More stories

  • in

    El comité sobre el ataque al Capitolio muestra a Trump como un aspirante a autócrata

    Según el comité que investiga el ataque al Capitolio del 6 de enero, Donald Trump llevó a cabo una conspiración en siete partes para anular una elección democrática libre y justa.Es muy probable que en los 246 años de historia de Estados Unidos nunca se haya hecho una acusación más comprometedora contra un presidente estadounidense que la presentada el jueves por la noche en una sala de audiencias cavernosa del Congreso, donde el futuro de la democracia parecía estar en juego.A otros mandatarios se les ha acusado de actuar mal, incluso de cometer delitos e infracciones, pero el caso en contra de Donald Trump formulado por la comisión bipartidista de la Cámara de Representantes que investiga el ataque al Capitolio del 6 de enero de 2021 no solo describe a un presidente deshonesto, sino a un aspirante a autócrata dispuesto a violar la Constitución para aferrarse al poder a toda costa.Como lo describió la comisión durante su audiencia televisada, a la hora de mayor audiencia, Trump ejecutó una conspiración en siete partes para anular una elección democrática libre y justa. Según el panel, le mintió al pueblo estadounidense, ignoró todas las pruebas que refutaban sus falsas denuncias de fraude, presionó a los funcionarios estatales y federales para que anularan los resultados de las elecciones que favorecían a su contrincante, alentó a una turba violenta a atacar el Capitolio e incluso señaló su apoyo a la ejecución de su propio vicepresidente.“El 6 de enero fue la culminación de un intento de golpe de Estado, un intento descarado, como dijo uno de los alborotadores poco después del 6 de enero, de derrocar al gobierno”, dijo el representante demócrata por Misisipi, Bennie Thompson, presidente de la comisión especial. “La violencia no fue un accidente. Representa la última oportunidad de Trump, la más desesperada, para detener la transferencia de poder”.Representatives Bennie Thompson, Democrat of Mississippi, and Liz Cheney, Republican of Wyoming, led the first hearing on the attack on the Capitol on Jan. 6, 2021, which included testimony from a Capitol police officer and a documentary filmmaker.Kenny Holston for The New York TimesLas palabras de los propios asesores y personajes nombrados por Trump fueron las más incriminatorias. Se proyectaron en video en una pantalla gigante sobre el estrado de la comisión y se transmitieron a una audiencia de televisión nacional. Se pudo ver cómo su propio fiscal general le dijo a Trump que sus denuncias de una elección falsa eran “patrañas”. Su abogado de campaña testificó que no había suficientes pruebas de fraude para cambiar el resultado. Hasta su propia hija, Ivanka Trump, reconoció haber aceptado la conclusión de que la elección no fue robada, como su padre seguía afirmando.Read More on the Jan. 6 House Committee HearingsThe Meaning of the Hearings: While the public sessions aren’t going to unite the country, they could significantly affect public opinion.An Unsettling Narrative: During the first hearing, the House panel presented a gripping story with a sprawling cast of characters, but only three main players: Donald Trump, the Proud Boys and a Capitol Police officer.Trump’s Depiction: Former president Donald J. Trump was portrayed as a would-be autocrat willing to shred the Constitution to hang onto power. Liz Cheney: The vice chairwoman of the House committee has been unrepentant in continuing to blame Mr. Trump for stoking the attack on Jan. 6, 2021.Buena parte de las pruebas fueron presentadas por la principal figura republicana en la comisión, la representante por Wyoming Liz Cheney, quien ha sido condenada al ostracismo por Trump y por buena parte de su partido por condenar una y otra vez las acciones del entonces presidente después de la elección. Cheney planteó con firmeza el caso y luego se dirigió a sus compañeros republicanos que han optado por apoyar a su derrotado expresidente y justificar sus acciones.“A mis colegas republicanos que defienden lo indefendible les digo: llegará el día en el que Donald Trump se haya ido, pero el deshonor de ustedes permanecerá”, declaró.Muchos de los detalles ya se habían dado a conocer y muchas interrogantes sobre las acciones de Trump quedaron sin respuesta por ahora, pero Cheney resumió los hallazgos de la comisión de una forma implacable y acusadora.Un grupo de personas en Washington que se reunió para ver la audiencia, escuchaba a la representante Liz Cheney, republicana por Wyoming.Shuran Huang para The New York TimesAlgunas de las nuevas revelaciones y las confirmaciones de las noticias recientes fueron suficientes para provocar exclamaciones de asombro en el recinto y, tal vez, en las salas de todo el país. Se informó que luego de que se le dijo que la multitud del 6 de enero coreaba “Cuelguen a Mike Pence”, el vicepresidente que desafió las presiones del presidente para bloquear la transferencia de poder, Trump respondió: “Quizá nuestros seguidores tengan la idea correcta”. Mike Pence, agregó, “se lo merece”.Cheney, vicepresidenta del panel, informó que en la víspera del ataque del 6 de enero, miembros del propio gabinete de Trump hablaron de invocar la Vigésima Quinta Enmienda para destituir al entonces presidente del cargo. Reveló que el representante por Pensilvania Scott Perry y “otros congresistas republicanos” que habían participado en el intento de anular la elección buscaron obtener indultos de Trump durante sus últimos días en el cargo.Cheney reprodujo un video en el que se veía a Jared Kushner, yerno del exmandatario y asesor principal que después de la elección se ausentó en lugar de enfrentar a los teóricos de la conspiración que incitaban a Trump, desechar con displicencia las amenazas de Pat A. Cipollone, consejero de la Casa Blanca, y otros abogados de presentar su renuncia en señal de protesta. “Me pareció que solo eran lloriqueos, para ser sincero”, declaró Kushner.También la vicepresidenta del comité señaló que mientras Pence tomó medidas reiteradas para buscar asistencia y detener a la turba el 6 de enero, el presidente no hizo tal esfuerzo. En cambio, su jefe de gabinete de la Casa Blanca, Mark Meadows, trató de convencer al general Mark A. Milley, presidente del Estado Mayor Conjunto, de fingir que Trump estaba activamente involucrado.