Voter Fraud (Election Fraud)

Subterms

    More stories

    • 175 Shares179 Views

      in Elections

      Sin redes sociales y con baja aprobación, Trump sigue mandando en el Partido Republicano

      by

      La difamación de Liz Cheney y un extraño recuento de votos en Arizona mostraron el daño de su asalto a la base de la democracia: la integridad electoral.Suspendido de Facebook, aislado en Mar-a-Lago y objeto de burlas por su nueva red social no profesional, Donald Trump estuvo gran parte de la semana pasada fuera de la vista del público. Sin embargo, tanto la capitulación del Partido Republicano ante el expresidente como el daño a la política estadounidense que provocó con su mentira de que le robaron las elecciones fueron más evidentes que nunca.En Washington, los republicanos le retiraron su puesto de liderazgo en la Cámara Baja a la representante Liz Cheney como castigo por considerar que las falsas aseveraciones de fraude electoral hechas por Trump eran una amenaza a la democracia. Los legisladores de Florida y Texas adelantaron nuevas medidas radicales para restringir las votaciones, lo cual respalda la narrativa ficticia de Trump y sus aliados de que el sistema electoral fue manipulado en su contra. Y en Arizona, el Partido Republicano estatal dio inicio a una extraña revisión de los resultados de las elecciones de noviembre al buscar rastros de bambú en las boletas electorales del año pasado.Estos agitados melodramas ponen de relieve hasta qué grado, seis meses después de las elecciones, Estados Unidos sigue enfrentando las consecuencias del ataque sin precedentes —por parte de un candidato a la presidencia que estaba perdiendo— al principio fundamental de la democracia estadounidense: la legitimidad de las elecciones.También ofrecen sólidas evidencias de que el expresidente no solo ha logrado sofocar cualquier oposición dentro de su partido, sino que también ha convencido a la mayor parte de esa agrupación política para que haga una enorme apuesta: que la manera más segura de volver a lograr el poder es adoptando su estilo pugilístico, el divisionismo racial y las inaceptables teorías conspirativas, en vez de atraer a los electores suburbanos indecisos que le quitaron la Casa Blanca al partido y que quizás estén buscando políticas de fondo para la pandemia, la economía, la atención médica y otros temas.La lealtad al expresidente continúa a pesar de que haya azuzado a sus partidarios antes del asalto del 6 de enero al Capitolio y sus seguidores ignoran, redefinen o, en algunos casos, aprueban de manera tácita el letal ataque al Congreso.“Nos hemos alejado demasiado de cualquier interpretación sensata”, dijo Barbara Comstock, una veterana funcionaria del partido a quien le arrebataron su escaño suburbano de Virginia cuando los electores castigaron a Trump en las elecciones intermedias de 2018. “Es una verdadera enfermedad la que está atacando al partido en todos los niveles. Ahora simplemente vamos a decir que lo blanco es negro”.No obstante, mientras los republicanos se refugian en la fantasía de unas elecciones robadas, los demócratas están concentrados en el trabajo cotidiano de gobernar un país que sigue teniendo dificultades para salir de una mortífera pandemia.Los estrategas de ambos partidos afirman que es probable que la dinámica discordante —dos partidos que funcionan en realidades diferentes— defina la política del país en los años venideros.Al mismo tiempo, el presidente Joe Biden enfrenta un reto más general: qué hacer con respecto al amplio segmento de la población que duda de su legitimidad y un Partido Republicano que busca el apoyo de ese segmento al promover proyectos de ley que restrinjan las votaciones y tal vez debiliten más la confianza en las elecciones futuras.En una encuesta de CNN publicada la semana pasada, se descubrió que casi una tercera parte de los estadounidenses, incluyendo el 70 por ciento de los republicanos, decían que Biden no había ganado de manera legítima los votos para obtener la presidencia.Se espera que la representante Liz Cheney, la tercera republicana de alto rango en la Cámara, sea destituida de su cargo después de expresarse en contra de Trump.Stefani Reynolds para The New York TimesLos colaboradores de la Casa Blanca afirman que Biden cree que la mejor manera de recuperar la confianza en el proceso democrático es demostrar que el gobierno puede otorgarles beneficios tangibles a los electores (ya sean vacunas o cheques de estímulo económico).Dan Sena, un estratega demócrata que supervisó las acciones del Comité de Campaña del Congreso Demócrata para ganar la Cámara durante las últimas elecciones de mitad de periodo, dijo que el enfoque republicano en cuestiones culturales, como la prohibición de los atletas transgénero, era beneficioso para su partido. Muchos demócratas solo enfrentarán ataques dispersos en su agenda mientras continúan oponiéndose a la retórica polarizadora de Trump, que ayudó a que su partido se impusiera en distritos suburbanos en 2018 y 2020.“Preferiría tener un historial de estar del lado de los estadounidenses en la recuperación”, dijo Sena. “¿Qué historia quiere escuchar el público estadounidense: lo que han hecho los demócratas para que el país vuelva a reactivarse o Donald Trump y su guerra cultural?”.Durante su campaña, Biden predijo que los republicanos tendrían una “revelación” cuando ya se hubiera ido Trump y que volverían a ser el partido que él conoció durante las décadas que estuvo en el Senado. Cuando la semana pasada le preguntaron sobre los republicanos, Biden se quejó de que ya no los entendía y parecía un poco desconcertado por la “minirrevolución” dentro de sus filas.“Creo que los republicanos están más lejos de lo que pensé de determinar quiénes son y qué representan en este momento”, comentó.Sin embargo, durante gran parte de la semana pasada, los republicanos mostraron de manera muy elocuente qué es exactamente lo que representan: el trumpismo. Muchos de ellos han adoptado su estrategia de inducir las quejas de los blancos con enunciados racistas, y las legislaturas controladas por republicanos en todo el país están promoviendo restricciones que limiten el acceso al voto de tal forma que los electores de color se vean afectados de una manera desproporcionada.También existen consideraciones electorales donde hay mucho en juego. Con su estilo tan polarizador, Trump incitó tanto a sus bases como a sus detractores y presionó a ambos partidos a registrar la participación de los votantes en las elecciones de 2020. El total que obtuvo de 74 millones de votos fue el segundo más alto de toda la historia, solo detrás del total de 81 millones de votos para Biden, y Trump ha demostrado su capacidad para poner a sus partidarios políticos en contra de cualquier republicano que lo contradiga.Eso ha hecho que los republicanos sientan que deben mostrar una lealtad inquebrantable al expresidente con el fin de conservar los electores que ganó.