More stories

  • in

    Biden ordena que se entreguen los registros de visitantes de Trump al Congreso

    El presidente de EE. UU. informó a los Archivos Nacionales que deben entregar los registros solicitados por el comité del 6 de enero, que investiga el ataque contra el Capitolio, dentro de los próximos 15 días.El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ordenó a los Archivos Nacionales que entregaran una variedad de registros de visitantes de la Casa Blanca del expresidente Donald Trump al comité de la Cámara de Representantes que investiga el ataque al Capitolio del 6 de enero, con lo que rechaza el argumento de su predecesor de que el material está protegido por privilegio ejecutivo.La decisión impulsa los esfuerzos del comité para recopilar información sobre quién entraba y salía de la Casa Blanca, no solo el día del año pasado en el que ocurrió el ataque, sino también en los meses anteriores, cuando Trump buscaba anular la elección.El año pasado, Biden tomó una decisión similar al no apoyar el reclamo de privilegio ejecutivo de Trump sobre otros documentos y registros de la Casa Blanca que solicitó el comité. Trump acudió a un tribunal federal para bloquear la liberación de esos registros anteriores, pero perdió.En una carta enviada el martes a los Archivos Nacionales, la abogada de Biden en la Casa Blanca, Dana Remus, dijo que Biden rechazó las afirmaciones de Trump de que los registros de visitantes estaban sujetos al privilegio ejecutivo y que “en vista de la urgencia” del trabajo del comité, los archivos debían proporcionar los documentos en los próximos 15 días.El Archivista de Estados Unidos, David Ferriero, aseguró en una carta dirigida a Trump el miércoles que, a menos que lo prohíba un tribunal, los Archivos Nacionales entregarían los registros al comité el 3 de marzo.Trump no respondió públicamente y no está claro si volverá a acudir a los tribunales para intentar impedir o retrasar la publicación de los registros de visitantes.En parte refiriéndose al mismo razonamiento que en el caso anterior, Remus le dijo a los Archivos Nacionales que los documentos debían divulgarse de manera oportuna porque “el Congreso tiene una necesidad apremiante”. La funcionaria dijo que “las protecciones constitucionales del privilegio ejecutivo no deben usarse para ocultar, del Congreso o del público, la información que refleje un esfuerzo claro y aparente para subvertir la Constitución misma”.No hay claridad sobre qué es lo que pueden mostrar los registros de visitantes o qué tan extensos y completos están: la Casa Blanca de Trump incumplía rutinariamente las leyes federales sobre el modo de mantener los registros diseñados para documentar las actividades diarias del presidente y con quién se reunía.El año pasado, el comité solicitó una serie de documentos que podrían incluir información de registro de visitantes sobre más de una decena de confidentes de Trump que podrían haber ido a la Casa Blanca entre abril de 2020 y el 20 de enero de 2021, cuando Trump dejó el cargo. Entre esos confidentes se encontraban figuras como Michael T. Flynn, exasesor de Seguridad Nacional de Trump; Roger Stone, antiguo asesor de Trump, y Enrique Tarrio, el líder de los Proud Boys.En la carta, Remus se rehusó a decir qué materiales específicos se entregarían, y solo reveló que en este caso los documentos “son entradas en los registros de visitantes que muestran información de citas para personas que siguieron el proceso para ingresar al complejo de la Casa Blanca, incluido el 6 de enero de 2021”.El comité de la Cámara de Representantes ha solicitado una gran variedad de materiales de la Casa Blanca de Trump en relación con el ataque del 6 de enero y los esfuerzos de Trump por permanecer en el cargo después de su derrota electoral. El comité está tratando de crear un relato definitivo de ese momento y está considerando si debe remitir sus hallazgos al Departamento de Justicia, una manera de crear presión para un posible proceso penal.La respuesta de Remus parecía indicar que Biden no haría valer el privilegio ejecutivo sobre ningún registro de visitantes que concerniera a los aspectos sobre los que el comité quiere saber más.Entre esas líneas de investigación están: la campaña de presión sobre el vicepresidente Mike Pence para retrasar la certificación del recuento del Colegio Electoral el 6 de enero, el plan para presentar listas alternativas de electores de Trump en los estados que perdió, el esquema considerado por Trump para confiscar máquinas de votación y los diversos procesos legales presentados por Trump y sus seguidores.En el gobierno de Biden y durante la gestión de Barack Obama, la Casa Blanca ha hecho públicos sus registros de visitantes, una medida que los defensores de la transparencia gubernamental han dicho que le da al público una mejor idea de quién tiene una conexión directa con los funcionarios más poderosos del país.Pero el gobierno de Trump anunció en abril de 2017 que esos registros deberían permanecer en secreto debido a “los graves riesgos de seguridad nacional y las preocupaciones por la privacidad de los cientos de miles de visitantes al año”. Como se impidió su divulgación, resultó mucho más difícil determinar qué donantes, cabilderos y activistas tenían acceso a Trump y sus colaboradores.En su carta a los Archivos Nacionales, Remus señaló que “la mayoría de los registros a los que el expresidente impuso el privilegio ejecutivo se harán públicos bajo” la gestión de Biden.La Casa Blanca al anochecer del 6 de enero de 2021. No se sabe cuál es la información del registro de visitas de ese día, y de ese periodo, o cuán extensos y completos son los datos que se registraron.Joshua Roberts/Getty ImagesEn las últimas semanas, los investigadores del comité han logrado algunos avances para determinar lo que Trump estaba haciendo en la Casa Blanca el 6 de enero de 2021 y quién lo visitó.Key Developments in the Jan. 6 InvestigationCard 1 of 3Piecing the evidence together. More

