Voter Fraud (Election Fraud)

Subterms

    More stories

    • 125 Shares199 Views

      in Elections

      Elecciones en Brasil: ¿Habrá un golpe de Estado de Bolsonaro?

      by

      El presidente Bolsonaro ha advertido la posibilidad de fraude e insinuado que impugnará los resultados si pierde. La élite política considera que no tiene respaldo para intentar aferrarse al poder.Una pregunta simple pero alarmante domina el discurso político en Brasil cuando faltan apenas seis semanas para las elecciones nacionales: ¿Aceptará el presidente Jair Bolsonaro los resultados?Durante meses, Bolsonaro ha atacado a las máquinas de votación electrónica de Brasil diciendo que están plagadas de fraude —a pesar de que prácticamente no hay pruebas— y a los funcionarios electorales de Brasil por estar alineados contra él. Ha insinuado que disputaría cualquier derrota a menos que se realicen cambios en los procedimientos electorales. Ha alistado a los militares brasileños en su batalla. Y ha dicho a sus decenas de millones de seguidores que se preparen para luchar.“Si es necesario”, dijo en un discurso reciente, “iremos a la guerra”.Con la votación del 2 de octubre, Brasil se sitúa ahora en la vanguardia de las crecientes amenazas globales a la democracia, impulsadas por líderes populistas, extremismo, electorados muy polarizados y desinformación en internet. La cuarta democracia más poblada del mundo se prepara para la posibilidad de que su presidente se niegue a dejar el poder por acusaciones de fraude que podrían ser difíciles de desmentir.Sin embargo, según entrevistas con más de 35 funcionarios del gobierno de Bolsonaro, generales militares, jueces federales, autoridades electorales, miembros del Congreso y diplomáticos extranjeros, la élite del poder en Brasil se siente confiada de que, aunque Bolsonaro pudiera disputar los resultados de las elecciones, carece del apoyo institucional para dar un golpe de Estado exitoso.El último golpe de Brasil, en 1964, condujo a una brutal dictadura militar que duró 21 años. “La clase media lo apoyó. Los empresarios lo apoyaron. La prensa lo apoyó. Y Estados Unidos lo apoyó”, dijo Luís Roberto Barroso, juez del Supremo Tribunal Federal y ex jefe de la autoridad electoral de Brasil. “Pues bien, ninguno de estos actores apoya un golpe ahora”.Personas preparándose para un paseo en moto celebrado en apoyo de Bolsonaro en Salvador, Brasil.Victor Moriyama para The New York TimesEn cambio, los funcionarios se preocupan por el daño duradero a las instituciones democráticas de Brasil —las encuestas muestran que una quinta parte del país ha perdido la fe en los sistemas electorales— y por la violencia en las calles. Las afirmaciones de fraude de Bolsonaro y su potencial negativa a aceptar una derrota se hacen eco de las de su aliado Donald Trump; los funcionarios brasileños mencionaron repetidamente el ataque del 6 de enero de 2021 en el Capitolio de Estados Unidos como un ejemplo de lo que podría suceder.“¿Cómo tenemos algún control sobre esto?”, dijo Flávio Bolsonaro, senador e hijo de Bolsonaro, en una entrevista con el periódico brasileño Estadão en referencia a la violencia potencial. En Estados Unidos, dijo, “la gente estuvo al tanto de los problemas del sistema electoral, se indignó e hizo lo que hizo. No hubo orden del presidente Trump y no habrá orden del presidente Bolsonaro”.Este mes, más de un millón de brasileños, entre los que se encuentran expresidentes, académicos de alto nivel, abogados y estrellas del pop, firmaron una carta en defensa de los sistemas de votación del país. Los principales grupos empresariales de Brasil también publicaron una carta similar.El martes, en un acto al que acudieron casi todas las principales figuras políticas brasileñas, otro magistrado del Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, asumió el cargo de nuevo jefe de elecciones del país y advirtió que castigaría los ataques al proceso electoral.“La libertad de expresión no es libertad para destruir la democracia, para destruir las instituciones”, dijo. Su reacción, añadió, “será rápida, firme e implacable”.La multitud se puso en pie y aplaudió. Bolsonaro se quedó sentado y frunció el ceño.Bolsonaro, cuyos representantes declinaron las solicitudes de entrevista, ha dicho que está tratando de proteger la democracia de Brasil mediante el fortalecimiento de sus sistemas de votación.Entre los funcionarios entrevistados, hubo un amplio desacuerdo sobre si al presidente derechista lo impulsaba una genuina preocupación por el fraude o simplemente el miedo a perder. Bolsonaro ha quedado constantemente por detrás del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, un izquierdista, en las encuestas de opinión; si nadie gana la mayoría de los votos el 2 de octubre, está prevista una segunda vuelta para el 30 de octubre.Bolsonaro va por detrás del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva en las encuestas.Dado Galdieri para The New York TimesSin embargo, hay cada vez más esperanzas de que suceda una transición sin sobresaltos si Bolsonaro pierde, porque el mandatario ahora parece estar dispuesto a una tregua.Sus aliados, incluyendo altos oficiales de las fuerzas armadas, están a punto de comenzar negociaciones con De Moraes sobre los cambios al sistema electoral diseñados para atender las críticas de seguridad del presidente, según tres jueces federales y un alto funcionario del gobierno cercano a las conversaciones previstas, que hablaron bajo la condición de anonimato porque son confidenciales.La idea es que Bolsonaro retroceda en sus ataques a las máquinas de votación, dijeron estas personas, si los funcionarios electorales aceptan algunos cambios solicitados por los militares de Brasil.