More stories

  • in

    Thai Ex-Prime Minister Returns From Exile, Adding to Political Chaos

    Thaksin Shinawatra, who was ousted in a coup in 2006, has come back to Thailand at a time when the country is struggling to elect a new leader.Thaksin Shinawatra, the former premier who was ousted in a coup and has been living in exile since 2006, returned to Bangkok for the first time in 15 years on Tuesday, adding to the country’s political drama on a day that Parliament was to vote for a new prime minister.Mr. Thaksin was living in self-imposed exile in part to avoid facing corruption and abuse of power charges affiliated with his telecom business. While in exile, he shuttled between England, Hong Kong and Dubai, avoiding Thailand for fear of not receiving a fair trial. He was tried for most of these cases in absentia and found guilty of several charges.Mr. Thaksin’s private jet arrived Tuesday morning at the Don Muang International Airport in Bangkok. And his landing comes after months of a political logjam that has left the country without a clear leadership candidate after the top vote-winner in the May general election was functionally blocked from office by allies of the country’s military and monarchy.His return reflects the degree of confidence that he has in his party, Pheu Thai, to form a government and elect a new prime minister this week. Srettha Thavisin, a real estate tycoon and a close ally of Mr. Thaksin, has been nominated for the job by Pheu Thai, but it remains unclear if he will win the post once voting is done on Tuesday.Pheu Thai’s candidates Srettha Thavisin, left, and Paetongtarn Shinawatra, the daughter of Mr. Thaksin, at a rally in Bangkok in May. Jorge Silva/ReutersAt a news conference on Sunday, Paetongtarn Shinawatra, Mr. Thaksin’s youngest daughter, said her father would not be involved in politics once he returned to Thailand. But few Thai voters believe that claim.Mr. Thaksin, a charismatic 74-year-old billionaire, is the founder of Pheu Thai, which still looks to him for guidance, according to party members. His policies remain popular in Thailand, where many Thais recall his populist agenda fondly, particularly his $1 health care program and the disbursement of loans to farmers when he was prime minister from 2001 to 2006.But more recently, Pheu Thai supporters have felt betrayed by the party’s moves to partner with the military in order to form a new government and elect a prime minister.Earlier this month, Pheu Thai abandoned its main coalition partner, the progressive Move Forward Party, which won the general election in May. Move Forward had refused to withdraw its pledge to revise a law that criminalizes criticism of the powerful Thai monarchy, an institution fiercely backed by conservatives and the military.Thai soldiers standing guard in front of the Royal Plaza in Bangkok after the military seized power from Mr. Thaksin in a coup in 2006.Pornchai Kittiwongsakul/Agence France-Presse — Getty ImagesUntil now, Pheu Thai had vowed never to partner with military-backed parties in Parliament.Despite his influence, Mr. Thaksin no longer has the same hold over the Thai public that he did a decade ago. A generation of young Thais see him as a self-serving politician obsessed with orchestrating an elaborate homecoming. In his absence, other charismatic figures like Pita Limjaroenrat, the leader of the Move Forward Party, have risen, appealing to an electorate disillusioned with the politics of the old.In 2008, Mr. Thaksin made a brief return to Thailand after his political allies won an election. During that time, he and his then-wife, Potjaman Na Pombejra, were tried on a conflict of interest case over a plot of land that was sold to Ms. Potjaman. He fled to London before the guilty verdict was handed down. More

  • in

    Elecciones en Ecuador y Guatemala en 4 conclusiones

    A los “outsiders” les fue mejor de lo esperado, lo que subraya la volatilidad de la política latinoamericana. A los candidatos que llamaron a emular las medidas enérgicas contra el crimen de El Salvador no les fue bien.El domingo, Ecuador y Guatemala celebraron elecciones que dejaron en evidencia algunas tendencias cruciales en América Latina como los esfuerzos anticorrupción, la creciente importancia de los votantes jóvenes y los llamados a emular las medidas enérgicas contra el crimen de El Salvador.En Ecuador, donde el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio este mes ensombreció la campaña, una política de la izquierda tradicional, Luisa González, se enfrentará en una segunda vuelta a Daniel Noboa, el heredero de una familia adinerada conocida por su imperio bananero.Y en Guatemala, el activista progresista y anticorrupción Bernardo Arévalo ganó la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de manera aplastante contra una ex primera dama, Sandra Torres, asestando así un golpe al establishment político conservador del país.Debido a las preocupaciones latentes sobre la erosión del Estado de derecho y la influencia cada vez mayor de las bandas narcotraficantes en diferentes partes de América Latina, la votación fue observada de cerca en busca de señales de lo que podrían significar los resultados.A continuación, presentamos algunas conclusiones clave.El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha tomado medidas enérgicas contra la violencia de las pandillas mediante arrestos masivos que perjudicaron a miles de personas inocentes.Brittainy Newman para The New York TimesLa delincuencia no fue el único tema en la mente de los votantesEcuador y Guatemala enfrentan una variedad de retos diferentes, y aunque las dificultades para gobernar de manera efectiva en ambos países son bien conocidas, los nuevos líderes tendrán que lidiar con tener bajo control el crimen organizado y crear oportunidades económicas para mantener a sus ciudadanos en casa y evitar que emigren.La estrella del momento en la escena política de América Latina es el presidente populista conservador de El Salvador, Nayib Bukele, debido a su éxito en el uso de tácticas de línea dura para sofocar la violencia de las pandillas, incluidos arrestos masivos que afectaron a miles de personas inocentes y erosionaron las libertades civiles. Pero las expectativas de que los entusiastas de las tácticas de Bukele sobre el crimen tendrían un camino fácil hacia la victoria se desvanecieron tanto en Ecuador como en Guatemala.“Es notable que en ninguno de los dos casos les haya ido bien a los admiradores descarados de las políticas severas de Nayib Bukele contra las bandas criminales en El Salvador”, dijo Michael Shifter, miembro principal de Diálogo Intermericano, una organización de investigación con sede en Washington.A pesar de la conmoción generada por el asesinato de Villavicencio, los candidatos explícitamente anticrimen en Ecuador dividieron su porción de los votos. A Jan Topic, quien se alineó estrechamente con Bukele, le fue mal a pesar de haber subido en las encuestas tras el asesinato.“Hizo una campaña de un solo tema que, en su mayoría, se enfocó en la seguridad”, dijo Risa Grais-Targow, directora para América Latina de Eurasia Group, sobre Topic. “Pero los votantes tienen otras preocupaciones, como las relacionadas con la economía”.De manera similar, en Guatemala —donde crecían los temores de un descenso hacia el autoritarismo— la promesa de Torres de implementar políticas al estilo de Bukele no logró ganar mucho impulso. En cambio, su rival la puso a la defensiva debido a que había pasado un tiempo bajo arresto domiciliario en relación con cargos de financiamiento ilícito de campañas.También influyeron en el resultado las maniobras de la autoridad electoral de Guatemala para simplemente descalificar a los candidatos que se consideraron amenazas al orden establecido.Uno de los candidatos expulsados de la contienda antes de la primera vuelta en junio fue Carlos Pineda, un outsider que buscaba replicar las medidas enérgicas contra el crimen de Bukele. La descalificación de Pineda y otros le abrió un camino a Arévalo, otro candidato independiente cuyas propuestas para combatir el delito son más matizadas.Los candidatos guatemaltecos intentaron capitalizar el apoyo de los jóvenes.Daniele Volpe para The New York TimesLos votantes jóvenes influyen en las eleccionesEn un grado notable, los resultados electorales en Ecuador y Guatemala dependieron de las decisiones de los votantes jóvenes. En Ecuador, Noboa, un empresario de 35 años, neófito de la política, estaba en los últimos lugares de las encuestas hasta hace apenas unas semanas.Pero aprovechando el apoyo de los jóvenes mientras se presentaba como un candidato independiente, Noboa se abrió camino inesperadamente hacia la segunda vuelta con cerca del 24 por ciento de los votos. (El reconocimiento de su apellido también podría haber ayudado; su padre, Álvaro Noboa, uno de los hombres más ricos de Ecuador, se postuló a la presidencia en cinco oportunidades).En Guatemala, el país más poblado de América Central, Arévalo, de 64 años, también se benefició del apoyo de los jóvenes, especialmente en las ciudades, quienes se sintieron atraídos por sus llamados a poner fin a la persecución política de activistas de derechos humanos, ambientalistas, periodistas, fiscales y jueces.Arévalo también mostró una postura más moderada sobre temas sociales. Aunque dijo que no buscaría legalizar el aborto o el matrimonio igualitario, dejó claro que su gobierno no permitiría la discriminación contra las personas por su orientación sexual.Esa postura, algo novedosa en Guatemala, contrastó en gran manera con la de Torres, quien seleccionó a un pastor evangélico como su compañero de fórmula y empleó un insulto contra personas homosexuales en la campaña electoral para referirse a los simpatizantes de Arévalo.Luisa González enfrentará a Daniel Noboa en la segunda vuelta de las elecciones en Ecuador.Johanna Alarcón para The New York TimesLa izquierda va en diferentes direccionesGuatemala y Ecuador ofrecieron visiones contrastantes de la izquierda en América Latina.Dentro del panorama político tradicionalmente conservador de Guatemala, Arévalo, quien critica gobiernos de izquierda como el de Nicaragua, a menudo es descrito como un progresista. En ese sentido se parece más a Gabriel Boric, el presidente joven y moderado de Chile, que a los agitadores de otras zonas de la región.El partido de Arévalo, Movimiento Semilla, el cual se formó tras las protestas anticorrupción en 2015, también es diferente a cualquier otro movimiento surgido en Guatemala durante las últimas décadas. Semilla llamó la atención por realizar una campaña austera y de principios, dejando claras sus fuentes de financiamiento, a diferencia del financiamiento opaco que prevalece en otros partidos. Otra fuente de inspiración para Semilla es el Frente Amplio de Uruguay, un partido de centro izquierda moderado y democrático.“Arévalo es un demócrata de pies a cabeza”, aseveró Will Freeman, miembro de estudios latinoamericanos del Consejo de Relaciones Exteriores.González, en contraste, proviene de un sector diferente de la izquierda latinoamericana, caracterizado en el caso de Ecuador por poner a prueba los controles y equilibrios democráticos, dijo Freeman. Es partidaria de Rafael Correa, un expresidente ecuatoriano que sigue siendo una fuerza dominante en la política del país a pesar de tener seis años fuera del poder.Correa, quien vive en Bélgica tras huir de una sentencia de prisión de ocho años por violaciones en el financiamiento de campañas, conserva una base sólida que oscila entre el 20 y el 30 por ciento del electorado.En gran medida, ese apoyo es resultado de la “nostalgia de ese momento de bienestar que hubo durante la era de Correa”, dijo Caroline Ávila, analista política en Ecuador.Arévalo obtuvo más votos que cualquier otro candidato en Guatemala desde que se restableció la democracia en el país en 1985.Daniele Volpe para The New York TimesLa imprevisibilidad marcó las contiendasLas elecciones tanto en Ecuador como en Guatemala destacaron una tendencia regional más general: la incertidumbre y volatilidad de la política latinoamericana.En ambos países, las encuestas fallaron en captar desarrollos cruciales. En Ecuador, donde Topic capitalizó las consecuencias del asesinato de Villavicencio, Noboa se abrió camino para pasar a la segunda vuelta.Y en Guatemala, Arévalo, un candidato académico que a veces lee sus discursos y carece de las habilidades oratorias de sus rivales, no fue visto como una amenaza por el establishment hasta que logró pasar a la segunda vuelta.Hoy, con su aplastante victoria, Arévalo obtuvo más votos que cualquier otro candidato desde que se restauró la democracia en Guatemala en 1985.Ese es un escenario que incluso muchos miembros del propio partido de Arévalo no vieron venir.Simon Romero More

