State Legislatures

Subterms

    More stories

    • 113 Shares149 Views

      in Elections

      ¿Qué significa el 6 de enero para Estados Unidos?

      by

      Un año después del humo y los vidrios rotos, de la horca simulada y la violencia demasiado real de ese día atroz, es tentador hacer una retrospectiva e imaginar que, de hecho, podemos simplemente hacer una retrospectiva. Es tentador imaginar que lo que sucedió el 6 de enero de 2021 —un asalto mortal en la sede del gobierno de Estados Unidos incitado por un presidente derrotado en medio de una campaña desesperada por frustrar la transferencia de poder a su sucesor— fue terrible pero que ahora está en el pasado y que nosotros, como nación, hemos podido avanzar.Es un impulso comprensible. Después de cuatro años de caos, crueldad e incompetencia, que culminaron en una pandemia y con el trauma antes impensable del 6 de enero, la mayoría de los estadounidenses estaban impacientes por tener algo de paz y tranquilidad.Hemos conseguido eso, en la superficie. Nuestra vida política parece más o menos normal en estos días: el presidente perdona pavos y el Congreso se pelea por la legislación de presupuesto. Pero si escarbamos un poco, las cosas están lejos de ser normales. El 6 de enero no está en el pasado: está presente todos los días.Está en los ciudadanos de a pie que amenazan a funcionarios electorales y otros servidores públicos, está en quienes preguntan “¿Cuándo podemos usar las armas?” y prometen asesinar a los políticos que se atrevan a votar con conciencia. Son los legisladores republicanos que luchan por hacer que el voto sea más difícil para las personas y, si votan, que sea más fácil subvertir su voluntad. Está en Donald Trump, quien continúa avivando las llamas del conflicto con sus mentiras desenfrenadas y resentimientos ilimitados y cuya versión distorsionada de la realidad todavía domina a uno de los dos principales partidos políticos de la nación.En pocas palabras, la república enfrenta una amenaza existencial por parte de un movimiento que desdeña de manera abierta la democracia y que ha demostrado su disposición a usar la violencia para conseguir sus propósitos. Ninguna sociedad autónoma puede sobrevivir a una amenaza así negando que esta existe. Más bien, la supervivencia depende de mirar al pasado y hacia el futuro al mismo tiempo.Encarar de verdad la amenaza que se avecina significa entender plenamente el terror de ese día hace un año. Gracias en gran medida a la labor tenaz de un comité bipartidista en la Cámara de Representantes, una toma de conciencia está en proceso. Ahora sabemos que la violencia y el caos transmitidos en vivo a todo el mundo fue solo la parte más visible y visceral de un esfuerzo por revertir las elecciones. Ese esfuerzo llegaba hasta el Despacho Oval, donde Trump y sus aliados planearon un autogolpe constitucional.Ahora sabemos que los principales legisladores republicanos y figuras de los medios de comunicación de derecha entendieron en privado lo peligroso que era el asalto y le pidieron a Trump que lo detuviera, incluso cuando públicamente decían lo contrario. Ahora sabemos que quienes pueden tener información crítica sobre la planificación y ejecución del ataque se niegan a cooperar con el Congreso, incluso si eso significa ser acusado de desacato criminal.Por ahora, el trabajo del comité continúa. Ha programado una serie de audiencias públicas para exponer estos y otros detalles, y planea publicar un informe completo de sus hallazgos antes de las elecciones intermedias de este año. Después de los comicios, si los republicanos recuperan el control de la Cámara, como se espera, indudablemente el comité será disuelto.Aquí es donde entra la mirada hacia el futuro. A lo largo del año pasado, legisladores republicanos en 41 estados han intentado promover los objetivos de los alborotadores del 6 de enero, y lo han hecho no rompiendo leyes, sino promulgándolas. Se han propuesto cientos de proyectos de ley y se han aprobado casi tres decenas de leyes que facultan a las legislaturas estatales para sabotear sus propios comicios y anular la voluntad de sus votantes, según el recuento activo de un consorcio no partidista de organizaciones a favor de la democracia.Algunos proyectos de ley cambiarían las reglas para hacer más fácil que los legisladores rechacen los votos de sus ciudadanos si no les gusta el resultado. Otros proyectos legislativos reemplazan a los funcionarios electorales profesionales con figuras partidistas que podrían tener un interés claro en que gane su candidato predilecto. Y, otros más intentan criminalizar los errores humanos de funcionarios electorales, en algunos casos incluso con amenaza de cárcel.Muchas de estas leyes se están proponiendo y aprobando en estados que suele ser cruciales en las elecciones, como Arizona, Wisconsin, Georgia y Pensilvania. A raíz de la votación de 2020, la campaña de Trump se enfocó en los resultados electorales en estos estados: demandó para reclamar un recuento o trataba de intimidar a los funcionarios para que encontraran votos “faltantes”. El esfuerzo fracasó, en buena medida debido al profesionalismo y la integridad de los funcionarios electorales. Desde entonces, muchos de esos funcionarios han sido despojados de su poder o expulsados de sus cargos y reemplazados por personas que dicen abiertamente que las últimas elecciones fueron fraudulentas.De este modo, los disturbios del Capitolio continúan presentes en los congresos estatales de todo Estados Unidos, en una forma legalizada y sin derramamiento de sangre y que ningún oficial de policía puede detener y que ningún fiscal puede juzgar en un tribunal.Esta no es la primera vez que las legislaturas estatales intentan arrebatarle el control de los votos electorales a sus ciudadanos, ni es la primera vez que se advierte de los peligros que entraña esa estrategia. En 1891, el presidente Benjamin Harrison advirtió al Congreso del riesgo de que ese “truco” pudiera determinar el resultado de una elección presidencial.La Constitución garantiza a todos los estadounidenses una forma republicana de gobierno, dijo Harrison. “Las características esenciales de tal gobierno son el derecho del pueblo a elegir a sus propios funcionarios” y que sus votos se cuenten por igual al tomar esa decisión. “Nuestro principal peligro nacional”, agregó, es “el derrocamiento del control de la mayoría mediante la supresión o distorsión del sufragio popular”. Si una legislatura estatal lograra sustituir la voluntad de sus votantes por la suya, “no es exagerado decir que la paz pública podría estar en peligro serio y generalizado”.Key Figures in the Jan. 6 InquiryCard 1 of 10The House investigation. More