“Tengo plena confianza en el sistema electoral de Brasil. Eso tampoco significa que sea infalible”, dijo Ciro Nogueira, jefe de gabinete de Bolsonaro. “Estoy seguro de que, como dice el presidente, el pueblo tendrá su opinión”. Y el sábado, Bolsonaro pareció insinuar en un mitin que aceptaría los resultados de las elecciones.Sin embargo, Bolsonaro ha hecho comentarios similares en el pasado y acordó una tregua similar el año pasado… y luego continuó sus ataques.Esos ataques han surtido efecto. Desde junio, los usuarios brasileños de Twitter han mencionado las máquinas de votación de Brasil más que la inflación o los programas de bienestar social en relación con las elecciones, y casi tanto como los precios de la gasolina, que han sido un punto importante del debate político, según un análisis realizado por investigadores de la Escuela de Comunicación de la Fundación Getúlio Vargas solicitado por The New York Times.Partidarios de Bolsonaro en Salvador, BrasilVictor Moriyama para The New York TimesUn sondeo realizado el mes pasado mostró que el 32 por ciento de los brasileños confía “un poco” en las máquinas de votación y el 20 por ciento no confía en ellas para nada.Y mientras que bastantes de los partidarios de Bolsonaro están convencidos de que el voto puede estar amañado, muchos más también tienen armas. Bolsonaro facilitó la compra de armas de fuego por parte de civiles con restricciones más laxas para los cazadores, y ahora más de 670.000 brasileños poseen armas bajo esas normas, 10 veces más que hace cinco años.Dentro de su gobierno, Bolsonaro se ha visto cada vez más dividido entre dos facciones.Una de ellas ha animado al presidente a dejar de atacar las máquinas de votación porque creen que el tema es impopular entre los votantes más moderados que necesita ganar y porque la economía de Brasil está repuntando, lo que ayuda a sus posibilidades de reelección, según dos altos asesores del presidente.Dijeron que el otro grupo, liderado por antiguos generales militares, ha alimentado al presidente con información errónea y lo ha instado a seguir advirtiendo de posibles fraudes.Los funcionarios electorales invitaron el año pasado a los militares a unirse a un comité para mejorar los sistemas electorales. Los militares sugirieron una serie de cambios, pero los funcionarios electorales dijeron que no podrían aplicarse a tiempo para la votación de octubre.Pero los líderes militares siguen presionando en busca de un cambio en particular: que las pruebas de integridad de las máquinas de votación se realicen con votantes reales, en lugar de con simulaciones.Durante meses, Bolsonaro ha acusado a los funcionarios electorales de estar alineados en contra suya.Victor Moriyama para The New York TimesA los militares les preocupa que un pirata informático pueda implantar un software malicioso en las máquinas de votación que reconozca las simulaciones y permanezca inactivo durante esas pruebas, lo que le permitiría evadir la detección.Un experto en seguridad electoral dijo que tal hackeo es concebible pero improbable.De Moraes, el nuevo jefe de elecciones, ha señalado que estaría dispuesto a realizar cambios en los sistemas de votación, aunque no está claro lo que podría lograrse para el 2 de octubre.Bolsonaro lleva mucho tiempo en desacuerdo con De Moraes, que ha dirigido las investigaciones sobre las denuncias de desinformación y filtraciones de material clasificado que implican al presidente y a sus aliados. Bolsonaro ha criticado a De Moraes por considerarlo políticamente motivado, y dijo en un mitin el año pasado que ya no acataría sus dictámenes, declaración de la que luego se retractó.Por lo tanto, se esperaba que el ascenso de De Moraes a la presidencia del tribunal superior electoral de Brasil agravara aún más las tensiones.Pero en las últimas semanas, él y Bolsonaro han comenzado a chatear por WhatsApp en un esfuerzo por arreglar su relación, según una persona cercana al presidente. Cuando De Moraes le entregó en mano una invitación para su investidura como presidente del tribunal electoral este mes, Bolsonaro le regaló una camiseta del Corinthians, el equipo de fútbol favorito de De Moraes. (El Corinthians es el archienemigo del equipo favorito de Bolsonaro, el Palmeiras).Con las tensiones a flor de piel, los dirigentes brasileños decidieron hacer de la toma de posesión de De Moraes el martes de la semana pasada —normalmente un acto de trámite— una demostración de la fortaleza de la democracia brasileña.Las caravanas de motos se han convertido en algo habitual en los actos de apoyo al presidente en todo el país.Victor Moriyama para The New York TimesEn un anfiteatro modernista y subterráneo, los jefes del Congreso brasileño, el Supremo Tribunal Federal y los militares se unieron a cinco de los seis presidentes vivos de Brasil para la ceremonia, incluidos Bolsonaro y Lula da Silva.Las cámaras enfocaron a Bolsonaro junto a De Moraes en la mesa principal, una escena poco habitual. Conversaron en voz baja, a veces entre risas, durante todo el evento. Entonces De Moraes se levantó para su discurso. Antes del evento, había advertido a Bolsonaro que no lo disfrutaría, según una persona cercana al presidente.“Somos la única democracia del mundo que calcula y publica los resultados electorales en el mismo día, con agilidad, seguridad, competencia y transparencia”, dijo. “La democracia no es un camino fácil, exacto o predecible. Pero es el único camino”.La sala le dedicó una ovación de 40 segundos. Bolsonaro fue de los primeros en dejar de aplaudir.Después, los dos hombres posaron para una foto. No sonrieron.Jack Nicas es el jefe de la corresponsalía del Times en Brasil, que abarca Brasil, Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay. Antes cubría tecnología desde San Francisco. Antes de unirse al Times, en 2018, trabajó durante siete años en The Wall Street Journal. @jacknicas • Facebook More

