More stories

  • in

    Los aliados de Trump ayudan a sembrar dudas en Brasil

    Ante la caída de sus números en las encuestas, el presidente Jair Bolsonaro se queja de un supuesto fraude en las elecciones del próximo año. Y, desde Estados Unidos, lo están asesorando.BRASILIA — La sala de conferencias estaba repleta, con más de 1000 personas vitoreando los ataques contra la prensa, los liberales y lo políticamente correcto. Donald Trump Jr. estaba presente y advertía que los chinos podrían entrometerse en las elecciones, también asistió un congresista de Tennessee que votó en contra de certificar las elecciones de 2020 y el presidente, quien se quejaba sobre el fraude electoral.En muchos sentidos, el evento de septiembre se parecía al CPAC, la conferencia política conservadora, durante la era Trump. Pero estaba ocurriendo en Brasil, la mayor parte era en portugués y el mandatario que estaba en el escenario era el líder populista de extrema derecha del país, Jair Bolsonaro.Recién salido de su asalto a los resultados de las elecciones presidenciales de 2020 en Estados Unidos, el expresidente Donald Trump y sus aliados están exportando su estrategia a la mayor democracia de América Latina, trabajando para apoyar la candidatura de Bolsonaro a la reelección el próximo año, y ayudando a sembrar dudas en el proceso electoral en caso de que pierda.Están tachando a sus rivales políticos de criminales y comunistas, construyendo nuevas redes sociales en las que pueda evitar las reglas de Silicon Valley contra la desinformación y amplificando sus afirmaciones de que las elecciones en Brasil estarán amañadas.Simpatizantes de Bolsonaro en Brasilia, en septiembreDado Galdieri para The New York TimesPara los ideólogos estadounidenses que impulsan un movimiento nacionalista de derecha, Brasil es una de las piezas más importantes del tablero mundial. Con 212 millones de habitantes, es la sexta nación más grande del mundo, la fuerza dominante en América del Sur y el hogar de una población abrumadoramente cristiana que sigue desplazándose hacia la derecha.Brasil también presenta una rica oportunidad económica, con abundantes recursos naturales que se han hecho más accesibles gracias al retroceso de las regulaciones de Bolsonaro, y un mercado cautivo para las nuevas redes sociales de derecha dirigidas por Trump y otros líderes.Para el presidente brasileño, que se encuentra cada vez más aislado en la escena mundial y es impopular en su país, el apoyo estadounidense es un impulso. El nombre de Trump es un grito de guerra para la nueva derecha brasileña y sus esfuerzos por socavar el sistema electoral estadounidense parecen haber inspirado y envalentonado a Bolsonaro y sus partidarios.Pero Brasil es un país profundamente dividido donde las instituciones que salvaguardan la democracia son más vulnerables a los ataques. La adopción de los métodos de Trump está añadiendo combustible a un polvorín político y podría desestabilizar al país, que cuenta con una historia de violencia política y gobiernos militares.“Bolsonaro ya está metiendo en la cabeza de la gente que no aceptará el resultado de las elecciones si pierde”, dijo David Nemer, un profesor brasileño que enseña en la Universidad de Virginia y estudia la extrema derecha del país. “En Brasil, eso se puede ir de las manos”.Steve Bannon, quien fue el principal estratega de Trump, ha dicho que el presidente Bolsonaro solo perderá si “las máquinas” roban las elecciones. Mark Green, representante republicano por Tennessee que ha impulsado leyes para combatir el fraude electoral, se reunió con legisladores en Brasil para discutir sobre las “políticas de integridad del voto”.Y uno de los hijos del presidente Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, dio quizás su presentación más elaborada sobre lo que dijo que eran elecciones brasileñas manipuladas en Sioux Falls, Dakota del Sur. En agosto, asistió a un evento organizado por Mike Lindell, el empresario de almohadas que está siendo demandado por difamar a los fabricantes de máquinas de votación.El hijo del presidente Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, durante las celebraciones del Día de la Independencia en São PauloVictor Moriyama para The New York TimesLas autoridades, incluyendo académicos, funcionarios electorales de Brasil y el gobierno de Estados Unidos, han dicho que no ha habido fraude en las elecciones de Brasil. Eduardo Bolsonaro ha insistido en que lo hubo. “Ellos dicen que no puedo probar que hubo fraude”, dijo en Dakota del Sur. “Así que, OK, no pueden demostrar que no lo hubo”.El círculo de Trump se ha acercado a otros líderes populistas de extrema derecha, incluso en Hungría, Polonia y Filipinas, y ha tratado de impulsar a los populistas de otros lugares. Pero los lazos son más fuertes, y lo que está en juego podría ser de una magnitud mayor, en Brasil.Los grupos de WhatsApp de los partidarios de Bolsonaro comenzaron a circular recientemente el tráiler de una nueva serie de Tucker Carlson, un presentador de Fox News que simpatiza con los disturbios del 6 de enero en el Capitolio, dijo Nemer. Estados Unidos, que es una democracia desde hace 245 años, resistió ese ataque. Brasil aprobó su constitución en 1988, tras dos décadas de dictadura militar.“Lo que me preocupa es la fragilidad de nuestras instituciones democráticas”, expresó Nemer.El interés estadounidense en Brasil no solo es político. Dos redes sociales conservadoras dirigidas por aliados de Trump, Gettr y Parler, están creciendo rápidamente aquí apoyándose en el miedo a la censura de las grandes empresas tecnológicas y convenciendo al presidente Bolsonaro para que publique en esas plataformas, lo que lo convierte en el único líder mundial que ha participado en esas redes. La propia red social de Trump, anunciada el mes pasado, está parcialmente financiada por un congresista brasileño alineado con el presidente Bolsonaro.Más allá de la tecnología, muchas otras empresas estadounidenses se han beneficiado de la apertura al comercio del presidente Bolsonaro, incluidas las de defensa, agricultura, espacio y energía.