More stories

  • in

    Trump critica la edad de Biden. Sus deslices podrían perjudicarlo

    El expresidente ha experimentado una serie de confusiones que van más allá de su naturaleza discursiva habitual, y sus rivales republicanos han comenzado a señalarlas como signos de declive en su desempeño.Una de las nuevas rutinas cómicas de Donald Trump en sus mítines consiste en imitar al actual presidente de una forma exageradamente caricaturesca, burlándose de la edad de Joe Biden.Con los párpados caídos y la boca abierta, Trump tartamudea y balbucea. Entrecierra los ojos. Agita sus brazos. Arrastra los pies y deambula por el escenario. La multitud explota en risas y aplausos mientras Trump finge confusión, volteando y señalando a seguidores invisibles, como si no se diera cuenta de que les está dando la espalda.Sin embargo, el expresidente también ha cometido deslices en sus recientes eventos de campaña. Trump ha experimentado una serie de confusiones y desarticulaciones generales que van más allá de su naturaleza discursiva habitual, y sus rivales republicanos han comenzado a señalarlas como signos de declive en su desempeño.El domingo, en Sioux City, Iowa, Trump agradeció erróneamente a los seguidores de Sioux Falls, una ciudad de Dakota del Sur ubicada a unos 120 kilómetros de allí, y solo corrigió cuando lo llamaron a un lado del escenario y le informaron del error.La situación fue notablemente similar a una escena ficticia que Trump había representado a principios de este mes, en la que imitó a Biden confundiendo Iowa con Idaho y requiriendo de un asistente para aclarar el error.En las últimas semanas, Trump también les ha dicho a sus seguidores que no voten y afirmó haber derrotado al presidente Barack Obama en unas elecciones. Ha elogiado el intelecto colectivo de un grupo militante respaldado por Irán que históricamente ha sidoenemigo tanto de Israel como de Estados Unidos, y en repetidas ocasiones ha pronunciado mal el nombre del grupo armado que gobierna la Franja de Gaza.“Este es un Donald Trump distinto al de 2015 y 2016: perdió el control de su bola rápida”, afirmó el gobernador de Florida, Ron DeSantis, a los periodistas la semana pasada mientras hacía campaña en Nuevo Hampshire.“En 2016, era espontáneo, arrasaba por todo el país”, agregó DeSantis. “Ahora es simplemente un tipo diferente. Y es algo triste de ver”.No se sabe con certeza si los recientes deslices de Trump están relacionados con su edad. Durante mucho tiempo se ha valido de un estilo poco ortodoxo al hablar que le ha servido como una de sus principales ventajas políticas porque lo ha establecido, contra todo pronóstico, como uno de los comunicadores más eficaces de la política estadounidense.Pero, a medida que se intensifica la contienda por la Casa Blanca en 2024, los errores verbales cada vez más frecuentes de Trump amenazan con socavar una de las vías de ataque más potentes de los republicanos, y el objetivo central de su pantomima en el escenario: el argumento de que Biden es demasiado viejo para ser presidente.Biden, abuelo de siete, tiene 80 años. Trump, que tiene 10 nietos, tiene 77.Aunque solo unos pocos años separan a los dos hombres de edad avanzada, los votantes perciben su vigor de manera diferente. Encuestas recientes han revelado que aproximadamente dos de cada tres votantes afirman que Biden es demasiado mayor como para cumplir otro periodo de cuatro años, mientras que solo alrededor de la mitad dice lo mismo sobre Trump.Si esa brecha comienza a reducirse, es Trump quien tiene mucho más que perder en un enfrentamiento electoral presidencial.Trump y el presidente Biden son los favoritos para la nominación de cada partido, estableciendo la probabilidad de una revancha de las elecciones de 2020Michelle Gustafson para The New York TimesSegún un hallazgo no reportado previamente de una encuesta de agosto realizada por The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research, el 43 por ciento de los votantes estadounidenses dijeron que ambos hombres eran “demasiado mayores para cumplir de manera eficiente otro mandato de cuatro años como presidente”. Entre esos votantes, el 61 por ciento afirmó que planeaba votar por Biden, en comparación con el 13 por ciento que dijo lo mismo sobre Trump.La semana pasada, un sondeo del Franklin & Marshall College entre votantes registrados de Pensilvania, uno de estados más disputados de cara a 2024, arrojó resultados similares.Según la encuesta, el 43 por ciento de los habitantes de Pensilvania dijo que ambos hombres eran “demasiado viejos para ejercer otro mandato”. Un análisis de esos datos para The New York Times mostró que Biden aventajaba a Trump entre esos votantes por 66 por ciento a 11 por ciento. Entre todos los votantes del estado, los dos estaban en un empate estadístico.Berwood Yost, el director de la encuesta de Franklin & Marshall, dijo que la amplia ventaja de Biden entre los votantes que estaban preocupados por la edad de ambos candidatos podría explicarse en parte por el hecho de que los demócratas son mucho más propensos que los republicanos a identificar la edad como un problema para el líder de su partido.“Si a Trump comienzan a relacionarlo con el tema de la edad, como sucede con Biden, realmente puede verse perjudicado”, dijo Yost.Steven Cheung, portavoz de la campaña de Trump, señaló que el expresidente mantenía una ventaja dominante en las encuestas sobre las primarias republicanas y que, en las elecciones generales, varias encuestas recientes habían mostrado que tenía una ligera ventaja sobre Biden.“Ninguna de estas falsas narrativas ha cambiado la dinámica de la contienda: el expresidente Trump sigue dominando, porque la gente sabe que es el candidato más fuerte”, señaló Cheung. “El contraste es que Biden se cae sobre el escenario, balbucea durante un discurso, no sabe por dónde caminar y tropieza con los escalones del Air Force One. Eso no se puede corregir y quedará grabado en la mente de los votantes”.Durante mucho tiempo, las habilidades retóricas de Trump se han basado en una mezcla de fuerza bruta y un instinto aparentemente natural para la imprecisión. Esa seductora combinación, perfeccionada tras toda una vida de negociaciones inmobiliarias, escándalos en los tabloides neoyorquinos y el estrellato de un programa de telerrealidad en horario de máxima audiencia, a menudo hace que los votantes oigan lo que quieren oír.El estilo de hablar de Trump ha hecho que sus partidarios, o los votantes que están dispuestos a apoyarlo, a menudo oigan lo que quieren oír.Jordan Gale para The New York TimesLos partidarios de Trump salen de sus discursos llenos de energía. Los votantes indecisos que están abiertos a su mensaje pueden encontrar lo que buscan en su discurso. Los opositores se enfurecen, y cuando le acusan furiosamente de algo que han oído pero que no ha dicho exactamente, Trump convierte la crítica en un dato de que está siendo perseguido, y todo el ciclo vuelve a empezar.Pero los últimos pasos en falso de Trump no pueden clasificarse como vaguedades calculadas.Durante un discurso del 15 de septiembre en Washington, poco después de declarar a Biden como alguien “con problemas cognitivos, incapaz de liderar”, el expresidente advirtió que Estados Unidos estaba al borde de la Segunda Guerra Mundial, la cual terminó en 1945.En el mismo discurso, Trump se jactó de que las encuestas presidenciales lo posicionan por delante de Obama quien, de hecho, no se está postulando para un tercer periodo porque, entre otras cosas, sería ilegal. Volvió a referirse erróneamente a Obama durante una anécdota sobre su victoria en la contienda presidencial de 2016.“Lo hicimos con Obama”, declaró Trump. “Ganamos una elección que todo el mundo decía que no se podía ganar, vencimos a…” Hizo una pausa mientras parecía darse cuenta de su error. “Hillary Clinton”.En un mitin en Florida, el 11 de octubre, días después de un brutal ataque terrorista que dejó sin vida a cientos de israelíes, Trump criticó al país por no estar preparado y arremetió contra su primer ministro, Benjamín Netanyahu. Trump parece haberse enojado con Netanyahu, quien solía ser un aliado cercano, después de que el líder israelí felicitó a Biden por ganar las elecciones de 2020.En el mismo discurso, Trump recurrió una cronología errada de los acontecimientos en Medio Oriente para criticar el manejo de Biden de los asuntos exteriores y, en el proceso, atrajo titulares por elogiar a Hizbulá, el grupo militante respaldado por Irán.La semana pasada, en un mitin celebrado en New Hampshire, Trump elogió a Viktor Orban, el primer ministro húngaro, pero se refirió a él como “el líder de Turquía”, un país localizado a cientos de kilómetros de distancia. Con rapidez, corrigió su error.En otro momento del mismo discurso, Trump lució confundido al decirles a sus partidarios: “Ustedes no tienen que votar, no se preocupen por la votación”. Luego agregó: “Tenemos un montón de votos”.Cheung, el portavoz de la campaña de Trump, dijo que el expresidente “claramente estaba hablando de la integridad electoral y asegurarse de que solo se cuenten los votos legales”.Con Trump, el Partido Republicano ha sufrido una serie de derrotas electorales desde 2016.Doug Mills/The New York TimesEn un discurso del sábado, Trump sonó como si estuviera hablando de hummus cuando pronunció mal “Hamás”, el nombre del grupo islamista que gobierna la Franja de Gaza y que el 7 de octubre ejecutó uno de los mayores ataques contra Israel en décadas.La pronunciación del expresidente llamó la atención del comando de campaña de Biden, que publicó el video en las redes sociales y señaló que Trump sonaba “confundido”.Pero incluso sus rivales republicanos han percibido una oportunidad en el tema de la edad contra Trump, quien ha mantenido un control inquebrantable sobre el partido a pesar de un historial político que en años anteriores habría obligado a los conservadores a considerar otro abanderado. Trump perdió el control del Congreso siendo presidente; fue expulsado a votos de la Casa Blanca; no logró contribuir a generar una “ola roja” de victorias en las elecciones de medio mandato del año pasado y, este año, recibió 91 cargos por delitos graves en cuatro casos penales.Este año, Nikki Haley, de 51 años y exgobernadora de Carolina del Sur, inició su candidatura presidencial pidiendo que los candidatos mayores de 75 años pasaran pruebas de competencia mental, una iniciativa que ha renovado en las últimas semanas.El sábado, Haley atacó a Trump por sus comentarios sobre Netanyahu y Hizbulá, al dar a entender en un discurso ante donantes judíos en Las Vegas que el expresidente no tenía las facultades necesarias para regresar a la Casa Blanca.“Déjenme recordarles una cosa”, añadió con una pequeña sonrisa. “Con todo respeto, yo no me confundo”.Jazmine Ulloa More

