crisis and one day hoped to open a pharmacy. “There’s nothing that matters to someone more than the economy.”As a result, she said, she would cast her vote for Kyriakos Mitsotakis, 55, the square, conservative prime minister who graduated from Harvard, who is fond of riding his bike and who, polls suggest, will win convincingly on Sunday in a second national election. With Mr. Mitsotakis — who is also the son of a former prime minister — Ms. Katsitou said, she had “definitely a better chance.” About a third of young voters like her feel the same, polls indicate.After spending impressionable years amid so much panic, desperation and humiliation during the decade-long financial crisis that erupted in 2010 — and which collapsed the Greek economy — many of Greece’s depression-era children have grown up to say they have no interest in ever turning back.In many quarters, youthful radicalism has given way to unexpected pragmatism, a yearning for prosperity and a steady hand, and an inclination to overlook or at least mute outrage over any number of scandals that have dogged Mr. Mitsotakis.Young Greeks have expressed no interest in going back to the realities of the 2010s. At the peak of the crisis, nearly one in three Greeks were jobless, and many struggled to buy food and pay bills.Byron Smith for The New York TimesIn recent days, a shipwreck that killed possibly more than 600 migrants has raised new questions about the Mitsotakis government’s hard-line measures to curb arrivals of migrants. The wiretapping of an opposition leader by the state’s intelligence service and Mr. Mitsotakis’s consolidation of Greek media has prompted concerns about the erosion of democratic norms. A train crash that killed 57 people in February revealed the shabby state of key Greek infrastructure, for which he apologized.But for Greeks, including an increasing number of younger Greeks, polls show that all of those issues pale in comparison to the country’s economic stability and fortunes.Mr. Mitsotakis’s government has spurred growth at twice the eurozone average by cutting taxes and debt, and by increasing digitization, minimum wages and pensions. Big multinational corporations are investing in the country. Tourism is skyrocketing. The country is paying back creditors ahead of schedule, increasing the chances of rating agencies lifting Greece’s bonds out of junk status.“It’s all about jobs, about, you know, raising disposable income and bringing in a lot of investment and about growing the economy much faster,” Mr. Mitsotakis said in a recent interview. “This was always my bet, and I think that we delivered, if you look at the numbers.”A bus stop with a campaign poster for Prime Minister Kyriakos Mitsotakis this month in Athens.Byron Smith for The New York TimesGreece’s 2010 debt crisis was a searing national catastrophe. Humiliating bailouts connected to seemingly endless austerity measures slashed household incomes by a third and sent unemployment skyrocketing as hundreds of thousands of businesses collapsed.At the peak of the crisis, in 2013, nearly one in three Greeks were jobless, and many were disheartened after years of violent protests, in which demonstrators clashed with the police in the streets of Athens and other cities in clouds of tear gas. Scenes of the most desperate people trawling through bins for food — once unheard-of — shocked the majority of Greeks who struggled to make ends meet.“We still have a deep sort of legacy of 10 years of a crisis,” Mr. Mitsotakis acknowledged in the interview. “Not many people appreciated how painful the crisis was — we lost 25 percent of our” gross domestic product.Mr. Mitsotakis, the standard-bearer for the New Democracy party, has won over a sizable share of the generation that grew up in that time, increasing his support among voters aged 17 to 24 by three points, to 33 percent.Just as telling, support among young voters for his leftist opponent, former Prime Minister Alexis Tsipras, the leader of the Syriza party, has collapsed, falling to 24 percent from 38 percent since the 2019 elections, when Mr. Mitsotakis defeated him.In an initial election in May, Mr. Mitsotakis’s party thrashed Syriza by 20 points, but it was not enough of a majority to lead a one-party government. Instead of cobbling together a coalition, Mr. Mitsotakis opted for another election. With a new, more favorable election law that gives a bonus of seats to the leading vote-getter, he now hopes to win a landslide victory that will allow him to govern alone.Overall, Mr. Tsipras is trailing Mr. Mitsotakis by more than 20 points.Support for Alexis Tsipras, the leader of the left-wing Syriza party, among young voters has fallen since he was defeated by Mr. Mitsotakis in the 2019 elections.Byron Smith for The New York TimesThat is despite his efforts to depict Mr. Mitsotakis as an undemocratic, arrogant and unaccountable strongman who he says has overseen a “massive redistribution of wealth from the many to the few” in his four years in power.Not all young voters, of course, are behind Mr. Mitsotakis. Many complain that the prosperity that is supposed to kick-start their lives is making things so costly that they cannot move out of their homes.Not all of the economic indicators are good, either. Greece still has the European Union’s highest national debt, and it is the second-poorest nation in the European Union, after Bulgaria. Tax evasion is still common.Mr. Tsipras has tried to convince young voters that, in fact, he, not Mr. Mitsotakis, is not only the true agent of change, but also of stability. He has promised financial relief, including better health benefits, though it remains unclear how those would be funded.