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    ¿Qué prometió Gustavo Petro?

    Durante su campaña, el candiato de izquierda Gustavo Petro propuso importantes reformas. Después de ganar las elecciones del domingo tendrá que demostrar que es capaz de implementar esos cambios.BOGOTÁ — En un estadio repleto de Bogotá, en medio de una explosión de confeti y debajo de un cartel que decía “Colombia ganó”, Gustavo Petro celebró el domingo su victoria como el primer presidente de izquierda que ha sido elegido en Colombia.“Llegó el gobierno de la esperanza”, dijo el exguerrillero y veterano senador, en medio de una cascada de aplausos y vítores.Durante décadas, Colombia ha sido uno de los países más conservadores de América Latina, donde la izquierda se ha asociado con una insurgencia violenta y algunos candidatos presidenciales de izquierda anteriores fueron asesinados durante sus campañas electorales.En ese contexto, la victoria de Petro fue histórica, una señal de la frustración de los votantes con el establecimiento político de derecha que, según muchos, no logró atender los problemas de generaciones que vivieron en condiciones de pobreza y desigualdad que solo empeoraron durante la pandemia.El hecho de que Petro eligiera como compañera de fórmula a Francia Márquez, una activista ambiental que será la primera vicepresidenta negra del país, hizo que la victoria fuese aún más excepcional. Algunas de las tasas de participación electoral más altas se registraron en varias zonas de las regiones más pobres y abandonadas del país, lo que sugiere que muchas personas se identificaron con los llamados repetidos de Márquez a la inclusión, la justicia social y la protección del medioambiente.Como candidato, Petro prometió cambiar algunos de los sectores más importantes de la sociedad colombiana en una nación que se encuentra entre las más desiguales de América Latina.Pero ahora que ocupará el palacio presidencial, pronto tendrá que convertir esas promesas, algunas de las cuales los críticos califican como radicales, en acciones.“Hay un programa de transformaciones muy profundas”, dijo Yann Basset, profesor de ciencias políticas en la Universidad del Rosario en Bogotá. “En todos esos temas va a necesitar de un apoyo importante del Congreso, lo que promete ser bastante difícil”.Simpatizantes de Petro en Bucaramanga, Colombia, el domingo.Nathalia Angarita para The New York TimesPetro ha prometido ampliar los programas sociales, proporcionar un subsidio significativo para las madres solteras, garantizar trabajo y un ingreso para las personas desempleadas, reforzar el acceso a la educación superior, aumentar la ayuda alimentaria, cambiar el país a un sistema de salud controlado públicamente y rehacer el sistema de pensiones.Dice que los fondos para esos cambios, en parte, se obtendrán de aumentar los impuestos a las 4000 familias más ricas del país, eliminando algunos beneficios fiscales corporativos, aumentando algunos aranceles de importación y atacando a los evasores de impuestos.Una parte central de su plataforma es un plan para pasar de lo que él define como la “vieja economía extractivista” de Colombia, basada en el petróleo y el carbón, a una enfocada en otras industrias, en parte para luchar contra el cambio climático.Algunas de las políticas de Petro podrían causar tensión con Estados Unidos que ha invertido durante las últimas dos décadas miles de millones de dólares en Colombia para ayudar a sus gobiernos a detener la producción y exportación de cocaína, con poco éxito. Petro ha prometido rehacer la estrategia del país contra las drogas, alejándose de la erradicación de los cultivos de coca, el producto base de la cocaína, para enfatizar el desarrollo rural.Washington ya ha comenzado a moverse en la dirección de priorizar el desarrollo, pero Petro podría chocar con los funcionarios estadounidenses por su visión precisa sobre ese tema.Petro también se ha comprometido a implementar por completo el acuerdo de paz de 2016 con el grupo rebelde más grande del país, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, o FARC, y a frenar la destrucción de la Amazonía colombiana, donde la deforestación ha alcanzado nuevos máximos en los últimos años.Uno de los mayores desafíos de Petro será financiar su ambiciosa agenda, especialmente encontrar nuevos ingresos para compensar la pérdida de dinero del petróleo y el carbón mientras se expanden los programas sociales.Recientemente, otros dos políticos de izquierda, Gabriel Boric en Chile y Pedro Castillo en Perú, asumieron la presidencia con promesas de extender los programas sociales, pero su popularidad se desplomó, entre otros factores, en medio de la creciente inflación.Colombia recauda menos impuestos en proporción de su producto interno bruto en comparación con casi todos los demás países de la región.El país ya tiene un déficit elevado, y el año pasado, cuando el presidente actual, Iván Duque, intentó impulsar un plan fiscal para ayudar a bajarlo, cientos de miles de personas salieron a las calles a protestar.“Las cifras presupuestarias simplemente no cuadran”, escribió James Bosworth, fundador de Hxagon, una firma de consultoría de riesgo político en Bogotá, en un boletín enviado el lunes. “Es probable que los costos de los programas sociales propuestos por Petro consuman el presupuesto y dejen un déficit que crecerá con rapidez”.“Para el segundo o tercer año de su gobierno”, continuó Bosworth, “tendrá que tomar decisiones difíciles debido a las restricciones financieras y eso terminará molestando a una parte de la coalición que lo eligió”.Mauricio Cárdenas, exministro de Hacienda, dijo que el primer paso que debe dar Petro es anunciar un ministro de Hacienda con experiencia que pueda sosegar los temores del mercado y de los inversionistas al asegurarle a la gente que no incentivará un gasto descontrolado o una intervención gubernamental excesiva.Otro reto importante podría ser trabajar con el Congreso. La coalición de Petro, Pacto Histórico, tiene la mayor cantidad de integrantes en la legislatura. Pero no tiene una mayoría, que necesitará para impulsar su agenda. Ya se ha acercado a líderes políticos fuera de su coalición, pero no está claro cuánto apoyo obtendrá y si la formación de nuevas alianzas lo obligará a renunciar a algunas de sus propuestas.“Yo creo que tendrá que abandonar ciertas partes de este programa”, dijo Basset. “De todos modos, yo creo que no tiene una mayoría para implementar todo lo que ha prometido”.Petro también heredará una sociedad profundamente polarizada, dividida por clase, raza, región y etnicidad y marcada por años de violencia y conflicto.Durante décadas, el gobierno de Colombia luchó contra las FARC, y el conflicto armado se convirtió en un enfrentamiento intrincado entre grupos guerrilleros de izquierda, paramilitares de derecha y militares, todos los cuales han sido acusados de abusos contra los derechos humanos.A pesar del acuerdo de paz de 2016 con las FARC, muchas de las líneas divisorias del conflicto continúan, y han sido amplificadas por las redes sociales, que permitieron que los rumores y la desinformación circularan.Las encuestas previas a las elecciones mostraban una desconfianza en aumento en casi todas las instituciones importantes.“En mi opinión, esta elección es, por mucho, la más polarizada que hemos visto en Colombia en muchos años”, dijo Arlene B. Tickner, politóloga de la Universidad de Rosario. “Creo que será un desafío clave el solo hecho de calmar las aguas y hablarle en particular a los votantes y sectores de la sociedad colombiana que no votaron por él y que tienen temores considerables sobre la presidencia de Petro”.Una de las tareas más difíciles de Petro podría ser abordar la violencia en el campo.A pesar del acuerdo de paz, los grupos armados han seguido creciendo, especialmente en áreas rurales, alimentándose del narcotráfico, la industria ganadera, el tráfico de personas y otras actividades.Los homicidios, las masacres y los asesinatos de líderes sociales aumentaron en los últimos años, y el desplazamiento interno sigue siendo alto: 147.000 personas fueron obligadas a huir de sus hogares el año pasado, según datos del gobierno.Muchas personas afectadas por esta violencia votaron por Petro y Márquez, quien nació en el Cauca, una de las zonas más afectadas de Colombia.El plan de Petro para enfrentar la violencia incluye una reforma agraria que desalentaría con impuestos la propiedad de grandes parcelas de tierra y otorgaría títulos de propiedad a los pobres, cuya falta de recursos a menudo los obliga a unirse a grupos armados.Pero, presidencia tras presidencia, los intentos de emprender una reforma agraria han sido obstaculizados, y Petro admitió en una entrevista de este año que puede ser “lo más duro” de cumplir de sus promesas de campaña.“Es alrededor del tema en el que en Colombia se han hecho las guerras”, dijo.Megan Janetsky More

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    He Promised to Transform Colombia as President. Can He Fulfill That Vow?

