More stories

  • in

    Nueva ley de votación en Texas: lo que ha sucedido en el juicio

    Los críticos han expresado su preocupación por la posibilidad de que la ley impida la participación de los votantes con discapacidades, los de edad avanzada y los que no hablan inglés.Durante años, Stella Guerrero Mata, de 73 años, una conductora de autobús escolar jubilada que vive cerca de Houston, había podido votar por correo sin ningún problema. Guerrero, que usa un bastón para caminar y tiene una larga lista de padecimientos, entre ellos diabetes, deterioro de la vista y dolor de espalda, esperaba volver a sufragar de la misma manera en las elecciones de medio mandato de 2022.No obstante, poco tiempo después de enviar su boleta por correo, recibió una carta que la dejó enojada y confundida. Su boleta no fue aceptada porque no incluyó el número de su licencia de conducir ni los últimos cuatro dígitos de su número de seguridad social, un requisito de una nueva y polémica ley de votación que se aprobó en 2021.“Mi voto fue rechazado”, denunció Guerrero Mata y agregó que se había dado cuenta de que era demasiado tarde para corregir el error. “Estaba enojada, porque mi voz no se iba a escuchar”.Guerrero Mata forma parte de un grupo de votantes que testificaron en un juicio que se está realizando en San Antonio sobre la extensa reforma electoral del estado, conocida como SB 1. La ley se aprobó por una mayoría republicana incluso después de que los legisladores demócratas abandonaron el recinto durante 38 días, lo que puso al estado en una lucha infructuosa para impedir que el proyecto de ley llegara a votación.Desde que entró en vigor, los críticos han expresado su preocupación por la posibilidad de que la ley impida la participación de los votantes con discapacidades, los de edad avanzada y los que no hablan inglés. El juicio federal, que ahora inicia su segunda semana, brinda una oportunidad inusual para escuchar directamente a los electores que querían votar pero no pudieron hacerlo.Una coalición de grupos defensores del derecho al voto, entre ellos el Fondo Educativo de Defensa Legal Mexicoestadounidense (MALDEF, por su sigla en inglés) y la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU, por su sigla en inglés) de Texas, afirma en su demanda que la ley afecta a las personas que votan por correo, aquellas que se apoyan en ayudantes conocidos como asistentes para votar y quienes dependen de organizaciones comunitarias para saber dónde y cómo votar.La ley agregó nuevos requisitos de identificación para votar por correo, dificultó el uso de asistentes para sufragar, estableció sanciones penales para los trabajadores electorales si son demasiado enérgicos a la hora de controlar a las personas en los centros de votación y prohibió la votación disponible 24 horas, así como la votación desde un vehículo, medidas que se utilizaron, en particular, en el condado de Harris durante la pandemia.Los abogados que representan al estado han dicho que las nuevas reglas previenen un posible fraude electoral y que los votantes parecen adaptarse mejor con cada elección. Ryan Kercher, abogado del estado, opinó que la integridad electoral significa que los votantes “van a tener confianza en el proceso”. Además, Kercher añadió que la ley permite ampliar el horario de votación anticipada para alentar una mayor participación de los electores.Durante el contrainterrogatorio, otro abogado del estado, Will Wassdorf, le dijo a Guerrero Mata que había ingresado la información requerida en el formulario en el que solicitó una boleta por correo, pero que no lo hizo cuando envió por correo la boleta electoral. Luego, Wassdorf le mostró en una pantalla los espacios que había dejado en blanco.“¿Entiende que por eso se rechazó su boleta?”, le preguntó Wassdorf. Y Guerrero Mata respondió: “Ahora lo entiendo. En este momento, sí”.Un ejemplo de los nuevos requisitos para votar como el número de la licencia de conducir y los cuatro últimos dígitos del número de Seguridad Social del votante.Sergio Flores/ReutersCuando Fátima Menéndez, una de las abogadas demandantes, le preguntó si tendría la confianza de votar por correo en 2024, Guerrero Mata respondió que no estaba segura. “Siento que no se contaría”, mencionó.Un desfile de funcionarios electorales de Dallas, Austin, El Paso y el valle del Río Grande también testificaron que consideran confusas y vagas muchas de las nuevas regulaciones y que a menudo tuvieron dificultades para explicárselas a otros votantes que también estaban confundidos.“No sabía qué decirles a los votantes”, dijo Dana DeBeauvoir, secretaria del condado de Travis, en Austin, que supervisó varias elecciones antes de jubilarse. DeBeauvoir describió el supuesto problema del fraude electoral como “un unicornio”, en el mejor de los casos, “muy pocos entre millones de votos y, en la mayoría de los casos, no fueron intencionados”.Kercher insistió en eso durante el contrainterrogatorio. “Aunque el fraude electoral sea un unicornio, tenemos que estar alerta”, dijo.“Yo siempre lo he estado”, replicó ella.Se espera que el juez a cargo de este caso, Xavier Rodriguez, del Distrito Oeste de Texas, escuche los testimonios durante las próximas semanas antes de emitir una orden.Previamente, Rodriguez consideró que una parte de la ley era ilegal: el requisito de que los votantes escriban los últimos cuatro dígitos de su número de seguridad social o el número de su licencia de conducir cuando soliciten votar por correo y que los trabajadores electorales puedan emparejar uno de los números con los datos de registro del elector.Rodriguez, designado por el expresidente George W. Bush, determinó que el requisito violaba la Ley de Derechos Civiles porque cabe la posibilidad de que los funcionarios electorales rechacen a votantes que de otro modo calificarían para votar por correo pero que tengan dificultad para proporcionar esa información adicional.La ACLU de Texas asegura que alrededor de 40.000 solicitudes de boletas de votación por correo han sido rechazadas por errores relacionados con este requisito.Nina Perales, una abogada de MALDEF, argumentó durante su discurso inicial que los votantes con discapacidades están entre los más afectados.“Añadir más pasos al proceso de votación y exigir más formularios dificulta la votación y reduce el número de boletas emitidas”, dijo Perales. “Esto impone más y más obstáculos a los votantes discapacitados y provocará la privación de sus derechos”.La nueva ley de votación se convirtió en una prioridad para el gobernador Greg Abbott después de que el expresidente Donald Trump afirmó haber perdido las elecciones de 2020 debido a un fraude electoral, una aseveración que ha sido descartada por jueces de todo Estados Unidos. Sin embargo, Abbott amenazó con convocar una sesión especial de la legislatura hasta que los legisladores le enviaran el proyecto de ley de votación para que lo firmara.Después de la legislación, hubo una serie de cambios electorales adoptados en varias áreas urbanas de Texas, lugares en gran parte dominados por demócratas, los cuales fueron diseñados para facilitar que los votantes que cumplan con los requisitos emitan su voto. Por ejemplo, Houston atrajo la atención nacional al permitir que se sufragara desde los vehículos, las 24 horas del día, en el punto álgido de la pandemia.La defensa aún está por presentar su caso. Gran parte de la primera semana estuvo dedicada a votantes y funcionarios electorales, llamados por los demandantes, quienes detallaron sus dificultades con las nuevas reglas.Toby Cole, un abogado que perdió el uso de sus brazos y piernas tras un accidente cuando tenía 18 años y que vota con la ayuda de un asistente, testificó que se sentía incómodo compartiendo su información médica con los trabajadores electorales cuando votaba en persona, la forma de votación que prefiere, para que un asistente le ayude a emitir su voto.Cole dijo que conoce a muchos otros votantes con discapacidades que pueden optar por no votar en persona o simplemente no sufragar porque no se sienten cómodos compartiendo las razones por las que tienen derecho a recibir ayuda adicional.Él dice que ha podido votar porque es muy “persistente”.Kirsten Noyes More

