Project: Democracy

Subterms

    More stories

    • 100 Shares169 Views

      in Elections

      Elecciones en Guatemala: lo que hay que saber

      by

      Los comicios en la nación centroamericana están marcados por la exclusión de importantes candidatos y llamados a tomar medidas enérgicas contra la delincuencia.Guatemala, el país más poblado de Centroamérica, votará este domingo en unas elecciones presidenciales que están dirigiendo el foco de atención a la erosión del Estado de derecho en una nación que se ha convertido en una fuente importante de migración hacia Estados Unidos.La incipiente democracia del país tras el fin de una guerra civil hace unas cuatro décadas que dejó cientos de miles de personas desaparecidas o muertas —una de las más sangrientas en la historia reciente latinoamericana— ha decaído en años recientes bajo un gobierno cada vez más autoritario.El poder judicial se ha utilizado como arma arrojadiza y ha forzado al exilio a decenas de jueces y fiscales que se dedicaban a combatir la corrupción. La libertad de prensa también ha recibido ataques: este mes, el editor de un importante periódico que expuso muchos episodios de corrupción fue sentenciado a seis años de prisión tras haber sido acusado de delitos financieros.El Tribunal Supremo Electoral de Guatemala, un país de 18 millones de habitantes, ha incrementado las preocupaciones sobre los ataques a las normas democráticas tras haber descalificado a varios candidatos presidenciales importantes que eran percibidos como una amenaza a la clase política y económica dominante.La descalificación de varios candidatos de la contienda presidencial, entre ellos Carlos Pineda, ha generado dudas sobre la legitimidad de las elecciones del domingo.Daniele Volpe para The New York TimesLas tensiones en torno a la inestable democracia de Guatemala han dejado a algunos votantes desilusionados y preguntándose si deberían incluso molestarse en ir a votar.“Creo que no deberían celebrarse las elecciones”, afirmó Óscar Guillén, de 70 años, quien explicó que tenía planeado dejar su voto en blanco para expresar su descontento.Los electores todavía podrán elegir entre un nutrido grupo de más de 20 candidatos, ninguno de los cuales se prevé que obtenga una mayoría el domingo, lo que obligaría a ir a una segunda vuelta el 20 de agosto entre los dos primeros lugares.Las segundas vueltas se han vuelto comunes en Guatemala desde que los acuerdos de paz de 1996 pusieron fin un conflicto interno que duró 36 años y que estuvo marcado por brutales tácticas de contrainsurgencia que resultaron en un genocidio contra la comunidad indígena.El presidente actual de Guatemala, Alejandro Giammattei, tiene prohibido por ley buscar la reelección. Pero incluso luego de que un aumento pronunciado en los crímenes violentos y un costo de vida extremadamente alto causaron que el mandatario, conservador, sea profundamente impopular, los candidatos líderes en la contienda son de tendencia en general conservadora, lo que sugiere que habrá continuidad con la clase política dominante del país.La votación no es obligatoria en Guatemala y la tasa de abstención, que casi llegó al 40 por ciento en las últimas elecciones presidenciales en 2019, será observada de cerca como un indicador del descontento entre los electores.A continuación, lo que debes saber sobre las elecciones de este domingo.Sandra Torres parece ser la principal candidata, con niveles de apoyo que rondan el 20 por ciento.Daniele Volpe para The New York Times¿Quién se está postulando a la presidencia?Ninguno de los tres candidatos principales tiene proyectado obtener ni siquiera algo cercano a la mayoría necesaria para ganar en primera vuelta el domingo. En diferentes encuestas, Sandra Torres, una ex primera dama, parece ser la principal candidata, con niveles de apoyo que rondan el 20 por ciento. (Según las encuestas, los números del candidato presidencial del partido de Giammattei rondan cifras bajas de un solo dígito)Torres, de 67 años, estuvo casada con Álvaro Colom, presidente de Guatemala de 2008 a 2012 y quien falleció este año, a los 71 años de edad. Se divorciaron en 2011, cuando Torres intentó postularse por primera vez a la presidencia, en un intento de sortear una ley que prohíbe que los familiares del presidente puedan presentarse como candidatos.Torres no logró conseguir la autorización para postularse a la presidencia ese año, pero obtuvo el segundo lugar en las dos elecciones presidenciales más recientes. Después de las elecciones de 2019, fue acusada de cometer violaciones de financiación de campaña y pasó tiempo en arresto domiciliario.A finales del año pasado, un juez sentenció que no había suficientes pruebas para proceder al juicio de Torres, lo que le permitió volver a postularse. Durante la campaña, ha logrado conseguir el apoyo de su partido, la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), el cual está bien arraigado y es ampliamente conocido en Guatemala.Torres, al igual que sus dos principales rivales, ha expresado admiración hacia la represión a las pandillas ejecutada