    • 113 Shares179 Views

      in Elections

      The Question Menacing Brazil’s Elections: Coup or No Coup?

      by

      President Bolsonaro has warned of voter fraud and suggested he would dispute a loss in October’s vote, but the political establishment believes he lacks support to stage a coup.BRASÍLIA — A simple but alarming question is dominating political discourse in Brazil with just six weeks left until national elections: Will President Jair Bolsonaro accept the results?For months, Mr. Bolsonaro has attacked Brazil’s electronic voting machines as rife with fraud — despite virtually no evidence — and Brazil’s election officials as aligned against him. He has suggested that he would dispute any loss unless changes are made in election procedures. He has enlisted Brazil’s military in his battle. And he has told his tens of millions of supporters to prepare for a fight.“If need be,” he said in a recent speech, “we will go to war.”With its vote on Oct. 2, Brazil is now at the forefront of the growing global threats to democracy, fueled by populist leaders, extremism, highly polarized electorates and internet disinformation. The world’s fourth-largest democracy is bracing for the possibility of its president refusing to step down because of fraud allegations that could be difficult to disprove.Yet, according to interviews with more than 35 Bolsonaro administration officials, military generals, federal judges, election authorities, members of Congress and foreign diplomats, the people in power in Brazil feel confident that while Mr. Bolsonaro could dispute the election’s results, he lacks the institutional support to stage a successful coup.Brazil’s last coup, in 1964, led to a brutal 21-year military dictatorship. “The middle class supported it. Business people supported it. The press supported it. And the U.S. supported it,” said Luís Roberto Barroso, a Supreme Court justice and Brazil’s former elections chief. “Well, none of these players support a coup now.”People preparing for a motorcycle ride in Salvador, Brazil, held in support of Mr. Bolsonaro. Victor Moriyama for The New York TimesInstead, the officials worry about lasting damage to Brazil’s democratic institutions — polls show a fifth of the country has lost faith in the election systems — and about violence in the streets. Mr. Bolsonaro’s claims of fraud and potential refusal to accept a loss echo those of his ally Donald J. Trump, and Brazilian officials repeatedly cited the Jan. 6, 2021, attack on the U.S. Capitol as an example of what could happen.“How do we have any control over this?” Flávio Bolsonaro, a senator and Mr. Bolsonaro’s son, said in an interview with the Brazilian newspaper Estadão in reference to potential violence. In the United States, he said, “people followed the problems in the electoral system, were outraged and did what they did. There was no command from President Trump, and there will be no command from President Bolsonaro.”This month, more than one million Brazilians, including former presidents, top academics, lawyers and pop stars, signed a letter defending the country’s voting systems. Brazil’s top business groups also released a similar letter.On Tuesday, at an event with nearly every major Brazilian political figure present, another Supreme Court justice, Alexandre de Moraes, took office as the nation’s new elections chief and warned that he would punish attacks on the electoral process.“Freedom of expression is not freedom to destroy democracy, to destroy institutions,” he said. His reaction, he added, “will be swift, firm and relentless.”The crowd stood and applauded. Mr. Bolsonaro sat and scowled.Mr. Bolsonaro, whose representatives declined requests for an interview, has said that he is trying to protect Brazil’s democracy by strengthening its voting systems.Among the officials interviewed, there was broad disagreement over whether the right-wing president was driven by genuine concern about fraud or just fear of losing. Mr. Bolsonaro has consistently trailed former President Luiz Inácio Lula da Silva, a leftist, in opinion surveys; if no one wins a majority of the vote on Oct. 2, a runoff is scheduled for Oct. 30.Mr. Bolsonaro trails the former president Luiz Inácio Lula da Silva in the polls.Dado Galdieri for The New York TimesYet there are increasing hopes for a smooth transition of power if Mr. Bolsonaro loses — because he now appears open to a truce.His allies, including top officials in the armed forces, are about to begin negotiations with Mr. de Moraes about changes to Brazil’s election system designed to address the president’s security critiques, according to three federal judges and one senior administration official close to the planned talks, who spoke on the condition of anonymity because they are confidential.The idea is that Mr. Bolsonaro would back off his attacks on the voting machines, these people said, if election officials agreed to some changes requested by Brazil’s military. More