  • in

    There’s a Reason Trump Loves the Truckers

    The truckers’ protest in Ottawa is the latest barrage from the world’s disaffected in the revolt that found expression in the 2016 election of Donald Trump, the 2017 Unite the Right march on Charlottesville, the rise of QAnon, and the Jan. 6 insurrection in the halls of Congress.One thing that stands out in the Canadian truckers’ protests against vaccination requirements specifically and the Trudeau government generally is the strong support they are getting from conservative political leaders and media figures in this country.“We want those great Canadian truckers to know that we are with them all the way,” Trump told rally-goers in Conroe, Texas on Jan. 29.“I see they have Trump signs all over the place and I’m proud that they do,” he added.On Feb. 12, Trump brought it home to America during a Fox News appearance: “That’s what happens, you can push people so far and our country is a tinderbox too, don’t kid yourself.”The former president is not alone.“I hope the truckers do come to America,” Senator Rand Paul, Republican of Kentucky, told The Daily Signal, a conservative website. “Civil disobedience is a time-honored tradition in our country, from slavery to civil rights, you name it. Peaceful protest, clog things up, make people think about the mandates.”Nor was all this confined to North America. “Ottawa truckers’ convoy galvanizes far right worldwide,” an article in Politico on Feb. 6 declared: “Leading Republicans, right-wing influencers and white supremacist groups have jumped at the chance to promote the standoff in Ottawa to a global audience.”In “Bowling for Fascism: Social Capital and the Rise of the Nazi Party,” by Shanker Satyanath of N.Y.U., Nico Voigtländer of U.C.L.A. and Hans-Joachim Voth of the University of Zurich offer a counterintuitive perspective on the spread of right-wing organizing in Canada, Hungary, Brazil, India, Poland, Austria and in the United States.The three authors argue that in the 1930s in EuropeDense networks of civic associations such as bowling clubs, choirs, and animal breeders went hand-in-hand with a more rapid rise of the Nazi Party. Towns with one standard deviation higher association density saw at least one-third faster entry. All types of associations — veteran associations and nonmilitary clubs, “bridging” and “bonding” associations — positively predict National Socialist Party entry. Party membership, in turn, predicts electoral success. These results suggest that social capital aided the rise of the Nazi movement that ultimately destroyed Germany’s first democracy.Andrés Rodríguez-Pose, Neil Lee and Cornelius Lipp, all of the London School of Economics, pick up this argument in a November 2021 paper on the paradoxical role of social capital in fostering far right movements. Noting that the “positive view of social capital has, more recently, been challenged,” the three economic geographers write:The rise in votes for Trump was the result of long-term economic and population decline in areas with strong social capital. This hypothesis is confirmed by the econometric analysis conducted for US counties. Long-term declines in employment and population — rather than in earnings, salaries, or wages — in places with relatively strong social capital propelled Donald Trump to the presidency and almost secured his re-election.It is, the three authors continue,precisely the long-term economic and demographic decline of the places that still rely on a relatively strong social capital that is behind the rise of populism in the U.S. Strong, but declining communities in parts of the American Rustbelt, the Great Plains, and elsewhere, reacted at the ballot box to being ignored, neglected and being left behind.Translated to the present, in economic and culturally besieged communities, the remnants of social capital have been crucial to the mobilization of men and women — mostly men — who chanted “You will not replace us” and “blood and soil” in Charlottesville, who shot bear spray at police officers on Jan. 6 and who brought Ottawa to its knees for more than two weeks.In a separate paper, “The Rise of Populism and the Revenge of the Places,” Rodríguez-Pose argued:Populism is not the result of persistent poverty. Places that have been chronically poor are not the ones rebelling.” Instead, he continued, “the rise of populism is a tale of how the long-term decline of formerly prosperous places, disadvantaged by processes that have rendered them exposed and almost expendable, has triggered frustration and anger. In turn, voters in these so-called ‘places that don’t matter’ have sought their revenge at the ballot box.In an email, Rodríguez-Pose wrote:Social capital in the U.S. has been declining for a long time. Associationism and the feeling of community are no longer what they used to be and this has been documented many times. What my co-authors and I are saying is that in those places (counties) where social capital has declined less, long-term demographic and employment decline triggered a switch to Donald Trump. These communities have said “enough is enough” of a system that they feel bypasses them and voted for an anti-system candidate, who is willing to shake the foundations of the system.In a separate email, Lee noted that while most analysts view higher social capital as a healthy development in communities, it can also foster negative ethnic and racial solidarity: “Social capital can be a great thing when it is open and inclusive. But when everyone knows each other, this can result in in-group dynamics — particularly when people are led to be concerned about other groups.”The accompanying graphic, produced by the Joint Economic Committee of the U.S. Congress, shows the geographic distribution of social capital by county in the United States as of 2018. Social capital is highest in yellow areas and lowest in dark blue regions. The variables used to measure social capital included levels of family unity, collective efficacy, institutional health and community health.Joint Economic CommitteeSocial capital correlated positively with the volunteer rate, the share of adults who made charitable contributions, the share married and the share who trust their neighbors. It correlated negatively with heavy television watching by children, the share of children living with a single parent and the share of births that were to unwed mothers.Regina Anne Bateson, a professor of public and international affairs at the University of Ottawa, wrote me in a Feb. 14 email: “The situation in Canada is often described as a truckers’ protest. However, it’s not just truckers who are participating, and this is not just a protest.”The situation in Ottawa quickly devolved, Bateson argues,into an illegal occupation, with heavy elements of extortion. Many people here describe it as a hostage situation. The convoy has deployed tactics intended to harm local residents, such as deafening horn-blowing, in an attempt to extract concessions from the government. More than 400 hate incidents have been reported to police, and there have been coordinated attacks on the 9-1-1 system, flooding it with calls so residents cannot get through.The occupation of Ottawa has become a “militia-like activity,” Bateson writes. “The convoy has resupply bases on the outskirts of town, as well as mobile squads of pickup trucks that rove around the city, delivering supplies and harassing local residents.” The protest organizers have “even been experimenting with governance, including providing services like snow and trash removal. Remarkably, they recently inaugurated a cohort of ‘peace officers,’ who are authorized to detain people if needed. Justin Ling, a journalist, reports that some of the convoy’s peace officers have subsequently tried to arrest Ottawa police.”Perhaps most important, Bateson described thesignificant international involvement, including political support, media coverage, and crowdfunding dollars from the United States. We are also seeing evidence of social media manipulation designed to increase polarization. The includes the use of fake and hijacked social media accounts, troll farms and bots, and inflammatory photos and messages being pumped out en masse.Asked what the potential consequences of the protests are, Bateson replied:There are many medium- and long-term consequences, including emboldened populist and extremist movements within Canada, increased international visibility for those groups (particularly in U.S. media outlets), new recruits to those movements, and the use of crowdfunding as a new form of grassroots foreign intervention. In areas directly affected by the convoy, such as Ottawa, there is also a profound sense of abandonment and loss of trust in the authorities, particularly the police. The convoy has undermined the rule of law in Canada, and they have upended the norms that govern social and political life here.In this context, I asked Rodríguez-Pose whether the truck protests in Canada are a harbinger of future right-wing populist protests, and he pointed to developments in France in his emailed reply:In France, the phenomenon of the “gilets jaunes” (or yellow vests) is clearly an example of the “revenge of the places that don’t matter.” This is a movement that emerged as a result of a severe hike in diesel taxes in order to pay for the green transition. But this was a decision that many people in small town and rural France felt imposed significant costs on them. These are people who had been encouraged just over a decade before to buy diesel cars and, in the meantime, had seen their public transport — mainly buses and rail lines — decline and/or disappear. Most of them felt this was a decision taken by what they consider an aloof Parisian elite that is, on average, far wealthier than they were and enjoys a world-class public transport system.The pitting of a populist rural America against a cosmopolitan urban America has deep economic and cultural roots, and this divide has become a staple of contemporary polarization.