por el gobierno del país vecino de El Salvador, la cual ha ayudado a disminuir los niveles de violencia, pero también ha planteado preocupaciones referentes a abusos de derechos humanos.Torres también ha prometido ampliar las transferencias de efectivo y la asistencia alimentaria para las familias de bajos recursos, valiéndose de su experiencia como primera dama, cuando fue el rostro de este tipo de iniciativas populares.Otra de las principales candidatas, Zury Ríos, de 55 años, es también una figura conocida en la política guatemalteca. Es la hija de Efraín Ríos Montt, quien fue dictador del país a principios de la década de 1980 y que fue condenado por genocidio en 2013 por intentar exterminar a los ixiles, un pueblo maya indígena de Guatemala.Aunque la evidencia contra su padre fue meticulosamente documentada y detallada en su juicio, Ríos ha negado repetidas veces que haya ocurrido un genocidio. Su partido ultraconservador está liderado por figuras que tienen vínculos con su padre.Sin embargo, aunque Ríos publicita sus credenciales conservadoras y su fe cristiana evangélica, tiene un historial más matizado como exdiputada del Congreso, donde forjó alianzas en un esfuerzo por obtener la aprobación legislativa para proyectos de ley enfocados a mejorar las condiciones para las mujeres y la comunidad LGBTQ.Otro de los principales aspirantes a la presidencia es Edmond Mulet, de 72 años, un abogado y experimentado exdiplomático que ha sido el embajador de Guatemala en Estados Unidos y la Unión Europea, así como jefe de la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití.Si bien Mulet ha destacado su experiencia diplomática, también es conocido por su labor como abogado en la década de 1980, cuando fue arrestado en conexión con su trabajo organizando adopciones de niños guatemaltecos por parte de familias canadienses.Aunque fue puesto en libertad rápidamente y ha negado haber cometido algún delito, Mulet ha tenido que invertir tiempo en la campaña para explicar su participación en este episodio.En su campaña, Mulet está representando a un partido nuevo que no ocupa ningún escaño en el Congreso, pero que ha forjado una coalición competitiva de candidatos a nivel local y nacional para las elecciones del domingo. Entre sus propuestas se encuentran la creación de una pensión universal, el incremento de salarios policiales y la construcción de una nueva cárcel de máxima seguridad.Alrededor del 20 por ciento de los legisladores en el congreso de Guatemala enfrentan algún tipo de acusación por corrupción.Daniele Volpe para The New York Times¿Cuáles son los principales temas?Corrupción: Guatemala obtuvo elogios en la última década por sus esfuerzos para reducir la impunidad y la corrupción. Pero esa iniciativa, liderada por una comisión de investigadores internacionales respaldada por la ONU, fue sistemáticamente desmantelada en años recientes cuando los intereses políticos y económicos arraigados comenzaron a acosar a jueces y fiscales anticorrupción y a obligarlos a salir del país.Según grupos defensores de libertades civiles, la exclusión de candidatos importantes en las elecciones refleja cómo la élite está firmemente reafirmando su poder.Familiares alrededor del ataúd de Miguel Rojché Zapalu, uno de los hombres guatemaltecos que murieron en un incendio en un centro migratorio cerca de la frontera con Estados Unidos, durante su funeral en abril en Chicacao, una comunidad indígena.Daniele Volpe para The New York TimesMigración: Los guatemaltecos figuran entre los grupos de migrantes de más rápido crecimiento en Estados Unidos. El número de migrantes que llegan anualmente se ha incrementado cerca de 33 por ciento entre 2010 y 2021, de 830.000 a más de 1,1 millón.Existen varios factores que impulsan a los guatemaltecos a emigrar, en el que destaca la falta de oportunidades económicas: cerca del 59 por ciento de la población vive por debajo de la línea de pobreza.El gobierno de EE. UU. le dio prioridad a la lucha contra la corrupción y el fortalecimiento de la democracia en Guatemala y otros países centroamericanos al principio del mandato del presidente Biden, argumentando que eso evitaría que la gente abandonara su tierra natal.Pero esos esfuerzos han hecho muy poco para prevenir un retroceso de la democracia en la región o para reducir de forma notable el flujo de migrantes.Un acusado es escoltado a una audiencia en unn tribunal de Ciudad de Guatemala.Daniele Volpe para The New York TimesDelincuencia: Un tema importante durante toda la campaña electoral en Guatemala han sido los llamados a emular la represión a las pandillas realizada por el El Salvador, tras señalar la creciente frustración con los altos niveles de crímenes violentos.La cantidad de homicidios en Guatemala —impulsada en parte por pandillas poderosas— se incrementó casi 6 por ciento en 2022 con respecto al año anterior, y también ha habido un aumento marcado en el número de víctimas de homicidio que han mostrado señales de tortura. Muchos guatemaltecos citan el temor a la extorsión y el crimen como razones para emigrar. More