  • in

    Election Day Guide: Governor Races, Abortion Access and More

    Two governorships are at stake in the South, while Ohio voters will decide whether to enshrine the right to an abortion in the state constitution.Election Day is nearly here, and while off-year political races receive a fraction of the attention compared with presidential elections, some of Tuesday’s contests will be intensely watched.At stake are two southern governorships, control of the Virginia General Assembly and abortion access in Ohio. National Democrats and Republicans, seeking to build momentum moving toward next November, will be eyeing those results for signals about 2024.Here are the major contests voters will decide on Tuesday and a key ballot question:Governor of KentuckyGov. Andy Beshear, left, a Democrat, is facing Daniel Cameron, Kentucky’s Republican attorney general, in his campaign for re-election as governor.Pool photo by Kentucky Educational TelevisionGov. Andy Beshear, a Democrat, is seeking to again defy convention in deep-red Kentucky, a state carried handily by Donald J. Trump in 2020.He is facing Daniel Cameron, Kentucky’s attorney general, who was propelled to victory by an early endorsement from Mr. Trump in a competitive Republican primary in May.In 2019, Mr. Cameron became the first Black person to be elected as Kentucky’s attorney general, an office previously held by Mr. Beshear. He drew attention in 2020 when he announced that a grand jury did not indict two Louisville officers who shot Breonna Taylor.In the 2019 governor’s race, Mr. Beshear ousted Matt Bevin, a Trump-backed Republican, by fewer than 6,000 votes. This year, he enters the race with a strong job approval rating. He is seeking to replicate a political feat of his father, Steve Beshear, who was also Kentucky governor and was elected to two terms.Governor of Mississippi Brandon Presley, a public service commissioner who is related to Elvis Presley, wants to be the state’s first Democratic governor in two decades.Emily Kask for The New York TimesGov. Tate Reeves, a Republican in his first term, has some of the lowest job approval numbers of the nation’s governors.Rogelio V. Solis/Associated PressIt has been two decades since Mississippi had a Democrat as governor. Gov. Tate Reeves, a Republican in his first term, is seeking to avoid becoming the one who ends that streak.But his job approval numbers are among the lowest of the nation’s governors, which has emboldened his Democratic challenger, Brandon Presley, a public service commissioner with a famous last name: His second cousin, once removed, was Elvis Presley.Mr. Presley has attacked Mr. Reeves over a welfare scandal exposed last year by Mississippi Today, which found that millions in federal funds were misspent. Mr. Reeves, who was the lieutenant governor during the years the scandal unfolded, has denied any wrongdoing, but the issue has been a focal point of the contest.Abortion access in OhioAs states continue to reckon with the overturning of Roe v. Wade by the Supreme Court last year, Ohio has become the latest front in the fight over access to abortion.Reproductive rights advocates succeeded in placing a proposed amendment on the November ballot that would enshrine the right to abortion access into the state constitution. Its supporters have sought to fill the void that was created by the Roe decision.Anti-abortion groups have mounted a sweeping campaign to stop the measure. One effort, a proposal to raise the threshold required for passing a constitutional amendment, was rejected by voters this summer.Virginia legislatureIn just two states won by President Biden in 2020, Republicans have a power monopoly — and in Virginia, they are aiming to secure a third. The others are Georgia and New Hampshire.Democrats narrowly control the Virginia Senate, where all 40 seats are up for grabs in the election. Republicans hold a slim majority in the House of Delegates, which is also being contested.The outcome of the election is being viewed as a potential reflection of the clout of Gov. Glenn Youngkin, a Republican with national ambitions.Philadelphia mayorAn open-seat race for mayor in Philadelphia, Pennsylvania’s foremost Democratic bastion, is down to two former City Council members: Cherelle Parker, a Democrat, and David Oh, a Republican.The advantage for Ms. Parker appears to be an overwhelming one in the city, which has not elected a Republican as mayor since 1947.It has also been two decades since Philadelphia, the nation’s sixth most populous city, had a somewhat competitive mayoral race. More

  • in

    Christian Nationalism ‘Is No Longer Operating Beneath the Surface’