“Urban residents are much more likely to have progressive values. This result applies across three categories of values: family values, gender equality, and immigration attitudes,” Davide Luca of Cambridge University, Javier Terrero-Davila and Neil Lee, both of the London School of Economics, and Jonas Stein of the Arctic University of Norway write in their January 2022 article, “Progressive Cities: Urban-rural polarization of social values and economic development around the world.”Luca and his colleagues emphasize the divisive role of what Ronald Inglehart, a political scientist at the University of Michigan who died last year, called the “silent revolution” and what Ron Lesthaeghe of the Free University of Brussels describes as the “second demographic transition.”Citing Inglehart, Luca and his co-authors write:when people are secure, they focus on postmaterialist goals such as “belonging, esteem and free choice.” The possibility of taking survival for granted “brings cultural changes that make individual autonomy, gender equality, and democracy increasingly likely, giving rise to a new type of society that promotes human emancipation on many fronts.”The urban-rural conflict between post-materialistic values (shorthand for autonomy, environmental protection, sexual freedom, gender equality) and more traditional values (family obligation, sexual restraint, church, community) is most acute in “high income countries,” they write. This suggests, they continue, “that only more advanced economies can provide cities with the material comfort, and probably the right institutional environment, to make progressive values relevant.”In an email, Luca elaborated:There is a strong correlation between my analyses (and similar lines of research) and trends highlighted in Second Demographic Transition theories. Some of the factors driving the second demographic transition are definitely linked to the development of “self-expression” values, especially among women.Cities, Luca argued, “are the catalysts for these changes to occur. In other words, cities are the loci where self-expression values can develop, in turn affecting reproductive behaviors and, hence, demographic patterns.”Social capital is by no means the only glue that holds right-wing movements together.The Rodríguez-Pose and Luca papers suggest that cultural conflict and regional economic discrepancies also generate powerful political momentum for those seeking to build a “coalition of resentment.” Since the 2016 election of Trump, the Republican Party has focused on that just that kind of Election Day alliance.Shannon M. Monnat and David L. Brown, sociologists at Syracuse and Cornell, have analyzed the economic and demographic characteristics of counties that sharply increased their vote for Trump in 2016 compared with their support for Mitt Romney in 2012.In their October 2017 paper “More than a rural revolt: Landscapes of despair and the 2016 Presidential election,” Monnat and Brown found that “Trump performed better in counties with more economic distress, worse health, higher drug, alcohol and suicide mortality rates, lower educational attainment, and higher marital separation/divorce rates.”The accompanying graphic demonstrates the pattern of Trump’s strength compared with Romney’s, the red bars showing characteristics of areas that voted more for Trump than Romney, the blue bars showing the characteristics of communities that cast more votes for Romney than for Trump.”More Than a Rural Revolt: Landscapes of Despair and the 2016 Presidential Election,” by Shannon M. Monnat and David L. BrownTrump’s populist message, Monnat and Brown write in their conclusion,may have been attractive to many long-term Democratic voters in these places who felt abandoned by a Democratic Party that has failed to articulate a strong pro-working class message, whose agendas often emphasize policies and programs to help the poor at what seems like the expense of the working-class, and who evidently believed it did not have to work very hard to earn votes from behind the “big blue wall.”In “Social Capital, Religion, Wal-Mart, and Hate Groups in America” a 2012 paper, Stephan J. Goetz of Penn State, Anil Rupasingha, a research economist at the Department of Agriculture, and Scott Loveridge of Michigan State University found that “Higher incomes, more income inequality, higher crime rates, and the presence of more Wal-Mart Stores and foreign-born populations are each associated with a more likely presence of one or more hate groups in the county.”The Wal-Mart effect, they wrote, likely results from the “economic turmoil” as communities “experience steep decline in their traditional downtown shopping districts.”Two factors work to lower the likelihood of hate group formation, they write: “a higher stock of social capital is associated with fewer hate groups” and “a greater share of mainline Protestant adherents is associated with fewer hate groups.”The opposite is true, Goetz, Rupasingha and Loveridge found, “for evangelical Protestant adherents,” writing that “for every 10 percent additional evangelical in a county, the number of hate groups in that county increases by 17 percent.”Regardless of the sources of discontent and regardless of the characteristic of those leading the assault on the liberal democratic state, there is no question that the trucker’s insurgency in Canada is catching fire abroad — currently in France, Britain, Belgium, New Zealand and Australia.“Canada’s ‘Freedom Convoy’ protests go global: Australia to Austria witness anti-COVID vaccine agitations,” read the Feb. 11 FirstPost headline on a story that described the following developments: “Police and anti-vaccine protesters clashed on the grounds of New Zealand’s parliament, with dozens arrested after demonstrators who laid siege to the legislature for three days were ordered to move on.”And: “Brussels authorities have banned an upcoming ‘freedom convoy’ protest from entering the Belgian capital.”And: “French police warned Thursday they would prevent so-called ‘Freedom Convoys’ from blockading Paris, as protesters against Covid rules began to drive towards the capital.”And: “Austria also announced a ban on any motor protests as several hundred vehicles were set to converge Friday in central Vienna, as well as near a major public park in the Austrian capital.”There will also be a test of the vitality of the trucker protest movement in the United States. “The People’s Convoy” has issued a call to “truckers and all freedom loving Americans” to join together at a rally March 4 and 5 at Coachella Valley in Indio, Calif, which is expected to then aim for Washington D.C.The organizers claim they will provide “fuel reimbursement upon arrival for all attending this event” and “the convoy will roll out of California following the rally. Convoy details will be forthcoming.”There are risks and opportunities on both sides. For Joe Biden, a protest that brings traffic and commerce to a standstill in the nation’s capital would test his skill as the country’s commander in chief, a test that could restore his faltering public image or send him on the road to defeat in 2024. For Trump and his allies on the right, such a protest could mobilize core voters going into the coming elections or it could reinforce the Jan. 6 image of unconstrained chaos, severely damaging Republican prospects.Non-college whites in the United States, like the protesting truckers in Canada, continue to face grim prospects, subordinated by meritocratic competition that rewards what they lack: advanced education and top scores on aptitude tests — accomplishments that feed the resource allocation, the status contests and the employment hierarchies that dominate contemporary life and leave those who cannot prevail out in the cold.As long as these voters remain on a downward trajectory, they will continue to be a disruptive force, not only in the political arena but in society at large.The Times is committed to publishing a diversity of letters to the editor. We’d like to hear what you think about this or any of our articles. Here are some tips. And here’s our email: letters@nytimes.com.Follow The New York Times Opinion section on Facebook, Twitter (@NYTopinion) and Instagram. More