    • 63 Shares189 Views

      in Elections

      Guatemala Election: What to Know

      by

      The election in the Central American nation is marked by the exclusion of top candidates and calls to crack down on violent crime.Guatemala, Central America’s largest nation, will vote on Sunday in presidential elections that are casting scrutiny on the erosion of the rule of law in a country that has become a major source of migration to the United States.Guatemala’s nascent democracy — which emerged after the end of a civil war nearly four decades ago that left hundreds of thousands dead or missing, one of the bloodiest in recent Latin American history — has frayed in recent years under an increasingly authoritarian government.The judiciary has been weaponized and has forced into exile dozens of prosecutors and judges focused on battling corruption. Press freedom has also come under attack, and this month, the publisher of a leading newspaper that exposed many episodes of graft was sentenced to six years in prison after being convicted of financial crimes.The electoral authority in Guatemala, a country of 18 million, has added to concerns about assaults on democratic norms after it barred several top presidential candidates who were viewed as a threat to the political and economic establishment.The disqualification of several candidates from the presidential race, including Carlos Pineda, has raised questions about the legitimacy of Sunday’s voteDaniele Volpe for The New York TimesThe tensions over Guatemala’s teetering democracy has left some voters disillusioned and wondering if they should even bother casting a ballot.“I don’t think there should even be an election,” said Óscar Guillén, 70, explaining that he planned to leave his ballot blank to express his disenchantment.Voters will still choose from a crowded field of more than 20 candidates, not one of whom is predicted to obtain a majority on Sunday, which would force a runoff on Aug. 20 between the top two finishers.Runoffs have become common in Guatemala since peace accords in 1996 ended an internal conflict that lasted 36 years and was marked by brutal counterinsurgency tactics that resulted in genocide against Indigenous people.Guatemala’s current president, Alejandro Giammattei, is barred by law from seeking re-election. But even though a sharp increase in violent crime and a punishingly high cost of living have made Mr. Giammattei, a conservative, deeply unpopular, the leading candidates in the race generally also lean conservative, suggesting continuity with the country’s political establishment.Voting is not mandatory in Guatemala, and the abstention rate, which was nearly 40 percent in the last presidential election, in 2019, will be closely watched as a gauge of voter discontent.Here’s what you need to know about the vote on Sunday.Sandra Torres has been the top candidate across several polls, though her support would fall far short of winning a majority of the vote. Daniele Volpe for The New York TimesWho is running?Of the three leading candidates, no one is predicted to secure anything close to the majority needed to win outright on Sunday. Across several polls, Sandra Torres, a former first lady, appeared to be the top candidate, but with levels of support hovering around 20 percent. (The presidential candidate from Mr. Giammattei’s party is polling in the low single digits.)Ms. Torres, 67, was married to Álvaro Colom, who was the president of Guatemala from 2008 to 2012 and who died this year at 71. They divorced in 2011, when Ms. Torres first tried to run for president and tried to circumvent a law prohibiting a president’s relatives from running for office.She was still barred from running that year, but was the runner-up in the two most recent presidential elections. After the 2019 election, she was accused of campaign finance violations and spent time under house arrest.Ms. Torres prevailed in that case late last year when a judge ruled that were was insufficient evidence to proceed to trial, allowing her to run again. On the campaign trail, she has been able to draw support from her party, National Unity of Hope, which is well established and widely known in Guatemala.Ms. Torres, like her two main rivals, has expressed admiration for the crackdown on gangs by the government in neighboring El Salvador, which has helped drive down violence, but has also raised concerns about human rights abuses.She has also promised to increase cash transfers and food assistance to poor families, building on her time as first lady when she was the face of those kinds of popular initiatives.Another top challenger, Zury Ríos, 55, is also a familiar figure in Guatemalan politics. She is the daughter of Efraín Ríos Montt, a dictator in the early 1980s who was convicted in 2013 of genocide for trying to exterminate the Ixil, a Mayan people.While the evidence against her father was meticulously documented and detailed at his trial, Ms. Ríos has claimed repeatedly that no genocide ever took place. Her ultraconservative party is led by figures with links to her father.Still, while Ms. Ríos promotes her conservative credentials and evangelical Christian beliefs, she has a more nuanced record as a former member of Congress when she forged alliances in an effort to win legislative approval for bills aimed at improving conditions for women and L.G.T.B.Q. people.Another main presidential contender is Edmond Mulet, 72, a lawyer and a seasoned former diplomat who has served as Guatemala’s ambassador to the United States and the European Union, as well as the head of the United Nations Stabilization Mission in Haiti.While Mr. Mulet has highlighted his diplomatic experience, he is also known for his work as a lawyer in the 1980s, when he was arrested in connection to his work arranging adoptions of Guatemalan children by Canadian families.Though he was quickly set free and Mr. Mulet has denied any wrongdoing, he has still spent time on the campaign trail having to explain his involvement in the episode.In his campaign, Mr. Mulet is representing a newly formed party without any seats in Congress, but that has forged a competitive coalition of candidates at the national and local level in Sunday’s election. His proposals include a universal pension, increasing police salaries and building a new high-security prison.About 20 percent of the legislators in Guatemala’s Congress face some kind of corruption accusation.Daniele Volpe for The New York TimesWhat are the main issues?Corruption: Guatemala won plaudits during the past decade for efforts to curb impunity and graft. But that initiative, led by a U.N.-backed panel of international investigators, was systematically dismantled in recent years as entrenched political and economic interests started hounding anticorruption judges and prosecutors from the country.The exclusion of top candidates in the election reflects, civil liberty groups say, how elite figures are steadily reasserting their power.Family members mourned over the coffin of Miguel Rojché Zapalu, one of 17 Guatemalan men killed in a fire at a migration center near the U.S. border, during his funeral in April in Chicacao, a predominantly Indigenous community.Daniele Volpe for The New York TimesMigration: Guatemalans rank among the fastest-growing groups of migrants in the United States. The number of those arriving annually has increased by about 33 percent from 2010 to 2021, from 830,000 to more than 1.1 million.Various factors drive Guatemalans to emigrate, notably a lack of economic opportunity, with about 59 percent of the population living below the poverty line.The United States made fighting corruption and shoring up democracy in Guatemala and other Central American countries a priority early in President Biden’s tenure, arguing that it would keep people from leaving their homelands.But those efforts have done little to prevent a backsliding of democracy in the region or make a major dent in the flow of migrants.A defendant being escorted to a hearing at a court in Guatemala City.Daniele Volpe for The New York TimesCrime: A top theme throughout the campaign season in Guatemala has been calls to emulate the crackdown on gangs in El Salvador, pointing to the rising frustration with high levels of violent crime.The number of homicides in Guatemala — fueled in part by powerful gangs — climbed nearly 6 percent in 2022 from the previous year, and there has also been a sharp increase in the number of murder victims who showed signs of torture. Many Guatemalans cite fears of extortion and crime as reasons to emigrate. More