  • in

    Elections in Ecuador and Guatemala: Four Takeaways

    Outsiders overperformed, underscoring the volatility of Latin American politics. Candidates calling to emulate El Salvador’s crackdown on crime did not do well.Ecuador and Guatemala held elections on Sunday that shed light on crucial trends throughout Latin America, including anticorruption drives, the growing importance of young voters and calls to emulate El Salvador’s crackdown on crime.In Ecuador, where the assassination this month of the presidential candidate Fernando Villavicencio cast a pall over campaigning, an establishment leftist, Luisa González, will head into a runoff against Daniel Noboa, the scion of a well-heeled family known for its banana empire.And in Guatemala, the progressive anti-graft crusader Bernardo Arévalo won in a landslide over a former first lady, Sandra Torres, dealing a blow to the country’s conservative political establishment.As concerns simmer over the erosion of the rule of law and the expanding sway of drug gangs in different parts of Latin America, the voting was watched closely for signs of what the outcomes could mean.Here are key takeaways.President Nayib Bukele of El Salvador has cracked down on gang violence, using mass arrests that swept up thousands of innocent people. Brittainy Newman for The New York TimesCrime wasn’t the only issue on voters’ minds.Ecuador and Guatemala each face an array of different challenges, and while it is hard to overstate the difficulty of governing effectively in both countries, new leaders will grapple with getting organized crime under control and creating economic opportunities to keep their citizens at home instead of emigrating.The star of the moment in Latin America’s political scene is El Salvador’s conservative populist president, Nayib Bukele, for his success in using hard-line tactics to quell gang violence, including mass arrests that swept up thousands of innocent people and the erosion of civil liberties. But expectations that enthusiasts for the Bukele gospel on crime would sail to victory fizzled in Ecuador and Guatemala.“It is notable that in neither case did unabashed admirers of Nayib Bukele’s hard-line policies against criminal gangs in El Salvador fare well,” said Michael Shifter, a senior fellow at the Inter-American Dialogue, a Washington-based research organization.Despite the shock over the assassination of Mr. Villavicencio, explicitly anti-crime candidates in Ecuador split their share of the votes. Jan Topic, who aligned himself closely with Mr. Bukele, fared poorly despite climbing in the polls after the assassination.“He did run a single-issue campaign that was very much focused around security,” Risa Grais-Targow, the Latin America director for Eurasia Group, said of Mr. Topic. “But voters have other concerns, including on the economy.”Similarly, in Guatemala — where fears were growing of a slide toward authoritarian rule — Ms. Torres’s pledge to put in place Bukele-style policies failed to gain much traction. Instead, the former first lady was put on the defensive by her rival because she had spent time under house arrest in connection to charges of illicit campaign financing.Also influencing the outcome: moves by Guatemala’s electoral authority to simply disqualify candidates who were viewed as threatening the established order.One of the candidates pushed out of the race ahead of the first round in June was Carlos Pineda, an outsider seeking to replicate Mr. Bukele’s crackdown on crime. When Mr. Pineda and others were disqualified, that provided an opening for Mr. Arévalo, another outsider, even though his proposals to fight crime are more nuanced.Guatemalan candidates tried to capitalize on the support of young people.Daniele Volpe for The New York TimesYoung voters shape elections.To a notable degree, the electoral outcomes in Ecuador and Guatemala hinged on the choices of young voters. In Ecuador, Mr. Noboa, 35, a businessman and newcomer to politics, was polling in the doldrums just a few weeks ago.But seizing on youth support while casting himself as an outsider, Mr. Noboa unexpectedly surged into the runoff with about 24 percent of the vote. (Name recognition may also have helped; his father, Álvaro Noboa, one of Ecuador’s richest men, ran unsuccessfully for president five times.)In Guatemala, Central America’s most populous country, Mr. Arévalo, 64, also capitalized on the support of young people, especially in cities, who were drawn to his calls to end the political persecution of human rights activists, environmentalists, journalists, prosecutors and judges.Mr. Arévalo also offered a more moderate stance on social issues. While saying he would not seek to legalize abortion or gay marriage, he made it clear that his government would not permit discrimination against people because of their sexual orientation.That position, which is somewhat novel in Guatemala, stood in sharp contrast to that of Ms. Torres, who drafted an evangelical pastor as her running mate and used an anti-gay slur on the campaign trail to refer to Mr. Arévalo’s supporters.Luisa González will head into a runoff against Daniel Noboa in Ecuador.Johanna Alarcón for The New York TimesThe left is going in different directions.Guatemala and Ecuador offered sharply contrasting visions for the left in Latin America.Indeed, within Guatemala’s traditionally conservative political landscape, Mr. Arévalo, who criticizes leftist governments like Nicaragua’s, is often described as a progressive. In that sense, he is more like Gabriel Boric, Chile’s moderate young president, than firebrands elsewhere in the region.Mr. Arévalo’s party, Movimiento Semilla (Seed Movement), which coalesced after anticorruption protests in 2015, is also unlike any other party in Guatemala in recent decades. Semilla gained attention for running a principled and austere campaign, making its funding sources clear, in contrast to the opaque financing prevailing in other parties. Another source of inspiration for Semilla is Uruguay’s Frente Amplio (Broad Front), a moderate, democratic left-of-center party.“Arévalo is a democrat through and through,” said Will Freeman, a fellow in Latin America studies at the Council on Foreign Relations.Ms. González, by contrast, hails from a different part of the Latin American left, characterized in Ecuador’s case by testing democratic checks and balances, Mr. Freeman said. She is a supporter of Rafael Correa, a former Ecuadorean president who remains a dominant force in the country’s politics despite being out of power for six years.Mr. Correa, who lives in Belgium after fleeing an eight-year prison sentence for campaign-finance violations, retains a strong base that oscillates between 20 percent and 30 percent of the electorate.That support is largely a result of the “nostalgia for that moment of well-being that existed during the Correa era,” said Caroline Ávila, a political analyst in Ecuador.Mr. Arévalo got more votes than any other candidate in Guatemala since democracy was restored in the country in 1985.Daniele Volpe for The New York TimesUnpredictability underlined the races.The races in both Ecuador and Guatemala highlighted a wider regional trend: the uncertainty and volatility of Latin America’s politics.Polls in both countries failed to capture crucial developments. In Ecuador, where Mr. Topic was seen capitalizing on the aftermath of the Villavicencio assassination, Mr. Noboa swooped in to make it to the runoff.And in Guatemala, Mr. Arévalo, a professorial candidate who sometimes reads his speeches and lacks the oratory skills of his rivals, was viewed as nonthreatening by the establishment — until he squeaked into the runoff.Now, with his landslide win, Mr. Arévalo got more votes than any other candidate since democracy was restored in Guatemala in 1985.That’s a scenario that even many within Mr. Arévalo’s own party did not see coming.Simon Romero More