“Dijo: ‘Tenemos que eliminar el relato de que el vicepresidente está tomando todas las decisiones’”, dijo el general Milley en un testimonio grabado en video. “‘Necesitamos imponer la versión de que el presidente todavía está a cargo, y que las cosas están firmes o estables’, o palabras en ese sentido. Inmediatamente interpreté eso como política, política, política”.Trump no tuvo aliados en la comisión de nueve integrantes de la Cámara de Representantes y él y sus seguidores rechazaron el trabajo del panel con el argumento de que es un intento partidista para desprestigiarlo. En Fox News, que optó por no transmitir la audiencia, Sean Hannity se esmeraba por cambiar el tema y atacó a la comisión por no centrarse en las violaciones de seguridad del Capitolio, de las que culpa principalmente a la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, aunque el senador por Kentucky Mitch McConnell, entonces líder de la mayoría republicana, compartía con ella el control del edificio en ese momento.Antes de la audiencia, Trump trató una vez más de reescribir la historia al presentar el ataque al Capitolio como una manifestación legítima de agravio público contra unas elecciones robadas. “El 6 de enero no fue solo una protesta, sino que representó el mayor movimiento en la historia de nuestro país para hacer a Estados Unidos grandioso de nuevo”, escribió en su nuevo sitio de redes sociales.El panel reprodujo un video de Ivanka Trump, la hija de Trump y exasesora de la Casa Blanca, testificando a puerta cerrada.Kenny Holston para The New York TimesTrump no es el primer presidente que ha sido señalado por mala conducta, infracción de la ley o incluso violación de la Constitución. Andrew Johnson y Bill Clinton fueron acusados ​​por la Cámara de Representantes, aunque absueltos por el Senado. John Tyler se puso del lado de la Confederación durante la Guerra de Secesión. Richard M. Nixon renunció bajo amenaza de juicio político por abusar de su poder para encubrir actividades corruptas de campaña. Warren G. Harding tuvo el escándalo del Teapot Dome y Ronald Reagan el caso Irán-Contras.Pero los delitos alegados en la mayoría de esos casos palidecen en comparación con las acusaciones contra Trump, y aunque Tyler se puso en contra del país que una vez dirigió, murió antes de que pudiera rendir cuentas. Nixon enfrentó audiencias durante Watergate no muy diferentes a las que comenzaron el jueves por la noche y estuvo involucrado en otros escándalos más allá del robo que finalmente derivó en su salida. Pero la deshonestidad flagrante y la incitación a la violencia expuestas el jueves eclipsaron incluso sus fechorías, según diversos académicos.Trump, por supuesto, ya fue impugnado en dos ocasiones y absuelto otras dos, la segunda por su involucramiento en el ataque del 6 de enero. Pero, aun así, el caso en su contra ahora es mucho más amplio y expansivo, después de que la comisión llevó a cabo unas 1000 entrevistas y obtuvo más de 100.000 páginas de documentos.Lo que el comité intentaba demostrar era que no se trataba de un presidente con preocupaciones razonables sobre el fraude o una protesta que se salió de control. En cambio, el panel estaba tratando de obtener las pruebas de que Trump formó parte de una conspiración criminal contra la democracia; que sabía que no había un fraude generalizado porque su propio entorno se lo dijo, que, de manera intencional, convocó a una turba para que detuviera la entrega del poder a Joseph R. Biden Jr. y se quedó cruzado de brazos sin hacer casi nada cuando el ataque comenzó.Aún no sabemos si el panel puede cambiar las opiniones públicas sobre esos acontecimientos, pero muchos estrategas y analistas políticos piensan que es poco probable. Con medios más fragmentados y una sociedad más polarizada, la mayoría de los estadounidenses ya tienen una opinión sobre el 6 de enero y solo escuchan a quienes la comparten.Sin embargo, había otro espectador de las audiencias, el fiscal general Merrick B. Garland. Si la comisión estaba exponiendo lo que consideraba una acusación formal contra el expresidente, parecía estar invitando al Departamento de Justicia a seguir el caso de verdad con un gran jurado y en un tribunal de justicia.Al adelantar la historia que se contará en las próximas semanas, Cheney casi le escribió el guion a Garland. La representante dijo: “Van a escuchar sobre complots para cometer conspiración sediciosa el 6 de enero, un delito definido en nuestras leyes como conspirar para derrocar, destituir o destruir por la fuerza el gobierno de Estados Unidos u oponerse por la fuerza a la autoridad del mismo”.Pero si Garland no está de acuerdo y las audiencias de este mes resultan ser el único juicio al que se enfrente Trump por sus esfuerzos para anular las elecciones, Cheney y sus compañeros de la comisión estaban decididos a asegurarse de que, al menos, sea condenado por el jurado de la historia.Peter Baker es el corresponsal jefe de la Casa Blanca y ha cubierto a los últimos cinco presidentes para el Times y The Washington Post. También es autor de seis libros, el más reciente The Man Who Ran Washington: The Life and Times of James A. Baker III. @peterbakernyt • Facebook More