“Solo les diría esto a mis colegas republicanos: ¿podemos seguir adelante sin el presidente Trump? La respuesta es no”, comentó esta semana en una entrevista de Fox News el senador por Carolina del Sur, Lindsey Graham. “Estoy convencido de que no podemos crecer sin él”.En algunas formas, el expresidente está más debilitado que nunca. Tras haber sido derrotado en las urnas, pasa su tiempo jugando golf y recibiendo visitas en su desarrollo turístico de Florida. Le hace falta la tribuna de la presidencia, lo han bloqueado de Twitter y no logró recuperar el acceso a su cuenta de Facebook la semana pasada. Dejó el cargo con un índice de aprobación de menos del 40 por ciento, el menor porcentaje al final de un primer periodo de cualquier presidente desde Jimmy Carter.Sin embargo, su dominio se ve reflejado desde el Congreso hasta las legislaturas estatales. Los legisladores locales y federales que han presionado para que su partido acepte los resultados de las elecciones, y por tanto la derrota de Trump, han enfrentado una condena constante y disputas de sus escaños por parte de miembros de su propio partido en las elecciones primarias. Parece que esas amenazas están teniendo impacto: el pequeño número de funcionarios republicanos que han criticado a Trump en el pasado, incluyendo diez que votaron a favor de su enjuiciamiento político en febrero, guardaron silencio, se rehusaron a dar entrevistas y le brindaron poco respaldo público a Cheney.La representante Elise Stefanik, quien probablemente la sustituya, se promovió públicamente para ese puesto y, en entrevistas con partidarios de extrema derecha del expresidente, mostró la buena fe que le tiene a Trump al darle credibilidad a sus infundadas aseveraciones de fraude electoral.El Partido Republicano llevó a cabo una revisión quijotesca de los resultados de las elecciones de noviembre, en Arizona.Foto de consorcio de Matt YorkEl enfoque en las elecciones ha desplazado casi cualquier discusión sobre política u ortodoxia partidaria. Heritage Action, una organización que califica a los legisladores según sus registros de votación conservadores, le otorgó a Cheney una calificación del 82 por ciento. Stefanik, quien tiene un historial de votación más moderado pero es una defensora mucho más vocal del expresidente, obtuvo un 52 por ciento.Stefanik y muchos otros líderes republicanos están apostando a que el camino para mantener los logros electorales de la era Trump radica en avivar su base con las políticas populistas que son fundamentales para la marca del presidente, incluso si repelen a los votantes indecisos.Después de varios meses en que los medios de comunicación conservadores han dicho mentiras sobre las elecciones, una buena parte de los republicanos han llegado a aceptarlas como verdaderas.Sarah Longwell, una estratega republicana que durante años ha estado conduciendo grupos de debate de los partidarios de Trump, mencionó que desde las elecciones había descubierto una mayor apertura a lo que ella llama “una curiosidad por QAnon”, que es la disposición a considerar teorías conspirativas sobre el robo de las elecciones y un Estado profundo. “Muchos de estos electores de las bases están viviendo en una negación de la verdad en la que no creen en nada y piensan que todo podría ser mentira”, comentó Longwell, quien impugnó a Trump.Algunos estrategas republicanos están preocupados por la posibilidad de que el partido esté perdiendo oportunidades para atacar a Biden, quien ha propuesto los planes de gastos e impuestos más radicales en generaciones.“Los republicanos deben volver a los temas que realmente les interesan a los votantes, rociar algunos comentarios sobre la guerra cultural aquí y allá, pero no dejarse llevar”, dijo Scott Reed, un estratega republicano veterano que ayudó a aplastar a los populistas de derecha en elecciones pasadas. “Pero algunos están haciendo una industria basada en dejarse llevar”.Aunque aferrarse a Trump podría ayudar a que el partido aumente la participación de sus bases, los republicanos como Comstock sostienen que esa estrategia dañará al partido con una población esencial que incluye a los electores jóvenes, los de color, a las mujeres y a los residentes de los suburbios. Ya están surgiendo luchas interpartidistas en las elecciones primarias emergentes debido a que los candidatos se acusan unos a otros de deslealtad al expresidente. Muchos líderes del partido temen que eso dé como resultado que salgan victoriosos los candidatos de extrema derecha y que al final pierdan las elecciones generales en los estados conservadores donde los republicanos deberían dominar, como Misuri y Ohio.“No queremos llegar a declarar a Trump ganador de una minoría menguante”, afirmó Comstock. “El futuro del partido no será un hombre de 70 años hablándole al espejo en Mar-a-Lago y todos estos aduladores haciendo maromas para obtener su aprobación”.Sin embargo, quienes se han opuesto a Trump —y pagado el precio— afirman que hay pocos incentivos políticos para ir contra la corriente. Criticar a Trump, e incluso defender a quienes lo hacen, puede hacer que los funcionarios electos se queden en una especie de tierra de nadie política, que sean considerados traidores a los electores republicanos, pero también demasiado conservadores en otros temas como para ser aceptados por los demócratas y los independientes.“Parece que se está volviendo cada vez más difícil que la gente salga a hacer campaña y defienda a alguien como Liz Cheney o Mitt Romney”, afirmó esta semana durante una presentación en un panel de la Universidad de Harvard el exsenador Jeff Flake, quien respaldó a Biden y obtuvo el repudio del Partido Republicano de Arizona. “Es posible que cerca del 70 por ciento de los republicanos realmente crean que les robaron las elecciones y eso es incapacitante. En verdad lo es”.Lisa Lerer es una periodista que vive en Washington, donde cubre campañas electorales, votaciones y poder político. Antes de unirse al Times, cubrió la política nacional estadounidense y la campaña presidencial de 2016 para The Associated Press. @llerer More