    • 138 Shares99 Views

      in Elections

      Odds of Gerrymandering Grow in New York as Redistricting Panel Falters

      by

      Hopelessly gridlocked, the commission voted to send a pair of proposals to Albany, but Democratic lawmakers are increasingly likely to take over the process.The independent commission created to strip politics from New York’s redistricting process veered toward collapse on Monday, as the same partisan forces the panel was designed to circumvent threatened to undo it.With time running out, the panel’s Republican and Democratic members bitterly conceded during a virtual meeting that they could not reach consensus on a single set of maps to determine congressional and state legislative districts for the next decade. Instead, they voted to send two dueling, nonbinding proposals to Albany for consideration.Lawmakers in the Democratic-led State Legislature could still adopt one of the proposals or send them back to the commission for further revision. But with the commission deadlocked, another outcome appeared increasingly likely: Eight years after New Yorkers voted to take redistricting out of the hands of politicians, the politicians are poised to wrest it back.Indeed, Democrats in Washington and Albany have been quietly planning for just that eventuality for months, even as the commission, which held two dozen public hearings last year and was granted a $4 million budget, crowed about the possibility of finding agreement. The political stakes, and potential gains for Democrats, are staggeringly high.With Democrats battling nationally to fend off a Republican takeover of the House of Representatives this November, New York offers perhaps the single best opportunity for the party to use its unified control of a large blue state to flip a handful of congressional seats by drawing itself more favorable lines, with as many as half a dozen seats hanging in the balance.New York Democrats could also use the process to try to shore up their commanding majorities in the State Assembly and State Senate, where Republicans are optimistic about mounting an aggressive campaign to reclaim territory lost in blue waves in 2018 and 2020.State Senator Michael Gianaris, a Queens Democrat who is one of the leaders of the legislative task force that would draw the maps if the State Assembly and State Senate reject the commission’s proposals, said on Monday that lawmakers would begin reviewing the maps and “move expeditiously given the very tight political calendar.” They could vote to approve or reject the initial plans as early as next week.Redistricting at a GlanceEvery 10 years, each state in the U.S is required to redraw the boundaries of their congressional and state legislative districts in a process known as redistricting.Redistricting, Explained: Answers to your most pressing questions about redistricting and gerrymandering.Breaking Down Texas’s Map: How redistricting efforts in Texas are working to make Republican districts even more red.G.O.P.’s Heavy Edge: Republicans are poised to capture enough seats to take the House in 2022, thanks to gerrymandering alone.Legal Options Dwindle: Persuading judges to undo skewed political maps was never easy. A shifting judicial landscape is making it harder.The window is exceedingly narrow. New York trails many other states in adopting new maps as part of the once-in-a-decade redistricting process and must reach a final conclusion by mid-to-late February. More than half of states have already completed their new maps, and Republicans are on track for a modest net gain in seats nationally.If New York lawmakers fail to reach an agreement by next month, the courts could step in to take over the process, as they did during the last redistricting cycle. The courts would be likely to appoint a special master to redraw the district lines.Political analysts and party leaders in Washington expect Democrats, who control supermajorities in Albany and the governorship, to reject both initial map sets that commissioners proposed on Monday and push for more favorable lines.“If Democrats in Albany think the votes are there to pass what they want, it’s hard to see why they would take anything the commission does seriously,” said Dave Wasserman, a national elections analyst with the Cook Political Report.Mr. Wasserman said that even the Democratic commissioners’ proposal for the state’s 26 congressional districts would leave as many as nine districts in play for possible Republican victories in this fall’s midterm elections, a bad result for Democrats in a deep blue state. A more aggressive gerrymander by the Legislature could limit Republicans to just three or so seats — and none in New York City.The current congressional delegation in the state consists of 19 Democrats and eight Republicans; New York will lose one seat in the next election cycle.In a sign that New York’s maps could quickly become a national flash point, a new left-leaning federal super PAC sent out a statement on Monday urging Democrats to ignore the concerns of incumbents and adopt maps with “the greatest chance of expanding our majority and defeating radical Republicans aligned with violence, hatred and sedition.”The group, called No Surrender NY, was created last year by Tom Watson, a progressive consultant, and Shannon Powell, a former journalist and activist, but has yet to disclose any funders.Voters adopted an amendment to the state Constitution to create the redistricting commission in 2014, ostensibly to remove politicians from the mapmaking process and try to force bipartisan consensus around the lines that determine congressional, Assembly and State Senate districts.The current redistricting cycle is the first to take place since the amendment was adopted.But the commission had struggled since its inception to transcend partisanship. It was supposed to release a set of draft maps in September and gather feedback on them in hearings across the state. Instead, Republican and Democratic members put out their own competing maps.Understand How U.S. Redistricting WorksCard 1 of 8What is redistricting? More