    During his campaign, Gustavo Petro proposed major reforms if he was elected. After winning Sunday’s presidential election, he’ll now have to prove he can carry out those changes.BOGOTÁ, Colombia — In a packed arena in Bogotá on Sunday, amid a burst of confetti and below a sign that read “Colombia won,” Gustavo Petro celebrated his victory as the first leftist ever elected president of Colombia.“The government of hope has arrived,” said the former rebel and longtime legislator, to a cascade of cheers.For decades, Colombia has been one of the most conservative countries in Latin America, where the left has long been associated with a violent insurgency and past leftist presidential candidates have been assassinated on the campaign trail.Against that backdrop, Mr. Petro’s win was historic, signaling voters’ frustration with a right-wing establishment that many said had failed to address generations of poverty and inequality that have only worsened during the pandemic.Mr. Petro’s choice for running mate, Francia Márquez, an environmental activist who will be the country’s first Black vice president, made the victory all the more exceptional. Some of the highest voter turnout rates were recorded in some of the poorest and most neglected parts of the country, suggesting that many people identified with her prominent and repeated calls for inclusion, social justice and environmental protection.As a candidate, Mr. Petro promised to reshape some of the most important sectors of Colombian society in a nation that is among the most unequal in Latin America.But now that he will occupy the presidential palace, he will soon have to turn those pledges — some of which critics call radical — into action.“This is a program of very deep transformations,” said Yann Basset, a political science professor at Rosario University in Bogotá. “On all these issues he is going to need significant support from Congress, which promises to be quite difficult.”Supporters of Mr. Petro on Sunday in Bucaramanga, Colombia.Nathalia Angarita for The New York TimesMr. Petro has vowed to vastly expand social programs, providing a significant subsidy to single mothers, guaranteeing work and a wage to unemployed people, bolstering access to higher education, increasing food aid, shifting the country to a publicly controlled health care system and remaking the pension system.He will pay for this, in part, he says, by raising taxes on the 4,000 wealthiest families, removing some corporate tax benefits, raising some import tariffs and targeting tax evaders.A core part of his platform is a plan to shift from what he calls Colombia’s “old extractive economy,” based on oil and coal, to one focused on other industries, in part to fight climate change.Some of Mr. Petro’s policies could cause tension with the United States, which has poured billions of dollars into Colombia in the last two decades to help its governments halt the production and export of cocaine, to little effect. Mr. Petro has promised to remake the country’s strategy on drugs, shifting away from the eradication of the coca crop, the base product in cocaine, to emphasizing rural development.Washington has already begun moving in the direction of prioritizing development, but Mr. Petro could clash with U.S. officials on precisely what this looks like.Mr. Petro has also pledged to fully implement the 2016 peace deal with the country’s largest rebel group, the Revolutionary Armed Forces of Colombia, or FARC, and to slow the destruction of the Colombian Amazon, where deforestation has risen to new highs in recent years.One of Mr. Petro’s biggest challenges will be paying for his ambitious agenda, in particular finding new revenue to compensate for lost oil and coal money while expanding social programs.Two other leftists, Gabriel Boric in Chile and Pedro Castillo in Peru, have taken office recently with ambitious promises to expand social programs, only to have their popularity plummet amid rising inflation, among other issues.Colombia collects less in taxes as a proportion of its gross domestic product compared with almost every other country in the region.The country already has a high deficit, and last year, when the current president, Iván Duque, attempted to pursue a tax plan to help lower it, hundreds of thousands of people took to the street in protest.“The budget numbers just don’t add up,” James Bosworth, the founder of Hxagon, a political risk consulting firm in Bogotá, wrote in a newsletter on Monday. “The costs on Petro’s proposed social programs are likely to burn through the budget and leave a rapidly widening deficit.”“By year two or three of his administration,” Mr. Bosworth continued, “he’s going to have to make tough choices due to financial restrictions and that will end up angering some portion of the coalition that elected him.”Mauricio Cárdenas, a former finance minister, said that the first step Mr. Petro should take is to announce an experienced finance minister who can calm market and investor fears by assuring the public that he will not be engaging in runaway spending or excessive government intervention.Another major challenge could be working with Congress. Mr. Petro’s coalition, called the Historic Pact, has the largest number of lawmakers in the legislature. But he does not have a majority, which he will need to push through his agenda. He has already reached out to political leaders outside his coalition, but it’s unclear how much support he will gain — and whether forming new alliances will force him to give up some of his proposals. “I think he is going to have to abandon certain parts of this program,” Mr. Basset said. “In any case, I believe that he does not have a majority to implement everything he has promised.”Mr. Petro will also inherit a deeply polarized society, divided by class, race, region and ethnicity and scarred by years of violence and war.For decades, Colombia’s government fought the FARC, and the war grew into a complex battle among left-wing guerrilla groups, right-wing paramilitaries and the military, all of which have been accused of human rights abuses.Despite the 2016 peace accord with the FARC, many of the fault lines of the conflict remain, which has been supercharged by social media, allowing rumor and misinformation to fly.Polls before the election showed growing distrust in almost all major institutions.“This election in my mind is by far the most polarized that we’ve seen in Colombia in many years,” said Arlene B. Tickner, a political scientist at Rosario University. “So simply calming the waters and speaking to in particular those voters and those sectors of Colombian society that did not choose him, and that have significant fears about a Petro presidency, I think is going to be a key challenge.”One of Mr. Petro’s most difficult tasks could be addressing violence in the countryside.Despite the peace deal, armed groups have continued to flourish, mostly in rural areas, feeding off the drug trade, the cattle industry, human trafficking and other activities.Homicides, massacres and the killings of social leaders are all up in recent years, and internal displacement remains high, with 147,000 people forced to flee their homes last year, according to government data.Many people affected by this violence voted for Mr. Petro and Ms. Márquez, who was born in Cauca, one of the hardest hit parts of Colombia.Mr. Petro’s plan to address the violence includes a land reform that would discourage the ownership of large land parcels through taxation and give land titles to poor people whose lack of resources often indentures them to armed groups.But land reform has stymied president after president, and Mr. Petro admitted in an interview this year that it may be “the hardest” part of his campaign pledges to fulfill.“Because it’s this topic that has caused Colombia’s wars,” he said.Megan Janetsky contributed reporting. 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    Gustavo Petro gana las elecciones y será el primer presidente de izquierda de Colombia