    • 75 Shares159 Views

      in Elections

      Arizona Voting Review Faces More Questions

      by

      A makeshift review of the vote in the state’s largest county has pleased followers of former President Donald J. Trump but is being widely criticized as a partisan exercise.Directly outside the Veterans Memorial Coliseum near downtown Phoenix, the Crazy Times Carnival wraps up an 11-day run on Sunday, a spectacle of thrill rides, games and food stands that headlines the Arizona State Fair this year.Inside the coliseum, a Republican-ordered exhumation and review of 2.1 million votes in the state’s November election is heading into its third week, an exercise that has risen to become the lodestar of rigged-vote theorists — and shows no sign of ending soon.Arizona’s Secretary of State Katie Hobbs noted the carnival’s presence outside the coliseum when she challenged the competence and objectivity of the review last week, expressing concern about the security of the ballots inside in an apparent dig at what has become a spectacle of a very different sort. There is no evidence that former President Donald J. Trump’s narrow loss in Arizona’s presidential election in the fall was fraudulent. Nonetheless, 16 Republicans in the State Senate voted to subpoena ballots in Maricopa County, home to Phoenix and two-thirds of the state’s vote in November, for an audit to show Trump die-hards that their fraud concerns were taken seriously.As recently as a week ago, officials said the review would be completed by May 14. But with that deadline a week away, only about 250,000 of the county’s 2.1 million ballots have been processed in the hand recount that is a central part of the review, Ken Bennett, a liaison between those conducting the review and the senators, said on Saturday.At that rate, the hand recount would not be finished until August.The delay is but the latest snag in an exercise that many critics claim is wrecking voters’ confidence in elections, not restoring it. Since the State Senate first ordered it in December, the review has been dogged by controversy. Republicans dominate the Maricopa County Board of Supervisors, which supervised the election in the county. They said it was fair and accurate and opposed the review.After a week marked by mounting accusations of partisan skulduggery, mismanagement and even potential illegality, at least one Republican supporter of the new count said it could not end soon enough.“It makes us look like idiots,” State Senator Paul Boyer, a Republican from suburban Phoenix who supported the audit, said on Friday. “Looking back, I didn’t think it would be this ridiculous. It’s embarrassing to be a state senator at this point.”Civil-rights advocates say political fallout is the least of the concerns. They say the Arizona review is emblematic of a broader effort by pro-Trump Republicans to undermine faith in American democracy and shift control of elections to partisans who share their agenda. “This subpoena and this audit is not dissimilar to what’s happening with a number of bills being pushed nationally that basically take fair, objective processes and move them into partisan political bodies,” said Alex Gulotta, the state’s director of All Voting Is Local, a national voting-rights advocacy group. “This is not an aberration. This is a window into the future of where some people would like our elections to go.”Mr. Bennett, a former Republican secretary of state and onetime candidate for governor, said companies hired to conduct the review plan to hire more temporary workers to step up the pace of the count. But its conclusion is still weeks away.Cyber Ninjas contractors examining ballots from the 2020 general election at Veterans Memorial Coliseum in Phoenix. Two previous election audits found no evidence of widespread fraud.Courtney Pedroza/Getty ImagesLater this month, workers will have to suspend work and move their entire operation — work stations, imaging equipment, stacks of uncounted ballots that cover much of the coliseum floor — into storage elsewhere in the building to make way for a spate of high-school graduation ceremonies long scheduled to take place the week of May 17.In an interview, Mr. Bennett said that no storage site had been selected, but that he was optimistic that the hand count would be wrapped up quickly.“When we come back, we’ll have the last week of May and all of June, but I don’t think it’s going to take that long,” he said. “The hand count should be done by the middle of June.”Senators have cast the review as a way to reassure those who have supported Mr. Trump’s baseless claim that his 10,457-vote loss in November is the result of a rigged election. While it will not change the outcome of the election, they said, it may put to rest any doubts about its results.But doubts about the true purpose blossomed when Karen Fann, the Republican president of the State Senate, hired a Florida firm, Cyber Ninjas, to conduct the review. Its chief executive had promoted on Twitter a conspiracy theory that Mr. Trump’s loss in Arizona was the result of rigged voting machines.Journalists, election experts and representatives of the secretary of state, whose office is responsible for elections in Arizona, have struggled with getting permission to observe the review, while the far-right One America News cable outlet has raised money to finance it and has been given broad access to the proceedings.Claims of partisanship ballooned after it was revealed that one man who was hired to recount ballots, former State Representative Anthony Kern of Arizona, was a leader of the local “stop the steal” movement and had been photographed on the steps of the U.S. Capitol during the riot on Jan. 6 in Washington. Mr. Kern had been on the Maricopa ballot, both as a Republican candidate for state representative and as a pro-Trump presidential elector.The review came under heavy fire last week from both the Arizona secretary of state and the federal Justice Department, which separately cited widespread reports that slipshod handling of ballots and other election items threatened to permanently spoil the official record of the vote. The Justice Department noted that federal law requires record to be kept intact under penalty of a fine or imprisonment. Some of the most serious questions involve the management of the review.On Wednesday, Katie Hobbs, the Arizona secretary of state, charged that the review was being conducted with uncertified equipment and that ballot counting rules were “a significant departure from standard best practices.”She wrote: “Though conspiracy theorists are undoubtedly cheering on these types of inspections — and perhaps providing financial support because of their use — they do little other than further marginalize the professionalism and intent of this ‘audit.’”After her claims drew a number of death threats from Trump supporters, Gov. Doug Ducey of Arizona ordered state police protection this past week for Ms. Hobbs, a Democrat.The Justice Department raised issues about the protection of the ballots, and it also questioned whether another aspect of the process — a plan to go to voters’ homes to verify that they had actually cast ballots, as election records showed — could violate federal laws against intimidating voters.In her reply to the department, Ms. Fann defended the review, saying it is being conducted under “comprehensive and rigorous security protocols that will fully preserve all physical and electronic ballots, tabulation systems and other election materials.”But she appeared to back away from the plan to personally interview voters, stating that the State Senate “determined several weeks ago that it would indefinitely defer that component of the audit.”Boxes of Maricopa County ballots cast in the 2020 general election were brought to Veterans Memorial Coliseum in Phoenix to be examined and recounted as part of an audit ordered by the Arizona Senate.Pool photo by Matt YorkMs. Fann said in a letter on Friday that the Justice Department’s concerns were “misplaced” and that strict rules safeguarding documents and equipment were in place. On Saturday, Mr. Bennett said the concerns about the integrity of the process were “completely unfounded, and I believe they come from people who have always decided that they don’t want the audit at all.”Ms. Fann, who had largely remained silent about criticism of the review, chose last week to mount a public defense of it. Appearing in an interview on the Phoenix PBS news outlet, she applauded the role of One America News in supporting the review and said the Senate had no role in choosing Mr. Kern or others who counted votes.“I don’t know why he’s there or how he got there, but that’s one of the people that was selected, and that is what it is,” she said. “I don’t know that it’s a great thing, to be honest.”And she said that the news media had blown concerns about the objectivity and management of the review out of proportion.“They talk about conspiracy theories,” she said, referring to reports that the review is examining ballots for evidence of bamboo fibers and watermarks baselessly said to be signs of fraud. “But I tell you what, there’s almost a reverse conspiracy theory to demean this audit.”She suggested that her support of the review would be proved right in the end.“I think we’ll find irregularities that is going to say, you know what, there’s this many dead people voted, or this many who may have voted that don’t live here any more — we’re going to find those,” she said. “We know they exist, but everybody keeps saying, ‘You have no proof.’ Well, maybe we’ll get the proof out of this so we can fix those holes that are there.”More common is the notion that the review has become an alarming exercise in undermining faith in America’s elections.One expert on election law, David J. Becker, founder of the Center for Election Administration and Research in Washington, said Ms. Fann’s assurances about the integrity of ballots and other records appeared unlikely to satisfy the Justice Department.“There’s no question that contamination of ballots and records is an ongoing issue that raises serious concerns about federal law,” said Mr. Becker, a former lawyer in the Justice Department’s voting rights section. “We’ve never seen anything like this before, where some haphazard effort allows some unknown out-of-state contractor to start riffling through ballots. I think it’s pretty clear that the response does not resolve concerns about ballot integrity.” More