    • 100 Shares149 Views

      in Elections

      Michigan’s New Congressional Maps Undo Years of Gerrymandering

      by

      A citizen ballot initiative took redistricting out of the hands of partisan legislators. The result: competitive political districts — and an example of how to push back against hyperpartisanship.One of the country’s most gerrymandered political maps has suddenly been replaced by one of the fairest.A decade after Michigan Republicans gave themselves seemingly impregnable majorities in the state Legislature by drawing districts that heavily favored their party, a newly created independent commission approved maps late Tuesday that create districts so competitive that Democrats have a fighting chance of recapturing the State Senate for the first time since 1984.The work of the new commission, which includes Democrats, Republicans and independents and was established through a citizen ballot initiative, stands in sharp contrast to the type of hyperpartisan extreme gerrymandering that has swept much of the country, exacerbating political polarization — and it may highlight a potential path to undoing such gerrymandering.With lawmakers excluded from the mapmaking process, Michigan’s new districts will much more closely reflect the overall partisan makeup of the hotly contested battleground state.“Michigan’s a jump ball, and this is a jump-ball map,” said Michael Li, a senior counsel who focuses on redistricting at the Brennan Center for Justice. “There’s a lot of competition in this map, which is what you would expect in a state like Michigan.”The commission’s three new maps — for Congress, the State House and the State Senate — restore a degree of fairness, but there were some notable criticisms. All of the maps still have a slight Republican advantage, in part because Democratic voters in the state are mostly concentrated in densely populated areas. The map for the State House also splits more than half of the state’s counties into several districts, despite redistricting guidelines that call for keeping neighboring communities together.The maps may also face a legal challenge from Black voters in the Detroit area, to whom the commission tried to give more opportunities for representation by unpacking them, or spreading them among more legislative districts.Redistricting at a GlanceEvery 10 years, each state in the U.S is required to redraw the boundaries of their congressional and state legislative districts in a process known as redistricting.Redistricting, Explained: Answers to your most pressing questions about redistricting and gerrymandering.Breaking Down Texas’s Map: How redistricting efforts in Texas are working to make Republican districts even more red.G.O.P.’s Heavy Edge: Republicans are poised to capture enough seats to take the House in 2022, thanks to gerrymandering alone.Legal Options Dwindle: Persuading judges to undo skewed political maps was never easy. A shifting judicial landscape is making it harder.Detroit’s State Senate delegation will jump to nine members from five, and its State House delegation to 15 representatives from nine. But local Black elected officials and civil rights groups contend that while the intention may have been noble, the result actually dilutes Black voting strength, not only in general elections but also in primaries, in which elections for Black legislators are almost always decided.The reduced percentages of Black voters in some of the new districts may prevent candidates from winning primary elections on the strength of the Black vote alone, those critics say.“The goal of creating partisan fairness cannot so negatively impact Black communities as to erase us from the space,” said Adam Hollier, a state senator from the Detroit area. “They think that they are unpacking, because that is the narrative that they hear from across the country, without looking at what that means in the city of Detroit.”Republicans were also discussing possible challenges to the new maps.“We are evaluating all options to take steps necessary to defend the voices silenced by this commission,” Gustavo Portela, a Michigan G.O.P. spokesman, said in a statement Wednesday, without elaborating on whose voices he meant.The G.O.P. advantage in Michigan’s Legislature has held solid for years even as Democrats carried the state in presidential elections and won races for governor and U.S. Senate. In 2014, Senator Gary Peters, a Democrat, won the seat formerly held by Carl Levin by more than 13 percentage points. Yet in the same year, Republicans in the State Senate expanded their supermajority, winning 27 of 38 seats.So great a divergence between statewide and legislative elections is often a telltale sign of a gerrymandered map. And a lawsuit in 2018 unearthed emails in which Republicans boasted about packing “Dem garbage” into fewer districts and ensuring Republican advantages “in 2012 and beyond.”But the new State Senate map would create 20 seats that President Biden would have carried in 2020 and 18 that former President Donald J. Trump would have carried, giving Democrats new hopes of competitiveness.The new maps offer no guarantee that Democrats will win either chamber, however. And in a strong year for the G.O.P., which 2022 may be, Republicans could retain their advantage in the Legislature and could also come away with a majority of the state’s new 13-seat congressional delegation.The congressional map includes three tossup seats where the 2020 presidential margin was less than five points, and two more seats that could be competitive in a wave year, with presidential margins of less than 10 points. Two current Democratic representatives, Haley Stevens and Andy Levin, were drawn into the same district, setting up a competitive primary in the 11th District. Both declared their intention to run on Tuesday.The State House will also feature at least 20 competitive districts.Preserving such competition, election experts say, is one of the key goals in redistricting reform.“This is the quintessential success story of redistricting,” said Sam Wang, director of the Princeton Gerrymandering Project. “These maps treated the two parties, Democrats and Republicans, about as fairly as you could ever imagine a map being. In all three cases, whoever gets the most votes statewide is likely to control the chamber or the delegation. And there’s competition in all three maps.”Understand How U.S. Redistricting WorksCard 1 of 8What is redistricting? More

    • 163 Shares169 Views

      in Elections

      Democrats Say They Are Serious About State Elections. But Are They Too Late?