  • in

    ‘My Vote Was Rejected’: Trial Underway in Texas Over New Voting Law

    Voting rights advocates say the law, intended to curb fraud, is impeding people with disabilities, older voters and non-English speakers.For years, Stella Guerrero Mata, a 73-year-old retired school bus driver who lives near Houston, has been able to cast her vote through the mail with little hassle. Ms. Mata, who uses a cane to walk and suffers from a long list of ailments, including diabetes, worsening eyesight and back pain, expected the 2022 midterm elections to be no different.But sometime after she placed her ballot in the mail, she received a letter with news that left her angry and confused. Her ballot was not accepted because she had failed to include her driver’s license number and the last four digits of her Social Security number, a requirement of a contested new voting law that was approved in 2021.“My vote was rejected,” Ms. Mata said, adding that she had realized it was too late for her to correct her mistake. “It made me feel angry, because my voice was not being heard.”Ms. Mata was one of several voters to testify in a trial, now underway in San Antonio, over the state’s sweeping election overhaul, known as S.B. 1. The law was passed by a Republican majority even after Democratic lawmakers staged a 38-day walkout, leaving the state in an unsuccessful effort to prevent the bill from coming to a vote.Since it went into effect, critics have raised concerns that the law would impede voters with disabilities, elderly voters and voters who do not speak English. The federal trial, now entering its second week, is providing an unusual opportunity to hear directly from voters who wanted to cast a vote but were not able to do so.A coalition of voting rights groups, including MALDEF, the Mexican American Legal Defense and Educational Fund, and the American Civil Liberties Union of Texas, claim in their lawsuit that the law hurts people who vote by mail, those who use the help of aides known as assisters to vote and those who rely on community organizations to learn about where and how to vote.The law added new voter identification requirements for voting by mail; made it harder to use voter assisters; set criminal penalties for poll workers if they are too forceful in reining in people at polling places; and banned 24-hour voting and drive-through voting, measures that were notably used in Harris County during the pandemic.Lawyers representing the state countered that the new rules prevent potential voter fraud and that voters seem to be adapting better with every passing election. Election integrity means that voters “are going to have confidence in the process,” said Ryan Kercher, a lawyer for the state. In addition, Mr. Kercher said, the law allows for expanded early-voting hours to encourage more voter participation.During cross-examination, another lawyer for the state, Will Wassdorf, pointed out to Ms. Mata that she had entered the required information in an application for a mail ballot, but that she did not do so when she mailed the actual ballot. Mr. Wassdorf then directed her attention to a video screen that showed the entries she had left blank.“Do you understand that that’s why your ballot was rejected?” he asked her.“Now I do. At this time, yes,” she replied.An example of a new mail-in ballot request requiring a driver’s license number and the last four digits of the voter’s Social Security number.Sergio Flores/ReutersAsked by one of the plaintiffs’ lawyers, Fátima Menéndez, if she would have the confidence to cast a vote by mail in 2024, Ms. Mata replied that she was not sure. “I feel like it would not be counted at all,” she said.A parade of election officials from Dallas, Austin, El Paso and the Rio Grande Valley also testified that they found many of the new regulations confusing and vague and that they often struggled to explain them to equally confused voters.“I did not know what to tell voters,” said Dana DeBeauvoir, a county clerk in Travis County, home to Austin, who oversaw several elections before she retired. Ms. DeBeauvoir described the purported problem of voter fraud as “a unicorn,” at best, “ones and twos out of millions of votes, and in most cases unintentional.”Mr. Kercher seized on that during cross-examination. “Even though voter fraud is a unicorn, we still have to be vigilant,” he said.“I always was,” she replied.The judge in the case, Xavier Rodriguez, of the Western District of Texas, is expected to listen to testimony for the next few weeks before issuing an order.Judge Rodriguez previously found one part of the law to be unlawful: its requirement that voters write down either the last four digits of their Social Security number or a driver’s license’s number when requesting to vote by mail and that election workers be able to match one of the numbers with the voter’s registration records.Judge Rodriguez, an appointee of former President George W. Bush, ruled that the requirement violated the Civil Rights Act because elections officials may be turning away voters who otherwise qualify to vote by mail but have a hard time providing the extra information.The A.C.L.U. of Texas said that about 40,000 submissions for mail-in voting ballots have been rejected for errors connected to this requirement.Nina Perales, a lawyer with MALDEF, argued during her opening statement that voters with disabilities are among the most affected.