More stories

  • in

    Sin redes sociales y con baja aprobación, Trump sigue mandando en el Partido Republicano

    La difamación de Liz Cheney y un extraño recuento de votos en Arizona mostraron el daño de su asalto a la base de la democracia: la integridad electoral.Suspendido de Facebook, aislado en Mar-a-Lago y objeto de burlas por su nueva red social no profesional, Donald Trump estuvo gran parte de la semana pasada fuera de la vista del público. Sin embargo, tanto la capitulación del Partido Republicano ante el expresidente como el daño a la política estadounidense que provocó con su mentira de que le robaron las elecciones fueron más evidentes que nunca.En Washington, los republicanos le retiraron su puesto de liderazgo en la Cámara Baja a la representante Liz Cheney como castigo por considerar que las falsas aseveraciones de fraude electoral hechas por Trump eran una amenaza a la democracia. Los legisladores de Florida y Texas adelantaron nuevas medidas radicales para restringir las votaciones, lo cual respalda la narrativa ficticia de Trump y sus aliados de que el sistema electoral fue manipulado en su contra. Y en Arizona, el Partido Republicano estatal dio inicio a una extraña revisión de los resultados de las elecciones de noviembre al buscar rastros de bambú en las boletas electorales del año pasado.Estos agitados melodramas ponen de relieve hasta qué grado, seis meses después de las elecciones, Estados Unidos sigue enfrentando las consecuencias del ataque sin precedentes —por parte de un candidato a la presidencia que estaba perdiendo— al principio fundamental de la democracia estadounidense: la legitimidad de las elecciones.También ofrecen sólidas evidencias de que el expresidente no solo ha logrado sofocar cualquier oposición dentro de su partido, sino que también ha convencido a la mayor parte de esa agrupación política para que haga una enorme apuesta: que la manera más segura de volver a lograr el poder es adoptando su estilo pugilístico, el divisionismo racial y las inaceptables teorías conspirativas, en vez de atraer a los electores suburbanos indecisos que le quitaron la Casa Blanca al partido y que quizás estén buscando políticas de fondo para la pandemia, la economía, la atención médica y otros temas.La lealtad al expresidente continúa a pesar de que haya azuzado a sus partidarios antes del asalto del 6 de enero al Capitolio y sus seguidores ignoran, redefinen o, en algunos casos, aprueban de manera tácita el letal ataque al Congreso.“Nos hemos alejado demasiado de cualquier interpretación sensata”, dijo Barbara Comstock, una veterana funcionaria del partido a quien le arrebataron su escaño suburbano de Virginia cuando los electores castigaron a Trump en las elecciones intermedias de 2018. “Es una verdadera enfermedad la que está atacando al partido en todos los niveles. Ahora simplemente vamos a decir que lo blanco es negro”.No obstante, mientras los republicanos se refugian en la fantasía de unas elecciones robadas, los demócratas están concentrados en el trabajo cotidiano de gobernar un país que sigue teniendo dificultades para salir de una mortífera pandemia.Los estrategas de ambos partidos afirman que es probable que la dinámica discordante —dos partidos que funcionan en realidades diferentes— defina la política del país en los años venideros.Al mismo tiempo, el presidente Joe Biden enfrenta un reto más general: qué hacer con respecto al amplio segmento de la población que duda de su legitimidad y un Partido Republicano que busca el apoyo de ese segmento al promover proyectos de ley que restrinjan las votaciones y tal vez debiliten más la confianza en las elecciones futuras.En una encuesta de CNN publicada la semana pasada, se descubrió que casi una tercera parte de los estadounidenses, incluyendo el 70 por ciento de los republicanos, decían que Biden no había ganado de manera legítima los votos para obtener la presidencia.Se espera que la representante Liz Cheney, la tercera republicana de alto rango en la Cámara, sea destituida de su cargo después de expresarse en contra de Trump.Stefani Reynolds para The New York TimesLos colaboradores de la Casa Blanca afirman que Biden cree que la mejor manera de recuperar la confianza en el proceso democrático es demostrar que el gobierno puede otorgarles beneficios tangibles a los electores (ya sean vacunas o cheques de estímulo económico).Dan Sena, un estratega demócrata que supervisó las acciones del Comité de Campaña del Congreso Demócrata para ganar la Cámara durante las últimas elecciones de mitad de periodo, dijo que el enfoque republicano en cuestiones culturales, como la prohibición de los atletas transgénero, era beneficioso para su partido. Muchos demócratas solo enfrentarán ataques dispersos en su agenda mientras continúan oponiéndose a la retórica polarizadora de Trump, que ayudó a que su partido se impusiera en distritos suburbanos en 2018 y 2020.“Preferiría tener un historial de estar del lado de los estadounidenses en la recuperación”, dijo Sena. “¿Qué historia quiere escuchar el público estadounidense: lo que han hecho los demócratas para que el país vuelva a reactivarse o Donald Trump y su guerra cultural?”.Durante su campaña, Biden predijo que los republicanos tendrían una “revelación” cuando ya se hubiera ido Trump y que volverían a ser el partido que él conoció durante las décadas que estuvo en el Senado. Cuando la semana pasada le preguntaron sobre los republicanos, Biden se quejó de que ya no los entendía y parecía un poco desconcertado por la “minirrevolución” dentro de sus filas.“Creo que los republicanos están más lejos de lo que pensé de determinar quiénes son y qué representan en este momento”, comentó.Sin embargo, durante gran parte de la semana pasada, los republicanos mostraron de manera muy elocuente qué es exactamente lo que representan: el trumpismo. Muchos de ellos han adoptado su estrategia de inducir las quejas de los blancos con enunciados racistas, y las legislaturas controladas por republicanos en todo el país están promoviendo restricciones que limiten el acceso al voto de tal forma que los electores de color se vean afectados de una manera desproporcionada.También existen consideraciones electorales donde hay mucho en juego. Con su estilo tan polarizador, Trump incitó tanto a sus bases como a sus detractores y presionó a ambos partidos a registrar la participación de los votantes en las elecciones de 2020. El total que obtuvo de 74 millones de votos fue el segundo más alto de toda la historia, solo detrás del total de 81 millones de votos para Biden, y Trump ha demostrado su capacidad para poner a sus partidarios políticos en contra de cualquier republicano que lo contradiga.Eso ha hecho que los republicanos sientan que deben mostrar una lealtad inquebrantable al expresidente con el fin de conservar los electores que ganó.“Solo les diría esto a mis colegas republicanos: ¿podemos seguir adelante sin el presidente Trump? La respuesta es no”, comentó esta semana en una entrevista de Fox News el senador por Carolina del Sur, Lindsey Graham. “Estoy convencido de que no podemos crecer sin él”.En algunas formas, el expresidente está más debilitado que nunca. Tras haber sido derrotado en las urnas, pasa su tiempo jugando golf y recibiendo visitas en su desarrollo turístico de Florida. Le hace falta la tribuna de la presidencia, lo han bloqueado de Twitter y no logró recuperar el acceso a su cuenta de Facebook la semana pasada. Dejó el cargo con un índice de aprobación de menos del 40 por ciento, el menor porcentaje al final de un primer periodo de cualquier presidente desde Jimmy Carter.Sin embargo, su dominio se ve reflejado desde el Congreso hasta las legislaturas estatales. Los legisladores locales y federales que han presionado para que su partido acepte los resultados de las elecciones, y por tanto la derrota de Trump, han enfrentado una condena constante y disputas de sus escaños por parte de miembros de su propio partido en las elecciones primarias. Parece que esas amenazas están teniendo impacto: el pequeño número de funcionarios republicanos que han criticado a Trump en el pasado, incluyendo diez que votaron a favor de su enjuiciamiento político en febrero, guardaron silencio, se rehusaron a dar entrevistas y le brindaron poco respaldo público a Cheney.La representante Elise Stefanik, quien probablemente la sustituya, se promovió públicamente para ese puesto y, en entrevistas con partidarios de extrema derecha del expresidente, mostró la buena fe que le tiene a Trump al darle credibilidad a sus infundadas aseveraciones de fraude electoral.El Partido Republicano llevó a cabo una revisión quijotesca de los resultados de las elecciones de noviembre, en Arizona.Foto de consorcio de Matt YorkEl enfoque en las elecciones ha desplazado casi cualquier discusión sobre política u ortodoxia partidaria. Heritage Action, una organización que califica a los legisladores según sus registros de votación conservadores, le otorgó a Cheney una calificación del 82 por ciento. Stefanik, quien tiene un historial de votación más moderado pero es una defensora mucho más vocal del expresidente, obtuvo un 52 por ciento.Stefanik y muchos otros líderes republicanos están apostando a que el camino para mantener los logros electorales de la era Trump radica en avivar su base con las políticas populistas que son fundamentales para la marca del presidente, incluso si repelen a los votantes indecisos.Después de varios meses en que los medios de comunicación conservadores han dicho mentiras sobre las elecciones, una buena parte de los republicanos han llegado a aceptarlas como verdaderas.Sarah Longwell, una estratega republicana que durante años ha estado conduciendo grupos de debate de los partidarios de Trump, mencionó que desde las elecciones había descubierto una mayor apertura a lo que ella llama “una curiosidad por QAnon”, que es la disposición a considerar teorías conspirativas sobre el robo de las elecciones y un Estado profundo. “Muchos de estos electores de las bases están viviendo en una negación de la verdad en la que no creen en nada y piensan que todo podría ser mentira”, comentó Longwell, quien impugnó a Trump.Algunos estrategas republicanos están preocupados por la posibilidad de que el partido esté perdiendo oportunidades para atacar a Biden, quien ha propuesto los planes de gastos e impuestos más radicales en generaciones.“Los republicanos deben volver a los temas que realmente les interesan a los votantes, rociar algunos comentarios sobre la guerra cultural aquí y allá, pero no dejarse llevar”, dijo Scott Reed, un estratega republicano veterano que ayudó a aplastar a los populistas de derecha en elecciones pasadas. “Pero algunos están haciendo una industria basada en dejarse llevar”.Aunque aferrarse a Trump podría ayudar a que el partido aumente la participación de sus bases, los republicanos como Comstock sostienen que esa estrategia dañará al partido con una población esencial que incluye a los electores jóvenes, los de color, a las mujeres y a los residentes de los suburbios. Ya están surgiendo luchas interpartidistas en las elecciones primarias emergentes debido a que los candidatos se acusan unos a otros de deslealtad al expresidente. Muchos líderes del partido temen que eso dé como resultado que salgan victoriosos los candidatos de extrema derecha y que al final pierdan las elecciones generales en los estados conservadores donde los republicanos deberían dominar, como Misuri y Ohio.“No queremos llegar a declarar a Trump ganador de una minoría menguante”, afirmó Comstock. “El futuro del partido no será un hombre de 70 años hablándole al espejo en Mar-a-Lago y todos estos aduladores haciendo maromas para obtener su aprobación”.Sin embargo, quienes se han opuesto a Trump —y pagado el precio— afirman que hay pocos incentivos políticos para ir contra la corriente. Criticar a Trump, e incluso defender a quienes lo hacen, puede hacer que los funcionarios electos se queden en una especie de tierra de nadie política, que sean considerados traidores a los electores republicanos, pero también demasiado conservadores en otros temas como para ser aceptados por los demócratas y los independientes.“Parece que se está volviendo cada vez más difícil que la gente salga a hacer campaña y defienda a alguien como Liz Cheney o Mitt Romney”, afirmó esta semana durante una presentación en un panel de la Universidad de Harvard el exsenador Jeff Flake, quien respaldó a Biden y obtuvo el repudio del Partido Republicano de Arizona. “Es posible que cerca del 70 por ciento de los republicanos realmente crean que les robaron las elecciones y eso es incapacitante. En verdad lo es”.Lisa Lerer es una periodista que vive en Washington, donde cubre campañas electorales, votaciones y poder político. Antes de unirse al Times, cubrió la política nacional estadounidense y la campaña presidencial de 2016 para The Associated Press. @llerer More