  • in

    Trump Is Depicted as a Would-Be Autocrat Seeking to Hang Onto Power at All Costs

    As the Jan. 6 committee outlined during its prime-time hearing, Donald J. Trump executed a seven-part conspiracy to overturn a free and fair democratic election.In the entire 246-year history of the United States, there was surely never a more damning indictment presented against an American president than outlined on Thursday night in a cavernous congressional hearing room where the future of democracy felt on the line.Other presidents have been accused of wrongdoing, even high crimes and misdemeanors, but the case against Donald J. Trump mounted by the bipartisan House committee investigating the Jan. 6, 2021, attack on the Capitol described not just a rogue president but a would-be autocrat willing to shred the Constitution to hang onto power at all costs.As the committee portrayed it during its prime-time televised hearing, Mr. Trump executed a seven-part conspiracy to overturn a free and fair democratic election. According to the panel, he lied to the American people, ignored all evidence refuting his false fraud claims, pressured state and federal officials to throw out election results favoring his challenger, encouraged a violent mob to storm the Capitol and even signaled support for the execution of his own vice president.“Jan. 6 was the culmination of an attempted coup, a brazen attempt, as one rioter put it shortly after Jan. 6, to overthrow the government,” said Representative Bennie Thompson, Democrat of Mississippi and the chairman of the select committee. “The violence was no accident. It represents Trump’s last stand, most desperate chance to halt the transfer of power.”Representatives Bennie Thompson, Democrat of Mississippi, and Liz Cheney, Republican of Wyoming, led the first hearing on the attack on the Capitol on Jan. 6, 2021, which included testimony from a Capitol police officer and a documentary filmmaker.Kenny Holston for The New York TimesMost incriminating were the words of Mr. Trump’s own advisers and appointees, played over video on a giant screen above the committee dais and beamed out to a national television audience. There was his own attorney general who told him that his false election claims were “bullshit.” There was his own campaign lawyer who testified that there was no evidence of fraud sufficient to change the outcome. And there was his own daughter, Ivanka Trump, who acknowledged that she accepted the conclusion that the election was not, in fact, stolen as her father kept claiming.Much of the evidence was outlined by the lead Republican on the committee, Representative Liz Cheney of Wyoming, who has been ostracized by Mr. Trump and much of her own party for consistently denouncing his actions after the election. Unwavering, she sketched out the case and then addressed her fellow Republicans who have chosen to stand by their defeated former president and excuse his actions.Read More on the Jan. 6 House Committee HearingsThe Meaning of the Hearings: While the public sessions aren’t going to unite the country, they could significantly affect public opinion.An Unsettling Narrative: During the first hearing, the House panel presented a gripping story with a sprawling cast of characters, but only three main players: Donald Trump, the Proud Boys and a Capitol Police officer.Trump’s Depiction: Former president Donald J. Trump was portrayed as a would-be autocrat willing to shred the Constitution to hang onto power. Jared Kushner and Ivanka Trump: In videos shown during the hearing, Mr.Trump’s daughter and son-in-law were stripped of their carefully managed images.“I say this to my Republican colleagues who are defending the indefensible: There will come a day when Donald Trump is gone but your dishonor will remain,” she said.Many of the details were previously reported, and many questions about Mr. Trump’s actions were left unanswered for now, but Ms. Cheney pulled together the committee’s central findings in relentless, prosecutorial fashion.People at a viewing party in Washington watching Representative Liz Cheney, Republican of Wyoming, speak during the hearing.Shuran Huang for The New York TimesSome of the new revelations and the confirmations of recent news reports were enough to prompt gasps in the room and, perhaps, in living rooms across the country. Told that the crowd on Jan. 6 was chanting “Hang Mike Pence,” the vice president who defied the president’s pressure to single-handedly block the transfer of power, Mr. Trump was quoted responding, “Maybe our supporters have the right idea.” Mike Pence, he added, “deserves it.”Ms. Cheney, the panel’s vice chairwoman, reported that in the wake of the Jan. 6 attack, members of Mr. Trump’s own cabinet discussed invoking the 25th Amendment to remove the president from office. She disclosed that Representative Scott Perry of Pennsylvania and “multiple other Republican congressmen” involved in trying to overturn the election sought pardons from Mr. Trump in his final days in office.She played a video clip of Jared Kushner, the president’s son-in-law and senior adviser who absented himself after the election rather than fight the conspiracy theorists egging on Mr. Trump, cavalierly dismissing threats by Pat A. Cipollone, the White House counsel, and other lawyers to resign in protest. “I took it up to just be whining, to be honest with you,” Mr. Kushner testified.And she noted that while Mr. Pence repeatedly took action to summon help to stop the mob on Jan. 6, the president himself made no such effort. Instead, his White House chief of staff, Mark Meadows, tried to convince Gen. Mark A. Milley, the chairman of the Joint Chiefs of Staff, to pretend that Mr. Trump was actively involved.“He said, ‘We have to kill the narrative that the vice president is making all the decisions,’” General Milley said in videotaped testimony. “‘We need to establish the narrative that the president is still in charge, and that things are steady or stable,’ or words to that effect. I immediately interpreted that as politics, politics, politics.”Mr. Trump had no allies on the nine-member House committee, and he and his supporters have dismissed the panel’s work as a partisan smear attempt. On Fox News, which opted not to show the hearing, Sean Hannity was busy changing the subject, attacking the committee for not focusing on the breakdown in security at the Capitol, which he mainly blamed on Speaker Nancy Pelosi even though Senator Mitch McConnell of Kentucky, then the Republican majority leader, shared control of the building with her at the time.Before the hearing, Mr. Trump tried again to rewrite history by casting the attack on the Capitol as a legitimate manifestation of public grievance against a stolen election. “January 6th was not simply a protest, it represented the greatest movement in the history of our Country to Make America Great Again,” he wrote on his new social media site.The panel played a video of Ivanka Trump, Mr. Trump’s daughter and former White House adviser, testifying behind closed doors.Kenny Holston for The New York TimesMr. Trump is hardly the first president reproached for misconduct, lawbreaking or even violating the Constitution. Andrew Johnson and Bill Clinton were both impeached by the House, although acquitted by the Senate. John Tyler sided with the Confederacy during the Civil War. Richard M. Nixon resigned under the threat of impeachment for abusing his power to cover up corrupt campaign activities. Warren G. Harding had the Teapot Dome scandal and Ronald Reagan the Iran-contra affair.But the crimes alleged in most of those cases paled in comparison to what Mr. Trump is accused of, and while Mr. Tyler turned on the country he once led, he died before he could be held accountable. Mr. Nixon faced hearings during Watergate not unlike those that began on Thursday night and was involved in other scandals beyond the burglary that ultimately resulted in his downfall. But the brazen dishonesty and incitement of violence put on display on Thursday eclipsed even his misdeeds, according to many scholars.Mr. Trump, of course, was impeached twice already, and acquitted twice, the second time for his role in the Jan. 6 attack. But even so, the case against him now is far more extensive and expansive, after the committee conducted some 1,000 interviews and obtained more than 100,000 pages of documents.What the committee was trying to prove was that this was not a president with reasonable concerns about fraud or a protest that got out of control. Instead, the panel was trying to build the case that Mr. Trump was involved in a criminal conspiracy against democracy — that he knew there was no widespread fraud because his own people told him, that he intentionally summoned a mob to stop the transfer of power to Joseph R. Biden Jr. and that he sat by and did virtually nothing once the attack commenced.Whether the panel can change public views of those events remains unclear, but many political strategists and analysts consider it unlikely. With a more fragmented media and a more polarized society, most Americans have decided what they think about Jan. 6 and are only listening to those who share their attitudes. Still, there was another audience for the hearings as they got underway, and that was Attorney General Merrick B. Garland. If the committee was laying out what it considered an indictment against the former president, it seemed to be inviting the Justice Department to pursue the real kind in a grand jury and court of law.As she previewed the story that will be told in the weeks to come, Ms. Cheney all but wrote the script for Mr. Garland. “You will hear about plots to commit seditious conspiracy on Jan. 6,” she said, “a crime defined in our laws as conspiring to overthrow, put down or destroy by force the government of the United States or to oppose by force the authority thereof.”But if Mr. Garland disagrees and the hearings this month turn out to be the only trial Mr. Trump ever faces for his efforts to overturn the election, Ms. Cheney and her fellow committee members were resolved to make sure that they will at least win a conviction with the jury of history. More