    • 125 Shares139 Views

      in Elections

      Gov. Ron DeSantis Announces Arrests in Florida for Election Fraud

      by

      Seven weeks after Florida’s state government opened a new office of election crimes and security, Gov. Ron DeSantis said on Thursday that 17 people had been charged with casting illegal ballots in the 2020 election, in which 11.1 million Floridians voted.The governor called the arrests “a first salvo” in a long-overdue crackdown on voting crimes. Critics called the announcement a publicity stunt that said less about voter fraud than about holes in the state’s election security apparatus that had allowed the violations to occur in the first place.Mr. DeSantis, who is seeking re-election this year and is widely considered to be running an unannounced campaign for the 2024 Republican presidential nomination, has made action against voter fraud a centerpiece of his tenure as governor. He offered crucial backing last year to legislation tightening the rules for registering to vote and casting ballots. The State Legislature allotted $1.1 million for his 15-person election crimes office after he proposed its creation late last year.But while the specter of widespread fraud has become a staple of Republican political rhetoric, there is no evidence that election crimes are a serious problem in Florida or anywhere else in the nation. There and elsewhere, most violations appear to involve people who ran afoul of laws that restrict voting by former felons, or people who cast two ballots, usually in separate states where they spend different parts of the year.Experts say that many of those violations appear to be inadvertent. The 17 people charged on Thursday were all felons, convicted of murder or sex offenses, who were barred by law from casting ballots. All but one were men, and all but two were in their 50s or older.Casting an ineligible ballot is a felony punishable by up to five years’ imprisonment and up to $5,000 in fines. “That was against the law, and now they’re going to pay for it,” Mr. DeSantis said.The governor said more arrests were forthcoming, and suggested that they would include so-called double voters and noncitizens who cast illegal ballots — another offense that experts say is frequently the result of confusion about voting rules.He added that a paucity of voting fraud prosecutions in recent years reflects a lack of enforcement, not a lack of fraud. “Now we have the ability with the attorney general and statewide prosecutors to bring these cases on behalf of the state,” he said. He said that if anyone is thinking of committing electoral crimes: “Don’t do it, because we’re coming for you.”Local law enforcement officials made a flurry of voting-related arrests this spring after a researcher who scanned voting rolls claimed to have found scores of convicted sex offenders who cast ballots in 2020, although a constitutional amendment bars them from voting.A group that advocates restoring voting rights to former felons said on Thursday that none of the 17 people arrested would have faced charges had the state not allowed them to register and vote, despite their ineligibility.“When someone registers to vote, it is the responsibility of the state to utilize its vast resources to determine a person’s eligibility,” Desmond Meade, the executive director of the Florida Rights Restoration Coalition, said at a news conference. “And once that person is eligible to vote, that person is issued a voter identification card.”Mr. Meade said state money would be better spent on improving voter registration systems to screen out potentially ineligible voters than on finding and prosecuting them.“What we’ve seen today is an indication that the system is broken,” he said. “These individuals should never have gotten to this point.”Mr. DeSantis’s announcement drew quick rebuttals from two Democrats who are vying to oppose him in the November election for governor.“Everybody wants elections to be secure, but Ron DeSantis — who has never refuted Donald Trump’s Big Lie — is the last person we can trust with ‘election police,’” Nikki Fried, the state agriculture commissioner and Florida’s highest-ranking Democrat, said in a statement. “As governor, I will disband this force and return jurisdiction back to local authorities.”Representative Charlie Crist, a former Florida governor, who is running against Ms. Fried in next week’s primary election, said in a statement that Mr. DeSantis’s news conference was “about playing politics, intimidating Democratic voters and his desire to run for president, not securing elections.” More