  • in

    Netanyahu Fails to Form New Israeli Government, Prolonging Deadlock

    The prime minister’s opponents may now get a chance to oust him from power. But it is too soon to write off Benjamin Netanyahu, a political survivor.JERUSALEM — Prime Minister Benjamin Netanyahu of Israel failed to form a new government by the midnight Tuesday deadline, putting his political future in jeopardy as he stands trial on corruption charges and prolonging a political deadlock that has only worsened after four elections in two years.Israel’s president, Reuven Rivlin, may now give a rival, eclectic camp of anti-Netanyahu parties a chance to form a government, which could oust Mr. Netanyahu from power after 12 consecutive years in office.Mr. Netanyahu’s right-wing Likud party is by far the largest on Israel’s fractured political scene, having won 30 seats in a general election in March. Despite that, he was not able to muster enough coalition partners to command a majority of at least 61 seats in the 120-member Parliament.His hopes for a right-wing and religious coalition ultimately fell short because his far-right allies refused to join a government supported by a small Islamist Arab party. The Arab party, Raam, was willing to back a Netanyahu administration in return for benefits for Israel’s Arab minority.Mr. Netanyahu also failed in a last-gasp effort to persuade a right-wing rival, Naftali Bennett, to join him in a power-sharing agreement that would have seen the pair take turns as prime minister.Mr. Bennett had dismissed the offer, saying that even with his support Mr. Netanyahu could not muster a majority.Three minutes before midnight, Likud issued a terse statement blaming Mr. Bennett for foiling Mr. Netanyahu’s chances by refusing to commit to a right-wing government, “which would certainly have led to the formation of a government joined by additional members of Parliament.”Mr. Rivlin may now ask one of Mr. Netanyahu’s rivals — representing a disparate group of parties ranging from the pro-settlement right to the secular left — to try to cobble together a governing coalition that would send the prime minister into the opposition. Or Mr. Rivlin could ask Parliament to put forward a candidate.He has three days to make that decision. His office said that he would restart the process on Wednesday morning by contacting each of the political parties represented in Parliament.Mr. Netanyahu would still remain in power as a caretaker prime minister until a new government is formed. If no one can form a government, Israel will be heading to a fifth election.But with his failure to build a majority coalition, Mr. Netanyahu may have lost his best chance of gaining some kind of legal immunity from criminal prosecution. Charged with bribery, fraud and breach of trust, he has denied wrongdoing and insists the cases against him will collapse in court.A protest against Mr. Netanyahu outside his residence in Jerusalem last month. Sebastian Scheiner/Associated PressSome of his political allies had pledged to make moves or advance legislation that could put his trial on hold until he leaves office. A new Netanyahu government could also have appointed a more sympathetic attorney general to replace the current one, whose term is up early next year.The failure to create a new government could also prolong a political stalemate that has left Israel without a state budget for two consecutive years in the middle of a pandemic, and has delayed appointments to several key administrative and judicial posts.The largest party challenging Likud, and the runner-up in the election, is Yesh Atid, a centrist group that won 17 seats. But its leader, Yair Lapid, a former finance minister, does not have an easy path to forming a government either.The bloc opposing Mr. Netanyahu is made up of numerous other small parties with clashing agendas. The smaller right-wing parties in the bloc view Mr. Lapid as too left-wing to lead the government.Instead, discussions in Mr. Lapid’s bloc have centered around the possibility of Mr. Lapid sharing power with another candidate, such as Mr. Bennett, the leader of Yamina, a right-wing party that won just seven seats. Under such an agreement, Mr. Bennett might lead the country for a year, before handing the prime ministry to Mr. Lapid.Mr. Lapid’s party has championed taxpaying middle-class Israelis and called for limits on the autonomy afforded to Israel’s ultra-Orthodox community — many of whom are exempted from military service, and study religious texts instead of entering the work force. That has made him an enemy of the ultra-Orthodox parties that have long kept Mr. Netanyahu in power.Mr. Lapid pledged during the election campaign to put his ego aside and concede the premiership if that was what it took to unseat Mr. Netanyahu, Israel’s longest-serving prime minister.Yair Lapid, center, the leader of the centrist Yesh Atid party, pledged during the election campaign to concede the premiership if that’s what it took to unseat Mr. Netanyahu.Amir Levy/Getty ImagesTo make up a majority, this bloc would also need to rely on the support of an Arab party, something they have been reluctant to do in the past. Even if they succeed in forming a government with the limited goal of steadying the country after a long period of political chaos, many analysts believe its heterogeneity would make it short lived.Mr. Bennett is also seeking a chance to try to form the next government. He has said that his preference is to build a right-wing coalition including Mr. Netanyahu’s Likud and the religious parties but, failing that, he would work to form a more diverse “unity” government including parties from the anti-Netanyahu bloc.If no government has been formed within the allotted time — 28 days for a lawmaker other than Mr. Netanyahu, or up to five weeks for a candidate nominated by Parliament — the assembly will automatically dissolve itself and Israelis will head back to the ballot box for the fifth time since the spring of 2019.Aside from the country’s usual tensions between secular and religious, right-wing and left-wing, and Jewish and Arab, Israelis have become increasingly divided about Mr. Netanyahu himself. Those on the ideological right are now split between pro- and anti-Netanyahu camps.Mr. Netanyahu had the solid support of only 52 lawmakers, from his own Likud, two loyal ultra-Orthodox parties and a far-right alliance. Three right-wing parties ultimately chose not to return him to government.In total, 13 parties entered Parliament, all but Likud and Yesh Atid with seats in the single digits.Any government that is formed is likely to be unstable and dependent on the demands and whims of small parties with disproportionate power.This latest failure to form a government is a severe blow to Mr. Netanyahu. He campaigned hard for the March election and had staked his fortunes on Israel’s successful vaccination drive, which had allowed the economy and cultural life to reopen just in time for the ballot.But commentators say it is still too early to write him off.He similarly failed to form a government after two elections in 2019. But when his rivals also failed to cement a coalition, he remained in place as a caretaker prime minister. An election in April 2020 produced an ill-fated unity government that collapsed after seven months of political and administrative paralysis.Some analysts say that Mr. Netanyahu, a political survivor, is happy to function as a caretaker prime minister, riding the wave of electoral turmoil from one transitional government to another, as long as he remains in office. And if the latest imbroglio ends in a fifth election, he is likely to run again. More

  • in

    Half a Year After Trump’s Defeat, Arizona Republicans Are Recounting the Vote

    An audit of the vote in Arizona’s most populous county was meant to mollify angry Trump voters. But it is being criticized as a partisan exercise more than a fact-finding one.PHOENIX — It seemed so simple back in December.Responding to angry voters who echoed former President Donald J. Trump’s false claims of a stolen election, Arizona Republicans promised a detailed review of the vote that showed Mr. Trump to have been the first Republican presidential nominee to lose the state since 1996. “We hold an audit,” State Senator Eddie Farnsworth said at a Judiciary Committee hearing. “And then we can put this to rest.”But when a parade of flatbed trucks last week hauled boxes of voting equipment and 78 pallets containing the 2.1 million ballots of Arizona’s largest county to a decrepit local coliseum, it kicked off a seat-of-the-pants audit process that seemed more likely to amplify Republican grievances than to put them to rest.Almost half a year after the election Mr. Trump lost, the promised audit has become a snipe hunt for skulduggery that has spanned a court battle, death threats and calls to arrest the elected leadership of Maricopa County, which includes Phoenix.The head of Cyber Ninjas, the Florida-based firm that Republican senators hired to oversee the audit, has embraced Mr. Trump’s baseless theories of election theft and has suggested, contrary to available evidence, that Mr. Trump actually won Arizona by 200,000 votes. The pro-Trump cable channel One America News Network has started a fund-raiser to finance the venture and has been named one of the nonpartisan observers that will keep the audit on the straight and narrow.In fact, three previous reviews showed no sign of significant fraud or any reason to doubt President Biden’s victory. But the senators now plan to recount — by hand — all 2.1 million ballots cast in Maricopa County, two-thirds of the entire vote statewide.Critics in both parties charge that an effort that began as a way to placate angry Trump voters has become a political embarrassment and another blow to the once-inviolable democratic norm that losers and winners alike honor the results of elections.“You know the dog that caught the car?” said Steve Gallardo, the lone Democrat on the Republican-dominated Maricopa Board of Supervisors. “The dog doesn’t know what to do with it.”After a brief pause on Friday ordered by a state court judge, the audit continues without clarity on who will do the counting, what it will cost and who will pay for the process, which is expected to last into mid-May. The One America network is livestreaming it, and Mr. Trump is cheering from the sidelines.In an email statement on Saturday, he praised the “brave American Patriots” behind the effort and demanded that Gov. Doug Ducey, a frequent target of his displeasure, dispatch the state police or National Guard for their protection.Katie Hobbs, Arizona’s secretary of state, a Democrat, was less enthused.“My concern grows deeper by the hour,” she said in an email on Friday. “It is clear that no one involved in this process knows what they are doing, and they are making it up as they go along.”The Senate president, Karen Fann, said in December that the audit had no hidden agenda and could not change the settled election results in Arizona, regardless of what it showed.“A lot of our constituents have a lot of questions about how the voting, the electoral system works, the security of it, the validity of it,” she said, and so the senators needed experts to examine voting processes and determine “what else could we do to verify the votes were correct and accurate.”Officials unloaded election equipment at the Veterans Memorial Coliseum at the state fairgrounds in Phoenix on Wednesday.Matt York/Associated PressOther state legislatures have looked into bogus claims of election fraud. But the Arizona audit, driven in part by conspiracy theories about rigged voting machines, is in a league of its own. Experts say it underscores the sharp rightward shift of the Legislature and the state Republican Party even as the state edges toward the political center.“I get why they’re doing it, because half of the G.O.P. believes there was widespread fraud,” said Mike Noble, a Phoenix pollster who got his start in Republican politics. “The only problem is, a majority of the electorate doesn’t believe there was widespread fraud.“The longer they push this,” he said, “the more they’re alienating people in the middle.”In Arizona, the state party is headed by Kelli Ward, a former state senator who has rejected Mr. Biden’s victory and supports the audit. Under her leadership, the party in January censured Mr. Ducey, former Senator Jeff Flake and Cindy McCain for being insufficiently loyal to Mr. Trump.The 16 Republicans in the State Senate reflect the party’s lurch to the right. November’s elections ousted the Senate’s two most moderate Republicans, replacing one with a Democrat and another with a Republican who claims lifetime membership in the Oath Keepers, the extremist group that helped lead the assault on the U.S. Capitol on Jan. 6.Another self-proclaimed Oath Keeper, State Representative Mark Finchem, proposed in January to give the Legislature the power to reject presidential election results and choose new electors by a majority vote. (The proposal went nowhere). Mr. Finchem since has become a vocal backer of the audit.“The people in the Legislature are more prone to believe in the conspiracy theories and are more prone to espouse them” than in the past, said Barrett Marson, a Phoenix campaign consultant and a former Republican spokesman for the Arizona State House.Kelli Ward, the staunchly conservative chair of the Arizona Republican Party, is a strong supporter of the Maricopa County audit. Ross D. Franklin/Associated PressMs. Fann, Mr. Farnsworth and Mr. Finchem did not respond to requests for interviews.The Senate’s rightward drift is simply explained, political analysts say. Most of the 30 Senate districts are so uncompetitive that the Democratic and Republican primaries effectively choose who will serve as senators. Because most voters sit out primary elections, the ones who do show up — for Republicans, that often means far-right Trump supporters — are the key to getting elected.Responding to stolen-election claims, through tougher voting laws or inquiries, is by far those voters’ top issue, said Chuck Coughlin, a Republican campaign strategist in Phoenix.“They’re representing their constituency,” he said. “The whole process was built to produce this.” The senators warmed to the notion of a Maricopa County audit from the first mention of it in early December.Before long, they sent subpoenas to the county seeking the 2.1 million ballots, access to 385 voting machines and other equipment like check-in poll books, voting machine passwords and personal details on everyone who voted. The supervisors resisted, calling the election fraud-free, and said they wanted a court ruling on the subpoenas’ legality.The reaction was immediate: The four Republicans and one Democrat on the Board of Supervisors were deluged with thousands of telephone calls and emails from Trump supporters, many from out of state, some promising violence.“All five supervisors were receiving death threats,” said Mr. Gallardo, the Democratic supervisor. Two police officers were posted outside his home.Though three previous checks showed no sign of cheating, Arizona senators now plan to recount — by hand — all 2.1 million ballots cast in Maricopa County, two-thirds of the entire vote statewide. Pool photo by Ross D. FranklinHoping to head off a dispute, the supervisors hired two federally approved firms to conduct a forensic audit of the county’s voting machines. The audit concluded that the equipment had performed flawlessly.Ms. Fann, who in the past had been seen as a moderate conservative, said the Senate wanted a stricter review. Senators said they had hired “an independent, qualified forensic auditing firm” for the task.Then it developed that their selection, Allied Security Operations Group, had asserted that Arizona voting machines had been hacked in an “insidious and egregious ploy” to elect Mr. Biden.The senators backtracked, but Jack Sellers, the chairman of the Maricopa County supervisors, charged in a Facebook post that they had chosen “a debunked conspiracy theorist” for the audit.Tempers flared, and all 16 Republican senators proposed to hold the supervisors in contempt, potentially sending them to jail.But that fell apart after Senator Paul Boyer, a Phoenix Republican, backed out after deciding he could not jail the supervisors for disobeying a subpoena they considered illegal.As he stood on the Senate floor explaining his stance, his cellphone began buzzing with furious texts and emails. Some were threatening; some mentioned his wife’s workplace and their toddler son.“It was like, ‘You’d better watch your back — we’re coming for you,’” Mr. Boyer said. The family spent days in hiding before returning home with a 24-hour police guard.Just two weeks later, on Feb. 27, a county court ruled the Senate subpoenas legal.Workers tabulating ballot results at the Maricopa County recorder’s office in Phoenix on Nov. 5.Adriana Zehbrauskas for The New York TimesThe Senate, seemingly caught unawares, initially refused to accept delivery of the subpoenaed material for lack of a secure place to store it. Officials rented a local coliseum, but the county sheriff’s office refused to provide security, calling the job outside its scope. The second firm hired to analyze the audit results, Cyber Ninjas, says it is an industry leader. But The Arizona Republic soon reported that the company’s chief executive, Doug Logan, had posted a litany of stolen-election conspiracy theories on a Twitter account that he had deleted in January.Among them was a retweeted post suggesting that Dominion Voting Systems, a favorite target of the right, had robbed Mr. Trump of 200,000 votes in Arizona. Dominion says Cyber Ninjas is “led by conspiracy theorists and QAnon supporters who have helped spread the “Big Lie” of a rigged election.Mr. Logan, at a news conference last week said the company was committed to a fair, transparent process. “It’s really, really important to us that we have integrity in the way we do this count and in the results that come out of it,” he told reporters. Ms. Fann has said that the firm and others it will oversee are “well qualified and well experienced.”But unease about the audit has continued to mushroom. Ms. Hobbs, the secretary of state, asked the state attorney general, Mark Brnovich, a Republican, to investigate the Senate’s handling of the procedure, citing a lack of transparency about security of ballots. She noted that some of the Legislature’s furthest-right firebrands have had free access to the coliseum even as it remained unclear whether reporters and impartial election experts would be allowed to observe the proceedings.He declined.Greg Burton, the executive editor of The Arizona Republic, said in a statement on Friday that “Senate leaders have throttled legitimate press access and handed Arizona’s votes to conspiracy theorists.”Amid the growing uproar, the Republican senators who have approved and stood behind the audit since its beginning have largely been silent about concerns over its integrity.Alain Delaquérière and Susan Beachy contributed research. More