“We’ll fight so that hope for justice and prosperity for all is not lost in this country, for a fair society and prosperity for everyone,” Mr. Tsipras said this week at a campaign event in the western city of Patra.Some voters, suffering under rising prices and exponentially increasing rents, support him.“The crisis isn’t over; it’s still here,” said Grigoris Varsamis, 46, who said his record shop’s electric bills were through the roof and that he would vote for Mr. Tsipras.An information booth for former Prime Minister Alexis Tsipras this month in Athens.Byron Smith for The New York TimesBut there is little doubt that Mr. Tsipras, a former Communist firebrand who governed in the latter years of the financial crisis, has been tainted by a lasting association with the pain of that era.In 2015, under his leadership, Greeks voted to reject Europe’s draconian aid package, and Greece was nearly ejected from the eurozone. Social unrest returned and talk of “Grexit,” referring to Greece exiting the eurozone, mounted. Many young Greeks who grew up during that time feel scarred by the Syriza experience.Grigoris Kikis, 26, an award-winning chef at the restaurant Upon in Athens, remembers that the financial crisis coincided with his trying to break into the world of restaurants as a 13-year-old volunteering in kitchens after school.As restaurants closed and his father fretted about paying his workers, the chefs around him worried about the budgets for produce, meat, plates and glasses. When they wanted to try out a new dish, they could afford to test it only once.Today, Mr. Kikis runs a popular bistro in Athens with a 300-label wine list, in-house coffee-roasting machines and an eclectic menu with plates tried 25 times before they make the cut.“The restaurant is full every day,” he said, explaining that he would vote for Mr. Mitsotakis to keep it that way. “Many people my age care most about the economy. They say there is more opportunity and higher salaries, and maybe people will come from abroad and want to work in Greece because things changed for the better.”Grigoris Kikis, a chef in Athens, said people his age felt strongly about the future of their country’s economy.Byron Smith for The New York TimesThe same is true for Nikos Therapos, 29, a sustainability consultant. When he was 16, he said, the drastic cutting of the public budgets cost his mother, a kindergarten teacher, her job. His father’s company, in the hard-hit construction industry, shrank, too.“I remember very clearly about not being so optimistic about my professional career,” he said.In 2015, when he was studying business in Brussels, Greece was embroiled in intense political and social upheaval, and, Mr. Therapos recalled, his fellow students shunned him in working groups.“I was regarded as the lazy Greek, even though they didn’t know anything about me,” he said. “It was really unfair for me and my generation.”But in the past four years, Mr. Therapos said, there had been a change.“I cannot say we are back to normality for the simple reason that I have never known normality,” he said. But for the first time, he said, he felt “confident in our future.”Many of his more leftist friends had also shifted to Mr. Mitsotakis, Mr. Therapos said, because they want a “stable and sustainable economic system.”Unsurprisingly, Mr. Mitsotakis agreed.“At the end of the day,” he said, “Greece is no longer a problem for the eurozone. I think this offers a lot of people relief.” More

  • in

    Modi’s Visits Abroad Help to Build His Image in India

    For an audience in India, the prime minister is linking his diplomatic reception abroad, and himself, to the country’s growing importance on the world stage.His grip on the levers of national power secure, his hold on India’s domestic imagination cemented, Prime Minister Narendra Modi has increasingly turned to advancing himself on a new horizon: the global stage.With a packed diplomatic calendar that includes India’s hosting of the Group of 20 summit later this year, Mr. Modi is building an image going into his re-election campaign as a leader who can win respect and investment for his vast nation. The state visit accorded to Mr. Modi in Washington, which ends on Friday, is perhaps the biggest prize yet in that quest.“It’s not just about a fairer bargain abroad,” said Ashok Malik, a former government adviser who is the India chair at the Asia Group, a consulting firm. “It’s also that ‘my investments in key foreign policy relations are actually helping to build the Indian economy and therefore create opportunities for Indians at home and strengthen India overall.’”At home, Mr. Modi’s Hindu nationalist party has continued to sideline institutions that were once important checks on the government. It has persisted in its vilification of the country’s 200 million Muslims, even as Mr. Modi used an exceedingly rare news conference in Washington to claim that there was no discrimination against anyone in India.But abroad, world leaders eager to court an ascendant India have offered little pushback. And often, they have given Mr. Modi invaluable fodder for an information campaign that shapes perceptions of him among many Indian voters who are ecstatic to see their country’s importance affirmed.Eid-al Fitr prayers in Chennai, India, in April. Mr. Modi used a news conference in Washington to claim that there was no discrimination against anyone in India, including the