“Estamos convirtiendo la afinidad ideológica en intereses económicos”, dijo Ernesto Araujo, ministro de Relaciones Exteriores del presidente Bolsonaro hasta marzo.Los Trump, los Bolsonaro y Bannon no respondieron a las repetidas solicitudes de comentarios.El entonces presidente Trump recibió al presidente brasileño Jair Bolsonaro en una cena en Mar-a-Lago en marzo de 2020.T.J. Kirkpatrick para The New York TimesLas afirmaciones de fraude de Bolsonaro han preocupado a los funcionarios del gobierno de Biden, según dos funcionarios estadounidenses que hablaron bajo condición de anonimato. En agosto, Jake Sullivan, asesor de seguridad nacional del presidente Biden, viajó a Brasil y aconsejó al presidente Bolsonaro que respetara el proceso democrático.En octubre, 64 miembros del Congreso le pidieron al presidente Biden un reajuste en la relación de Estados Unidos con Brasil, citando el empeño de Bolsonaro en políticas que amenazan el régimen democrático. En respuesta, el embajador de Brasil en Estados Unidos defendió al presidente Bolsonaro, diciendo que el debate sobre la seguridad electoral es normal en las democracias. “Brasil es y seguirá siendo uno de los países más libres del mundo”, dijo.Para el presidente Bolsonaro, el apoyo de los miembros del partido Republicano llega en un momento crucial. La pandemia ha ocasionado el fallecimiento de más de 610.000 brasileños, solo superada por las 758.000 muertes en Estados Unidos. El desempleo y la inflación han aumentado. Lleva dos años sin partido político. Y el Supremo Tribunal Federal y el Congreso de Brasil están llegando a conclusiones en investigaciones sobre él, sus hijos y sus aliados.A fines del mes pasado, una comisión del Congreso de Brasil recomendó que el presidente Bolsonaro fuera acusado de “crímenes contra la humanidad”, afirmando que dejó intencionadamente que el coronavirus arrasara en Brasil con el fin de lograr la inmunidad de rebaño. El panel culpó a su gobierno de más de 100.000 muertes.Minutos después de la votación, Trump emitió su apoyo. “Brasil tiene suerte de tener a un hombre como Jair Bolsonaro trabajando para ellos”, dijo en un comunicado. “¡Es un gran presidente y nunca defraudará a la gente de su gran país!”.Para el presidente brasileño, que cada vez está más aislado en la escena mundial y que lidia con la impopularidad en su país, el apoyo estadounidense es un impulso.Victor Moriyama para The New York Times‘El Donald Trump de Sudamérica’En 2018, el presidente Bolsonaro logró la victoria gracias a la misma ola populista que impulsó a Trump. Las comparaciones entre Bolsonaro, un paracaidista retirado del ejército con una inclinación por los insultos y los tuits fuera de lugar, y Trump fueron instantáneas.“Dicen que es el Donald Trump de Sudamérica”, dijo Trump en 2019. “Me cae bien”.Para muchos otros, Bolsonaro era alarmante. Como congresista y candidato, se había puesto poético con la dictadura militar de Brasil, que torturaba a sus rivales políticos. Dijo que sería incapaz de amar a un hijo gay. Y que una diputada rival era demasiado fea para ser violada.A los tres meses de su mandato, Bolsonaro visitó Washington. En su cena de bienvenida, la embajada brasileña lo sentó junto a Bannon. Más tarde, en la Casa Blanca, Trump y Bolsonaro llegaron a acuerdos que permitirían al gobierno brasileño gastar más con la industria de defensa de Estados Unidos y a las empresas estadounidenses lanzar cohetes desde Brasil.Junto al presidente Bolsonaro estaba su hijo, Eduardo. Diputado y ex policía, Eduardo Bolsonaro ya llevaba gorras de Trump y posaba con rifles de asalto en Facebook. Luego surgió como el principal enlace de Brasil con la derecha estadounidense, visitando Estados Unidos varias veces al año para reunirse con Trump, Jared Kushner, los principales senadores republicanos y un cuadro de expertos de extrema derecha y teóricos de la conspiración.Unas semanas después de que su padre fuera elegido, Eduardo Bolsonaro fue a la fiesta de cumpleaños de Bannon y fue tratado como “el invitado de honor”, dijo Márcio Coimbra, un consultor político brasileño que también estuvo allí.Dos meses más tarde, Bannon anunció que Eduardo Bolsonaro representaría a América del Sur en The Movement, un grupo nacionalista y populista que Bannon imaginaba haciéndose cargo del mundo occidental. En el comunicado de prensa, Bolsonaro dijo que iban a “reclamar la soberanía de las fuerzas elitistas globalistas progresistas”.Camioneros y otros partidarios de Bolsonaro en BrasiliaDado Galdieri para The New York Times‘No podemos permitir que nos silencien’Antes de la pandemia, el presidente Bolsonaro ya era un gran aliado de los negocios estadounidenses.Los gobiernos de Trump y Bolsonaro firmaron pactos para aumentar el comercio. Los inversores estadounidenses invirtieron miles de millones de dólares en empresas brasileñas. Y Brasil gastó más en importaciones estadounidenses, incluyendo combustible, plásticos y aviones.Ahora a una nueva clase de empresas se le hace agua la boca por Brasil: las redes sociales conservadoras.Gettr y Parler, dos clones de Twitter, han crecido rápidamente en Brasil prometiendo un enfoque de no intervención a las personas que creen que Silicon Valley está censurando las voces conservadoras. Uno de sus reclutas más destacados es el presidente Bolsonaro.El director ejecutivo de Gettr, Jason Miller, es el antiguo portavoz de Trump. Dijo que la actividad de Bolsonaro y sus hijos en su sitio ha sido un gran impulso para el negocio. La aplicación, que tiene cuatro meses de vida, ya cuenta con cerca de 500.000 usuarios en Brasil, o el 15 por ciento de su base, su segundo mayor mercado después de Estados Unidos. Gettr se anuncia en canales brasileños conservadores de YouTube. “Tenía a Brasil identificado desde el primer día”, dijo.Jason Miller, en el centro, con Steve Bannon y Raheem Kassam durante la grabación de un programa de radio en 2019Justin T. Gellerson para The New York TimesParler dijo que Brasil también es su segundo mercado más grande. Ambas empresas patrocinaron el CPAC en Brasil. “No podemos permitir que nos silencien”, dijo Candace Owens, una comentarista conservadora, en un video en el que presentaba a Parler en la CPAC.Understand the Claim of Executive Privilege in the Jan. 6. InquiryCard 1 of 8A key issue yet untested. More