  • in

    Ecuador Elections Move to Runoff

    Luisa González and Daniel Noboa were poised to be the top candidates of Sunday’s election in a country where declining security has been the leading issue for most voters.An establishment leftist and a newcomer businessman appeared to capture the top two spots in Ecuador’s presidential election on Sunday in a campaign cycle that has centered on voters’ frustration with the country’s soaring gang and drug cartel violence.Luisa González, who was backed by a former socialist president, and the political outsider Daniel Noboa received the highest percentage of ballots with 84 percent of the vote counted. They will compete in a runoff election on Oct. 15.The economy and security are likely to be the leading issues going into the runoff, as local prison and street gangs, along with foreign drug mafias, have unleashed a wave of violence unlike anything in the country’s recent history, sending homicide rates to record levels and hurting the vital tourism industry.Concerns over the declining security were amplified earlier this month when the presidential candidate Fernando Villavicencio was assassinated on the campaign trail.Ms. González led the election, garnering 33 percent of the vote, with 84 percent counted, followed by Mr. Noboa, the unexpected second-place winner with 24 percent. Just a few weeks ago, Mr. Noboa was polling in single digits.Full official results were expected later on Sunday night.Ecuador also voted on Sunday to halt drilling in one of the most biodiverse corners of the Amazon in a victory for a decade-long fight by environmental activists to get the binding referendum in front of voters.Sunday’s first-round vote followed President Guillermo Lasso’s call for snap elections in May amid impeachment proceedings against him over accusations of embezzlement, as well as rising voter dissatisfaction over the nation’s security crisis.Ecuador, a country of 18 million, was once a tranquil haven compared with its neighbor Colombia, which for decades was ravaged by violence by armed guerrilla and paramilitary groups and drug cartels. As that changed in the past few years after Colombia forged a peace deal, the narco-trafficking industry grew increasingly powerful in Ecuador.Ms. González led the election, garnering 33 percent of the vote in early counting.Karen Toro/ReutersAmid news reports regularly featuring beheadings, car bombs, police assassinations, young men hanging from bridges and children gunned down outside their homes and schools, Ecuadoreans are hoping for new leadership that can restore the peaceful existence they once took for granted.The González-Noboa matchup means that “there’s still a strong, loyal base for Correísmo that’s enough to get González into the runoff,” said Risa Grais-Targow, the Latin America director for Eurasia Group, referring to the leftist movement of former President Rafael Correa, who governed from 2007 to 2017.But, she said, “there’s a large share of the population that really wants something completely different — they want a new face.”The surprise of the night was the second-place victory for Mr. Noboa, who was recently polling toward the bottom of the pool of eight candidates.“The youth opted for the Daniel Noboa option,” said Mr. Noboa in a news conference Sunday night. “It would not be the first time that a new proposal would turn around the electoral establishment,” he added, referring to himself.The 35-year-old comes from one of the richest families in Latin America, known to most Ecuadoreans for its banana empire. His father ran for president five times, unsuccessfully, but the younger Noboa’s political career goes back only to 2021, when he was elected to Ecuador’s Congress.“He has a voting base that is familiar with the Noboa brand, with the Noboa name, and that now has been very successfully energized, refreshed with a new face,” said Caroline Ávila, an Ecuadorean political analyst. “He captures the attention of young people, the main mass of undecided voters. They are the ones who are putting him in the second round.”Mr. Noboa’s campaign seemed to take off only a week ago, when he impressed many Ecuadoreans with his debate performance.“He stands out in the debate,” Ms. Ávila said. “He speaks well, he speaks fluently, without complicating himself too much, without fighting. And it has generated a lot of interest in these post-debate weeks.”As a legislator and member of the National Democratic Action Movement, Mr. Noboa supported bills to attract international investment and cut taxes, said Grace Jaramillo, an Ecuadorean professor of political science at the University of British Columbia.His policy proposals include pledges to create jobs, lower taxes, lower electricity bills and enter into more international free trade agreements.Daniel Noboa, a political outsider, was the unexpected second-place winner on Sunday.Dolores Ochoa/Associated Press“It’s a big surprise, especially in the fact that the debate did have an effect,” said Arturo Moscoso, Quito-based political scientist. But he added, “For many Ecuadoreans he is an unknown.”Mr. Noboa positioned himself as “the employment president,” even including an employment request form on his website, among other broad commitments to security and the economy. As a businessman and U.S. citizen who grew up in the United States, he is likely to favor American market-friendly interests, said Ms. Grais-Targow.While analysts predicted security to be the main issue in the election following the assassination, Mr. Noboa’s success shows that in a country where just 34 percent of Ecuadoreans have adequate employment, according to government data, the economy is still top of mind.One voter, Carlos Andrés Eras, 31, said he supported Mr. Noboa because he saw him as a well-prepared politician with clear proposals.“It is not improvised; he has been putting together his political project little by little,” said Mr. Eras, who owns a jewelry store in Guayaquil. “He concentrated on giving his points and answered what was raised in the question without attacking anyone.”Mr. Noboa came in just behind the leftist establishment candidate, Ms. González.Backed by the powerful party of Mr. Correa, the former president, Ms. González, 45, has appealed to voter nostalgia for the economic and security situation under the Correa administration, when homicide rates were low and a commodities boom helped lift millions out of poverty.“It is the first time in the history of Ecuador that a woman has obtained such a high percentage in the first round,” said Ms. González in her postelection speech. “We are going to have that homeland again with hope, with dignity, with security.”A soldier guarding a polling station in Quito, Ecuador, on Sunday.Carlos Noriega/Associated PressGermán Montoya, a voter and the owner of a plastic company in Guayaquil, Ecuador’s largest city, said extortion payments demanded by gangs were hurting his business and had pushed him to vote for Ms. González.“‘Mr. Montoya, I can’t go there, here, because they charge me a toll,’” he said his employees tell him. The trucks are charged $50 to make deliveries in different parts of Guayaquil, Mr. Montoya, 37, said.Jordy Gonzales, a 23-year-old construction worker, felt similarly. Mr. Correa’s party, he said, “did things right, and we are going to see if this time, if God allows it, it will be like before.”If Ms. González wins the election in October, it will show the staying power of Mr. Correa as a dominant political force in Ecuador despite being out of power for six years.He has lived in Belgium since he left office, fleeing an eight-year prison sentence for campaign-finance violations. But experts predict that in the event of a González victory, he would be likely to return to the country and try to seek office again before the next president’s tenure expires in May 2025.Beyond Sunday’s presidential election, Ecuadoreans also voted to end drilling in the Amazon, dealing a major blow to the government, which had been lobbying to continue oil operations.The section of jungle on the ballot, part of Yasuní National Park, is one of the most ecologically rich places on Earth and home to Indigenous people who want no contact with outsiders.The state oil company, Petroecuador, will have roughly a year and a half to wind up its operations in the area, though experts say shutting down the oil field could take six to 10 years.According to Andrés Martínez Moscoso, a law professor at the San Francisco de Quito University, neither the president, Congress nor a new referendum can undo Sunday’s results.The decision is “a very clear signal, especially to the international community, of the population’s desire to turn this extractive economy around,” said Ms. Ávila. It would also force future governments to think of “other ways of generating income that are not exclusively from oil.”Genevieve Glatsky More

  • in

    Elecciones en Ecuador: Luisa González y Daniel Noboa a segunda vuelta

    La candidata de la izquierda tradicional y un empresario relativamente nuevo en la política fueron los más votados en los comicios del domingo.Una candidata de la izquierda tradicional y un empresario neófito en la política parecen ser los dos candidatos más votados en la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Ecuador del domingo. Este ciclo electoral se ha centrado en la frustración de los votantes con la creciente violencia de las bandas y los carteles de la droga en el país.Luisa González, quien fue respaldada por un expresidente socialista, y el candidato outsider Daniel Noboa recibieron el mayor porcentaje de votos con el 84 por ciento de las actas escrutadas. Se enfrentarán en una segunda vuelta electoral el 15 de octubre.Todo parece indicar que la economía y la seguridad serán los temas principales de cara a la segunda vuelta, en un momento en el que bandas callejeras y de prisiones locales, junto con las mafias de la droga extranjeras, han desatado una ola de violencia inédita en la historia reciente del país, lo que ha incrementado las tasas de homicidio a niveles récord,afectando a la industria del turismo, un sector vital.Las preocupaciones por el aumento de la inseguridad se intensificaron a principios de este mes, cuando el candidato presidencial Fernando Villavicencio fue asesinado en plena campaña electoral.González lideró la votación, obteniendo el 33 por ciento de los votos, con el 84 por ciento de las actas escrutadas, seguida de Noboa, el inesperado segundo lugar, quien obtuvo el 24 por ciento. Hace solo unas semanas, Noboa aparecía con porcentajes de una sola cifra de respaldo en los sondeos.Los resultados oficiales completos se esperaban más tarde el domingo por la noche.Ecuador también votó el domingo para detener la extracción de petróleo en uno de los rincones con mayor biodiversidad de la Amazonía, una victoria de una década de esfuerzos de un grupo de activistas ambientales para hacer que una consulta popular fuera presentada a los votantes.La primera vuelta electoral del domingo respondió a la convocatoria a elecciones anticipadas que hizo en mayo el presidente Guillermo Lasso en medio de un proceso de destitución en su contra por acusaciones de malversación de fondos y a la creciente insatisfacción de los votantes por la crisis de seguridad nacional.Ecuador —un país de 18 millones de habitantes— solía ser un remanso de tranquilidad en comparación con la vecina Colombia, que durante décadas fue devastada por la violencia de grupos guerrilleros y paramilitares armados y carteles de la droga. A medida que eso cambió en los últimos años después de que Colombia forjara un acuerdo de paz, la industria del narcotráfico se volvió cada vez más poderosa en Ecuador.González lideró en los comicios con 33 por ciento de los votos en los primeros conteos.Karen Toro/ReutersEntre noticias que regularmente presentan decapitaciones, coches bomba, asesinatos de policías, jóvenes colgados de puentes y niños asesinados a tiros fuera de sus hogares y escuelas, los ecuatorianos esperan un nuevo liderazgo que pueda restaurar la convivencia pacífica que alguna vez dieron por sentado.Estos resultados que favorecieron a González y Noboa demuestran que “todavía existe una base fuerte y leal al correísmo suficiente como para hacer avanzar a González a la segunda vuelta”, dijo Risa Grais-Targow, directora para América Latina de Eurasia Group, un instituto de investigación, refiriéndose al movimiento de izquierda del expresidente Rafael Correa, quien gobernó de 2007 a 2017.Sin embargo, dijo que “existe una gran parte de la población que en realidad quiere algo completamente diferente. Quieren un nuevo rostro”.El segundo lugar, obtenido por Noboa, fue la sorpresa de la noche, ya que hasta hace solo unas semana las encuestas lo ubicaban en el fondo del grupo de ocho candidatos.“La juventud optó por la opción de Daniel Noboa”, dijo Noboa en una conferencia de prensa el domingo por la noche. “No sería la primera vez que una nueva propuesta le dé la vuelta al establishment electoral”, agregó, refiriéndose a sí mismo.El empresario de 35 años proviene de una de las familias más ricas de América Latina, conocida por la mayoría de los ecuatorianos por su imperio bananero. Su padre se postuló sin éxito cinco veces a la presidencia, pero la carrera política del joven Noboa apenas se remonta a 2021, cuando fue elegido para la Asamblea Nacional de Ecuador.“Tiene una votación que está familiarizada con la marca Noboa, con el apellido Noboa y que ahora ha sido muy exitosamente energizado, refrescado además con un rostro nuevo”, dijo Caroline Ávila, analista política ecuatoriana. “Captura la atención de los jóvenes, principal masa de votantes indecisos. Son ellos quienes le están colocando en la segunda vuelta”.Al parecer, la campaña de Noboa logró despegar apenas el domingo pasado, cuando impresionó a muchos ecuatorianos con su participación en el debate.“Descolla en el debate. Habla bien, habla de corrido, sin complicarse mucho, sin pelear”, dijo Ávila, la analista política. “Y ha generado mucho interés en estas semanas posdebate”.Como asambleísta y miembro del movimiento político Acción Democrática Nacional, Noboa respaldó leyes para atraer inversión internacional y reducir impuestos, afirmó Grace Jaramillo, profesora ecuatoriana de politología en la Universidad de Columbia Británica.​​Sus propuestas incluyen compromisos para crear empleos, reducir los impuestos, disminuir las tarifas eléctricas e impulsar más tratados internacionales de libre comercio.Daniel Noboa, un outsider político, obtuvo el inesperado segundo lugar el domingo.Dolores Ochoa/Associated Press“Es una gran sorpresa, sobre todo en el hecho de que el debate sí tuvo efectos”, dijo Arturo Moscoso, un politólogo radicado en Quito. Pero, agregó: “Para muchos ecuatorianos es una incógnita”.Noboa se presentó como el “presidente de empleo”, e incluso incluyó un formulario de solicitud de empleo en su página web, entre otras promesas más generales sobre la seguridad y la economía. Debido a que es empresario y un ciudadano estadounidense que creció en Estados Unidos, es muy probable que sea receptivo con los intereses favorables al mercado estadounidense, afirmó Grais-Targow.Aunque los analistas predecían que la seguridad sería el tema más importante en la elección tras el asesinato, el éxito de Noboa muestra que en un país donde solo el 34 por ciento de los ecuatorianos tiene un empleo adecuado, según información del gobierno, la economía sigue siendo un tema crucial.Carlos Andrés Eras, de 31 años, dijo que había votado por Noboa porque lo veía como un político bien preparado con propuestas claras.“No es un improvisado, el proyecto como político lo ha ido armando poco a poco”, dijo Eras, quien es dueño de una joyería en Guayaquil. “Se concentró en dar sus puntos y respondía lo que se planteaba en la pregunta sin atacar a nadie”.Noboa quedó en segundo lugar, muy cerca de la candidata de la izquierda tradicional, González.Respaldada por el poderoso partido de Correa, el expresidente, González, de 45 años, ha apelado a la nostalgia de los votantes por la situación económica y de seguridad bajo el gobierno de Correa, cuando las tasas de homicidios eran bajas y el auge de las materias primas ayudó a sacar a millones de personas de la pobreza.“Es la primera vez en la historia del Ecuador que una mujer saca tan alto porcentaje en primera vuelta”, dijo González en su discurso poselectoral. “Vamos a volver a tener esa patria con esperanza, con dignidad, con seguridad”.Un soldado custodiando un lugar de votación en Quito, Ecuador, el domingo.Carlos Noriega/Associated PressGermán Montoya, votante y propietario de una empresa de plásticos en Guayaquil, la ciudad más grande de Ecuador, dijo que los pagos de extorsión que exigen las bandas estaban perjudicando su negocio y lo habían empujado a votar por González.“‘Señor Montoya, no puedo ir para acá, para allá, porque me cobran un peaje’”, contó que le dicen sus empleados. A los camiones les cobran 50 dólares para hacer entregas en distintos lugares de Guayaquil, dijo Montoya, de 37 años.Jordy Gonzales, un albañil de 23 años, sentía algo similar. El partido de Correa, dijo, “hizo las cosas bien, y vamos a ver si esta vez, si Dios lo permite, vuelva a ser como antes”.Si González gana las elecciones en octubre, demostrará el poder de permanencia de Correa como una fuerza política dominante en Ecuador a pesar de haber estado fuera durante seis años.Correa ha vivido en Bélgica desde que dejó el cargo, huyendo de una sentencia de prisión de ocho años por violaciones al financiamiento de campañas. Sin embargo, los expertos predicen que, en caso de una victoria de González, probablemente regresaría al país y trataría de buscar la presidencia nuevamente cuando expire el próximo mandato presidencial en mayo de 2025.Ecuador también votó a favor de detener la extracción petrolera en uno de los rincones más biodiversos de la Amazonía, lo que significa un golpe para el gobierno, que había estado impulsando las operaciones petroleras. La zona de la selva incluida en la votación, la cual forma parte del Parque Nacional Yasuní, es uno de los lugares con más riqueza ecológica en el planeta y alberga comunidades indígenas que no desean contacto con extraños.La compañía estatal petrolera, Petroecuador, tendrá aproximadamente un año y medio para clausurar sus operaciones en la zona, aunque los expertos consideran que cerrar el campo petrolífero podría demorar de seis a 10 años. Según Andrés Martínez Moscoso, profesor de derecho en la Universidad San Francisco de Quito, ni el presidente, ni la Asamblea Nacional ni una nueva consulta popular pueden revertir los resultados del domingo.Según Caroline Ávila, analista política ecuatoriana, la decisión significaría “una señal muy clara, sobre todo a la comunidad internacional del deseo de la población de darle un giro a esta economía extractivista”. También obligará a futuros gobiernos “a pensar otros espacios, otras formas de generar ingresos que no sean exclusivamente del petróleo”.Genevieve Glatsky More

