San Antonio (Tex)

Los críticos han expresado su preocupación por la posibilidad de que la ley impida la participación de los votantes con discapacidades, los de edad avanzada y los que no hablan inglés.Durante años, Stella Guerrero Mata, de 73 años, una conductora de autobús escolar jubilada que vive cerca de Houston, había podido votar por correo sin ningún problema. Guerrero, que usa un bastón para caminar y tiene una larga lista de padecimientos, entre ellos diabetes, deterioro de la vista y dolor de espalda, esperaba volver a sufragar de la misma manera en las elecciones de medio mandato de 2022.No obstante, poco tiempo después de enviar su boleta por correo, recibió una carta que la dejó enojada y confundida. Su boleta no fue aceptada porque no incluyó el número de su licencia de conducir ni los últimos cuatro dígitos de su número de seguridad social, un requisito de una nueva y polémica ley de votación que se aprobó en 2021.“Mi voto fue rechazado”, denunció Guerrero Mata y agregó que se había dado cuenta de que era demasiado tarde para corregir el error. “Estaba enojada, porque mi voz no se iba a escuchar”.Guerrero Mata forma parte de un grupo de votantes que testificaron en un juicio que se está realizando en San Antonio sobre la extensa reforma electoral del estado, conocida como SB 1. La ley se aprobó por una mayoría republicana incluso después de que los legisladores demócratas abandonaron el recinto durante 38 días, lo que puso al estado en una lucha infructuosa para impedir que el proyecto de ley llegara a votación.Desde que entró en vigor, los críticos han expresado su preocupación por la posibilidad de que la ley impida la participación de los votantes con discapacidades, los de edad avanzada y los que no hablan inglés. El juicio federal, que ahora inicia su segunda semana, brinda una oportunidad inusual para escuchar directamente a los electores que querían votar pero no pudieron hacerlo.Una coalición de grupos defensores del derecho al voto, entre ellos el Fondo Educativo de Defensa Legal Mexicoestadounidense (MALDEF, por su sigla en inglés) y la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU, por su sigla en inglés) de Texas, afirma en su demanda que la ley afecta a las personas que votan por correo, aquellas que se apoyan en ayudantes conocidos como asistentes para votar y quienes dependen de organizaciones comunitarias para saber dónde y cómo votar.La ley agregó nuevos requisitos de identificación para votar por correo, dificultó el uso de asistentes para sufragar, estableció sanciones penales para los trabajadores electorales si son demasiado enérgicos a la hora de controlar a las personas en los centros de votación y prohibió la votación disponible 24 horas, así como la votación desde un vehículo, medidas que se utilizaron, en particular, en el condado de Harris durante la pandemia.Los abogados que representan al estado han dicho que las nuevas reglas previenen un posible fraude electoral y que los votantes parecen adaptarse mejor con cada elección. Ryan Kercher, abogado del estado, opinó que la integridad electoral significa que los votantes “van a tener confianza en el proceso”. Además, Kercher añadió que la ley permite ampliar el horario de votación anticipada para alentar una mayor participación de los electores.Durante el contrainterrogatorio, otro abogado del estado, Will Wassdorf, le dijo a Guerrero Mata que había ingresado la información requerida en el formulario en el que solicitó una boleta por correo, pero que no lo hizo cuando envió por correo la boleta electoral. Luego, Wassdorf le mostró en una pantalla los espacios que había dejado en blanco.“¿Entiende que por eso se rechazó su boleta?”, le preguntó Wassdorf. Y Guerrero Mata respondió: “Ahora lo entiendo. En este momento, sí”.Un ejemplo de los nuevos requisitos para votar como el número de la licencia de conducir y los cuatro últimos dígitos del número de Seguridad Social del votante.Sergio Flores/ReutersCuando Fátima Menéndez, una de las abogadas demandantes, le preguntó si tendría la confianza de votar por correo en 2024, Guerrero Mata respondió que no estaba segura. “Siento que no se contaría”, mencionó.Un desfile de funcionarios electorales de Dallas, Austin, El Paso y el valle del Río Grande también testificaron que consideran confusas y vagas muchas de las nuevas regulaciones y que a menudo tuvieron dificultades para explicárselas a otros votantes que también estaban confundidos.“No sabía qué decirles a los votantes”, dijo Dana DeBeauvoir, secretaria del condado de Travis, en Austin, que supervisó varias elecciones antes de jubilarse. DeBeauvoir describió el supuesto problema del fraude electoral como “un unicornio”, en el mejor de los casos, “muy pocos entre millones de votos y, en la mayoría de los casos, no fueron intencionados”.Kercher insistió en eso durante el contrainterrogatorio. “Aunque el fraude electoral sea un unicornio, tenemos que estar alerta”, dijo.