  • in

    Trump Allies Help Bolsonaro Sow Doubt in Brazil's Elections

    With his poll numbers falling, President Jair Bolsonaro is already questioning the legitimacy of next year’s election. He has help from the United States.BRASÍLIA — The conference hall was packed, with a crowd of more than 1,000 cheering attacks on the press, the liberals and the politically correct. There was Donald Trump Jr. warning that the Chinese could meddle in the election, a Tennessee congressman who voted against certifying the 2020 vote, and the president complaining about voter fraud.In many ways, the September gathering looked like just another CPAC, the conservative political conference. But it was happening in Brazil, most of it was in Portuguese and the president at the lectern was Jair Bolsonaro, the country’s right-wing leader.Fresh from their assault on the results of the 2020 U.S. presidential election, former President Donald J. Trump and his allies are exporting their strategy to Latin America’s largest democracy, working to support Mr. Bolsonaro’s bid for re-election next year — and helping sow doubt in the electoral process in the event that he loses.They are branding his political rivals as criminals and communists, building new social networks where he can avoid Silicon Valley’s rules against misinformation and amplifying his claims that the election in Brazil will be rigged.Supporters of Mr. Bolsonaro in Brasília in September.Dado Galdieri for The New York TimesFor the American ideologues pushing a right-wing, nationalist movement, Brazil is one of the most important pieces on the global chess board. With 212 million people, it is the world’s sixth-largest nation, the dominant force in South America, and home to an overwhelmingly Christian population that continues to shift to the right.Brazil also presents a rich economic opportunity, with abundant natural resources made more available by Mr. Bolsonaro’s rollback of regulations, and a captive market for the new right-wing social networks run by Mr. Trump and others.For the Brazilian president, who finds himself increasingly isolated on the world stage and unpopular at home, the American support is a welcome boost. The Trump name is a rallying cry for Brazil’s new right and his efforts to undermine the U.S. electoral system appear to have inspired and emboldened Mr. Bolsonaro and his supporters.But Brazil is a deeply divided nation where the institutions safeguarding democracy are more vulnerable to attack. The adoption of Mr. Trump’s methods is adding fuel to a political tinderbox and could prove destabilizing in a country with a history of political violence and military rule.“Bolsonaro is already putting it into people’s heads that he won’t accept the election if he loses,” said David Nemer, a University of Virginia professor from Brazil who studies the country’s far right. “In Brazil, this can get out of hand.”Steve Bannon, Mr. Trump’s former chief strategist, has said President Bolsonaro will only lose if “the machines” steal the election. Representative Mark Green, a Tennessee Republican who has pushed laws combating voter fraud, met with lawmakers in Brazil to discuss “voting integrity policies.”And President Bolsonaro’s son, Eduardo Bolsonaro, gave perhaps his most elaborate presentation on what he said were manipulated Brazilian elections in Sioux Falls, S.D. He was at an August event hosted by Mike Lindell, the pillow executive being sued for defaming voting-machine makers.President Bolsonaro’s son, Eduardo Bolsonaro, during Independence Day celebrations in São Paulo.Victor Moriyama for The New York TimesAuthorities, including academics, Brazil’s electoral officials and the U.S. government, all have said that there has not been fraud in Brazil’s elections. Eduardo Bolsonaro has insisted there was. “I can’t prove — they say — that I have fraud,” he said in South Dakota. “So, OK, you can’t prove that you don’t.”Mr. Trump’s circle has cozied up to other far-right leaders, including in Hungary, Poland and the Philippines, and tried to boost rising nationalist politicians elsewhere. But the ties are the strongest, and the stakes perhaps the highest, in Brazil.WhatsApp groups for Bolsonaro supporters recently began circulating the trailer for a new series from Fox News host Tucker Carlson that sympathizes with the Jan. 6 Capitol riot, Mr. Nemer said. The United States, which has been a democracy for 245 years, withstood that attack. Brazil passed its constitution in 1988 after two decades under a military dictatorship.“What concerns me is how fragile our democratic institutions are,” Mr. Nemer said.The American interest in Brazil is not only political. Two conservative social networks run by allies of Mr. Trump, Gettr and Parler, are growing rapidly here by leaning into fears of Big Tech censorship and by persuading President Bolsonaro to post on their sites — the only world leader to do so. Mr. Trump’s own new social network, announced last month, is partially financed by a Brazilian congressman aligned with President Bolsonaro.Beyond tech, many other American companies have benefited from President Bolsonaro’s opening to trade, including those in defense, agriculture, space and energy.“We’re turning ideological affinity into economic interests,” said Ernesto Araújo, President Bolsonaro’s foreign minister until March.The Trumps, the Bolsonaros, Mr. Green and Mr. Bannon did not respond to repeated requests for comment.President Trump hosted Brazilian President Jair Bolsonaro at a dinner at Mar-a-Lago in March of 2020.T.J. Kirkpatrick for The New York TimesPresident Bolsonaro’s fraud claims have worried officials in the Biden administration, according to two U.S. officials who spoke on the condition of anonymity. In August, Jake Sullivan, President Biden’s national security adviser, traveled to Brazil and advised President Bolsonaro to respect the democratic process.In October, 64 members of Congress asked President Biden for a reset in the United States’ relationship with Brazil, citing President Bolsonaro’s pursuit of policies that threaten democratic rule. In response, Brazil’s ambassador to the United States defended President Bolsonaro, saying debate over election security is normal in democracies. “Brazil is and will continue to be one of the world’s freest countries,” he said.For President Bolsonaro, the Republicans’ support comes at a crucial moment. The pandemic has killed more than 610,000 Brazilians, second to only the 758,000 deaths in the United States. Unemployment and inflation have risen. He has been operating without a political party for two years. And Brazil’s Supreme Court and Congress are closing in on investigations into him, his sons and his allies.Late last month, a Brazil congressional panel recommended that President Bolsonaro be charged with “crimes against humanity,” asserting that he intentionally let the coronavirus tear through Brazil in a bid for herd immunity. The panel blamed his administration for more than 100,000 deaths.Minutes after the panel voted, Mr. Trump issued his endorsement. “Brazil is lucky to have a man such as Jair Bolsonaro working for them,” he said in a statement. “He is a great president and will never let the people of his great country down!”For the Brazilian president, who finds himself increasingly isolated on the world stage and unpopular at home, American support is a welcome boost. Victor Moriyama for The New York Times‘The Donald Trump of South America’In 2018, President Bolsonaro was carried to victory by the same populist wave that buoyed Mr. Trump. The comparisons between Mr. Bolsonaro, a former Army paratrooper with a penchant for insults and off-the-cuff tweets, and Mr. Trump were instant.“They say he’s the Donald Trump of South America,” Mr. Trump said in 2019. “I like him.”To many others, Mr. Bolsonaro was alarming. As a congressman and candidate, he had waxed poetic about Brazil’s military dictatorship, which tortured its political rivals. He said he would be incapable of loving a gay son. And he said a rival congresswoman was too ugly to be raped.Three months into his term, President Bolsonaro went to Washington. At his welcome dinner, the Brazilian embassy sat him next to Mr. Bannon. At the White House later, Mr. Trump and Mr. Bolsonaro made deals that would allow the Brazilian government to spend more with the U.S. defense industry and American companies to launch rockets from Brazil.Joining President Bolsonaro in Washington was his son, Eduardo. A congressman and former police officer, Eduardo Bolsonaro already was wearing Trump hats and posing with assault rifles on Facebook. He then emerged as Brazil’s chief liaison with the American right, visiting the United States several times a year to meet with Mr. Trump, Jared Kushner, top Republican senators and a cadre of far-right pundits and conspiracy theorists.A few weeks after his father was elected, Eduardo Bolsonaro went to Mr. Bannon’s birthday party and was treated as “the guest of honor,” said Márcio Coimbra, a Brazilian political consultant who was also there.Two months later, Mr. Bannon announced Eduardo Bolsonaro would represent South America in The Movement, a right-wing, nationalist group that Mr. Bannon envisioned taking over the Western world. In the news release, Eduardo Bolsonaro said they would “reclaim sovereignty from progressive globalist elitist forces.”Truck drivers and other supporters of Mr. Bolsonaro in Brasília.Dado Galdieri for The New York Times‘We cannot allow them to silence us’Before the pandemic, President Bolsonaro had been good for American business.The Trump and Bolsonaro administrations signed pacts to increase commerce. American investors plowed billions of dollars into Brazilian companies. And Brazil spent more on American imports, including fuel, plastics and aircraft.Now a new class of companies is salivating over Brazil: conservative social networks.Gettr and Parler, two Twitter clones, have grown rapidly in Brazil by promising a hands-off approach to people who believe Silicon Valley is censoring conservative voices. One of their most high-profile recruits is President Bolsonaro.Gettr’s chief executive, Jason Miller, is Mr. Trump’s former spokesman. He said that President Bolsonaro and his sons’ activity on his site has been a major boost for business. The four-month-old app already has nearly 500,000 users in Brazil, or 15 percent of its user base, its second-largest market after the United States. Gettr is now advertising on conservative Brazilian YouTube channels. “I had Brazil identified from day one,” he said.Jason Miller, center, with Steve Bannon and Raheem Kassam during the recording of a radio show in 2019.Justin T. Gellerson for The New York TimesParler said Brazil is also its No. 2 market. Both companies sponsored CPAC in Brazil. “We cannot allow them to silence us,” Candace Owens, the conservative pundit, said in a video pitching Parler at CPAC.Gettr is partly funded by Guo Wengui, an exiled Chinese billionaire who is close with Mr. Bannon. (When Mr. Bannon was arrested on fraud charges, he was on Mr. Guo’s yacht.) Parler is funded by Rebekah Mercer, the American conservative megadonor who was Mr. Bannon’s previous benefactor.Understand the Claim of Executive Privilege in the Jan. 6. InquiryCard 1 of 8A key issue yet untested. More

