More stories

  • in

    Daniel Ortega está destrozando el sueño nicaragüense

    ¿Vendrán por mí? ¿Qué se sentirá ser encarcelada por la misma gente con la que peleé hombro a hombro para derrocar la dictadura de 45 años de los Somoza en Nicaragua, mi país?En 1970, me uní a la resistencia urbana clandestina del Frente Sandinista de Liberación Nacional, conocido como FSLN. Tenía 20 años. La larga y sangrienta lucha para librarnos de Anastasio Somoza Debayle ahora es un recuerdo que produce un orgullo agridulce. Alguna vez fui parte de una generación joven y valiente dispuesta a morir por la libertad. De los diez compañeros que estaban en mi célula clandestina, tan solo sobrevivimos dos. El 20 de julio de 1979, tres días después de que Somoza fue expulsado gracias a una insurrección popular, entré caminando a su búnker en una colina desde donde se veía Managua, llena del sentimiento de haber logrado lo imposible.Ninguna de esas ilusiones sobrevive el día de hoy. En retrospectiva, para mí está claro que Nicaragua también pagó un costo demasiado alto por esa revolución. Sus jóvenes líderes se enamoraron demasiado de sí mismos; pensaron que podíamos superar todos los obstáculos y crear una utopía socialista.Miles murieron para derrocar a Anastasio Somoza y muchos más perdieron la vida en la guerra de los contras que le siguió. Ahora, el hombre que alguna vez fue elegido para representar nuestra esperanza de cambio, Daniel Ortega, se ha convertido en otro tirano. Junto con su excéntrica esposa, Rosario Murillo, gobiernan Nicaragua con puño de hierro.Ahora que las elecciones de noviembre se acercan cada vez más, la pareja parece poseída por el miedo de perder el poder. Atacan y encarcelan a quien consideren un obstáculo para ellos. En las últimas semanas, encarcelaron a seis candidatos presidenciales y arrestaron a muchas personas más, entre ellas a figuras revolucionarias prominentes que alguna vez fueron sus aliadas. El mes pasado, incluso fueron tras mi hermano. Para evitar ser capturado, huyó de Nicaragua. No estaba paranoico: tan solo unos días más tarde, el 17 de junio, más de una veintena de policías armados hicieron una redada en su casa; lo estaban buscando. Su esposa estaba sola. Buscaron en cada rincón y se fueron después de cinco horas.La noche siguiente varios hombres enmascarados y armados con cuchillos y un rifle entraron a robar a su casa. Se escuchó a uno de ellos decir que era un “segundo operativo”. Otro amenazó con matar a su esposa y violar a mi sobrina, que había llegado para pasar la noche con su madre. Ortega y Murillo parecen estar usando la forma más cruda de terror para intimidar a sus opositores políticos.En lo personal, nunca admiré a Ortega. A mí siempre me pareció un hombre mediocre e hipócrita, pero su experiencia en la calle le permitió aventajar a muchos de sus compañeros.En 1979, fue la cabeza del primer gobierno sandinista y el presidente de 1984 a 1990. La derrota frente a Violeta Chamorro en las elecciones de 1990 dejó una cicatriz en la psique de Ortega. Regresar al poder se volvió su única ambición. Después del fracaso electoral, muchos de nosotros quisimos modernizar el movimiento sandinista. Ortega no aceptó nada de eso. Consideró nuestros intentos de democratizar el partido como una amenaza a su control. A quienes no estuvimos de acuerdo con él nos acusó de venderle el alma a Estados Unidos, y se rodeó de aduladores. Su esposa se puso de su lado aun después de que su hija acusó a Ortega, su padrastro, de haber abusado sexualmente de ella a la edad de 11 años, un escándalo que habría sido el fin de la carrera de otro político.De hecho, Murillo, a quien se le ha caracterizado como una Lady Macbeth tropical, renovó la imagen de Ortega con astucia luego de que este perdió dos elecciones más. Sus ideas New Age aparecieron en símbolos de amor y paz y pancartas pintadas con colores psicodélicos. De manera muy conveniente, Ortega y su esposa se metamorfosearon en católicos devotos tras décadas de ateísmo revolucionario. Para tener a la Iglesia católica más de su lado, su némesis en la década de 1980, Ortega accedió a respaldar una prohibición total al aborto. También firmó en 1999 un pacto con el presidente Arnoldo Alemán, quien luego fue declarado culpable de corrupción, para llenar puestos de gobierno con cantidades iguales de partidarios. A cambio, el Partido Liberal Constitucionalista de Alemán accedió a reducir el porcentaje de votos necesarios para ganar la presidencia.Funcionó. En 2006, Ortega ganó con tan solo el 38 por ciento de los votos. En cuanto asumió el cargo, comenzó a desmantelar instituciones estatales ya de por sí debilitadas. Obtuvo el apoyo del sector privado al permitirle tener voz y voto en las decisiones económicas a cambio de que aceptara sus políticas. Modificó la Constitución, la cual prohibía expresamente la reelección, para que se permitiera una cantidad indefinida de reelecciones. Luego, en 2016, en la campaña para su tercer periodo, Ortega eligió a su esposa para la vicepresidencia.Ortega y Murillo parecían haber asegurado su poder hasta abril de 2018, cuando un grupo de esbirros sandinistas reprimió con violencia una pequeña manifestación en contra de una reforma que iba a reducir las pensiones de seguridad social. Varias protestas pacíficas arrasaron todo el país. Ortega y Murillo reaccionaron con furia y combatieron la revuelta con balas: 328 personas fueron asesinadas, 2000 lesionadas y 100.000 exiliadas, de acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Paramilitares armados deambularon por las calles matando a diestra y siniestra, y los hospitales tenían la orden de negar la asistencia médica a los manifestantes heridos. Los doctores que desobedecieron fueron despedidos. El régimen impuso un estado de emergencia de facto y suspendió los derechos constitucionales. Se prohibieron las manifestaciones públicas de cualquier índole. Nuestras ciudades fueron militarizadas. Ortega y Murillo justificaron estas acciones con una gran mentira: el levantamiento era un golpe de Estado planeado y financiado por Estados Unidos.Las siguientes elecciones de Nicaragua están programadas para el 7 de noviembre. A finales de la primavera, los dos principales grupos de oposición acordaron elegir a un candidato bajo el cobijo de Alianza Ciudadana. Cristiana Chamorro, hija de la expresidenta Chamorro, tuvo un sólido respaldo en las encuestas. Poco después de que anunció su intención de contender por la presidencia, le impusieron un arresto domiciliario. El gobierno parece haber fabricado un caso de lavado de dinero con la noción equivocada de que eso iba a legitimar su arresto. Le siguieron más detenciones: otros cinco candidatos a la presidencia, periodistas, un banquero, un representante del sector privado, dos contadores que trabajaban para la fundación de Cristiana Chamorro y hasta su hermano, todos ellos acusados bajo leyes nuevas y de una ambigüedad conveniente que en esencia hacen que cualquier tipo de oposición a la pareja en el poder sea un delito de traición. Ortega insistió en que todos los detenidos eran parte de una inmensa conspiración apoyada por Estados Unidos para derrocarlo.Ahora, los nicaragüenses nos encontramos sin ningún recurso, ninguna ley, ninguna policía que nos proteja. Una ley que le permite al Estado encarcelar hasta por 90 días a las personas que estén bajo investigación ha remplazado el habeas corpus. La mayoría de los presos no ha podido ver a sus abogados ni a sus familiares. Ni siquiera estamos seguros de dónde los tienen detenidos. Por las noches, muchos nicaragüenses se van a la cama con el temor de que su puerta sea la siguiente que derribe la policía.Soy poeta, soy escritora. Soy una crítica manifiesta de Ortega. Tuiteo, doy entrevistas. Con Somoza, me juzgaron por traición. Tuve que exiliarme. ¿Ahora enfrentaré la cárcel o de nuevo el exilio?¿Por quién irán después?Gioconda Belli es una poeta y novelista nicaragüense. Fue presidenta del centro nicaragüense de PEN International. More