  • in

    Biden Rejects Trump’s Claim of Privilege for White House Visitor Logs

    The president informed the National Archives that it should turn over the logs sought by the Jan. 6 committee within 15 days.President Biden is opposing another effort by former President Donald J. Trump to withhold information from the House committee investigating the Jan. 6 attack on the Capitol, ordering the National Archives to hand over White House visitor logs the committee is seeking.In a letter to the National Archives, Mr. Biden’s White House counsel, Dana Remus, said Mr. Biden had rejected Mr. Trump’s claims that the visitor logs were subject to executive privilege and that “in light of the urgency” of the committee’s work, the agency should provide the material to the committee within 15 days.Mr. Biden had similarly decided last year not to support Mr. Trump’s claim of executive privilege over other batches of White House documents and records sought by the committee. Mr. Trump went to federal court to block the release of those earlier batches but lost.Citing in part the same reasoning as in the earlier case, Ms. Remus told the National Archives that the documents needed to be disclosed in a timely fashion because “Congress has a compelling need.” She said that “constitutional protections of executive privilege should not be used to shield, from Congress or the public, information that reflects a clear and apparent effort to subvert the Constitution itself.”It is unclear whether Mr. Trump will go to court again in an attempt to block or slow the release of the visitor logs.The White House sent the letter to David S. Ferriero, the archivist of the United States, on Tuesday, and planned to inform Mr. Trump’s lawyers on Wednesday morning. The New York Times obtained a copy of the letter.It is not clear what the visitor logs might show or how extensive and complete they are. In the letter, Ms. Remus said the records in this case “are entries in visitor logs showing appointment information for individuals who were processed to enter the White House complex, including on Jan. 6, 2021.”Under Mr. Biden and under President Barack Obama, the White House has made its visitor logs public, a move that proponents of government transparency have long said gives the public a greater sense of who has a direct pipeline to the country’s most powerful officials.But the Trump administration said in April 2017 that such logs should remain secret because of “the grave national security risks and privacy concerns of the hundreds of thousands of visitors annually.” Barring their disclosure made it far harder to determine which donors, lobbyists and activists had access to Mr. Trump and aides.In her letter to the National Archives, Ms. Remus pointed out that “the majority of the entries over which the former president has asserted executive privilege would be publicly released under” Mr. Biden’s policy.The White House at dusk on Jan. 6, 2021. It is not clear what the visitor logs from that day and the period around it might show or how extensive and complete they are. Joshua Roberts/Getty ImagesCommittee investigators have made some progress in recent weeks putting together a better portrait of what Mr. Trump was doing inside the White House on Jan. 6, 2021, and who visited with him. In doing so, they have relied in part on lower-level staff members and Trump White House documents. Mr. Trump watched the protests from the West Wing on television, and according to letters released by the committee, initially refused pleas from aides to intervene to stop the crowd.Through testimony, the committee has learned that White House aides asked one of Mr. Trump’s daughters, Ivanka, “to intervene in an attempt to persuade President Trump to address the ongoing lawlessness and violence on Capitol Hill,” according to a letter the committee sent Ms. Trump last month requesting she sit for questioning.Key Developments in the Jan. 6 InvestigationCard 1 of 3Piecing the evidence together. More