    Mike Johnson is the first person to become speaker of the House who can be fairly described as a Christian nationalist, a major development in American history in and of itself. Equally important, however, his ascension reflects the strength of white evangelical voters’ influence in the House Republican caucus, voters who are determined to use the power of government to roll back the civil rights, women’s rights and sexual revolutions.“Johnson is a clear rebuttal to the overall liberal societal drift that’s happening in the United States,” Ryan Burge, a political scientist at Eastern Illinois University, wrote by email in response to my query. “His views are far out of step with the average American and even with a significant number of Republicans.”“Yet, he was chosen as speaker,” continued Burge, who is also a pastor in the American Baptist Church. “If anything, it shows us that white evangelicals still have a very strong hold on the modern Republican Party. They are losing overall market share in the larger culture, but they are certainly taking on an outsized role in Republican politics.”Burge provided The Times with data on the changing religious composition of the Republican electorate. In the 1970s, mainline Protestants dominated at 46 percent, compared with evangelical Protestants at 24 percent and Catholics at 19 percent. By the decade of the 2010s, evangelical Protestants were a commanding 38 percent of Republicans, mainline Protestants had fallen to 17 percent, and Catholics had grown to 25 percent.Robert Jones, the president and founder of the Public Religion Research Institute, described Johnson in an email as “the embodiment of white Christian nationalism in a tailored suit.”What is Christian nationalism? Christianity Today described it as the “belief that the American nation is defined by Christianity, and that the government should take active steps to keep it that way. Popularly, Christian nationalists assert that America is and must remain a ‘Christian nation’ — not merely as an observation about American history, but as a prescriptive program for what America must continue to be in the future.”Johnson’s election as speaker, Jones went on to say, “is one more confirmation that the Republican Party — a party that is 68 percent white and Christian in a country that is 42 percent white and Christian — has embraced its role as the party of white Christian nationalism.”Jones argued that “while Johnson is more polished than other right-wing leaders of the G.O.P. who support this worldview, his record and previous public statements indicate that he’s a near textbook example of white Christian nationalism — the belief that God intended America to be a new promised land for European Christians.”In a long and data-filled analysis posted on Substack on Oct. 29, “Hiding in Plain Sight: The Sources of MAGA Madness,” Michael Podhorzer, a former political director of the A.F.L.-C.I.O., argued that the election of Johnson reflects the success of the Christian right in a long-term struggle to wrest control from traditional Republican elites, in battles fought out in Republican primary elections.Over the past two decades, Podhorzer wrote, “the political might of organized right-wing Christianity was successfully redeployed against establishment Republicans.”The decimation of moderate and centrist members of the House was most striking over the election cycles from 2010 to the present, according to Podhorzer: “From 2010 through 2022, a historically high number of House Republicans were defeated in primaries, with the vast majority of successful challenges happening in the most evangelical districts.”The result: When House districts are ranked by the percentage of voters who are white evangelicals, the top quintile is represented by 81 Republicans and 6 Democrats and the second quintile by 68 Republicans and 19 Democrats. The bottom three quintiles are represented by 188 Democrats and 73 Republicans.Not only do Republicans overwhelmingly represent the districts with the most white evangelicals, but those Republicans are deeply entrenched, with little or no danger of losing the general election to a Democrat:“Republicans represent 98 percent of the most evangelical safe districts and 82 percent of the remaining above-median evangelical safe districts,” Podhorzer wrote. “These two categories elected just shy of three-quarters of the Republican Caucus in safe districts.”The MAGA movement, in Podhorzer’s view, was unleashed with the Tea Party movement in 2010, well before Donald Trump emerged as a dominant political figure, and the elevation of Johnson marks the most recent high point in the movement’s acquisition of power: “Mike Johnson becoming speaker is better understood in terms of the ongoing white Christian nationalist takeover of the American government through MAGA,” he writes.White Christian nationalists, Podhorzer contended, “were once reliable votes and loyal foot soldiers for almost any Republican candidate since the 1970s,” but they “rebelled when John McCain and other establishment Republicans treated Obama’s win as legitimate.”From 2010 forward, Podhorzer wrote, “the political muscle provided by white Christian nationalism’s extensive church-based infrastructure in congressional districts, and its national reach through Christian broadcasting and national organizations, has turned MAGA into a ruthlessly successful RINO-hunting machine.”It should not be surprising, Podhorzer said, “to see an election-denying evangelical Christian who favors a national abortion ban, Bible courses in public schools, and ‘covenant marriage,’ and who believes that L.G.B.T.Q. people are living an ‘inherently unnatural’ and ‘dangerous lifestyle’ elevated to the speakership.”There is a strong correlation between election from a district with a high share of white evangelical voters, Podhorzer found, and election denial: “More than three-quarters of those representing the most evangelical districts are election deniers, compared to just half of those in the remaining districts. Fully three-quarters of the deniers in the caucus hail from evangelical districts.”The most recent P.R.R.I. American Values Survey, conducted in late August, “Threats to American Democracy Ahead of an Unprecedented Presidential Election,” further illuminated the priorities of the contemporary Republican electorate.The survey asked respondents whether they would “prefer a presidential candidate who can best manage the economy” or a candidate who will “protect and preserve American culture and the American way of life.”Democrats chose a candidate who can manage the economy 57 to 40, a view shared by independents by a smaller margin, 53 to 45. Republican voters, in contrast, preferred a candidate who will preserve American culture, by 58 to 40 percent.A different P.R.R.I. survey, released on Feb. 8, “A Christian Nation? Understanding the Threat of Christian Nationalism to American Democracy and Culture,” measured support for Christian nationalism based on responses to five statements:The U.S. government should declare America a Christian nation.U.S. laws should be based on Christian values.If the U.S. moves away from our Christian foundations, we will not have a country anymore.Being Christian is an important part of being truly American.God has called Christians to exercise dominion over all areas of American society.On the basis of the responses, P.R.R.I. created four categories:Christian nationalism adherents: the 10 percent of Americans who overwhelmingly either agree or completely agree with the five statements above.Christian nationalism sympathizers: the 19 percent of Americans who agree with these statements but are less likely to say they “completely agree.”Christian nationalism skeptics: the 39 percent of Americans who disagree with the statements but are less likely to completely disagree.Christian nationalism rejecters: the 29 percent of Americans who completely disagree with all five statements in the scale.Among Democrats, the survey found that 15 percent were either adherents (5 percent) or sympathizers (10 percent). Among independents, 23 percent were adherents (6 percent) or sympathizers (17 percent).Among Republican voters, 54 percent were either adherents (21 percent) or sympathizers (33 percent).In a series of questions on racial issues and immigration, Christian nationalist adherents were well to the right of Americans as a whole.Asked whether “discrimination against white Americans has become as big a problem as discrimination against Black Americans and other minorities,” 85 percent of Christian nationalist adherents agreed, compared with 41 percent of all those surveyed.Asked whether they agree or disagree with the statement “immigrants are invading our country and replacing our cultural and ethnic background,” 81 percent of Christian nationalist adherents agreed.Philip Gorski, a sociologist at Yale who has written extensively about Christian nationalism, replied by email to my inquiry about Johnson’s election:He says out loud what most others just feel: that America was founded as a Christian nation, that the founders were “evangelical” Christians, that the founding documents were based on “biblical principles,” that God has entrusted America with a divine mission, that he has blessed America with unique power and