    • 113 Shares179 Views

      in Elections

      As Texas Voting Restrictions Near Passage, Democrats Stage Protest

      by

      The former presidential aspirants Beto O’Rourke and Julián Castro spoke to a crowd demonstrating outside the State Capitol.AUSTIN, Texas — A day after the Texas House of Representatives voted to make it harder to cast a ballot in a state that already has some of the nation’s most restrictive voting laws, leading Democrats and hundreds of supporters gathered outside the State Capitol on Saturday to protest against legislation steaming toward approval in the Republican-led Legislature. “This is the single greatest attack on our democracy, not just in our lifetime, but perhaps in the lifetime of this very democracy,” said former Representative Beto O’Rourke, who was a Democratic presidential candidate in the 2020 presidential primary.He was joined by a second former Democratic presidential aspirant, Julián Castro, the former San Antonio mayor.Saturday’s rally came a day after the State House of Representatives had voted, 78 to 64, to pass Senate Bill 7, which opponents continued to attack as an assault on voting rights despite a number of modifications added by Democrats. The bill now heads back to the State Senate, where representatives from the two chambers will meet in a conference committee to resolve differences between the two versions in the final three weeks of the session.Mr. O’Rourke, citing what he described as “a moment of despair,” reminded the crowd that the Texas bills are among more than 360 Republican-backed measures that are being considered or have been enacted in legislatures across the country that would limit the right to vote.Mr. Castro, who was secretary of Housing and Urban Development in the Obama administration, said the voting measures underscored a Republican motto: “If you can’t beat ’em, cheat ’em.”“We’re here today to say no,” added Mr. Castro. “We will not stand for that.”Mr. O’Rourke and Mr. Castro were the headliners among nearly a dozen speakers who appeared before up to 500 spectators in what was described as the largest gathering outside the State Capitol during this year’s legislative session.Owen Shroyer, representing the conservative website Infowars, prominently inserted himself at the front of the crowd, clutching a microphone and frequently shouting disruptive comments at the speakers.The former presidential candidate Julián Castro spoke at the rally on Saturday.Mikala Compton/ReutersThe voting issue has become one of the most contentious elements in a session featuring a number of other hot-button issues including further restrictions on abortion, allowing the unlicensed carrying of guns and curtailing of transgender people’s rights. Gov. Greg Abbott has described the voter bills as “emergency” legislation needed to ensure integrity in the election system and combat voter fraud, although he and other Republicans have acknowledged that there has been minimal evidence of fraud in recent Texas elections.Critics have assailed the voter measures as comparable to the abuses of Jim Crow, an era in which the white political power structure in Texas and other Southern states used tactics such as the now-unconstitutional poll tax and literacy tests to perpetuate segregation and suppress minority voters.House members passed Senate Bill 7 at 3 a.m. on Friday, sending it back to the Senate to resolve differences between the two chambers before the May 31 adjournment. Before the final vote on Friday, House Republican leaders accepted a number of amendments, such as reduction of criminal penalties proposed under an earlier version of the bill for various infractions committed by election officials, including unauthorized removal of a poll watcher.During legislative discussion, State Representative Rafael Anchía, a Democrat, questioned State Representative Briscoe Cain, the Republican chair of the House Elections Committee, on the use of the phrase “purity of the ballot box” in the legislation. The phrase was used in the Texas Constitution and during the Jim Crow era as the basis for excluding Black residents from all-white primaries. The phrase was from removed from the bill.Democrats said the bill still contains unacceptable provisions that could hinder voting among minorities, older people and urban residents trying to avoid long lines to vote. One provision prohibits counties from distributing unrequested mail-in ballots to voters, which would bar a repeat of a Harris County initiative that drew fierce opposition from Republican officials.The Texas business community, which initially remained largely silent, has also intensified its opposition, with more 200 businesses warning that the measures could restrict voter access and undercut the Texas economy. American Airlines and Dell Technologies, the first to oppose the bills, have since been joined by other companies including Microsoft, Hewlett-Packard, Etsy, Patagonia, Warby Parker and Gearbox.A recurring theme throughout the hour-and-a-half-long rally was that the fight was not over even though the session was nearing adjournment and Republicans held the upper hand. Representative Chris Turner, the Democratic leader in the House, said Republicans could count on legal action if Democrats were unable to block the bills in the Legislature.“We’ll see them in court,” he said. More