      by

      State-level races are becoming a central focus of American politics as the lasting effects of new congressional maps and election laws raise the stakes.Late on Nov. 8, 2016, the mood inside President Barack Obama’s West Wing turned grim. Hillary Clinton was coming up short. The realization was growing that Donald J. Trump would be elected president.Suddenly, David M. Simas, Mr. Obama’s political director, pumped his fist and called out, “Yes!”A cautious, cerebral lawyer, Mr. Simas was not known for attention-getting exultation. Asked why he was cheering, he deadpanned: “We just won a North Carolina Supreme Court seat.”Incongruous as it was, the moment of triumph in a relatively minor contest reflected a growing concern among Democratic leaders, all the way up to Mr. Obama, that their party needed a more assertive strategy for the end-of-decade redistricting fights to come. But as Democrats awakened to the depth of their plight, they found that learning to think small was easier said than done: Hopes of big gains at the state level in 2020, a crucial year for redistricting, did not materialize. Liberal voters showed they were less hungry to win those races than they were to oust Mr. Trump.Now, however, state-level contests like those for governor’s offices, legislatures and courts are suddenly moving from the periphery to the center of American politics. And the ongoing tussle over political maps is just one front in a larger conflict: As Mr. Trump pushes his false claims of a stolen 2020 election, what was once seen at most as a decennial scrum for partisan advantage in the provinces of government is transforming, in some Democrats’ minds, into a twilight struggle for the future of American democracy.“We’re at a moment of reckoning in America,” former Attorney General Eric H. Holder Jr. said during a recent fund-raising event for the National Democratic Redistricting Committee, a group he formed that became the primary locus of Mr. Obama’s political activity when he left the White House. “I’m not being hyperbolic or alarmist. I think our democracy is on the line.”Fund-raising appeals on behalf of Democratic legislative candidates note the fact that at least six Republican state lawmakers were in Washington on Jan. 6, and that Republican-led states from Arizona to Georgia have passed laws tightening the rules around voting. And revelations about Mr. Trump’s ad hoc efforts to overturn the previous presidential election are fueling fears that in a rematch of 2020, Mr. Trump might conspire with G.O.P. state lawmakers to alter the outcome illegitimately.“We believe the right wing is signaling a strategy to steal the election through state legislatures in 2024,” said Daniel Squadron, a former New York state senator whose group, the States Project, has announced plans to raise $30 million to support Democratic candidates in state legislative races in 2022.Former Attorney General Eric H. Holder Jr., left with microphone, at a Virginia rally in 2019. He formed a group focused on redistricting.Emma Howells for The New York TimesYet it remains to be seen whether such dire warnings will move voters. Selling rank-and-file Democrats on the importance of offices like state senator or state Supreme Court justice has proved daunting. In the 2020 campaign cycle, donors showered Amy McGrath, a doomed Democratic candidate for Senate from Kentucky, with $96 million, dwarfing the $51 million raised by the national Democratic Party committee responsible for aiding candidates for legislative seats in all 50 states. And Democrats tend to suffer disproportionately from “roll-off,” a phenomenon in which voters fail to complete their ballots, withholding their votes from candidates at the bottom of the ticket.“It feels very much like climbing uphill, pushing a rock while your arms are melting,” said Amanda Litman of the liberal group Run for Something, which recruits young people to run for state and local office.Redistricting at a GlanceEvery 10 years, each state in the U.S is required to redraw the boundaries of their congressional and state legislative districts in a process known as redistricting.Redistricting, Explained: Answers to your most pressing questions about redistricting and gerrymandering.Breaking Down Texas’s Map: How redistricting efforts in Texas are working to make Republican districts even more red.G.O.P.’s Heavy Edge: Republicans are poised to capture enough seats to take the House in 2022, thanks to gerrymandering alone.Legal Options Dwindle: Persuading judges to undo skewed political maps was never easy. A shifting judicial landscape is making it harder.Gaby Goldstein, co-founder of Sister District, a grass-roots organization that supports progressive candidates in state legislative races, noted that conservatives have mobilized around state politics for decades. “I always say that Democrats are tardy to the party,” she said.The Democratic Party’s belated interest in lower-tier races grew out of its bruising experience in 2010, when Republicans rode an anti-Obama backlash to oust hundreds of Democratic incumbents nationwide. Spending just $30 million, Republicans flipped 680 state legislative seats and 20 chambers, a stunning victory that put them in position to redraw election maps and entrench their hold over those states — and their congressional delegations — for a decade.“Democrats were frankly unprepared during that cycle,” said Kelly Ward Burton, who at the time was running House Democrats’ campaign committee. Now the president of Mr. Holder’s redistricting committee, Ms. Burton has been working closely with several Democratic campaign groups in hopes of a different outcome from the current round of redistricting.Part hardball politics and part good-government activism, the groups’ strategy has been to break up G.O.P. “trifectas” where possible — reducing the number of states where Republicans enjoy full control of the redistricting process because they hold the governorship and majorities in both legislative chambers. They also ask candidates for state and federal offices to pledge support for “fair redistricting that ends map manipulation and creates truly representative districts,” an aspiration that is sometimes in tension with more partisan goals.Midway through the current redistricting brawl, the results of those Democratic efforts are mixed.The long-troubled Democratic Legislative Campaign Committee became a force under new leadership in 2016, setting up the party to take six chambers in the 2018 midterm elections. Since 2017, Democrats have flipped 10 governor’s offices, including in the battlegrounds of Michigan, Nevada, Pennsylvania and Wisconsin, and picked up seven state Supreme Court seats. Five states have passed nonpartisan redistricting reforms, putting map-drawing in the hands of independent commissions.But the blue wave that Democrats were counting on in 2020 never washed ashore. Although Democratic groups spent record amounts trying to win back G.O.P.-held statehouses, their party ended last year worse off, losing both chambers in New Hampshire. As a result, Republicans not only kept control of prizes like the Arizona, Michigan, Pennsylvania and Wisconsin legislatures, but they also have retained the power to draw maps for 187 congressional districts, while Democrats control the fate of just 75.As a result, Democrats’ hopes of keeping the House may rest on legal challenges to maps that Republican-led states have already approved. And a 2019 Supreme Court ruling, which put partisan gerrymandering claims beyond the purview of federal courts, ensures that state courts will be the main arena for such lawsuits.In 2019, Democrats lost a crucial state Supreme Court contest in Wisconsin by fewer than 6,000 votes, cementing the body’s conservative majority. But the election of liberal judges in North Carolina and Ohio has given Mr. Holder’s group, and other liberal outfits allied with it, at least a chance to win in court what Democrats lack the power to achieve in Republican-dominated legislatures.Tim Butler, a Republican state lawmaker in Illinois. Aggressive gerrymandering in the state could net Democrats at least one additional House seat.Justin L. Fowler/The State Journal-Register, via Associated PressElsewhere, high-minded sentiments are yielding to the demands of brass-knuckle politics. Many Democrats cheered the aggressive gerrymandering in Illinois, where maps approved by Gov. J.B. Pritzker could net them at least one additional House seat, and they are urging a similar approach in New York, where a Democratic supermajority may seek to gerrymander its way to capturing as many as four seats currently held by Republicans.None of which is lost on Republicans. “Democrats pretend to be for ‘fair maps,’ but they use every advantage they get,” said Andrew Romeo, a spokesman for the Republican State Leadership Committee.Understand How U.S. Redistricting WorksCard 1 of 8What is redistricting? More