“Yo siempre lo he estado”, replicó ella.Se espera que el juez a cargo de este caso, Xavier Rodriguez, del Distrito Oeste de Texas, escuche los testimonios durante las próximas semanas antes de emitir una orden.Previamente, Rodriguez consideró que una parte de la ley era ilegal: el requisito de que los votantes escriban los últimos cuatro dígitos de su número de seguridad social o el número de su licencia de conducir cuando soliciten votar por correo y que los trabajadores electorales puedan emparejar uno de los números con los datos de registro del elector.Rodriguez, designado por el expresidente George W. Bush, determinó que el requisito violaba la Ley de Derechos Civiles porque cabe la posibilidad de que los funcionarios electorales rechacen a votantes que de otro modo calificarían para votar por correo pero que tengan dificultad para proporcionar esa información adicional.La ACLU de Texas asegura que alrededor de 40.000 solicitudes de boletas de votación por correo han sido rechazadas por errores relacionados con este requisito.Nina Perales, una abogada de MALDEF, argumentó durante su discurso inicial que los votantes con discapacidades están entre los más afectados.“Añadir más pasos al proceso de votación y exigir más formularios dificulta la votación y reduce el número de boletas emitidas”, dijo Perales. “Esto impone más y más obstáculos a los votantes discapacitados y provocará la privación de sus derechos”.La nueva ley de votación se convirtió en una prioridad para el gobernador Greg Abbott después de que el expresidente Donald Trump afirmó haber perdido las elecciones de 2020 debido a un fraude electoral, una aseveración que ha sido descartada por jueces de todo Estados Unidos. Sin embargo, Abbott amenazó con convocar una sesión especial de la legislatura hasta que los legisladores le enviaran el proyecto de ley de votación para que lo firmara.Después de la legislación, hubo una serie de cambios electorales adoptados en varias áreas urbanas de Texas, lugares en gran parte dominados por demócratas, los cuales fueron diseñados para facilitar que los votantes que cumplan con los requisitos emitan su voto. Por ejemplo, Houston atrajo la atención nacional al permitir que se sufragara desde los vehículos, las 24 horas del día, en el punto álgido de la pandemia.La defensa aún está por presentar su caso. Gran parte de la primera semana estuvo dedicada a votantes y funcionarios electorales, llamados por los demandantes, quienes detallaron sus dificultades con las nuevas reglas.Toby Cole, un abogado que perdió el uso de sus brazos y piernas tras un accidente cuando tenía 18 años y que vota con la ayuda de un asistente, testificó que se sentía incómodo compartiendo su información médica con los trabajadores electorales cuando votaba en persona, la forma de votación que prefiere, para que un asistente le ayude a emitir su voto.Cole dijo que conoce a muchos otros votantes con discapacidades que pueden optar por no votar en persona o simplemente no sufragar porque no se sienten cómodos compartiendo las razones por las que tienen derecho a recibir ayuda adicional.Él dice que ha podido votar porque es muy “persistente”.Kirsten Noyes More

Voting rights advocates say the law, intended to curb fraud, is impeding people with disabilities, older voters and non-English speakers.For years, Stella Guerrero Mata, a 73-year-old retired school bus driver who lives near Houston, has been able to cast her vote through the mail with little hassle. Ms. Mata, who uses a cane to walk and suffers from a long list of ailments, including diabetes, worsening eyesight and back pain, expected the 2022 midterm elections to be no different.But sometime after she placed her ballot in the mail, she received a letter with news that left her angry and confused. Her ballot was not accepted because she had failed to include her driver’s license number and the last four digits of her Social Security number, a requirement of a contested new voting law that was approved in 2021.“My vote was rejected,” Ms. Mata said, adding that she had realized it was too late for her to correct her mistake. “It made me feel angry, because my voice was not being heard.”Ms. Mata was one of several voters to testify in a trial, now underway in San Antonio, over the state’s sweeping election overhaul, known as S.B. 1. The law was passed by a Republican majority even after Democratic lawmakers staged a 38-day walkout, leaving the state in an unsuccessful effort to prevent the bill from coming to a vote.Since it went into effect, critics have raised concerns that the law would impede voters with disabilities, elderly voters and voters who do not speak English. The federal trial, now entering its second week, is providing an unusual opportunity to hear directly from voters who wanted to cast a vote but were not able to do so.A coalition of voting rights groups, including MALDEF, the Mexican American Legal Defense and Educational Fund, and the American Civil Liberties Union of Texas, claim in their lawsuit that the law hurts people who vote by mail, those who use the help of aides known as assisters to vote and those who rely on community organizations to learn about where