  • in

    Liz Cheney vs. MAGA

    The regular conference meetings of the Republican lawmakers in the House of Representatives, held most weeks behind closed doors in the Capitol Visitor Center, tend to be predictable and thus irregularly attended affairs. The party leaders — the House minority leader Kevin McCarthy, the minority whip Steve Scalise and the conference chairwoman Liz Cheney, whose job it is to run these meetings — typically begin with a few housekeeping matters and then proceed with a discussion of the party’s message or issue du jour. The conference’s more voluble members line up at the microphone to opine for one to two minutes at a time; the rare newsworthy comment is often leaked and memorialized on Twitter seconds after it is uttered. An hour or so later, the members file out into the corridors of the Capitol and back to their offices, a few of them lingering to talk to reporters.The conference meeting on the afternoon of Feb. 3 was different in nearly every way. It lasted four hours and nearly all of the G.O.P.’s 210 House members attended. Its stated purpose was to decide whether to remove Cheney from her leadership position.Three weeks earlier, Cheney announced that she would vote to impeach President Donald Trump over his encouragement of his supporters’ storming the Capitol on Jan. 6 — one of only 10 House Republicans to do so and the only member of the party’s leadership. Because her colleagues had elected Cheney to the party’s third-highest position in the House, her words were generally seen as expressing the will of the conference, and those words had been extremely clear: “There has never been a greater betrayal by a president of the United States of his office and his oath to the Constitution,” she said.The combination of her stature and her unequivocal stand amounted to a clear message from Cheney to House Republicans: If they sided with Trump in challenging the election, they were siding against the Constitution, and against at least one of their elected leaders. The tenor of the Feb. 3 meeting was therefore tense, portentous and deeply personal from beginning to end, according to several attendees who later described it to me.When it was Cheney’s turn to speak, the 54-year-old Wyoming congresswoman began by describing her lifelong reverence for the House, where her father, Dick Cheney, was minority whip more than 30 years ago before serving as George H.W. Bush’s secretary of defense and George W. Bush’s vice president. But, Cheney went on, she was “deeply, deeply concerned about where our party is headed.” Its core principles — limited government, low taxes, a strong national defense — were being overshadowed by darker forces. “We cannot become the party of QAnon,” she said. “We cannot become the party of Holocaust denial. We cannot become the party of white supremacy. We all watched in horror what happened on Jan. 6.”Cheney, alone among House Republicans, had been mentioned by Trump in his speech that day. “The Liz Cheneys of the world, we got to get rid of them,” he told his supporters at the Ellipse shortly before they overran the Capitol. The president had been infuriated by Cheney’s public insistence that Trump’s court challenges to state election results were unpersuasive and that he needed to respect “the sanctity of our electoral process.” At the time of Trump’s speech, Cheney was in the House cloakroom awaiting the ritual state-by-state tabulation of electoral votes. Her father called her to inform her of Trump’s remark. Less than an hour later, a mob was banging against the doors of the House chamber.In the conference meeting, Cheney said that she stood by her vote to impeach Trump. Several members had asked her to apologize, but, she said, “I cannot do that.”The line to the microphone was extraordinarily long. At least half of the speakers indicated that they would vote to remove Cheney. Ralph Norman of South Carolina expressed disappointment in her vote. “But the other thing that bothers me, Liz,” he went on, “is your attitude. You’ve got a defiant attitude.” John Rutherford of Florida, a former sheriff, accused the chairwoman of not being a “team player.”Others argued that her announcement a day before the impeachment vote had given the Democrats a talking point to use against the rest of the Republican conference. (“Good for her for honoring her oath of office,” Speaker Nancy Pelosi pointedly remarked when told of Cheney’s intentions.) Likening the situation to a football game, Mike Kelly of Pennsylvania lamented, “You look up into the stands and see your girlfriend on the opposition’s side — that’s one hell of a tough thing to swallow.”“She’s not your girlfriend!” a female colleague yelled out. Kelly’s remark was immediately disseminated among Republican women in professional Washington, according to Barbara Comstock, who served as a Republican congresswoman from Virginia until 2019. “We emailed that around, just horrified, commenting in real time,” she told me.Throughout it all, Cheney sat implacably — “as emotional as algebra,” as one attendee later told me. She spoke only when asked a direct question. But when McCarthy concluded by suggesting that they put this matter behind them and adjourn, Cheney insisted that the conference vote on her status right then and there. The members cast their secret ballots, and Cheney prevailed, 145 to 61.The lopsided margin was almost identical to Cheney’s own whip count going into the conference. Individual colleagues had confided in her that most of the conference was only too happy to move on from Trump — but saying so in public was another matter. To do so meant risking defeat at the hands of a Trump-adoring Republican primary electorate or even, many of them feared, the well-being of their families. In sum, it risked getting the Liz Cheney treatment. That Cheney was willing to face Trump’s wrath called attention to the fact that most of them were not — a factor in the aggrievement directed at Cheney in the meeting. Lloyd Smucker of Pennsylvania said that Cheney had “a low E.Q.,” or emotional quotient. On his way out the door, one congressman remarked, “I just got to spend four hours listening to a bunch of men complain to a woman that she doesn’t take their emotions into account.”To the one-third of the conference who wanted her removed from the leadership position, Cheney offered no gesture of appeasement. Standing outside the Visitor Center conference room, Cheney described the vote to reporters as “a very resounding acknowledgment that we can move forward together.” But this was true in only the most limited sense. A clear fracture in the G.O.P. — between those who continued to view Trump as the party leader and those, now led by Cheney, who wanted to move past him and his presidency — went unaddressed. As for Cheney, who had until recently been viewed as a potential rival of McCarthy for the title of House party leader, her standing, and with it her career, was far from a settled matter.“The conference voted to keep Liz in that position because we’ve got bigger fish to fry — fighting the Democrats, winning the next election — and this is a distraction from all that,” Jeff Duncan of South Carolina, who voted against Cheney in the meeting, later told me. But, he added, “I think there’s a huge disconnect with Liz and some others in the conference and the American people. She did have a conservative record. But then she became almost a Never Trumper. And I’ve been disappointed in her lack of humility. It’s struck a lot of people as not only odd, but just as — wow.”Illustrations by Clay RoderyLiz Cheney became a federal officeholder at the same time Donald Trump did, in January 2017. In the wishful thinking of Republican leaders, her election seemed to offer a model for how the forces that Trump represented might be safely, and profitably, assimilated into the Republican establishment. The two of them were elected on similar platforms: anti-Obamacare, anti-environmental regulation, anti-gun control, anti-apologizing for protecting American interests around the world. During her 2016 campaign, Cheney described Hillary Clinton as a “felon” on Rush Limbaugh’s radio show and, in response to the “Access Hollywood” tape in which Trump bragged about groping women, she said in a statement to a Wyoming radio station, “Hillary’s actions have been far worse.”For his part, Trump appeared to understand Cheney’s stature within the Republican hierarchy. Her party connections extended across generations. She could pick up the phone and call current and former foreign leaders from around the world, particularly in the Middle East. She seemed, on occasion, a human link between the legacy of the last Republican administration and Trump’s own, despite their mutual lack of chumminess. Five days into Trump’s presidency, the congresswoman expressed her enthusiastic approval when Trump floated the possibility of bringing back waterboarding as an interrogation technique. Cheney later praised Trump for having issued a pardon to her father’s former chief of staff, Scooter Libby. Cheney criticized Trump’s policies publicly on occasion but with discretion, and Trump rarely fired back.All that changed when Cheney stood alone among House Republican leaders in refusing to humor Trump’s attempts to overturn the 2020 election. Trump won 70 percent of the vote in Wyoming in 2020, his highest share in any state. In Carbon County, the local party chairman, Joey Correnti IV, immediately convened two town halls to take the local temperature. “A few folks kind of let loose for a bit” over Cheney’s impeachment vote, he told me. “Talking about tar-and-feathering, riding her out on a rail. That kind of stuff.”Correnti drafted a resolution of censure — one of several against pro-impeachment lawmakers by Republican state committees in various states — that would soon be adopted by the entire state party. In it, the Wyoming G.O.P. called for her immediate resignation and asserted that Cheney had “violated the trust of her voters.” Several politicians announced their intentions to challenge her in the 2022 Republican primary. On Jan. 29, one of Cheney’s G.O.P. House colleagues, Matt Gaetz, the Florida congressman and performative Trump ally, appeared on the State Capitol steps in Cheyenne, where he pronounced Cheney “a fake cowgirl” before posing for fan photos. (Gaetz had been invited by a 27-year-old freshman Wyoming state representative and food-truck entrepreneur, Ocean Andrew, a protégé of Rand Paul, the Republican senator from Kentucky, whose distaste for the Cheneys dates back to the Iraq war.)On one level, this was a now-familiar story of Trump’s presidency and its aftermath: A Republican lawmaker, finally pushed over the line by one or another of Trump’s actions, publicly breaks with him, only to see years’ worth of alliances, friendships and ideological credibility evaporate overnight. But Cheney was not a backbencher, and she was not only standing on principle.According to sources who are familiar with Cheney’s views, she believes the G.O.P. has been manifestly weakened by Trump. The party now controls neither the executive nor the legislative branch. Twice in a row, Trump lost the popular vote by significant margins, exacerbating a worrisome trend for Republicans that has extended across five of the last six presidential elections. Given all this, Trump’s conduct in egging on the rioters presented his party with a political opportunity. By impeaching him, they could wash their hands of Trump and then resume the challenge of winning back majorities of the voting public.Cheney declined to speak to me on the record for this article, as did many other congressional Republicans. To defend Cheney is to invite the wrath of Trump and his base, while for those members who remain Trump loyalists, interaction of any sort with “fake news media” is increasingly to be avoided. But I was able to listen in on Cheney’s remarks at a virtual fund-raiser for her on Feb. 8, hosted by more than 50 veteran lobbyists who had each contributed to her political action committee. At the event, Cheney lamented the party’s drift away from reality, the extent to which it had become wedded to conspiracy theories. The party’s core voters, she said, “were misled into believing the election was stolen and were betrayed.” Alongside a legitimate concern over a Biden administration’s priorities was “the idea that the election somehow wasn’t over, and that somehow Jan. 6 would change things. People really believed it.”When one lobbyist raised the specter of Trump re-emerging as the G.O.P.’s dominant force, Cheney responded that the party would have to resist this. Citing the Capitol riot, she said, “In my view, we can’t go down the path of embracing the person who did this or excuse what happened.” She added: “We really can’t become the party of a cult of personality. It’s a really scary phenomenon we haven’t seen in this country before. Our oath and our loyalty is to the Constitution, not to an individual — particularly after what happened on Jan. 6.” This month, she told Fox News that she would not endorse Trump if he ran again in 2024.The House G.O.P.’s other two leaders, McCarthy and Scalise, do not subscribe to this view. Before Jan. 6, each man had strongly implied that the November election was rife with serious irregularities while dancing around Trump’s brazen claim