  • in

    In Trump Election Interference Investigation, Grand Jury Looms

    An Atlanta D.A. is said to be likely to impanel a special grand jury in her criminal investigation of election interference by the former president and his allies.As the House committee investigating the Jan. 6 Capitol riot fights to extract testimony and documents from Donald J. Trump’s White House, an Atlanta district attorney is moving toward convening a special grand jury in her criminal investigation of election interference by the former president and his allies, according to a person with direct knowledge of the deliberations.The prosecutor, Fani Willis of Fulton County, opened her inquiry in February and her office has been consulting with the House committee, whose evidence could be of considerable value to her investigation. But her progress has been slowed in part by the delays in the panel’s fact gathering. By convening a grand jury dedicated solely to the allegations of election tampering, Ms. Willis, a Democrat, would be indicating that her own investigation is ramping up.Her inquiry is seen by legal experts as potentially perilous for the former president, given the myriad interactions he and his allies had with Georgia officials, most notably Mr. Trump’s January call to Secretary of State Brad Raffensperger, urging him to “find 11,780 votes” — enough to reverse the state’s election result. The Georgia case is one of two active criminal investigations known to touch on the former president and his circle; the other is the examination of his financial dealings by the Manhattan district attorney.Fani Willis, the Fulton County district attorney, opened her criminal inquiry into the former president in February.Nicole Craine for The New York TimesMs. Willis’s investigation is unfolding in a state that remains center stage in the nation’s partisan warfare over the vote.The Biden Justice Department has sued Georgia over a highly restrictive voting law passed by the Republican-led legislature, arguing that it discriminates against Black voters. At the same time, Mr. Trump is aggressively seeking to reshape the state’s political landscape by ousting Republicans whom he considers unwilling to do his bidding or to adopt his false claims of election fraud. He is supporting a challenger to Mr. Raffensperger in next year’s primary, and has been courting possible candidates to run against the Republican governor, Brian Kemp. One Trump ally, former Senator David Perdue, is weighing such a run, while another, the former football star Herschel Walker, is eyeing a Senate bid. (A new governor would not have direct power to pardon, which in Georgia is delegated to a state board.)Instead of impaneling a special grand jury, Ms. Willis could submit evidence to one of two grand juries currently sitting in Fulton County, a longtime Democratic stronghold that encompasses much of Atlanta. But the county has a vast backlog of more than 10,000 potential criminal cases that have yet to be considered by a grand jury — a result of logistical complications from the coronavirus pandemic and, Ms. Willis has argued, inaction by her predecessor, Paul Howard, whom she replaced in January.By contrast, a special grand jury, which by Georgia statute would include 16 to 23 members, could focus solely on the potential case against Mr. Trump and his allies. Ms. Willis is likely to soon take the step, according to a person with direct knowledge of the deliberations, speaking on the condition of anonymity because the decision is not final. Though such a jury could issue subpoenas, Ms. Willis would need to return to a regular grand jury to seek criminal indictments.Ms. Willis’s office declined to comment; earlier this year, in an interview with The New York Times, she said, “Anything that is relevant to attempts to interfere with the Georgia election will be subject to review.”Aides to Mr. Trump did not respond to requests for comment; in February, a spokesman called the Fulton County inquiry “the Democrats’ latest attempt to score political points by continuing their witch hunt against President Trump.”Brad Raffensperger, Georgia’s secretary of state, wrote in a new book about Mr. Trump’s asking him to “find” more votes: “I felt then — and still believe today — that this was a threat.”Ron Harris/Associated PressMr. Raffensperger made his view of Mr. Trump’s election meddling clear in a book released this month, on Election Day: “For the office of the secretary of state to ‘recalculate’ would mean we would somehow have to fudge the numbers. The president was asking me to do something that I knew was wrong, and I was not going to do that,” he wrote.Of Mr. Trump’s call, Mr. Raffensperger wrote, “I felt then — and still believe today — that this was a threat.”A 114-page analysis of potential issues in the case was released last month by the Brookings Institution, with authors including Donald Ayer, a deputy attorney general during the George H.W. Bush administration, and Norman Eisen, who was a special counsel to President Barack Obama. The report concluded that Mr. Trump’s postelection conduct in Georgia put him “at substantial risk of possible state charges,” including racketeering, election fraud solicitation, intentional interference with performance of election duties and conspiracy to commit election fraud.Mr. Trump’s ongoing commentary about what took place in Georgia may not be helping his cause. In September, he held a rally in Perry, Ga., attended by thousands of followers, as well as Mr. Walker and Representative Jody Hice, who is running against Mr. Raffensperger.At the rally, Mr. Trump recalled how he phoned Mr. Kemp, who refused his entreaties to intervene.“Brian, listen,” Mr. Trump said he told the governor. “You have a big election-integrity problem in Georgia. I hope you can help us out and call a special election, and let’s get to the bottom of it for the good of the country.”The Brookings authors asserted that these comments could help prosecutors establish “intent” to convince lawmakers to commit election fraud — a crucial hurdle in proving a solicitation case against Mr. Trump.“I think he worsened his exposure with those comments,” Mr. Eisen said. “The mere fact of his conversation with Kemp is evidence of solicitation of election fraud, because Trump’s demand was based on falsehoods. By commenting on it further at the rally, he offered the prosecution free admissions about the content of that exchange.”Trump’s Bid to Subvert the ElectionCard 1 of 6A monthslong campaign. More