  • in

    Jan. 6 Inquiry Subpoenas 6 Tied to False Pro-Trump Elector Effort

    The committee is digging deeper into a plan by former President Donald J. Trump’s allies to reverse his election loss in key states by sending fake slates of electors who would say he won.WASHINGTON — The House committee investigating the Jan. 6 attack on the Capitol subpoenaed two of Donald J. Trump’s campaign aides and Republican Party officials from battleground states on Tuesday as it dug deeper into a plan to use false slates of electors to help the former president stay in office after he lost the 2020 election.The use of bogus slates was one of the more audacious gambits employed by allies of Mr. Trump to try to keep the presidency in his hands, and the committee’s members and investigators have made it increasingly clear in recent days that they believe the effort — along with proposals to seize voting machines — was a major threat to democracy.Among those subpoenaed on Tuesday were Michael A. Roman and Gary Michael Brown, who served as the director and the deputy director of Election Day operations for Mr. Trump’s campaign. The panel also summoned Douglas V. Mastriano, a Pennsylvania state senator; Laura Cox, the former chairwoman of Michigan’s Republican Party; Mark W. Finchem, an Arizona state legislator; and Kelli Ward, the chairwoman of Arizona’s Republican Party.In letters accompanying the subpoenas, the committee said it had obtained communications that showed Mr. Roman’s and Mr. Brown’s “involvement in a coordinated strategy to contact Republican members of state legislatures in certain states that former President Trump had lost and urge them to ‘reclaim’ their authority by sending an alternate slate of electors that would support former President Trump.”“It appears that you helped direct the Trump campaign staffers participating in this effort,” Representative Bennie Thompson, Democrat of Mississippi and the chairman of the committee, wrote to Mr. Roman.The committee said that Mr. Finchem, who was on the Capitol grounds on Jan. 6, was in communication with leaders from the “Stop the Steal” movement regarding a rally at the Capitol, and that Mr. Finchem said he was in Washington to “deliver an evidence book and letter to Vice President Pence showing key evidence of fraud in the Arizona presidential election, and asking him to consider postponing the award of electors.”In its letter to Ms. Cox, the panel said it had evidence that she witnessed Rudolph W. Giuliani, Mr. Trump’s personal lawyer, pressure state lawmakers to disregard the election results in favor of Joseph R. Biden Jr. in Michigan and say that certifying the results would be a “criminal act.”After the November election was over, Ms. Ward sent a message to an Arizona elections official warning to “stop the counting,” according to the committee. She also “apparently spoke with former President Trump and members of his staff about election certification issues in Arizona” and “posted a video advancing unsubstantiated theories of election interference by Dominion Voting Systems along with a link to a donation page to benefit the Arizona Republican Party,” the committee said.After the election, Kelli Ward, the chairwoman of the Arizona Republican Party, warned an Arizona elections official to “stop the counting,” according to the House committee.Ross D. Franklin/Associated PressMs. Ward also claimed to be an “alternate” elector for Mr. Trump, even though Mr. Biden won Arizona.Ms. Ward has already filed a lawsuit to try to block the committee from gaining access to logs of her phone calls.The committee said Mr. Mastriano had spoken directly with Mr. Trump about his “postelection activities.” Mr. Mastriano, a former Army officer, was also on the Capitol grounds on Jan. 6, though he later explained in a statement that “he followed the directions of the Capitol Police and respected all police lines” that day.The subpoenas instruct the witnesses to produce documents and sit for depositions in March.“The select committee is seeking information about efforts to send false slates of electors to Washington and change the outcome of the 2020 election,” Mr. Thompson said, adding, “The select committee has heard from more than 550 witnesses, and we expect these six individuals to cooperate as well as we work to tell the American people the full story about the violence of Jan. 6 and its causes.”The six did not immediately respond to requests for comment on Tuesday.The scheme to employ the so-called alternate electors was one of Mr. Trump’s most expansive efforts to overturn the election. It began even before some states had finished counting ballots and culminated in the pressure placed on Mr. Pence to throw out legitimate votes for Mr. Biden when he presided over the joint congressional session to certify the election outcome.At various times, the gambit involved lawyers, state lawmakers and top White House aides.The New York Times reported this month on legal memos that show some of the earliest known origins of what became the rationale for the use of alternate electors.Key Developments in the Jan. 6 InvestigationCard 1 of 3Giuliani in talks to testify. More