    La victoria del exrebelde y senador veterano sitúa al tercer país más poblado de América Latina en un nuevo rumbo.BOGOTÁ, Colombia — Por primera vez, Colombia tendrá un presidente de izquierda.Gustavo Petro, un exrebelde y legislador con experiencia, ganó las elecciones presidenciales de Colombia el domingo, movilizando a los votantes frustrados por décadas de pobreza y desigualdad con gobiernos conservadores, con promesas de ampliar los programas sociales, poner impuestos a los ricos y alejarse de una economía que él ha calificado de excesivamente dependiente de los combustibles fósiles.Su victoria sitúa al tercer país más poblado de América Latina en una senda muy incierta, justo cuando se enfrenta a un aumento de la pobreza y la violencia que ha enviado a un número récord de colombianos hacia la frontera con Estados Unidos; a los altos niveles de deforestación en la Amazonía colombiana, un amortiguador clave contra el cambio climático; y a una creciente desconfianza en las instituciones democráticas clave, algo que se ha convertido en una tendencia en la región.Petro, de 62 años, obtuvo más del 50 por ciento de los votos, con más del 99 por ciento escrutado el domingo por la noche. Su contrincante, Rodolfo Hernández, un magnate de la construcción que entusiasmó al país con una plataforma anticorrupción, obtuvo algo más del 47 por ciento.Poco después de conocerse los resultados de la votación, Hernández reconoció la victoria de Petro.“Colombianos, hoy la mayoría de ciudadanos que votaron, lo han hecho escogiendo al otro candidato”, dijo. “Como lo expresé reiteradamente, acepto el resultado”.Petro subió al escenario flanqueado por Francia Márquez, su elección para vicepresidenta, y tres de sus hijos. El estadio, repleto, se volvió loco. La gente estaba de pie en los asientos y sostenía en alto sus celulares.“Esta historia que estamos escribiendo en este momento es una historia nueva para Colombia, para América Latina, para el mundo”, dijo. “No vamos a traicionar este electorado”.Prometió gobernar con lo que llamó “la política del amor”, basada en la esperanza, el diálogo y la comprensión.Francia Márquez durante un evento de campaña el mes pasado en Yumbo, Colombia.Federico Rios para The New York TimesPoco más de 58 por ciento de los 39 millones de electores de Colombia emitieron su voto, según las cifras oficiales.La victoria significa que Márquez, una activista medioambiental que salió de la pobreza para convertirse en una destacada defensora de la justicia social, se convertirá en la primera vicepresidenta negra del país.La victoria de Petro y Márquez refleja un fervor antisistema que se ha extendido por toda Latinoamérica, donde la pandemia ha exacerbado el enfado con problemas de larga data, como la falta de oportunidades.“El país entero está pidiendo un cambio”, dijo Fernando Posada, un politólogo colombiano, “y eso es clarísimo”.En abril, los costarricenses eligieron a la presidencia a Rodrigo Chaves, un exfuncionario del Banco Mundial y outsider de la política del país que aprovechó el descontento generalizado con el partido en el poder. El año pasado, Chile, Perú y Honduras votaron por líderes de izquierda que compitieron contra candidatos derechistas, lo que amplió una tendencia que ya lleva varios años en América Latina.Como candidato, Petro ha entusiasmado a una generación que es la más educada de la historia de Colombia, pero que también se enfrenta a una inflación anual del 10 por ciento, una tasa de desempleo juvenil del 20 por ciento y una tasa de pobreza del 40 por ciento. Sus mítines a menudo estaban llenos de jóvenes, muchos de los cuales decían sentirse traicionados por décadas de líderes que habían hecho grandes promesas, pero que habían cumplido poco.“No conformarnos con la mediocridad que viene de las generaciones pasadas”, dijo Larry Rico, de 23 años, un votante a favor de Petro en un sitio de votación de Ciudad Bolívar, un barrio pobre de la capital, Bogotá.La victoria de Petro es aún más significativa debido a la historia del país. Durante décadas, el gobierno luchó contra una brutal insurgencia izquierdista conocida como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, o FARC, y el estigma del conflicto dificultó el florecimiento de una izquierda legítima.Pero las FARC firmaron un acuerdo de paz con el gobierno en 2016, dejando las armas y abriendo espacio para un discurso político más amplio.Petro había formado parte de otro grupo rebelde, llamado M-19, que se desmovilizó en 1990 y se convirtió en un partido político que ayudó a reescribir la constitución del país. Con el tiempo, Petro se convirtió en un líder contundente de la oposición del país, conocido por denunciar los abusos a los derechos humanos y la corrupción.Votantes emitiendo sus votos en las elecciones presidenciales de Colombia, en Bucaramanga, el domingo.Nathalia Angarita para The New York TimesEl domingo, en una zona acomodada de Bogotá, Francisco Ortiz, de 67 años y director de televisión, dijo que también había votado por Petro.“Creo que hacía mucho tiempo no teníamos una oportunidad como esta para cambiar”, dijo. “Que si es mejor, mejor, no lo sé, pero si seguimos en lo mismo, sí sabemos qué es lo que vamos a tener”.La victoria también podría poner a prueba la relación de Estados Unidos con su aliado más fuerte en América Latina. Tradicionalmente, Colombia ha sido la piedra angular de la política de Washington en la región.Pero Petro ha criticado lo que él llama el enfoque fallido de Estados Unidos en la guerra contra las drogas, al decir que se ha centrado demasiado en la erradicación del cultivo de coca, el producto base de la cocaína, y no lo suficiente en el desarrollo rural y otras medidas.Petro ha dicho que apoya alguna forma de legalización de las drogas, que renegociará un acuerdo comercial existente con Estados Unidos para beneficiar mejor a los colombianos y que restaurará las relaciones con el gobierno autoritario del presidente Nicolás Maduro de Venezuela, todo lo cual podría crear conflictos con Washington.Unos dos millones de migrantes venezolanos han huido a Colombia en los últimos años en medio de una crisis económica, política y humanitaria.Soldados colombianos en una zona de cultivos de coca cerca de la frontera con Venezuela. Estados Unidos ha desembolsado miles de millones de dólares en las últimas dos décadas para reducir la producción y exportación de cocaína, sin grandes resultados.Federico Rios para The New York TimesEn una entrevistade este año, Petro dijo que creía que podría trabajar bien con el gobierno del presidente Joe Biden, y agregó que su relación con los Estados Unidos se centraría en el trabajo conjunto para hacer frente al cambio climático, específicamente para detener la rápida erosión de la Amazonía.“Ahí hay un punto de diálogo”, dijo. “Porque salvar la selva amazónica implica unos instrumentos, unos programas, que hoy no existen por lo menos con respecto a Estados Unidos. Es, en mi opinión, la prioridad”.Tanto Petro como Hernández se impusieron a Federico Gutiérrez, exalcalde de una gran ciudad respaldado por la élite conservadora, en la primera vuelta de la votación del 29 de mayo, lo que los llevó a una segunda vuelta.Ambos se habían autodenominado candidatos antisistema, diciendo que se presentaban contra una clase política que había controlado el país durante generaciones.Uno de los factores que más les distinguía era su visión de la raíz de los problemas del país.Petro piensa que el sistema económico está roto, que depende demasiado de la exportación de petróleo y de un negocio floreciente e ilegal de cocaína que, según él, ha hecho que los ricos sean más ricos y los pobres más pobres. Exige detener las nuevas exploraciones petroleras, un cambio hacia el desarrollo de otras industrias.También ha dicho que introducirá el trabajo garantizado con una renta básica, hará que el país pase a tener un sistema de salud controlado públicamente y aumentará el acceso a la educación superior, en parte subiendo los impuestos a los ricos.“Hoy lo que tenemos es un resultado de esto que yo llamo el agotamiento del modelo”, dijo Petro en la entrevista mencionada, refiriéndose al sistema económico actual. “El resultado final es un empobrecimiento brutal”.Sin embargo, su ambicioso plan económico ha suscitado preocupaciones. Un exministro de Hacienda definió su plan energético como un “suicidio económico”.Hernández no propuso modificar el marco económico, pero dijo que era ineficiente porque está plagado de corrupción y gastos frívolos. Pidió que algunos ministerios se fusionaran; propuso eliminar algunas embajadas y despedir a los empleados gubernamentales ineficientes y que el dinero que se ahorrara con esas medidas se utilizara para ayudar a los pobres.Hernández durante un evento de campaña este mes en Barranquilla, Colombia.Federico Rios for The New York TimesUna partidaria de Hernández, Nilia Mesa de Reyes, de 70 años, profesora de ética jubilada que votó en un sector adinerado de Bogotá, dijo que las políticas de izquierda de Petro, y su pasado con el M-19, la aterrorizaban. “Estamos pensando en irnos del país”, dijo.Los críticos de Petro, incluidos antiguos aliados, lo han acusado de una arrogancia que lo lleva a ignorar a sus asesores y a batallar para lograr consenso. Cuando asuma el cargo en agosto, se enfrentará a una sociedad profundamente polarizada en la que las encuestas muestran una creciente desconfianza en casi todas las instituciones importantes.Ha prometido ser presidente de todos los colombianos, no solo de quienes votaron por él.El domingo, en una secundaria convertida en lugar de votación en Bogotá, Ingrid Forrero, de 31 años, dijo que veía una división generacional en su comunidad, con los jóvenes apoyando a Petro y las generaciones mayores a favor de Hernández.Su propia familia la llama la “guerrillerita” por su apoyo a Petro, a quien dijo preferir por sus políticas sobre la educación y la desigualdad salarial.“La juventud está más inclinada hacia la revolución”, dijo, “hacia la izquierda, hacia un cambio”.Megan Janetsky More

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    Gustavo Petro Wins the Election, Becoming Colombia’s First Leftist Leader