that it had been stolen outright. Both of them, like many others in their conference, criticized Trump’s behavior on Jan. 6 while stopping short of describing it as impeachable.And both McCarthy and Scalise, according to associates familiar with their thinking, are of the view that the task of winning back the House next year is likelier to occur if the party’s relationship with Trump is harmonious. The same day Gaetz strutted into Cheyenne, McCarthy went to see Trump at Mar-a-Lago. The widely circulated photo of the two men standing and smiling together at the resort suggested that a path had been chosen for the party, and it was not Cheney’s.Still, many establishment Republicans have rallied around Cheney. Mitch McConnell, the Senate Republican leader, publicly congratulated her on surviving the conference vote. “Liz’s primary is absolutely the most symbolic race in the country right now,” said Julie Conway, the executive director of the Republican women’s political action committee VIEW PAC. “She’s the proverbial canary in the coal mine. I mean, is the party ready to get back to principled leaders with substance and a moral compass? Or have we become a party that sees Congress as a source of entertainment and intellectual cotton candy?”Conway’s group hosted a virtual fund-raiser for Cheney just two hours before the Feb. 3 conference meeting. Its nearly 40 co-hosts included former Republican members of Congress — Comstock, Phil English and Ileana Ros-Lehtinen — as well as alumni from the George W. Bush administration and prominent Washington lobbyists. Some of them cried as they talked about what the party had become under Trump. “It was like the biggest therapy session I’d ever been a part of,” said one of the hosts I spoke with later. Another host, the former Bush solicitor general Ted Olson, told me, “I’m very concerned about the direction the party’s being taken by — I hate to use the word ‘leadership,’ because outside of the courage Liz has shown, I’m not sure how you’d even define that term.”On Feb. 28, Trump gave the first speech of his post-presidency, at the annual CPAC convention in Orlando. After rattling off all the names of the seven Republican senators who had recently voted to convict him, along with the nine rank-and-file G.O.P. House members who had voted to impeach, the ex-president bore down on his primary target. “And of course, the warmonger, a person that loves seeing our troops fighting, Liz Cheney,” Trump declared to lavish boos. “How about that? The good news is in her state, she’s been censured, and in her state, her poll numbers have dropped faster than any human being I’ve ever seen. So hopefully they’ll get rid of her with the next election.”Though Cheney grew up in proximity to power, it wasn’t preordained that she would seek it herself. Raised in Wyoming and the Washington suburb of McLean, Va., she was a high school cheerleader and a babysitter of neighborhood kids. After graduating from Colorado College — the alma mater of her mother, Lynne Cheney — in 1988 she worked for USAID in Poland, Hungary and China before going to work on privatization efforts in the former Soviet Union at the State Department under Richard Armitage, who had served with her father at the Pentagon during the George H.W. Bush administration.Eight years later, when George W. Bush picked the elder Cheney as his running mate, Liz was put in charge of his debate preparation. “Liz didn’t hesitate to bust her dad’s chops,” said the Republican consultant and author Stuart Stevens, who assisted in the debate prep sessions at Dick Cheney’s home outside the resort town Jackson Hole. “We did these formal run-throughs where the Cheney women would grill him on his past record. ‘You voted against Martin Luther King Day — I mean, really, Dad? Really?’ It was clear that he was in this matriarchy.”Under the new administration, Liz Cheney went back to work at the State Department for Armitage, who had been named Colin Powell’s deputy secretary of state. Cheney reported directly to the assistant secretary for Near Eastern affairs, Bill Burns, who is now Biden’s C.I.A. director. Though Powell’s department and her father’s Office of the Vice President bitterly clashed over the decision to invade Iraq and other foreign-policy matters, Armitage recalled Liz Cheney as being “mission-oriented” and did not question her loyalty.‘A few folks kind of let loose for a bit, talking about tar-and-feathering, riding her out on a rail.’The criticisms over the Iraq war in general, and her father’s role in particular, seemed to colleagues to intensify Liz Cheney’s hawkishness. She co-wrote the former vice president’s distinctly unapologetic 2011 memoir, “In My Time,” and during Barack Obama’s presidency she appeared frequently on cable news and the Sunday shows to defend Bush’s belated troop surge as a success while excoriating Obama’s subsequent drawdown from Iraq. As a pundit, she developed an on-air persona that suggested a more energetic and cutting version of her father’s plain-faced certitude.By 2012, she and her husband, Phil Perry, were co-hosting House G.O.P. fund-raisers with her father in Jackson Hole — a clear-enough indicator of her own political aspirations. Her first campaign, an attempt to unseat the longtime Wyoming Republican senator Mike Enzi in 2014, was a bust, viewed even among her allies as a case of overshooting. Two years later, Cheney announced that she would run for the state’s lone House seat, soon to be vacated by the Republican Cynthia Lummis.Undaunted by accusations of carpetbagging, she leaned heavily on her family’s roots and Rolodex. She assured the state’s fossil-fuel industry that there was one war she did in fact stand against: Obama’s so-called war on coal. She vowed to repeal the Affordable Care Act and enact tort reform in its place. She labeled the Obama administration’s Common Core educational initiative a case of “big government interference” and promised to shred it. Most notably, she opposed same-sex marriage, despite the fact that her sister, Mary, was married to a woman.Cheney’s stridency on same-sex marriage, while infuriating her sister, also marked a rare difference in views from their father, whose support for the rights of gay couples stretched back over a decade. “To be for civil unions as a Republican in 2000,” as Cheney was, “was arguably disqualifying,” Stevens told me. “And Cheney made a big point of disclosing it to Bush. ‘This is what I believe, and I’m not going to change.’ And he didn’t care if that meant he wasn’t on the ticket.”Stevens added, “I think you can draw a direct line from what Dick Cheney said then to what Liz Cheney’s doing now.”Illustrations by Clay RoderyThe first sign of unresolvable differences between Cheney and Trump occurred over foreign policy. At a meeting in the Oval Office in December 2018, Cheney and other Republican members of Congress tried to dissuade President Trump from his plan to withdraw American troops from Afghanistan and Syria. A recurring theme in the “America First” platform on which Trump campaigned, and one of the few consistent themes in his foreign-policy views over the years, was that America had been mired in “endless wars” without adequate assistance from allies. These allies, he charged, also failed to pay their full NATO dues and in other ways played his presidential predecessors for suckers.Cheney believed with similar conviction that an American military presence in places like Afghanistan was necessary to combat terrorism. And from the beginning of Trump’s presidency, she had similarly objected to Trump’s apparent favoritism of Vladimir Putin over America’s NATO allies. Putting her objections in terms that she believed Trump would understand, she said to him in the White House: “I thought it was wrong for Barack Obama to withdraw troops for political reasons. And I think it would be wrong for you to do the same thing here.”Cheney was a member of the House Armed Services Committee who was seen by her colleagues as possessing an advanced political acumen, so much so that she was elected as the House G.O.P.’s conference chair at the end of 2018 despite having served only a single term. Such positions would, during previous presidencies, have given her standing to weigh in on matters like troop deployments. And to the extent that Republicans on the Hill did voice opposition to Trump, foreign policy was usually the safest ground on which to do so, because the president’s supporters tended not to get riled up over NATO contributions.Still, Cheney’s willingness to speak in such stern terms to Trump’s face contrasted sharply with the deference most of her colleagues showed to him. “In past Republican administrations, it was OK to speak up and disagree on things,” the former congresswoman Barbara Comstock told me. “That was Liz’s experience. These new ideologues, that’s not what they did. If you spoke up at the White House, they’d look at you like you were crazy. Trump would show up at conferences and point to different members and tell them how great they were on TV, and then they’d hang out at the White House.”Cheney remained enough of a Trump ally to lead the House G.O.P.’s messaging fight against Pelosi’s Democrats over the first impeachment of Trump for pressuring the new president of Ukraine to investigate Trump’s likely opponent in the presidential election, Joe Biden. She chided the Democrats for rushing the vote. “It’s a system and a process like we’ve never seen before, and it’s really disgraceful,” Cheney said during one TV appearance. Voting to impeach Trump under such circumstances “may permanently damage our republic,” she warned on the House floor.Even at the time, however, a distancing was palpable. Cheney conspicuously refrained from commenting on, much less explaining away or endorsing, Trump’s strong-arming efforts. She publicly criticized as “shameful” Republicans’ questioning the patriotism of Alexander Vindman, the Army officer and National Security Council staff member who testified in the inquiry.Still, it took the coronavirus pandemic to make permanent the gulf between Trump and Cheney. According to sources familiar with her thinking, it was not the president’s wholesale failure of empathy that she found wanting, but instead his rejection of science. The president’s cavalier prediction in February, that the virus was an ethereal blip that would pass “like a miracle,” disturbed her. Cheney’s father had suffered multiple heart attacks and was therefore at high risk if he contracted the virus. For this reason, she was a no-show at the House G.O.P.’s leadership meeting at St. Michaels, Md., in early March 2020.On May 12 of last year, Anthony Fauci, the director of the National Institute of Allergy and Infectious Diseases, incurred the wrath of Trump supporters by stating that the coronavirus would not simply “disappear” in the next few months as Trump had promised. Cheney publicly defended Fauci, tweeting that he was “one of the finest public servants we have ever had.” That was among the transgressions cited in a July virtual conference by members of the right-wing House Freedom Caucus, including Jim Jordan and Andy Biggs, as evidence that Cheney was out of step with the party. Their insistence on defending Trump’s obvious dereliction struck Cheney as further evidence that the Republican Party was in danger of losing its moorings.During a news conference on Sept. 23, Trump was asked if he would commit to a peaceful transition should Biden win the election. “Well, we’re going to have to see what happens,” he replied, adding that “I’ve been complaining very strongly about the ballots, and the ballots are a disaster.” In response, Cheney tweeted the next day: “The peaceful transfer of power is enshrined in our Constitution and fundamental to the survival of our Republic. America’s leaders swear an oath to the Constitution. We will uphold that oath.”By “we,” the chairwoman seemed to be speaking for her entire conference — or more accurately speaking to them, stating in tersely Cheney-esque fashion that failing to follow her lead would place the republic in danger. Indeed, by this juncture only the most Pollyanna-ish of Republicans could fail to see that Trump would never concede defeat. His most zealous supporters joined him in forecasting a “rigged election”; others simply tried to dodge the implications for as long as possible.McCarthy, the minority leader, fell in the latter category. The day that Cheney tweeted her commitment to a peaceful transfer of power, McCarthy asserted during a briefing that the Democrats were likeliest to contest the outcome, adding, “There will be a smooth transition, and I believe President Trump will have a very good inaugural.”In December, well after the election results had clearly established Biden as the winner, numerous Republican elected officials refused to accept the outcome and began showing up at “Stop the Steal” rallies in swing states that went for Biden. Cheney produced a 21-page memo rebutting the “Stop the Steal” claims state by state and disseminated it on Jan. 3, hoping that it would sway fellow House Republicans to put the election and Trump behind them.It did not. On the evening of Jan. 6, hours after members of Congress had been ushered back into the House chamber under heavy security following the storming of the Capitol, Cheney voted to certify the