  • in

    Daniel Ortega and the Crushing of the Nicaraguan Dream

    Will they come for me? What will it be like to be jailed by the same people I fought alongside to topple the 45-year Somoza dictatorship in Nicaragua, my country?I joined the clandestine urban resistance of the Sandinista National Liberation Front, known as the FSLN, in 1970. I was 20. The long and bloody struggle to get rid of Anastasio Somoza Debayle is now a bittersweet memory of pride. I was once part of a brave young generation willing to die for freedom. Of the 10 “compañeros” who were in my clandestine cell, only two of us survived. On July 20, 1979, three days after Mr. Somoza was forced out by a popular insurrection, I walked into his office bunker on a hill overlooking Managua, filled with the empowering feeling that the impossible had been made possible.None of those illusions survive today. It is clear to me, looking back, that Nicaragua paid too high a cost for that revolution. Its young leadership became too enamored of itself; it thought we could defy the odds and create a socialist utopia.Thousands died to topple that dictator, and many more lost their lives in the Contra war that followed. Now, the man once chosen to represent our hope for change, Daniel Ortega, has become another tyrant. Along with his eccentric wife, Rosario Murillo, they rule Nicaragua with an iron fist.As the November elections approach, the couple seem possessed by the fear of losing power. They lash out and imprison whoever they think might stand in their way. In the past month, they have jailed five presidential candidates and arrested many others, including iconic revolutionary figures who were once their allies. Last month they even came for my brother. To avoid capture, he left Nicaragua. He wasn’t paranoid: Just a few days later, on June 17, over two dozen armed police officers raided his house looking for him. His wife was alone. They searched every corner and left after five hours. The next night several masked men armed with knives and a rifle robbed his house. One of them was heard to say it was a “second operation.” Another threatened to kill his wife and rape my niece who had arrived to spend the night with her mother. Mr. Ortega and Ms. Murillo appear to be using the crudest form of terror to intimidate their political opponents.I never admired Mr. Ortega personally. To me, he always seemed like a duplicitous, mediocre man, but his street smarts allowed him to outwit many of his companions. He was the head of the first Sandinista government in 1979 and president from 1984 to 1990. Losing the election to Violeta Chamorro in 1990 scarred Mr. Ortega’s psyche. Returning to power became his sole ambition. After the electoral defeat many of us wanted to modernize the Sandinista movement. Mr. Ortega would have none of it. He viewed our attempts to democratize the party as a threat to his control. He accused those who disagreed with him of selling our souls to the United States, and he surrounded himself with sycophants. His wife sided with him even after her daughter accused Mr. Ortega, her stepfather, of sexually abusing her from the age of 11, a scandal that might have ended another politician’s career.In fact, Ms. Murillo, who has been characterized as a tropical Lady Macbeth, cleverly reshaped his image after he ran in two more elections and lost. Her New Age ideas appeared in symbols of peace and love and banners painted with psychedelic colors. Rather conveniently, Mr. Ortega and his wife metamorphosed into devout Catholics after decades of revolutionary atheism. To further win over the Catholic Church, Mr. Ortega’s nemesis in the ’80s, he agreed to back a complete ban on abortion. He had also signed a pact in 1999 with President Arnoldo Alemán, who would later be found guilty of corruption, to stack government posts with equal shares of loyalists. In exchange, Alemán’s Liberal Party agreed to lower the percentage of votes needed to win the presidency.It worked. In 2006, Mr. Ortega won with only 38 percent of the vote. No sooner did he take office than he set about dismantling already weak state institutions. He obtained the support of the private sector by giving it a say in economic decisions in exchange for acquiescence to his politics. He trampled on the Constitution, which expressly forbade re-election, to allow for indefinite re-elections. Then, in his run for his third term in 2016, he chose his wife to be vice president.Mr. Ortega and Ms. Murillo seemed securely in power until April 2018, when a small demonstration against a reform that would have lowered social security pensions was violently repressed by Sandinista thugs. The entire country was swept by peaceful protests. Mr. Ortega and Ms. Murillo reacted with fury and crushed the revolt with firepower: 328 people were killed, 2,000 were wounded, and 100,000 went into exile, according to the Inter-American Commission on Human Rights. Armed paramilitaries roamed the streets in a killing spree, and hospitals were ordered to deny assistance to wounded protesters. Doctors who disobeyed were fired. The regime imposed a de facto state of emergency and suspended constitutional rights. Public demonstrations of any sort were banned. Our cities were militarized. Mr. Ortega and Ms. Murillo justified their actions by fabricating a big lie: The uprising was a coup planned and financed by the United States.Nicaragua’s next elections are scheduled for Nov. 7. In late spring, the two major opposition groups agreed to choose one candidate under the umbrella of the Citizens Alliance. Cristiana Chamorro, daughter of former President Chamorro, had strong showings in the polls. Soon after she announced her intent to run for president she was placed under house arrest. The government appears to have fabricated a case of money laundering in its deluded notion that this would legitimize her detention. More arrests followed: four more presidential candidates, journalists, a banker, a private sector representative, two accountants who worked for Cristiana Chamorro’s foundation and even her brother, all of them accused under new and conveniently ambiguous laws that essentially make any opposition to the ruling couple a treasonous crime. Mr. Ortega insisted that all the detainees are part of a vast U.S.-sponsored conspiracy to overthrow him.Nicaraguans now find ourselves with no recourse, no law, no police to protect us. Habeas corpus has been replaced by a law that allows the state to imprison people who are under investigation for up to 90 days. Most of the prisoners have not been allowed to see their lawyers or members of their families. We are not even sure where they are being held. Every night, too many Nicaraguans go to bed afraid that their doors will be the next that the police will break down.I am a poet, a writer. I am an outspoken critic of Mr. Ortega. I tweet, I give interviews. Under Mr. Somoza, I was tried for treason. I had to go into exile. Will I now face jail or exile again?Who will they come for next?Gioconda Belli is a Nicaraguan poet and novelist. She is the former president of the Nicaraguan PEN center.The Times is committed to publishing a diversity of letters to the editor. We’d like to hear what you think about this or any of our articles. Here are some tips. And here’s our email: letters@nytimes.com.Follow The New York Times Opinion section on Facebook, Twitter (@NYTopinion) and Instagram. More