  • in

    Inside the Sputtering Campaign of Ron DeSantis

    Rob Szypko and Rachel Quester and Marion Lozano, Elisheba Ittoop and Chris Wood and Listen and follow The DailyApple Podcasts | Spotify | Stitcher | Amazon MusicGov. Ron DeSantis of Florida began the race for the Republican nomination with high expectations and a clear argument: that he was a political fighter with a solid record of conservative achievements in his state. Now, he appears to be in a downward spiral.Shane Goldmacher, a national political reporter for The Times, explains why the DeSantis campaign is stumbling so badly.On today’s episodeShane Goldmacher, a national political reporter for The New York Times.Ron DeSantis has cut back, reorganized, reset and refocused his presidential campaign.Haiyun Jiang/The New York TimesBackground readingGovernor DeSantis, who has been losing ground in polls and dealing with staffing, spending and messaging issues, has tweaked his messaging and tactics.Here are four major challenges facing his campaign.There are a lot of ways to listen to The Daily. Here’s how.We aim to make transcripts available the next workday after an episode’s publication. You can find them at the top of the page.Shane Goldmacher More

  • in

    Appeasing Donald Trump Won’t Work

    I’m going to begin this column with a rather unusual reading recommendation. If you’ve got an afternoon to kill and want to read 126 pages of heavily footnoted legal argument and historical analysis, I strongly recommend a law review article entitled “The Sweep and Force of Section Three.” It’s a rather dull headline for a highly provocative argument: that Donald Trump is constitutionally disqualified from holding the office of president.In the article, two respected conservative law professors, William Baude and Michael Stokes Paulsen, make the case that the text, history and tradition of Section 3 of the 14th Amendment — a post-Civil War amendment that prohibited former public officials from holding office again if they “engaged in insurrection or rebellion” or gave “aid or comfort” to those who did — all strongly point to the conclusion that Trump is ineligible for the presidency based on his actions on and related to Jan. 6, 2021. Barring a two-thirds congressional amnesty vote, Trump’s ineligibility, Baude and Paulsen argue, is as absolute as if he were too young to be president or were not a natural-born citizen of the United States.It’s a fascinating and compelling argument that only grows more compelling with each painstakingly researched page. But as I was reading it, a single, depressing thought came to my mind. Baude and Paulsen’s argument may well represent the single most rigorous and definitive explanation of Section 3 ever put to paper, yet it’s difficult to imagine, at this late date, the Supreme Court ultimately either striking Trump from the ballot or permitting state officials to do so.As powerful as Baude and Paulsen’s substantive argument is, the late date means that by the time any challenge to Trump’s eligibility might reach the Supreme Court, voters may have already started voting in the Republican primaries. Millions of votes could have been cast. The Supreme Court is already reluctant to change election procedures on the eve of an election. How eager would it be to remove a candidate from the ballot after he’s perhaps even clinched a primary?While I believe the court should intervene even if the hour is late, it’s worth remembering that it would face this decision only because of the comprehensive failure of congressional Republicans. Let me be specific. There was never any way to remove Trump from American politics through the Democratic Party alone. Ending Trump’s political career required Republican cooperation, and Republicans have shirked their constitutional duties, sometimes through sheer cowardice. They have punted their responsibilities to other branches of government or simply shrunk back in fear of the consequences.In hindsight, for example, Republican inaction after Jan. 6 boggles the mind. Rather than remove Trump from American politics by convicting him in the Senate after his second impeachment, Republicans punted their responsibilities to the American legal system. As Mitch McConnell said when he voted to acquit Trump, “We have a criminal justice system in this country.” Yet not even a successful prosecution and felony conviction — on any of the charges against him, in any of the multiple venues — can disqualify Trump from serving as president. Because of G.O.P. cowardice, our nation is genuinely facing the possibility of a president’s taking the oath of office while also appealing one or more substantial prison sentences.Republicans have also punted to the American voters, suggesting that any outstanding questions of Trump’s fitness be decided at the ballot box. It’s a recommendation with some real appeal. (In his most recent newsletter, my colleague Ross Douthat makes a powerful case that only politics can solve the problem of Donald Trump.) “Give the people what they want” is a core element of democratic politics, and if enough people “want” Trump, then who are American politicians or judges to deprive them? Yet the American founders (and the drafters of the 14th Amendment) also knew the necessity of occasionally checking the popular will, and the Constitution thus contains a host of safeguards designed to protect American democracy from majorities run amok. After all, if voting alone were sufficient to protect America from insurrectionist leaders, there would have been no need to draft or ratify Section 3.Why are Republicans in Congress punting to voters and the legal system? For many of them, the answer lies in raw fear. First, there is the simple political fear of losing a House or Senate seat. In polarized, gerrymandered America, all too many Republican politicians face political risk only from their right, and that “right” appears to be overwhelmingly populated by Trumpists.But there’s another fear as well, that imposing accountability will only escalate American political division, leading to a tit-for-tat of prosecuted or disqualified politicians. This fear is sometimes difficult to take seriously. For example, conservative podcaster Ben Shapiro raised it, arguing that “running for office now carries the legal risk of going to jail — on all sides.” Yet he had himself written an entire book calling for racketeering charges against Barack Obama.That said, the idea that vengeful MAGA Republicans might prosecute Democrats out of spite is credible enough to raise concerns outside the infotainment right. Michael McConnell, a conservative professor I admire a great deal (and one who is no fan of Donald Trump), expressed concern about the Section 3 approach to disqualifying Trump. “I worry that this approach could empower partisans to seek disqualification every time a politician supports or speaks in support of the objectives of a political riot,” he wrote, adding, “Imagine how bad actors will use this theory.”In other words, Trump abused America once, and the fear is that if we hold him accountable, he or his allies will abuse our nation again. I think Professor McConnell’s warnings are correct. Trump and his allies are already advertising their plans for revenge. But if past practice is any guide, Trump and his allies will abuse our nation whether we hold him accountable or not. The abuse is the constant reality of Trump and the movement he leads. Accountability is the variable — dependent on the courage and will of key American leaders — and only accountability has any real hope of stopping the abuse.A fundamental reality of human existence is that vice often leaves virtue with few good options. Evil men can attach catastrophic risks to virtually any course of action, however admirable. But we can and should learn lessons from history. George Washington and Abraham Lincoln, two of our greatest presidents, both faced insurrectionary movements, and their example should teach us today. When Washington faced an open revolt during the Whiskey Rebellion in 1794, he didn’t appease the rebels, instead mobilizing overwhelming force to meet the moment and end the threat.In 1861, Lincoln rejected advice to abandon Fort Sumter in South Carolina in the hope of avoiding direct confrontation with the nascent Confederate Army. Instead, he ordered the Navy to resupply the fort. The Confederates bombarded Sumter and launched the deadliest war in American history, but there was no point at which Lincoln was going to permit rebels to blackmail the United States into extinction.If you think the comparisons to the Whiskey Rebellion or the Civil War are overwrought, just consider the consequences had Trump’s plan succeeded. I have previously described Jan. 6 as “America’s near-death day” for good reason. If Mike Pence had declared Trump the victor — or even if the certification of the election had been delayed — one shudders to consider what would have happened next. We would have faced the possibility of two presidents’ being sworn in at once, with the Supreme Court (and ultimately federal law enforcement, or perhaps even the Army) being tasked with deciding which one was truly legitimate.Thankfully, the American legal system has worked well enough to knock the MAGA movement on its heels. Hundreds of Jan. 6 rioters face criminal justice. The movement’s corrupt lawyers face their own days in court. Trump is indicted in four jurisdictions. Yet all of that work can be undone — and every triumph will turn to defeat — if a disqualified president reclaims power in large part through the fear of his foes.But the story of Washington and Lincoln doesn’t stop with their decisive victories. While 10 members of the Whiskey Rebellion were tried for treason, only two were convicted, and Washington ultimately pardoned them both. On the eve of final victory, Lincoln’s second Inaugural Address contained words of grace that echo through history, “With malice toward none, with charity for all.”Victory is not incompatible with mercy, and mercy can be indispensable after victory. But while the threat remains, so must the resolve, even if it means asking the Supreme Court to intervene at the worst possible time. Let me end where I began. Read Baude and Paulsen — and not just for their compelling legal argument. Read and remember what it was like when people of character and conviction inhabited the American political class. They have given us the tools to defend the American experiment. All we need is the will.The Times is committed to publishing a diversity of letters to the editor. We’d like to hear what you think about this or any of our articles. Here are some tips. And here’s our email: letters@nytimes.com.Follow The New York Times Opinion section on Facebook, Twitter (@NYTopinion) and Instagram. More