  • in

    The Conservative Case for Reforming the Electoral Count Act

    The clear and present danger to our democracy now is that former President Donald Trump and his political allies appear prepared to exploit the Electoral Count Act of 1887, the law governing the counting of votes for president and vice president, to seize the presidency in 2024 if Mr. Trump or his anointed candidate is not elected by the American people.The convoluted language in the law gives Congress the power to determine the presidency if it concludes that Electoral College slates representing the winning candidate were not “lawfully certified” or “regularly given” — vague and undefined terms — regardless of whether there is proof of illegal vote tampering. After the 2020 election, Republican senators like Ted Cruz of Texas and Josh Hawley of Missouri tried to capitalize on those ambiguities in the law to do Mr. Trump’s bidding, mounting a case for overturning the results in some Biden-won states on little more than a wish. Looking ahead to the next presidential election, Mr. Trump is once again counting on a sympathetic and malleable Congress and willing states to use the Electoral Count Act to his advantage.He confirmed as much in a twisted admission of both his past and future intent earlier this month, claiming that congressional efforts to reform the Electoral Count Act actually prove that Mike Pence had the power to overturn the 2020 presidential election because of the alleged “irregularities.” The former vice president pushed back forcefully, calling Mr. Trump “wrong.”The back-and-forth repudiations by Mr. Trump and Mr. Pence lay bare two very different visions for the Republican Party. Mr. Trump and his allies insist that the 2020 election was “stolen,” a product of fraudulent voting and certifications of electors who were not properly selected. Over a year after the election, they continue to cling to these disproved allegations, claiming that these “irregularities” were all the evidence Mr. Pence needed to overturn the results, and demanding that the rest of the G.O.P. embrace their lies. The balance of the Republican Party, mystifyingly stymied by Mr. Trump, rejects these lies, but, as if they have fallen through the rabbit hole into Alice’s Wonderland, they are confused as to exactly how to move on from the 2020 election when their putative leader remains bewilderingly intent on driving the wedge between the believers in his lies and the disbelievers.This political fissure in the Republican Party was bound to intensify sooner or later, and now it has, presenting an existential threat to the party in 2024. If these festering divisions cost the Republicans in the midterm elections and jeopardize their chances of reclaiming the presidency in 2024, which they well could, the believers and disbelievers alike will suffer.While the Republicans are transfixed by their own political predicaments, and the Democrats by theirs, the right course is for both parties to set aside their partisan interests and reform the Electoral Count Act, which ought not be a partisan undertaking.Democrats, for their part, should regard reform of the Electoral Count Act as a victory — essential to shore up our faltering democracy and to prevent another attack like the one at the Capitol on Jan. 6, 2021. These are actually the worthiest of objectives.Republicans should want to reform the law for these same reasons, and more. Of course, some may never support reform of the Electoral Count Act simply because the former president has voiced his opposition to the efforts to revise it. But there are consequential reasons of constitutional and political principle for the large remainder of Republicans to favor reform in spite of the former president’s opposition.Republicans are proponents of limited federal government. They oppose aggregation of power in Washington and want it dispersed to the states. It should be anathema to them that Congress has the power to overturn the will of the American people in an election that, by constitutional prescription, is administered by the states, not Washington. If the Democrats are willing to divest themselves of the power to decide the presidency that the 49th Congress wrongly assumed 135 years ago, then it would be the height of political hypocrisy for the Republicans to refuse to divest theirs.Constitutional conservatives, especially, should want Electoral Count Act reform, because they should be the first to understand that the law is plainly unconstitutional. Nothing in the Constitution empowers Congress to decide the validity of the electoral slates submitted by the states. In fact, the Constitution gives Congress no role whatsoever in choosing the president, save in the circumstance where no presidential candidate receives a majority of the electoral votes cast.Trump acolytes like Mr. Cruz and Mr. Hawley should appreciate the need to reform this unconstitutional law. They are also politically smart enough to understand that however likely it is that the Republican presidential candidate will lose in 2024, it is just as likely that he or she will win. Attempts to time reform based on handicapping the quadrennial presidential election are futile, and no Republican should want to be an accessory to any successful attempt to overturn the next election — including an effort by Democrats to exploit the law.If the Republicans want to prevent the Electoral Count Act from being exploited in 2024, several fundamental reforms are needed. First, Congress should formally give the federal courts, up to and including the Supreme Court, the power to resolve disputes over state electors and to ensure compliance with the established procedures for selecting presidential electors — and require the judiciary’s expeditious resolution of these disputes. Congress should then require itself to count the votes of electors that the federal courts have determined to be properly certified under state law.Congress should also increase the number of members required both to voice an objection and to sustain one to as high a number as politically palatable. At the moment, only one member of each chamber is necessary to send an objection to the Senate and House for debate and resolution — an exceedingly low threshold that proved a deadly disservice to the country and the American people during the last election.Currently, Congress has the power under Article II and the Necessary and Proper Clause to prevent states from changing the manner by which their electors are appointed after the election, but it has not clearly exercised that authority to prevent such postelection changes. It should do so.Finally, the vice president’s important, but largely ministerial, role in the joint session where the electoral votes are counted should once and for all be clarified.It is hardly overstatement to say that the future of our democracy depends on reform of the Electoral Count Act. Republicans and Democrats need to put aside their partisan differences long enough to fix this law before it enables the political equivalent of a civil war three years hence. The law is offensive to Republicans in constitutional and political principle, officiously aggrandizing unto Congress the constitutional prerogatives of the states. It is offensive to Democrats because it legislatively epitomizes a profound threat in waiting to America’s democracy. The needed changes, which would meet the political objections of both parties, should command broad bipartisan support in any responsible Congress. For Republicans in particular, these changes are idiomatic sleeves off their vests.Come to think of it, the only members in Congress who might not want to reform this menacing law are those planning its imminent exploitation to overturn the next presidential election.J. Michael Luttig (@judgeluttig) was a judge on the United States Court of Appeals for the Fourth Circuit from 1991 to 2006.The Times is committed to publishing a diversity of letters to the editor. We’d like to hear what you think about this or any of our articles. Here are some tips. And here’s our email: letters@nytimes.com.Follow The New York Times Opinion section on Facebook, Twitter (@NYTopinion) and Instagram. More

  • in

    Giuliani in Talks to Testify to House Jan. 6 Panel

    It is not clear how much assistance he might provide in the investigation into former President Donald J. Trump’s efforts to hold onto power.Rudolph W. Giuliani, who as former President Donald J. Trump’s lawyer helped lead the effort to overturn the results of the 2020 election, is in discussions with the House Jan. 6 committee about responding to its questions, according to three people familiar with the matter.The extent of any assistance that Mr. Giuliani might provide remains unclear and the negotiations could easily fall apart, especially as Mr. Trump continues to publicly rail against the investigation.But Mr. Giuliani, through his lawyer, has signaled to the committee that he plans to take a less confrontational stance toward its requests than some other members of Mr. Trump’s inner circle who are fighting the committee’s subpoenas or have otherwise refused to cooperate.Mr. Giuliani’s discussions with committee officials suggest that he may be seeking to avoid a potentially costly legal fight over a subpoena that was issued to him last month. By engaging with the committee, Mr. Giuliani could also make it more difficult for the House to issue a criminal referral of him to the Justice Department for contempt of Congress if he in the end does not comply with the subpoena.Should Mr. Giuliani ultimately provide the committee with substantive cooperation, it would be a major breakthrough for the investigation and a breach in the relationship between Mr. Trump and one of his closest if most problematic advisers. Mr. Giuliani was instrumental not only in the post-Election Day effort to keep Mr. Trump in power but also in the pressure campaign on Ukraine that led to Mr. Trump’s first impeachment.One person familiar with the matter said that Mr. Giuliani was still negotiating over whether to give investigators an informal interview or a formal deposition, and that he had not yet determined how much information he might seek to shield from the committee by invoking executive privilege or attorney-client privilege with Mr. Trump.A committee aide said that the panel would not comment on negotiations with its witnesses. But the aide said that the committee had allowed Mr. Giuliani, who was scheduled to appear for a deposition before the panel last Tuesday, to reschedule it at “his request.” The aide said the committee was pressing Mr. Giuliani to “cooperate fully.”However preliminary, the conversations suggest that Mr. Giuliani is considering taking a vastly different approach than those taken by other close Trump allies.Mr. Trump’s onetime chief of staff, Mark Meadows, has been referred to the Justice Department for possible criminal charges after refusing an interview with the committee. Another former aide, Stephen K. Bannon, was indicted in November after refusing to provide information to congressional investigators.As a key figure in some of Mr. Trump’s attempts to stave off electoral defeat, Mr. Giuliani, the former New York City mayor, would be in a position to tell investigators how much the former president knew about a series of extraordinary measures that were proposed to him last fall and winter in a bid to maintain his grip on power.Among those efforts was a scheme to disrupt the normal workings of the Electoral College by persuading lawmakers in contested swing states to draw up alternate slates of electors showing Mr. Trump was victorious in states that were actually won by Joseph R. Biden Jr.Mr. Giuliani was also instrumental in vetting a plan to use the Department of Homeland Security to seize voting machines in order to examine the data housed inside them for supposed evidence of fraud. At Mr. Trump’s direction, Mr. Giuliani asked a top homeland security official if the department could legally take control of the machines — a notion that the official shot down. Mr. Giuliani later opposed an even more explosive proposal to have the military seize the machines.Mr. Giuliani was subpoenaed with other members of a legal team that billed itself as “an elite strike force” and pursued a set of conspiracy-filled lawsuits on behalf of Mr. Trump in which they made unsubstantiated claims of fraud in the election. They were initially scheduled to testify this week, but were granted delays through discussions with their lawyers.The subpoena sought all documents that Mr. Giuliani had detailing the pressure campaign that he and other Trump allies initiated targeting state officials; the seizure of voting machines; contact with members of Congress; any evidence to support the bizarre conspiracy theories he pushed; and any arrangements for his fees.On Jan. 6, speaking to a crowd of Trump supporters before the attack on the Capitol, Mr. Giuliani called for “trial by combat.” Later, after the building was under siege, both he and Mr. Trump called lawmakers in an attempt to delay the certification of Mr. Biden’s victory.Key Developments in the Jan. 6 InvestigationCard 1 of 3White House phone records. More