prosperity and that those blessings will be withdrawn if America strays off the straight and narrow path of Christian morality. And that it is every good Christian’s duty to make America Christian again.Christian nationalism, in Gorski’s view,is no longer operating beneath the surface or in the background. It’s now front and center at commanding heights of power. It will now be much harder for right-wing Christian activists to claim that Christian nationalism is a fringe phenomenon or a left-wing smear job. In 2021, it was still hard to find an avowed Christian nationalist in the top ranks of the G.O.P. Not anymore.Gorski wrote that Johnsonlikes to say that the United States is a “republic” and not a “democracy.” By this, he means that the majority does not and should not get its way. That would be democracy. A republic means rule by the virtuous, not the majority. And the virtuous are of course conservative Christians like him.Eric Schickler, a political scientist at the University of California, Berkeley, stressed in an email his view that Johnson’s election as speaker demonstrated once again the weakness of the centrist wing of the House Republican caucus, writing that the elevation of the Louisiana Republicanreinforces the message that the most conservative voices in the Republican Party have decisive influence on the party in the House of Representatives. Less conservative members from swing districts have repeatedly made noises, suggesting that they were willing to wield power to ensure that leaders would reflect their needs — but once again, when push came to shove, they gave in despite having the numbers to hold the balance of power in the House.In addition, the “entire episode” — from the ousting of Kevin McCarthy on Oct. 3 to the election of Johnson on Oct. 25 — reflects the collapse of the unwritten rule that “majority party members would stick together on the floor in speakership contests.” There is no way, Schickler added, that “the Freedom Caucus would have voted for a member seen as distant from them on key issues.”Does Johnson’s election as speaker improve Democrats’ chances to retake the House in 2024? I asked.Schickler: “It is hard to know. Johnson starts with such a low profile, it is not clear whether Democrats will be able to make him a target.”Johnson’s relative anonymity in the House served him well in his bid for the speakership, insulating him from acrimony. More recently, however, some of Johnson’s out-of-the-mainstream views and alliances have begun to surface.In a July 20, 2005, opinion essay for The Shreveport Times, Johnson argued:All of us should acknowledge the real emotion and strife of the homosexual lifestyle and should certainly treat all people with dignity, love and respect. But our government can never provide its stamp of approval or special legal sanction for behavior patterns that are proven to be destructive to individuals, to families and to society at large. Your race, creed and sex are what you are, while homosexuality and cross-dressing are things you do.“We must always remember,” Johnson concluded, “that it is not bigotry to make moral distinctions.”A year earlier, Johnson wrote, in another opinion essay:The state and its citizens have a compelling interest in preserving the integrity of the marital union by making opposite sex marriage the exclusive form of family relationship endorsed by government. Loss of this status will de-emphasize the importance of traditional marriage to society, weaken it, and place our entire democratic system in jeopardy by eroding its foundation.It would be difficult to overestimate the dangers Johnson foresaw. “Society,” he wrote,cannot give its stamp of approval to such a dangerous lifestyle. If we change marriage for this tiny, modern minority, we will have to do it for every deviant group. Polygamists, polyamorists, pedophiles and others will be next in line to claim equal protection. They already are. There will be no legal basis to deny a bisexual the right to marry a partner of each sex, or a person to marry his pet. If everyone does what is right in his own eyes, chaos and sexual anarchy will result. And make no mistake, the extremists who seek to redefine marriage also want to deny you the right to object to immoral behavior. Our precious religious freedom hangs in the balance.In an Oct. 26 interview with Sean Hannity of Fox News after he was elected to the leadership post, Johnson described his faith in the Bible as his exclusive guide in life:What does Mike Johnson think about any issue under the sun? Go pick up a Bible off your shelf and read it. That’s my worldview. That’s what I believe.On Oct. 27, my Times colleagues Annie Karni, Ruth Graham and Steve Eder reported on a 2006 essay that Johnson posted on Townhall, a right-wing website.In it, they wrote, “Johnson railed against ‘the earnest advocates of atheism and sexual perversion’. He also decried ‘This sprawling alliance of anti-God enthusiasts’ that ‘has proven frighteningly efficient at remaking America in their own brutal, dehumanizing image.’”“In the space of a few decades,” Johnson added, “they have managed to entrench abortion and homosexual behavior, objectify children into sexual objects, criminalize Christianity in the popular culture, and promote guilt and self-doubt as the foremost qualities of our national character.”In lectures, Karni, Graham and Eder wrote, “Johnson has lamented that ‘There’s no transcendent principles anymore. There’s no eternal judge. There’s no absolute standards of right and wrong. All this is exactly the opposite of the way we were founded as a country.’”David Corn, the Washington bureau chief for Mother Jones, reported in an Oct. 28 article that in a series of seminars Johnson and his wife, Kelly, a Christian counselor, conducted — “Answers for Our Times” — the couple addressed such questions as:What is happening in America and how do we fix it? Can our heritage as a Christian Nation be preserved? How should Christians respond to the changing culture? What does the Bible say about today’s problems and issues?In May 2019, Johnson described the goal of the seminars to the Louisiana Baptist Message: “Our nation is entering one of the most challenging seasons in its history, and there is an urgent need for God’s people to be armed and ready with the truth.”For Johnson, the obligation “to be armed and ready with the truth” led him to become a leader of the election denial movement. In December 2020 he recruited 125 fellow House Republicans to sign on to his lawsuit seeking to persuade the Supreme Court to overturn the election results.He told his colleagues that “the initiative had been personally blessed by Mr. Trump, and that the former president was ‘anxiously awaiting’ to see who in Congress would defend him,” The Times reported.In the Supreme Court brief that Johnson filed on Dec. 10, 2020, he argued that the election hadbeen riddled with an unprecedented number of serious allegations of fraud and irregularities. National polls indicate a large percentage of Americans now have serious doubts about not just the outcome of the presidential contest, but also the future reliability of our election system itself. Amici respectfully aver it is the solemn duty of this Court to provide an objective review of these anomalies and to determine for the people if indeed the Constitution has been followed and the rule of law maintained.On Dec. 11, in a brief unsigned order, the Supreme Court dismissed the suit, but Johnson won recognition from his fellow Republicans in the House for his fealty to Trump.Asked shortly after he was elected speaker whether he continued to believe that the 2020 election was stolen, Johnson told a Washington Post reporter: “We’re not talking about any issues today,” adding only, “My position is very well known.”In theory, at least, it is difficult to understand how Johnson can justify his support for Trump, whom Peter Wehner, a senior fellow at the Trinity Forum and a contributing writer for Times Opinion, described this way in The Atlantic in 2020:A man whose lifestyle is more closely aligned with hedonism than with Christianity, Trump clearly sees white evangelicals as a means to an end, people to be used, suckers to be played. He had absolutely no interest in evangelicals before his entry into politics and he will have absolutely no interest in them after his exit. In fact, it’s hard to imagine a person who has less affinity for authentic Christianity — for the teachings of Jesus, from the Sermon on the Mount to the parable of the good Samaritan — than Donald Trump.Johnson’s ascent to the top job in the House also raises a larger, more encompassing question: Will voters care in 2024 (and beyond) that one of America’s two major political parties has been taken over by an alliance of MAGA forces and their white evangelical allies, who have clearly indicated their willingness to abandon democratic norms — that is, democracy itself — in the pursuit of power?Polling suggests that this is a far from settled question.The Times is committed to publishing a diversity of letters to the editor. We’d like to hear what you think about this or any of our articles. Here are some tips. And here’s our email: [email protected] The New York Times Opinion section on Facebook, Twitter (@NYTopinion) and Instagram. More