    • 88 Shares189 Views

      in Elections

      Trump Still Has Iron Grip on Republicans

      by

      The vilification of Liz Cheney and a bizarre vote recount in Arizona showed the damage from his assault on a bedrock of democracy: election integrity.Locked out of Facebook, marooned in Mar-a-Lago and mocked for an amateurish new website, Donald J. Trump remained largely out of public sight this week. Yet the Republican Party’s capitulation to the former president became clearer than ever, as did the damage to American politics he has caused with his lie that the election was stolen from him.In Washington, Republicans moved to strip Representative Liz Cheney of her House leadership position, a punishment for denouncing Mr. Trump’s false claims of voter fraud as a threat to democracy. Lawmakers in Florida and Texas advanced sweeping new measures that would curtail voting, echoing the fictional narrative from Mr. Trump and his allies that the electoral system was rigged against him. And in Arizona, the state Republican Party started a bizarre re-examination of the November election results that involved searching for traces of bamboo in last year’s ballots.The churning dramas cast into sharp relief the extent to which the nation, six months after the election, is still struggling with the consequences of an assault by a losing presidential candidate on a bedrock principle of American democracy: that the nation’s elections are legitimate.They also provided stark evidence that the former president has not only managed to squelch any dissent within his party but has also persuaded most of the G.O.P. to make a gigantic bet: that the surest way to regain power is to embrace his pugilistic style, racial divisiveness and beyond-the-pale conspiracy theories rather than to court the suburban swing voters who cost the party the White House and who might be looking for substantive policies on the pandemic, the economy and other issues. The loyalty to the former president persists despite his role in inciting his supporters ahead of the Jan. 6 riot at the Capitol, with his adherents either ignoring, redefining or in some cases tacitly accepting the deadly attack on Congress.“We’ve just gotten so far afield from any sane construction,” said Barbara Comstock, a longtime party official who was swept out of her suburban Virginia congressional seat in the 2018 midterm backlash to Mr. Trump. “It’s a real sickness that is infecting the party at every level. We’re just going to say that black is white now.”Yet as Republicans wrap themselves in the fantasy of a stolen election, Democrats are anchored in the day-to-day business of governing a nation that is still struggling to emerge from a deadly pandemic.Strategists from both parties say that discordant dynamic — two parties operating in two different realities — is likely to define the country’s politics for years to come.At the same time, President Biden faces a broader challenge: what to do about the large segment of the public that doubts his legitimacy and a Republican Party courting the support of that segment by pushing bills that would restrict voting and perhaps further undermine faith in future elections. A CNN poll released last week found that nearly a third of Americans, including 70 percent of Republicans, said Biden had not legitimately won enough votes to win the presidency.Representative Liz Cheney, the third-ranking Republican in the House, is expected to be removed from her leadership post next week after speaking out against Mr. Trump.Stefani Reynolds for The New York TimesWhite House aides say Mr. Biden believes that the best way to restore some faith in the democratic process is demonstrating that government can deliver tangible benefits — whether vaccines or economic stimulus checks — to voters.Dan Sena, a Democratic strategist who oversaw the Democratic Congressional Campaign Committee’s strategy to win the House during the last midterm elections, said the Republican focus on cultural issues, like bans on transgender athletes, was a “win-win” for his party. Many Democrats will face only scattershot attacks on their agenda while continuing to run against the polarizing rhetoric of Mr. Trump, which helped the party flip suburban swing districts in 2018 and 2020.“I would much rather have a record of siding with Americans on recovery,” Mr. Sena said. “Which tale do the American public want to listen to — what Democrats have done to get the country moving again or Donald Trump and his culture war?”Mr. Biden predicted during the campaign that Republicans would have an “epiphany” once Mr. Trump was gone and would revert to being the party he knew during his decades in the Senate. When asked about Republicans this week, Mr. Biden lamented that he didn’t understand them anymore and appeared slightly flummoxed about the “mini-revolution” in their ranks.“I think the Republicans are further away from trying to figure out who they are and what they stand for than I thought they would be at this point,” he said.But for much of the past week, Republicans put on vivid display exactly what they now stand for: Trumpism. Many have adopted his approach of courting white grievance with racist statements, and Republican-led legislatures across the country are pushing through restrictions that would curtail voting access in ways that disproportionally impact voters of color. There are also high-stakes electoral considerations. With his deeply polarizing style, Mr. Trump motivated his base and his detractors alike, pushing both parties to record voter turnout in the 2020 election. His total of 74 million votes was the second-highest ever, behind only Mr. Biden’s 81 million, and Mr. Trump has shown an ability to turn his political supporters against any Republican who opposes him.That has left Republicans convinced that they must display unwavering fealty to a departed president to retain the voters he won over. “I would just say to my Republican colleagues: Can we move forward without President Trump? The answer is no,” Senator Lindsey Graham said in an interview on Fox News this week. “I’ve determined we can’t grow without him.”In some ways, the former president is more diminished than ever. Defeated at the polls, he spends his time at his Florida resort playing golf and entertaining visitors. He lacks the bully pulpit of the presidency, has been banished from Twitter and failed this week to have his account restored by Facebook. He left office with his approval rating below 40 percent, the lowest final first-term rating for any president since Jimmy Carter in 1979.Still, his dominance over Republicans is reflected from Congress to statehouses. Local and federal lawmakers who have pushed their party to accept the results of the election, and thus Mr. Trump’s loss, have faced a steady drumbeat of censure and primary challenges. Those threats appear to be having an impact: The small number of Republican officials who have been critical of Mr. Trump in the past, including the 10 who voted for his impeachment in February, remained largely silent this week, refusing interview requests and offering little public support for Ms. Cheney.Her likely replacement, Representative Elise Stefanik, publicly promoted herself for the post and moved to establish her Trump bona fides by lending credence to his baseless voter fraud claims in interviews with hard-right supporters of the former president.The state Republican Party in Arizona undertook a quixotic re-examination of the November election results.Pool photo by Matt YorkThe focus on the election has crowded out nearly any discussion of policy or party orthodoxy. The Heritage Action scorecard, which rates lawmakers on their conservative voting records, awarded Ms. Cheney a lifetime score of 82 percent. Ms. Stefanik, who has a more moderate voting record but is a far more vocal supporter of the former president, scored 52 percent.Ms. Stefanik and many other Republican leaders are betting that the path to keeping the electoral gains of the Trump era lies in stoking their base with the populist politics that are central to the president’s brand, even if they repel swing voters.After months of being fed lies about the election by the conservative news media, much of the party has come to embrace them as true. Sarah Longwell, a Republican strategist who has been conducting focus groups of Trump voters for years, said that since the election she had found an increased openness to what she calls “QAnon curious,” a willingness to entertain conspiracy theories about stolen elections and a deep state. “A lot of these base voters are living in a post-truth nihilism where you believe in nothing and think that everything might be untrue,” said Ms. Longwell, who opposed Mr. Trump. Some Republican strategists worry that the party is missing opportunities to attack Mr. Biden, who has proposed the most sweeping spending and tax plans in generations.“Republicans need to go back to kitchen-table issues that voters really care about, sprinkle in a little culture here and there but not get carried away,” said Scott Reed, a veteran Republican strategist who helped crush right-wing populists in past elections. “And some of them are making an industry out of getting carried away.”While clinging to Mr. Trump could help the party increase turnout among its base, Republicans like Ms. Comstock argue that such a strategy will damage the party with crucial demographics, including younger voters, voters of color, women and suburbanites. Already, intraparty fights are emerging in nascent primaries as candidates accuse each other of disloyalty to the former president. Many party leaders fear that could result in hard-right candidates’ emerging victorious and eventually losing general elections in conservative states where Republicans should prevail, like Missouri and Ohio.“To declare Trump the winner of a shrinking minority, that’s not a territory you want to head up,” Ms. Comstock said. “The future of the party is not going to be some 70-year-old man talking in the mirror at Mar-a-Lago and having all these sycophants come down and do the limbo to get his approval.”Yet those who have objected to Mr. Trump — and paid the price — say there’s little political incentive to pushing against the tide. Criticizing Mr. Trump, or even defending those who do, can leave elected officials in a kind of political no man’s land: seen as traitorous to Republican voters but still too conservative on other issues to be accepted by Democrats and independents.“It’s becoming increasingly difficult, it seems, for people to go out on the stump and defend somebody like Liz Cheney or Mitt Romney,” former Senator Jeff Flake, who endorsed Mr. Biden and was censured by the Arizona Republican Party this year, said during a panel appearance at Harvard this week. “About 70 percent of Republicans probably genuinely believe that the election was stolen, and that’s debilitating. It really is.” More