  • in

    How Ron DeSantis Joined the ‘Ruling Class’ — and Turned Against It

    Over the years, Mr. DeSantis embraced and exploited his Ivy League credentials. Now he is reframing his experiences at Yale and Harvard to wage a vengeful political war.Early last year, Gov. Ron DeSantis nestled into his chair onstage in Naples, Fla., to explain to an audience of the would-be conservative elite his journey through the reigning liberal one they hoped to destroy. His host was Larry P. Arnn, the president of Hillsdale College, a small Christian school in southern Michigan that has become an academic hub of the Trump-era right. His subject was Yale University, where Mr. DeSantis was educated and where, as he tells it, he first met the enemy.“I’m a public school kid,” Mr. DeSantis told the audience, unspooling a story that he has shared in recent years with aides, friendly interviewers, donors, voters and readers of his memoir, “The Courage to Be Free.” “My mom was a nurse, my dad worked for a TV ratings company, installing the metering devices back then. And I show up in jean shorts and a T-shirt.” The outfit “did not go over well with the Andover and Groton kids” — sometimes it is Andover and Groton, sometimes it is Andover and Exeter, sometimes all three — who mocked his lack of polish.Worse than Yale’s snobbery was its politics: College was “the first time that I saw unadulterated leftism,” he told the Republican Jewish Coalition this March. “We’re basically being told the Soviet Union was the victim in the Cold War.” Teachers and students alike “rejected God, and they hated our country,” he assured the audience in Naples. “When I get people that submit résumés,” he said, “quite frankly, if I got one from Yale I would be negatively disposed.”Then there are the parts of the story he doesn’t tell: How his new baseball teammates at Yale — mostly fellow athletic recruits from the South and West who likewise viewed themselves as Yale outsiders — were among those who teased him about his clothes, and how he would nevertheless adopt their insular culture as his own. How he joined one of Yale’s storied “secret societies,” those breeding grounds of future senators and presidents, but left other members with the impression that he would have preferred to be tapped by a more prestigious one. How he shared with friends his dream of going to Harvard Law School — not law school, Harvard Law School — and successfully applied there, stacking one elite credential neatly onto another, and co-founded a tutoring firm that touted “the only LSAT prep courses designed exclusively by Harvard Law School graduates.” How his Yale connections helped him out-raise rivals as a first-time candidate for Congress, and how he featured his Ivy credentials — “a political scarlet letter as far as a G.O.P. primary went,” Mr. DeSantis likes to say — on his campaign websites, sometimes down to the precise degree of honors earned. And how that C.V. helped sell him to an Ivy-obsessed President Donald J. Trump, whose 2018 endorsement helped propel Mr. DeSantis to the governor’s office in Florida, where his Yale baseball jersey is displayed prominently on the wall next to his desk.Mr. DeSantis signing the Parental Rights in Education bill, a law last year that banned classroom discussions of gender identity and sexual orientation deemed as not being age-appropriate.Douglas R. Clifford/Tampa Bay Times, via Associated PressMr. DeSantis, 44, is not the first Republican politician of his generation to rail against his own Ivy League degrees while milking them for access and campaign cash. But now, as he seeks the Republican presidential nomination, he is molding his entire campaign and political persona around a vengeful war against what he calls the country’s “ruling class”: an incompetent, unaccountable elite of bureaucrats, journalists, educators and other supposed “experts” whose pernicious and unearned authority the governor has vowed to vanquish.For Mr. DeSantis and his allies, the culture wars are the central struggle of American public life, and schools are the most important battleground where they will be fought. “Education is our sword,” Mr. DeSantis’s then education commissioner, Richard Corcoran, explained to a Hillsdale audience in 2021. And Mr. DeSantis is the man to wield it — a self-made striver who was “given nothing,” as he told the audience attending his campaign kickoff in Iowa in May. “These elites are not enacting an agenda to represent us. They’re imposing their agenda on us, via the federal government, via corporate America and via our own education system.” Even as he struggles to displace Mr. Trump as the Republican Party’s pre-eminent figure — he has spent heavily since May without denting the former president’s polling lead, and is under extraordinary pressure to make his mark at the first Republican debate on Wednesday, which Mr. Trump plans to skip — Mr. DeSantis has become captain of a new conservative vanguard, positioning it to influence American politics for years to come.Yet his emergence as his party’s chief culture warrior was anything but preordained. Genuinely embittered by his experiences at elite institutions, he also astutely grasped how they could be useful to him as he climbed the political ladder, according to dozens of friends and classmates from college and law school, as well as former aides and associates. For much of his political career, including his early years as Florida governor, he was neither closely identified with education policy nor deeply engaged in the debates over race and gender identity that have come to engulf American politics. It took the Covid epidemic to awaken Mr. DeSantis to the political potency of classrooms and fully mobilize him against what he now calls the “bureaucratic ‘expert’ class.” Now, pursuing the presidency, Mr. DeSantis has fully weaponized his resentments, offering voters a revisionist history of his own encounters with the ruling class to buttress his arguments for razing it.But Mr. DeSantis and his ideological allies — among them a group of conservative intellectuals clustered around Hillsdale and the California-based Claremont Institute who acquired new prominence during the Trump administration — are not aiming to abolish the ruling class. Instead, emboldened by the broader Covid-era backlash over school closures and diversity programs, they hope to replace it with a distinctly conservative one, trained in schools recaptured from liberals and reshaped by “classical” principles — a more traditionalist, Christian-inflected approach to education. “School choice may allow a small number of highly informed and committed parents to insulate their children” from liberal ideas about social justice, the authors of a recent paper from the Manhattan Institute argued, “but it will make little difference to the level of indoctrination in the American school-age population.”A student protest at New College of Florida, a left-leaning public liberal arts school that Mr. DeSantis took over this year and filled with conservative leadership.Todd Anderson for The New York TimesIn a written response to questions for this article, a DeSantis spokesman, Bryan Griffin, described The New York Times’s reporting as a “hit piece likely manufactured and seeded by political opponents designed to smear Ron DeSantis ahead of the debate,” and defended the governor’s record. “In the Covid era, the world went mad with radical gender ideology and began pushing it harder than ever into school curriculum,” Mr. Griffin said. “DeSantis stepped up to the moment and stopped the indoctrination despite the left and the media’s best efforts to cover for it.”To uproot what he considers liberal political activism from public schools and universities, Mr. DeSantis has stripped power from teachers and administrators and transferred it to himself and his appointees. But even as he calls to dismantle “woke” orthodoxy, he has sought to impose another, with a sweeping ban on the teaching of “identity politics” or “systemic racism” in required classes at Florida’s public colleges and universities and new civics training for high school teachers that plays down the role of slavery in early American history. Under the banner of “parental rights,” DeSantis-backed policies have given conservative Floridians a kind of veto power over books and curriculums favored by their more liberal neighbors, even in politically mixed or predominantly left-leaning Florida counties.“Where local communities create conservative culture and conservative school districts, DeSantis doesn’t touch them,” said David Jolly, a former Republican congressman from Florida who served alongside the Mr. DeSantis in Congress. “Where communities confront his conservative ideologies, the state steps in.”Earlier this year, in what amounted to a proof of concept, the governor seized control of New College of Florida, a left-leaning public liberal arts school in Sarasota. He appointed a conservative majority to the board of trustees; the college’s new overseers then fired the school’s leadership, installed Mr. Corcoran as president and announced plans to turn New College into a Florida version of Hillsdale. “The goal of the university is not free inquiry,” Christopher Rufo, a conservative activist and one of the new trustees, said during a recent appearance in California. Instead, he argued, conservatives need to deploy state power to retake public institutions wherever they can.“The universities are not overly politicized. The universities are overly ideologized and insufficiently politicized,” Mr. Rufo said. “We should repoliticize the universities and understand that education is at heart a political question.”As an undergrad at Yale, Mr. DeSantis found his tribe on the baseball team, where he was known to all as “D.”Christopher Capozziello for The New York Times‘Hell Week,’ Baseball and St. ElmoMr. DeSantis had never been to New England when he arrived at Yale in the late 1990s, an honor student and baseball standout from the middle-class suburban Gulf Coast city of Dunedin. He was far from the only public school graduate in Yale’s freshman class, but he already carried a chip on his shoulder, caught between a powerful confidence in his own gifts — his “superiority complex,” as one classmate described it — and his discomfort with Yale’s more cosmopolitan milieu. He majored in history, taking classes in the culture and politics of the Founders, and closely studied the work of Gordon Wood, whose books emphasized the political radicalness of the American Revolution. He loved “A Few Good Men” and “Scent of a Woman,” especially the rousing speech at the end, in which Al Pacino’s character rails against the rich snobs tormenting a scholarship student at a New England prep school. Though Yale had a thriving conservative political scene, Mr. DeSantis shied away from it. He rarely talked about politics at all.Instead, he found his tribe on the baseball team, where he was known to all as “D,” the name he preferred to his given one. Like every other freshman player, he was hazed by his new teammates, and not just for his jean shorts. The baseball players segregated themselves from the rest of Yale and cultivated a hostility toward their peers, their latent status anxiety sharpened by a realization that some of their fellow students did not take them or their sport seriously. Some recalled being told by classmates, and even professors, that they did not belong at Yale. As athletes, they perceived themselves to be the school’s true meritocrats, admitted on the strength of their own sweat and discipline. “We set ourselves up against the most privileged students at Yale, who, in truth, we did not actually know very well,” Jonathan Levy, a baseball teammate who is now a professor at the University of Chicago, said in an email. “In hindsight, our mid-1990s admission to Yale was our opportunity to join this elite. Every member of the team was handed that same ticket.”As a senior, Mr. DeSantis was elected captain, which his closest Yale friends have sometimes presented as a testament to his leadership qualities. According to other former teammates, however, there were no other contenders: The team had few seniors that year, and Mr. DeSantis was a starting outfielder. His arrogance could startle. At a “captain’s practice” that fall, the