election results. But the balance within the party had tilted far the other way. Newly elected members like Madison Cawthorn of North Carolina (who spoke at the Trump rally that morning) and Lauren Boebert of Colorado (who tweeted that morning, “Today is 1776”) had joined Freedom Caucus members like Jordan and Paul Gosar of Arizona in loudly contesting the results. Nearly two-thirds of the House Republicans voted to overturn them in at least one state.The censure passed by the central committee of the Wyoming Republican Party after Cheney’s impeachment vote, three weeks later, included a request that the congresswoman meet with the committee and explain her apostasies. Cheney did not. “She’s basically taken the attitude that the Republican Party isn’t something she needs to interact with,” Karl Allred, one of the committee members, told me. “I really hate that attitude.”The State Capitol building in Cheyenne opened in 1888, two years before Wyoming became America’s 44th state. It is ornate if strikingly pint-size, its walls covered with framed photos of bearded white throwbacks from a Wild West yesteryear. When I arrived there on a snowy morning in late March, the legislative session was reaching a fever pitch.Wyoming politics tend conservative and libertarian, shot through with an independent streak owed in large part to the state’s longstanding disgruntlement with the federal government’s influence there, which is extensive even by the standards of Western states. Nearly half of Wyoming’s land is federally owned, as are two-thirds of the mineral reserves that underwrite the state’s largest industry, energy production.Wyoming’s coal production exceeds that of any other state. But domestic demand for the fuel has been cut by more than a third over the past decade, primarily because of the cheap natural gas yielded from fracking. The shipping ports and rail lines that might send the coal to markets elsewhere are in blue states like Washington, Oregon and California, where climate-conscious lawmakers have passed laws banning coal transportation. To protect its hobbled industry, Wyoming legislators have attempted not-​entirely-conservative measures like taxing solar facilities and further regulating wind farms.All of this made the state particularly susceptible to Trump and the right-wing politics that have outlasted his presidency. The Republican Party has dominated Wyoming politics so thoroughly for so long that liberal policy victories are basically unheard of, so it was peculiar to find a legislative agenda crowded with measures tilting against a cultural and political moment that did not seem likely to arrive in Cheyenne anytime soon. One education bill, advanced by the Republican representative Jeremy Haroldson, would, as he described it, promote the view that “slavery was not maybe what it has been painted in the nation, completely.” A bill co-sponsored by a state senator and septic-pumping serviceman named Anthony Bouchard would allow the state’s conceal-carry gun permit to include out-of-state residents, though there had been no particular public outcry for such an extension.Bouchard was the first politician to announce his intention to challenge Cheney in the 2022 Republican primary. Another primary opponent, the state representative and conservative radio talk-show host Chuck Gray, happened to be speaking on the floor when I arrived in the chamber. Gray had introduced a statewide voter-ID bill, which passed the House and would later be signed into law despite the lack of evidence of its necessity (even the conservative Heritage Foundation has found only three isolated instances of individuals voting fraudulently in the state over the past two decades) or even strategic value (Republican candidates in the state rarely face serious challenges from Democrats).But the most noteworthy bill to be debated on the floor that day was a measure that would require a runoff in Wyoming primary elections if the top vote-getter failed to receive 50 percent. The bill, introduced by Senator Bo Biteman, was transparently clear in its purpose: to make it harder for Liz Cheney to prevail in 2022 over a crowded field splitting the anti-Cheney vote.Donald Trump Jr. and President Trump’s former campaign manager Corey Lewandowski had both commented positively on the bill, and Trump Jr. had been rumored among Wyoming Republicans as a possible Cheney challenger himself. Other exotic possibilities included the Blackwater founder Erik Prince, who owns a home in Wyoming, and the Rockefeller heiress and Florida socialite Catharine O’Neill, a columnist for the far-right online publication Newsmax and the daughter of a Trump donor, who filed paperwork in January suggesting her intentions to run in the state.As for Gray and Bouchard, “They’re probably dead in the water if the bill goes down,” Landon Brown, a Republican state representative from Cheyenne, told me in an office adjacent to the House floor. Hours later, the legislation did indeed fail to pass. Nevertheless, Brown said, Cheney is hardly a lock to win next year. “People like my parents, who loved all the Cheneys but are die-hard Trump supporters, will never vote for her again,” he said. “They can’t stand her.”“I love Donald Trump,” said Joey Correnti, the author of the original Cheney censure resolution, who told me that he went to considerable effort to have both his post-office box and the last four digits of his cellphone consist of the number 1776. “When he stood on that stage of 17 Republican candidates, I knew then that he’d be the only one who could drag America kicking and screaming through all the growing pains it needed to get to where we are now.”Still, Correnti acknowledged, Trump loyalty alone would not defeat Cheney. “Whoever does become the prime challenger to Cheney is going to have a hard, expensive road ahead,” he said. “So hopefully the people of Wyoming and Trump can come to an agreement.” Trump announced in a recent statement that he would soon be making an endorsement in the primary and warned against the risk of a crowded field, noting that “so many people are looking to run against Crazy Liz Cheney — but we only want one.” Already, Bouchard was angling to be Trump’s anointed candidate, posting MAGA sentiments on his Twitter page while describing Cheney in campaign emails as “DC Swamp Royalty.”The national party has affected a posture of studied neutrality on the prospect of a Republican leader being primaried by a Trump-endorsed opponent. The National Republican Congressional Committee “does not get involved in primaries,” Michael McAdams, the organization’s communications director, told me. But others in the party are rallying to Cheney’s defense. Adam Kinzinger, the Illinois Republican congressman and frequent Trump critic who also voted for impeachment, recently started a political action committee of his own, Country First, that aims to support anti-Trump Republicans like Cheney. “She just has to get through this moment,” Kinzinger said. “Look, this whole cancel culture of the right, it’s about people who feel threatened because they look bad when someone like Liz is strong and actually stands for what she believes. I think she’ll survive.”Still, simply surviving as Wyoming’s lone congresswoman was not what anyone would have anticipated even a couple of years ago for Dick Cheney’s daughter. While reporting this article, it was jarring to recall all the expectations from the G.O.P. establishment and the Beltway press that attended her in her first days in the Capitol: the party’s first female House speaker or even its first female vice president or president. Almost no one I spoke with voiced such hopes for her today.One of her friends who served with her in the Bush administration, who asked not to be named while speaking candidly of his party’s internal dynamics, told me that he urged her to run last year for the seat that Mike Enzi was retiring from in the Senate, where Trump loyalty was less maniacally enforced. “I said to her, ‘You’ve got to run for the Senate — the House is becoming a terrible place,’” the friend recalled. “And that was well before all the impeachment stuff.” After Cheney’s vote, “there’s this cohort of House Republicans that can’t not attack her.”“Maybe that will subside and the Trump effect will wear off,” the friend went on. “But the history of politics doesn’t consist of two-year periods. These movements last 10 or 15 years. And that’s your whole career.”On a sunny Thursday morning in March, Cheney convened a news conference on the section of the eastern lawn of the Capitol complex known as the Triangle. She and about 30 other House Republicans, including McCarthy and Scalise, were there to discuss what a cardboard prop called “Biden’s Border Crisis.”Given the popularity of Biden’s $1.9 trillion Covid stimulus bill and the continued progress of the vaccine rollouts, the Republicans were eager to change the subject. They were also eager to project a unity of purpose, to voice agreement on something — to be a whole and somewhat normal party again. Peter Meijer of Michigan and John Katko of New York, two of the other Republican members who had voted to impeach Trump, were in attendance.The event consisted of a succession of minute-long condemnations of the new president and his failure to stem the flow of the hundred thousand migrants who had shown up at the U.S.’s Southern border in the month of February alone. Cheney’s turn at the microphone came after McCarthy and Scalise. Even though she said little, her brisk and determinedly unflamboyant delivery harked back to her performances a decade ago, during Obama’s presidency, as an imperturbable Sunday-show critic of a Democratic administration. Even more notable was the fact that everyone at the Triangle sounded like one another, reciting the same talking points, suggesting that she and her colleague-antagonists were at last on the same page.Or so it appeared until about 24 hours later, when Representative Marjorie Taylor Greene decided that it was time to weigh in. The Georgia freshman and Trump acolyte now had considerable time on her hands after a House majority — including 11 Republicans, though not Cheney — voted to strip her of her committee assignments on account of her conspiratorial and violence-espousing social media presence before taking office. Now she was introducing her Protect America First Act, which would enforce a four-year moratorium on all immigration and complete Trump’s unfinished border wall, which would be named in his honor.The bill was destined to go nowhere, but in its transparent effort to flatter Trump and further the policies most symbolically associated with him, it was a reminder of how closely he hovered over the party, regardless of Cheney’s attempts to sideline him. Greene’s defiance of Cheney’s attempt at party unity also served as a reminder of the numerous Republican lawmakers who had not been there with Cheney at the Triangle. The absent included not just reliable detractors like Gaetz — who, it would soon be reported, had come under federal investigation for sex-trafficking allegations, which he has denied — and Greene but also colleagues like Dan Crenshaw of Texas and Nancy Mace of South Carolina, who had both publicly defended Cheney not long before. Cheney was now a polarizing brand of her own. To stand beside her was tantamount to standing with her, which in turn meant standing against the dominant force in Republican politics.A conservative lobbyist told me of calls she received from others in her profession who supported Cheney but feared the consequences of attaching their name to a fund-raising event for her. A number of her prominent past supporters in Wyoming did not seem eager to invite renewed local wrath by discussing Cheney with me.In Cheyenne, I went to see Matt Micheli, a 45-year-old lawyer who served as Wyoming’s Republican Party chairman in 2016. “I think she views what’s happening now as a fight for the heart and soul of the Republican Party,” he told me of Cheney. “It really is a battle between the traditional Reagan-style conservative and the performative politics of the Matt Gaetz wing of the party. And if she succeeds, she’s positioned to be the leader of that post-Trump party.”The hesitant tone in Micheli’s voice suggested that a “but” was coming. “We’ve redefined what it means to be conservative,” he continued ruefully. “I could go through issue by issue, and I guarantee you I’d be more conservative than you on every single one of them. But that doesn’t matter anymore, right? It’s all about being angry and obnoxious and demonstrating how loyal you are to Donald Trump.”Micheli chose not to run for re-election for the party chairmanship in 2017, in part because he did not wish to pretend to be a Trump cheerleader. “What would happen if you ran for state party chair today?” I asked.He answered immediately. “If I wouldn’t endorse the conspiracy theories that have overtaken so much of my party, which I won’t,” he said, “I’d get crushed.”Robert Draper is a writer at large for the magazine. He is the author of several books, most recently, “To Start a War: How the Bush Administration Took America Into Iraq,” which was excerpted in the magazine. Clay Rodery is a freelance illustrator and figurative artist in Brooklyn. He currently teaches illustration at Montclair State University in New Jersey. More