    • 138 Shares169 Views

      in Elections

      José Rubén Zamora mostró la corrupción en Guatemala y enfrenta prisión

      by

      Durante años, elPeriódico denunció los manejos indebidos del gobierno. El juicio a su fundador se produce, aseguran los críticos, cuando la democracia en el país se desmorona.Para los activistas que defienden la libertad de prensa y los derechos humanos en Guatemala, el miércoles se perfila como un indicador clave de la tambaleante salud democrática del país.En un tribunal de la capital del país, se espera un veredicto en el juicio de uno de los periodistas más destacados de Guatemala, un caso ampliamente visto como otra señal del deterioro del estado de derecho en el país centroamericano.El periodista, José Rubén Zamora, fue el fundador y director de elPeriódico, un diario líder en Guatemala que investigaba con regularidad la corrupción gubernamental, incluidas las acusaciones contra el actual presidente, Alejandro Giammattei, y la fiscal general, María Consuelo Porras.Zamora es juzgado por cargos de irregularidades financieras que, según los fiscales, se centran en sus negocios y no en su periodismo. Un panel de jueces emitirá un veredicto y, si es declarado culpable, impondrá una sentencia.Una condena, que muchos observadores legales y el mismo Zamora dicen es el resultado probable, sería otro golpe a la frágil democracia de Guatemala, según los defensores de los derechos civiles, ya que el gobierno y sus aliados han apuntado repetidamente a instituciones clave y medios de comunicación independientes.El juicio también se produce cuando el país se dirige hacia una elección presidencial este mes que ha estado plagada de irregularidades, con cuatro candidatos de la oposición descalificados antes de la carrera.“El estado de derecho está roto”, dijo Ana María Méndez, directora para Centroamérica de WOLA, un instituto de investigación con sede en Washington. El caso de Zamora, agregó, representa “un paso más hacia la consolidación de una dictadura” en Guatemala.Sin embargo, a diferencia de otros países centroamericanos, como Nicaragua y El Salvador, donde la democracia también se ha erosionado, el poder en Guatemala no se concentra en una familia o un individuo, dijo Méndez.En Guatemala, agregó, “el autoritarismo se ejerce por redes ilícitas que están conformadas por la élite económica, la élite militar y el crimen organizado en contubernio con la clase política”.Zamora, de 66 años, ha negado repetidamente haber actuado mal y acusó al gobierno de tratar de silenciar a sus críticos.“Soy un preso político”, dijo a los periodistas el 2 de mayo, el día en que comenzó su juicio. Señaló que esperaba que el proceso termine con un veredicto de culpabilidad y agregó: “Me van a sentenciar”.Durante su cargo al frente de elPeriódico, Zamora fue demandado decenas de veces, principalmente por difamación, por parte del gobierno como resultado de la cobertura del diario.Las máquinas prensa guardaban silencio el mes pasado en las oficinas de elPeriódico en Ciudad de Guatemala. El periódico cerró después de que el gobierno congelara sus finanzas.Simone Dalmasso para The New York TimesPero su enfrentamiento legal más serio con las autoridades se inició en julio pasado, cuando fue acusado de lavado de dinero, tráfico de influencias y chantaje.Como parte del caso de la fiscalía, las cuentas bancarias de elPeriódico fueron congeladas, lo que dificultó su economía antes de que cerrara sus puertas definitivamente el mes pasado.El principal testigo del caso fue un exbanquero, Ronald Giovanni García Navarijo, quien dijo a los fiscales que Zamora le pidió que lavara 300.000 quetzales guatemaltecos, o casi 40.000 dólares. También afirmó que Zamora lo había obligado a pautar publicidad de paga anual en el periódico para evitar recibir una cobertura poco halagüeña.Pero la acusación no presentó ninguna prueba que demostrara que Zamora hubiera obtenido el dinero de manera ilegal. La mayor parte de los fondos, que según Zamora eran para pagar los salarios de los empleados del periódico, provenían de un empresario que no quería que se revelara su conexión con elPeriódico por temor a represalias.Su defensa se vio obstaculizada por varias medidas tomadas por los fiscales y una organización de extrema derecha que apoya al fiscal general, la Fundación Contra el Terrorismo, que según los críticos ha tratado de intimidar a algunos de los abogados de Zamora.Pasó por nueve abogados defensores, y al menos cuatro han sido acusados ​​de obstrucción de la justicia por su papel en el caso.“La defensa de Zamora se ha visto obstaculizada desde el primer día por una puerta giratoria de abogados defensores”, dijo Stephen Townley, director legal de la iniciativa TrialWatch de la Fundación Clooney para la Justicia, un grupo defensor de derechos. “Cuatro de sus abogados han sido procesados ​​por las autoridades guatemaltecas. Otros parecían no tener acceso a los materiales de sus predecesores”.Un juez que había estado presidiendo el caso anteriormente no permitió que Zamora presentara ningún testigo y rechazó la mayoría de las pruebas que trató de presentar por considerarlas irrelevantes.“Hemos visto un montaje’’, dijo Zamora en una entrevista, “como un teatro de terror”.El hijo de Zamora, José Carlos Zamora, quien también es periodista, calificó el juicio como “una persecución política”.Por su parte, Giammattei, refiriéndose al caso contra Zamora, ha dicho que ser periodista no le da a una persona el “derecho a cometer actos criminales”.El presidente Alejandro Giammattei se encontraba entre las principales figuras guatemaltecas investigadas por el periódico de Zamora.Erin Schaff/The New York TimesAun así, su gobierno ha sido acusado por grupos de derechos humanos de usar el sistema de justicia para atacar a cualquiera que lo desafíe.Los casos de corrupción y derechos humanos se han estancado y el sistema de justicia ha sido “secuestrado” por una red de actores corruptos, según un informe de WOLA.Desde 2021, casi tres decenas de jueces, fiscales anticorrupción y sus abogados han huido de Guatemala, al igual que 22 periodistas que dijeron haber sido amenazados por su trabajo.Cuando se fundó elPeriódico en 1996, Guatemala estaba entrando en un período más esperanzador luego de una brutal guerra civil que duró casi cuatro décadas y dejó cientos de miles de muertos o desaparecidos. Para muchos guatemaltecos agotados, existía la sensación de que la democracia se estaba afianzando y que el gobierno gobernaría con transparencia.Un panel internacional de investigadores respaldado por la ONU trabajó 12 años junto con el poder judicial de Guatemala para exponer la corrupción en la élite del país, incluidos altos funcionarios gubernamentales y empresarios, antes de ser expulsado del país en 2019 por el presidente anterior, a quien el panel estaba investigando.“Lo que vemos hoy es un sistema que quiere seguir protegiendo esa clase de prácticas”, dijo Daniel Haering, analista político en Ciudad de Guatemala.El caso de Zamora y la desaparición de su periódico hacen retroceder los esfuerzos para hacer que el gobierno rinda cuentas por sus acciones, dijo Méndez.“¿Quién va a decir ahora la verdad en Guatemala?”, dijo. “Quedará un vacío enorme”.Zamora con su abogada el día de la apertura de su juicio el mes pasado. No se le permitió presentar ningún testigo ni la mayor parte de las pruebas en su defensa.Santiago Billy/Associated PressEl juicio de Zamora termina cuando el país se prepara para las elecciones nacionales del 25 de junio, que según los grupos de derechos civiles ya se han visto empañadas después de que los jueces en los últimos meses prohibieron la participación a cuatro candidatos presidenciales de partidos de oposición.Entre ellos estaba Carlos Pineda, un populista conservador, que se había comprometido a luchar contra la corrupción y que, según una encuesta reciente, había ascendido a puntero. El tribunal supremo de Guatemala lo retiró de la contienda por acusaciones de que los métodos que usó el partido de Pineda para elegirlo como su candidato habían violado la ley electoral.El caso de Zamora también ha entrampado a los periodistas simplemente por cubrirlo. Ocho reporteros, editores y columnistas están siendo investigados por obstrucción a la justicia tras escribir sobre el proceso para elPeriódico. La mayoría se ha ido de Guatemala.Desde que Giammattei asumió el cargo en enero de 2020, el Asociación de Periodistas de Guatemala ha documentado 472 casos de hostigamiento, agresiones físicas, intimidación y censura contra la prensa.“De inmediato te preguntas: ‘¿En qué momento mis coberturas son interpretadas como un delito?’”, dijo Claudia Méndez, quien trabajó en elPeriódico como reportera y editora y ahora conduce un programa de radio. “‘¿En qué momento mi labor es ya no un ejercicio de crítica y rendición de cuentas, sino visto como un acto ilícito?’”. More