team’s revered coach, John Stuper, delivered a brief pep talk to the freshmen. After he left, Mr. DeSantis told the team that their coach, a former major league pitcher, didn’t know what he was doing. Through his spokesman, Mr. DeSantis denied making the remark. In an interview, Mr. Stuper, who described the governor as “like a son” to him, said: “I just can’t imagine that happening. He had a lot of respect for me, still does, has asked me to campaign for him.” Mr. Stuper added, “There’s just no way that he would undermine my authority by doing that.” Mr. DeSantis was elected captain of the baseball team as a senior.Yale AthleticsAlong with many of his teammates, he joined Delta Kappa Epsilon, a fraternity composed largely of athletes, many from working-class backgrounds. “We all kind of bonded through our athletics, and through our fraternity,” said Nick Sinatra, a Buffalo native and Yale friend who played football there. At Yale, D.K.E. was known as boorish even by fraternity standards, with a reputation for over-the-top hazing of pledges. When Mr. DeSantis was a senior, according to former brothers and pledges, a large group of pledges quit after one hazing episode turned violent. On another night, pledges were ordered to a frat house room, two of them recalled. After entering one at a time, each was blindfolded and ordered to drop his pants, with Mr. DeSantis, other brothers, and at least one female guest on hand to mock their genitalia. One of the pledges recalled that a blender was placed between his legs and abruptly turned on to scare him, splashing water on his groin.During the fraternity’s “hell week,” pledges wore costumes smeared with rotten food and condiments. They might be ordered to simulate sex with one another or do outdoor calisthenics in the winter air. According to four former pledges and brothers, Mr. DeSantis required one pledge, for whom he served as “father,” to wear a pair of baseball pants with the back and thighs cut out, exposing his buttocks and genitals.Another D.K.E. brother, Scott Wagner, a friend of Mr. DeSantis who served on the governor’s Florida transition team, said none of the pledges’ costumes involved nudity. Reached by The Times, the former pledge, who asked not to be identified, confirmed that he was made to wear the revealing costume but declined to discuss the experience further. Today, some of the former brothers and pledges regard Mr. DeSantis’s behavior as foreshadowing a comfort with power — and with using it to bully others.Mr. DeSantis denied these accounts through his spokesman, who called them “ridiculous assertions and completely false.”Mr. DeSantis also joined one of the school’s secret societies, St. Elmo. The societies, though swathed in mystery and arcane symbolism, mostly functioned to introduce Yale seniors to classmates they might not know. His St. Elmo class was a diverse group that met weekly for a family-style dinner in a comfortable, run-down townhouse near campus. At meetings, the members took turns delivering their “bios,” or life stories, in the living room, in speeches that could last hours. Mr. DeSantis often showed up in his baseball uniform; his own bio leaned heavily on baseball, his Florida roots and his journey to Yale. But when it came time for others to tell their stories, Mr. DeSantis tuned out, according to former St. Elmo members. He rolled his eyes as one member, Cristina Sosa Noriega, talked about growing up as a Hispanic public schoolgirl in San Antonio, Ms. Sosa Noriega and two other members recalled. “He seemed bored and disinterested,” Ms. Sosa Noriega said. “It was like I wasn’t worth listening to. I had the feeling that he assumed that I didn’t deserve to be there.” (Mr. DeSantis’s spokesman denied that account and said it was “frankly absurd” to suggest that anyone would remember “such a detail from decades ago.”)In “The Courage to Be Free,” Mr. DeSantis’s Yale education is tidily repackaged as a prologue to his future battles with the ruling class. “In retrospect, Yale allowed me to see the future,” he writes. “It just took me 20 years to realize it.” Yet the book is curiously vague, identifying no particular exchanges or classes where he encountered the fervent anti-Americanism that, in his telling, defined his education there. His spokesman declined to identify any.But other perspectives were easily available: According to Mr. Sinatra, Mr. DeSantis took Yale’s most popular undergraduate class about the Cold War, taught by the historian John Lewis Gaddis, whose work blamed the Soviet Union for the conflict, not the United States. (The governor’s spokesman said Mr. DeSantis “did not take issue with John Gaddis’s class.”) While the book paints turn-of-the-century Yale as cloyingly liberal, awash in Soviet flags and Che Guevara T-shirts, other classmates recall a left-leaning but generally apathetic campus of the pre-9/11 era, and a Che shirt worn by one particular roommate, with whom Mr. DeSantis seemed friendly enough.After graduation, some of his baseball teammates “punched their Yale ticket,” according to Dr. Levy, moving into banking, consulting or medicine. Others returned to their hometowns, starting careers that didn’t necessarily require the credentials they had acquired. And some, Dr. Levy observed, “wanted it both ways, to have a Yale-charged life but to reject Yale elitism.” He added: “I think this is what DeSantis is still doing, in the form of a political project — trying to reach the elite pinnacle of the American political establishment while railing against that same establishment.”Harvard Law School, where Mr. DeSantis was a graduate student. He has criticized it as both a bastion of left-wing ideology and a cold factory of corporate lawyers.Billy Hickey for The New York TimesA Short Climb to the EliteMr. DeSantis began fashioning a deeper critique of the ruling class even as he quietly climbed its ranks, already telling others that he imagined himself as a future president. Harvard Law was little different from Yale, he writes in “The Courage to Be Free,” with a stultifying careerism layered onto overtly liberal politics. The Harvard faculty of the early 2000s, Mr. DeSantis asserted, “was increasingly dominated by adherents of so-called critical legal studies” — a left-wing school of argument that seemingly neutral laws can be racist or discriminatory. At the same time, he wrote, Harvard offered an “assembly-line style of education” aimed chiefly at preparing students for “a lucrative career in business or law.” Mr. DeSantis instead joined the Navy, serving as a military prosecutor and combat adviser. Later, as the Tea Party movement arrived in Washington, he started writing his first book, about the Founders and President Barack Obama.“Dreams From Our Founding Fathers” came out in fall 2011, a dense tract packed with quotes from Madison and Hamilton and casting Mr. Obama as a European-style socialist bent on deconstructing the republic they imagined. As anti-Obama polemicist, Mr. DeSantis treated slavery as a kind of constitutional sideshow — an institution whose stubborn persistence in early America need not disturb a close adherence to the Founders’ vision, since it was “doomed to fail” in a nation guided by their universal truths. Mr. DeSantis attributed Mr. Obama’s purported radicalism to his education at Harvard Law, and to his years living in the Chicago neighborhood of Hyde Park, where the future president taught law at the University of Chicago. It was in these places — “monolithically” far left, populated by the “credentialed elite” and isolated from the “broader political society” — that Mr. Obama absorbed the progressive tradition, with its attachment to “a large administrative state” and “ostensibly nonpartisan ‘solutions’ devised by experts.”Though many classmates shared Mr. DeSantis’s recollection of Harvard as heavily oriented toward corporate law careers, other aspects of his narrative do not hold up. Faculty battles over critical legal studies had unfolded vividly at Harvard Law in the 1970s and 1980s, but by the time Mr. DeSantis arrived a quarter-century later, the approach had reached a nadir. Harvard students of his era were more drawn to the discipline of law and economics, advanced by conservative legal scholars. (Mr. DeSantis’s spokesman noted that, nonetheless, “there were critical legal studies being taught at the time.”) In interviews, some of his conservative classmates recalled being reluctant to express their political views in class. But far more described Harvard as intellectually open and committed to ideological diversity. “The picture DeSantis gives is just not right — it’s kind of a cliché about Harvard, and it’s simply not true,” said Charles Fried, a longtime Harvard Law professor and a faculty sponsor of Harvard’s chapter of the Federalist Society, the influential conservative legal organization. “He must have known it, because everyone knew it.”When Mr. DeSantis started at Harvard in 2002, the school had a conservative dean, Robert C. Clark, an early Federalist Society supporter whose appointment had been part of a deliberate effort to re-center the professoriate. A 2005 survey of The Harvard Law Review, published in the Federalist Society’s flagship publication, The Harvard Journal of Law & Public Policy, found that staff members “identifying themselves as left-of-center did not comprise even a majority.”Mr. DeSantis joined the Navy after attending Harvard, serving as a military prosecutor and combat adviserU.S. NavyMr. DeSantis’s own foray into big-firm corporate law — a stint as a litigator for the Miami-based Holland & Knight before he ran for Congress — goes unmentioned in his memoir. So does his involvement in Harvard’s Federalist Society chapter, where he served as a business manager for the journal, crossed paths with future judges and politicians and met Leonard Leo, the conservative power broker who years later would help him execute a right-wing takeover of Florida’s Supreme Court. Indeed, Mr. DeSantis showed scant public trace of bitterness about his elite education in the years before his political career.After leaving the Navy, he again put his elite educational bona fides forward, joining with two of his closest law school friends to found an Ivy-themed test-prep company, LSAT Freedom, headquartered at his home in Ponte Vedra Beach. In a series of brief YouTube seminars with his co-founders, Mr. DeSantis comes off as earnest and knowledgeable about the mechanisms of elite advancement. “If you’re in a fourth-tier school, versus, like, a school that’s maybe in the top 50,” he observed, “then there’s a world of difference in terms of your investment and the return on your investment.”His own credentials would yield a bounty when he finally entered politics. He was little-known to local Republican leaders and voters in the newly drawn congressional district he set out to win in early 2012, but he was a disciplined campaigner and proved a formidable fund-raiser. Supporters nicknamed him “the Résumé.” Yale friends around the country — baseball teammates, fraternity brothers, fellow secret-society members — sent checks, helping drive a flood of out-of-state money. A Yale friend put him in touch with a political adviser to Mr. Trump, who praised him on Twitter as “very impressive.” Law school classmates got him meetings with national Republican figures who went on to endorse his winning bid.When Mr. DeSantis decided to run for governor a few years later, he had even more help from the Yale world, tapping an older, more conservative generation of alumni, such as the former financial executive Joseph J. Fogg III. “He came to my attention because he’s a Yalie,” Mr. Fogg told The Miami Herald. A few months before announcing his campaign, Mr. DeSantis traveled to Cambridge, Mass., to join a panel of Harvard alumni serving in Congress. While some Republican voters might take a dim view of Harvard, he told them, the school “opens a lot of doors” for aspiring politicians. To the networks of ultrarich conservative donors whose money could help advance him to the next rung, his elite résumé was part of the appeal. “I had a good story,” he said, “an appealing biography to people that were looking to help young leaders.”Katie Stallings setting up her second-grade classroom at MacFarlane Park Elementary School in Tampa in August 