“Adding more steps to the voting process and requiring more forms makes voting more difficult, and it reduces the number of ballots cast,” Ms. Perales said. “This imposes significant and more obstacles for disabled voters and will cause disabled voters to be disenfranchised.”The new voting law became a priority for Gov. Greg Abbott after former President Donald J. Trump claimed he lost the 2020 election because of election fraud, a claim that has been discounted by judges around the country. Nevertheless, Mr. Abbott threatened to call a special session of the Legislature until lawmakers sent him the voting bill to sign.The legislation followed a series of voting changes adopted in several urban areas across Texas, places largely dominated by Democrats, that were designed to make it easier for eligible voters to cast ballots. Houston, for example, drew national attention by offering 24-hour drive-through voting at the height of the pandemic.The defense has not yet begun presenting a case. Much of the first week was taken up by voters and election officials, called by the plaintiffs, who detailed their struggles with the new rules.Toby Cole, a lawyer who lost the use of his arms and legs after an accident when he was 18 and votes with the help of an aide, testified that he felt uncomfortable sharing his medical information with poll workers when voting in person, a method he prefers, in order to have an aide assist in casting his ballot.Mr. Cole said he knows of many fellow voters with disabilities who may choose not to vote in person or at all because they do not feel comfortable sharing why they qualify for extra assistance.He has been able to vote, he said, only “because I’m persistent.”Kirsten Noyes More

  • in

    Will Hurd Announces 2024 Presidential Election Bid

    Mr. Hurd, a moderate who represented a large swing district for three terms, called Donald J. Trump a “lawless, selfish, failed politician.”Will Hurd, a former Texas congressman who was part of a diminishing bloc of Republican moderates in the House and was the only Black member of his caucus when he left office in 2021, announced his candidacy for president on Thursday with a video message that attacked the G.O.P. front-runner, Donald J. Trump. “If we nominate a lawless, selfish, failed politician like Donald Trump, who lost the House, the Senate and the White House, we all know Joe Biden will win again,” he said, referring to Republican losses in the 2018 and 2022 midterm elections, in addition to Mr. Trump’s own defeat in 2020.Mr. Hurd, 45, represented the 23rd District for three terms before deciding not to run for re-election in 2020, when a host of G.O.P. moderates in Congress chose to retire instead of appearing on a ticket led by President Trump.His district was larger than some states, extending from El Paso to San Antonio along the southwestern border.Mr. Hurd, who also made an appearance on “CBS Mornings,” emphasized in his video that Republicans needed to nominate a forward-looking candidate who could unite the party and country.”I’ll give us the common-sense leadership America so desperately needs,” he said. A formidable gantlet awaits Mr. Hurd, a long-shot candidate in a crowded G.O.P. presidential field. To qualify for the party’s first debate in August, candidates are required to muster support of at least 1 percent in multiple national polls recognized by the Republican National Committee. There are also fund-raising thresholds, including a minimum of 40,000 unique donors to individual campaigns.Before entering politics, Mr. Hurd was an undercover officer for the C.I.A. and his tenure of nearly a decade with the agency included work in Afghanistan.In Congress, he developed a reputation for working across the aisle and drew attention in 2017 when he car-pooled from Texas to Washington with Beto O’Rourke, a Democrat and House colleague.While Mr. Hurd largely toed the Republican line, he was also known for bucking Mr. Trump. During his final term in the House, Mr. Hurd voted more than one-third of the time against Mr. Trump’s positions. Mr. Hurd was a particularly strident critic of the president’s push to build a wall along the entire southern border, a cause célèbre for Mr. Trump that he ran on in 2016. In a 2019 interview with Rolling Stone, Mr. Hurd called Mr. Trump’s border wall initiative a “third-century solution to a 21st-century problem.”It was not the first time that Mr. Hurd had spoken so bluntly in opposition to a piece of Mr. Trump’s agenda.When Mr. Trump signed an executive order in January 2017 blocking citizens of seven Muslim-majority countries from entering the United States, one of the first acts of his presidency, Mr. Hurd condemned it, saying the policy “endangers the lives of thousands of American men and women in our military, diplomatic corps and intelligence services.”And when Mr. Trump attacked four freshman Democratic congresswomen of color in 2019, Mr. Hurd denounced the president and criticized the direction of the Republican Party.“The party is not growing in some of the largest parts of our country,” he said in a June 2019 speech to the Log Cabin Republicans, a conservative L.G.B.T.Q. group. “Why is that? I’ll tell you.”“Don’t be a racist,” Mr. Hurd continued, according to The Washington Blade. “Don’t be a misogynist, right? Don’t be a homophobe. These are real basic things that we all should learn when we were in kindergarten.”But while Mr. Hurd broke with Mr. Trump on some notable occasions, he also dismayed Mr. Trump’s critics when he voted in lock step with House Republicans against impeaching Mr. Trump the first time in December 2019. Mr. Trump was impeached in a party-line vote by the House for abuse of power and obstruction of Congress, but acquitted by the Senate. More