  • in

    Trump Holds Rally in Florida, Across State From Building Disaster

    Aides to Gov. Ron DeSantis questioned Trump associates about whether the event on Saturday night in Sarasota should proceed given the scope of the tragedy in Surfside.Former President Donald J. Trump held a Fourth of July-themed rally on Saturday night in Sarasota, Fla., across the state from where a tragedy has been unfolding for more than a week as firefighters, search dogs and emergency crews search for survivors in the collapse of a residential building just north of Miami Beach.The political rally in the midst of a disaster that has horrified the nation became a topic of discussion among aides to the former president and Gov. Ron DeSantis of Florida, a Trump ally whose growing popularity with the former president’s supporters is becoming an increasing source of tension for both men, according to people familiar with their thinking.After officials from the governor’s office surveyed the scene of the condominium collapse in Surfside, Fla., Adrian Lukis, chief of staff to the governor, called Michael Glassner, a longtime Trump aide who is overseeing the Florida event, according to people familiar with the discussion. In a brief conversation, Mr. Lukis inquired whether the former president planned to continue with the event given the scale of the tragedy, two people said.He was told there were no plans to reschedule.A spokeswoman for Mr. Trump, Liz Harrington, said that the rally in Sarasota was “three-and-a-half hours away, approximately the same distance from Boston to New York, and will not impact any of the recovery efforts.”She added that the former president “has instructed his team to collect relief aid for Surfside families both online and on-site at the Sarasota rally.”After a brief moment of silence for the victims and families of the tragedy as he took the stage, Mr. Trump quickly launched into a castigation of cancel culture and of the Biden administration’s immigration policies.He dismissed charges filed this week against his business, the Trump Organization, by the Manhattan district attorney’s office as “prosecutorial misconduct.” And while he appeared to deny knowledge of any possible tax evasion on benefits, he also seemed to acknowledge that those benefits occurred.“You didn’t pay tax on the car, or the company apartment,” he said, adding, “Or education for your grandchildren. I don’t even know, do you have to put, does anyone know the answer to that stuff?”Much of what followed was a familiar list of his grievances, but he drew an enthusiastic crowd that waited for hours in pouring rain to hear him speak. Mr. DeSantis, who met on Thursday with President Biden when the president visited the site of the disaster, originally wanted to attend the rally but ultimately decided he could not go. “He spoke with President Trump, who agreed that it was the right decision, because the governor’s duty is to be in Surfside,” his press secretary, Christina Pushaw, said, adding, “Governor DeSantis would have gone to the rally in normal circumstances.’’In an interview with Newsmax ahead of the rally, Mr. Trump said he told Mr. DeSantis not to come.But during the rally, when he thanked local Republican leaders in Florida, he notably did not mention Mr. DeSantis.The governor, an early supporter of Mr. Trump, has been eager to play down any perceived tension with the former president, who endorsed his campaign for governor in 2018 and could cause him a political headache if he turned against him.“Governor DeSantis is focusing on his duties as governor and the tragedy in Surfside, and has never suggested or requested that events planned in different parts of Florida — from the Stanley Cup finals to President Trump’s rally — should be canceled,” Ms. Pushaw said after the Washington Examiner reported that Mr. DeSantis had pointedly asked Mr. Trump to delay his rally.Gov. Ron DeSantis had originally planned to attend Mr. Trump’s rally in Florida but no longer plans to do so.Scott McIntyre for The New York TimesThe recent conversation between Mr. Lukis and Mr. Glassner was not the first time Mr. DeSantis’s staff had expressed reservations about the timing of Mr. Trump’s event. Before the condominium collapse, Mr. DeSantis’s office had suggested to the Trump team that the fall was better timing for a rally, given the perils of hurricane season in Florida, two people familiar with the conversation said.Mr. Trump ignored the suggestion. Shut out of Facebook and Twitter, Mr. Trump has been eager for an outlet to have his voice heard and has been chomping at the bit to return to the rally stage, aides said.Mr. DeSantis is seen as a top-tier Republican presidential candidate for 2024, and may end up in a political collision with the former president, who himself has hinted that he is considering a third try for the White House.People close to Mr. Trump said he had become mildly suspicious of a supposed ally. He has grilled multiple advisers and friends, asking “what’s Ron doing,” after hearing rumors at Mar-a-Lago that Mr. DeSantis had been courting donors for a potential presidential run of his own. He has asked aides their opinion of a Western Conservative Summit presidential straw poll for 2024 Republican presidential candidates, an unscientific online poll that showed Mr. DeSantis beating Mr. Trump. More