    • 125 Shares179 Views

      in Elections

      Rudy Giuliani to Face Atlanta Grand Jury Investigating Trump Today

      by

      The former New York mayor has been told that he is a target in the investigation concerning whether Donald J. Trump and his associates tried to illegally influence the 2020 presidential election results in Georgia.ATLANTA — When Rudolph W. Giuliani traveled to Georgia’s capital city in December 2020 to make fanciful public accusations of election fraud on behalf of President Donald J. Trump, he was greeted in a manner befitting the emissary of the most powerful man on earth, and posed for photos with admirers and sympathetic state politicians.On Wednesday morning, Mr. Giuliani was back in Atlanta, this time under very different circumstances.The former New York City mayor, who was serving as Mr. Trump’s personal lawyer after the November 2020 election, showed up shortly before 8:30 a.m. to appear before a Fulton County special grand jury conducting a criminal investigation into postelection meddling by Mr. Trump and his associates. Local prosecutors informed Mr. Giuliani’s lawyers this week that he was a “target” in that investigation, meaning that his indictment was possible.Instead of visiting the elegant gold-domed State Capitol — where he and a pro-Trump group made a number of false claims about election fraud, raising concerns about untrustworthy voting machines and suitcases of illegal ballots — Mr. Giuliani appeared a few blocks away at the Fulton County court complex, where Atlantans go to resolve real estate disputes, file for divorce or be arraigned for armed robberies.Mr. Giuliani arrived in a black Yukon Denali with his lawyer, Robert Costello, and Vernon Jones, a prominent Trump supporter in Georgia and a vociferous promoter of the unfounded idea that Mr. Trump won the state in 2020.Asked what he expected to talk about, Mr. Giuliani told a large crush of reporters outside the courthouse, “They’ll ask the questions, and we’ll see.”Fulton County District Attorney Fani T. Willis has asked the F.B.I. to provide stepped-up security at the downtown courthouse, after Mr. Trump called prosecutors like her “vicious, horrible people.”Mr. Giuliani’s lawyers fought to keep him from having to travel to Atlanta. Instead, they offered to have him appear via videoconference, and argued that he was too feeble to travel by air after having a pair of cardiac stents inserted in early July. But Judge Robert C.I. McBurney ruled last week that Mr. Giuliani could always travel “on a train, on a bus or Uber.” On Monday, a lawyer for Mr. Giuliani declined to say how his client planned to get to Atlanta from New York.Mr. Giuliani is not the only high-profile member of Mr. Trump’s team who is less than thrilled about having to show up in Georgia to be asked about what prosecutors call “a multistate, coordinated plan by the Trump campaign to influence the results of the November 2020 election in Georgia and elsewhere.”Senator Lindsey Graham of South Carolina was ordered by a federal judge on Monday to appear before the special grand jury.Haiyun Jiang/The New York TimesSenator Lindsey Graham was ordered by a federal judge on Monday to appear before the special grand jury, after Mr. Graham tried to find a way out of it. Mr. Graham, a South Carolina Republican, said he would take the case to the U.S. Court of Appeals for the 11th Circuit, arguing that under the Speech and Debate clause of the Constitution, his status as a senator shielded him from having to testify.“This weaponization of the law needs to stop,” Mr. Graham said in a statement. “So I will use the courts. We will go as far as we need to go, and do whatever needs to be done, to make sure that people like me can do their jobs without fear of some county prosecutor coming after you.”Two other lawyers on the Trump team, Jenna Ellis of Colorado and John Eastman of New Mexico, were scheduled to have hearings in their home states after Ms. Willis’s office filed “petitions for certification of need for testimony” concerning them. Such petitions are typically filed only when a potential witness refuses to testify or cannot be reached by prosecutors.In Ms. Ellis’s hearing on Tuesday, a court in Colorado ordered her to appear and testify before the special grand jury in Atlanta on Aug. 25. Mr. Eastman is expected to appear at a court hearing in Santa Fe on Aug. 26.It seems unlikely that Mr. Giuliani, 78, will say much to the grand jury when he is called to testify behind closed doors. “I just can’t imagine, at this point, him cooperating,” said Michael J. Moore, an Atlanta lawyer who served as a U.S. attorney in Georgia. “He’s got several avenues that he can take. One is to claim that he can’t answer questions because of attorney-client privilege. Another is because he’s been identified as a target, and he’s going to invoke the Fifth Amendment.”Still, the visit may be of use to the prosecutors leading the Georgia investigation, which Ms. Willis has said may result in racketeering or conspiracy charges against several defendants.Though it is not clear what charges Mr. Giuliani might face, witnesses who have already gone before the grand jury have said that the jurors were particularly interested in two appearances by Mr. Giuliani in December 2020 before state legislative panels, where he made a number of false assertions about election fraud.Unlike a trial jury, which would be instructed not to make any inferences about a criminal defendant’s silence, a grand jury is allowed to draw its own conclusions when witnesses or targets invoke their Fifth Amendment rights in declining to answer questions. (The special grand jury in Georgia cannot indict anyone; its job is to write a report saying whether the jurors believe crimes occurred. A regular grand jury could then issue indictments based on the special jury’s report.)Page Pate, a veteran Atlanta trial lawyer, said that prosecutors may also try to argue to a judge that attorney-client privilege does not apply to some questions asked of Mr. Giuliani, because of the “crime fraud exception” to the privilege, which essentially states that lawyers cannot be shielded from testifying if they helped their clients commit a crime.Even if Mr. Giuliani is successful in dodging questions much of the time, Mr. Pate said, important information about the scope of the scheme to reverse Mr. Trump’s election loss might still be divulged in the course of questioning.“Why not just grill him and see what happens?” Mr. Pate said.Outside the grand jury room, Mr. Giuliani has been talkative. In an interview on Monday with Newsmax, a far-right news channel, he said the Fulton County inquiry amounted to a “desecration of the Sixth Amendment,” which guarantees the right to a public trial and a lawyer, among other things.“I was his lawyer of record in that case,” Mr. Giuliani said, referring to Mr. Trump and his concerns about the election results. “The statements that I made are either attorney-client privileged, because they were between me and him, or they were being made on his behalf in order to defend him.”In total, 18 people are known to have been identified as targets of the investigation, including 16 pro-Trump “alternate electors” in Georgia who were sworn in on the same day as the state’s legitimate presidential electors. On Tuesday afternoon, 11 of the alternate electors began an effort to potentially disqualify Ms. Willis and her office from handling the case — an attempt connected to Ms. Willis’s previous disqualification from one portion of the investigation.In July, Judge McBurney prohibited Ms. Willis and her office from developing a criminal case against Georgia State Senator Burt Jones, a Trump ally and alternate elector, citing a conflict of interest — namely, that Ms. Willis, a Democrat, had headlined a fund-raiser for a fellow Democrat running against Mr. Jones in the race for lieutenant governor.Judge McBurney ruled that the decision to bring charges against Mr. Jones must be left to a different prosecutor’s office.On Tuesday, a lawyer for 11 of the alternate electors asked the court to disqualify Ms. Willis and her office from the entire proceeding, or at least to let the 11 electors be part of the “carve out” affecting Mr. Jones, on the grounds that all of the electors “have significant roles” in the state Republican Party, and that most of them had supported Mr. Jones’s campaign for lieutenant governor. More