  • in

    Shredded, Flushed or Removed: The Trump Papers

    More from our inbox:Moving Toward a ‘Republican Autocracy’Why Does the Postal Service Have to Make a Profit?Protesters storming the Capitol on Jan. 6, 2021.Jason Andrew for The New York TimesTo the Editor:Re “Trump Call Logs From Jan. 6 Have Gaps, Panel Finds” (front page, Feb. 11):Shredded documents, records improperly taken to Mar-a-Lago, papers flushed down the toilet, plans to seize voting machines, and now gaps in the official Oval Office call record from Jan. 6. Does this sound like a former president who has done nothing improper or illegal? Hardly! They seem like an archetypal example of the “res ipsa loquitur” legal doctrine — “the thing speaks for itself.”I eagerly await the Jan. 6 committee’s final report. Unpacking more fully these facts and many more, a well-documented and clear story will be told. I suspect that at least some of the committee’s findings will be referred to the Justice Department for investigation.The only question is: Will Donald Trump once again escape legal accountability?Richard CherwitzAustin, TexasThe writer is professor emeritus at the Moody College of Communication, the University of Texas at Austin.To the Editor:Re “Trump Turns Documents Over to U.S. Archives” (news article, Feb. 8):You report that, at the end of his term in office, Donald Trump unlawfully removed 15 cartons of documents and other items from the White House. There has long been a federal statute that makes it illegal to remove papers or documents from a public office. The offense is punishable by up to three years in prison, and the person is “disqualified from holding any office under the United States.”I know this because, in 1970, I was prosecuted for this crime when I burglarized the Selective Service complex in Providence, R.I., and carried off a bit over 15 cartons of papers and documents to destroy later at my leisure. I held a news conference about the burglary. I was duly prosecuted, convicted and sentenced (and, I believe, was the only convicted felon in my graduating class at Harvard Law School).Donald Trump should also be prosecuted for this offense.Jerry ElmerProvidence, R.I.To the Editor:Re “Trump Is Said to Have Taken Possible Classified Material With Him” (news article, Feb. 10):Is the irony lost on anyone that one of the most critical events contributing to Donald Trump’s 2016 victory was Hillary Clinton’s supposed mishandling of classified emails and James Comey’s investigation? Can Donald Trump plead ignorance on his reported destruction or removal of documents, some of which may have been classified, from the White House after reveling in the Clinton email investigation?Let us hope that Republicans don’t deliver up yet another double-standard response to this even more egregious misconduct by Mr. Trump.Larry LobertGrosse Pointe Park, Mich.To the Editor:So wads of paper were stuffed down the White House toilets. Well, remember how hard it was to get toilet paper during the early days of the pandemic?Mary GarripoliLos AngelesMoving Toward a ‘Republican Autocracy’“They’re the two most important leaders in the Republican Party,” said one lobbyist.Samuel Corum for The New York TimesTo the Editor:Re “As Trump Re-emerges, His Base Shows Fractures” (front page, Feb. 1) and “How DeSantis Gamed the Media as He Rose” (news article, Feb. 1):Former President Donald Trump was the catalyst for transforming the Republican Party from a policy-based party to one now focused on replacing our pluralistic democracy with one-party authoritarianism. But while Mr. Trump may be the titular leader of the Republican Party, he is not the future. He will serve only as the figurehead for the future revolution.Others such as Gov. Ron DeSantis of Florida are the emerging leaders, and they are building a one-party autocratic government. For their vision of America look at how Mr. DeSantis successfully enacted voter suppression legislation, is proposing ballot police to intimidate voters, has signed legislation to suppress political demonstrations and has suppressed academic speech at a state university.The Trump Republicans have a national vision of taking the House and the Senate in 2022, and the presidency in 2024. When that is accomplished all three branches of government will effectively be in Trump Republican autocratic control, and the American experiment in constitutional democracy will be brought to an end.Michael AbelsDeLand, Fla.To the Editor:I can’t believe people still don’t get it. Or if they do, they can’t admit it. The G.O.P. and Donald Trump are one and the same. Reporters try to prod Republican politicians to refute Mr. Trump’s latest madman rant. It won’t happen. Not because they are “afraid” of the base. Because the Republican Party started this coup years ago, before Mr. Trump was elected in 2016.The Republicans are not interested in democracy or this country’s promised ideals. They are interested in total control, a permanent Republican autocracy, power and wealth. And if they have to get in bed with a vengeful, hate-filled wannabe king to bring their coup to a successful conclusion, so be it.They got oh so close. They won’t stop now. Take off the blinders, shake off the wishful thinking. They’re feeding the divisions; they’re dismantling our democratic institutions.Olivia KoppellBrookline, Mass.Why Does the Postal Service Have to Make a Profit?  Desiree Rios for The New York TimesTo the Editor:Re “Lawmakers Vote to Avert Postal Insolvency” (news article, Feb. 9):You write, “Despite being a popular mainstay of American life, the Postal Service regularly fails to turn a profit, with 2020 marking the 14th consecutive year it incurred a net annual loss.”The police, the firefighters, the Army and the Navy all fail to turn a profit. These are responsibilities we expect our government to fulfill regardless of cost.Holding the Postal Service to a standard of profitability is unreasonable and plays into the hands of those who want to eliminate it for private gain.Tamar SingerNew York More

  • in

    Will Trump's Election Lies Become a Litmus Test for Republicans?