  • in

    Republicans Face Setbacks in Push to Tighten Voting Laws on College Campuses

    Party officials across the country have sought to erect more barriers for young voters, who tilt heavily Democratic, after several cycles in which their turnout surged.Alarmed over young people increasingly proving to be a force for Democrats at the ballot box, Republican lawmakers in a number of states have been trying to enact new obstacles to voting for college students.In Idaho, Republicans used their power monopoly this month to ban student ID cards as a form of voter identification.But so far this year, the new Idaho law is one of few successes for Republicans targeting young voters.Attempts to cordon off out-of-state students from voting in their campus towns or to roll back preregistration for teenagers have failed in New Hampshire and Virginia. Even in Texas, where 2019 legislation shuttered early voting sites on many college campuses, a new proposal that would eliminate all college polling places seems to have an uncertain future.“When these ideas are first floated, people are aghast,” said Chad Dunn, the co-founder and legal director of the UCLA Voting Rights Project. But he cautioned that the lawmakers who sponsor such bills tend to bring them back over and over again.“Then, six, eight, 10 years later, these terrible ideas become law,” he said.Turnout in recent cycles has surged for young voters, who were energized by issues like abortion, climate change and the Trump presidency.They voted in rising numbers during the midterms last year in Kansas and Michigan, which both had referendums about abortion. And college students, who had long paid little attention to elections, emerged as a crucial voting bloc in the 2018 midterms.But even with such gains, Sean Morales-Doyle, director of the voting rights program for the Brennan Center for Justice, said there was still progress to be made.“Their turnout is still far outpaced by their older counterparts,” Mr. Morales-Doyle said.Now, with the 2024 presidential election underway, the battle over young voters has heightened significance.Between the 2018 and 2022 elections in Idaho, registration jumped 66 percent among 18- and 19-year-old voters, the largest increase in the nation, according to the Center for Information and Research on Civic Learning and Engagement. The nonpartisan research organization, based at Tufts University, focuses on youth civic engagement.Gov. Brad Little of Idaho gave his approval to a law that bans student ID cards as a form of voter identification.Kyle Green/Associated PressOut of 17 states that generally require voter ID, Idaho will join Texas and only four others — North Dakota, Ohio, South Carolina and Tennessee — that do not accept any student IDs, according to the Voting Rights Lab, a group that tracks legislation.Arizona and Wisconsin have rigid rules on student IDs that colleges and universities have struggled to meet, though some Wisconsin schools have been successful.Proponents of such restrictions often say they are needed to prevent voter fraud, even though instances of fraud are rare. Two lawsuits were filed in state and federal court shortly after Idaho’s Republican governor, Brad Little, signed the student ID prohibition into law on March 15. “The facts aren’t particularly persuasive if you’re just trying to get through all of these voter suppression bills,” Betsy McBride, the president of the League of Women Voters of Idaho, one of the plaintiffs in the state lawsuit, said before the bill’s signing.A fight over out-of-state students in New HampshireIn New Hampshire, which has one of the highest percentages in the nation of college students from out of state, G.O.P. lawmakers proposed a bill this year that would have barred voting access for those students, but it died in committee after failing to muster a single vote.Nearly 59 percent of students at traditional colleges in New Hampshire came from out of state in 2020, according to the Institute for Democracy and Higher Education at Tufts.The University of New Hampshire had opposed the legislation, while students and other critics had raised questions about its constitutionality.The bill, which would have required students to show their in-state tuition statements when registering to vote, would have even hampered New Hampshire residents attending private schools like Dartmouth College, which doesn’t have an in-state rate, said McKenzie St. Germain, the campaign director for the New Hampshire Campaign for Voting Rights, a nonpartisan voting rights group.Sandra Panek, one of the sponsors of the bill that died, said she would like to bring it back if she can get bipartisan support. “We want to encourage our young people to vote,” said Ms. Panek, who regularly tweets about election conspiracy theories. But, she added, elections should be reflective of “those who reside in the New Hampshire towns and who ultimately bear the consequences of the election results.”A Texas ban on campus polling places has made little headwayIn Texas, the Republican lawmaker who introduced the bill to eliminate all polling places on college campuses this year, Carrie Isaac, cited safety concerns and worries about political violence.Voting advocates see a different motive.“This is just the latest in a long line of attacks on young people’s right to vote in Texas,” said Claudia Yoli Ferla, the executive director of MOVE Texas Action Fund, a nonpartisan group that seeks to empower younger voters.Students at the University of Texas at Austin lined up to cast their ballots on campus during the 2020 primary. A new proposal would eliminate all college polling places in the state.Tamir Kalifa for The New York TimesMs. Isaac has also introduced similar legislation to eliminate polling places at primary and secondary schools. In an interview, she mentioned the May 2022 school shooting in Uvalde, Texas, where a gunman killed 19 children and two teachers — an attack that was not connected to voting.“Emotions run very high,” Ms. Isaac said. “Poll workers have complained about increased threats to their lives. It’s just not conducive, I believe, to being around children of all ages.”The legislation has been referred to the House Elections Committee, but has yet to receive a hearing in the Legislature. Voting rights experts have expressed skepticism that the bill — one of dozens related to voting introduced for this session — would advance.G.O.P. voting restrictions flounder in other statesIn Virginia, one Republican failed in her effort to repeal a state law that lets teenagers register to vote starting at age 16 if they will turn 18 in time for a general election. Part of a broader package of proposed election restrictions, the bill had no traction in the G.O.P.-controlled House, where it died this year in committee after no discussion.And in Wyoming, concerns about making voting harder on older people appears to have inadvertently helped younger voters. A G.O.P. bill that would have banned most college IDs from being used as voter identification was narrowly defeated in the state House because it also would have banned Medicare and Medicaid insurance cards as proof of identity at the polls, a provision that Republican lawmakers worried could be onerous for older people.“In my mind, all we’re doing is kind of hurting students and old people,” Dan Zwonitzer, a Republican lawmaker who voted against the bill, said during a House debate in February.But some barriers are already in placeGeorgia has accepted student IDs only from public colleges and universities since 2006, so students at private institutions, including several historically Black colleges and universities, must use another form of identification.Georgia has accepted student IDs only from public colleges and universities since 2006, a rule that means students at private institutions, like several historically Black colleges and universities, must use another form of identification. Gabriela Bhaskar for The New York TimesIn Ohio, which has for years not accepted student IDs for voting, Republicans in January approved a broader photo ID requirement that also bars students from using university account statements or utility bills for voting purposes, as they had in the past.The Idaho bill will take effect in January. Scott Herndon and Tina Lambert, the bill’s sponsors in the Senate and the House, did not respond to requests for comment, but Mr. Herndon said during a Feb. 24 session that student identification cards had lower vetting standards than those issued by the government.“It isn’t about voter fraud,” he said. “It’s just making sure that the people who show up to vote are who they say they are.”Republicans contended that nearly 99 percent of Idahoans had used their driver’s licenses to vote, but the bill’s opponents pointed out that not all students have driver’s licenses or passports — and that there is a cost associated with both.Mae Roos, a senior at Borah High School in Boise, testified against the bill at a Feb. 10 hearing.“When we’re taught from the very beginning, when we first start trying to participate, that voting is an expensive process, an arduous process, a process rife with barriers, we become disillusioned with that great dream of our democracy,” Ms. Roos said. “We start to believe that our voices are not valued.” More