    The former rebel and longtime senator’s victory sets the third largest nation in Latin America on a sharply new path.BOGOTÁ, Colombia — For the first time, Colombia will have a leftist president.Gustavo Petro, a former rebel and a longtime legislator, won Colombia’s presidential election on Sunday, galvanizing voters frustrated by decades of poverty and inequality under conservative leaders, with promises to expand social programs, tax the wealthy and move away from an economy he has called overly reliant on fossil fuels.His victory sets the third largest nation in Latin America on a sharply uncertain path, just as it faces rising poverty and violence that have sent record numbers of Colombians to the United States border; high levels of deforestation in the Colombian Amazon, a key buffer against climate change; and a growing distrust of key democratic institutions, which has become a trend in the region.Mr. Petro, 62, received more than 50 percent of the vote, with more than 99 percent counted Sunday evening. His opponent, Rodolfo Hernández, a construction magnate who had energized the country with a scorched-earth anti-corruption platform, won just over 47 percent.Shortly after the vote, Mr. Hernández conceded to Mr. Petro.“Colombians, today the majority of citizens have chosen the other candidate,” he said. “As I said during the campaign, I accept the results of this election.”Mr. Petro took the stage Sunday night flanked by his vice-presidential pick, Francia Márquez, and three of his children. The packed stadium went wild, with people standing on chairs and holding phones aloft.“This story that we are writing today is a new story for Colombia, for Latin America, for the world,” he said. “We are not going to betray this electorate.”He pledged to govern with what he has called “the politics of love,” based on hope, dialogue and understanding.Just over 58 percent of Colombia’s 39 million voters turned out to cast a ballot, according to official figures.The victory means that Ms. Márquez, an environmental activist who rose from poverty to become a prominent advocate for social justice, will become the country’s first Black vice president.Francia Márquez, at a campaign event last month in Yumbo, Colombia.Federico Rios for The New York TimesMr. Petro and Ms. Márquez’s victory reflects an anti-establishment fervor that has spread across Latin America, exacerbated by the pandemic and other longstanding issues, including a lack of opportunity.“The entire country is begging for change,” said Fernando Posada, a Colombian political scientist, “and that is absolutely clear.”In April, Costa Ricans elected to the presidency Rodrigo Chaves, a former World Bank official and political outsider, who took advantage of widespread discontent with the incumbent party. Last year, Chile, Peru and Honduras voted for leftist leaders running against candidates on the right, extending a significant, multiyear shift across Latin America.As a candidate, Mr. Petro had energized a generation that is the most educated in Colombian history, but is also dealing with 10 percent annual inflation, a 20 percent youth unemployment rate and a 40 percent poverty rate. His rallies were often full of young people, many of whom said they feel betrayed by decades of leaders who had made grand promises, but delivered little.“We’re not satisfied with the mediocrity of past generations,” said Larry Rico, 23, a Petro voter at a polling station in Ciudad Bolívar, a poor neighborhood in Bogotá, the capital.Mr. Petro’s win is all the more significant because of the country’s history. For decades, the government fought a brutal leftist insurgency known as the Revolutionary Armed Forces of Colombia, or FARC, with the stigma from the conflict making it difficult for a legitimate left to flourish.But the FARC signed a peace deal with the government in 2016, laying down their arms and opening space for a broader political discourse.Mr. Petro had been part of a different rebel group, called the M-19, which demobilized in 1990, and became a political party that helped rewrite the country’s constitution. Eventually, Mr. Petro became a forceful leader in the country’s opposition, known for denouncing human rights abuses and corruption.Voters cast their ballots in Colombia’s presidential election, in Bucaramanga, on Sunday.Nathalia Angarita for The New York TimesOn Sunday, in a wealthy part of Bogotá, Francisco Ortiz, 67, a television director, said he had also voted for Mr. Petro.“It’s been a long time since we had an opportunity like this for change,” he said. “If things will get better, I don’t know. But if we stick with the same, we already know what we’re going to get.”The win could also test the United States’ relationship with its strongest ally in Latin America. Traditionally, Colombia has formed the cornerstone of Washington’s policy in the region.But Mr. Petro has criticized what he calls the United States’ failed approach to the drug war, saying it has focused too much on eradication of the coca crop, the base product in cocaine, and not enough on rural development and other measures.Mr. Petro has said he embraces some form of drug legalization, that he will renegotiate an existing trade deal with the United States to better benefit Colombians and that he will restore relations with the authoritarian government of president Nicolás Maduro of Venezuela, all of which could create conflict with the United States.About two million Venezuelan migrants have fled to Colombia in recent years amid an economic, political and humanitarian crisis.Colombian soldiers in a coca growing area near the border with Venezuela. The United States has spent billions of dollars in Colombia in the past two decades to help its governments halt the production and export of cocaine, to little effect.Federico Rios for The New York TimesMr. Petro, in an interview earlier this year, said he believed he could work well with the government of President Biden, adding that his relationship with the United States would focus on working together to tackle climate change, specifically halting the rapid erosion of the Amazon.“There is a point of dialogue there,” he said. “Because saving the Amazon rainforest involves some instruments, some programs, that do not exist today, at least not with respect to the United States. It is, in my opinion, the priority.”Both Mr. Petro and Mr. Hernández had beaten Federico Gutiérrez, a former big city mayor backed by the conservative elite, in a first round of voting on May 29, sending them to a runoff.Both men had billed themselves as anti-establishment candidates, saying they were running against a political class that had controlled the country for generations.Among the factors that most distinguished them was how they viewed the root of the country’s problems.Mr. Petro believes the economic system is broken, overly reliant on oil export and a flourishing and illegal cocaine business that he said has made the rich richer and poor poorer. He is calling for a halt to all new oil exploration, and a shift to developing other industries.He has also said he will introduce guaranteed work with a basic income, move the country to a publicly controlled health system and increase access to higher education, in part by raising taxes on the rich.“What we have today is the result of what I call ‘the depletion of the model,’” Mr. Petro said in the interview earlier this year, referring to the current economic system. “The end result is a brutal poverty.”His ambitious economic plan has, however, raised concerns. One former finance minister called his energy plan “economic suicide.”Mr. Hernández did not want to overhaul the economic framework, but said it was inefficient because it is riddled with corruption and frivolous spending. He had called for combining ministries, eliminating some embassies and firing inefficient government employees, while using savings to help the poor.Mr. Hernández during a campaign event this month in Barranquilla, Colombia.Federico Rios for The New York TimesOne Hernández supporter, Nilia Mesa de Reyes, 70, a retired ethics professor who voted in an affluent section of Bogotá, said that Mr. Petro’s leftist policies, and his past with the M-19, terrified her. “We’re thinking about leaving the country,” she said.Mr. Petro’s critics, including former allies, have accused him of arrogance that leads him to ignore advisers and struggle to build consensus. When he takes office in August, he will face a deeply polarized society where polls show growing distrust in almost all major institutions.He has vowed to serve as the president of all Colombians, not just those who voted for him.On Sunday, at a high school-turned-polling station in Bogotá, Ingrid Forrero, 31, said she saw a generational divide in her community, with young people supporting Mr. Petro and older generations in favor of Mr. Hernández.Her own family calls her the “little rebel” because of her support for Mr. Petro, whom she said she favors because of his policies on education and income inequality.“The youth is more inclined toward revolution,” she said, “toward the left, toward a change.”Megan Janetsky contributed reporting from Bucaramanga, Colombia, and Sofía Villamil and Genevieve Glatsky contributed reporting from Bogotá. More

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    ¿El próximo presidente de Colombia está listo para enfrentar la violencia?