    • 125 Shares149 Views

      in Elections

      Liz Cheney Refuses to Lie, So Elise Stefanik Steps Up

      by

      Even by the standards of the Republican Party’s descent into Trumpian nihilism, the latest bloodletting within the ranks of its congressional leadership is gripping — the car crash next to the dumpster fire that you can’t look away from.House Republicans are on track next week to oust Representative Liz Cheney of Wyoming as conference chairwoman, the third-highest position in the conference. Ms. Cheney is being purged for her stubborn refusal to accept — much less peddle — the dangerous, crackpot lie that the 2020 election was stolen from former President Donald Trump. In today’s G.O.P., fealty to the defeated president’s false allegation of electoral fraud is the ultimate litmus test.Ms. Cheney has not simply failed this test, repeatedly — she brandishes her defiance like a weapon.On Monday, Mr. Trump issued a proclamation: “The Fraudulent Presidential Election of 2020 will be, from this day forth, known as THE BIG LIE!” Ms. Cheney fired back on Twitter (from which the former president is still banned): “The 2020 presidential election was not stolen. Anyone who claims it was is spreading THE BIG LIE, turning their back on the rule of law, and poisoning our democratic system.”“The Republican Party is at a turning point,” she warned in a May 5 opinion piece in The Washington Post, “and Republicans must decide whether we are going to choose truth and fidelity to the Constitution.”Clearly, such apostasy cannot stand.But with a House leadership dominated by white men, and a party plagued by a longstanding gender gap, Republican lawmakers recognize the potential risk of replacing their top-ranking woman with another white guy. Such bad optics. So it is that Republican House leaders have been whipping votes to install another woman in the job, Representative Elise Stefanik of New York.Unlike Ms. Cheney, Ms. Stefanik is happy — make that eager — to go along with Mr. Trump’s pernicious election-fraud fiction. Just this week, she sat down for interviews with Steve Bannon, Mr. Trump’s onetime political guru, and Sebastian Gorka, a former Trump aide, to praise the former president and suggest that there are many, many questions that still need to be answered about the outcome. Among other Trumpist talking points, she accused judicial officers in Pennsylvania of “unconstitutional overreach,” and she endorsed the sketchy election audit that Republicans are conducting in Arizona.Ms. Stefanik is assumed to have more than enough votes lined up to replace Ms. Cheney. Her ascension is considered close to a done deal.Here’s where things really get awkward. Aside from her Trump bootlicking, Ms. Stefanik is a terrible pick to help lead House Republicans, with both an ideology and a political style ill-suited to the conservative zeitgeist. At least they were until recently. In aiming to swap out Ms. Cheney with Ms. Stefanik, Republican leaders are revealing — again — just how hollow their party has become and how far it has fallen.With her establishment pedigree and her neocon foreign policy views, Ms. Cheney may not be a perfect fit for today’s Republican Party, but she is a rock-ribbed conservative who has for years fought fiercely in the party trenches. Like her father, former Vice President Dick Cheney, she is tough and aggressive, and she delights in lobbing partisan bombs at Democrats. She is pro-torture and anti-abortion. In other words, she has long been the kind of Republican that Democrats love to hate.Ms. Stefanik, on the other hand … Most of America had never heard of the New York lawmaker before her emergence as a passionate Trump defender during his first impeachment. Her toadiness has only grown since, earning ever more love from Mr. Trump. On Wednesday, he endorsed her for conference chairwoman.But before all that, Ms. Stefanik was seen as an exemplar of the kinder, gentler future of the Republican Party. Elected in 2014 at age 30, the polished, media-savvy Harvard alumna was a fresh, friendly, moderate face that many hoped would help the G.O.P. shed its image as a bunch of angry old white guys. Pro-business and uninterested in culture warring, she fit in well with the party’s establishment wing. Her first political job was in the Bush 43 White House. In 2017, she was elected co-chair of the Tuesday Group (since renamed the Republican Governance Group), a caucus of moderate, centrist House Republicans.Ms. Stefanik’s voting record reflects this brand. She has a measly 44 percent lifetime score from the American Conservative Union — compared to Ms. Cheney’s 78 percent — and a 56 percent from the conservative Heritage Action, versus Ms. Cheney’s 82 percent. Ms. Stefanik’s ratings from conservative groups like FreedomWorks and the Club for Growth are even lower (37 percent and 35 percent), and both organizations have come out against her joining leadership. During Mr. Trump’s presidency, Ms. Stefanik voted with him 77.7 percent of the time, according to FiveThirtyEight, but Ms. Cheney did 92.9 percent of the time.One of Ms. Stefanik’s top priorities has been to improve her party’s image with women and, more specifically, to get more Republican women elected. Her PAC is credited with having contributed to the victories of several women in this year’s freshman House class. Her efforts, which can run up against the G.O.P.’s professed disdain for identity politics, have occasionally put off some party brethren.Ms. Stefanik is, in short, the kind of Republican that conservatives generally love to hate.Despite the seal of approval from Mr. Trump and some congressional leaders, not everyone is thrilled by the idea of Ms. Stefanik’s likely promotion. Some of her male colleagues have grumped that they were not even considered for the post because of their gender. The conference vice chair, Mike Johnson of Louisiana, has reportedly been griping about the “coronation.”Trickier still, some hard-core MAGA loyalists suspect Ms. Stefanik of being a pretender — a “wolf in sheep’s clothing,” as one far-right site put it — and are raising a stink about her voting record and political background. Lou Dobbs, the deep-MAGA former TV host, declared her a RINO — that is, a Republican in name only. Her more creative critics at the website Revolver coined a fresh term for her: TINO — Trumpist in name only. They also dubbed her “another neocon establishment twit.”So much for Republican unity.To be fair, having sold their soul to Mr. Trump, Republican lawmakers cannot allow Ms. Cheney to remain in leadership. Unlike most of her colleagues, she refuses to let the Jan. 6 attack on the Capitol fade from memory, pretend it was no big deal or falsely claim that it was perpetrated by lefty extremists. Every word out of her mouth is an indictment not merely of Mr. Trump but also of her fellow lawmakers’ degeneracy and opportunism.Ms. Stefanik, by contrast, is scrambling to reassure MAGA voters that she is worthy of their support. In addition to doubling down on election-fraud nonsense, she has been test-driving a more populist, own-the-libs persona, whining about “cancel culture” and “Trump derangement syndrome” and the anti-conservative bias of Big Tech.In other words, Ms. Stefanik is forsaking the ideology and the political brand that brought her to Congress as she grovels before the gold-plated altar of Trumpism. All this to impress the followers of a defeated president who would just as soon see the Republican Party burned to ash.In that sense, she may be a perfect leader for her House colleagues after all.The Times is committed to publishing a diversity of letters to the editor. We’d like to hear what you think about this or any of our articles. Here are some tips. And here’s our email: letters@nytimes.com.Follow The New York Times Opinion section on Facebook, Twitter (@NYTopinion) and Instagram. More