    Upcoming primaries will test whether embracing Donald J. Trump’s election falsehoods is a litmus test for Republican voters.WASHINGTON — More than a year after the 2020 election, Donald J. Trump’s false claims of election fraud remain a destabilizing force for the Republican Party, dividing an activist base galvanized by a lie from elites in Washington who are hoping to hold the party together long enough to win back power in Congress in the upcoming midterm elections.The tension flared this week as Republicans were forced to either explain or denounce a party resolution characterizing the deadly events of Jan. 6 as “legitimate political discourse.” But the episode was a only a preview of the battles ahead, with a series of upcoming primary contests pitting candidates loyal to Mr. Trump against those who, to varying degrees, resist his distortions about the election.Those races, in Alaska, Georgia, North Carolina, Wyoming and elsewhere, promise to amplify calls for election audits, claims of fraud and a recasting of events surrounding the Jan. 6 riot at the Capitol. That debate will test the extent to which embracing Mr. Trump’s falsehoods about the 2020 election — and attempts to downplay the violence that followed — has become a new litmus test for Republican voters.“It still is a burning ember of passion for the base,” said Matt Batzel, the national executive director of American Majority, an organization that trains conservative grass-roots activists. “If those in Washington try to move on, there is going to be even a greater disconnect and greater frustration with their leadership, resulting in more tension and arguments within the party.”That prospect is alarming for some Republicans who worry about the long-term consequences of embedding Mr. Trump’s false claims into the foundation of the party. Far more Republicans, however, expressed concern this week about the near-term consequences: With President Biden’s approval ratings falling well below half of voters, many Republicans fear that debate will be a distraction ahead of a 2022 midterm election in which they are otherwise well positioned to take back power.“The more we talk about Jan. 6, the less we talk about how Biden hasn’t been successful,” said Steven Frias, a Republican committeeman from Rhode Island.Mr. Frias was among the estimated two dozen of 168 Republican National Committee members who voted last week against the party’s resolution to censure Representatives Liz Cheney of Wyoming and Adam Kinzinger of Illinois, the two Republicans working with congressional Democrats to investigate the Jan. 6 riot.Barriers around the Capitol have remained in place since the Jan. 6 riots in 2021.Michael A. McCoy for The New York TimesMr. Frias said he did not think the party should censure a member “unless that Republican has engaged in some kind of criminal or unethical conduct.” He also lamented the resolution’s “unforced error” declaring that Ms. Cheney and Mr. Kinzinger were participating in the “persecution of ordinary citizens engaged in legitimate political discourse.”Ronna McDaniel, the Republican National Committee chairwoman, quickly tried to clarify the phrase, saying that the party did not intend to include the rioters in that description — though such a distinction was not in the adopted text.That explanation did not prevent a rare public fight between Republican elected officials in Washington and the leaders of their party apparatus. Senator Mitch McConnell of Kentucky, the minority leader, and other Republicans at the Capitol publicly denounced the censure. “We saw it happen,” Mr. McConnell said of the Jan. 6 riot. “It was a violent insurrection.”The Trump era has shown repeatedly how Republican leaders, including Mr. McConnell, will briefly confront the Trump wing of the party, before ultimately realigning themselves with their voters, especially as elections near. Those who do not — such as former Senators Jeff Flake of Arizona and Bob Corker of Tennessee — typically exit elected politics.“Mitch McConnell does not speak for the Republican Party, and does not represent the views of the vast majority of its voters,” Mr. Trump said in a statement on Wednesday.More than 70 percent of Republicans believe the 2020 election was illegitimate, according to a Washington Post poll last month. And the Pew Research Center found in a poll released Tuesday that 57 percent of Republicans believe Mr. Trump bears no responsibility for the Jan. 6 attack on the Capitol — a number 11 points higher than a year ago.Protesters demanding a forensic audit of the 2020 presidential election in front of the Michigan State Capitol in Lansing, Mich., on Tuesday.Emily Elconin/ReutersFalse beliefs about the 2020 election were most intense among those who consume conservative media, according to a Public Religion Research Institute survey conducted in the fall. The poll found that 82 percent of Fox News viewers and 97 percent of those who consume far-right channels such as OAN and Newsmax believe the election was stolen.In Washington, party strategists and senators have mostly been loath to discuss the growing election denialism in the party’s ranks, either hoping it would fade with time or not wanting to challenge their voters. Now, as midterm elections near, Republican leaders close to the activists, volunteers and local leaders who power the party say that this sentiment is impossible to ignore.“Some people are very supportive of what happened on Jan. 6 and angry at the government’s response. Some people are offended by what happened on Jan. 6,” said Jane Brady, the chairwoman of the state Republican Party in Delaware, who voted in favor of the censure resolution. “I’ve got to rally those individuals on both sides to vote for our local candidates.”Some of the strongest condemnations of the censure resolution came from senators who are farthest from needing to face the voters.“The Republican Party started this year with a decided advantage on the issues that will determine the outcome of the fall elections,” said Senator Susan Collins, Republican of Maine. “But every moment that is spent re-litigating a lost election or defending those who have been convicted of criminal behavior moves us further away from the goal of victory this fall.”Ms. Collins, like Mr. McConnell, won re-election in 2020 and will not be on the ballot again until 2026.Key Developments in the Jan. 6 InvestigationCard 1 of 3White House phone records. More