  • in

    Navarro Indicted as Justice Dept. Opts Not to Charge Meadows and Scavino

    The House had recommended contempt charges against all three Trump White House aides over their stonewalling of its Jan. 6 inquiry.A federal grand jury on Friday indicted Peter Navarro, a White House adviser to former President Donald J. Trump, for failing to comply with a subpoena from the House committee investigating the Capitol attack, even as the Justice Department declined to charge Mark Meadows and Dan Scavino Jr., two other top officials who have also refused to cooperate.The indictment against Mr. Navarro, handed up in Federal District Court in Washington, marked the first time that an official who served in Mr. Trump’s White House during the events of Jan. 6, 2021, has been charged in connection with the investigation into the attack.Prosecutors charged Mr. Navarro, 72, with what amounted to a misdemeanor process crime for having failed to appear for a deposition or provide documents to congressional investigators in response to a subpoena issued by the House committee on Feb. 9. The indictment includes two counts of criminal contempt of Congress that each carry a maximum sentence of a year in prison, as well as a fine of up to $100,000.The Justice Department has declined to take similar steps against Mr. Meadows, Mr. Trump’s final chief of staff, and Mr. Scavino, the deputy chief of staff, according to people familiar with prosecutors’ decision and a letter reviewed by The New York Times informing the top House counsel of it.“Based on the individual facts and circumstances of their alleged contempt, my office will not be initiating prosecutions for criminal contempt as requested in the referral against Messrs. Meadows and Scavino,” Matthew M. Graves, the U.S. attorney for the District of Columbia, wrote to Douglas N. Letter, the general counsel of the House, on Friday. “My office’s review of each of the contempt referrals arising from the Jan. 6 committee’s investigation is complete.”Both Mr. Meadows and Mr. Scavino — who were deeply involved in the effort to overturn the 2020 election — engaged in weeks of negotiations with the committee’s lawyers, and Mr. Meadows turned over more than 9,000 documents to the panel, before the House voted to charge them with contempt.By contrast, Mr. Navarro and his ally Stephen K. Bannon, who has also been charged with contempt, fought the committee’s subpoenas from Day 1 and never entered into negotiations.Asked for comment, Mr. Meadows’s lawyer, George J. Terwilliger III, said, “The result speaks for itself.”A spokesman for the Justice Department did not immediately respond to a request for comment. A lawyer for Mr. Scavino declined to comment.In a statement, the leaders of the committee applauded Mr. Navarro’s indictment but urged the Justice Department to provide “greater clarity” on its rationale for not charging Mr. Meadows or Mr. Scavino.“We find the decision to reward Mark Meadows and Dan Scavino for their continued attack on the rule of law puzzling,” said the leaders, Representatives Bennie Thompson, Democrat of Mississippi, and Liz Cheney, Republican of Wyoming. “Mr. Meadows and Mr. Scavino unquestionably have relevant knowledge about President Trump’s role in the efforts to overturn the 2020 election and the events of Jan. 6.”For his part, Mr. Navarro appeared in court on Friday afternoon, speaking on his own behalf and telling a federal magistrate judge that the congressional subpoena he was served with was “illegal” and “unenforceable.”At the court hearing, he cast himself as a victim of an unfair system run by Democrats bent on destroying him and Mr. Trump.“There are bigger things at play than whether I go to prison,” Mr. Navarro said. “And that’s why I’m standing here.”He also complained that although he lives close to F.B.I. headquarters, federal agents arrested him at the door of an airplane as he was on his way to Nashville.“This is not the way that America is supposed to function,” he went on, adding, “They’re playing hardball.”A former White House trade adviser who undertook extensive efforts to keep Mr. Trump in office after the 2020 election, Mr. Navarro is the second high-ranking former presidential aide to be charged with contempt of Congress for defying a subpoena from the committee. Mr. Bannon, a former top aide to Mr. Trump, was indicted in November on similar charges.The indictment against Mr. Navarro came nearly two months after the House voted mostly along party lines to recommend criminal charges against him. The same vote also recommended a contempt indictment against Mr. Scavino.The House voted in January to recommend that Mr. Meadows be charged with contempt.“Upon receiving each referral, my office conducted a thorough investigation and analysis of the individualized facts and circumstances surrounding each contempt allegation to determine whether to initiate a criminal prosecution,” Mr. Graves wrote to Mr. Letter. “Those investigations and analyses were conducted by and supervised by experienced prosecutors. Each referral has been analyzed individually based on the facts and circumstances of the alleged contempt developed through my office’s investigation.”The House subpoena that Mr. Navarro received sought documents and testimony about an effort to overturn the election that he had billed as the “Green Bay Sweep.” The plan called for lawmakers in key swing states to team with Republican members of Congress and Vice President Mike Pence to reject the results that showed Joseph R. Biden Jr. had won the election and give Mr. Trump the victory.The subpoena also mentioned a call Mr. Navarro participated in with Mr. Trump and his lawyers on Jan. 2, 2021, in which they attempted to persuade hundreds of state lawmakers to join the effort.Mr. Navarro also wrote a 36-page report claiming election fraud as part of what he called an “immaculate deception” that he said he made sure was distributed to Republican members of Congress.There is no evidence of widespread fraud in the 2020 election, and the Jan. 6 committee has described the claims in Mr. Navarro’s report as having been “discredited in public reporting, by state officials and courts.”The indictment comes days after Mr. Navarro filed a lawsuit against the House committee, Speaker Nancy Pelosi and the U.S. attorney for the District of Columbia, in which he questioned the authority and validity of the inquiry.In the lawsuit, Mr. Navarro also revealed that he had recently received another subpoena, this one from a federal grand jury in Washington. That subpoena sought documents from him related to any communications he may have had with Mr. Trump or his lawyers.Mr. Navarro has claimed that because Mr. Trump invoked executive privilege to bar the disclosure of information requested by the Jan. 6 investigators, he is prevented from complying with the subpoena. Prosecutors were most likely interested in how closely Mr. Navarro was in touch with the former president or his lawyers in order to assess that defense against the contempt of Congress charge.“The executive privilege invoked by President Trump is not mine to waive,” Mr. Navarro has repeatedly said.Mr. Bannon has also sought to argue that he does not have to comply with his own subpoena because of Mr. Trump’s claims of executive privilege. A trial in his case is tentatively scheduled for July.Mr. Bannon is arguing that the committee is not a legitimate investigative body but a politically motivated one, citing the fact that two of its members have written books that presuppose who is to blame for the Capitol riot even though the inquiry has not ended.While contempt of Congress charges are rarely brought, the cases filed against Mr. Navarro and Mr. Bannon suggest that the Justice Department is willing to take a tough stance against at least some of Mr. Trump’s former aides who have stonewalled the committee’s efforts.The decision not to charge Mr. Meadows and Mr. Scavino indicates that there are limits to that approach, particularly when it comes to top White House officials who could more plausibly argue that their communications with the president were privileged.The charges against Mr. Navarro come at a politically sensitive moment: one week before the committee is poised to begin a series of high-profile hearings on its findings.Mr. Navarro has taken an aggressive stance toward the committee, especially with regard to its Democratic members. In his lawsuit, he vowed payback against Democrats should Republicans retake the White House and Congress in 2024.“If I’m not dead or in prison,” he wrote, “I will lead the charge.”At his court hearing, Mr. Navarro expressed similar disdain for the legal proceeding.A federal magistrate judge, Zia M. Faruqui, released him from custody with a standard set of conditions, mostly simple restrictions on Mr. Navarro’s travel privileges, noting that he understood the defendant was frustrated by them.Mr. Navarro rejected the idea that he was frustrated.“I am, let us say, disappointed in our republic,” he declared.Maggie Haberman More