  • in

    Why Trump Is Still Their Guy

    You don’t hear his name as much. But as far as the G.O.P. is concerned, the former president rules.His exile in Mar-a-Lago notwithstanding, Donald Trump’s authority over the Republican Party remains vast. You can see it in Republican reluctance to back a bipartisan inquiry into the Jan. 6 Capitol riot, in the widespread denunciation of party members who refused to overturn election results and who voted for Trump’s second impeachment, and in poll data showing continuing repudiation among loyal Republicans of the 2020 election results.Trump’s centrality guarantees that large numbers of resentful, truth-denying, conspiracy-minded, anti-democratic, overwhelmingly white voters will continue to find aid and comfort in the Republican Party.Ed Rogers, a top political aide in the Reagan White House who describes himself as “a committed Republican,” responded by email to my query about the degree of Trump’s command: “Trump is the most powerful person in the Republican Party — his endorsement can make the difference in a lot of primaries and sometimes in a general election.”Trump, Rogers continued, “would win the Republican nomination for president if the race were today. He looks unstoppable in the G.O.P. I don’t know who could challenge him.” Anyone opposing Trump for the nomination “would be mocked, mimicked and generally harassed for months. Who needs that?”Rogers captured his party’s current predicament: “For the G.O.P., Trump is like a fire, too close and you get burned, too far away and you are out in the cold.”Nikki Haley, a former South Carolina governor and Trump appointee as ambassador to the United Nations recently proved Rogers’s point.After the Jan. 6 assault on the U.S. Capitol, Haley was sharply critical of Trump, telling Tim Alberta of Politico:We need to acknowledge he let us down. He went down a path he shouldn’t have, and we shouldn’t have followed him, and we shouldn’t have listened to him. And we can’t let that ever happen again.Haley went on:Never did I think he would spiral out like this. … I don’t feel like I know who he is anymore. … The person that I worked with is not the person that I have watched since the election.But Haley, ambitious herself to be president, quickly backtracked. And just last week, at a news conference on April 12 in Orangeburg, S.C., she was asked if she would support Trump if he ran in 2024. “Yes,” she said, before pointedly adding, “I would not run if President Trump ran.”A key pillar of Trump’s strength is his success in turning the Republican Party into the explicit defender of white hegemony.As my news side colleague Peter Baker wrote in September 2020:After a summer when hundreds of thousands of people took to the streets protesting racial injustice against Black Americans, President Trump has made it clear over the last few days that, in his view, the country’s real race problem is bias against white Americans.Not in generations, Baker continued, “has a sitting president so overtly declared himself the candidate of white America.”The result, as William Saletan of State wrote earlier in April this year, is that “three months after the Jan. 6 attack on the U.S. Capitol, the Republican Party still won’t fully renounce it.”In recent weeks, Saletan continued:Republican lawmakers have belittled the attack, defended the mob that precipitated it (Sen. Ron Johnson called them “people that love this country”), voted against a resolution condemning it, or accused liberals of overreacting to it. In February, at the Conservative Political Action Conference, speakers blamed a “rigged election” for provoking the rioters. But the sickness goes deeper. The Republican base is thoroughly infected with sympathies for the insurrection.The depth of party loyalty to Trump and to the men and women who have his back has even found expression in the flow of campaign contributions.As Luke Broadwater, Catie Edmondson and Rachel Shorey of The Times reported on April 17:Republicans who were the most vocal in urging their followers to come to Washington on Jan. 6 to try to reverse President Donald J. Trump’s loss, pushing to overturn the election and stoking the grievances that prompted the deadly Capitol riot, have profited handsomely in its aftermath.Marjorie Taylor Greene, the first term Georgia Representative, perhaps the most extreme of Trump’s allies, has raised $3.2 million, they wrote, “more than the individual campaign of Representative Kevin McCarthy, the minority leader, and nearly every other member of House leadership.”What are the sources of Trump’s continued ability to not only maintain the loyalty of millions of voters, but to keep them persuaded of the conspiratorial notion that the 2020 presidential election was rigged?There is an ongoing debate among scholars and political analysts regarding the bond between Trump and his loyalists, his preternatural ability to mobilize white resentment into grievance-based social-movement action. Where does it come from?Before we delve into competing interpretations, Johanna Ray Vollhardt, a professor of psychology at Clark University, makes a crucial point:The psychology of collective victimhood among groups that were objectively targeted and harmed by collective violence and historical oppression is quite different from the psychology of grievance or imagined victimhood among dominant group members, who are driven by a sense of status loss and entitlement as well as resentment of minority groups that are viewed as a threat.Because of this difference, Vollhardt wrote by email, she would not use the word ‘victims’ to described Trump supporters: “I would perhaps simply say ‘grievances’ or ‘imagined victimhood’ to refer to the kinds of ideas that have fueled Trump’s and other right-wing White Americans’ rhetoric and appeals.”This distinction is explicit in “Resentment and Redemption: On the Mobilization of Dominant Group Victimhood,” by Stephen Reicher and Yasemin Ulusahin, both at the University of St. Andrews in Scotland, in a chapter of “The Social Psychology of Collective Victimhood.”Reicher and Ulusahin contend that “dominant group victimhood” emerges when groups experience a feelingof actual or potential loss of dominance, a sense of resentment at this loss which is bound up with issues of entitlement — the undeserving are taking what we deserve — and hence provides a moral dimension to restitutive actions, and finally the prospect of redemption — of restoring the rightful order of things — through action.These feelings of “undeserved” displacement, the authors write, “are not unmediated perceptions of reality. Rather, they are narratives offered by leaders with the aim of mobilizing people around the leader as representative and savior of the group.”To conclude, the two authors write,Our argument is not simply about victimhood as it applies to “objectively” privileged groups. It is ultimately about the toxicity of a particular construction of victimhood: One which transforms eliminationist violence into the restitution of a rightful moral order. For it is when we believe ourselves to be acting for the moral good that the most appalling acts can be committed.Other scholars point to the political manipulation of the emotions of shame and humiliation.In their March 2021 article “Populism and the Affective Politics of Humiliation Narratives,” Alexandra Homolar and Georg Löfflmann, both member of the politics and international studies department at the University of Warwick in Britain, make the case that Trump is a master of “populist humiliation discourse.”In this political and rhetorical strategy,The country of the present is described as a fundamentally weakened nation, systematically disadvantaged through “bad deals” negotiated by the establishment and exploited by allies and enemies alike. Treasured pasts of national greatness are represented through romanticized images that reduce the present to a demeaning experience.Members of the target audience, Homolar and Löfflmann continue, “are constructed as an idealized community of shared origin and destiny, the ‘pure people,’ who have been betrayed and humiliated because what is represented as their way of life and righteous place in the world has been lost.”In September 2016, Hillary Clinton’s infamous characterization of Trump voters was an open invitation to Trump’s counterattack:You know, to just be grossly generalistic, you could put half of Trump’s supporters into what I call the basket of deplorables. Right? The racist, sexist, homophobic, xenophobic, Islamaphobic — you name it. And unfortunately there are people like that. And he has lifted them up.In a Sept. 12, 2016 speech in Baltimore, Trump shot back:Hillary Clinton made these comments at one of her high-dollar fund-raisers in Wall Street. She and her wealthy donors all had a good laugh. They were laughing at the very people who pave the roads she drives on, paint the buildings she speaks in, and keep the lights on in her auditorium.In a direct play on the humiliation theme, Trump declared:She spoke with contempt for the people who thanklessly follow the rules, pay their taxes, and scratch out a living for their families. She revealed herself to be a person who looks down on the proud citizens of our country as subjects for her to rule over.In a separate article, “The power of Trump-speak: populist crisis narratives and ontological security,” Homolar and Ronny Scholz, a project manager at the University of Warwick’s center for applied linguistics, argued that Trump’s “leadership legitimation claims rest significantly upon ‘crisis talk’ that puts his audience in a loss frame with nothing to lose.” These stories serve a twofold purpose, instilling “insecurity among the American public” while simultaneously transforming “their anxiety into confidence that the narrator’s policy agendas are the route back to ‘normality.’ ”The authors studied Trump’s 2016 campaign speeches to identify the words he used most often, and then grouped them “together with the words with which they predominantly co-occur.” They demonstrate that the word clusters Trump habitually deployed “surrounding ‘American’ and ‘country’ centrally featured the interrelated themes of crime and violence, killing jobs, and poverty, as well as illegal immigration and drugs, Islamic terrorism, trade and infrastructure.”At the heart of what the authors call “Trump-speak” is apolitics of reassurance, which relies upon a threefold rhetorical strategy: it tells audiences what is wrong with the current state of affairs; it identifies the political agents that are responsible for putting individuals and the country in a state of loss and crisis; and it offers an abstract pathway through which people can restore past greatness by opting for a high-risk outsider candidate.Once an audience is under Trump’s spell, Homolar and Scholz write:Rational arguments or detailed policy proposals pale in comparison with the emotive pull and self-affirmation of an us-versus-them crisis narrative, which creates a cognitive feedback loop between individuals’ ontological insecurity, their preferences for restorative policy, and strongmen candidate options. In short, “Trumpspeak” relies on creating the very ontological insecurity that it promises to eradicate for political gain.The authors describe “ontological security” as “having a sense of presence in the world, describing such a person as a ‘real, alive, whole, and, in a temporal sense, a continuous person,’ ” citing R.D. Laing, the author of “The Divided Self.” Being ontologically secure, they continue, “allows us to ‘encounter all the hazards of life, social, ethical, spiritual, biological’ with a firm sense of both our own and others’ reality and identity. However, ontological security only prevails in the absence of anxiety and danger.”Miles T. Armaly and Adam M. Enders, political scientists at the University of Mississippi and the University of Louisville, argue that Trump appeals to voters experiencing what they call “egocentric victimhood” as opposed to those who see themselves as “systemic” victims.In their January 2021 paper, “‘Why Me?’ The Role of Perceived Victimhood in American Politics,” Armaly and Enders argue that:A systemic victim looks externally to understand her individual victimhood. Egocentric victimhood, on the other hand, is less outwardly focused. Egocentric victims feel that they never get what they deserve in life, never get an extra break, and are always settling for less. Neither the ‘oppressor,’ nor the attribution of blame, are very specific. Both expressions of victimhood require some level of entitlement, but egocentric victims feel particularly strongly that they, personally, have a harder go at life than others.There were substantial differences between the way these two groups voted, according to Armaly and Enders:Those exhibiting higher levels of egocentric victimhood are more likely to have voted for, and continue to support, Donald Trump. However, those who exhibit systemic victimhood are less supportive and were less likely to vote for Trump.The same pattern emerged in the case of racial resentment and support for or opposition to government aid to African-Americans, for building a wall on the Mexican border and for political correctness: egocentric victims, the authors report, tilted strongly in a conservative direction, systemic victims in a liberal direction.In an effort to better understand how competing left and right strategies differ, I asked Kevin Arceneaux, a political scientist at Temple, a series of questions. The first was:How would you describe the differences between the mobilizing strategies of the civil rights movement and Trump’s appeals to discontented whites? Arceneaux’s answer:The civil rights movement was about mobilizing an oppressed minority to fight for their rights, against the likelihood of state-sanctioned violence, while Trump’s appeals are about harnessing the power of the state to maintain white dominance. Trump’s appeals to discontented whites are reactionary in nature. They promise to go back to a time when whites were unquestionably at the top of the social hierarchy. These appeals are about keying into anger and fear, as opposed to hope, and they are about moving backward and not forward.What role has the sense of victimhood played in the delusional character of so many Trump supporters who continue to believe the election was stolen? Arceneaux again:Their sense of victimhood motivates the very idea that some evil force could be so powerful that it can successfully collude to steal an election. It fits the narrative that everyone is out to get them.Looking toward the elections of 2022 and 2024, Trump not only remains at the heart of the Republican Party, he embodies the party’s predicament: candidates running for House and Senate need him to turn out the party’s populist base, but his presence at the top of the ticket could put Congress and the White House out of reach.Still, Arceneaux argues that without Trump, “I do believe that the Republicans will struggle to turn out non-college educated whites at the same rate.”Ed Goeas, a Republican pollster, observes that turning out working class voters in 2024 will most likely not be enough for Trump to win: “There are a large number of Republican voters (around 40 percent), who were either reluctant Trump voters or non-supportive voters, who make a Trump win in the general election look very undoable.”Ed Rogers, the Republican lobbyist I mentioned at the beginning of this column, argues that if Trump runs in 2024 — despite the clout he wields today — he is liable to take the party down to defeat:I don’t think Trump can win a two person race in a general election. He can’t get a majority. He pulled a rabbit out of the hat in 2016 and he got beat bad by an uninspiring candidate in 2020. 2024 is a long way away but I don’t know what might happen to make Trump have broader appeal or more advantages than he did in 2020.Stuart Stevens, a Republican media consultant who is a harsh critic of Trump, emailed me to say that “Trump is the Republican Party” and as a result:We are in uncharted waters. For the first time since 1860, a major American political party doesn’t believe America is a democracy. No Republican will win a contested primary in 2022 or 2024 who will assert that Biden is a legal president. The effect of this is profound and difficult to predict. But millions of Americans believe the American experiment is ending.What is driving the Republican Party? Stevens’s answer is that is the threat of a nonwhite majority:The coordinated effort to reduce voter access for those who are nonwhite is because Republicans know they are racing the demographic clock. The degree to which they are successful will determine if a Republican has a shot to win. It’s all about white grievance.Paul Begala, a Democratic consultant, described what may be Trump’s most lasting imprint on his party:Many prospective presidential candidates, including Josh Hawley, Kristi Noem, Ted Cruz, Ron DeSantis, “seem to me to be embracing the growing nativist, anti-immigrant, anti-diversity fire Trump lit.”In the 28 years since the 1992 election, Begala continued by email, there has been “more diminution in white voting power than in the previous 208 years” dating back to the nation’s first presidential election.For the Republican Party, Begala wrote, “as white power diminishes, white supremacy intensifies.”The Times is committed to publishing a diversity of letters to the editor. We’d like to hear what you think about this or any of our articles. Here are some tips. And here’s our email: letters@nytimes.com.Follow The New York Times Opinion section on Facebook, Twitter (@NYTopinion) and Instagram. More

  • in

    Were Brendan Hunt's Social Media Rants Free Speech or Illegal Threats?