    BOGOTÁ — El mes pasado, una organización criminal armada paralizó casi un tercio del norte de Colombia, en buena medida sin resistencia. “A partir de esta fecha se decreta cuatro días de paro armado”, decía un panfleto del 5 de mayo que ordenaba a la gente a que permaneciera en sus casas, cerrara los negocios y vaciara las calles.El Clan del Golfo, un grupo del narcotráfico de corte paramilitar, inició el paro contra el gobierno colombiano en represalia por la captura y extradición a Estados Unidos de su líder, Dairo Antonio Úsuga, conocido como Otoniel. “No nos hacemos responsables de aquellos que no acaten las órdenes”, advertía ominosamente el grupo.Para enfatizar su mensaje, los miembros del Clan del Golfo marcaron paredes con sus iniciales en los centros urbanos, quemaron vehículos y camiones para bloquear carreteras, instalaron puestos de control ilegales y patrullaron los campos en motocicletas. Con poca policía estatal o presencia militar para proteger las zonas rurales, los colombianos en 11 de los 32 departamentos del país acataron las órdenes del grupo y se impuso una quietud fantasmal.Al final de los cuatro días, al menos ocho personas habían muerto, casi 200 vehículos habían sido incinerados y muchos de los tres millones de personas afectadas se estaban quedando sin comida y otros productos básicos.El Clan del Golfo también parece estar incidiendo en la elección presidencial. El grupo emitió amenazas por escrito a los partidarios del candidato de izquierda, Gustavo Petro, y en las zonas rurales donde el recuerdo del paro seguía presente, los líderes comunitarios dijeron que el miedo limitó la participación de los votantes.Pero tal vez porque hay mucho en juego, un porcentaje alto de votantes acudió el 29 de mayo a las urnas para la primera vuelta electoral. Petro obtuvo poco más del 40 por ciento de los 21 millones de votos totales y se enfrentará en la segunda vuelta del 19 de junio a Rodolfo Hernández, un controversial empresario inmobiliario de derecha que hizo una fuerte campaña en TikTok.Aunque ambos candidatos difieren de manera significativa en todos los temas —desde la movilidad social hasta la política exterior— comparten una debilidad: ninguno ha articulado un plan claro para detener el aumento de la amenaza armada y la violencia que afecta a la Colombia rural, como revelan las acciones del Clan del Golfo. Los números de personas desplazadas, la acumulación de asesinatos de líderes sociales y comunitarios y el reclutamiento forzoso de niños, son indicios de que la seguridad se está deteriorando con rapidez.Ni Petro ni Hernández parecen estar preparados para enfrentar los desafíos de las zonas rurales en conflicto. Además de la violencia organizada del Clan del Golfo, alrededor de una decena de otros grupos armados recorren las áreas más vulnerables del país, buscando controlar territorios para establecer rutas lucrativas de tráfico de drogas y otros mercados ilegales.El próximo presidente de Colombia debe alejarse del enfoque actual del gobierno de priorizar las capturas y extradiciones de líderes de organizaciones ilegales, como la que causó el paro armado. Esta estrategia no ha logrado desmantelar a los grupos criminales pero sí ha generado consecuencias profundas para los civiles.En cambio, el nuevo presidente debería centrarse en una política que reoriente a las fuerzas de seguridad de Colombia para proteger a los civiles de los grupos armados, que hoy ejercen una autoridad de facto en muchas partes del país. Esto, sumado a la implementación de programas sociales y una inversión sustancial en el campo, puede ayudar a cambiar el rumbo y pavimentar el camino hacia la paz.La policía colombiana escoltó a Dairo Antonio Úsuga, líder del Clan del Golfo, cuando fue extraditado a Estados Unidos en mayo.Prensa Presidencial/Agence France-Presse vía Getty ImagesEl acuerdo de paz, firmado en 2016 entre el Estado y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), ha logrado reducir en buena medida la violencia rural. Pero algunas regiones, como Montes de María, donde los grupos armados están tomando el control de enormes territorios —incluidas grandes áreas que las FARC solían controlar—, son un buen anticipo de la situación que enfrentará el candidato que gane la elección.Cuando visité Montes de María en marzo, me quedó claro que esta región agrícola, rica en recursos, estaba en crisis. El Clan del Golfo ha expandido agresivamente su presencia desde la firma del acuerdo de paz, reclamando rutas de tráfico e imponiendo el cobro de pagos de protección a la población. Este grupo armado —como casi todos los que hoy operan en el país— evita los enfrentamientos con los militares. Su objetivo no es tomar poder en Bogotá, sino sacar ganancias de las tierras y de su gente.Se suponía que esto no debería suceder. El acuerdo de paz con las FARC eliminaría las desigualdades que habían empoderado a las guerrillas y a los narcotraficantes. Prometía ayudar a los agricultores pobres que cultivaban coca, la materia prima de la cocaína, a abandonar un medio de vida que los exponía a la violencia. Cerca de 100.000 familias se apuntaron y arrancaron voluntariamente sus cultivos de coca.No obstante, el gobierno actual, encabezado por el presidente Iván Duque, llegó al poder en 2018 argumentando que el acuerdo de paz era demasiado indulgente con las FARC, y se ha enfocado en las partes del acuerdo afines a sus intereses políticos —como la desmovilización de excombatientes y el gasto en infraestructura— mientras que otras promesas, como abordar la desigualdad en la posesión de tierras y el respaldo a la sustitución de cultivos de coca, quedaron en el olvido.Al mismo tiempo, decenas de grupos armados, como el Clan del Golfo, han mostrado ser más ágiles, tenaces y económicamente habilidosos para aprovechar las oportunidades que ofreció el desmantelamiento de las FARC.Al interior del país, hombres armados reclutan a la fuerza a niños para engrosar sus filas, sacándolos de sus hogares y escuelas. Otros adultos jóvenes se unen por su cuenta porque, sin posibilidades de educación o trabajo, el conflicto es el único empleo disponible. En el sur de Córdoba, el Clan del Golfo se promueve como “la única empresa que tiene las puertas siempre abiertas”.La élite política colombiana considera, erróneamente, que estas amenazas están desvinculadas de la desesperación social y económica que viven muchos colombianos. Es más fácil culpar de los disturbios a otros enemigos, ya sea Venezuela, las guerrillas de izquierda o los rivales políticos. Y, de hecho, en lugar de solucionar esta situación, la respuesta más común del gobierno ha sido desplegar el ejército.Los soldados enviados para acabar con la inestabilidad saben que este enfoque no está funcionando. “Aquí no hay una solución militar”, me dijo un comandante de una brigada militar en una de las zonas de conflicto más ríspidas de Colombia, sugiriendo que lo que se necesitaba era inversión social.Por ahora, muchas de las fuerzas del gobierno están enfocadas en la erradicación forzosa de la coca, eliminando los cultivos que luego se vuelven a sembrar en tasas que, se calcula, llegan al 50 y 67 por ciento. La estrategia de las fuerzas armadas de matar y capturar a miembros de los grupos armados deriva en el reemplazo inmediato de esas bajas con nuevos reclutas.En pocas palabras, la estrategia inadecuada del gobierno colombiano en las zonas remotas es parcialmente culpable del resurgimiento de la violencia. Los candidatos presidenciales tienen la oportunidad de cambiar de rumbo.Es alentador que tanto Petro como Hernández han dicho que implementarán el acuerdo de paz de 2016, que el gobierno de Duque ha descuidado en muchos puntos. Sin embargo, ninguno de los dos ha presentado un plan claro sobre cómo gestionar el deterioro de la situación de seguridad de los ciudadanos de a pie.Petro, quien en el pasado fue parte de una organización guerrillera, se comprometió a iniciar un diálogo con los grupos armados e implementar la desmovilización de grupos del crimen organizado, como el Clan del Golfo. Hernández, por su parte, ha