  • in

    On Vaccines and More, Republican Cowardice Harms America

    Back in July, Kay Ivey, governor of Alabama, had some strong and sensible things to say about Covid-19 vaccines. “I want folks to get vaccinated,” she declared. “That’s the cure. That prevents everything.” She went on to say that the unvaccinated are “letting us down.”Three months later Ivey directed state agencies not to cooperate with federal Covid-19 vaccination mandates.Ivey’s swift journey from common sense and respect for science to destructive partisan nonsense — nonsense that is killing tens of thousands of Americans — wasn’t unique. On the contrary, it was a recapitulation of the journey the whole Republican Party has taken on issue after issue, from tax cuts to the Big Lie about the 2020 election.When we talk about the G.O.P.’s moral descent, we tend to focus on the obvious extremists, like the conspiracy theorists who claim that climate change is a hoax and Jan. 6 was a false flag operation. But the crazies wouldn’t be driving the Republican agenda so completely if it weren’t for the cowards, Republicans who clearly know better but reliably swallow their misgivings and go along with the party line. And at this point crazies and cowards essentially make up the party’s entire elected wing.Consider, for example, the claim that tax cuts pay for themselves. In 1980 George H.W. Bush, running against Ronald Reagan for the Republican presidential nomination, called that assertion “voodoo economic policy.” Everything we’ve seen since then says that he was right. But Bush soon climbed down, and by 2017 even supposed “moderates” like Susan Collins accepted claims that the Trump tax cut would reduce, not increase, the budget deficit. (It increased the deficit.)Or consider climate change. As recently as 2008 John McCain campaigned for president in part on a proposal to put a cap on U.S. greenhouse gas emissions. But at this point Republicans in Congress are united in their opposition to any substantive action to limit global warming, with 30 G.O.P. senators outright denying the overwhelming scientific evidence that human activities are causing climate change.The falsehoods that are poisoning America’s politics tend to share similar life histories. They begin in cynicism, spread through disinformation and culminate in capitulation, as Republicans who know the truth decide to acquiesce in lies.Take the claim of a stolen election. Donald Trump never had any evidence on his side, but he didn’t care — he just wanted to hold on to power or, failing that, promulgate a lie that would help him retain his hold on the G.O.P. Despite the lack of evidence and the failure of every attempt to produce or create a case, however, a steady drumbeat of propaganda has persuaded an overwhelming majority of Republicans that Joe Biden’s victory was illegitimate.And establishment Republicans, who at first pushed back against the Big Lie, have gone quiet or even begun to promote the falsehood. Thus on Wednesday, The Wall Street Journal published, without corrections or fact checks, a letter to the editor from Trump that was full of demonstrable lies — and in so doing gave those lies a new, prominent platform.The G.O.P.’s journey toward what it is now with respect to Covid-19 — an anti-vaccine, objectively pro-pandemic party — followed the same trajectory.Although Republicans like Ron DeSantis and Greg Abbott claim that their opposition to vaccine requirements is about freedom, the fact that both governors have tried to stop private businesses from requiring customers or staff to be vaccinated shows this is a smoke screen. Pretty clearly, the anti-vaccine push began as an act of politically motivated sabotage. After all, a successful vaccination campaign that ended the pandemic would have been good political news for Biden.We should note, by the way, that this sabotage has, so far at least, paid off. While there are multiple reasons many Americans remain unvaccinated, there’s a strong correlation between a county’s political lean and both its vaccination rate and its death rate in recent months. And the persistence of Covid, which has in turn been a drag on the economy, has been an important factor dragging down Biden’s approval rating.More important for the internal dynamics of the G.O.P., however, is that many in the party’s base have bought into assertions that requiring vaccination against Covid-19 is somehow a tyrannical intrusion of the state into personal decisions. In fact, many Republican voters appear to have turned against longstanding requirements that parents have their children vaccinated against other contagious diseases.And true to form, elected Republicans like Governor Ivey who initially spoke in favor of vaccines have folded and surrendered to the extremists, even though they must know that in so doing they will cause many deaths.I’m not sure exactly why cowardice has become the norm among elected Republicans who aren’t dedicated extremists. But if you want to understand how the G.O.P. became such a threat to everything America should stand for, the cowards are at least as important a factor as the crazies.The Times is committed to publishing a diversity of letters to the editor. We’d like to hear what you think about this or any of our articles. Here are some tips. And here’s our email: letters@nytimes.com.Follow The New York Times Opinion section on Facebook, Twitter (@NYTopinion) and Instagram. More

  • in

    End the Secrecy. Open Up Adoption Records.