    • 125 Shares99 Views

      in Elections

      Map by Map, G.O.P. Chips Away at Black Democrats’ Power

      by

      Black elected officials in several states, from Congress down to the counties, have been drawn out of their districts this year or face headwinds to hold onto their seats.More than 30 years ago, Robert Reives Sr. marched into a meeting of his county government in Sanford, N.C., with a demand: Create a predominantly Black district in the county, which was 23 percent Black at the time but had no Black representation, or face a lawsuit under the Voting Rights Act.The county commission refused, and Mr. Reives prepared to sue. But after the county settled and redrew its districts, he was elected in 1990 as Lee County’s first Black commissioner, a post he has held comfortably ever since.Until this year.Republicans, newly in power and in control of the redrawing of county maps, extended the district to the northeast, adding more rural and suburban white voters to the mostly rural district southwest of Raleigh and effectively diluting the influence of its Black voters. Mr. Reives, who is still the county’s only Black commissioner, fears he will now lose his seat.“They all have the same objective,” he said in an interview, referring to local Republican officials. “To get me out of the seat.”Mr. Reives is one of a growing number of Black elected officials across the country — ranging from members of Congress to county commissioners — who have been drawn out of their districts, placed in newly competitive districts or bundled into new districts where they must vie against incumbents from their own party.Almost all of the affected lawmakers are Democrats, and most of the mapmakers are white Republicans. The G.O.P. is currently seeking to widen its advantage in states including North Carolina, Ohio, Georgia and Texas, and because partisan gerrymandering has long been difficult to disentangle from racial gerrymandering, proving the motive can be troublesome.But the effect remains the same: less political power for communities of color.The pattern has grown more pronounced during this year’s redistricting cycle, the first since the Supreme Court struck down the heart of the Voting Rights Act in 2013 and allowed jurisdictions with a history of voting discrimination to pass election laws and draw political maps without approval from the Justice Department.How Maps Reshape American PoliticsWe answer your most pressing questions about redistricting and gerrymandering.“Let’s call it a five-alarm fire,” G.K. Butterfield, a Black congressman from North Carolina, said of the current round of congressional redistricting. He is retiring next year after Republicans removed Pitt County, which is about 35 percent Black, from his district.“I just didn’t see it coming,” he said in an interview. “I did not believe that they would go to that extreme.”Redistricting at a GlanceEvery 10 years, each state in the U.S is required to redraw the boundaries of their congressional and state legislative districts in a process known as redistricting.Redistricting, Explained: Answers to your most pressing questions about redistricting and gerrymandering.Breaking Down Texas’s Map: How redistricting efforts in Texas are working to make Republican districts even more red.G.O.P.’s Heavy Edge: Republicans are poised to capture enough seats to take the House in 2022, thanks to gerrymandering alone.Legal Options Dwindle: Persuading judges to undo skewed political maps was never easy. A shifting judicial landscape is making it harder.A former chairman of the Congressional Black Caucus, Mr. Butterfield said fellow Black members of Congress were increasingly worried about the new Republican-drawn maps. “We are all rattled,” he said.In addition to Mr. Butterfield, four Black state senators in North Carolina, five Black members of the state House of Representatives and several Black county officials have had their districts altered in ways that could cost them their seats. Nearly 24 hours after the maps were passed, civil rights groups sued the state.Representative G.K. Butterfield of North Carolina said he was retiring next year after Republicans removed Pitt County, which is 35 percent Black, from his district.Stefani Reynolds for The New York TimesAcross the country, the precise number of elected officials of color who have had their districts changed in such ways is difficult to pinpoint. The New York Times identified more than two dozen of these officials, but there are probably significantly more in county and municipal districts. And whose seats are vulnerable or safe depends on a variety of factors, including the political environment at the time of elections.But the number of Black legislators being drawn out of their districts outpaces that of recent redistricting cycles, when voting rights groups frequently found themselves in court trying to preserve existing majority-minority districts as often as they sought to create new ones.“Without a doubt it’s worse than it was in any recent decade,” said Leah Aden, a deputy director of litigation at the NAACP Legal Defense and Educational Fund Inc. “We have so much to contend with and it’s all happening very quickly.”Republicans, who have vastly more control over redistricting nationally than Democrats do, defend their maps as legal and fair, giving a range of reasons.Kirk Smith, the Republican chairman of Lee County’s board of commissioners, said that “to say only a person of a certain racial or ethnic group can represent only a person of the same racial or ethnic group has all the trappings of ethnocentric racism.”In North Carolina and elsewhere, Republicans say that their new maps are race-blind, meaning officials used no racial data in designing the maps and therefore could not have drawn racially discriminatory districts because they had no idea where communities of color were.“During the 2011 redistricting process, legislators considered race when drawing districts,” Ralph Hise, a Republican state senator in North Carolina, said in a statement. Through a spokesperson, he declined to answer specific questions, citing pending litigation.His statement continued: “We were then sued for considering race and ordered to draw new districts. So during this process, legislators did not use any racial data when drawing districts, and we’re now being sued for not considering race.”In other states, mapmakers have declined to add new districts with majorities of people of color even though the populations of minority residents have boomed. In Texas, where the population has increased by four million since the 2010 redistricting cycle, people of color account for more than 95 percent of the growth, but the State Legislature drew two new congressional seats with majority-white populations.And in states like Alabama and South Carolina, Republican map drawers are continuing a decades-long tradition of packing nearly all of the Black voting-age population into a single congressional district, despite arguments from voters to create two separate districts. In Louisiana, Gov. John Bel Edwards, a Democrat, said on Thursday that the Republican-controlled State Legislature should draw a second majority-Black House district.Allison Riggs, a co-executive director of the Southern Coalition for Social Justice, a civil rights group, said that the gerrymandering was “really an attack on Black voters, and the Black representatives are the visible outcome of that.”Efforts to curb racial gerrymandering have been hampered by a 2019 Supreme Court decision, which ruled that partisan gerrymandering could not be challenged in federal court.Though the court did leave intact Section 2 of the Voting Rights Act, which prohibits racial gerrymandering, it offered no concrete guidance on how to distinguish between a partisan gerrymander and a racial gerrymander when the result was both, such as in heavily Democratic Black communities.Understand How U.S. Redistricting WorksCard 1 of 8What is redistricting? More