sugerido agregar al Ejército de Liberación Nacional (ELN) al acuerdo firmado con las FARC.Aunque en estas ideas hay algunos elementos que podrían funcionar, la mejor manera de abordar la crisis es proteger a los colombianos que viven en el epicentro del conflicto, con mejores servicios policiales, oportunidades económicas y razones concretas que les permita confiar en el gobierno.Una presión puntual de Washington puede ayudar. La reciente declaración del gobierno de Biden que destaca al acuerdo de paz es importante pero ha sido socavada por sus acciones. Los dólares estadounidenses se gastan de manera desproporcionada en enfoques de mano dura, como la erradicación forzosa de la coca, que no contribuyen mucho a resolver el problema y exacerban la desconfianza en el gobierno.La zozobra que aún acecha en las calles del norte de Colombia está avanzando demasiado rápido y lejos como para ignorarla. Los candidatos y los votantes urbanos que ignoran estos desafíos lo hacen bajo su propio riesgo. Lo que está en juego en las elecciones se extiende al futuro de un conflicto que se suponía que había terminado pero que, más bien, se está reavivando.Colombia, que ya había empezado a acabar con un conflicto armado, no debería permitir que vuelva a estallar.Elizabeth Dickinson (@dickinsonbeth) es analista sénior del International Crisis Group para Colombia, con sede en Bogotá. Antes de unirse a la organización en 2017, trabajó durante una década como periodista. More

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    How to Stop Colombia’s Surging Violence

    BOGOTÁ, Colombia — Last month a criminal armed group shut down much of the northern third of Colombia — largely uncontested. “We decree four days of Armed Strike from this moment,” read the May 5 pamphlet ordering the population to stay indoors, the shops to close and the roads to be empty. The Gulf Clan, a paramilitary-style drug trafficking group, initiated the strike against the Colombian government in retaliation for the capture and extradition of its leader, Dairo Antonio Úsuga, known as Otoniel, to the United States. “We are not responsible for what happens to those who do not comply,” the group warned ominously.To emphasize their point, Gulf Clan members tagged walls in the urban centers with their initials, burned cars and buses to block roads, set up illegal checkpoints and patrolled rural areas by motorcycle. With little state police or military presence to protect the countryside, Colombians in 11 of the country’s 32 departments (similar to U.S. states) obeyed the illegal group’s orders, and a ghostly calm descended.After four days, at least eight people had been killed, nearly 200 vehicles were burned, and many of the three million people affected were running short on food and other basic supplies. The Gulf Clan also appears to be effecting the presidential election. The group issued direct written threats to supporters of the left-wing candidate Gustavo Petro, and in rural areas where the memory of the strike lingered, community leaders said fear did suppress some voter turnout.But perhaps because the stakes are so high, voters nationwide came to the polls at high levels for the first round of elections on May 29. Mr. Petro secured just over 40 percent of the 21 million total votes and will face off with Rodolfo Hernández, an outspoken, right-leaning real estate magnate who campaigned heavily on TikTok, in the runoff on June 19.Though the winning candidates differ significantly on everything from social mobility to foreign policy, they share one weakness: Neither has articulated a clear plan to contain rising levels of conflict and armed violence in the countryside, like the Gulf Clan actions. As seen in higher levels of displacement, assassinations of social and community leaders, and child recruitment, security is deteriorating rapidly.Neither Mr. Petro nor Mr. Hernández seems prepared to address the challenges of Colombia’s rural war zones. In addition to organized criminal violence from the Gulf Clan, about a dozen other armed groups prowl the country’s most vulnerable areas, seeking to control territories that provide lucrative drug trafficking routes. Colombia’s next president must move away from the state’s current approach of narrowly prioritizing captures and extraditions like the one that sparked the armed strike — that strategy fails to dismantle criminal groups but carries deep consequences for civilians.Instead, the new president should focus on a policy that empowers Colombia’s security forces to protect civilians from the armed groups who wield de facto authority in substantial parts of the country. This, coupled with social programs and investment in the countryside, can start to turn the tide definitively toward peace.Colombian National Police escorted Dairo Antonio Úsuga, a drug lord and head of the Gulf Clan, as he was extradited to the United States in May.Prensa Presidencial/Agence France-Presse, via Getty ImagesThe signing of a 2016 peace agreement between the state and the Revolutionary Armed Forces of Colombia, or FARC, has greatly reduced rural violence nationwide. But regions like Montes de María, where armed groups are taking control of parts of the country’s vast hinterland, including large areas that the FARC used to control, offer a foretaste of the reality the winning candidate will face.When I visited Montes de María in March, it was clear that this resource-rich agricultural region was in a crisis. The Gulf Clan has aggressively expanded its presence since the peace accord, claiming lucrative trafficking routes and imposing protection taxes on the population. This armed group — like nearly all of those operating in the country today — avoids clashing with the military. Its goal is not to take over in Bogotá, but rather to suck rents out of the land and its people.This wasn’t supposed to happen. The 2016 peace accord with the FARC chipped away at the inequalities that had empowered guerrillas and drug traffickers alike. It promised to help poor farmers growing coca — the raw material for cocaine — leave behind a livelihood that exposed them to violence. Nearly 100,000 families signed up and voluntarily ripped up their coca crops.Yet the outgoing conservative government, led by President Iván Duque, entered office in 2018 alleging that the peace agreement was too lenient on the FARC and has focused on carrying out parts of the accord that serve its political interests — such as demobilizing the former FARC and infrastructure spending — while leaving others, like addressing land inequality and supporting coca crop substitution, to wither.At the same time, dozens of armed groups like the Gulf Clan have proved nimble, tenacious and economically adept at capturing the opportunities afforded by the FARC’s withdrawal.Across the countryside, armed men are forcibly recruiting children to their ranks, ripping them out of their homes and schools. Other young adults sign up willingly because, in the absence of education or jobs, fighting is the only employment on offer. “The only company whose doors are always open” is how the Gulf Clan describes itself in southern Córdoba.The ruling political elite erroneously views these threats as disconnected from the social and economic desperation experienced by many Colombians. It is easier to pin the blame for unrest on other enemies, whether it be Venezuela, leftist guerrillas or political rivals. And indeed, rather than redressing grievances, the government’s default response has been to deploy the military.The soldiers sent to stamp out instability know the approach isn’t working. “There is no military solution here,” a military brigade commander told me in one of Colombia’s fiercest conflict areas, suggesting that what was needed was social investment. For now, many of the government’s forces are tied down forcibly eradicating coca by ripping up the crops that are then replanted at rates estimated to reach between 50 percent and 67 percent. The military’s policy to kill and capture armed-group members only results in new recruits