  • in

    Democrats Face High New Bar in Opposing Voting Laws

    Democrats and voting rights groups say they can no longer count on the federal courts, including the Supreme Court, to serve as a backstop for preventing racially discriminatory voting restrictions.The 6-to-3 decision by the Supreme Court on Thursday that upheld voting restrictions in Arizona has effectively left voting rights advocates with a higher bar for bringing federal cases under the Voting Rights Act: proving discriminatory intent.That burden is prompting civil rights and voting groups to recalibrate their approach to challenging in court the raft of new restrictions that Republican-controlled legislatures have passed this year in the aftermath of Donald J. Trump’s election loss in November. No longer, they say, can they count on the federal courts, including the Supreme Court, to serve as a backstop for preventing racially discriminatory voting restrictions.“We have to remember that the Supreme Court is not going to save us — it’s not going to protect our democracy in these moments when it is most necessary that it does so,” Sam Spital, the director of litigation at the NAACP Legal Defense Fund, said Friday.The high court gutted the central protection of the Voting Rights Act in a 2013 decision, and on Thursday the court further limited the act’s reach in combating discriminatory laws, establishing strict new guidelines for proving the laws’ effects on voters of color and thus requiring litigants to clear the much higher bar of proving purposeful intent to discriminate.Mr. Spital said his group would have to carefully assess its next moves and “think very carefully” before bringing new cases that, if defeated, could set damaging new precedents. The Arizona case, filed in 2016 by the Democratic National Committee, was considered a weak vehicle for challenging new voting laws; even the Biden administration acknowledged that the Arizona law was not discriminatory under the Voting Rights Act. Choosing the wrong cases, in the wrong jurisdictions, could lead to further setbacks, Mr. Spital and other voting rights advocates said.At the same time, Mr. Spital said, it is imperative that voting restrictions enacted by Republicans not go unchallenged.“It will force us to work even harder in the cases that we do bring,” he said. “Once the rules of the game are set, even if they are tilted against us, we have the resources — we have extraordinary lawyers, extraordinary clients, and we have the facts on our side.”Thursday’s ruling also laid bare an uncomfortable new reality for Democrats and voting activists: that under existing law, they can expect little help from the federal courts on election laws that are passed on a partisan basis by the party that controls a state government. Republican lawmakers in Georgia, Florida and Iowa have moved aggressively to push through voting laws, brushing aside protests from Democrats, voting rights groups and even major corporations.Arizona Republicans were candid about the partisan nature of their efforts when the Supreme Court heard the case in March. A lawyer for the Arizona Republican Party told the justices that the restrictions were needed because without them, Republicans in the state would be “at a competitive disadvantage relative to Democrats.”“It’s much harder to prove these things — it takes a lot more evidence,” said Travis Crum, a law professor at Washington University in St. Louis who specializes in voting rights and redistricting cases. “Courts are often reluctant to label legislators racist. That’s why the effects standard was added in 1982.”The high court’s decision also raises the stakes for 2022 contests for governor in the key swing states of Michigan, Pennsylvania and Wisconsin, where Democratic governors are poised to block measures proposed by Republican-controlled legislatures. If a Republican won the governor’s seat in any of those states, the legislature would have a clear path to pushing through new voting laws.Republicans on Friday lauded the Supreme Court ruling, calling it a validation of the need to combat voter fraud — though no evidence of widespread fraud emerged in President Biden’s victory.Justin Riemer, the chief counsel at the Republican National Committee, argued that the new “guideposts” set by Justice Samuel Alito, who wrote the majority opinion, were welcome and would force a recognition of the broader options for voting available in a state.“It reaffirms, for example, that states have an incredibly important interest in protecting against voter fraud and promoting voter confidence,” Mr. Riemer said. “When the court looked at Arizona’s laws, it noted how generous the voting provisions were.”Mr. Riemer noted that Democrats would also have a harder time in meeting new standards for showing that laws impose unreasonable burdens on voters.