  • in

    How Some States Are Combating Election Misinformation Ahead of Midterms

    Ahead of the 2020 elections, Connecticut confronted a bevy of falsehoods about voting that swirled around online. One, widely viewed on Facebook, wrongly said that absentee ballots had been sent to dead people. On Twitter, users spread a false post that a tractor-trailer carrying ballots had crashed on Interstate 95, sending thousands of voter slips into the air and across the highway.Concerned about a similar deluge of unfounded rumors and lies around this year’s midterm elections, the state plans to spend nearly $2 million on marketing to share factual information about voting, and to create its first-ever position for an expert in combating misinformation. With a salary of $150,000, the person is expected to comb fringe sites like 4chan, far-right social networks like Gettr and Rumble and mainstream social media sites to root out early misinformation narratives about voting before they go viral, and then urge the companies to remove or flag the posts that contain false information.“We have to have situational awareness by looking into all the incoming threats to the integrity of elections,” said Scott Bates, Connecticut’s deputy secretary of the state. “Misinformation can erode people’s confidence in elections, and we view that as a critical threat to the democratic process.”’Connecticut joins a handful of states preparing to fight an onslaught of rumors and lies about this year’s elections.Oregon, Idaho and Arizona have education and ad campaigns on the internet, TV, radio and billboards meant to spread accurate information about polling times, voter eligibility and absentee voting. Colorado has hired three cybersecurity experts to monitor sites for misinformation. California’s office of the secretary of state is searching for misinformation and working with the Department of Homeland Security and academics to look for patterns of misinformation across the internet.The moves by these states, most of them under Democratic control, come as voter confidence in election integrity has plummeted. In an ABC/Ipsos poll from January, only 20 percent of respondents said they were “very confident” in the integrity of the election system and 39 percent said they felt “somewhat confident.” Numerous Republican candidates have embraced former President Donald J. Trump’s falsehoods about the 2020 election, campaigning — often successfully — on the untrue claim that it was stolen from him.Some conservatives and civil rights groups are almost certain to complain that the efforts to limit misinformation could restrict free speech. Florida, led by Republicans, has enacted legislation limiting the kind of social media moderation that sites like Facebook, YouTube and Twitter can do, with supporters saying that the sites constrict conservative voices. On the federal level, the Department of Homeland Security recently paused the work of an advisory board on disinformation after a barrage of criticism from conservative lawmakers and free speech advocates that the group could suppress speech.“State and local governments are well-situated to reduce harms from dis- and misinformation by providing timely, accurate and trustworthy information,” said Rachel Goodman, a lawyer at Protect Democracy, a nonpartisan advocacy group. “But in order to maintain that trust, they must make clear that they are not engaging in any kind of censorship or surveillance that would raise constitutional concerns.”Connecticut and Colorado officials said the problem of misinformation has only worsened since 2020 and without a more concerted push to counteract it, even more voters could lose faith in the integrity of elections. They also said that they fear for the safety of some election workers.“We are seeing a threat atmosphere unlike anything this country has seen before,” said Jena Griswold, the Democratic secretary of state of Colorado. Ms. Griswold, who is up for re-election this fall, has received threats for upholding 2020 election results and refuting Mr. Trump’s false claims of fraudulent voting in the state.“We have to have situational awareness by looking into all the incoming threats to the integrity of elections,” said Scott Bates, Connecticut’s deputy secretary of the state.Other secretaries of state, who head the office typically charged with overseeing elections, have received similar pushback. In Georgia, Brad Raffensperger, a Republican who certified President Biden’s win in the state, has faced fierce criticism laced with false claims about the 2020 election.In his primary race this year, Mr. Raffensperger batted down misinformation that there were 66,000 underage voters, 2,400 unregistered voters and more than 10,350 dead people who cast ballots in the presidential election. None of the claims are true. He won his primary last week.Colorado is redeploying a misinformation team that the state created for the 2020 election. The team is composed of three election security experts who monitor the internet for misinformation and then report it to federal law enforcement.Ms. Griswold will oversee the team, called the Rapid Response Election Security Cyber Unit. It looks only for election-related misinformation on issues like absentee voting, polling locations and eligibility, she said.“Facts still exist and lies are being used to chip away at our fundamental freedoms,” Ms. Griswold said. Connecticut officials said the state’s goal was to patrol the internet for election falsehoods. On May 7, the Connecticut legislature approved $2 million for internet, TV, mail and radio education campaigns on the election process, and to hire an election information security officer.Officials said they would prefer candidates fluent in both English and Spanish, to address the spread of misinformation in both languages. The officer would track down viral misinformation posts on Facebook, Instagram, Twitter and YouTube, and look for emerging narratives and memes, especially on fringe social media platforms and the dark web.“We know we can’t boil the ocean, but we have to figure out where the threat is coming from, and before it metastasizes,” Mr. Bates said. More