    The trial of Brendan Hunt, an avid Trump backer and New York City resident, will be one of the justice system’s first attempts to grapple with the events of Jan. 6.Two days after the attack on the U.S. Capitol, a 37-year-old man living in New York City posted a video online entitled “KILL YOUR SENATORS.”The man, Brendan Hunt, was not in Washington on Jan. 6. But in the 88-second video, he said that “we need to go back to the U.S. Capitol” ahead of President Biden’s inauguration and “slaughter” members of Congress, according to the criminal complaint.“If anybody has a gun, give me it,” he said. “I’ll go there myself and shoot them and kill them.”Now, the question of whether the video and three other social media posts by Mr. Hunt crossed the line from free speech into illegal threats is at the heart of a federal trial starting this week in Brooklyn.Brendan Hunt in a picture from his BitChute account.This is the first federal trial in the country that will force jurors to grapple deeply with the events of Jan. 6, diving headfirst into the national debate about how much the government should police violent rhetoric in the wake of the Capitol attack.Mr. Hunt became part of the Capitol breach’s sprawling aftermath as law enforcement officials not only arrested hundreds of rioters who stormed the Capitol but also charged people with making online threats around the attack. As officials in Washington consider new ways to combat violent extremism, including a possible domestic terrorism statute, Mr. Hunt’s trial could be a bellwether of how the authorities balance the pursuit of serious threats with constitutional protections for political speech.“These types of threats are particularly dangerous when made in a charged political environment that has already led to the overrunning of the United States Capitol and the interruption, for the first time in United States history, of the certification of a presidential election,” federal prosecutors in Brooklyn said in a court filing last month.Mr. Hunt faces one count of threatening to murder members of Congress, which carries a maximum sentence of 10 years in prison. In December, Mr. Hunt posted on Facebook urging a “public execution” of prominent Democratic politicians, including the House speaker, Nancy Pelosi, Representative Alexandria Ocasio-Cortez and Senator Chuck Schumer, according to prosecutors.Mr. Hunt’s lawyers have described the case as a groundbreaking prosecution, arguing that the government was trying to criminalize Mr. Hunt’s political opinions. Mr. Hunt had no weapons, no plans to carry out violence and no affiliations with organized groups, his lawyers said. He was ranting into the vast internet void, they argue, with no expectation that anyone would act on his words.“Seen in context, the posts are more consistent with intoxication than insurrection,” his lawyers wrote.Jan Rostal, a federal defender for Mr. Hunt, said in a statement that the First Amendment encouraged political debate “in the town square, not in secret, so bad ideas can get tested.”“This case could have serious implications for freedom of speech on social media,” Ms. Rostal said.Although Mr. Hunt had been posting menacing statements on social media since early December, he was not arrested until Jan. 19, the day before Mr. Biden’s inauguration. Mr. Hunt has been in jail since his arrest.The trial will wade into an unsettled area of law that has become especially urgent with the explosion of incendiary political speech in recent years. One of the central disputes at Mr. Hunt’s trial will be whether a “reasonable person” would have viewed his social media posts as a serious threat to kill members of Congress.“The courts have said we’ve got to leave a lot of room for dissent, including dissent that’s raised in violent terms,” said Eugene Volokh, a law professor at the University of California, Los Angeles. “But how much room is a very important question.”To convict Mr. Hunt, prosecutors must prove that he was not just joking or exaggerating. They must show that he made the statements with the intention of either interfering with the official duties of members of Congress or retaliating against them for certifying the 2020 election results.Prosecutors have said that they may call Capitol Police officers as witnesses to testify about what happened on Jan. 6 and how they reacted to Mr. Hunt’s social media posts.The trial will require jurors to parse through Mr. Hunt’s web of political beliefs to understand his motivations. During jury selection, jurors were asked whether they have strong opinions about the 2020 election or about supporters of President Donald J. Trump that would prevent them from being fair and impartial.Prosecutors will show that Mr. Hunt, a fervent supporter of Mr. Trump, was furious about the outcome of the 2020 presidential election and believed members of Congress were “traitors” for supporting an election result that he viewed as illegitimate.Using Mr. Hunt’s social media comments and private text messages, prosecutors will argue that his statements were deliberate threats motivated by white supremacist and anti-Semitic beliefs.In the video that Mr. Hunt shared two days after the Capitol riot, he used references that are known to white supremacists, prosecutors said. The video was posted on BitChute, a platform with less restrictive moderation policies than YouTube, which has cracked down on the spread of hate speech and conspiracy theories.In a court filing, Mr. Hunt’s lawyers said he removed the video within two days of posting it. It was a “fellow conservative” who saw the video on BitChute and alerted the F.B.I., they wrote.The defense said Mr. Hunt held more nuanced political views than the government’s portrayal. He has posted on social media that he voted for President Barack Obama in 2008 and was later involved in the Occupy Wall Street movement, according to a court filing from his lawyers.“While we do not agree with many of Mr. Hunt’s views, we will fight to the death his right to express them,” his lawyers wrote.In December, Mr. Hunt wrote on Facebook describing Mr. Schumer, Ms. Pelosi and Ms. Ocasio-Cortez as the sort of “high value targets” that Mr. Trump’s supporters should shoot, prosecutors said.“They really need to be put down,” he wrote, according to the complaint. “These commies will see death before they see us surrender!”On the social media site Parler, prosecutors said, after another user suggested acting peacefully following the Capitol riot, Mr. Hunt wrote: “lets go, jan 20, bring your guns #millionmilitiamarch.”Law enforcement officials have historically been careful about bringing criminal charges hinged solely on speech, often waiting to see if the person making troubling statements online takes concrete steps toward violence. But in the weeks after Jan. 6, prosecutors around the country signaled that they were less willing to wait after witnessing how online rhetoric turned into the real-world violence that unfolded at the Capitol.During the pandemic, Mr. Hunt had been working from home in Ridgewood, Queens, making about $57,800 a year in his clerical job with the New York State courts system. He was terminated from the job after his arrest.Mr. Hunt had a long history of promoting conspiracy theories online, including falsely implicating the federal government in a cover-up of the 2012 massacre at Sandy Hook Elementary School, which killed 20 first graders and six educators.Mr. Hunt’s father is a retired family court judge in Queens.At a hearing last month, Mr. Hunt’s father, John M. Hunt, told the court that after his son graduated from college, he pursued a career in acting and clashed frequently with his mother over his marijuana use. Family disputes sometimes escalated into physical altercations, prosecutors said, to the point where Mr. Hunt’s father called on the police to intervene.The father blamed his son’s social media rants on marijuana and alcohol.“My son is not a walking time bomb,” he said in court. “He’s a bright guy. He can be engaging.” More

  • in

    How Democracy Faces a Rising Threat Splitting Republicans and Democrats

    The country is increasingly split into camps that don’t just disagree on policy and politics — they see the other as alien, immoral, a threat. Such political sectarianism is now on the march.American democracy faces many challenges: New limits on voting rights. The corrosive effect of misinformation. The rise of domestic terrorism. Foreign interference in elections. Efforts to subvert the peaceful transition of power. And making matters worse on all of these issues is a fundamental truth: The two political parties see the other as an enemy.It’s an outlook that makes compromise impossible and encourages elected officials to violate norms in pursuit of an agenda or an electoral victory. It turns debates over changing voting laws into existential showdowns. And it undermines the willingness of the loser to accept defeat — an essential requirement of a democracy.This threat to democracy has a name: sectarianism. It’s not a term usually used in discussions about American politics. It’s better known in the context of religious sectarianism — like the hostility between Sunnis and Shia in Iraq. Yet a growing number of eminent political scientists contend that political sectarianism is on the rise in America.That contention helps make sense of a lot of what’s been going on in American politics in recent years, including Donald J. Trump’s successful presidential bid, President Biden’s tortured effort to reconcile his inaugural call for “unity” with his partisan legislative agenda, and the plan by far-right House members to create a congressional group that would push some views associated with white supremacy. Most of all, it re-centers the threat to American democracy on the dangers of a hostile and divided citizenry.In recent years, many analysts and commentators have told a now-familiar story of how democracies die at the hands of authoritarianism: A demagogic populist exploits dissatisfaction with the prevailing liberal order, wins power through legitimate means, and usurps constitutional power to cement his or her own rule. It’s the story of Putin’s Russia, Chavez’s Venezuela and even Hitler’s Germany.Sectarianism, in turn, instantly evokes an additional set of very different cautionary tales: Ireland, the Middle East and South Asia, regions where religious sectarianism led to dysfunctional government, violence, insurgency, civil war and even disunion or partition.These aren’t always stories of authoritarian takeover, though sectarianism can yield that outcome as well. As often, it’s the story of a minority that can’t accept being ruled by its enemy.One-third of Americans believe violence could be justified to achieve political objectives. Rioters stormed the Capitol on Jan. 6, a sign that the risks of sustained political violence can’t be discounted.Erin Schaff/The New York TimesIn many ways, that’s the story playing out in America today.Whether religious or political, sectarianism is about two hostile identity groups who not only clash over policy and ideology, but see the other side as alien and immoral. It’s the antagonistic feelings between the groups, more than differences over ideas, that drive sectarian conflict.Any casual observer of American politics would agree that there’s plenty of hostility between Democrats and Republicans. Many don’t just disagree, they dislike each other. They hold discriminatory attitudes in job hiring as they do on the Implicit Association Test. They tell pollsters they wouldn’t want their child to marry an opposing partisan. In a paper published in Science in October by 16 prominent political scientists, the authors argue that by some measures the hatred between the two parties “exceeds longstanding antipathies around race and religion.”More than half of Republicans and more than 40 percent of Democrats tend to think of the other party as “enemies,” rather than “political opponents,” according to a CBS News poll conducted in January. A majority of Americans said that other Americans were the greatest threat to America.On one level, partisan animosity just reflects the persistent differences between the two parties over policy issues. Over the past two decades, they have fought bruising battles over the Iraq war, gun rights, health care, taxes and more. Perhaps hard feelings wouldn’t necessarily be sectarian in nature.But the two parties have not only become more ideologically polarized — they have simultaneously sorted along racial, religious, educational, generational and geographic lines. Partisanship has become a “mega-identity,” in the words of the political scientist Lilliana Mason, representing both a division over policy and a broader clash between white, Christian conservatives and a liberal, multiracial, secular elite.And as mass sectarianism has grown in America, some of the loudest partisan voices in Congress or on Fox News, Twitter, MSNBC and other platforms have determined that it’s in their interest to lean into cultural warfare and inflammatory rhetoric to energize their side against the other. As political sectarianism has grown in America, some of the loudest partisan voices in Congress or on Fox News, Twitter, MSNBC and other platforms have determined that it’s in their interest to lean into cultural warfare.Dina Litovsky for The New York TimesThe conservative outrage over the purported canceling of Dr. Seuss is a telling marker of how intergroup conflict has supplanted old-fashioned policy debate. Culture war politics used to be synonymous with a fight over “social issues,” like abortion or gun policy, where government played a central role. The Dr. Seuss controversy had no policy implications. What was at stake was the security of one sect, which saw itself as under attack by the other. It’s the kind of issue that would arouse passions in an era of sectarianism.A Morning Consult/Politico poll conducted in March found that Republicans had heard more about the Dr. Seuss issue than they had heard about the $1.9 trillion stimulus package. A decade earlier, a far smaller stimulus package helped launch the Tea Party movement.The Dr. Seuss episode is hardly the only example of Republicans de-emphasizing policy goals in favor of stoking sectarianism. Last month, Senator Marco Rubio, Republican of Florida, penned an op-ed in support of unionization at Amazon as retribution for the Seattle company’s cultural liberalism. At its 2020 national convention, the Republican Party didn’t even update its policy platform.And perhaps most significant, Republicans made the choice in 2016 to abandon laissez-faire economics and neoconservative foreign policy and embrace sectarianism all at once and in one package: Donald J. Trump. The G.O.P. primaries that year were a referendum on whether it was easier to appeal to conservatives with conservative policy or by stoking sectarian animosity. Sectarianism won.Sectarianism has been so powerful among Republicans in part because they believe they’re at risk of being consigned to minority status. The party has lost the popular vote in seven of the last eight presidential elections, and conservatives fear that demographic changes promise to further erode their support. And while defeat is part of the game in democracy, it is a lot harder to accept in a sectarian society.It is not easy to accept being ruled by a hostile, alien rival. It can make “political losses feel like existential threats,” as the authors of the study published in Science put it.As a result, the minority often poses a challenge to democracy in a sectarian society. It’s the minority who bears the costs, whether material or psychological, of accepting majority rule in a democracy. In the extreme, rule by a hostile, alien group might not feel much different than being subjugated by another nation.Trump supporters in Walterboro, S.C., held signs that read “the silent majority” at a rally in 2016.Jim Wilson/The New York TimesDemocracies in sectarian societies often create institutional arrangements to protect the minority, like minority or group rights, power-sharing agreements, devolution or home rule. Otherwise, the most alienated segments of the minority might resort to violence and insurgency in hopes of achieving independence.Republicans are not consigned to permanent minority status like the typical sectarian minority, of course. The Irish had no chance to become the majority in the United Kingdom. Neither did the Muslims of the British Raj or the Sunnis in Iraq today. Democrats just went from the minority to the majority in all three branches of elected government in four years; Republicans could do the same.But changes in the racial and cultural makeup of the country leave conservatives feeling far more vulnerable than Republican electoral competitiveness alone would suggest. Demographic projections suggest that non-Hispanic whites will become a minority sometime in the middle of the century. People with a four-year college degree could become a majority of voters even sooner. Religiosity is declining.The sense that the country is changing heightens Republican concerns. In recent days, the Fox News host Tucker Carlson embraced the conspiracy theory that the Democratic Party was “trying to replace the current electorate” with new voters from “the third world.” Far-right extremists in the House are looking to create an “America First Caucus” that calls for “common respect for uniquely Anglo-Saxon political traditions” and an infrastructure that “befits the progeny of European architecture.”It is not easy to pin down where political sectarianism in America fits on a scale from zero to “The Troubles.” But nearly every protection that sectarian minorities pursue is either supported or under consideration by some element of the American right.That includes the more ominous steps. In December, Rush Limbaugh said he thought conservatives were “trending toward secession,” as there cannot be a “peaceful coexistence” between liberals and conservatives. One-third of Republicans say they would support secession in a recent poll, along with one-fifth of Democrats.One-third of Americans believe that violence could be justified to achieve political objectives. In a survey conducted in January, a majority of Republican voters agreed with the statement that the “traditional American way of life is disappearing so fast that we may have to use force to save it.” The violence at the Capitol on Jan. 6 suggests that the risks of sustained political violence or even insurgency can’t be discounted.Whatever risk of imminent and widespread violence might have existed in January appears to have passed for now.Mr. Biden speaks the day after Election Day in the Chase Center in Wilmington, Del. Erin Schaff/The New York TimesInstead, Joe Biden was sworn in as president — a person who did not attempt to arouse the passions of one sect against the other during his campaign. His nomination and election demonstrates that sectarianism, while on the rise, may still have limits in America: The median voter prefers bipartisanship and a de-escalation of political conflict, creating an incentive to run nonsectarian campaigns.Yet whether Mr. Biden’s presidency will de-escalate sectarian tensions is an open question.Mr. Biden is pursuing an ambitious policy agenda, which may eventually refocus partisan debate on the issues or just further alienate one side on matters like immigration or the filibuster. Still, the authors of the Science paper write that “emphasis on political ideas rather than political adversaries” would quite likely be “a major step in the right direction.”And Mr. Biden himself does not seem to elicit much outrage from the conservative news media or rank-and-file — perhaps because of his welcoming message or his identity as a 78-year-old white man from Scranton, Pa.But sectarianism is not just about the conduct of the leader of a party — it’s about the conflict between two groups. Nearly anyone’s conduct can worsen hostility between the two sides, even if it is not endorsed by the leadership of a national political party. Mr. Carlson and the congresswoman Marjorie Taylor Greene are only the latest examples.It leaves America at an uncertain juncture. Mr. Biden may dampen sectarian tensions compared with Mr. Trump, but it is not clear whether festering grievances and resentments will fade into the background with so many others acting to stoke division.Sectarianism, after all, can last for decades or even centuries after the initial cause for hostility has passed. More