to immediately fill their shoes.Put simply, the Colombian government’s flawed strategy in the countryside is partly to blame for the resurgent violence. Presidential candidates have an opportunity to shift course.Encouragingly, both Mr. Petro and Mr. Hernández have said they will implement the 2016 peace accord, many parts of which the current government has neglected. However, neither has presented a clear plan for how to manage the deteriorating security situation for civilians. Mr. Petro, himself a former rebel, has pledged to begin a dialogue with armed groups and implement demobilization for organized crime groups like the Gulf Clan. Mr. Hernández has suggested adding the guerrilla group National Liberation Army, or ELN, to the existing accord with the FARC.While there are some elements of a solution here, the best way to avert conflict is to protect Colombians living at the heart of the conflict, with better policing, economic opportunities and concrete reasons to trust the government.The right kind of pressure from Washington can help. The Biden administration’s recent statement emphasizing the peace accord is important but undermined by its actions. U.S. dollars are disproportionately spent on strong-arm approaches, such as forced coca eradication, that do little to tackle the problem and exacerbate distrust of the government.The foreboding that still haunts the streets of the country’s north is spreading too fast and too far across Colombia to ignore. The candidates and urban voters ignore these challenges at their peril. The huge stakes of the elections extend to the future of a conflict that was supposed to be over but is instead reigniting. Having ended war here once, Colombia should not allow it to erupt again.Elizabeth Dickinson (@dickinsonbeth) is a Bogotá-based senior analyst for Colombia at the International Crisis Group. Before joining the organization in 2017, she worked for a decade as a journalist.The Times is committed to publishing a diversity of letters to the editor. We’d like to hear what you think about this or any of our articles. Here are some tips. And here’s our email: letters@nytimes.com.Follow The New York Times Opinion section on Facebook, Twitter (@NYTopinion) and Instagram. More

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    Ingrid Betancourt se postula a la presidencia de Colombia

    El anuncio de su candidatura llega en un momento crítico: los colombianos están hartos de la clase política y el futuro del acuerdo de paz está en riesgo.BOGOTÁ — Ingrid Betancourt, excongresista y quien fue mantenida como rehén por la guerrilla y llegó a simbolizar tanto la brutalidad del largo conflicto en Colombia como de los esfuerzos de reconciliación del país, se postulará a la presidencia, dijo el martes.Betancourt entra en una campaña presidencial muy abierta en un momento en el que Colombia está en una determinante encrucijada política y social.Cuando fue secuestrada hace 20 años, Betancourt estaba haciendo campaña para el mismo cargo. Ahora, dijo, el país se enfrenta al mismo “sistema corrupto” y “maquinarias politiqueras” que ella combatió entonces.“Hoy estoy aquí para terminar lo que empecé”, dijo en un estrado en un hotel del centro de Bogotá, la capital del país, acompañada por sus aliados.Betancourt, quien fue capturada en 2002 y retenida durante más de seis años por la mayor fuerza guerrillera del país, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, anunció su candidatura a las elecciones de mayo mientras el país enfrenta enormes desafíos.Tras más de 50 años de guerra, el gobierno y el grupo rebelde, conocido como las Farc, firmaron un acuerdo de paz en 2016. Pero, desde entonces, una oleada de otros grupos armados ha irrumpido en el vacío y seguido combatiendo.La violencia ha aumentado en algunas zonas rurales y los críticos han culpado al gobierno por no invertir lo suficiente para abordar la desigualdad y la pobreza que han contribuido a impusar la guerra, como se había comprometido a hacer en el acuerdo de paz.Muchos colombianos están hartos del statu quo político, un sentimiento que estalló en la esfera pública en mayo del año pasado, cuando miles de personas salieron a las calles durante más de un mes para protestar por las penurias que solo empeoraron con la pandemia.Tras sus años de cautiverio —en los que a veces estuvo encadenada— Betancourt ha apoyado el proceso de paz y también ha criticado a las Farc, convirtiéndose en un símbolo de los intentos nacionales de reconocer los costos de la guerra, pero también de superarla.Sergio Guzmán, un analista de Bogotá, llamó a Betancourt la “candidata de la reconciliación” del país.En una entrevista con el Times el año pasado, Betancourt calificó el acuerdo de paz como “una ventana, una oportunidad generacional, de salir de la locura violenta en la cual hemos vivido toda nuestra vida”.La cuestión, dijo Guzmán, es si eso es lo que quieren los colombianos.“Todas nuestras elecciones han sido miedo, esperanza y odio”, continuó. “Ninguna elección se ha disputado sobre la base de la compasión y la reconciliación”.Hay un descontento generalizado con el actual presidente, Iván Duque, quien es un producto del poder político tradicional de derecha del país, mientras que un populista de izquierda, Gustavo Petro, lidera las encuestas en medio de una ola izquierdista y opuesta a quienes están en el poder que se extiende por América Latina.“¿Puede Ingrid convertirse en un bálsamo para esas emociones negativas predominantes que estamos sintiendo en este momento?”, dijo Guzmán. “No lo sé. Esa es una de las cosas que nos va a decir su candidatura”.Pero para ganar impulso entre los votantes, dijo, “tiene que vender la idea de que la reconciliación es mejor que el populismo”.Aunque Betancourt es ampliamente conocida en todo el país, una victoria en mayo no es ni mucho menos segura.Para llegar a las elecciones de mayo, Betancourt tendría que ganar las primarias de marzo, en las que competiría con otros candidatos de centroNathalia Angarita para The New York TimesEn este momento hay más de 20 aspirantes a la presidencia, y la mayoría de los más conocidos se agrupan en tres coaliciones: una de izquierda, encabezada por Petro; una de centro, a la que se une Betancourt; y una de derecha, cuyos miembros se consideran los abanderados del gobierno actual.Para llegar a las elecciones de mayo, Betancourt tendría que ganar las primarias de marzo, en las que competiría con otros candidatos de centro, como Alejandro Gaviria, exministro de Salud y hasta hace poco rector de una prestigiosa universidad.Guzmán señaló que Betancourt se incorporó a la campaña tarde en el calendario electoral y calificó su candidatura como “una medida desesperada”.Colombia nunca ha tenido una mujer en la presidencia, y Betancourt es una de las cuatro candidatas de las tres principales coaliciones.La candidata más destacada hasta el momento ha sido Francia Márquez, una joven política afrocolombiana y activista medioambiental que también es víctima de la guerra.Márquez, quien se ha unido a la coalición de la izquierda, se ha distinguido no solo por su identidad —la política colombiana ha estado dominada por hombres blancos y ricos—, sino por su franca adhesión a la política feminista y su disposición a criticar a Petro.Betancourt es hija de una política y de un político y diplomático colombianos, y posteriormente obtuvo la nacionalidad francesa a través de su primer marido.En 2002, tras su paso por el Congreso, Betancourt se lanzó a la campaña presidencial como integrante del Partido Verde Oxígeno, un movimiento político joven de filosofía pacifista, ecologista y anticorrupción. El 23 de febrero de 2002, cuando se dirigía a un acto de campaña en la ciudad de San Vicente del Caguán, fue detenida en un control de carretera y tomada como rehén por las Farc.Durante sus años de cautiverio en la selva, fue tratada brutalmente e intentó escapar en repetidas ocasiones, experiencias que relató en su libro No hay silencio que no termine.Fue rescatada por el gobierno colombiano y, con los años, se ha convertido en la víctima más conocida del país. Pero también ha sido objeto de críticas: de quienes dicen que ha restado atención a víctimas más pobres y menos conocidas, y de otros que la han criticado por pedir una indemnización al gobierno colombiano tras su cautiverio y rescate.Betancourt vive desde hace años en Francia y regresó a Colombia hace apenas unos meses. En su discurso de campaña, se refirió directamente a las críticas de que el traslado estaba diseñado para obtener un beneficio político personal.