and how to vote.The law added new voter identification requirements for voting by mail; made it harder to use voter assisters; set criminal penalties for poll workers if they are too forceful in reining in people at polling places; and banned 24-hour voting and drive-through voting, measures that were notably used in Harris County during the pandemic.Lawyers representing the state countered that the new rules prevent potential voter fraud and that voters seem to be adapting better with every passing election. Election integrity means that voters “are going to have confidence in the process,” said Ryan Kercher, a lawyer for the state. In addition, Mr. Kercher said, the law allows for expanded early-voting hours to encourage more voter participation.During cross-examination, another lawyer for the state, Will Wassdorf, pointed out to Ms. Mata that she had entered the required information in an application for a mail ballot, but that she did not do so when she mailed the actual ballot. Mr. Wassdorf then directed her attention to a video screen that showed the entries she had left blank.“Do you understand that that’s why your ballot was rejected?” he asked her.“Now I do. At this time, yes,” she replied.An example of a new mail-in ballot request requiring a driver’s license number and the last four digits of the voter’s Social Security number.Sergio Flores/ReutersAsked by one of the plaintiffs’ lawyers, Fátima Menéndez, if she would have the confidence to cast a vote by mail in 2024, Ms. Mata replied that she was not sure. “I feel like it would not be counted at all,” she said.A parade of election officials from Dallas, Austin, El Paso and the Rio Grande Valley also testified that they found many of the new regulations confusing and vague and that they often struggled to explain them to equally confused voters.“I did not know what to tell voters,” said Dana DeBeauvoir, a county clerk in Travis County, home to Austin, who oversaw several elections before she retired. Ms. DeBeauvoir described the purported problem of voter fraud as “a unicorn,” at best, “ones and twos out of millions of votes, and in most cases unintentional.”Mr. Kercher seized on that during cross-examination. “Even though voter fraud is a unicorn, we still have to be vigilant,” he said.“I always was,” she replied.The judge in the case, Xavier Rodriguez, of the Western District of Texas, is expected to listen to testimony for the next few weeks before issuing an order.Judge Rodriguez previously found one part of the law to be unlawful: its requirement that voters write down either the last four digits of their Social Security number or a driver’s license’s number when requesting to vote by mail and that election workers be able to match one of the numbers with the voter’s registration records.Judge Rodriguez, an appointee of former President George W. Bush, ruled that the requirement violated the Civil Rights Act because elections officials may be turning away voters who otherwise qualify to vote by mail but have a hard time providing the extra information.The A.C.L.U. of Texas said that about 40,000 submissions for mail-in voting ballots have been rejected for errors connected to this requirement.Nina Perales, a lawyer with MALDEF, argued during her opening statement that voters with disabilities are among the most affected.“Adding more steps to the voting process and requiring more forms makes voting more difficult, and it reduces the number of ballots cast,” Ms. Perales said. “This imposes significant and more obstacles for disabled voters and will cause disabled voters to be disenfranchised.”The new voting law became a priority for Gov. Greg Abbott after former President Donald J. Trump claimed he lost the 2020 election because of election fraud, a claim that has been discounted by judges around the country. Nevertheless, Mr. Abbott threatened to call a special session of the Legislature until lawmakers sent him the voting bill to sign.The legislation followed a series of voting changes adopted in several urban areas across Texas, places largely dominated by Democrats, that were designed to make it easier for eligible voters to cast ballots. Houston, for example, drew national attention by offering 24-hour drive-through voting at the height of the pandemic.The defense has not yet begun presenting a case. Much of the first week was taken up by voters and election officials, called by the plaintiffs, who detailed their struggles with the new rules.Toby Cole, a lawyer who lost the use of his arms and legs after an accident when he was 18 and votes with the help of an aide, testified that he felt uncomfortable sharing his medical information with poll workers when voting in person, a method he prefers, in order to have an aide assist in casting his ballot.Mr. Cole said he knows of many fellow voters with disabilities who may choose not to vote in person or at all because they do not feel comfortable sharing why they qualify for extra assistance.He has been able to vote, he said, only “because I’m persistent.”Kirsten Noyes More