  • in

    In Latino-Majority San Antonio, New Faces at the Head of the Table

    With the election of a Japanese American as leader of the county government, San Antonio now has politicians of Asian descent in its two top positions.SAN ANTONIO — Peter Sakai, a second-generation Japanese American, was serving as a family court judge in San Antonio, which is largely Hispanic, when he was reminded of how much he stood out.Mr. Sakai had just made a ruling that did not favor a mother appearing in his court, he recalled, when the woman reacted by blurting out an expletive in Spanish and then “Chino,” which translates as “Chinese” but is often used as a derogatory catchall term, aiming to lump all Asian nationalities as one.“No hable así en esta corte,” he recalled responding. “Yo quiero respeto. Y también no soy Chino. Soy Japonés.” — “Don’t talk like this in this court. I want respect. And also, I’m not Chinese. I’m Japanese.”Mr. Sakai, 68, whose father had been confined in one of the World War II-era Japanese American internment camps, feels he has earned that respect. Mr. Sakai, who grew up in South Texas, was sworn in last month as the county judge for Bexar County, a metropolitan area of about two million people that includes San Antonio, the nation’s seventh-largest city. He is the first Asian American to hold that title, the top position in the county government.As it happens, the person holding the other top position in San Antonio, Mayor Ron Nirenberg, 45, is also part Asian. One parent’s background includes Filipino, Malaysian and Indian ancestry and the other has roots in European Jewry. The two men make up an unlikely leadership team for an area that had never before elected a person of Asian descent to either position and where Asian Americans make up about 3 percent of the population.The mayor of San Antonio, Mr. Nirenberg, is in his third term and is planning to run for a fourth.Christopher Lee for The New York TimesBut many see less a sign of Asian American political success and influence and more an indication that voters may be less wedded to candidates’ ethnic identity as a way to make political decisions than in the past.Rosa Rosales, 78, a longtime activist in San Antonio, said that by the time Mr. Sakai decided to run for the county’s top spot he was “a household name already.”“It wasn’t a person that came out of nowhere,” Ms. Rosales said. “He is a person dedicated to the community, to the people, regardless of race, color or age.”The San Antonio region, long known as one of the leading centers of Mexican American culture in the United States, has historically elected white men like Nelson Wolff, who was county judge for two decades, and Latino leaders, many of whom went on to gain national attention, including the twin brothers Joaquin and Julián Castro, and Henry Cisneros, a former mayor of San Antonio.Asian American politicians have risen to power in communities with large Asian American populations, like San Francisco. But their presence in Texas politics has been less visible. Hispanic residents make up the largest ethnic group in Bexar County, at 60 percent, followed by white people, at nearly 27 percent.Both Mr. Sakai and Mr. Nirenberg won voters over with agendas that appealed to a large Democratic Latino base, like promising to lift people out of poverty and keep families together in a culture where it is not unusual for several generations to live under the same roof or close by. Mr. Sakai, who spent nearly three decades as a civil court judge, has made family and children’s issues a hallmark of his political career.Mr. Sakai, who spent nearly three decades as a civil court judge, has made family and children’s issues a hallmark of his political career.Christopher Lee for The New York TimesJoe Gonzales, the district attorney and the highest-ranking Latino in Bexar County government, said Mr. Sakai’s victory was a result of many years of shaking hands with the area’s movers and shakers, and of making himself familiar to the Latino majority. “He’s a well-known figure in this county,” Mr. Gonzales said.When it came time to cast her vote for county judge, Elsie Cuellar, 53, a retired banker, said the ethnicity of the candidates was not a concern. Ms. Cuellar said she was familiar with Mr. Sakai’s long tenure as a family judge. “For me it didn’t matter if the candidates were Mexican American or not,” she said. “It depended on what they were going to do.”Mr. Sakai presided over his first county commission meeting on Jan. 10. After it adjourned, he walked the halls of the county offices in downtown San Antonio. Cynthia Guerrero, 50, who works in the building shining shoes, waved to him.