    • 113 Shares119 Views

      in Elections

      He Exposed Corruption in Guatemala. Now He Faces Prison.

      by

      The trial of José Rubén Zamora, the founder of a newspaper that long shone a spotlight on government graft, comes as critics say democracy in Guatemala is crumbling.For activists defending press freedom and human rights in Guatemala, Wednesday looms as a key gauge of the country’s wobbly democratic health.In a courtroom in the country’s capital, a verdict is expected in the trial of one of Guatemala’s most high-profile journalists, a case widely seen as another sign of the deteriorating rule of law in the Central American country.The journalist, José Rubén Zamora, was the founder and publisher of elPeriódico, a leading newspaper in Guatemala that regularly investigated government corruption, including accusations involving the current president, Alejandro Giammattei, and the attorney general, María Consuelo Porras.He stands trial on charges of financial wrongdoing that prosecutors say focus on his business dealing and not his journalism. A panel of judges will deliver a verdict and, if he is found guilty, will impose a sentence.A conviction, which many legal observers and Mr. Zamora himself say is the likely outcome, would be another blow to Guatemala’s already fragile democracy, according to civil rights advocates, as the government and its allies have taken repeated aim at key institutions and independent news media outlets.The trial also comes as the country heads toward a presidential election this month that has already been plagued by irregularities, with four opposition candidates disqualified ahead of the race.“The rule of law is broken,” said Ana María Méndez, the Central America director at WOLA, a Washington-based research institute. Mr. Zamora’s case represents, she added, yet another “step toward the consolidation of a dictatorship” in Guatemala.Unlike other Central American countries, like Nicaragua and El Salvador, where democracy has also eroded, however, power is not concentrated in a family or an individual, Ms. Méndez said.In Guatemala, she added, “authoritarianism is exercised by illicit networks made up of the economic elite, the military elite and organized crime in collusion with the political class.”Mr. Zamora, 66, has repeatedly denied any wrongdoing and accused the government of trying to silence its critics.“I am a political prisoner,” he told reporters on May 2, the day his trial started. He said he fully expected it would end with a guilty verdict, adding, “I will be sentenced.”During his tenure running elPeriódico, Mr. Zamora was sued scores of times, mostly for slander, by the government as a result of the newspaper’s coverage.The presses were silent last month at the elPeriódico newspaper offices in Guatemala City. The newspaper shut down last month after the government froze its finances.Simone Dalmasso for The New York TimesBut his most serious legal confrontation with authorities was set in motion last July, when he was charged with money laundering, influence peddling and blackmail.As part of the prosecution’s case, elPeriódico’s bank accounts were frozen, hobbling its finances before it finally closed its doors for good last month.The main witness in the case was a former banker, Ronald Giovanni García Navarijo, who told prosecutors that Mr. Zamora asked him to launder 300,000 Guatemalan quetzales, or nearly $40,000. He also claimed that Mr. Zamora had forced him to place annual paid advertising in the newspaper to avoid receiving unflattering coverage.But the prosecution did not present any evidence showing that Mr. Zamora had obtained the money illegally. Most of the funds, which Mr. Zamora has said was to pay the salaries of the newspaper’s employees, had come from a businessman who did not want his connection to elPeriódico disclosed for fear of reprisals.His defense was hampered by various steps taken by prosecutors and a far-right organization that supports the attorney general, the Foundation Against Terrorism, which critics say has tried to intimidate some of Mr. Zamora’s lawyers.He cycled through nine defense lawyers, and at least four have been charged with obstruction of justice for their role in the case.“Zamora’s defense has been hamstrung from day one by a revolving door of defense lawyers,” said Stephen Townley, legal director of the TrialWatch initiative at the Clooney Foundation for Justice, a rights group. “Four of his lawyers have been prosecuted by the Guatemalan authorities. Others then seemed not to have access to their predecessors’ materials.”A judge who had been presiding over the case earlier in the process did not allow Mr. Zamora to present any witnesses and rejected most of the evidence he tried to submit, deeming it irrelevant.“We have seen,’’ Mr. Zamora said in an interview, “a theater of terror.”Mr. Zamora’s son, José Carlos Zamora, who is also a journalist, called the trial a “political persecution.’’For his part, Mr. Giammattei, referring to the case against Mr. Zamora, has said that being a journalist does not give a person the “right to commit criminal acts.’’President Alejandro Giammattei was among the leading Guatemalan figures being investigated by Mr. Zamora’s newspaper.Erin Schaff/The New York TimesStill, his administration has been accused by human rights groups of using the justice system to target anyone who challenges his government.Corruption and human rights cases have stalled and the justice system has been “hijacked” by a network of corrupt actors, according to a report by WOLA.Since 2021, nearly three dozen judges, anti-corruption prosecutors and their lawyers have fled Guatemala, as have 22 journalists who say they had been threatened because of their work.When elPeriódico was founded in 1996, Guatemala was entering a more hopeful period following a brutal civil war that lasted nearly four decades and left hundreds of thousands dead or missing. For many weary Guatemalans, there was a feeling that democracy was taking hold and the government would rule with transparency.A U.N.-backed international panel of investigators spent 12 years working alongside Guatemala’s judiciary to expose graft among the country’s elite, including top government officials and businessmen, before being expelled from the country in 2019 by the previous president whom the panel was investigating.“What we see today is a system that wants to continue to protect’’ criminal behavior, said Daniel Haering, a political analyst in Guatemala City.Mr. Zamora’s case and the demise of his newspaper sets back efforts to hold the government accountable for its actions, Ms. Méndez said.“Who’s going to tell the truth in Guatemala now?” she said. “There will be a huge void left.”Mr. Zamora with his lawyer on the opening day of his trial last month. He had not been allowed to present any witnesses or submit most of the evidence in his defense.Santiago Billy/Associated PressMr. Zamora’s trial ends as the country prepares for national elections on June 25, which civil rights groups say have already been tarnished after judges in recent months banned four presidential candidates from opposition parties from the vote.Among those was Carlos Pineda, a conservative populist, who had pledged to fight corruption and who a recent poll showed had risen to the top of the field. Guatemala’s top court removed him from the race on charges that the methods Mr. Pineda’s party used to choose him as its candidate had violated electoral law.Mr. Zamora’s case has also ensnared journalists simply for covering it. Eight reporters, editors and columnists are being investigated on charges of obstruction of justice after writing about the process for elPeriódico. Most have left Guatemala.Since Mr. Giammattei took office in January 2020, the Journalists Association of Guatemala has documented 472 cases of harassment, physical attacks, intimidation and censorship against the press.“You immediately ask yourself, ‘At what point is my coverage interpreted as a crime?’” said Claudia Méndez, who worked at elPeriódico as a reporter and editor and now works for a Guatemalan radio show. “‘At what point is my work no longer an exercise in criticism and accountability, but seen as an unlawful act?’” More