2020. Mr. DeSantis ordered all Florida schools to reopen for in-person instruction when the academic year began.Octavio Jones for The New York TimesThe OutbreakAfter being elected governor by a hair’s breadth, Mr. DeSantis at first seemed mindful of the political center. He committed billions of dollars to protect the Everglades. Appearing at his alma mater Dunedin High School, he announced a proposal to raise teachers’ minimum salaries. In the face of efforts by liberal students and activists to shut down conservative speakers on college campuses, Mr. DeSantis, like many other Republican officials in the pre-Covid era, urged Florida universities to adopt a version of the “Chicago principles” favoring academic free expression.Building on the work of his Republican predecessors, he signed legislation creating a small voucher program for low-income students. Though school-choice advocates view the program as a pivotal early step toward taxpayer-funded vouchers in Florida, Mr. DeSantis resisted advisers who wanted him to move even more aggressively on choice in his first year, fearing it would crowd out other priorities, according to two former aides. (His spokesman said Mr. DeSantis “has always been a fervent supporter of expanding school choice, and it was one of his first-term campaign platforms.”) When the Florida House speaker at the time proposed to him abolishing New College entirely, Mr. DeSantis recalled recently, he replied, “What is New College?”Then came Covid. At first, Mr. DeSantis reluctantly heeded Trump administration health officials like Dr. Anthony S. Fauci. He imposed a state lockdown in April 2020; he sometimes appeared masked at public events. But amid shifting federal guidance and growing worry about the social and economic impacts of lockdowns, he began doing his own research. He consulted experts who departed from the emerging medical consensus around Covid restrictions, and he moved quickly to relax them. That summer, embracing data showing that children were at low risk for severe illness or death from Covid, Mr. DeSantis took perhaps his biggest gamble: His administration ordered all Florida schools to reopen for in-person instruction when the school year began.He was widely attacked, even mocked, for his decisions — criticism that would galvanize Mr. DeSantis, according to former aides, and cement his nascent suspicion of bureaucrats and supposed experts. Florida schools did not become superspreaders; research later showed that students in open schools around the country tended to lose less ground during the pandemic than students in closed schools. Mr. DeSantis doubled down. In early 2021, as conservative activists and outlets fanned suspicion of the new Covid vaccines, he effectively stopped promoting them — a turn that contributed to overwhelmed Florida hospitals, public health experts later said, and thousands of deaths that the state’s own former surgeon general would deem “preventable.” But by then, the governor had already claimed victory over the experts. “The Covid-19 pandemic represented a test of elites in the U.S., from public-health experts to the corporate media,” Mr. DeSantis wrote in The Wall Street Journal in March 2021. “Policymakers who bucked the elites and challenged the narrative have been proven right to do so.”Mr. DeSantis greeted local officials at Dunedin High School, his alma mater, in 2019 to announce his plan to raise teacher pay.Megan Reeves/Tampa Bay Times, via TNS, via Abacapress.comThe pandemic had also changed the political contours of education. In blue and purple states around the country, a swath of otherwise middle-of-the-road parents erupted against Democrats and teachers’ unions over continued school closures. There was a rising backlash against mask mandates and the spread, in the wake of the George Floyd protests, of “anti-racist” and “equity” curriculums. Mr. Rufo, previously a little-known documentarian and activist, had introduced millions of people to the academic doctrine known as critical race theory, saying it had infiltrated public school classrooms and workplaces around the country. New groups quickly formed to channel this swell of parental anger into political action, notably in Florida, where three mothers, one with ties to the state Republican Party, formed a group called Moms for Liberty and quickly built it into a national force. After years of playing defense on schools, Republicans now had a fight that could simultaneously energize their base, win more independents and peel off skeptical Democrats — defending “parental rights” against the left-wing teachers, administrators and diversity consultants they argued were indoctrinating their children.For Mr. DeSantis, education officials represented yet another set of “experts” who were getting it wrong. “Ron bet big against the grain on one thing, which was reopening schools,” said one former aide. “It paid off, and he was right. He learned that lesson at the same time that education became more political. And he cared more about education because Moms for Liberty suddenly existed.”Florida, already shifting rapidly to the right, would have a starring role in the country’s new culture wars, and Mr. DeSantis was quick to grasp the political opportunity. In 2022, Florida lawmakers began drafting what its detractors would label the “Don’t Say Gay” law. Though Mr. DeSantis is now indelibly linked to the legislation, at first, “I was not fully versed in the intricacies of the Parental Rights in Education bill,” he recalled in his memoir. “Yet I saw the corporate media and the political left colluding to create and repeat a false narrative about the bill.” For critics, the bill — a complex piece of legislation banning classroom discussion or instruction about “sexual orientation or gender identity” in ways that were not “age appropriate or developmentally appropriate” — seemed designed to force gay students and teachers into the closet. Mr. DeSantis and his aides were soon defending the bill vigorously; one claimed that anyone opposing the bill “is probably a groomer.” The conflict thrust Mr. DeSantis to the culture war’s front lines, and he would repeat the playbook over and over, with a blitz of hard-edge school and curriculum policies that outraged many liberals and endeared him to the grass-roots right.A discussion in April with Larry P. Arnn, president of the conservative Hillsdale College, which has partnered with Mr. DeSantis to establish classical charter schools in Florida.Chris Dumond/Getty ImagesAt the Heart of a MovementAs he battled against critical race theory and bureaucratic elites, Mr. DeSantis became entwined with a rising movement of conservative academics and activists outside Florida.Less known for technical policy advice than for sweeping polemics about the decay of American government and culture, Claremont scholars shared Mr. DeSantis’s belief that “American freedom required a recovering of the Founding ideals,” as Brian T. Kennedy, a former president of Claremont who remains a fellow there, put it. One of Claremont’s founders, Dr. Arnn, had taken over Hillsdale in 2000 and transformed it into both a fund-raising juggernaut and a redoubt of Christian, classically oriented liberal arts education. The upset win of Mr. Trump, whose rough brand of populism echoed Claremont’s more highbrow take on American decline, gave both institutions new prominence in Washington. His tumultuous defeat, in 2020, left the intellectuals and funders of Claremont and Hillsdale considering whether they ought to find a new horse to back.Mr. DeSantis had cultivated them even before becoming governor. As a congressman, he sent Dr. Arnn a copy of “Dreams From Our Founding Fathers.” “I read his book, and I went, ‘Wow, this is pretty good,’” Dr. Arnn recalled last year. “This guy can actually walk and chew gum.” Later, as Hillsdale looked to expand its network of classical charter schools, it found the DeSantis administration a willing partner. (Today, Florida has one of the largest concentrations of Hillsdale-affiliated charters in the country.) Mr. DeSantis was connected to Claremont in part through friends: Adam Laxalt, a Navy roommate and scion of a Nevada political dynasty, and Michael B. McClellan, a California lawyer, Yale classmate and former Claremont fellow. But the institute’s core political critique — that American constitutional ideals had been corrupted by the emergence of the so-called administrative state — also resonated with Mr. DeSantis. Among the only modern-day intellectual influences he has acknowledged in his recent book and public appearances is Angelo Codevilla, the late Claremont scholar and author of a seminal 2010 essay attacking what he called the American ruling class.Dr. Codevilla held that class was a matter of culture and ideology, not money. A foreign service officer turned academic, he was scathing about the ruling class’s credentialism and faith in scientific consensus, and critiqued the role of schools in perpetuating the American elite. “Today’s ruling class, from Boston to San Diego, was formed by an educational system that exposed them to the same ideas and gave them remarkably uniform guidance, as well as tastes and habits,” he wrote. “These amount to a social canon of judgments about good and evil, complete with secular sacred history, sins (against minorities and the environment) and saints.” Usefully, Dr. Codevilla’s formulation placed traditionalist intellectuals and wealthy Middle American elites on the side of the common man. “An underpaid but well-connected blogger for The New York Times who graduated from Sarah Lawrence College and supports open borders would be considered part of the ruling class,” David Azerrad, a Hillsdale professor, wrote in The American Spectator in 2017. “A millionaire used-car dealer in Omaha who ‘clings to his guns and religion’ and is proudly patriotic would not.”As Mr. DeSantis’s profile rose amid the Covid battles, both Claremont and Hillsdale lavished him with attention and praise. In Naples last year, Dr. Arnn introduced Mr. DeSantis as “one of the most important people living.” Claremont scholars describe Florida as a test bed for the new right, and at its annual gala in 2021, Claremont awarded Mr. DeSantis its statesmanship award. “Governor DeSantis is a product of elite education and yet, wonderfully, rejects its core premises,” the institute’s president, Ryan P. Williams, said by way of introduction, and he “wields the prestige that he got from that elite education on behalf of normal America — a too-rare thing.” Accepting the award, Mr. DeSantis approvingly cited Dr. Codevilla and called for battle against the ruling class. “He saw this probably before anybody,” said Mr. DeSantis. “But he was right on the money.”Hillsdale College, a liberal arts school in Michigan, has become an academic hub of the Trump-era right.Sean Proctor for The New York TimesLecturing the LecturersAs his preparations for the presidential campaign accelerated this year, so did Mr. DeSantis’s crusade against the ruling class. In February, the governor and his wife, Casey, invited Mr. Williams, along with several other Claremont fellows and affiliates, to a private meeting at the Capitol in Tallahassee. The occasion was the opening of Claremont’s new Florida outpost, under the aegis of Scott Yenor, a professor at Boise State University and a Claremont fellow, now the institute’s new “senior director of state coalitions.” “Protecting Americans from infringing woke ideology is important work,” tweeted Ms. DeSantis, “and we are grateful Scott and the Claremont Institute picked Florida to continue their mission.” Later that day, the Claremont crowd joined the governor and his top aides for cocktails and dinner. Over a glass of Macallan at the Governor’s Mansion, he regaled them with the story of his takeover of New College the previous month and exchanged ideas about battling campus liberals.The red-carpet welcome underscored Claremont’s increasingly prominent role in Mr. DeSantis’s policy apparatus. Earlier that month, Mr. DeSantis had invited another Claremont fellow to join his “round table” on the need to pass new laws against “legacy media defamation.” (The setting was a mock television studio, with Mr. DeSantis playing the role of host.) A few weeks later, in advance of his expected presidential bid, Mr. DeSantis treated his top donors and fund-raisers to a Claremont-only panel at the Four Seasons in Palm Beach. (The purpose of the panel, according to planning emails obtained by The Times, was to “define the ‘Regime’ which illegitimately rules us” and lay out a strategy to “make states more autonomous from the woke regime by ridding themselves of leftist interests.”) In March, Dr. Yenor joined Mr. DeSantis for yet another round table, this one focused on the evils of diversity, equity and inclusion programs in higher education.Dr. Yenor was already a controversial figure. In a 2021 speech in Orlando, Fla., describing “the political and personal evils that flow from feminism,” he had claimed that feminist “careerism” made women “more medicated, meddlesome and quarrelsome than women need to be.” Calling modern universities “citadels of our gynecocracy,” he argued that they should stop recruiting women to medical, law and trade schools and instead focus on recruiting more men. Boise State officials resisted calls to fire Dr. Yenor for his remarks, citing the principles of academic freedom and his First Amendment rights; though some students filed Title IX complaints, he was ultimately cleared.On the same day he appeared with the governor in March, Dr. Yenor unveiled a report, “Florida Universities: From Woke to Professionalism,” asserting that public colleges were “gripped by D.E.I. ideology” that threatened to “tear Florida apart.” Though released by Claremont, the report was first edited by a top DeSantis aide, according to emails obtained by The Times. And though it drew little notice outside Florida, the report echoed Dr. Yenor’s viral speech. The state should not only defund “D.E.I.