“I don’t want to say completely shuts them out of Section 2, but it’s going to make it very difficult for them to strike down laws that are really minimally, if at all, burdensome,” Mr. Riemer said, referring to the section of the Voting Rights Act that addresses racially discriminatory practices.Major Supreme Court decisions affirming a new restriction on voting have historically been followed by waves of new state-level legislation. In 2011, 34 states introduced some form of new voter identification legislation after the court upheld Indiana’s voter identification law in 2008.The first immediate test of a newly emboldened legislature will come next week in Texas, where lawmakers are scheduled to reconvene for a special session, in a second attempt by Republicans to pass an election overhaul bill. The first attempt failed after Democrats in the State Legislature staged a contentious late-night walkout, temporarily halting proposals that were among the most restrictive in the country.Those proposals included bans on new methods of voting, a reduction in Sunday voting hours and provisions that would make it easier to overturn elections and would greatly empower partisan poll watchers.The uncertain legal fights will play out in a federal judiciary remade during Mr. Trump’s administration, and Democrats in Congress have failed to enact federal voter protections.The legal defense fund that Mr. Spital represents sued Georgia in May over its new voting laws, arguing that the laws would have a discriminatory effect. Other lawsuits, including one the Department of Justice filed last week, argue that Georgia acted with intent to discriminate against voters of color.But some Democrats, while lamenting the decision by the Supreme Court, noted that they still had plenty of constitutional tools to challenge repressive voting laws.“Obviously, it is now going to be more difficult to litigate,” said Aneesa McMillan, a deputy executive director at the super PAC Priorities USA, who oversees the organization’s voting rights efforts. “But most of our cases that we challenge, we challenge based on the First, the 14th and the 15th amendments of the Constitution.”Among the guideposts Justice Alito articulated is an assessment of “the standard practice” of voting in 1982, when Section 2 of the Voting Rights Act was amended.“It is relevant that in 1982 States typically required nearly all voters to cast their ballots in person on election day and allowed only narrow and tightly defined categories of voters to cast absentee ballots,” Justice Alito wrote.Thursday’s Supreme Court ruling established a series of guideposts for determining whether merely the effect of a voting law is discriminatory, rather than the intent.Stefani Reynolds for The New York TimesThe court did not address the purpose clause of Section 2. But those cases often rely on racist statements by lawmakers or irregularities in the legislative process — trickier elements of a legal case to prove than the effects.“You’re not going to get that smoking gun kind of evidence,” said Sophia Lakin, the deputy director of the A.C.L.U.’s Voting Rights Project. “It’s pulling together a lot of circumstantial pieces to show the purpose is to take away the rights of voters of color.”People protested voting restrictions outside the Texas Capitol in Austin in May.Mikala Compton/ReutersIn Texas, some Democrats in the Legislature had been hoping that they could work toward a more moderate version of the bill in the special session that starts next week; it remains to be seen whether the Supreme Court decision will induce Republicans to favor an even more restrictive bill.Lt. Gov. Dan Patrick and State Representative Briscoe Cain, both Republicans, did not respond to requests for comment. Speaker Dan Phelan and State Senator Bryan Hughes, both Republicans, declined to comment.But whether the Supreme Court decision will open the floodgates for more restrictive voting legislation in other states remains an open question; more than 30 state legislatures have adjourned for the year, and others have already passed their voting laws.“It’s hard to imagine what a spike in voting restrictions would look like now, because we are already seeing such a dramatic surge, more than at any time since Reconstruction,” said Wendy Weiser, the director of the Democracy Program at the Brennan Center for Justice, a research institute. “But passing new waves of legislation has certainly been the response in recent years.”Gov. Tony Evers of Wisconsin is one of the Democratic governors who are holding off voting measures passed by Republican-led legislatures. On Wednesday, he vetoed the first of several pieces of Republican legislation on the electoral process.In an interview, he said Republicans’ monthslong effort to relitigate the 2020 election had had the effect of placing voting rights on the level of health care and education among the top priorities of Wisconsin voters.“It’s rising up as far as people’s recognizing that it’s an important issue,” Mr. Evers said. “They brought it on themselves, frankly, the Republicans have. I don’t think the people of Wisconsin thought the election was stolen. They understand that it was a fair election. And so the Republicans’ inability to accept Donald Trump’s loss is making it more of a bread-and-butter issue here.” More