country’s huge Muslim minority.Idrees Mohammed/EPA, via ShutterstockWhen Mr. Modi traveled to Australia last month, Prime Minister Anthony Albanese referred to him as “the boss” in front of an arena in Sydney packed with about 20,000 people. Mr. Modi then returned to New Delhi to a large crowd gathered for his welcome at 6 in the morning, telling supporters that the grand welcome for him abroad was about India, not him.On Friday, as Mr. Modi was wrapping up his meetings in the United States before arriving in Egypt for another grand greeting, his political party and the large sections of the broadcast media friendly to him reveled in the reception he had gotten from President Biden and other American leaders.The red carpet in Washington played perfectly into one of Mr. Modi’s talents: He can build a media campaign out of virtually anything, projecting himself as the only leader who can expand India’s economy and usher a nation coming into its own to new heights.While opposition leaders back home were holding their largest gathering yet, hoping to find a formula for uniting to challenge the prime minister in elections early next year, Mr. Modi was reaching for the world.Social media was flooded with montage videos, set to regal background music, of Mr. Modi making a grand entrance into the House of Representatives for his address to a joint session of Congress. The speech, after which several lawmakers sought Mr. Modi’s autograph, made him one of only a very small number of world leaders to have addressed that body twice.Another video online kept count of the number of times Mr. Modi received applause or standing ovations during his speech. A third cut to dramatic images of Mr. Modi contrasting him with the dynastic leaders who came before him, advancing a constant narrative that he represents a subversion of the old elite that long ruled India.“History tells us that powerful people come from powerful places. History was wrong,” a deep voice intones in the video. “Powerful people make places powerful.”Congress offers a standing ovation for Mr. Modi’s speech on Capitol Hill on Thursday.T.J. Kirkpatrick for The New York TimesMr. Modi’s next major opportunity to appear as a global statesman will come in September when India welcomes the Group of 20 leaders, a summit meeting he has framed to his support base as his bringing the world to India.His government has turned promotion for the meeting into a roadshow, hosting hundreds of G20 events, so many that foreign diplomats in New Delhi quietly complain about travel fatigue. Cities and towns across India are decked out with billboards bearing the G20 logo — which cleverly incorporates the lotus, a symbol both of India and his Bharatiya Janata Party — and pictures of Mr. Modi.In promoting the G20 presidency, Mr. Modi has taken to frequently describing India, the world’s most populous nation, as the “mother of democracy.” Abroad, however, he has pursued a transactional brand of diplomacy built not on practicing democratic values, but on what best serves Indian economic and security interests, and what elevates India in the world.The image of “a rising India, a new India being seen more seriously abroad” helps Mr. Modi politically, Mr. Malik said. But Mr. Modi is also investing heavily in U.S. relations with an eye toward how they could help an Indian economy that is struggling to create enough jobs for its huge young population and that must put up a fight against an aggressive China next door.“Addressing China is not just about soldiers and weapons at the border, it’s also about building economic alternatives to what China offers,” Mr. Malik said.Supporters of Mr. Modi’s Bharatiya Janata Party cheer during a rally in Bengaluru, India, last month.Manjunath Kiran/Agence France-Presse — Getty ImagesThe list of agreements between the United States and India, announced at the end of a bilateral meeting at the White House, was long, covering defense, space and a wide range of technological cooperation.Defense cooperation, in particular — including deals on Indian manufacturing of General Electric jet engines and purchasing Predator military drones — received a major boost after what had been a history of reluctance and bureaucratic hurdles on both sides. Dr. Tara Kartha, a former senior official in India’s security council who dealt with U.S. on defense, said the agreement on aircraft engines was “an affirmation of trust” that would help the military partnership beyond the smaller steps of the past two decades.“Each country is trying to get past its bureaucratic constrains,” she said. “Until the bureaucracy can catch up, there will be frustrations.”Among ordinary Indians on the streets of New Delhi, opinions of Mr. Modi’s diplomatic efforts were divided.Vijay Yadav, a 26-year-old taxi driver, said Mr. Modi’s outreach abroad could not cover for how India’s economy was struggling to create enough jobs.“I saw on Instagram a news feed which was constantly touting Mr. Modi’s trip to America as if no other Indian leader had been there before,” he said. “Firstly, he must get down to solving the problems of his own countrymen before he goes abroad to project himself as a hero.”Nidhi Garg, 41, who has inherited a vegetable and fruit shop from her father, said her heart swelled each time she saw Mr. Modi representing India abroad.“Today, wherever you see, the name of our nation is being taken,” she said. “The first thing that comes to anyone’s mind when they mention the word India, they immediately connect it to Prime Minister Modi.”Suhasini Raj More