    • 100 Shares179 Views

      in Elections

      On TikTok, Election Misinformation Thrives Ahead of Midterms

      by

      The fast-growing platform’s poor track record during recent voting abroad does not bode well for elections in the U.S., researchers said.In Germany, TikTok accounts impersonated prominent political figures during the country’s last national election. In Colombia, misleading TikTok posts falsely attributed a quotation from one candidate to a cartoon villain and allowed a woman to masquerade as another candidate’s daughter. In the Philippines, TikTok videos amplified sugarcoated myths about the country’s former dictator and helped his son prevail in the country’s presidential race.Now, similar problems have arrived in the United States.Ahead of the midterm elections this fall, TikTok is shaping up to be a primary incubator of baseless and misleading information, in many ways as problematic as Facebook and Twitter, say researchers who track online falsehoods. The same qualities that allow TikTok to fuel viral dance fads — the platform’s enormous reach, the short length of its videos, its powerful but poorly understood recommendation algorithm — can also make inaccurate claims difficult to contain.Baseless conspiracy theories about certain voter fraud in November are widely viewed on TikTok, which globally has more than a billion active users each month. Users cannot search the #StopTheSteal hashtag, but #StopTheSteallll had accumulated nearly a million views until TikTok disabled the hashtag after being contacted by The New York Times. Some videos urged viewers to vote in November while citing debunked rumors raised during the congressional hearings into the Jan. 6, 2021, attack on the Capitol. TikTok posts have garnered thousands of views by claiming, without evidence, that predictions of a surge in Covid-19 infections this fall are an attempt to discourage in-person voting.The spread of misinformation has left TikTok struggling with many of the same knotty free speech and moderation issues that Facebook and Twitter have faced, and have addressed with mixed results, for several years.But the challenge may be even more difficult for TikTok to address. Video and audio — the bulk of what is shared on the app — can be far more difficult to moderate than text, especially when they are posted with a tongue-in-cheek tone. TikTok, which is owned by the Chinese tech giant ByteDance, also faces many doubts in Washington about whether its business decisions about data and moderation are influenced by its roots in Beijing.“When you have extremely short videos with extremely limited text content, you just don’t have the space and time for nuanced discussions about politics,” said Kaylee Fagan, a research fellow with the Technology and Social Change Project at the Harvard Kennedy School’s Shorenstein Center. TikTok had barely been introduced in the United States at the time of the 2018 midterm elections and was still largely considered an entertainment app for younger people during the 2020 presidential election. Today, its American user base spends an average of 82 minutes a day on the platform, three times more than on Snapchat or Twitter and twice as long as on Instagram or Facebook, according to a recent report from the app analytics firm Sensor Tower. TikTok is becoming increasingly important as a destination for political content, often produced by influencers.The company insists that it is committed to combating false information. In the second half of 2020, it removed nearly 350,000 videos that included election misinformation, disinformation and manipulated media, according to a report it released last year. The platform’s filters kept another 441,000 videos with unsubstantiated claims from being recommended to users, the report said.TikTok says it removed nearly 350,000 videos that included election misinformation, disinformation and manipulated media in the second half of 2020.TikTokThe service blocked so-called deepfake content and coordinated misinformation campaigns ahead of the 2020 election, made it easier for users to report election falsehoods and partnered with 13 fact-checking organizations, including PolitiFact. Researchers like Ms. Fagan said TikTok had worked to shut down problematic search terms, though its filters remain easy to evade with creative spellings.“We take our responsibility to protect the integrity of our platform and elections with utmost seriousness,” TikTok said in a statement. “We continue to invest in our policy, safety and security teams to counter election misinformation.”But the service’s troubling track record during foreign elections — including in France and Australia this year — does not bode well for the United States, experts said.TikTok has been “failing its first real test” in Africa in recent weeks, Odanga Madung, a researcher for the nonprofit Mozilla Foundation, wrote in a report. The app struggled to tamp down on disinformation ahead of last week’s presidential election in Kenya. Mr. Madung cited a post on TikTok that included an altered image of one candidate holding a knife to his neck and wearing a blood-streaked shirt, with a caption that described him as a murderer. The post garnered more than half a million views before it was removed.“Rather than learn from the mistakes of more established platforms like Facebook and Twitter,” Mr. Madun wrote, “TikTok is following in their footsteps.”TikTok has also struggled to contain nonpolitical misinformation in the United States. Health-related myths about Covid-19 vaccines and masks run rampant, as do rumors and falsehoods about diets, pediatric conditions and gender-affirming care for transgender people. A video making the bogus claim that the mass shooting at Robb Elementary School in Uvalde, Texas, in May had been staged drew more than 74,000 views before TikTok removed it.Posts on TikTok about Russia’s war in Ukraine have also been problematic. Even experienced journalists and researchers analyzing posts on the service struggle to separate truth from rumor or fabrication, according to a report published in March by the Shorenstein Center.TikTok’s design makes it a breeding ground for misinformation, the researchers found. They wrote that videos could easily be manipulated and republished on the platform and showcased alongside stolen or original content. Pseudonyms are common; parody and comedy videos are easily misinterpreted as fact; popularity affects the visibility of comments; and data about publication time and other details are not clearly displayed on the mobile app.(The Shorenstein Center researchers noted, however, that TikTok is less vulnerable to so-called brigading, in which groups coordinate to make a post spread widely, than platforms like Twitter or Facebook.)During the first quarter of 2022, more than 60 percent of videos with harmful misinformation were viewed by users before being removed, TikTok said. Last year, a group of behavioral scientists who had worked with TikTok said that an effort to attach warnings to posts with unsubstantiated content had reduced sharing by 24 percent but had limited views by only 5 percent.Researchers said that misinformation would continue to thrive on TikTok as long as the platform refused to release data about the origins of its videos or share insight into its algorithms. Last month, TikTok said it would offer some access to a version of its application programming interface, or A.P.I., this year, but it would not say whether it would do so before the midterms.Filippo Menczer, an informatics and computer science professor and the director of the Observatory on Social Media at Indiana University, said he had proposed research collaborations to TikTok and had been told, “Absolutely not.”“At least with Facebook and Twitter, there is some level of transparency, but, in the case of TikTok, we have no clue,” he said. “Without resources, without being able to access data, we don’t know who gets suspended, what content gets taken down, whether they act on reports or what the criteria are. It’s completely opaque, and we cannot independently assess anything.”U.S. lawmakers are also calling for more information about TikTok’s operations, amid renewed concerns that the company’s ties to China could make it a national security threat. The company has said it plans to keep data about its American users separate from its Chinese parent. It has also said its rules have changed since it was accused of censoring posts seen as antithetical to Beijing’s policy goals.The company declined to say how many human moderators it had working alongside its automated filters. (A TikTok executive told British politicians in 2020 that the company had 10,000 moderators around the world.) But former moderators have complained about difficult working conditions, saying they were spread thin and sometimes required to review videos that used unfamiliar languages and references — an echo of accusations made by moderators at platforms like Facebook.In current job listings for moderators, TikTok asks for willingness to “review a large number of short videos” and “in continuous succession during each shift.”In a lawsuit filed in March, Reece Young of Nashville and Ashley Velez of Las Vegas said they had “suffered immense stress and psychological harm” while working for TikTok last year. The former moderators described 12-hour shifts assessing thousands of videos, including conspiracy theories, fringe beliefs, political disinformation and manipulated images of elected officials. Usually, they said, they had less than 25 seconds to evaluate each post and often had to watch multiple videos simultaneously to meet TikTok’s quotas. In a filing, the company pushed for the case to be dismissed in part because the plaintiffs had been contractors hired by staffing services, and not directly by TikTok. The company also noted the benefits of human oversight when paired with its review algorithms, saying, “The significant social utility to content moderation grossly outweighs any danger to moderators.”Election season can be especially difficult for moderators, because political TikTok posts tend to come from a diffuse collection of users addressing broad issues, rather than from specific politicians or groups, said Graham Brookie, the senior director of the Digital Forensic Research Lab at the Atlantic Council.“The bottom line is that all platforms can do more and need to do more for the shared set of facts that social democracy depends on,” Mr. Brookie said. “TikTok, in particular, sticks out because of its size, its really, really rapid growth and the number of outstanding issues about how it makes decisions.” More