    • 113 Shares199 Views

      in Elections

      Redistricting Makes California a Top House Battlefield for 2022

      by

      As legislators across the country draw House maps to protect incumbents, a nonpartisan commission of California citizens is drafting one that will scramble political fortunes for both parties.FRESNO, Calif. — For nearly three years, Phil Arballo has been running for Congress against Representative Devin Nunes, the Republican that Democrats across the country have loved to loathe, raising money by the truckload and compiling an email outreach list that is all the more impressive considering his lack of political experience.On Monday, Mr. Nunes announced he would resign from Congress at year’s end to lead former President Donald J. Trump’s media and technology company, continuing an unswerving fealty to Mr. Trump that had turned him into a national figure of admiration on the right and contempt on the left.Mr. Nunes was prodded toward that decision in large part by the nonpartisan California Citizens Redistricting Commission, which this week is putting the finishing touches on new boundaries.The plan is likely to transform the district he has represented for 19 years from a dusty, rural swath that voted for Mr. Trump in 2020 by 5 percentage points into one centered here in Fresno, the fifth-largest city in California, which Joseph R. Biden Jr. would have carried handily.Mr. Arballo, who lost to Mr. Nunes last year and had been hoping to challenge him again, realizes he will have a different opponent.“It’s going to be fun, though,” Mr. Arballo said, speaking from his spare campaign headquarters in a nondescript office park here. “And what we can do is also wash away the gerrymandering that’s going to be happening all over the country.”Legislatures from Nevada to Georgia are drafting new House district lines under the required reapportionment that occurs every 10 years. Most of them are seeking to protect incumbency and maintain a partisan edge by eliminating competitive seats, a process that Republicans in particular have exploited to gain a heavy early advantage in their push to wrest control of the House next year. The Justice Department filed suit on Monday against a Texas map gerrymandered by the Republican-led legislature that would make that state redder, potentially leaving only a single district in play.Mr. Nunes in Washington last year. He announced on Monday that he would resign from Congress to lead former President Donald J. Trump’s media and technology company.Stefani Reynolds for The New York TimesBut in California, the map will stand in stark contrast to most of the country, scrambling the fortunes of lawmakers in both parties and creating the broadest — perhaps the only — true battlefield for 2022. Lawmakers should see the full plan by Friday, and the commission will send it to the secretary of state by Dec. 27.Legislatures in nine other states, working off the 2020 census, have completed new maps of 116 House districts. In only 10 of those would the candidate who won 2020 have prevailed by 7 percentage points or less, according to the Princeton Gerrymandering Project; that is half the number of competitive districts that existed in 2018 and 2020.Redistricting at a GlanceEvery 10 years, each state in the U.S is required to redraw the boundaries of their congressional and state legislative districts in a process known as redistricting.Redistricting, Explained: Answers to your most pressing questions about redistricting and gerrymandering.Breaking Down Texas’s Map: How redistricting efforts in Texas are working to make Republican districts even more red.G.O.P.’s Heavy Edge: Republicans are poised to capture enough seats to take the House in 2022, thanks to gerrymandering alone.Legal Options Dwindle: Persuading judges to undo skewed political maps was never easy. A shifting judicial landscape is making it harder.In contrast, California alone could end up with eight or nine battleground districts.“There’s no question we’re going to end up with more competitive seats,” said Rob Stutzman, a Republican consultant in Sacramento.The first draft of the map shocked much of the California delegation. No longer able to count on his rural, agricultural base, Mr. Nunes would have had to win over the gracious neighborhoods along Van Ness Avenue in Fresno, with their verandas and Black Lives Matter flags, and the hipsters of the city’s Tower District, who have more affection for Devin Nunes’ Cow, a Twitter account mocking the congressman, than the man himself. The commission appears intent on giving Latinos in the Central Valley a chance to elect their first representative ever.Mr. Nunes could have moved to a new district taking shape along the Nevada border, which will be heavily Republican, but he chose to go elsewhere. He was not alone in pondering a new future. After losing his San Diego-area seat to a Democrat in 2018, another outspoken conservative, Darrell Issa, moved to a conservative district abandoned by the indicted Republican Duncan Hunter. That seat could end up far more competitive.Representative Mike Garcia, a Republican, won a special election to replace a young Democrat felled by a sex scandal, then shocked Democrats by winning re-election last year by 333 votes in a district that Mr. Biden won by 35,000. The commission, however, appears intent on lopping off Republican-heavy Simi Valley from Mr. Garcia’s district in north Los Angeles County, leaving him holding on by a thread to a considerably less conservative seat.“It makes guys like me perk up and go, ‘OK, what was the rationale for dumping this?’” Mr. Garcia said of the commission’s decision. “When you go through all the questions that are, in my opinion, objective, the only thing you’re left with is a rationale that is political.”Democrats are at risk, too. The commission has proposed eliminating the Los Angeles seat of Representative Lucille Roybal-Allard, who in 1992 became the first Mexican American woman elected to Congress. Representative Katie Porter, a hero of the national Democratic Party, appears likely to be left with a more Republican district in Orange County — a fate that could prompt her to run for the Senate instead, either by challenging Alex Padilla, the Democrat appointed to fill Vice President Kamala Harris’s seat, or waiting for Senator Dianne Feinstein, 88, to step aside.Representative Lucille Roybal-Allard on Capitol Hill in 2019. The nonpartisan California Citizens Redistricting Commission has proposed eliminating her seat.Gabriella Demczuk for The New York TimesCalifornia’s 10th Congressional District, currently represented by Representative Josh Harder, a young, up-and-coming Democrat, will become heavily Republican, most likely sending Mr. Harder in search of a new district. (It was the expected destination of Mr. Nunes.) That could cost the quiet backbench Democrat Jerry McNerney, who might find himself a sacrificial lamb.The former governor who set the process in motion, Arnold Schwarzenegger, is watching the free-for-all with glee. When he took office in 2003, he had never thought of redistricting reform, he said in an interview last week. But what he found was a system he called “wacky,” in which Democrats and Republicans came together every 10 years to redraw the lines of State Assembly districts, State Senate seats and U.S. House seats to preserve the status quo — politicians picking their voters, not the other way around.“It was worse than the Politburo,” said Mr. Schwarzenegger, a Republican who came to office after a recall election. “The Constitution says, ‘We the people,’ not ‘We the politicians.’”From 2002 to 2010, one California congressional district changed party hands. Since 2012, when the first map of Mr. Schwarzenegger’s redistricting commission went into effect, 16 seats have flipped. He called it “without doubt” one of his proudest achievements.The commission includes five Republicans, five Democrats and four members not affiliated with a party, selected from citizen applicants. Commissioner J. Ray Kennedy, a Democrat, said the panel must create districts of equal population that are contiguous and compact, and to the extent practicable, keep counties, cities, neighborhoods and “communities of interest” together.A person should be able to walk from any part of a district to another without crossing into a different one, though bulges and loops do form to comply with the Voting Rights Act’s requirement that minority voters get representation. Competitiveness is not a criterion, but it is a byproduct.Compliance with the Voting Rights Act could create the first two Latino districts in the Central Valley, to the detriment of two Republicans: Mr. Nunes and Representative David Valadao, who will square off next year with Rudy Salas, a member of the State Assembly and a prime Democratic recruit. The district remains highly competitive but will slightly shift from Fresno and into Mr. Salas’s stronghold of Bakersfield.“The way that the commission is looking at this independently, it’s actually shifting the district toward my home base, Kern County, which is my media market, where they’ve known me for at least 12-plus years since my time at City Council, and now with the State Assembly,” Mr. Salas said on Tuesday. “So I feel very confident.”The contrast between California and the rest of the country is stark.Ryan Mulcahy, the campaign manager for Mr. Arballo’s congressional campaign, in Fresno, Calif., on Friday.Mike Kai Chen for The New York TimesIn Georgia, Republican legislators collapsed two competitive districts won narrowly by Democrats into one heavily Democratic district in suburban Atlanta. The state will have no competitive districts next year.Understand How U.S. Redistricting WorksCard 1 of 8What is redistricting? More