    More from our inbox:Facebook MisinformationErasing Older Women at the Art Institute of ChicagoA Conversation With VotersSam Anthony, left, with his birth father, Craig Nelson, at Mr. Anthony’s home in Falls Church, Va., in August.Debra Steidel WallTo the Editor:Re “With DNA and Friend’s Help, a Dying Son Finds His Father” (front page, Oct. 10):If we continue to keep the process of finding one’s birth family and opening birth records as difficult as possible, as with Sam Anthony, profiled in your article, we are preventing valuable family connections that should be a basic human right.Adoptees are often completely cut off from our birth families the second our adoption papers are finalized. If it weren’t for DNA testing I would never have discovered that two half-siblings of mine had been adopted into a different family a few states away.Adoptees should not have to go to great lengths to reconnect with their birth family. But, unfortunately, the complicated and often expensive process of DNA testing and hiring private investigators is often the only way to find biological relatives.When birth records are sealed, adoptees suffer in order to uphold an archaic standard that was meant to shroud adoptions in secrecy to prevent shame. We live in a different era now and, like Sam, deserve a right to our records.Melissa Guida-RichardsMilford, Pa.The writer is the author of “What White Parents Should Know About Transracial Adoption.”To the Editor:This is the latest article in The Times exposing the egregious practice of denying adoptees the truth about their beginnings and hiding the babies’ fate from their birth parents.Steve Inskeep’s March 28 essay, “I Was Denied My Birth Story,” revealed his fury about not knowing “the story of how I came to live on this earth. Strangers hid part of me from myself.”Lisa Belkin reviewed Gabrielle Glaser’s book “American Baby” (Book Review, Jan. 24), another tragic tale about when adoptions are closed.How many tragic tales do we have to hear to understand that birth parents, adoptive families and adoptees need to know one another? How many children must lie awake at night wondering why they were given away? How many adoptees do not know their genetic history?The solution is easy — open adoption in which birth parents and adoptive families choose each other and stay in touch through social media, texts, photos and visits.With Ancestry.com and 23andMe closed adoptions do not remain closed. Why not avoid the emotional pain by sharing the truth from the beginning?Nancy KorsWalnut Creek, Calif.The writer is an adoption facilitator.Facebook Misinformation  Illustration by Mel Haasch; Photograph by Anna Moneymaker for The New York TimesTo the Editor:Re “Misinformation Tripped Alarms Inside Facebook” (front page, Oct. 24):New disclosures that point to a disconnect between self-serving public statements of Facebook executives and the internal expressions of concern of lower-level employees surrounding the 2020 election paint a picture of a company policy that enables and protects misinformation.These revelations, especially those involving the Jan. 6 insurrection, suggest that management overlooks or even accepts incendiary content in its pursuit of profits — a practice that is often out of sync with the conscience of its employees and is at odds with the best interests of the public.Taken together with the recent testimony of the whistle-blower Frances Haugen, who detailed to Congress a corporate culture that places profits ahead of its users’ mental health, this new documentation clearly strengthens the case for congressional oversight and public awareness.Facebook’s reach and influence are so vast that its apparent unwillingness to filter misinformation exceeds the bounds of free speech, harming its users and putting democracy at risk. The company has had a good run, but the days of its free ride maybe numbered.Roger HirschbergSouth Burlington, Vt.Erasing Older Women at the Art Institute of Chicago  Art Institute of ChicagoTo the Editor:Re “Museum Ousts Volunteers in Diversity Push. Uproar Ensues.” (news article, Oct. 22):Alas, the invisible old woman! While your article on the Art Institute of Chicago’s decision to end the volunteer careers of 82 docents focused on the controversy over the racial makeup of the docents, it neglected to really deal with the overt age discrimination that such otherwise worthwhile pushes for greater diversity promote.Not all docents are older or female, but they tend to be. Largely, they can volunteer with such expertise and loyalty because after long careers and/or raising families, many finally have the time to turn to volunteering in their communities. Yet the museum — along with much of our society — invalidates these older women, erasing their presence.Dee BaerWilmington, Del.The writer is a senior guide at the Delaware Art Museum.A Conversation With Voters  Aaron Nesheim for The New York TimesTo the Editor:Re “The Anti-Robocall: Listening to Voters Talk” (news article, Oct. 21):This wonderful article identifies a way to improve the minimal communication that currently prevails among those holding different opinions regarding values and public policy.As psychologists and spiritual teachers have long observed, deep, nonjudgmental listening to others with diverse perspectives can increase compassion for one another and perhaps lead to compromise solutions to the serious problems afflicting our nation and the world.Would that our Congress might take heed and schedule such listening sessions about the national issues too often discussed secretly that leave the public uninformed. Broadcasting honest dialogues that state positions and not just attacks on the other side on TV and the internet would manifest a concern for an informed citizenry.Bruce KerievskyMonroe Township, N.J. More

  • in

    Las investigaciones internas de Facebook: los documentos muestran señales de alarma sobre la desinformación

    Documentos de la empresa revelan que en varias ocasiones trabajadores de la red social advirtieron de la difusión de desinformación y teorías de la conspiración antes y después de las elecciones presidenciales de Estados Unidos.Dieciséis meses antes de las elecciones presidenciales celebradas en noviembre del año pasado, una investigadora de Facebook describió un acontecimiento alarmante. Una semana después de abrir una cuenta experimental, ya estaba recibiendo contenido sobre la teoría conspirativa de QAnon, según escribió en un informe interno.El 5 de noviembre, dos días después de las elecciones, otro empleado de Facebook escribió un mensaje para alertar a sus colegas sobre los comentarios con “desinformación electoral polémica” que se podían ver debajo de muchas publicaciones.Cuatro días después de eso, un científico de datos de la empresa escribió una nota para sus compañeros de trabajo en la que decía que el diez por ciento de todas las vistas de material político en Estados Unidos —una cifra sorprendentemente alta— eran publicaciones que alegaban un fraude electoral.En cada caso, los empleados de Facebook sonaron una alarma sobre desinformación y contenido inflamatorio en la plataforma e instaron a tomar medidas, pero la empresa no atendió los problemas o tuvo dificultades para hacerlo. La comunicación interna fue parte de un conjunto de documentos de Facebook que obtuvo The New York Times, que brindan nueva información sobre lo ocurrido dentro de la red social antes y después de las elecciones de noviembre, cuando a la empresa la tomaron desprevenida los usuarios que convirtieron la plataforma en un arma para difundir mentiras sobre la votación. More