    • 188 Shares169 Views

      in Elections

      Liz Cheney embraces her role in the Jan. 6 inquiry in a closing campaign ad.

      by

      Representative Liz Cheney of Wyoming is highlighting her role as the top Republican on the Jan. 6 committee in a closing ad for her all but doomed re-election campaign, as polls show her badly trailing her Trump-backed opponent, Harriet Hageman, just five days before the primary.But the nearly two-and-a-half-minute ad released online Thursday appeared aimed as much at a national audience as at the Republican primary voters in Wyoming who will decide the fate of Ms. Cheney, the state’s lone member of the House.“The lie that the 2020 presidential election was stolen is insidious,” Ms. Cheney said as the ad opens. “It preys on those who love their country. It is a door Donald Trump opened to manipulate Americans to abandon their principles, to sacrifice their freedom, to justify violence, to ignore the rulings of our courts and the rule of law.”Ms. Cheney, who has been vilified by former President Donald J. Trump and many of his supporters, defended the work of the special House committee that is investigating the 2021 attack on the Capitol and efforts by Mr. Trump to overturn the 2020 election results.Ms. Cheney, the vice chairwoman of the Jan. 6 committee, has acknowledged her political peril. A poll released on Thursday by the University of Wyoming’s Wyoming Survey and Analysis Center showed Ms. Cheney trailing Ms. Hageman by nearly 30 points.More Coverage of the 2022 Midterm ElectionsAug. 9 Primaries: In Wisconsin and a handful of other states, Trump endorsements resonated. Here’s what else we learned and a rundown of some notable wins and losses.Arizona Governor’s Race: Like other hard-right candidates this year, Kari Lake won her G.O.P. primary by running on election lies. But her polished delivery, honed through decades as a TV news anchor, have landed her in a category all her own.Climate, Health and Tax Bill: The Senate’s passage of the legislation has Democrats sprinting to sell the package by November and experiencing a flicker of an unfamiliar feeling: hope.Disputed Maps: New congressional maps drawn by Republicans in Alabama, Georgia, Louisiana and Ohio were ruled illegal gerrymanders. They’re being used this fall anyway.She is the last of the 10 House Republicans who voted for Mr. Trump’s impeachment to stand before voters in a primary this year. Three have lost: Representatives Jaime Herrera Beutler of Washington, Tom Rice of South Carolina and Peter Meijer of Michigan. Two others survived their primaries, and four declined to seek another term.Titled “The Great Task,” the ad is being promoted on social media, but is not appearing on television, according to Jeremy Adler, a campaign spokesman for Ms. Cheney.In the ad, Ms. Cheney described Mr. Trump’s false claims of election fraud as his legacy and said that the nation has an obligation to hold those responsible for fomenting violence.“History has shown us over and over again how these types of poisonous lies destroy free nations,” Ms. Cheney said of those insisting that Mr. Trump won the election. “No one who understands our nation’s laws, no one with an honest, honorable, genuine commitment to our Constitution would say that. It is a cancer that threatens our great republic.”Ms. Cheney did not mention Ms. Hageman by name in her ad, but drew a comparison between her opponents in Wyoming and election-denying candidates across the nation. Last week, Ms. Hageman repeated Mr. Trump’s false claim that the election was rigged.Tim Murtaugh, an adviser for Ms. Hageman’s campaign, accused Ms. Cheney of abandoning Wyoming. “This video is basically an audition tape for CNN or MSNBC,” he said.Ms. Cheney’s renunciation of Mr. Trump — and her vote to impeach him last year — have already come at a political price. The Wyoming Republican Party censured her in February 2021, a month after Ms. Cheney’s impeachment vote. House Republicans later ousted Ms. Cheney as the party’s No. 3 leader in the chamber, replacing her with Representative Elise Stefanik, a Trump loyalist from New York.As the ad closed, Ms. Cheney said that she would always seek to preserve peaceful transitions of power, “not violent confrontations, intimidation, and thuggery,” and added, “where we are led by people who love this country more than themselves.” More