“Y como está su comadre?” — “How’s your child’s godmother?” he asked her.“Good, at church,” she replied in Spanish.Ms. Guerrero said she voted for Mr. Sakai over Latino candidates for the office because she liked what he said about family values as well as his plans to create social programs intended to lift people out of poverty. Nearly 18 percent of the region’s population lives in poverty.“His last name stood out, because there aren’t any other Sakais here,” Ms. Guerrero said. “I don’t care about race. He’s the best man for the job.”Mr. Sakai’s ancestral journey began in Japan, where his maternal grandparents left for America in the 1920s and found their way to the Rio Grande Valley. Sometime later, his paternal grandparents left Japan for the Imperial Valley in Southern California.Mr. Sakai, who grew up in South Texas, was sworn in as the Bexar County judge last month, the first Asian American to hold the position.Christopher Lee for The New York TimesThe Sakais, he learned, were sent to internment camps that were created during World War II and served as detainment locations for people of Japanese ancestry in the West, even those born in the United States.When Mr. Sakai was growing up, he recalled, his father told him that he enlisted in the U.S. Army once he turned 18 in order to leave the camps behind. “It helped me understand how precious our constitutional rights are, and how we can be influenced by obviously mass hysteria and racist hatred,” Mr. Sakai said.After the war, his father, Pete Yutaka Sakai, relocated to the Rio Grande Valley, where he met his mother, Rose Marie Kawahata. Mr. Sakai grew up in the mostly Mexican American community of the valley.“I got into a few fights when I was in high school,” he recalled. “It was tough being a minority among minorities.”Mr. Sakai left the border region to obtain a law degree from the University of Texas School of Law in 1979 and later settled in San Antonio, where he worked as an assistant district attorney and in private practice. He was named a family court judge in the mid-1990s and served as a judge in various courts for nearly 30 years.Like Mr. Sakai, Mr. Nirenberg and his wife, Erika Prosper, who is Mexican American, moved to San Antonio to start a new life. He ran first for a City Council seat, and went on to win three consecutive mayoral races. “We are raising a Latino son,” he said, adding that San Antonio’s Hispanic culture has “always been a strong component of how I govern.”San Antonio’s Hispanic culture has “always been a strong component of how I govern.” Mr. Nirenberg said.Christopher Lee for The New York TimesDuring the primary contest, Mr. Sakai garnered 41 percent of the vote, more than any of his three Latino opponents but not enough to win the Democratic nomination outright. In a runoff, he handily defeated Ina Minjarez, then a state representative, with nearly 60 percent of the vote.His race became a focal point of the campaign during the general election campaign, when his Republican opponent, Trish DeBerry, began referring to him as Dr. No, the name of the title villain in a 1960s James Bond movie, a stereotypically sinister character who was half Chinese and half German.During a candidates’ debate in the fall hosted by the Deputy Sheriffs’ Association, Ms. DeBerry portrayed Mr. Sakai as a candidate who was opposed to finding a new place for the county jail and to building a baseball stadium downtown. “My opponent, Dr. No — he said nothing about these issues,” she said to audible gasps from the audience.In response to a request for comment, Ms. DeBerry said to refer to statements she made at the time. Last year, she refused to apologize after the Asian American Alliance of San Antonio, the Sakai campaign and others condemned her remarks. During a contentious debate aired on Texas Public Radio before the election, she insisted that she was not aware of the name’s racist history. That term, she said, is “used to describe someone who says no to everything.”Today, Mr. Sakai, who went on to defeat Ms. DeBerry by 21 points in the general election, describes the episode as “disappointing.”Mr. Sakai said he had learned to embrace the way he is described by many Latinos in his district. Adding the suffix “-ito” to the word Chino, as in Chinito, can give it a more affectionate quality, depending on how it is used, he has discovered.In fact, as the campaign wound down, there was one phrase his pollsters repeatedly heard: “Yo voto por el Chinito.”During his swearing-in ceremony, he incorporated a Chinese lion dance into the event. It was his way of sending a nod to his Asian voters, he said.“I personally think it was the hit of the show,” he said. More