  • in

    Biden to Travel to Minnesota to Highlight Rural Investments

    The president’s push to focus attention on the domestic economy comes as his administration has been dealing with events overseas after the terrorist attacks in Israel.The White House on Wednesday will announce more than $5 billion in funding for agriculture, broadband and clean energy needs in sparsely populated parts of the country as President Biden travels to Minnesota to kick off an administration-wide tour of rural communities.The president’s efforts to focus attention on the domestic economy ahead of next year’s campaign come after three weeks in which his administration has been seized by events overseas following the terrorist attacks in Israel and the state’s subsequent military action in Gaza.The trip will take place as Mr. Biden is urging Congress to quickly pass a $105 billion funding package that includes emergency aid to Israel and Ukraine, two conflicts he has described as threats to democracy around the globe.But the president and his aides are well aware that his hopes for a second term are likely to be determined closer to home. Rural voters like the ones he will address at a corn, soybean and hog farm south of Minneapolis are increasingly voting Republican. A recent poll showed that most voters had heard little or nothing about a health care and clean energy law that is the cornerstone of Mr. Biden’s economic agenda. And the president even faces a challenge within his own party, from Representative Dean Phillips of Minnesota, who announced his long-shot presidential bid last week.Karine Jean-Pierre, the White House press secretary, declined on Tuesday to speak about campaign issues, citing the Hatch Act, which limits political activity by federal officials, but said that Mr. Biden “loves Minnesota.” Administration officials have said Mr. Biden’s trip was planned before Mr. Phillips announced his candidacy.The White House has called the next two weeks of events the “Investing in Rural America Event Series.” It includes more than a dozen trips by Mr. Biden as well as cabinet secretaries and other senior administration officials. The White House said in a statement that the tour would highlight federal investments that “are bringing new revenue to farms, increased economic development in rural towns and communities, and more opportunity throughout the country.”Mr. Biden will be joined on Wednesday by Tom Vilsack, the agriculture secretary. Against the backdrop of a family farm that uses techniques to make crops more resilient to climate change, they will announce $1.7 billion for farmers nationwide to adopt so-called climate-smart agriculture practices.Agriculture Secretary Tom Vilsack will join President Biden in Minnesota and later travel to Indiana, Wyoming and Colorado.Haiyun Jiang for The New York TimesOther funding announcements include $1.1 billion in loans and grants to upgrade infrastructure in rural communities; $2 billion in investments as part of a program that helps rural governments work more closely with federal agencies on economic development projects; $274 million to expand high-speed internet infrastructure; and $145 million to expand access to wind, solar and other renewable energy, according to a White House fact sheet.“Young people in rural communities shouldn’t have to leave home to find opportunity,” Neera Tanden, director of the White House Domestic Policy Council, said Tuesday on a call with reporters.She said federal investments were creating “a pathway for the next generation to keep their roots in rural America.”Gov. Tim Walz of Minnesota, a Democrat, said he expected Mr. Biden to face serious headwinds in rural communities, in large part because of inflation levels.“It is a little challenging, there’s no denying, when prices go up,” Mr. Walz said. “The politics have gotten a little angrier. I think folks are feeling a little behind.”But Mr. Walz also praised Mr. Biden for spending time in rural communities. “Democrats need to show up,” he said.Kenan Fikri, the director of research at the Economic Innovation Group, a Washington think tank, said the Biden administration had made sizable investments over the past two and a half years in agriculture, broadband and other rural priorities.“The administration has a lot to show for its economic development efforts in rural communities,” he said, but “whether voters will credit Biden for a strong economic performance is another question.”Later in the week Mr. Vilsack will travel to Indiana, Wyoming and Colorado to speak with agricultural leaders and discuss land conservation. Deb Haaland, the interior secretary, will go to her home state of New Mexico to highlight water infrastructure investments.Energy Secretary Jennifer M. Granholm will be in Arizona to talk about the electricity grid and renewable energy investment in the rural Southwest.The veterans affairs secretary, Denis McDonough, plans to visit Iowa to discuss improving access to medical care for veterans in rural areas. Isabel Guzman, who leads the Small Business Administration, will travel to Georgia to talk about loans for rural small businesses.Miguel A. Cardona, the education secretary, will go to New Hampshire to promote how community colleges help students from rural areas. Xavier Becerra, the secretary of health and human services, will be in North Carolina to talk about health care access in rural areas. More

  • in

    Some of the Lawyers Who May Fill a Second Trump Administration

    Donald Trump’s allies are hoping to install a different species of legal gatekeeper throughout the federal government. Here are some of the potential prospects.Election Day is a year away, but key allies of former President Donald J. Trump are already thinking about staffing a potential administration, including by filling White House and agency legal positions with aggressive and ideologically like-minded lawyers.Trump allies are preparing to populate a new administration with a different breed of lawyer — a departure from the type that stymied part of his first-term agenda and that despite their mainstream conservative credentials are seen as too cautious by people close to the former president. They are seeking lawyers in federal agencies and in the White House committed to his “America First” ideology and willing to use edgy theories to advance his cause.It is too early to say with any certainty whom Mr. Trump would select were he to win a second term starting in 2025. But several conservative nonprofits, staffed by people who are likely to take on senior White House positions if there is a second Trump administration, have been putting together lists of prospects.At Project 2025, a well-funded effort by the Heritage Foundation to prepare personnel and policy for the next conservative administration, John McEntee, one of Mr. Trump’s most trusted aides, is part of a team searching for potential lawyers.A person familiar with the Heritage 2025 project said it was listing multiple options for every position. Some of the names under early and unofficial consideration are:Joseph E. Schmitz as the Pentagon’s top lawyer. A Bush-era Pentagon inspector general, he argued after the 2020 election that the Supreme Court or the vice president, Mike Pence, should intervene to overturn Mr. Trump’s loss.Joseph E. Schmitz in 2004.Jamie-Andrea Yanak/Associated PressWe are having trouble retrieving the article content.Please enable JavaScript in your browser settings.We are confirming your access to this article, this will take just a moment. However, if you are using Reader mode please log in, subscribe, or exit Reader mode since we are unable to verify access in that state.Confirming article access.If you are a subscriber, please  More