    • 100 Shares169 Views

      in Elections

      The Trump Conspiracy Is Hiding in Plain Sight

      by

      Antebellum pro-slavery radicals spoke freely of secession and violence; Democratic Party paramilitaries planned their attacks on Reconstruction governments in public view; and the men who codified segregation into Jim Crow did so in the open. Bad actors, in other words, do not always make their plans in secret.When people plot to do wrong, they often do so in plain sight. To the extent that they succeed, it is at least partly because no one took them as seriously as they should have.And so it goes with the plot to restore Donald Trump to power over and against the will of the voters. The first attempt, prefigured in Trump’s refusal in 2016 to say whether he would accept the results of the presidential election, culminated in an attack on the Capitol this year, broadcast on camera to the entire world. Since then, the former president and his allies have made no secret of their intent to run the same play a second time.Steve Bannon, a former Trump adviser and White House official, hosts a popular far-right podcast where he has urged his listeners to seize control of local election administration. “It’s going to be a fight, but this is a fight that must be won, we don’t have an option,” he said in May. “We’re going to take this back village by village … precinct by precinct.”Those listeners were, well, listening. “Suddenly,” according to a recent ProPublica investigation, “people who had never before showed interest in party politics started calling the local G.O.P. headquarters or crowding into county conventions, eager to enlist as precinct officers. They showed up in states Trump won and in states he lost, in deep-red rural areas, in swing-voting suburbs and in populous cities.”Many of these new activists very much want to “stop the steal.” In Michigan, ProPublica notes, “one of the main organizers recruiting new precinct officers pushed for the ouster of the state party’s executive director, who contradicted Trump’s claim that the election was stolen and who later resigned.” In Arizona, likewise, new Bannon-inspired precinct officers have “petitioned to unseat county officials who refused to cooperate with the State Senate Republicans’ ‘forensic audit’ of 2020 ballots.”The obvious point of all this is to eliminate resistance should the outcome of the 2024 presidential election come down, once again, to the fortitude of local officials. In his desperate fight to subvert the outcome of the 2020 election, Trump looked for and found the soft spots in our electoral system. His supporters are fighting to make them more vulnerable.In tandem with the fight to seize control of election administration is an effort to gerrymander battleground states into nearly permanent Republican legislative majorities. “In Texas, North Carolina, Ohio and Georgia,” according to my colleagues in the newsroom, “Republican state lawmakers have either created supermajorities capable of overriding a governor’s veto or whittled down competitive districts so significantly that Republicans’ advantage is virtually impenetrable — leaving voters in narrowly divided states powerless to change the leadership of their legislatures.”In these states, Democrats could win a narrow majority of voters but gain fewer than half of the seats in the state legislature, while Republicans could win with that same majority and gain far more than half the seats. It’s an affront to the ideal of political equality, to say nothing of the “one person, one vote” standard enshrined in the 1964 Supreme Court decision in Reynolds v. Sims. A system in which some voters are worth much more than others — and where popular majorities are locked out of power if they contain the wrong kinds of people — is many things, but it isn’t a democracy (or, if you prefer, a “republic”).These impenetrable supermajorities serve a purpose beyond simple partisan advantage. The belief that Trump actually won the 2020 election is backed by the belief that elections are less about persuasion and more about rigging the process and controlling the ballots. And in the swing states that Trump lost, his strongest allies have pushed the radical idea that state legislatures have plenary authority over presidential elections even after voters have cast their ballots. Trump may lose the vote in Arizona, but under this theory, the legislature could still give him the state’s electoral votes, provided there is some pretext (like “voter fraud,” for example). What this would mean, in practice, is that these legislatures could simply hand their state’s electoral votes to Trump even if he were defeated at the ballot box.It’s with this in mind that we should look to Wisconsin, where Republicans are fighting to seize control of federal elections in the state now that they’ve gerrymandered themselves into an almost permanent legislative majority. (The Wisconsin Republican Party, along with the one in North Carolina, has been at the vanguard of the authoritarian turn in the national party.)Last month, Senator Ron Johnson said that lawmakers in his state could take control of federal elections even if Gov. Tony Evers, a Democrat, stood in opposition. “The State Legislature has to reassert its constitutional role, assert its constitutional responsibility, to set the times, place and manner of the election, not continue to outsource it through the Wisconsin Elections Commission,” Johnson said, in reference to the bipartisan commission Republicans had established to manage elections. “The Constitution never mentions a governor.”And of course, Trump is taking an active role in all of this. From his perch in Mar-a-Lago, he has endorsed candidates for state legislative elections in Michigan with the clear hope that they would help him subvert the election, should he run as the Republican nominee for president in 2024. “Michigan needs a new legislature,” Trump wrote last month in one such endorsement. “The cowards there now are too spineless to investigate Election Fraud.”Increasingly untethered from any commitment to electoral democracy, large and influential parts of the Republican Party are working to put Trump back in power by any means necessary. Republicans could win without these tactics — they did so in Virginia last month — but there’s no reason to think that the party will pull itself off this road.Every incentive driving the Republican Party, from Fox News to the former president, points away from sober engagement with the realities of American politics and toward the outrageous, the antisocial and the authoritarian.None of this is happening behind closed doors. We are headed for a crisis of some sort. When it comes, we can be shocked that it is actually happening, but we shouldn’t be surprised.The Times is committed to publishing a diversity of letters to the editor. We’d like to hear what you think about this or any of our articles. Here are some tips. And here’s our email: letters@nytimes.com.Follow The New York Times Opinion section on Facebook, Twitter (@NYTopinion) and Instagram. More