  • in

    How Misinformation Threatened a Montana National Heritage Area

    GREAT FALLS, Mont. — In the summer of 2020, as pandemic shutdowns closed businesses and racial justice protests erupted on American streets, Rae Grulkowski, a 56-year-old businesswoman who had never been involved in politics but was alarmed about what was happening to the country, found a way to make a difference.The connection to the turbulence of national politics might not have been immediately clear.Ms. Grulkowski had just heard about a years-in-the-making effort to designate her corner of central Montana a national heritage area, celebrating its role in the story of the American West. A small pot of federal matching money was there for the taking, to help draw more visitors and preserve underfunded local tourist attractions.Ms. Grulkowski set about blowing up that effort with everything she had.She collected addresses from a list of voters and spent $1,300 sending a packet denouncing the proposed heritage area to 1,498 farmers and ranchers. She told them the designation would forbid landowners to build sheds, drill wells or use fertilizers and pesticides. It would alter water rights, give tourists access to private property, create a new taxation district and prohibit new septic systems and burials on private land, she said.None of this was true.Yet it soon became accepted as truth by enough people to persuade Montana’s leading Republican figures and conservative organizations, including the farm bureau, Gov. Greg Gianforte and Senator Steve Daines, to oppose the proposal and enact a state law forbidding the federal government to create any heritage area in Montana. It is a ban that the state has no authority to enforce.Which is how a humble bid for a small serving of Washington pork by a group of local civic boosters became yet another nasty skirmish in the bitter nationwide struggle between the forces of fact and fantasy.From her point of view, the tale of Ms. Grulkowski’s one-woman crusade is a stirring reminder of the power of political activism. “I thought, ‘Here’s the world going crazy,’” she said, explaining her motivation.From the vantage point of informed democratic decision making, it’s a haunting tale about how a sustained political campaign can succeed despite — or perhaps as a result of — being divorced from reality.“Misinformation is the new playbook,” Bob Kelly, the mayor of Great Falls, said. “You don’t like something? Create alternative facts and figures as a way to undermine reality.”The dispute has split communities, become a wedge issue in this fall’s political campaigns and left proponents of the heritage area flummoxed at their collective inability to refute falsehoods once they have become accepted wisdom.“We’ve run into the uneducable,” Ellen Sievert, a retired historic preservation officer for Great Falls and surrounding Cascade County, said. “I don’t know how we get through that.”Most of the heritage area’s key supporters are Democrats, and virtually all of its opponents are Republicans. But partisanship doesn’t explain everyone’s positions.Steve Taylor, a former mayor of Neihart (pop. 43) whose family owns a car dealership in Great Falls, is a conservative who voted for Donald J. Trump twice, though he said he has regretted those votes since the Jan. 6 Capitol riot. Fellow Republicans, he said, have painted the heritage area as a liberal plot.“They make it a political thing because if you have a Democrat involved, then they are all against it,” he said. “It’s so hard to build something and so easy to tear it down. It’s maddening. It’s so easy to destroy something with untruths.”Giant Springs State Park near Great Falls is part of the proposed Big Sky Country National Heritage Area.Louise Johns for The New York TimesThe Lewis and Clark Expedition first documented the Giant Springs in 1805.Louise Johns for The New York TimesCongress and President Ronald Reagan created National Heritage Areas in the 1980s as a partnership between the National Park Service and local boosters, who are required to match federal investment with funds raised locally. The 55 existing heritage areas, in 34 states, recognize, among other histories, metropolitan Detroit’s automotive background, Utah’s Mormon pioneers and Tennessee’s part in the Civil War. They collectively receive about $21 million annually — a pittance in the park service’s $3.5 billion budget — and have no impact on private property rights, a finding confirmed in a 2004 report by the U.S. General Accounting Office.The proposal for the Big Sky Country National Heritage Area, encompassing most of two central Montana counties that are together roughly the size of Connecticut, was the brainchild of Jane Weber, a U.S. Forest Service retiree who spent a decade on the Cascade County Commission.Beginning in 2013, Ms. Weber teamed up with local preservationists, formed a nonprofit, enlisted local businesses and raised $50,000 for a required feasibility study. In 2014, the Great Falls City Commission included the heritage area as part of its official growth policy.The proposal would take in four National Historic Landmarks: Lewis and Clark’s portage route around Great Falls; Fort Benton, a pioneer town along the Missouri River that was the last stop for steamships heading west from St. Louis in the 1800s; the First Peoples Buffalo Jump, a steep cliff over which Blackfoot hunters herded buffalo to their deaths; and the home and studio of C.M. Russell, the turn-of-the-century “cowboy artist” whose paintings of the American West shaped the popular image of frontier life.The park service requires demonstrations of public support, which Ms. Weber and her allies solicited. For six years, the process went on largely undisturbed. Ms. Weber hosted dozens of public meetings and was a regular on local radio stations. Opponents made scarcely a peep.Then the 2020 political season arrived.Rae Grulkowski and her husband, Ron Carpenter, falsely told farmers and ranchers that the heritage area would forbid landowners to build sheds, drill wells or use fertilizers and pesticides.Louise Johns for The New York TimesWith the coronavirus ravaging the economy and protests lighting up her computer screen, Ms. Grulkowski said, she walked into a local Republican Party office one day and asked what she could do to help. Someone told her to attend a meeting. So she did.There, she heard a presentation by Jeni Dodd, a former reporter for The Great Falls Tribune, who was running in a Republican primary for the Montana State Senate. Ms. Dodd had latched on to the heritage area as a waste of public money and a thicket of conflicts of interest for board members and elected officials. She wrote essays in local weeklies and started a Facebook group calling the proposal a “Big Sky Boondoggle.” It didn’t get much traction.But Ms. Grulkowski’s interest was piqued.At the time, she was becoming engrossed in the online world of far-right media. From her home on 34 acres in Stockett, a farming community of 157 people south of Great Falls, she watched videos from outlets like His Glory TV, where hosts refer to President Biden as “the so-called president.” She subscribed to the Telegram messaging channel of Seth Keshel, a prolific disinformation spreader.And she came across a vein of conspiratorial accusations that national heritage areas were a kind of Trojan horse that could open the door to future federal land grabs.When Ms. Grulkowski, who owns a septic cleaning company, tried using Ms. Dodd’s group to push the idea that Montanans’ property rights were at risk, Ms. Dodd kicked her out for promoting lies.