  • in

    Trump’s Allies Want a New Breed of Lawyer if He Returns to Power

    Close allies of Donald J. Trump are preparing to populate a new administration with a more aggressive breed of right-wing lawyer, dispensing with traditional conservatives who they believe stymied his agenda in his first term.The allies have been drawing up lists of lawyers they view as ideologically and temperamentally suited to serve in a second Trump administration. Their aim is to reduce the chances that politically appointed lawyers would frustrate a more radical White House agenda — as they sometimes did when Mr. Trump was in office, by raising objections to his desires for certain harsher immigration policies or for greater personal control over the Justice Department, among others.Now, as Trump allies grow more confident in an election victory next fall, several outside groups, staffed by former Trump officials who are expected to serve in senior roles if he wins, have begun parallel personnel efforts. At the start of Mr. Trump’s term, his administration relied on the influential Federalist Society, the conservative legal network whose members filled key executive branch legal roles and whose leader helped select his judicial nominations. But in a striking shift, Trump allies are building new recruiting pipelines separate from the Federalist Society.These back-room discussions were described by seven people with knowledge of the planning, most of whom spoke on the condition of anonymity to describe private conversations. In addition, The New York Times interviewed former senior lawyers in the Trump administration and other allies who have remained close to the president and are likely to serve in a second term.The interviews reveal a significant break within the conservative movement. Top Trump allies have come to view their party’s legal elites — even leaders with seemingly impeccable conservative credentials — as out of step with their movement.“The Federalist Society doesn’t know what time it is,” said Russell T. Vought, a former senior Trump administration official who runs a think tank with close ties to the former president. He argued that many elite conservative lawyers had proved to be too timid when, in his view, the survival of the nation is at stake.Such comments may surprise those who view the Federalist Society as hard-line conservatives. But the move away from the group reflects the continuing evolution of the Republican Party in the Trump era and an effort among those now in his inner circle to prepare to take control of the government in a way unseen in modern presidential history.Two of the allies leading the push are Stephen Miller, Mr. Trump’s former senior adviser, and John McEntee, another trusted aide whom the then-president had empowered in 2020 to rid his administration of political appointees perceived as disloyal or obstructive.The nonprofit groups they are involved in are barred by law from supporting a candidate, and none of the work they are doing is explicitly tied to Mr. Trump. But Mr. Miller and Mr. McEntee remain close to the former president and are expected to have his ear in any second term.Mr. Trump himself, focused for now on multiple criminal and civil cases against him, appears disengaged from these efforts. But he made clear throughout his term in office that he was infuriated by many of the lawyers who worked for him, ranting about how they were “weak” and “stupid.”By the end of his term, lawyers he appointed early in his administration had angered the White House by raising legal concerns about various policy proposals. But Mr. Trump reserved his deepest rage for the White House and Justice Department legal officials who largely rejected his attempts to overturn the 2020 election, according to people who spoke with him. Casting about for alternative lawyers who would tell him what he wanted to hear, Mr. Trump turned for that effort to a group of outside lawyers, many of whom have since been indicted in Georgia.People close to the former president say they are seeking out a different type of lawyer committed to his “America First” ideology and willing to endure the personal and professional risks of association with Mr. Trump. They want lawyers in federal agencies and in the White House who are willing to use theories that more establishment lawyers would reject to advance his cause. This new mind-set matches Mr. Trump’s declaration that he is waging a “final battle” against demonic “enemies” populating a “deep state” within the government that is bent on destroying America.Several of Mr. Trump’s key allies — including Stephen Miller, his former senior adviser — are drawing up lists of lawyers they plan to hire if the former president returns to the White House in 2025.Cooper Neill for The New York TimesThere were a few lawyers like that in Mr. Trump’s administration, but they were largely outnumbered, outranked and often blocked by more traditional legal conservatives. For those who went to work for Mr. Trump but grew disillusioned, the push to systematically install Trump loyalists who may see the law as malleable across a second Trump administration has been a cause for alarm.John Mitnick was appointed by Mr. Trump as general counsel of the Homeland Security Department in 2018. But he was fired in 2019 as part of a broad purge of the agency’s leaders — whom Mr. Trump had installed — and was replaced by one of Mr. Miller’s allies.Mr. Mitnick predicted that “no qualified attorneys with integrity will have any desire to serve as political appointees” in a second Trump term, and that instead it would be “predominantly staffed by opportunists who will rubber-stamp whatever Trump and his senior White House staff want to do.”In many ways, the Federalist Society has become synonymous with the Republican establishment, and its members’ most common interests — including pushing an originalist interpretation of the Constitution and federal statutes — can be distinct from the whims and grievances of Mr. Trump himself. Its membership dues are low, and politically ambitious Republican lawyers of various stripes routinely join it or attend its events. Many of the more aggressive lawyers the Trump allies are eyeing have their own links to it.But after both the legal policy fights inside the Trump administration and the refusal by the group’s most respected luminaries to join Mr. Trump’s efforts to overturn the 2020 election, the phrase “Federalist Society” became a slur for some on the Trump-aligned right, a shorthand for a kind of lawyerly weakness.Hard-right allies of Mr. Trump increasingly speak of typical Federalist Society members as “squishes” too worried about maintaining their standing in polite society and their employment prospects at big law firms to advance their movement’s most contentious tactics and goals.“Trump and his administration learned the hard way in their first term that the Democrats are playing for keeps,” said Mike Davis, a former congressional aide who helped shepherd judicial nominees during the Trump administration and has become a close ally of the 45th president. “And in the Trump 47 administration, they need much stronger attorneys who do not care about elite opinion who will fight these key cultural battles.”The chilling of the relationship between Mr. Trump and Leonard Leo, a leader of the Federalist Society, embodies a broader rift between Mr. Trump and conservative legal elites.T.J. Kirkpatrick for The New York TimesA Fraught UnionWhen Mr. Trump wrested the 2016 Republican presidential nomination from the party’s old guard, it was unclear whether social conservatives would turn out in the general election to vote for a thrice-married New Yorker who had cultivated a playboy reputation and once described himself as “very pro-choice.” But Mr. Trump won their support by essentially striking a deal with legal conservatives: He agreed to fill Supreme Court vacancies from a list of prospects compiled by a small number of movement stalwarts.This group helping to shape the judiciary included Leonard A. Leo — arguably the most powerful figure in the conservative legal movement and a leader of the Federalist Society — and Donald F. McGahn II, Mr. Trump’s 2016 campaign general counsel and first White House counsel. With a seat already open after the death of Justice Antonin Scalia, the move worked: Exit polls showed that court-focused voters helped secure Mr. Trump’s narrow victory.Along with the Republican leader in the Senate, Mitch McConnell of Kentucky, Mr. Leo and Mr. McGahn — and later Pat A. Cipollone, Mr. Trump’s second White House counsel — created an assembly line for turning Federalist Society-style lawyers into appeals court judges and Supreme Court justices.But the union between Mr. Trump and the conservative legal establishment could be more fraught than it sometimes appeared. As his presidency wore on, Mr. Trump attacked and sidelined many of the lawyers around him. That included Mr. Leo.One episode, described by a person familiar with the incident, illustrates the larger chill.In January 2020, Mr. Leo was having dinner at Mar-a-Lago when Mr. Trump strode up to his table. The president stunned Mr. Leo, publicly berating him and accusing him of recommending the deputy attorney general, Rod J. Rosenstein, who appointed a special counsel to investigate ties between the Russian government and the Trump campaign.Taken aback, Mr. Leo protested that he had actually suggested someone else for the position — Mr. Cipollone. Mr. Trump walked away without apologizing.Nearly a year later, when Mr. Trump was trying to enlist legal assistance for his efforts to overturn his 2020 election loss, he reached out three times to Mr. Leo. But Mr. Leo declined to take or return Mr. Trump’s calls, and has since only dealt with him through others.A spokesman for Mr. Trump did not respond to repeated requests for comment.In a statement, Mr. Leo said, “I have nothing to say regarding his current efforts, but I’m just grateful that President Trump transformed the Supreme Court and the federal judiciary in his first term.”Mr. Mitnick’s experience underscores the style of lawyering that Trump allies saw as too cautious. His role as the top lawyer at the Department of Homeland Security put him in the path of increasingly aggressive policy proposals from a top White House adviser to Mr. Trump, Mr. Miller.Mr. Miller, who is not a lawyer, is known for his vehement opposition to immigration. Mr. Mitnick and Mr. Miller are said to have clashed, directly and indirectly, over legal risks raised by regulatory and policy actions emanating from the White House, including separating migrant children from their parents and transporting migrants to so-called sanctuary cities.In 2019, the White House purged the leadership ranks of the Homeland Security Department, firing Mr. Mitnick. Mr. Trump ultimately installed as his replacement Chad Mizelle, who had been out of law school just seven years but was a close Miller ally.Like numerous other positions filled later in Mr. Trump’s term, Mr. Mizelle was appointed as “acting” general counsel, sidestepping a Senate vetting and confirmation process that would most likely have closely scrutinized whether he was qualified for the job.With Mr. Mizelle acting as the department’s top lawyer when the Covid-19 pandemic arose, the Trump administration seamlessly invoked emergency powers to flatly refuse to consider the petition of any asylum seeker arriving at the southern border.Seeking ‘America First’ LawyersMr. Miller has stayed close to Mr. Trump and is expected to play an even more important role in shaping policy if Mr. Trump returns to power.While out of office, Mr. Miller has been running a foundation focused on suing the Biden administration and recruiting a new generation of “America First” lawyers, with some from attorney general and solicitor general offices in Texas and other Republican-controlled states. “America First” Republicans are often opposed to both legal and illegal immigration, protectionist on trade and skeptical of international alliances and military intervention overseas.One first-term Trump lawyer who would most likely serve in a second term is Mark Paoletta, who served as general counsel at the Office of Management and Budget and worked closely with Mr. Vought, the agency’s director. The O.M.B. team saw itself as an island of facilitators within an executive branch they believed was too quick to tell Mr. Trump that his ideas were unachievable or illegal.“The Federalist Society doesn’t know what time it is,” said Russell Vought, a former senior Trump administration official.Doug Mills/The New York TimesTogether, Mr. Vought and Mr. Paoletta came up with the idea of having Mr. Trump declare a national emergency and invoke special powers to spend more taxpayer money on a border wall than Congress was willing to appropriate.Mr. Paoletta also believed that Mr. Trump could have exerted greater personal control over the Justice Department, although Mr. Paoletta said in an interview that he did not advocate using the presidency’s command over federal law enforcement for partisan and personal score-settling. He and other advisers likely to follow Mr. Trump back into power view White House authority to direct the Justice Department as proper under the so-called unitary executive theory. It holds that presidents can directly command the entire federal bureaucracy and that pockets of independent decision-making authority are unconstitutional.“I believe a president doesn’t need to be so hands-off with the D.O.J.,” Mr. Paoletta said, adding: “It’s not an independent agency, and he is the head of the executive branch. A president has every right to direct D.O.J. to look at items that are his policy priorities and other matters of national importance.”Mr. Trump is not known for pondering legal philosophy. But he has found common cause with lawyers who have a sweeping view of presidential power.In his 2024 campaign, Mr. Trump has promised to “appoint a real special prosecutor to go after” President Biden and his family — shattering the post-Watergate norm of Justice Department independence. More than any legal policy statement on his campaign website, retribution may be the closest thing to a governing philosophy for Mr. Trump as he seeks a second term.‘Legal Creativity’Mr. Trump has rarely looked closely at a lawyer’s area of specialty. Instead, he has often looked at whether a particular lawyer can help him gain something he wants. He spent much of his first term railing against the lawyers who worked for him and wondering aloud why none of them could live up to the memory of his notoriously ruthless mentor, Roy Cohn, who represented Mr. Trump in his early business career in New York.When he sought to overturn the 2020 election, Mr. Trump was unsatisfied with his government lawyers, including his second White House counsel, Mr. Cipollone, who largely rejected his efforts to subvert the results. Mr. Trump turned to a different set of outside lawyers.Those lawyers included Rudolph W. Giuliani, John C. Eastman, Kenneth Chesebro, Jenna Ellis and Sidney K. Powell, all of whom have since been indicted in Georgia in a racketeering case that charged the former president and 18 of his allies with conspiring to overturn his election loss there in 2020. Ms. Powell, Mr. Chesebro and Ms. Ellis have pleaded guilty.Mr. Trump was also infuriated that the justices he had put on the Supreme Court declined to repay his patronage by intervening in the 2020 election. As Mr. Trump criticized the court, Mr. Leo with the Federalist Society is said to have told associates he was disappointed that the former president’s rhetoric made his judicial appointment record look “transactional,” aimed at advancing Mr. Trump’s personal interests rather than a broader philosophical mission.Jeffrey Clark, a former high-ranking Justice Department official, was criminally charged in Georgia in connection with efforts to overturn Mr. Trump’s 2020 election loss in that state.Pool photo by Susan WalshIn the same way, Mr. Trump had a falling-out with his attorney general, William P. Barr, who refused to falsely say that the Justice Department had evidence of widespread voter fraud. After Mr. Barr resigned, his deputy and successor, Jeffrey A. Rosen, also refused to throw the department’s weight behind Mr. Trump’s claims. Mr. Trump then explored the idea of installing Jeffrey Clark — an official who was willing to raise concerns about purported election fraud — as acting attorney general.Mr. Clark has also been indicted in the Georgia case, but remains in favor with Mr. Trump and has met with the former president at his private clubs. Over the summer, at Mr. Trump’s golf club in Bedminster, N.J., Mr. Clark attended a fund-raiser for the people who have been imprisoned for rioting at the Capitol on Jan. 6, 2021.Mr. Clark will most likely be in contention for a senior Justice Department position in any second Trump administration, depending on the outcome of his legal travails. He has written a constitutional analysis, titled “The U.S. Justice Department Is Not Independent,” that amounts to an intellectual blueprint for direct presidential control of federal law enforcement.He declined to comment. On a conservative podcast last year, Mr. Clark said that “extraordinary times call for extraordinary, responsive legal creativity.” More