    • 100 Shares189 Views

      in Elections

      G.O.P. Cements Hold on Legislatures in Battleground States

      by

      Democrats were once able to count on wave elections to win back key statehouses. Republican gerrymandering is making that all but impossible.Republicans are locking in newly gerrymandered maps for the legislatures in four battleground states that are set to secure the party’s control in the statehouse chambers over the next decade, fortifying the G.O.P. against even the most sweeping potential Democratic wave elections.In Texas, North Carolina, Ohio and Georgia, Republican state lawmakers have either created supermajorities capable of overriding a governor’s veto or whittled down competitive districts so significantly that Republicans’ advantage is virtually impenetrable — leaving voters in narrowly divided states powerless to change the leadership of their legislatures.Although much of the attention on this year’s redistricting process has focused on gerrymandered congressional maps, the new maps being drafted in state legislatures have been just as distorted.And statehouses have taken on towering importance: With the federal government gridlocked, these legislatures now serve as the country’s policy laboratory, crafting bills on abortion, guns, voting restrictions and other issues that shape the national political debate.“This is not your founding fathers’ gerrymander,” said Chris Lamar, a senior legal counsel at the Campaign Legal Center who focuses on redistricting. “This is something more intense and durable and permanent.”This redistricting cycle, the first one in a decade, builds on a political trend that accelerated in 2011, when Republicans in swing states including Pennsylvania, Wisconsin and Michigan drew highly gerrymandered state legislative maps.Since those maps were enacted, Republicans have held both houses of state government in all three places for the entire decade. They never lost control of a single chamber, even as Democrats won some of the states’ races for president, governor and Senate.All three of those Northern states are likely to see some shift back toward parity this year, with a new independent commission drawing Michigan’s maps, and Democratic governors in Wisconsin and Pennsylvania will probably force the process to be completed by the courts.Gerrymandering is a tool used by both parties in swing states as well as less competitive ones. Democrats in deep-blue states like Illinois are moving to increase their advantage in legislatures, and Republicans in deep-red states like Utah and Idaho are doing the same.But in politically contested states where Republicans hold full control, legislators are carefully crafting a G.O.P. future. They are armed with sharper technology, weakened federal voting statutes and the knowledge that legal challenges to their maps may not be resolved in time for the next elections.In Texas, North Carolina and Ohio, Republican governors have signed into law new maps with a significant advantage for the party. Georgia is moving quickly to join them.Republicans say that the growth of such heavily skewed legislatures is both the result of the party’s electoral victories and of where voters choose to live.State legislative districts are by nature much smaller in population than congressional districts, meaning they are often more geographically compact.As Democratic voters have crowded into cities and commuter suburbs, and voters in rural and exurban areas have grown increasingly Republican, G.O.P. mapmakers say that they risk running afoul of other redistricting criteria if they split up those densely populated Democratic areas across multiple state legislative districts.“What you see is reflective of the more even distribution of Republican and right-leaning voters across wider geographic areas,” said Adam Kincaid, the director of the National Republican Redistricting Trust. Trying to draw more competitive legislative districts, he said, would result in “just a lot of squiggly lines.”He pointed to maps in Wisconsin that were proposed by a commission created by Gov. Tony Evers, a Democrat. Under those designs, Republicans would still have a majority in both state legislative chambers (though with significantly smaller margins).“They’re limited by geography,” Mr. Kincaid said. “There’s only so many things you can do to spread that many voters across a wide area.”Democrats note that Republicans are still cracking apart liberal communities — especially in suburbs near Akron and Cleveland in Ohio and in predominantly Black counties in northern and central North Carolina — in a way that helps the G.O.P. and cuts against a geographical argument.“They are carving up Democratic voters where they can’t pack them,” said Garrett Arwa, the director of campaigns at the National Democratic Redistricting Committee. He argued that Democratic map proposals “all put forth better and more fair maps that I would say are far from a Rorschach test.”Democrats have fewer opportunities to unilaterally draw state legislative maps, particularly in battleground states. Of the 14 states where the margin of the 2020 presidential race was fewer than 10 percentage points, Democrats are able to draw state legislative maps in just one: Nevada. Republicans control the redistricting process in six of those 14 states. (The rest have divided governments, or their maps are drawn by commissions.)But when Democrats have had an opening, they have also enacted significant gerrymanders at the state legislative level. In Nevada, Democrats are close to finalizing a map that would give them supermajorities in both chambers of the Legislature, despite President Biden’s winning just 51 percent of the state’s vote last year.The same holds true in deeply blue states. In Illinois, newly drawn State Senate maps would give Republicans roughly 23 percent of seats in the chamber, even though former President Donald J. Trump won more than 40 percent of voters in the state in 2020.Republicans have taken two approaches to ensure durable majorities in state legislatures. The tactics in Texas and Georgia are more subtle, while Republicans in Ohio and North Carolina have taken more brazen steps.In Texas and Georgia, the party has largely eliminated competitive districts and made both Republican and Democratic seats safer, a move that tends to ward off criticism from at least some incumbents in the minority party.“Out of the 150 seats in the Texas House, only six of them are within seven points or closer,” said Sam Wang, the director of the Princeton Redistricting Project. Republicans now hold a 20-seat advantage in the chamber, 85 to 65, and the new maps will give the party roughly two more seats. So while the G.O.P. lawmakers did not try to draw an aggressive supermajority, “what they really did a good job of there is getting rid of competition and getting a reasonably safe majority for themselves,” Mr. Wang said.Understand How U.S. Redistricting WorksCard 1 of 8What is redistricting? More