    • 100 Shares149 Views

      in Elections

      Bolsonaro to Face Trial Over Electoral Fraud Claims

      by

      Brazil’s former president is accused of spreading false information about the nation’s election systems. A conviction would block him from office for eight years.The NewsBrazil’s former president, Jair Bolsonaro, is scheduled to go on trial this month on charges that he abused his power as president to make baseless attacks against Brazil’s election systems. If convicted, he would be ineligible to run for office for eight years.A panel of seven judges in Brazil’s electoral court will decide the case, which is scheduled to start on June 22. The court aims to reach a decision this month, though the case could be delayed if any judge requests more time.A rival political party has accused Mr. Bolsonaro of abusing the office of the presidency when, less than three months ahead of Brazil’s elections last year, he summoned foreign diplomats to a meeting, made false claims about the country’s voting systems and broadcast the remarks on state television.Brazil’s top prosecutor for electoral cases recommended that Mr. Bolsonaro be blocked from running for office because his speech to diplomats was intended to undermine the public’s confidence in Brazil’s elections. The sole punishment prosecutors are seeking is making Mr. Bolsonaro ineligible to run for office, which is the typical punishment for abuse of power in such cases.“As the head of state making public critiques, it could only be understood as a warning to Brazilians and the world that the election results could not be seen as reliable and legitimate,” said the prosecutor, Paulo Gonet Branco, in a legal filing that is sealed but was viewed by The New York Times.Former President Jair Bolsonaro of Brazil speaking in March, after his loss, at the Conservative Political Action Conference in March in National Harbor, Md.Haiyun Jiang/The New York TimesWhy it Matters: A conviction could end Bolsonaro’s political career.The trial could upend Brazilian politics by removing Mr. Bolsonaro, the standard-bearer of Brazil’s conservative movement, from contention for the next two presidential elections.Mr. Bolsonaro, 68, remains a highly popular and influential figure among conservatives in Brazil and is seen as a likely challenger to President Luiz Inácio Lula da Silva, a leftist, in 2026. Mr. Bolsonaro received 49.1 percent of the vote in the 2022 election, just 2.1 million votes behind Mr. Lula, in the nation’s closest presidential contest since Brazil’s democracy was restored in 1985 following a military dictatorship.A conviction would also be a clear and strong repudiation of Mr. Bolsonaro’s tactics to undermine the vote, and a warning to any political allies who might be considering a similar strategy.Mr. Bolsonaro’s rhetoric resembled that of former President Donald J. Trump, a political ally. But the results for the two men could prove very different. Just six months after leaving office, Mr. Bolsonaro is facing charges that could end his political career. At the same time, while Mr. Trump faces investigations into his efforts to question the 2020 U.S. election, he is still the leading contender to become the Republican Party’s nominee in next year’s presidential vote.The Background: Bolsonaro has long attacked Brazil’s elections.Mr. Bolsonaro spent years criticizing Brazil’s voting systems, claiming that they were vulnerable to fraud and that his rivals were bent on rigging them, despite a lack of evidence. His commentary led millions of his followers to lose faith in the election systems and believe that Mr. Lula stole the 2022 election.Despite Mr. Bolsonaro’s assertions, numerous reviews of the election results found no credible evidence of fraud.One week after Mr. Lula was inaugurated in January, many of Mr. Bolsonaro’s followers invaded and ransacked Brazil’s halls of power in a bid to get the military to take control of the government.Still, Mr. Bolsonaro did authorize the transition of power and, for the first several months of Mr. Lula’s presidency, receded into the background of Brazilian politics by temporarily moving to Florida. Mr. Bolsonaro is now back in Brazil and has been making more public appearances.His lawyers have argued that his speech to diplomats, which is at the center of this case, was an “act of government” aimed at raising legitimate concerns about the election’s security. They have noted that the diplomats cannot vote and argued that the speech didn’t interfere with the electoral process.Neither Mr. Bolsonaro’s lawyer nor his spokesman responded to requests for comment.What’s Next: Bolsonaro faces a trial — and many other investigationsAfter starting on June 22, Mr. Bolsonaro’s trial will likely continue in other court sessions scheduled for June 27 and June 29. The seven judges on the electoral-court panel — made up of Supreme Court justices, federal judges and lawyers — could decide the case quickly, with a simple majority needed to convict. The electoral court is scheduled to break for a monthlong recess in July.Regardless of the trial’s outcome, Mr. Bolsonaro faces 15 other cases in the electoral court, including those involving accusations that he improperly used public funds to influence the vote and that his campaign ran a coordinated misinformation campaign against Mr. Lula. A conviction in any case could also deem him ineligible for office for eight years.Mr. Bolsonaro is also a subject of a federal criminal investigation into the Jan. 8 invasion of Brazil’s government buildings. A top Brazilian prosecutor has accused him of encouraging the mob. A conviction in the case could lead to prison time. As part of the case, Mr. Bolsonaro testified in April before federal police.Letícia Casado More