  • in

    Labour's Kim Leadbeater Wins U.K. By-Election in Batley and Spen

    The election this week of the sister of Jo Cox, a lawmaker who was killed in 2016, was seen as a victory for Labour’s leader in a region where Prime Minister Boris Johnson’s Conservatives had made big inroads.LONDON — Britain’s opposition Labour Party on Friday scored an unexpected if narrow victory in a battle for an open Parliament seat that was widely seen as a critical test for the party’s leader, Keir Starmer, who has been under pressure for failing to revive the party’s fortunes.Many had expected that the Conservatives would take the seat, which Labour has held since 1997, because of the spoiler campaign of George Galloway. The victory will be a big relief for Mr. Starmer, who faced criticism in May when his party lost a by-election in Hartlepool, another former stronghold in the north of England.That result added weight to the idea that support for Labour had collapsed in the “red wall,” former industrial areas of England in which Prime Minister Boris Johnson’s Conservatives have been making big inroads.Results announced early Friday gave the Labour candidate, Kim Leadbeater, a win of just 323 votes over her Conservative Party rival, Ryan Stephenson, after an acrimonious contest in Batley and Spen, one of Labour’s traditional heartland seats in northern England.Voting in the by-election took place on Thursday after a campaign marred by claims of intimidation, including one episode in which Ms. Leadbeater was heckled aggressively and another that led to the arrest of a man on suspicion of assault in connection with an attack on Labour supporters.Ms. Leadbeater acknowledged that it had been “a grueling few weeks” but added, “I am absolutely delighted that the people of Batley and Spen have rejected division and they voted for hope.”Labour fought hard to retain Batley and Spen, which was represented in Parliament by Ms. Leadbeater’s sister, Jo Cox, until she was murdered by a far-right fanatic in 2016.Ms. Leadbeater’s narrow path to victory was a complicated one. She was competing not only against the Conservative candidate, Mr. Stephenson, but also against Mr. Galloway, a former lawmaker and veteran left-wing campaigner who sought to divert support from Labour.Although Labour held off the challenge from Mr. Galloway, its share of the vote in Batley and Spen was lower than in the 2019 general election.Since the Brexit referendum in 2016, Mr. Johnson’s Conservative Party has succeeded in winning over many of Labour’s core voters in working-class communities in the north and middle of England.Before the result in Batley and Spen, there had been news media speculation that Mr. Starmer would be vulnerable to a leadership challenge if Ms. Leadbeater lost, as many were expecting.Most analysts believed that Mr. Starmer would have been safe regardless of the result, because there is no credible alternative waiting in the wings. But the victory — narrow as it was — will be especially welcome news for the party leaders, because the contest could have been avoided.The by-election was triggered in May when the area’s former Labour lawmaker, Tracy Brabin, was elected to another job as West Yorkshire mayor, requiring her to step down from Parliament. Mr. Starmer was accused of mismanaging the situation and putting the seat at risk by allowing her to run for the mayoral position.Since he took the job of leader last year, Mr. Starmer, a former top prosecutor, has tried to unite the party after it was routed in 2019 parliamentary elections under the stewardship of Jeremy Corbyn, its left-wing leader at the time.Mr. Starmer’s critics have accused him of a lack of charisma and of failing to set out a convincing alternative policy agenda to that of the Conservatives.His defenders have appealed for patience and have contended that the pandemic has made it hard for the opposition to impress voters whose attention is focused on government efforts to bring Covid-19 restrictions to an end.In his election literature, Mr. Galloway had called on voters to abandon Labour to increase pressure on Mr. Starmer and force him out of his job.When the count was completed early Friday, Ms. Leadbeater won 13,296 votes, Mr. Stephenson was in second place with 12,973 and Mr. Galloway third with 8,264.Labour “won this election against the odds,” Mr. Starmer said. “And we did so by showing that when we are true to our values — decency, honesty, committed to improving lives — then Labour can win.” More

  • in

    Gov. Gavin Newsom’s Recall Election Set for Sept. 14.