“He vuelto en busca del mayor beneficio político”, dijo, “que todos tengamos una verdadera democracia”.El anuncio de su campaña no dice mucho sobre sus propuestas políticas, más allá de las repetidas promesas de luchar contra la corrupción y de abordar el impacto de la violencia en el país.“Mi historia es la historia de todos los colombianos”, dijo.En un país de más de 50 millones de habitantes, nueve millones están registrados en el gobierno como víctimas del conflicto.“Mientras las Farc nos esclavizaba a mí y a mis compañeros, los cárteles de la droga, los violentos y los políticos corruptos han estado esclavizando a cada uno de ustedes”, continuó.“Vamos a salir de esta cultura mafiosa, mentirosa, violenta y vamos a aprender de nuevo a ser ciudadanos libres”.Sofía Villamil More

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    Ingrid Betancourt to Make a Bid for President of Colombia

    Ingrid Betancourt’s candidacy comes at a critical time, when Colombians are fed up with the political establishment and the future of the peace agreement is at stake.BOGOTÁ, Colombia — Ingrid Betancourt, a former congresswoman and one-time guerrilla hostage who has come to symbolize both the brutality of Colombia’s long war and the country’s efforts at reconciliation, will run for president, she said Tuesday.Ms. Betancourt enters a wide open race at a time when Colombia is at a critical political and social crossroads.When she was kidnapped 20 years ago, Ms. Betancourt was campaigning for the same office. Now, she said, the country is facing the same “corrupt system” and “political machinery” that she had fought back then.“Today I am here to finish what I started,” she said, standing on a stage at a hotel in downtown Bogotá, the country’s capital, flanked by allies. Ms. Betancourt, who was captured in 2002 and held by the country’s largest guerrilla force, the Revolutionary Armed Forces of Colombia, for more than six years, announced her bid for the May election with the country facing enormous challenges.Following more than 50 years of war, the government and the rebel group, known as the FARC, signed a peace deal in 2016. But since then, a swell of other armed groups have swept into the vacuum and continued to fight.Violence has surged in parts of the countryside — and critics have faulted the government for not investing enough to address the inequality and poverty that had helped fuel the war, as it had committed to doing in the peace deal.Many in Colombia are fed up with the political status quo, a sentiment that burst into the public sphere last May, when thousands took to the streets for more than a month to protest hardship that was only made worse by the pandemic.Following her years in captivity — when she was sometimes held in chains — Ms. Betancourt has both supported the peace process and criticized the FARC, emerging as a symbol of national attempts to acknowledge the costs of the war, but also to move beyond it.Sergio Guzmán, an analyst in Bogotá, called Ms. Betancourt the country’s “reconciliation candidate.”In an interview with The Times last year, Ms. Betancourt called the peace deal “a window — a generational opportunity — to leave behind the insane violence we have lived in all our lives.”The question, Mr. Guzmán said, is whether that’s what Colombians want.“All our elections have been fear and hope and hate,” he went on. “No election has really been fought on compassion and reconciliation.”There is widespread discontent with the current president, Iván Duque, who is a product of the country’s right-wing political establishment, while a left-wing populist, Gustavo Petro, is leading in the polls amid a leftist, anti-incumbent wave that is sweeping Latin America.“Can Ingrid become a balm to those prevailing negative emotions that we’re feeling right now?” Mr. Guzmán said. “I don’t know. That’s one of the things that her candidacy is going to tell us.”But to make any headway among voters, he said, “she needs to sell the idea that reconciliation is better than populism.”While Ms. Betancourt is widely known throughout the country, a win in May is far from certain.To even get to the May election, Ms. Betancourt would first have to win the March primary, in which she will compete against other centrists.Nathalia Angarita for The New York TimesToday, there are more than 20 candidates for the presidency, with most of the best-known candidates grouped into three coalitions: a coalition on the left, headed by Mr. Petro; a coalition in the center, which Ms. Betancourt is joining; and a coalition on the right, whose members are seen as the torchbearers for the current government.To even get to the May election, Ms. Betancourt would first have to win the March primary, in which she will compete against others in the center, including Alejandro Gaviria, a former health minister and recent head of a prestigious university.Mr. Guzmán pointed out that Ms. Betancourt joined the race late in the electoral calendar and called her bid “a Hail Mary.”Colombia has never had a woman president, and Ms. Betancourt is one of just four women candidates in the three leading coalitions.The most prominent female candidate to this point has been Francia Márquez, a young, Afro-Colombian politician and environmental activist who is also a victim of the war.Ms. Márquez, who has joined the coalition on the left, has distinguished herself not only because of her identity — Colombian politics has been dominated by wealthy white men — but because of her outspoken embrace of feminist politics and willingness to criticize Mr. Petro.Ms. Betancourt is the daughter of a Colombian politician and a Colombian diplomat, and later became a French citizen through her first husband.In 2002, following time in Congress, Ms. Betancourt launched a campaign for presidency as a member of the Partido Verde Oxígeno, a young political movement with a pacificist, environmental, anti-corruption philosophy. On Feb. 23, 2002, she was traveling to a campaign event in the city of San Vicente del Caguán, when she was stopped at a roadblock and taken hostage by the FARC.During her years in captivity in the jungle, she was treated brutally and tried to escape repeatedly, experiences she recounted in her book “Even Silence Has An End.”She was eventually rescued by the Colombian government, and over the years she has emerged as the country’s best-known victim. But she has also been the subject of criticism — from those who say she has taken attention away from poorer, lesser known victims, and from others who have criticized her for seeking compensation from the Colombian government following her captivity and rescue.Ms. Betancourt has lived in France for years and returned to Colombia just months ago. In her campaign speech, she directly addressed criticism that the move was designed for personal political benefit.“I have returned in search of the highest political benefit,” she said, “that all of us can have a true democracy.”Her campaign announcement said little about policy proposals beyond repeated vows to fight corruption — and to address the impact of violence on the country.“My story is the story of all Colombians,” she said.In a country of more than 50 million people, nine million are registered with the government as conflict victims.“While the FARC enslaved me and my companions, the drug cartels, violent groups and corrupt politicians enslaved each of you,” she went on.“We are going to leave behind this culture of mafias, violence and lies, and we are going to learn again to be free citizens.”Sofía Villamil More