  • in

    Lawyer Who Plotted to Overturn Trump Loss Recruits Election Deniers to Watch Over the Vote

    A central figure in the scheme to reverse the 2020 election is mobilizing grass-roots activists into an “army of citizens” trained to aggressively monitor elections.In a hotel conference center outside Harrisburg, Pa., Cleta Mitchell, one of the key figures in a failed scheme to overturn Donald J. Trump’s defeat, was leading a seminar on “election integrity.”“We are taking the lessons we learned in 2020 and we are going forward to make sure they never happen again,” Ms. Mitchell told the crowd of about 150 activists-in-training.She would be “putting you to work,” she told them.In the days after the 2020 election, Ms. Mitchell was among a cadre of Republican lawyers who frantically compiled unsubstantiated accusations, debunked claims and an array of confusing and inconclusive eyewitness reports to build the case that the election was marred by fraud. Courts rejected the cases and election officials were unconvinced, thwarting a stunning assault on the transfer of power.Now Ms. Mitchell is prepping for the next election. Working with a well-funded network of organizations on the right, including the Republican National Committee, she is recruiting election conspiracists into an organized cavalry of activists monitoring elections.In seminars around the country, Ms. Mitchell is marshaling volunteers to stake out election offices, file information requests, monitor voting, work at polling places and keep detailed records of their work. She has tapped into a network of grass-root groups that promote misinformation and espouse wild theories about the 2020 election, including the fiction that President Biden’s victory could still be decertified and Mr. Trump reinstated.One concern is the group’s intent to research the backgrounds of local and state officials to determine whether each is a “friend or foe” of the movement. Many officials already feel under attack by those who falsely contend that the 2020 election was stolen.An extensive review of Ms. Mitchell’s effort, including documents and social media posts, interviews and attendance at the Harrisburg seminar, reveals a loose network of influential groups and fringe figures. They include election deniers as well as mainstream organizations such as the Heritage Foundation’s political affiliate, Tea Party Patriots and the R.N.C., which has participated in Ms. Mitchell’s seminars. The effort, called the Election Integrity Network, is a project of the Conservative Partnership Institute, a right-wing think tank with close ties and financial backing from Mr. Trump’s political operation.Ms. Mitchell says she is creating “a volunteer army of citizens” who can counter what she describes as Democratic bias in election offices.“We’re going to be watching. We’re going to take back our elections,” she said in an April interview with John Fredericks, a conservative radio host. “The only way they win is to cheat,” she added.The claim that Mr. Trump lost the election because of improper conduct in election offices or rampant voter fraud is false. Mr. Trump’s defeat was undisputed among election officials and certified by Democrats and Republicans, with many recounts and audits verifying the outcome. Mr. Trump’s Justice Department found no evidence of widespread fraud. Mr. Trump lost more than 50 of his postelection challenges in court.Campaigns, parties and outside groups from both sides of the political spectrum regularly form poll-monitoring operations and recruit poll workers. And Republicans have in the past boasted of plans to build an “army” of observers, raising fears about widespread voter intimidation and conflict at the polls that largely have not materialized.Some former election officials say they are hopeful that when election skeptics observe the process they may finally be convinced that the system is sound. But several who examined Ms. Mitchell’s training materials and statements at the request of The New York Times sounded alarms about her tactics.Ms. Mitchell’s trainings promote particularly aggressive methods — with a focus on surveillance — that appear intended to feed on activists’ distrust and create pressure on local officials, rather than ensure voters’ access to the ballot, they say. A test drive of the strategy in the Virginia governor’s race last year highlighted how quickly the work — when conducted by people convinced of falsehoods about fraud — can disrupt the process and spiral into bogus claims, even in a race Republicans won.“I think it’s going to come down to whether they are truly interested in knowing the truth about elections or they’re interested in propagating propaganda,” said Al Schmidt, a Republican and former city commissioner of Philadelphia who served on the elections board.Asked about her project at the Pennsylvania training, Ms. Mitchell declined an interview request and asked a reporter to leave.In a statement emailed later, she said: “The American election system envisions citizen engagement and we are training people to assume the roles outlined in the statutes.”Ms. Mitchell’s operation sits at a tension point for her party. While the establishment is eager to take advantage of the base’s energy and outrage over 2020, some are wary of being associated with — or held accountable for — some of the more extreme people in the movement. The feeling is mutual among activists, many of whom believe the R.N.C. did not do enough to back Mr. Trump’s challenge.The Republican National Committee’s involvement is part of a return to widespread election-work organizing. For nearly 30 years, the committee was limited in some operations by a consent decree after Democrats accused party officials in New Jersey of hiring off-duty police officers and posting signs intended to scare Black and Latino people away from voting. The committee was freed of restrictions in 2018.This year, its multimillion-dollar investment includes hiring 18 state “election integrity” directors and 19 state “election integrity” lawyers. The party has so far recruited more than 5,000 poll watchers and nearly 12,000 poll workers, according to the committee. These efforts are separate from the Election Integrity Network, said Emma Vaughn, an R.N.C. spokeswoman.But in multiple states, the R.N.C. election integrity directors have been involved in Ms. Mitchell’s events. Ms. Vaughn acknowledged that party officials participate in events hosted by other groups to recruit poll workers and poll watchers. She noted that in many states poll monitors must be authorized by the party. The R.N.C. is training its monitors to comply with laws protecting voting rights, she said.