    The Republican-led, pandemic-fueled campaign to recall Gov. Gavin Newsom of California got an official election date on Thursday, as the state’s lieutenant governor announced that voters would head to the polls on the issue on Sept. 14.The date, just 75 days away and the soonest that county officials said they could manage to pull together a special election, was released shortly after the California secretary of state formally certified the recall petition. And it came after Mr. Newsom’s fellow Democrats in the State Legislature decided to expedite the process.California is overwhelmingly Democratic and Mr. Newsom is widely expected to prevail, particularly as the state has emerged from the coronavirus crisis. The conventional wisdom among his advisers and allies has been that he will benefit from a swift decision, while Californians are still basking in relief from the reopening of the state’s economy, and before the autumn wildfires begin in earnest.The timeline, set by a fellow Democrat, Lt. Gov. Eleni Kounalakis, also severely restricts the ability of prospective challengers to get onto the ballot, leaving only about two weeks for them to join the race to replace Mr. Newsom. More than 50 candidates are already on the ballot, with a handful of well-funded Republicans seriously campaigning.Expected to cost some $276 million, the special election will be the second time in state history that Californians have voted on whether to recall a sitting governor. The first resulted in the ouster of Gray Davis and the election of Arnold Schwarzenegger in 2003.Mr. Newsom and his supporters, who have derided the recall campaign as a last-ditch ploy for relevance by right-wing extremists, said on Thursday that they welcomed the decision of voters.“This Republican recall is a naked attempt by Trump Republicans to grab control in California — powered by the same Republicans who refused to accept the results of the presidential election,” said Juan Rodriguez, the leader of the governor’s campaign organization.Kevin Faulconer, the former mayor of San Diego and one of the Republican contenders, countered that “this movement is powered by Californians from every community — Democrats, Republicans and Independents.”Mr. Faulconer added, “Change is coming for California and retirement is coming for Gavin Newsom.”Recall attempts are not uncommon in California, with every governor since 1960 facing at least one. But getting a recall onto the ballot is rare.The campaign against Mr. Newsom languished for months before a series of pandemic-related missteps, judicial decisions and voter fury landed the governor — a liberal in a Democratic state who was elected in 2018 in a landslide — in a perfect political storm. More

  • in

    The Rest of the World Is Worried About America

    This weekend, American skies will be aflame with fireworks celebrating our legacy of freedom and democracy, even as Republican legislature after Republican legislature constricts the franchise and national Republicans have filibustered the expansive For The People Act. It will be a strange spectacle. More