    • 100 Shares189 Views

      in Elections

      Bolsonaro enfrentará juicio por denuncias de fraude electoral

      by

      El expresidente de Brasil está acusado de difundir información falsa sobre los sistemas electorales del país. Si lo condenan estaría inhabilitado para postular al cargo durante ocho años.La noticiaEstá previsto que el expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, vaya a juicio este mes por cargos de abuso de poder como presidente para realizar ataques infundados contra los sistemas electorales de Brasil. Si es declarado culpable, no sería elegible para postularse para el cargo durante ocho años.Un panel de siete jueces del Tribunal Electoral de Brasil decidirá el caso, que está programado para comenzar el 22 de junio. El tribunal pretende llegar a una decisión este mes, aunque el caso podría retrasarse si algún juez solicita más tiempo.Un partido político rival acusó a Bolsonaro de abusar del cargo de presidente cuando, menos de tres meses antes de las elecciones de Brasil el año pasado, convocó a diplomáticos extranjeros a una reunión, hizo afirmaciones falsas sobre los sistemas de votación del país y transmitió los comentarios en televisión estatal.El principal fiscal de casos electorales de Brasil recomendó que se impidiera a Bolsonaro presentarse a elecciones porque su discurso a los diplomáticos tenía la intención de socavar la confianza del público en las elecciones de Brasil.“Como el jefe de Estado hace críticas públicas, solo puede entenderse como una advertencia a los brasileños y al mundo de que los resultados de las elecciones no pueden ser vistos como confiables y legítimos”, dijo el fiscal, Paulo Gonet Branco, en un expediente legal que está sellado pero fue visto por The New York Times.El expresidente Jair Bolsonaro de Brasil habló en marzo, después de su derrota, en la Conferencia Política de Acción Conservadora en marzo en National Harbor, Maryland.Haiyun Jiang/The New York TimesPor qué es importante: una condena podría acabar con la carrera política de BolsonaroEl juicio podría trastornar la política brasileña al sacar a Bolsonaro, el abanderado del movimiento conservador de Brasil, de la contienda por las próximas dos elecciones presidenciales.Bolsonaro, de 68 años, sigue siendo una figura muy popular e influyente entre los conservadores de Brasil y es visto como un probable retador del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, de izquierda, en 2026. Bolsonaro recibió el 49,1 por ciento de los votos en las elecciones de 2022, solo 2,1 millones de votos detrás de Lula, en la contienda presidencial más reñida del país desde que se restauró la democracia en Brasil en 1985 tras una dictadura militar.Una condena también sería un repudio claro y fuerte a las tácticas de Bolsonaro para socavar la votación y una advertencia a cualquier aliado político que pudiera estar considerando una estrategia similar.La retórica de Bolsonaro se parecía a la del expresidente Donald Trump, un aliado político. Pero los resultados para los dos hombres podrían ser muy diferentes. Solo seis meses después de dejar el cargo, Bolsonaro enfrenta cargos que podrían poner fin a su carrera política. Al mismo tiempo, mientras Trump enfrenta investigaciones sobre sus intentos de cuestionar las elecciones estadounidenses de 2020, sigue siendo el principal candidato para convertirse en el candidato del Partido Republicano en las elecciones presidenciales del próximo año.El trasfondo: Bolsonaro ha atacado durante mucho tiempo las elecciones de BrasilBolsonaro pasó años criticando los sistemas de votación de Brasil, alegando que eran vulnerables al fraude y que sus rivales estaban empeñados en manipularlos, a pesar de la falta de pruebas. Su comentario hizo que millones de sus seguidores perdieran la fe en los sistemas electorales y creyeran que Lula se robó las elecciones de 2022.A pesar de las afirmaciones de Bolsonaro, numerosas revisiones de los resultados electorales no encontraron pruebas creíbles de fraude.Una semana después de la toma de posesión de Lula en enero, muchos de los seguidores de Bolsonaro invadieron y saquearon las sedes del poder en Brasil en un intento de que los militares tomaran el control del gobierno.Aún así, Bolsonaro había autorizado la transición y, durante los primeros meses de la presidencia de Lula, pasó a un segundo plano en la política brasileña al mudarse temporalmente a Florida. Bolsonaro ahora está de regreso en Brasil y ha estado haciendo más apariciones públicas.Sus abogados han argumentado que su discurso ante los diplomáticos, que está en el centro de este caso, fue un “acto de gobierno” destinado a plantear preocupaciones legítimas sobre la seguridad de las elecciones. Señalaron que los diplomáticos no pueden votar y argumentaron que el discurso no interfirió con el proceso electoral.Ni el abogado de Bolsonaro ni su vocero respondieron a las solicitudes de comentarios.Qué sigue: Bolsonaro enfrenta un juicio y muchas otras investigacionesDespués de comenzar el 22 de junio, el juicio de Bolsonaro probablemente continuará en otras sesiones judiciales programadas para el 27 y el 29 de junio. Los siete jueces del panel del tribunal electoral —compuesto por jueces del Supremo Tribunal Federal, jueces federales y abogados— podrían decidir el caso rápidamente, con una mayoría simple necesaria para condenar. El tribunal electoral está programado para entrar en un receso de un mes en julio.Independientemente del resultado del juicio, Bolsonaro enfrenta otros 15 casos en el tribunal electoral, incluidos los que involucran acusaciones de que usó fondos públicos de manera indebida para influir en la votación y que su campaña realizó una campaña de desinformación coordinada contra Lula. Una condena en cualquier caso también podría considerarlo inelegible para el cargo durante ocho años.Bolsonaro también es objeto de una investigación penal federal sobre la invasión de edificios gubernamentales de Brasil el 8 de enero. Un importante fiscal brasileño lo acusó de alentar a la turba. Una condena en el caso podría conducir a tiempo en prisión. Como parte del caso, Bolsonaro testificó en abril ante la policía federal.Letícia Casado More