  • in

    New Voting Laws Add Difficulties for People With Disabilities

    Laura Halvorson was ready to vote. On Thursday afternoon, she sat in front of a ballot screen at the Igo Library in San Antonio, after spending a month preparing for this moment. It was the first time in years that she had been in a public place, other than a doctor’s office.Sitting in her wheelchair, she wore two masks — one a KN95, the other a part of her breathing machine. Because Ms. Halvorson, 38, has muscular dystrophy, a condition that progressively decreases muscle mass, and makes her more vulnerable to Covid-19, she needed to use a remote-control device supplied by poll workers to make her ballot selections.No one knew how it worked.The glitch was one of many obstacles she had to navigate, both on that day and over the previous weeks, to fulfill what she saw as her civic duty. For Ms. Halvorson and others with disabilities, casting a ballot can always present a challenge. But new voting restrictions enacted in several states over the past two years have made it even harder.A law signed last year by Gov. Greg Abbott of Texas, a Republican, has made it more difficult for voters to cast ballots by mail and narrowed their options for voting in person, according to groups that advocate for people with disabilities and voting rights. Other Republican-led state legislatures, including in Georgia and Florida, have passed similar measures as a part of what they say are efforts to prevent voter fraud, despite rare occurrences of the crime.“Instead of embracing the more accessible forms of voting that sparked record turnout, including among voters with disabilities,” said Brian Dimmick, a senior staff attorney for the disability rights program of the American Civil Liberties Union, “states have doubled down on new and more restrictive voter-suppression laws.”None of the new laws single out those with disabilities, but advocates say they have left many people who would otherwise vote by mail with burdensome options: face the greater risk that their mail-in ballot could be thrown out — as Texas did at a higher-than-usual rate during the March primary — or go to the polls in person, which involves its own set of inconveniences or, worse, physical barriers, and often deprives people with disabilities of a sense of privacy and independence that other voters can take for granted.A polling place in Brooklyn. Nearly two million people with disabilities reported that they had some difficulty voting in the November 2020 election — double the rate of people without disabilities.Anna Watts for The New York Times“Voters with disabilities are being disenfranchised by all these new laws, from onerous ID requirements to longer lines, making the entire process less accessible,” said Shira Wakschlag, the senior director of legal advocacy at The Arc, a disability advocacy organization.Several Texas Republicans who supported the new voting law did not respond to requests for comment about its effect on people with disabilities, although a spokeswoman for Governor Abbott said in a statement that it “protects the rights of disabled Texans to request reasonable accommodations or modifications.” At a hearing last year, State Senator Bryan Hughes, the Texas bill’s author, described accommodations for voters with disabilities as potential security risks, and said narrowing them would stop others from “using those opportunities to cheat.”Voting could already be difficult for those with disabilities. About 17.7 million reported voting in the November 2020 election, according to a report by the Program for Disability Research at Rutgers University and the U.S. Election Assistance Commission. Eleven percent of them, or nearly two million people, reported that they had some difficulty voting in that election — almost double the rate of people without disabilities.The State of the 2022 Midterm ElectionsElection Day is Tuesday, Nov. 8.Final Landscape: As candidates make their closing arguments, Democrats are bracing for potential losses even in traditionally blue corners of the country as Republicans predict a red wave.The Battle for Congress: With so many races on edge, a range of outcomes is still possible. Nate Cohn, The Times’s chief political analyst, breaks down four possible scenarios.Voting Worries: Even as voting goes smoothly, fear and suspicion hang over the process, exposing the toll former President Donald J. Trump’s falsehoods have taken on American democracy.The right to vote privately and independently was enshrined 20 years ago by Congress in the Help America Vote Act, which was the first law to require polling places to have accessible voting systems. The law also established the federal Election Assistance Commission, an independent body that sets guidelines for states and counties to accommodate disabled voters, which can be enforced by the Justice Department.Despite the law, Thomas Hicks, the commission chairman, said disabled voters still encountered problems, including those who are blind and have trouble locating accessible voting locations, and those who use wheelchairs and need voting machines to be low enough or adjustable to eye level.For Ms. Halvorson, a former special education teacher, the difficulties include being able to raise her hands and tap the screen of a voting machine, she said, because of her reduced motor skills. She lives with her partner, accompanied by different caregivers, in a one-story house in San Antonio, and also relies on a breathing machine to survive; a bad case of pneumonia in 2014 weakened her lungs, and she was not able to make a full recovery.Voting by mail made things simpler for her. But after reports that Texas had thrown out more than 18,000 mail-in ballots from its most populous counties during the March primaries, Ms. Halvorson — who cannot write on her own and feared having to appeal a rejected ballot — felt she had no other choice but to vote in person. She wanted to “see the ballot go in” herself, she said — even if it meant risking her health.