    • 38 Shares189 Views

      in Elections

      Trump Hires #BillionDollarLawyer

      by

      As top allies of Donald J. Trump are called to testify in Atlanta, he has hired a high-profile local attorney best known for representing rappers.ATLANTA — Amid a deepening swirl of federal and state investigations, former President Donald J. Trump has hired a prominent Atlanta lawyer to represent him in a criminal inquiry into election interference in Georgia.The lawyer, Drew Findling, has represented an array of rap stars including Cardi B, Gucci Mane and Migos, and is known by the hashtag #BillionDollarLawyer. But he is also well regarded for a range of criminal defense work that he has done in Georgia, and his hiring underscores the seriousness of the investigation — as well as the potential legal jeopardy for Mr. Trump.The investigation is being led by Fani T. Willis, the district attorney of Fulton County, which encompasses much of Atlanta. At least 17 people have been designated as targets who could face criminal charges. Mr. Trump is not among them, but a special grand jury is continuing to consider evidence and testimony, with several top Trump advisers still to appear. Ms. Willis has said that she is weighing a number of potential criminal charges, including racketeering and conspiracy.In a hearing on Tuesday, a state judge told lawyers for Mr. Trump’s personal attorney, Rudolph W. Giuliani, that their client needed to travel to Atlanta to testify next week. On Wednesday, lawyers for Senator Lindsey Graham of South Carolina faced a skeptical reception from a federal judge to their efforts to quash a subpoena from Ms. Willis’s office seeking the senator’s testimony. The lawyers for Mr. Graham who appeared in court included Donald McGahn, former White House counsel for Mr. Trump.Mr. Findling brings decades of trial experience ranging from high-profile murder cases to local political corruption scandals. But in the past, he has been openly — indeed, scathingly — critical of the former president.Understand Georgia’s Trump InvestigationCard 1 of 5Understand Georgia’s Trump InvestigationAn immediate legal threat to Trump. More

    • 63 Shares179 Views

      in Elections

      Trump Hires ‘Billion Dollar Lawyer’

      by

      As top allies of Donald J. Trump are called to testify in Atlanta, he hires a high-profile local attorney best known for representing rappers.ATLANTA — Amid a deepening swirl of federal and state investigations, former President Donald J. Trump has hired a high-powered Atlanta lawyer to represent him in an inquiry into election interference in Georgia.The lawyer, Drew Findling, has represented an array of rap stars including Cardi B, Gucci Mane and Migos, and is known by the hashtag #BillionDollarLawyer.But he has not been a fan of Mr. Trump; in one 2018 post on Twitter, after Mr. Trump criticized LeBron James, Mr. Findling referred to Mr. Trump as “the racist architect of fraudulent Trump University.” In 2017, after Mr. Trump fired the United States attorney in Manhattan, Preet Bharara, Mr. Findling said on Twitter that it was “a sign of FEAR that he would aggressively investigate the stench hovering over this POTUS.”He has also called Mr. Trump’s history of harsh comments about the five Black and Latino men who as teenagers were wrongly convicted of the brutal rape of a jogger in Central Park “racist, cruel, sick, unforgivable, and un-American!”Mr. Findling, who has been an advocate of criminal justice reform and a past president of the National Association of Criminal Defense Lawyers, did not immediately respond to requests for comment.In addition to becoming a sort of celebrity among celebrities for his vigorous defense of famous hip-hop artists — with multiple appearances in Instagram photos alongside A-list rappers, often sporting dark sunglasses — Mr. Findling has done criminal defense work for a number of high-profile political clients in the Atlanta area.Among them was Mitzi Bickers, who once worked in the administration of former Atlanta Mayor Kasim Reed, and who was convicted in March on nine federal corruption counts as part of a multimillion-dollar contracting and kickback scandal.Another client, Victor Hill, is the sheriff of Clayton County, a suburban area south of Atlanta. Mr. Hill, an African American with a tough-on-crime reputation, has been indicted on numerous federal civil rights charges for the alleged mistreatment of detainees at the local jail, and has been suspended from his position pending trial.The investigation into postelection meddling is being led by Fani T. Willis, the district attorney of Fulton County, which encompasses much of Atlanta. To date, at least 17 people have been designated as targets who could face criminal charges. Mr. Trump is not among them, but evidence and testimony are still being taken in by a special grand jury, and Ms. Willis has said she is weighing a number of potential criminal charges, including racketeering and conspiracy.In a hearing on Tuesday, a state judge told lawyers for Mr. Trump’s personal attorney, Rudolph W. Giuliani, that their client needed to travel to Atlanta to testify next week. And in a hearing in federal court here Wednesday, lawyers for Senator Lindsey Graham of South Carolina faced a skeptical reception from a judge on their efforts to quash a subpoena from Ms. Willis’s office seeking the senator’s testimony. More