“The R.N.C. works with other groups who have an interest in promoting election integrity, but the party’s efforts are independent from any outside organization,” Ms. Vaughn said.Harnessing the EnergySince 2020, scores of local groups have popped up around the country to promote claims about the election. Many are run by activists with little experience in politics or elections but who have amassed sizable membership lists and social media followers. They are spurred on by national figures touring the circuit and spreading false claims.Ms. Mitchell stepped in to harness that energy.The 71-year-old lawyer has been a steady and influential force in the voting battles. Once a liberal Democrat in Oklahoma, Ms. Mitchell has been a fixture in the conservative movement. She has represented the National Rifle Association and was on the board of the American Conservative Union. She has worked closely with Virginia Thomas, the wife of the Supreme Court justice Clarence Thomas, on organizing through the Council for National Policy, a national coordinating group for conservative leaders.In August 2020, Mr. Trump tapped her to prepare for postelection litigation. She enlisted John Eastman, the lawyer who crafted specious legal theories claiming Vice President Mike Pence could keep Mr. Trump in power. “A movement is stirring,” Ms. Mitchell wrote to Mr. Eastman just two days after Election Day. “But needs constitutional support.”Ms. Mitchell helped the president argue his case to state officials. She was on the phone with Mr. Trump when he asked Brad Raffensperger, Georgia’s secretary of state, to “find 11,780 votes” that could reverse Mr. Trump’s defeat there.Her latest effort is organized through the Conservative Partnership Institute, a nonprofit organization where she serves as a senior legal fellow and where Mark Meadows, Mr. Trump’s final White House chief of staff, is a senior partner. Mr. Trump’s political action committee, Save America PAC, donated $1 million to the group last year.Ms. Mitchell has described herself as a key conduit between activists and Republican Party leadership.“We are trying to bridge the gap between the grassroots and some of the issues we’ve had with the party,” she told trainees at the event outside Harrisburg.Ms. Mitchell is no doubt connecting with some of the fringe groups and ideas some in the party once avoided.In Virginia, for example, Ms. Mitchell helped a nonprofit organize a coalition that includes Virginians for America First, a group advocating for hand-counting ballots. It’s a position popular among some of those who believe conspiracy theories about foreign hacking in the 2020 election. The group was funded by Patrick Byrne, the former Overstock.com executive who is now a major benefactor of the election denial movement.Mark Finchem, a state representative from Arizona, at a MAGA rally at the Michigan State Capitol in Lansing, Mich., in March.Nic Antaya for The New York TimesIn Michigan, Ms. Mitchell’s group held a training session in May that was sponsored in part by a coalition of grass-roots groups called the Michigan Election Protection Team. The R.N.C.’s state election integrity director brought together the coalition to recruit poll workers. According to its website, the coalition includes LaRouchePAC, a committee dedicated to Lyndon LaRouche, the deceased conspiracy theorist, and Let’s Fix Stuff, an outfit run by a former Republican state senator who has promoted a theory about the 2020 election that Republican Michigan Senate leaders denounced as “indefensible.”The R.N.C. sent both its national and state election integrity directors to Ms. Mitchell’s training near Harrisburg. The state director, Andrea Raffle, had worked alongside Ms. Mitchell for months on the event, one of the speakers told the attendees. Ms. Raffle, as well as an organizer from Heritage Action, would be joining a new coalition of election activists led by Toni Shuppe, a fast-rising state activist, organizers announced.Ms. Shuppe’s group, Audit the Vote PA, has become a leading peddler of misleading data about the election in Pennsylvania. Last year, the group set out to find evidence of fraud by canvassing neighborhoods in search of discrepancies between election results and information collected from residents, a method that election experts dismiss as invalid.Ms. Shuppe has admitted to flaws in her data but stands by the conclusions of her analysis. Earlier this year, she circulated a petition that declared citizens’ right “to throw off such government that intends to keep the truth behind the 2020 election hidden.”Now, Ms. Shuppe is recruiting election activists, using what she learned at Ms. Mitchell’s and other training sessions, she said in an interview. So far, around 200 people have signed up, she said.“Just know that we have a plan,” she wrote the day after the Harrisburg seminar to her 15,000 Telegram subscribers. “We’ll never quit. This must be fixed. There is no going back to sleep. And 2020 still needs decertified.”Election workers in Philadelphia sorting through ballots the day after Election Day in 2020.Kriston Jae Bethel for The New York Times‘Is That a Friend or Foe?’Much of Ms. Shuppe’s plan is laid out in “The Citizens Guide to Building an Election Integrity Infrastructure,” a 19-page manual Ms. Mitchell has distributed at trainings and online.The document includes some typical guidelines for poll monitors, but elections experts also noted tactics that aren’t routine. The manual advises activists to “be ever-present” inside elections offices, and to meet with post office officials to observe “every step” of the vote-by-mail process allowed by law. They’re advised to keep careful records, including details on any “encounter that is intended to make you uncomfortable being at the election offices.”They recommend aggressively crowdsourcing the accuracy of the voter rolls by collecting affidavits from residents and mailing letters to try to identify potential “bad addresses.” They advise each group to enlist tech-savvy volunteers who, they suggest, can become expert on the specific software and equipment in each county and “what the vulnerabilities are.”The Trump InvestigationsCard 1 of 8Numerous inquiries. More