-infused” programs and classes, he recommended, but ban the collection of “race-based data” entirely, in order to hobble federal investigations into discrimination at Florida institutions. The real victims of higher-education discrimination, Dr. Yenor wrote, were men: Florida should “order civil rights investigations of all university units in which women vastly outnumber men among the student body and/or faculty — especially colleges of nursing and education — for disparate impact” and root out “any anti-male elements of curriculum.” (At New College, The Sarasota Herald-Tribune reported in August, DeSantis allies have boosted male enrollment in part by doling out a disproportionate share of the school’s merit scholarships to a new crop of student-athlete applicants, though that group had lower-than-average grades and test scores.) Rather than defend academic free speech, Dr. Yenor advised, Mr. DeSantis and his appointees should adopt “a more ideological bent” to rein in administrators and teachers and cultivate love of country.Two months later, the governor signed a law banning the state’s public colleges and universities from spending money on diversity programs, setting off a now-familiar cycle of negative headlines and DeSantis counterattacks. Despite the coverage, however, only portions of the bill actually addressed D.E.I. administrators. Perhaps more consequentially, the legislation imposed a vague but expansive speech code on Florida public university campuses — prohibiting required courses “based on theories that systemic racism, sexism, oppression and privilege are inherent in the institutions of the United States and were created to maintain social, political and economic inequities.” (In an interview, Manny Diaz Jr., the state’s current education commissioner, said that “conversations about theories and the debates about these theories” should take place only in higher-level elective courses. “Why am I talking about that in a math class? In a literature class?”) In legal battles to defend Mr. DeSantis’s higher-education agenda, lawyers for his administration, far from defending academic freedom, have argued that the concept does not even apply to public university professors: College curriculums and in-class instruction are merely “government speech,” controllable by duly elected officials. The American Association of University Professors likened the state’s position to “authoritarian control of education similar to what exists in North Korea, Iran, or Russia.”In April 2022, the state’s Department of Education rejected dozens of math textbooks because, officials claimed, they “contained prohibited topics,” including critical race theory. A Times review of about half the textbooks found little reference to race at all, let alone the more abstruse academic topic of critical race theory. In fact, only three of 125 state-appointed reviewers had found objectionable content, The Herald reported. Two had ties to Hillsdale — a civics education specialist involved in the college’s “1776 Curriculum,” which emphasizes a patriotic, traditional view of the Founding, and a sophomore political science major who was secretary of the Hillsdale College Republicans.Mr. Corcoran, then the education commissioner, also tapped Hillsdale to join a small group of outside institutions helping to revise the state’s civics standards, another signature DeSantis initiative. Both Hillsdale and Claremont personnel feature disproportionately in a series of online teacher training courses subsequently created for the effort. (A Hillsdale spokeswoman said individuals involved in the training and in Florida’s textbook reviews had acted in their “private capacity,” not on behalf of the school.) In-person training last summer amounted to an indoctrination, according to some teachers who attended, into conservative views about constitutional “originalism” and the separation of church and state. Much as Mr. DeSantis had in his own writing, the training sessions sought to minimize the relevance of slavery to an understanding of the Founding: One slide stated that even those Founders “that held slaves did not defend the institution.” (Mr. DeSantis’s spokesman said it was “inane media propaganda” to suggest that the training slides minimized slavery or that the governor had ever done so.) Other slides criticized court rulings opposed by conservatives, such as a 1962 decision against school-sponsored prayer.In a statement last year about the training, the Florida Education Department told The Herald that “every lesson we teach is based on history, not ideology or any form of indoctrination.” But Mr. Corcoran was more direct while speaking at Hillsdale. Education, he said then, is “100 percent ideological.”George Pierson placed signs before a town hall with Mr. DeSantis last month in Osceola, Iowa.Christopher Smith for The New York TimesDeepening InfluenceWhatever the fate of his presidential campaign, Mr. DeSantis’s influence over Florida schools seems likely to expand. Last summer, as he ramped up his re-election bid in Florida, he became the state’s first governor to campaign in local school board races, endorsing a slate of 30 candidates — many of them also backed by Moms for Liberty — “committed to the student-first principles of the DeSantis Education Agenda.” The normally sleepy, officially nonpartisan races became pitched ideological battles, awash in money. Most of his candidates won, placing new pro-DeSantis majorities in a half-dozen coastal boards previously controlled by more liberal members. Last spring, Republican lawmakers placed on next year’s ballot an amendment to the state constitution that would make such elections formally partisan. Mr. DeSantis, like Republicans elsewhere in the country, supports such efforts, though they defy a long American tradition of nonpartisan public education governance.One of the new Republican-majority boards is in Pinellas County, where Mr. DeSantis grew up and where he began his climb into the American elite. In January, Pinellas school district officials yanked Toni Morrison’s classic novel “The Bluest Eye” from high schools after a parent complained about a two-page rape scene. (In a YouTube video, the parent, who herself taught at a private Christian school, described Pinellas schools as “Marxist indoctrination camps.”) The officials cited new state guidelines, crafted with input from Moms for Liberty volunteers, to “err on the side of caution” when evaluating what books to make available to schoolchildren. Soon after, an administrator blocked one local elementary school from showing the Disney film “Ruby Bridges,” about the 6-year-old Black girl who integrated New Orleans schools in the 1960s. The removal came after a different mother, who had already declined permission for her daughter to see the movie in class, demanded that no one else’s children be allowed to see it.Both decisions were later reversed — months later, in the case of Ms. Morrison’s novel. “Activists file blanket complaints against hundreds of books, and in many school districts, that triggers the books’ automatic removal pending review. And very often, those reviews can take months to complete, effectively banning the book in the meanwhile,” said Jeffrey Sachs, a scholar at Acadia University in Nova Scotia who studies academic speech policies. Mr. Diaz disputed that the new state policy was to blame for such delays. “I think the onus is on the district to make that process speedy,” he said.Elements of Mr. DeSantis’s education policies have been blocked in court, and others remain under legal challenge as his presidential campaign unfolds. But in counties like Pinellas, his policies and rhetoric have already had what his critics believe is their intended effect. “Before the pandemic, I felt like what I call the ‘swirl of Tallahassee’ just lived up there,” said Laura Hine, a Pinellas school board member who is not registered with either party and is among the board candidates Mr. DeSantis’s operation has targeted for defeat in next year’s elections. “The weaponization of political rhetoric around education, and the associated policies, have now reached our classroom teachers.”Two years ago, a Pinellas parent named Renee Chiea — also warning of “Marxist indoctrination” in county schools — filed a complaint against Brandt Robinson, a teacher at Dunedin High School. She objected to parts of the syllabus Mr. Robinson had distributed to his class on African-American history, which her son had briefly enrolled in. In a written complaint, Ms. Chiea argued that one book Mr. Robinson planned to assign, “Creating Black Americans: African-American History and Its Meanings, 1619 to the Present,” by the Princeton historian Nell Irvin Painter, distorted history by painting America as “inherently racist” — violating new state rules, passed earlier that year at Mr. DeSantis’s urging, banning from classrooms any material that espoused the idea “that racism is embedded in American society and its legal systems.” In an email to The Times, Ms. Chiea, an activist with the Pinellas chapter of Moms for Liberty, also argued that the book was based on “the same theories” as “The 1619 Project,” a Times examination of the legacy of slavery, which Florida had also banned from classrooms.A review panel ultimately rejected her complaint. “I don’t stop my class and ask my white kids, ‘Hey, how are you feeling?’ What kind of teacher would do that?” Mr. Robinson said. “It’s not my job to tell you what to think. It’s to help you become a better thinker.” People identifying themselves as Moms for Liberty activists began leaving comments on Mr. Robinson’s TikTok account, where he posts daily videos about history. In January, someone reported Mr. Robinson for a TikTok mentioning that he had taught students in his Dunedin sociology class about the Black thinker W.E.B. Du Bois and the concept of “double consciousness” — how racism forced Black Americans to always imagine how they might appear through white people’s eyes.According to Mr. Robinson, whoever reported him claimed that he was indoctrinating his students. “Some of the people who make these assertions are just grossly undereducated. In their minds, critical race theory is all kinds of things,” he said.Ms. Chiea said she felt that the school district had mishandled her own complaint against his course, and believed that Mr. Robinson was still trying to circumvent Florida’s new rules. “I am positive he has not changed the content of what he teaches in his class,” she said. “And until there is some honesty and transparency in that, it will remain under scrutiny by me.” More