  • in

    N.Y.C. Mayor’s Race Remains Tight With Adams Leading in Revised Tally

    Eric Adams kept his lead in a new tally of ranked-choice preferences, after the Board of Elections scrapped the results of an earlier count.A day after New York City’s Board of Elections sowed confusion in the Democratic mayoral primary by releasing new tallies and then retracting them, it issued a new preliminary tally of votes suggesting that the race between Eric Adams, the primary night leader, and his two closest rivals had tightened significantly.According to Wednesday’s nonbinding tally, Mr. Adams led Kathryn Garcia by just 14,755 votes, a margin of around 2 percentage points, in the final round. Maya Wiley, who came in second place in the initial vote count, barely trailed Ms. Garcia after the preliminary elimination rounds were completed: Fewer than 350 votes separated the two.But in reality, all of those candidates remain in contention, and those numbers could be scrambled again as the city’s Board of Elections tabulates ranked-choice outcomes that will include roughly 125,000 Democratic absentee ballots, with a fuller result not expected until mid-July.While campaign officials and some New Yorkers were engrossed in the emerging results, the count was nearly overshadowed by the vote-tallying debacle that drew national attention and stoked concerns about whether voters will have faith in the city’s electoral process.The fiasco stemmed from an egregious error by the Board of Elections: Roughly 135,000 sample ballots, used to test the city’s new ranked-choice system, had been mistakenly counted. The board was forced to retract the results from a tabulation of ranked-choice preferences, just hours after it had published them on Tuesday.The board on Wednesday eventually released the results of a second tally of ranked-choice preferences among Democrats who voted in person last Tuesday or during the early voting period.Those results, which do not account for the tens of thousands of absentee ballots, echoed the findings briefly released on Tuesday: Mr. Adams, the Brooklyn borough president, held a much narrower lead than the one he held on primary night, when only the first-choice preferences were counted.Under the city’s new ranked-choice voting system, voters can rank up to five candidates on their ballots in preferential order. If no candidate receives more than 50 percent of first-choice votes, the winner is decided by a process of elimination: Lower-polling candidates are eliminated one by one in separate rounds, with their votes distributed to whichever candidate those voters ranked next. The process continues until there is a winner.History suggests it is very difficult, but not impossible, for a candidate who trails in an initial round to ultimately win a ranked-choice race.Eric Adams retained his first-place primary night position, but two of his nearest rivals narrowed the gap.James Estrin/The New York TimesThe new numbers offered a snapshot of the kinds of coalitions the contenders were able to build.Ms. Garcia, who spent the final days of the race campaigning with Andrew Yang, a former presidential candidate, clearly benefited when he was eliminated in the ranked-choice exercise. She moved from third place into second, edging past Ms. Wiley, though Mr. Adams benefited when Mr. Yang was eliminated as well.Mr. Yang had made clear that Ms. Garcia was his second choice, and the two had formed an apparent alliance, appearing together on campaign literature and in public, particularly in neighborhoods with significant Asian American populations.Ms. Garcia also took the vast majority of Ms. Wiley’s votes when Ms. Wiley was eliminated in the exercise. Either candidate would be the city’s first female mayor.They and Mr. Adams stressed the importance of ensuring that voters can maintain faith in the city’s electoral process as the Board of Elections tabulates the results. The candidates also noted the importance of the coming absentee ballot tabulations.“With more than 120,000 absentee ballots left to count — in addition to provisional ballots and potential recanvassing of results — this election is still wide open,” Ms. Wiley said in a statement. “That’s why following yesterday’s embarrassing debacle, the Board of Elections must count every vote in an open way so that New Yorkers can have confidence that their votes are being counted accurately.”Even before the chaotic display on Tuesday, the elections board had already faced criticism over its decision to reveal some ranked-choice results without factoring in absentee votes.A number of strategists and officials warned that such a move could fuel voter confusion, especially if there is a different winner once absentee ballots are added in. Results will not be certified until all ballots, including absentee votes, are accounted for, a process that is expected to stretch well into next month.“While we remain confident in our path to victory, we are taking nothing for granted and encourage everyone to patiently wait for over 124,000 absentee ballots to be counted and included in the ranked choice voting tabulation,” Ms. Garcia said in a statement. “Every candidate should respect the democratic process and be committed to supporting whomever the voters have selected to be the Democratic nominee for mayor.”Mr. Adams’s campaign struck a similar note, saying in a statement that there were “still absentee ballots to be counted that we believe favor Eric — and we are confident we will be the final choice of New Yorkers when every vote is tallied.”Tuesday’s extraordinary counting error comes not long after a 2020 presidential campaign in which Republicans sought to sow unfounded doubts about the integrity of the election and promoted false claims of voter fraud.And the confusion surrounding the primary results in New York prompted former President Donald J. Trump to weigh in, claiming without evidence that “nobody will ever know who really won.”Mr. Adams shot back on Twitter: “As always, Trump gets it wrong.”“Yesterday, the results released by the B.O.E. had discrepancies which are being addressed,” he said. “There were NO similar issues in November. Neither of these elections were a hoax or a scam. We need to count every vote. That takes time, and that’s OK.”In a statement Wednesday evening, the commissioners of the board apologized for the uncertainty and noted new tabulation safeguards, while stressing that the problems were not tied to the ranked-choice process.“We have implemented another layer of review and quality control before publishing information going forward,” the statement said.The statement acknowledged that the board “must regain the trust of New Yorkers.”“We will continue to hold ourselves accountable and apologize to New York City voters for any confusion,” it stated.Still, Tuesday’s developments gave more impetus to long-stalled efforts to bring meaningful reforms to the Board of Elections. The State Senate majority leader, Andrea Stewart-Cousins, said in a statement that the legislative body should move urgently to pass voting reforms.“The situation in New York City is a national embarrassment and must be dealt with promptly and properly,” said Ms. Stewart-Cousins, a Democrat. “In the coming weeks, the Senate will be holding hearings on this situation and will seek to pass reform legislation as a result at the earliest opportunity.”A spokeswoman for Assemblywoman Latrice Walker, the chairwoman of the Committee on Election Law, said that the committee would be holding a hearing on ranked-choice voting.Maya Wiley characterized the Board of Elections’ mistake as an “embarrassing debacle.” Hilary Swift for The New York TimesThe counting error was the latest episode in a long series of blunders and other dysfunction at the Board of Elections, and the recriminations began nearly instantly.Mayor Bill de Blasio on Wednesday called for a total overhaul of the body.“Yet again, the fundamental structural flaws of the Board of Elections are on display,” he said in a statement, also calling for “an immediate, complete recanvass” of the vote count and “a clear explanation of what went wrong.”“Going forward,” he said, “there must be a complete structural rebuild of the board.”And Mr. Adams’s campaign announced that it had filed a lawsuit in State Supreme Court in Brooklyn.“Today we petitioned the court to preserve our right to a fair election process and to have a judge oversee and review ballots, if necessary,” the campaign said in a statement. “We invite the other campaigns to join us and petition the court as we all seek a clear and trusted conclusion to this election.”Ms. Garcia’s campaign indicated in a statement that it was filing in court as well, to preserve “our rights under election law to protect the canvass and provide for court supervision of the vote count if needed.”The Wiley campaign declined to comment on any potential legal proceedings.Separately, Mr. Adams and some of his allies have long expressed concerns about the ranked-choice voting process, which voters approved in a 2019 ballot measure. Some of Mr. Adams’s surrogates have cast ranked choice as an attempt to disenfranchise voters of color, a characterization that supporters of the process strongly reject.But the bulk of the critical focus on Wednesday fell on the Board of Elections, as new details emerged about the circumstances that led to what the board insists was a human error.For example, the supplier of the software that New York City used to tabulate votes repeatedly offered its assistance to the board, according to Christopher W. Hughes, the policy director at the Ranked Choice Voting Resource Center, which provided the open-source software.He did not hear back.Dana Rubinstein, Ed Shanahan and Jeffery C. Mays contributed reporting. More