  • in

    ‘2000 Mules’ Repackages Trump’s Election Lies

    A new documentary from Trump allies makes the latest case the election was stolen, but the group behind the claim has been assailed even by some on the hard right.PALM BEACH, Fla. — Votes switched by Venezuelan software. Voting machines hacked by the Chinese. Checking for telltale bamboo fibers that might prove ballots had been flown in from Asia. After the 2020 election, Donald J. Trump and his allies cycled through a raft of explanations for what they claimed was the fraud that stole his rightful re-election as president, all of them debunked.Yet on a recent evening at his Mar-a-Lago resort, there was Mr. Trump showcasing his latest election conspiracy theory, one he has been advancing for months at rallies for his favored midterm candidates.The basic pitch is that an army of left-wing operatives stuffed drop boxes with absentee ballots — a new spin on an old allegation that voter-fraud activists call “ballot trafficking.” And while MAGA-world luminaries like Rudolph W. Giuliani, Representative Marjorie Taylor Greene and the MyPillow founder Mike Lindell filled the gilded ballroom, the former president called out two lesser-known figures sitting up front — the stars of “2000 Mules,” a documentary film promoting that ballot-trafficking theory and premiering at Mar-a-Lago that night.“These people are true patriots,” Mr. Trump said, gesturing from the podium to the pair — a Tea Party veteran from Texas, Catherine Engelbrecht, and Gregg Phillips, her full-bearded sidekick, a longtime Republican operative — and imploring them to “stand up.”The Mar-a-Lago “2000 Mules” screening earlier this month.Alexandra Berzon/The New York TimesDonald Trump and his allies are pushing the conspiracy theory covered in “2000 Mules.”Alexandra Berzon/The New York TimesWhile the early primaries have delivered a mixed verdict on the former president’s endorsements and stolen-election obsessions, polling nonetheless shows that a majority of Republicans believe the 2020 presidential election was stolen, even though vote fraud is exceedingly rare. Mr. Trump and his allies hope “2000 Mules,” now playing at several hundred theaters, will win over doubters among establishment Republicans.Ms. Engelbrecht, the founder of True the Vote, a group that has spent years warning of the dangers of voter fraud, has criticized the earlier narratives of the 2020 election as unhelpful. “What they were putting out there was a lot of misinformation that just wasn’t true,” she said in a recent interview. “People want to believe the conspiracies in some ways.” Their film, she maintains, offers a more-serious theory.Catherine Engelbrecht, center, founder and president of True the Vote.Michael F. McElroy for The New York TimesYet a close look at the documentary shows that it, too, is based on arguments that fall apart under scrutiny.The film, directed by the conservative commentator Dinesh D’Souza, is based in part on an erroneous premise: that getting paid to deliver other people’s ballots is illegal not just in states like Pennsylvania and Georgia where True the Vote centered its research and where third-party delivery of ballots is not allowed in most cases, but in every state.What’s more, the film claims, but never shows in its footage, that individual “mules” stuffed drop box after drop box. (Mr. Phillips said such footage exists, but Mr. D’Souza said it wasn’t included because “it’s not easy to tell from the images themselves that it is the same person.”) Those claims are purportedly backed up by tracking cellphone data, but the film’s methods of analysis have been pilloried in numerous fact-checks. (True the Vote declined to offer tangible proof — Mr. Phillips calls his methodology a “trade secret.”)More broadly, Ms. Engelbrecht has said that the surge of mail-in voting in 2020 was part of a Marxist plot, aided by billionaires including George Soros and Mark Zuckerberg, to disrupt American elections, rather than a legitimate response to the coronavirus pandemic.Mr. Phillips, whose firm OpSec does data analysis for True the Vote, is perhaps best known for making a fantastical claim in 2017 that more than three million illegal immigrants voted in the 2016 election, which was amplified by Mr. Trump but never backed up with evidence. Mr. Phillips is also an adviser to Get Georgia Right, a political action committee that received $500,000 from Mr. Trump’s Save America PAC this past March 25, the day after Mr. Phillips and Ms. Engelbrecht advanced their 2020 vote-fraud theories to a legislative committee in Wisconsin. Mr. Phillips said he had “received zero money” from Get Georgia Right, which backed Mr. Trump’s favored and failed governor-primary candidate, David Perdue.Gregg Phillips, right, at the “2000 Mules” screening at Mar-a-Lago.Alexandra Berzon/The New York TimesMr. Phillips and Ms. Engelbrecht have become controversial even within the hard-right firmament. They are embroiled in litigation with True the Vote’s largest donor, and Ms. Engelbrecht has feuded with Cleta Mitchell, a leading Trump ally and elections lawyer. John Fund, a prominent conservative journalist who was once a booster of Ms. Engelbrecht, has implored donors to shun her, according to videotape provided to The New York Times by Documented, a nonprofit news site.“I would not give her a penny,” Mr. Fund said at a meeting of members of the Council for National Policy, a secretive group of right-wing leaders, in the summer of 2020. “She’s a good person who’s been led astray. Don’t do it.”But Ms. Engelbrecht found support from Salem Media Group, which distributes right-wing talk radio and podcasts, including one hosted by Mr. D’Souza, who was pardoned by Mr. Trump after being convicted of campaign finance fraud. After meeting with Mr. Phillips and Ms. Engelbrecht, Salem Media spent $1.5 million to make the film and $3 million to market it, according to Mr. D’Souza. An elaborate and shadowy film set, with giant screens and flashing lights, was built to show Ms. Engelbrecht and Mr. Phillips conducting their cellphone-data analysis.Directed by the conservative commentator Dinesh D’Souza, “2000 Mules” is based on an erroneous central premise: that getting paid to deliver other people’s ballots is illegal in every state.Shannon Finney/Getty ImagesThe group has not presented any evidence that the ballots themselves — as opposed to their delivery — were improper. “I want to make very clear that we’re not suggesting that the ballots that were cast were illegal ballots. What we’re saying is that the process was abused,” Ms. Engelbrecht said in Wisconsin. In an interview, she backtracked, but when asked to provide evidence of improper votes, she only pointed to previous accusations unrelated to the 2020 general election.A repeated contention of the documentary is that getting paid to deliver other peoples’ ballots is illegal in every state. Mr. D’Souza emailed The New York Times a citation to a federal statute that outlaws getting paid to vote — and does not discuss delivering other people’s ballots. Hans von Spakovsky, a Heritage Foundation fellow, appears in the movie agreeing that the practice is outlawed nationwide, but in 2019 he wrote that it was “perfectly legal” in some states for “political guns-for-hire” to collect ballots. (Asked about the discrepancy, Mr. von Spakovsky said he believed the practice is illegal based on federal law.)The swing states where Ms. Phillips and Ms. Engelbrecht focused their research do ban the delivery of ballots on behalf of others, with some exceptions. But elections officers in 16 other states surveyed by The Times said their states did not prohibit people getting paid to deliver a ballot. Some of those states limit how many ballots an individual can deliver, or bar campaigns from doing so.Mr. Phillips and Ms. Engelbrecht’s case is largely built on cellphone data. A report created by the group includes an appendix that claims to list “IMEI” numbers of the tracked devices — 15-digit codes unique to each cellphone. But each entry on the list is a 20-character string of numbers and letters followed by a lot of x’s. Mr. Phillips said new IDs had been created “to obfuscate the numbers.”The same report says the group “purchased 25 terabytes of cellphone signal data emitted by devices” in the Milwaukee area in a two-week period before the 2020 election. They claim to have isolated 107 unique devices that made “20 or more visits to drop boxes” and “multiple visits to nongovernmental organizations” that were involved in get out the vote efforts.A number of researchers have said that while cellphone data is fairly precise, it cannot determine if someone is depositing ballots in a drop box or just passing by the area.“It’s really, really hard to assign even what side of the street you’re on when you’re using this kind of data,” said Paul Schmitt, a research scientist and professor at the University of Southern California.The Trump InvestigationsCard 1 of 8Numerous inquiries. More