“This election is too important to wait to find out if my vote counted,” she said.A week of research about voting in person led Ms. Halvorson to a new kind of machine that Texas had recently put in place, allowing a remote to be connected to the screen and used to make selections. She called her county clerk to ensure those machines would be present at the Igo Library, her local polling place. She did not hear back, she said.Ms. Halvorson entered her polling place on Thursday, on a trip that she began preparing for a month earlier. Ilana Panich-Linsman for The New York TimesLydia Nunez Landry, a disability rights activist in Houston who has a different form of muscular dystrophy, said her experience using the remote on the first day of early voting went so poorly — including a poll worker seeing Ms. Landry’s chosen candidates — that she immediately filed a complaint with the Justice Department.“I’m just so angry,” Ms. Landry said. “They constantly are changing things, it feels like, to the disability community. We’re just so confused.”Ms. Halvorson wanted a caregiver to accompany her to the polling place in case she had a similar experience and needed help. She also scheduled a coronavirus vaccine booster shot exactly two weeks before the end of early voting..css-1v2n82w{max-width:600px;width:calc(100% – 40px);margin-top:20px;margin-bottom:25px;height:auto;margin-left:auto;margin-right:auto;font-family:nyt-franklin;color:var(–color-content-secondary,#363636);}@media only screen and (max-width:480px){.css-1v2n82w{margin-left:20px;margin-right:20px;}}@media only screen and (min-width:1024px){.css-1v2n82w{width:600px;}}.css-161d8zr{width:40px;margin-bottom:18px;text-align:left;margin-left:0;color:var(–color-content-primary,#121212);border:1px solid var(–color-content-primary,#121212);}@media only screen and (max-width:480px){.css-161d8zr{width:30px;margin-bottom:15px;}}.css-tjtq43{line-height:25px;}@media only screen and (max-width:480px){.css-tjtq43{line-height:24px;}}.css-x1k33h{font-family:nyt-cheltenham;font-size:19px;font-weight:700;line-height:25px;}.css-1hvpcve{font-size:17px;font-weight:300;line-height:25px;}.css-1hvpcve em{font-style:italic;}.css-1hvpcve strong{font-weight:bold;}.css-1hvpcve a{font-weight:500;color:var(–color-content-secondary,#363636);}.css-1c013uz{margin-top:18px;margin-bottom:22px;}@media only screen and (max-width:480px){.css-1c013uz{font-size:14px;margin-top:15px;margin-bottom:20px;}}.css-1c013uz a{color:var(–color-signal-editorial,#326891);-webkit-text-decoration:underline;text-decoration:underline;font-weight:500;font-size:16px;}@media only screen and (max-width:480px){.css-1c013uz a{font-size:13px;}}.css-1c013uz a:hover{-webkit-text-decoration:none;text-decoration:none;}How we call winners on election night. We rely on The Associated Press, which employs a team of analysts, researchers and race callers who have a deep understanding of the states where they declare winners. In some tightly contested races, we independently evaluate A.P. race calls before declaring a winner.Here’s more about how it works.On Thursday morning, Ms. Halvorson viewed an online guide to the candidates one more time. Her former service dog, Houston, wagged his tail as he put his paws in her lap and begged for treats.She drove to the library with one of her daytime caregivers, Shae-Lynn Lewis, in a large orange, wheelchair-accessible van. A parking spot for the disabled was available, which often is not the case, Ms. Halvorson said. Then it was time to take an inventory. Ms. Halvorson ticked off aloud what to bring inside: phone, identification, water bottle, hand sanitizer and wipes, and the absentee ballot she needed to turn in.Inside the library, a voting clerk wearing a U.S. Marine Corps veteran cap waved people through to the polling room.One of the tokens of Ms. Halvorson’s day. Ilana Panich-Linsman for The New York TimesMs. Halvorson and her caregiver entered and waited in line to turn in the absentee ballot and receive a remote. Ms. Halvorson later said her heart “was beating out of her chest” as she saw all the people around her without masks on in such close quarters.After securing the remote and pulling in front of a voting machine, she began trying to click through on the side buttons, but the screen did not respond. She said she asked for help, but none of the workers seemed to know how it worked, either.After a few tries, she said, the up and down buttons on the remote made the screen respond. It was still hard to read, however, as the font seemed to be enlarged and cut off the party affiliations for candidates she didn’t know.The Bexar County elections administrator, Jacquelyn Callanen, did not respond to requests for comment about Ms. Halvorson’s voting experience.While at least two dozen people entered and exited the voting area within minutes, Ms. Halvorson remained inside, trying to navigate the machine. After about half an hour, she was able to deposit her ballot.Later, she said she felt fortunate that her experience was not worse. Still, she said, “It should be smooth for literally everybody.”Before Ms. Halvorson left, one observer acknowledged her efforts. “The man gave me two ‘I voted’ stickers,” she said. “He said it’s because I had to go through twice as much as everybody else.”Ava Sasani More