    • 138 Shares159 Views

      in Elections

      These Activists Distrust Voting Machines. Just Don’t Call Them Election Deniers.

      by

      As election activists rally against new voting machines, they are drifting into territory now dominated by conspiracy theorists.For decades, Lulu Friesdat made election integrity her life’s work. Drawing support from activists and academics, she co-founded Smart Elections, a nonpartisan group that is opposed to some voting machines that Ms. Friesdat believes would increase wait times and cost a small fortune to purchase and maintain.But since 2020, things have changed. Former President Donald J. Trump catapulted concerns about voting machines into the Republican mainstream by falsely claiming that the 2020 election was rigged, partly because of electronic voting machines.Election integrity advocates, like Ms. Friesdat, now find themselves in an uncomfortable position, pushing for election security while sometimes amplifying claims made most vocally by conspiracy theorists, including those involved in the so-called Stop the Steal movement.Some election activists warn that election machines could be hacked or compromised, for example, while some conspiracy theorists say, without evidence, that those hacks have already taken place. Election officials say no hacks have taken place.Misinformation watchdogs say that the somewhat overlapping arguments illustrate another consequence of Mr. Trump’s false and exaggerated voter fraud claims, which have led to doubts about election integrity among a wide swath of the American public. Ms. Friesdat and other activists like her fear that their work may become too closely tied to conspiracy theorists and Mr. Trump’s cause, making potential allies, like progressives, wary of joining the fight.“If you read an article that says that these voting machines are coming in, and people’s concerns about these issues are very similar to those of the Stop the Steal movement, then it makes it very hard for Democrats to work on this issue,” Ms. Friesdat said. “And it has nothing to do with that. It has nothing to do with the Stop the Steal movement.”Misinformation watchdogs say that the two movements could erode trust in American elections even further, intentionally or not, because conspiracy theorists tend to exaggerate legitimate criticisms to rile up supporters and raise questions about the entire electoral system.“You sow a seed of doubt, and that will grow and fester into a conspiracy theory,” said Tim Weninger, a computer science professor at the University of Notre Dame who studies misinformation on social media. “It always starts off with one untruth, and that grows into two untruths, and that grows into more, and before long you have an entire conspiracy theory on your hands.”The debate has played out nationally as multiple states have faced pushback on electronic voting machines. It is now happening in New York, where officials are considering certifying new voting machines made by Election Systems & Software, a manufacturer based in Omaha. The company has been targeted in Mr. Trump’s voting fraud narrative, alongside competitors like Dominion Voting Systems and Smartmatic. Yet, ES&S and its machines have also come under scrutiny by election activists and security experts.The new machines, ExpressVote XL, use an “all-in-one” design: Voters make their selections on a 32-inch touch-screen, which also prints their votes on a narrow summary card. Unlike a traditional ballot, the card records the votes in bar codes at the top of the paper, which the machine reads electronically, followed by a written summary of each pick.How the ExpressVote XL WorksImages shared by the Pennsylvania government show how the ExpressVote XL uses summary cards instead of traditional ballots. More

    • 163 Shares159 Views

      in Elections

      Una estrategia para el dominio de un partido latinoamericano: la compra de votos

      by

      En las elecciones nacionales de Paraguay, el Times fue testigo de cómo representantes del gobernante Partido Colorado intentaban comprar los votos de las comunidades indígenas.La comunidad indígena Espinillo está a casi 21 kilómetros del centro de votación más cercano, y en la aldea nadie tiene auto.Es por eso que hace dos semanas, en vísperas de las elecciones en Paraguay, Miguel Paredes, un chofer de ambulancia retirado que se ha convertido en una figura política local, subió a las familias indígenas a un autobús y las llevó al costado de una carretera, a pocos pasos de las urnas. “Queremos cuidar por ellos”, dijo Paredes, de 65 años, vigilante y de pie junto a seis jóvenes a los que identificó como sus colegas.Al caer la noche, Paredes y sus colegas reunieron a algunos miembros de la comunidad indígena y anotaron sus números de identificación. Paredes les dijo que debían votar por el Partido Colorado —la fuerza política dominante de derecha en Paraguay— y asegurarse de que sus compañeros de la comunidad también lo hicieran. Luego, los jóvenes guiaron a los miembros de la comunidad indígena en una simulación de las máquinas de votación en un teléfono, y les indicaron cómo votar por los candidatos del Partido Colorado.Ante los periodistas de The New York Times, Milner Ruffinelli, uno de los jóvenes, pasó a hablar en guaraní, la lengua indígena oficial en el país. “Ese pedido de plata que se comprometió con ustedes, eso ya está también y el señor Miguel Paredes va a ver cómo hacerles llegar”, dijo. “Acá no podemos darles nada, ustedes saben por qué”. More