  • in

    Could the Next Republican President Take Us to War With Mexico?

    As president, Donald Trump reportedly floated the idea of shooting “missiles into Mexico to destroy the drug labs.” When his defense secretary, Mark Esper, raised various objections, he recalls that Mr. Trump responded by saying the bombing could be done “quietly”: “No one would know it was us.”Well, word got out and the craze caught on. Now many professed rebel Republicans, such as Representatives Mike Waltz and Marjorie Taylor Greene, along with several old G.O.P. war horses, like Senator Lindsey Graham, want to bomb Mexico. Gov. Ron DeSantis of Florida said he would send special forces into Mexico on “Day 1” of his presidency, targeting drug cartels and fentanyl labs. In May, Representative Michael McCaul, another Republican, introduced a bill pushing for fentanyl to be listed as a chemical weapon, like sarin gas, under the Chemical Weapons Convention. This move targeted Mexican cartels and Chinese companies, which are accused of providing the ingredients to the cartels to manufacture fentanyl.Of course, the United States is already fighting, and has been for half a century, a highly militarized drug war — in the Andes, Central America and, yes, Mexico — a war as ineffective as it has been cruel. Hitting fentanyl labs won’t do anything to slow the bootlegged versions of the drug into the United States but could further destabilize northern Mexico and the borderlands, worsening the migrant refugee crisis.Addiction to fentanyl, a drug that is 50 times stronger than heroin, affects red and blue states alike, from West Virginia to Maine, with overdoses annually killing tens of thousands of Americans. It’s a bipartisan crisis. Yet in our topsy-turvy culture wars, there’s a belief that fentanyl is targeting the Republican base. J.D. Vance rose to national fame in 2016 with a book that blamed the white rural poor’s cultural pathologies for their health crises, including drug addiction. In 2022, during his successful run for Ohio’s Senate seat, Mr. Vance, speaking with a right-wing conspiracy theorist, said that “if you wanted to kill a bunch of MAGA voters in the middle of the heartland, how better than to target them and their kids with this deadly fentanyl?” Mr. Vance’s poll numbers shot up after that, and other Republicans in close House and Senate races took up the issue, linking fentanyl deaths to Democratic policies on border security and crime and calling for military action against Mexico.The Mexican government is in fact cooperating with the United States to limit the export of the drug, recently passing legislation limiting the import of chemicals required for its production and stepping up prosecution of fentanyl producers. And even some of the cartels have reportedly spread the message to their foot soldiers, telling them to stop producing the drug or face the consequences. Still, in a show of Trumpian excess, Mexico is depicted as the root of all our problems. Bombing Sinaloa in 2024 is what building a border wall was in 2016: political theatrics.The United States is no novice when it comes to bombing Mexico. “A little more grape,” or ammunition, Gen. Zachary Taylor supposedly ordered as his men fired their cannons on Mexican troops. That was during America’s 1846-48 war on Mexico, which also included the assault on Veracruz, killing hundreds. Washington took more than half of Mexico’s territory during that conflict.Conservative politicians have used Mexico to gin up fears of an enemy to the south ever since the Mexican American War, which made Zachary Taylor a national hero. Library of Congress Prints and Photographs DivisionReactionaries have fixated on the border for over a century, since before the Civil War, when Mexico provided asylum for runaway slaves. Over the years, newspapers and politicians have regularly demanded that Mexico be punished for any number of sins, from failing to protect property rights to providing refuge for escaped slaves, Indian raiders, cattle rustlers, bootleggers, smugglers, drug fiends, political radicals, draft dodgers and Japanese and German agents. There was a touch of evil about Mexico, as Orson Welles titled his 1958 film set on the borderlands.Long before the Russian Revolution, hostility directed at the Mexican Revolution, which started in 1910, gave rise to a new, more militant, ideological conservatism. U.S. oilmen invested in Mexico blamed Jews for financing the revolution and raised money from U.S. Catholics to fund counterrevolutionaries, some of whom were fascists. From 1910 to 1920, private vigilante groups like the K.K.K., local police departments and the Texas Rangers conducted a reign of terror across the border states that killed several thousand ethnic Mexicans, some of whom were trying to organize a union or trying to vote.Trumpism’s ginned-up racism against Mexicans flows from this history. It remains to be seen whether calls to bomb Mexico’s fentanyl labs will play well in the coming election cycle. Yet the rhetoric itself is a dangerous escalation of an old idea: that international narcotics production, trafficking and consumption can be deterred through military means.Today’s Republican renegades say they represent a break from the “globalist” bipartisan consensus that governed the country through the Cold War and the decades that followed. But aside from some opposition to military aid to Ukraine, Republicans largely toe the line when it comes to the use of military force abroad. Few Republican dissidents dare question the establishment consensus on ongoing military aid to Israel, especially in light of its current siege of Gaza. In this sense, calls to bomb Mexico are a distraction, blowing smoke to hide the fact that the G.O.P. offers nothing new. Republicans certainly aren’t the peace party, as some of Mr. Trump’s isolationist backers would have us believe. All they offer is a shriller war party.(As if to illustrate the point, as Republicans shout about Mexico, the Biden administration has quietly struck a deal with Ecuador that will allow the United States to deploy troops to the country and patrol the waters off its coast, the Washington Examiner recently reported.)Even bombing another country in the name of fighting drugs is hardly innovative. In 1989, George H.W. Bush used the U.S. military to act on the federal indictment of Manuel Noriega, Panama’s ruler, for drug trafficking. In Operation Just Cause, the United States dropped hundreds of bombs on Panama City, including on one of its poorest neighborhoods, El Chorrillo, setting homes ablaze and killing an unknown number of its residents.Bombing another country in the name of fighting drugs is hardly innovative. As early as 1989, the United States was dropping hundreds of bombs on Panama, leaving burned cars and destroyed buildings in their wake.Steve Starr/Corbis, via Getty ImagesFor all their posturing on how they represent a break with the past, today’s bomb-happy Republicans are merely calling for an expansion of policies already in place. Republicans have introduced legislation in the House and Senate that would in effect bind the war on drugs to the war on terrorism and give the president authority to strike deep into Mexico. Mr. Graham also says he wants “a Plan Mexico more lethal than Plan Colombia.”Calls to inflict on Mexico something more lethal than Plan Colombia should chill the soul. Initiated by Bill Clinton in 1999, Plan Colombia and its successor strategies funneled roughly $12 billion into Colombia, mostly to security forces who were charged with eliminating cocaine production at its source. Their campaign included, yes, the aerial bombing of cocaine labs.Conflict in Colombia is a longstanding phenomenon, but Plan Colombia helped kick off a wave of terror that killed tens of thousands of civilians and drove millions from their homes. The Colombian military murdered thousands of civilians and falsely reported them as guerrillas, as a way of boosting its body count to keep the funds flowing. Massacre followed massacre, often committed by the Colombian military working in tandem with paramilitaries. At the end of last year, Colombia had the fourth-largest population that was internally displaced because of conflict and violence, behind only Syria, Ukraine and the Democratic Republic of Congo.For what? More Colombian acreage was planted with coca in 2022 than in 1999, a year before the start of Plan Colombia. Colombia remains the world’s largest cocaine producer.Even after years of attempts to fumigate and destroy cocaine plantations in Colombia, the country remains the world’s largest cocaine producer. Olga Castano/Getty ImagesPlan Colombia did weaken Colombian drug producers and disrupt transportation routes. But it also incentivized Central American and Mexican gangs and cartels to get in the game. Drug-related violence that had largely been confined to the Andes blasted up through the Central American isthmus into Mexico.Then in 2006, with support from the Bush administration, Mexico’s new president, Felipe Calderón, did what today’s Republican would-be bombardiers want Mexico to do: declare war on the cartels. Again, the result was catastrophic. Estimates vary, but by the end of Mr. Calderón’s six-year term, about 60,000 Mexicans had been killed in drug-war-related violence. By 2011, an estimated 230,000 people had been displaced, and about half of them crossed the border into the United States. Tens of thousands of Mexicans, including social activists, were disappeared, or had gone missing. The cartels, meanwhile, grew more profitable and powerful.In the wake of this failure, the current Mexican government, led by Andrés Manuel López Obrador, has de-escalated the conflict to focus more on policing and prosecution. Other Latin American leaders, across the political spectrum, want to call off the war on drugs altogether and begin advancing decriminalization and treating excess drug use as a social problem.If the drug war is escalated, it would lead to more corruption, more deaths and more refugees desperate to cross into the United States. Jose Luis Gonzalez/ReutersFor now, calls to bomb Mexico are mostly primary-season bluster. But if a Republican were to win the White House in 2024, he or she would be under pressure to make good on the promise to launch military strikes on Mexico. Those efforts are not just bound to fail; they also could even make matters worse. Fentanyl labs are hardly complicated operations — with a couple of plastic drums and a pill press, one cook in a hazmat suit can turn out thousands of doses in a day. Trying to eliminate them with drones and missiles would be as effective as bombing bodegas in the Bronx. Hit one lab and five more pop up, perhaps in more populated areas.Further militarizing Mexico’s drug war would lead to more corruption, more deaths, more refugees desperate to cross the border. And those displaced, if Republicans had their way and Mexican cartels were classified as terrorist organizations, would have a better shot at claiming asylum, since they would be fleeing a formally designated war zone.With each escalation of the drug war, its horrors have inched closer to the United States. Now war mongering threatens to destroy the fragile movement among U.S. policymakers toward a more humane approach to drug use, that possession and use of drugs shouldn’t bring draconian prison sentences and that addiction should be treated as an illness, rooted in class inequality. Republican calls to go hard against narcotics below the border can’t but rebound above it, leading back to a callous public policy that treats addicts as enemies. As Martin Luther King Jr. once said of another war, the bombs we drop there explode here.Greg Grandin (@GregGrandin) is a professor of history at Yale and the author of seven books, most recently, “The End of the Myth: From the Frontier to the Border Wall in the Mind of America,” which won the 2020 Pulitzer Prize for general nonfiction.The Times is committed to publishing a diversity of letters to the editor. We’d like to hear what you think about this or any of our articles. Here are some tips. And here’s our email: [email protected] The New York Times Opinion section on Facebook, Twitter (@NYTopinion) and Instagram. More