  • in

    One Republican’s Lonely Fight Against a Flood of Disinformation

    After losing an ugly congressional race last year, Denver Riggleman is leading a charge against the conspiracy-mongering coursing through his party. He doesn’t have many allies.AFTON, Va. — Denver Riggleman stood virtually alone.It was Oct. 2, on the floor of the House of Representatives, and he rose as one of only two Republicans in the chamber to speak in favor of a resolution denouncing QAnon. Mr. Riggleman, a freshman congressman from Virginia, had his own personal experiences with fringe ideas, both as a target of them and as a curious observer of the power they hold over true believers. He saw a dangerous movement becoming more intertwined with his party, and worried that it was only growing thanks to words of encouragement from President Donald J. Trump.“Will we stand up and condemn a dangerous, dehumanizing and convoluted conspiracy theory that the F.B.I. has assessed with high confidence is very likely to motivate some domestic extremists?” asked Mr. Riggleman, a former Air Force intelligence officer. “We should not be playing with fire.”Six months later, conspiracy theories like QAnon remain a threat that most Republicans would rather ignore than confront, and Mr. Riggleman is out of office. But he is ever more determined to try to expose disinformation from the far right that is swaying legions in the Republican base to believe in a false reality.Mr. Riggleman is a living example of the political price of falling out of lock step with the hard right. He lost a G.O.P. primary race last June after he officiated at the wedding of a gay couple. And once he started calling out QAnon, whose followers believe that a satanic network of child molesters runs the Democratic Party, he received death threats and was attacked as a traitor, including by members of his own family.The undoing of Mr. Riggleman — and now his unlikely crusade — is revealing about a dimension of conservative politics today. The fight against radicalism within the G.O.P. is a deeply lonely one, waged mostly by Republicans like him who are no longer in office, and by the small handful of elected officials who have decided that they are willing to speak up even if it means that they, too, could be headed for an early retirement.“I’ve been telling people: ‘You don’t understand. This is getting worse, not better,’” Mr. Riggleman said, sitting on a stool at his family bar one recent afternoon. “People are angry. And they’re angry at the truth tellers.”Mr. Riggleman, 51, is now back home in the foothills of the Blue Ridge Mountains, where he and his wife run the bar and a distillery. And for his next move in a career that has included jobs at the National Security Agency and founding a military contracting business, he is working with a group of other experts to shine a light on what he calls the “social disease” of disinformation.His experience with the issues and emotions at work is both professional and personal. He was so intrigued by false belief systems that he self-published a book about the myth of Bigfoot and the people who are unshakably devoted to it.Mr. Riggleman is working with a group of other experts to shine a light on what he calls the “social disease” of disinformation.Matt Eich for The New York TimesMr. Riggleman, who first ran and won in 2018 after the Republican incumbent in his district retired, joined the arch-conservative Freedom Caucus and was endorsed by Mr. Trump. Now he says it “gives me shivers” to be called a Republican. He hopes to show that there is still a way to beat back the lies and false beliefs that have spread from the fringe to the mainstream. It is a heavy lift, and one that depends on overcoming two strong impulses: politicians’ fear of losing elections and people’s reluctance to accept that they were taken in by a lie.Mr. Riggleman summarized his conversations with the 70 percent of House Republicans he said were privately appalled at the former president’s conduct but wouldn’t dare speak out.“‘We couldn’t do that in our district. We would lose,’” he said. “That’s it. It’s that simple.”Stocky, fast-talking and inexhaustibly curious, the former congressman is now working for a group of prominent experts and academics at the Network Contagion Research Institute, which studies the spread of disinformation in American politics and how to thwart it. The group has undertaken several extensive investigations into how extremists have used propaganda and faked information to sow division over some of the most contentious issues of the day, like the coronavirus pandemic and police violence.Their reports have also given lawmakers a better understanding of the QAnon belief system and other radical ideologies that helped fuel the riot at the Capitol on Jan. 6.Mr. Riggleman said he had written one report about the involvement of far-right militants and white supremacist groups in the attack specifically at the request of a Republican member who needed help convincing colleagues that far-left groups were not the culprits.Getting lawmakers to see radical movements like QAnon as a threat has been difficult. Joel Finkelstein, the director of the Network Contagion Research Institute, said that in June, when the group tried to sound the alarm on QAnon to members of Congress, Mr. Riggleman was the only one who responded with a sense of urgency and agreed to help.“We were screaming it from the rooftops,” Mr. Finkelstein said. “We said: ‘This is going to be a problem. They’re growing increasingly militant in their conspiracies.’” When the institute’s members spoke to Mr. Riggleman, he said, “We showed him our data and he said, ‘Holy moly.’”Far from a theoretical or overblown concern, disinformation and its role in perpetuating false beliefs about Mr. Trump’s election loss and its aftermath are problems that some Republicans believe could cripple their party if left ignored.In a sign of how widespread these conspiracy theories are, a recent poll from Suffolk University and USA Today found that 58 percent of Trump voters wrongly believed the storming of the Capitol was mostly inspired by far-left radicals associated with antifa and involved only a few Trump supporters.“There was a troika of us who said, ‘This is going to a bad place,’” said Paul Mitchell, who represented Michigan in the House for two terms before retiring early this year in frustration. He said he had watched as members dismissed Mr. Riggleman, despite his experience in intelligence. “There weren’t many people who gave a damn what your expertise was,” Mr. Mitchell said. “It was inconsequential compared to the talking points.”Bob Good defeated Mr. Riggleman in a state Republican Party convention in June.Amy Friedenberger/The Roanoke Times, via Associated PressMr. Riggleman’s loss last summer in a closely held party convention allowed him to be more outspoken. The winner, Representative Bob Good, is a former associate athletic director at Liberty University who took issue with Mr. Riggleman’s officiation at the gay wedding and called him “out of step” with the party’s base.And as Mr. Riggleman kept it up and spoke out more aggressively against Mr. Trump after the election, his fight got lonelier.“I had a colleague of mine pat me on the shoulder and say: ‘Denver, you’re just too paranoid. You’re killing yourself for the rest of your life politically by going after the big man like this,’” Mr. Riggleman recalled.When he returned to Virginia for good in January, he said he sometimes felt just as isolated. Family members, former constituents and patrons at the distillery insisted that the election had been stolen from Mr. Trump. And they couldn’t be talked out of it, no matter how hard he tried.He recalled a recent conversation with one couple he is friends with that he said was especially exasperating.“I go over stats,” he said. “I go over figures. I go over the 50 states, how that actually works. How machines that aren’t connected are very hard to hack. How you’d have to pay off hundreds of thousands of people to do this.”“Did not convince them,” he added.Other friends of his, some of whom are also members of the growing group of former Republican lawmakers now publicly criticizing Mr. Trump, said that many conservative politicians saw no incentive in trying to dispel disinformation even when they know it’s false.“What some of these guys have told me privately is it’s still kind of self-preservation,” said Joe Walsh, a former congressman from Illinois who ran a short-lived primary campaign against Mr. Trump last year. “‘I want to hang onto the gig. And this is a fever, it will break.’”That is mistaken, Mr. Walsh said, because he sees no breaking the spell Mr. Trump has over Republican voters anytime soon. “It’s done, and it was done a few years ago,” he said.Mr. Riggleman, who is contemplating a run for governor in Virginia and is writing a book about his experience with the dark side of Republican politics, sees a way forward in his experience with Bigfoot. The sasquatch was how many people first learned about him as a politician, after an opponent accused him of harboring a fascination with “Bigfoot erotica,” in 2018.“I do not dabble in monster porn,” he retorts in his book, “Bigfoot … It’s Complicated,” which he based in part on a trip he took in 2004 on a Bigfoot expedition.Mr. Riggleman paid $2,000 to go on a Bigfoot expedition with his wife in 2004.Matt Eich for The New York TimesThe book is full of passages that, if pulled out and scrubbed of references to the mythical creature, could be describing politics in 2021.Mr. Riggleman quotes one true believer explaining why he is absolutely convinced Bigfoot is real, even though he has never seen it. In an answer that could have come straight from the lips of someone defending the myth that Mr. Trump actually won the 2020 election, the man says matter-of-factly: “Evidence is overwhelming. Check out the internet. All kinds of sightings and facts.”At another point, Mr. Riggleman describes a conversation he had with someone who asked if he really thought that all the people claiming to have seen Bigfoot over the years were liars. “I don’t think that,” Mr. Riggleman responds. “I do believe that people see what they want to see.”He did find one way to crack the Bigfoot false belief system: telling true believers that they were being ripped off to the tune of hundreds or thousands of dollars to go on expeditions where they would never actually see the creature.“They got very angry,” he said. But eventually, some started to come around. More