“I’m not happy with people saying it will seize your property, because that is disingenuous,” Ms. Dodd said. “I said to her, ‘I think you need to be careful about the message. It isn’t actually the way that it works, what you’re saying.’”But Ms. Grulkowski plowed ahead.Fort Benton, a pioneer town along the Missouri River, was the last stop for steamships heading west from St. Louis in the 1800s.Louise Johns for The New York TimesThe Missouri River runs through Fort Benton, which is a National Historic Landmark.Louise Johns for The New York TimesOne of her letters reached Ed Bandel, the local board member for the Montana Farm Bureau Federation, a powerful lobbying force. Mr. Bandel, who grows wheat and peas for energy bars on 3,000 acres, persuaded the farm bureau to oppose the heritage area and enlisted other agriculture groups to follow suit.The bureau printed thousands of 4-by-6-inch cards saying “Just Say No!” and listing Ms. Grulkowski’s Facebook group and other opponents, including realtors, home builders, grain growers, stock growers and wool growers. Mr. Bandel, his son and Ms. Grulkowski left the cards on tables at supportive restaurants.By May, their campaign had reached the state capital, where Mr. Gianforte signed the bill barring any national heritage area in Montana after it passed on a near-party-line vote. A heritage area, the bill’s text asserted, would “interfere with state and private property rights.”In two hours of talking at his farm, Mr. Bandel could offer no evidence to back up that claim. He said he distrusted assurances that there were no such designs. “They say, ‘Don’t worry, we’re going to do it right. Don’t worry, we’ll take care of you. I think Adolf Hitler said that, too, didn’t he?” Mr. Bandel said. “The fear of the unknown is a huge fear.”Mr. Bandel said he trusted Ms. Grulkowski with the details.Ed Bandel, right, and his son, Jess, grow wheat and peas for energy bars. They persuaded the Montana Farm Bureau Federation to oppose the heritage area.Louise Johns for The New York TimesBut when pressed, Ms. Grulkowski, too, was unable to identify a single instance of a property owner’s being adversely affected by a heritage area. “It’s not that there are a lot of specific instances,” she said. “There’s a lot of very wide open things that could happen.”That somewhat amorphous fear was more the point.Outside of a poultry coop, as her chickens and ducks squawked, Ms. Grulkowski ticked through the falsehoods she had read online and accepted as truths in the past year: The Covid vaccine is more dangerous than the coronavirus. Global child-trafficking rings control the political system. Black Lives Matter was responsible for the Jan. 6 attack on the Capitol. The United Nations is plotting to control world population and seize private land. Mr. Trump was the rightful winner of last year’s election. Even in Cascade County, where Mr. Trump won 59 percent of the vote, Ms. Grulkowski argued that 3,000 illegal votes were cast.“We didn’t believe in any of that stuff until last July,” Ms. Grulkowski said. “Then we stumbled on something on the internet, and we watched it, and it took us two days to get over that. And it had to do with the child trafficking that leads to everything. It just didn’t seem right, and that was just over the top. And then we started seeing things that are lining up with that everywhere.”One thing Ms. Grulkowski does not do — because she refuses to pay — is read The Great Falls Tribune, the local daily. It’s not what it once was, with just eight journalists, down from 45 in 2000, said Richard Ecke, who spent 38 years at the paper before the owner, Gannett, laid him off as opinion editor in 2016. He is vice chairman of the proposed heritage area’s board.The “Just Say No!” message is on billboards along Interstate 15 and on Highway 87 into Fort Benton, and on bus-stop benches in Great Falls.Louise Johns for The New York TimesIn the paper’s place, information and misinformation about the heritage area spread on Facebook and in local outlets that parroted Ms. Grulkowski. Last winter, a glossy magazine distributed to Montana farmers put the subject on its cover, headlined “Intrusive Raid on Private Property Rights.”Ms. Grulkowski badgered supporters of the heritage area to withdraw financial backing. She raised the money to plaster the “Just Say No!” message on billboards along Interstate 15 and on Highway 87 into Fort Benton, and on bus-stop benches in Great Falls.Three of the heritage area’s board members quit in frustration. Ms. Weber herself resigned from the Cascade County Commission last December after her fellow commissioners voted to oppose the heritage area.“It’s very easy to take fear and mistrust and make it work for you. It’s very hard to fight back against all of that,” Ms. Weber said. “It’s kind of like trying to convince someone to get vaccinated.”The issue is now roiling November’s municipal elections in Great Falls.“It’s a legitimate concern anytime you have anybody telling you a possibility of someone telling you: You can do this or you can do that with your own property,” Fred Burow, an auctioneer challenging Mr. Kelly for the mayoralty, said.Jane Weber conceived of the idea for the Big Sky Country National Heritage Area.Louise Johns for The New York TimesMs. Grulkowski now has ambitions beyond Montana. She wants to push Congress not to renew heritage areas that already exist.Buoyed by the trust her neighbors have placed in her, she has begun campaigning for Ms. Weber’s old seat on the county commission, in part to avenge the way she feels: mistreated by those in power.She doesn’t feel she’s been told the whole truth.Kitty Bennett More

  • in

    What Happened When Facebook Employees Warned About Election Misinformation

    Company documents show that the social network’s employees repeatedly raised red flags about the spread of misinformation and conspiracies before and after the contested November vote.Sixteen months before last November’s presidential election, a researcher at Facebook described an alarming development. She was getting content about the conspiracy theory QAnon within a week of opening an experimental account, she wrote in an internal report.On Nov. 5, two days after the election, another Facebook employee posted a message alerting colleagues that comments with “combustible election misinformation” were visible below many posts.Four days after that, a company data scientist wrote in a note to his co-workers that 10 percent of all U.S. views of political material — a startlingly high figure — were of posts that alleged the vote was fraudulent.In each case, Facebook’s employees sounded an alarm about misinformation and inflammatory content on the platform and urged action — but the company failed or struggled to address the issues. The internal dispatches were among a set of Facebook documents obtained by The New York Times that give new insight into what happened inside the social network before and after the November election, when the company was caught flat-footed as users weaponized its platform to spread lies about the vote. More