  • in

    Trump Sues to Ensure He Is on the Ballot in Michigan

    Donald Trump’s lawsuit was the latest turn in a nationwide battle over his eligibility to hold office again, including a case being heard this week in Colorado.Former President Donald J. Trump sued Michigan’s top elections official, seeking to ensure he would be on the ballot for the 2024 presidential election.In a 64-page filing on Monday, Mr. Trump’s lawyers said that Jocelyn Benson, Michigan’s secretary of state, had created “uncertainty” by failing to respond to communications from the Trump campaign about his ballot eligibility. Mr. Trump is the dominant front-runner for the Republican Party’s presidential nomination.His lawyers added that other parties had sued Ms. Benson to keep Mr. Trump off the ballot in 2024, arguing that he was ineligible to hold office again under Section 3 of the 14th Amendment — a section that disqualifies anyone who “engaged in insurrection or rebellion” against the Constitution after having taken an oath to support it.Ms. Benson previously declined to disqualify Mr. Trump over his efforts to overturn the 2020 election, saying she did not have the authority to determine who was or was not eligible to run under the 14th Amendment. Plaintiffs in that case then sued in Michigan state court to have the court order Ms. Benson to disqualify Mr. Trump. Ms. Benson has noted that she is watching for the results of that case.Cheri Hardmon, a spokeswoman for Ms. Benson, said on Tuesday that the Michigan Department of State could not comment on pending litigation.The Michigan lawsuit was the latest turn in a nationwide battle over Mr. Trump’s eligibility to run for president. The suit was filed Monday afternoon in Michigan state court as a trial played out in Colorado to determine whether Mr. Trump’s efforts to overturn the 2020 election met the disqualification criteria in the 14th Amendment.That trial continued on Tuesday with testimony related to Mr. Trump and far-right extremists and their actions on Jan. 6, 2021.Peter Simi, an expert witness on political extremism and violence called by the plaintiffs, said during questioning that far-right extremists often communicate in ambiguous language, and that many of Mr. Trump’s comments before and on Jan. 6 were a key influence on extremists who rioted at the Capitol.Mr. Simi focused on Mr. Trump’s speech at the Ellipse that day, where he repeatedly called on his supporters to “fight” to prevent the election from being stolen.“A call to fight for far-right extremists — especially within the context as it’s laid out, that these threats are imminent, that you’re going to lose your country — then fighting would be understood as requiring violent action,” Mr. Simi testified.Lawyers for Mr. Trump argued during cross-examination that Mr. Simi had selectively chosen particular moments that made Mr. Trump look bad, and sought to cast doubt on whether the president had intended for the far right to interpret his remarks the way they did.Other cases on Mr. Trump’s eligibility are soon to follow: A similar lawsuit has been filed in New Hampshire. Oral arguments in a case in Minnesota are scheduled to begin Thursday. Separately, Democratic legislators in California asked their state’s attorney general last month to seek a court opinion on Mr. Trump’s eligibility.Whatever rulings come in these cases will not be final. They will almost certainly be appealed by the losing side, and the Supreme Court — which has a 6-3 conservative majority, including three justices appointed by Mr. Trump — is likely to have the final say. More