    • 75 Shares179 Views

      in Elections

      Florida's New Voting Rights Law Explained

      by

      Voting rights groups filed lawsuits shortly after Gov. Ron DeSantis signed legislation reducing voting access in the battleground state. Critics said the law will disproportionately affect people of color.Gov. Ron DeSantis of Florida, a Republican, signed new voting restrictions into law on Thursday, reducing voting access in one of the nation’s critical battleground states.Florida, which former President Donald J. Trump won by about three percentage points in 2020, is the latest Republican-controlled state, following Georgia, Montana and Iowa, to impose new hurdles to casting a ballot after November’s elections.Voting rights experts and Democrats say that some provisions of the new law will disproportionately affect voters of color.Here’s a guide to how the law changes voting in Florida.What are the changes in the new law?The law, Senate Bill 90, limits the use of drop boxes where voters can deposit absentee ballots, and adds more identification requirements for anyone requesting an absentee ballot. It also requires voters to request an absentee ballot for each two-year election cycle, rather than every four years, under the previous law. Additionally, it limits who can collect and drop off ballots.The law also expands a current rule that prohibits outside groups from holding signs or wearing political paraphernalia within 150 feet of a polling place or drop box, “with the intent to influence voters,” an increase from the previous 100 feet.Why are people upset?The new law weakens key parts of an extensive voting infrastructure that was built up slowly after the state’s chaotic 2000 election. In 2020, that infrastructure allowed Florida to ramp up quickly to accommodate absentee balloting and increased drop boxes during the coronavirus pandemic.Voters of color are most reliant on after-hours drop boxes, critics of the law say, as it’s often more difficult for them to both take hours off during the day and to organize transportation to polling places.Republican legislators promoting the bill offered little evidence of election fraud, and argued for limiting access despite their continued claims that the state’s 2020 election was the “gold standard” for the country.Florida has a popular tradition of voting by mail: In the 2016 and 2018 elections, nearly a third of the state’s voters cast ballots through the mail.In both years, more Republicans than Democrats voted by mail. But in 2020, more than 2.1 million Democrats cast mail ballots, compared with 1.4 million Republicans, after Mr. Trump claimed repeatedly that expanding mail-in voting would lead to fraud.Has voter fraud been a problem in Florida?Voting ran smoothly in 2020, by all accounts.“There was no problem in Florida,” said Kara Gross, the legislative director and senior policy counsel for the American Civil Liberties Union of Florida. “Everything worked as it should. The only reason they’re doing this is to make it harder to vote.”And Mr. DeSantis has praised Florida’s handling of November’s elections, saying that his state has “the strongest election integrity measures in the country.”But on the need for the new law, he said: “Florida took action this legislative session to increase transparency and strengthen the security of our elections.”.css-1xzcza9{list-style-type:disc;padding-inline-start:1em;}.css-3btd0c{font-family:nyt-franklin,helvetica,arial,sans-serif;font-size:1rem;line-height:1.375rem;color:#333;margin-bottom:0.78125rem;}@media (min-width:740px){.css-3btd0c{font-size:1.0625rem;line-height:1.5rem;margin-bottom:0.9375rem;}}.css-3btd0c strong{font-weight:600;}.css-3btd0c em{font-style:italic;}.css-w739ur{margin:0 auto 5px;font-family:nyt-franklin,helvetica,arial,sans-serif;font-weight:700;font-size:1.125rem;line-height:1.3125rem;color:#121212;}#NYT_BELOW_MAIN_CONTENT_REGION .css-w739ur{font-family:nyt-cheltenham,georgia,’times new roman’,times,serif;font-weight:700;font-size:1.375rem;line-height:1.625rem;}@media (min-width:740px){#NYT_BELOW_MAIN_CONTENT_REGION .css-w739ur{font-size:1.6875rem;line-height:1.875rem;}}@media (min-width:740px){.css-w739ur{font-size:1.25rem;line-height:1.4375rem;}}.css-9s9ecg{margin-bottom:15px;}.css-16ed7iq{width:100%;display:-webkit-box;display:-webkit-flex;display:-ms-flexbox;display:flex;-webkit-align-items:center;-webkit-box-align:center;-ms-flex-align:center;align-items:center;-webkit-box-pack:center;-webkit-justify-content:center;-ms-flex-pack:center;justify-content:center;padding:10px 0;background-color:white;}.css-pmm6ed{display:-webkit-box;display:-webkit-flex;display:-ms-flexbox;display:flex;-webkit-align-items:center;-webkit-box-align:center;-ms-flex-align:center;align-items:center;}.css-pmm6ed > :not(:first-child){margin-left:5px;}.css-5gimkt{font-family:nyt-franklin,helvetica,arial,sans-serif;font-size:0.8125rem;font-weight:700;-webkit-letter-spacing:0.03em;-moz-letter-spacing:0.03em;-ms-letter-spacing:0.03em;letter-spacing:0.03em;text-transform:uppercase;color:#333;}.css-5gimkt:after{content:’Collapse’;}.css-rdoyk0{-webkit-transition:all 0.5s ease;transition:all 0.5s ease;-webkit-transform:rotate(180deg);-ms-transform:rotate(180deg);transform:rotate(180deg);}.css-eb027h{max-height:5000px;-webkit-transition:max-height 0.5s ease;transition:max-height 0.5s ease;}.css-6mllg9{-webkit-transition:all 0.5s ease;transition:all 0.5s ease;position:relative;opacity:0;}.css-6mllg9:before{content:”;background-image:linear-gradient(180deg,transparent,#ffffff);background-image:-webkit-linear-gradient(270deg,rgba(255,255,255,0),#ffffff);height:80px;width:100%;position:absolute;bottom:0px;pointer-events:none;}.css-1jiwgt1{display:-webkit-box;display:-webkit-flex;display:-ms-flexbox;display:flex;-webkit-box-pack:justify;-webkit-justify-content:space-between;-ms-flex-pack:justify;justify-content:space-between;margin-bottom:1.25rem;}.css-8o2i8v{display:-webkit-box;display:-webkit-flex;display:-ms-flexbox;display:flex;-webkit-flex-direction:column;-ms-flex-direction:column;flex-direction:column;-webkit-align-self:flex-end;-ms-flex-item-align:end;align-self:flex-end;}.css-8o2i8v p{margin-bottom:0;}.css-12vbvwq{background-color:white;border:1px solid #e2e2e2;width:calc(100% – 40px);max-width:600px;margin:1.5rem auto 1.9rem;padding:15px;box-sizing:border-box;}@media (min-width:740px){.css-12vbvwq{padding:20px;width:100%;}}.css-12vbvwq:focus{outline:1px solid #e2e2e2;}#NYT_BELOW_MAIN_CONTENT_REGION .css-12vbvwq{border:none;padding:10px 0 0;border-top:2px solid #121212;}.css-12vbvwq[data-truncated] .css-rdoyk0{-webkit-transform:rotate(0deg);-ms-transform:rotate(0deg);transform:rotate(0deg);}.css-12vbvwq[data-truncated] .css-eb027h{max-height:300px;overflow:hidden;-webkit-transition:none;transition:none;}.css-12vbvwq[data-truncated] .css-5gimkt:after{content:’See more’;}.css-12vbvwq[data-truncated] .css-6mllg9{opacity:1;}.css-1rh1sk1{margin:0 auto;overflow:hidden;}.css-1rh1sk1 strong{font-weight:700;}.css-1rh1sk1 em{font-style:italic;}.css-1rh1sk1 a{color:#326891;-webkit-text-decoration:underline;text-decoration:underline;text-underline-offset:1px;-webkit-text-decoration-thickness:1px;text-decoration-thickness:1px;-webkit-text-decoration-color:#ccd9e3;text-decoration-color:#ccd9e3;}.css-1rh1sk1 a:visited{color:#333;-webkit-text-decoration-color:#ccc;text-decoration-color:#ccc;}.css-1rh1sk1 a:hover{-webkit-text-decoration:none;text-decoration:none;}Are other states pursuing similar restrictions?Yes. The Texas House of Representatives passed a similar measure this week after a lengthy debate. The bill will soon be taken up by the state’s Republican-controlled Senate. Other states including Arizona, Michigan and Ohio are considering their own bills.What can we expect to happen next?Voting rights groups filed lawsuits shortly after Mr. DeSantis signed the bill into law during a live broadcast on a Fox News morning program.The League of Women Voters of Florida, the Black Voters Matter Fund and the Florida Alliance for Retired Americans joined in one suit, arguing that “Senate Bill 90 does not impede all of Florida’s voters equally.”“It is crafted to and will operate to make it more difficult for certain types of voters to participate in the state’s elections, including those voters who generally wish to vote with a vote-by-mail ballot and voters who have historically had to overcome substantial hurdles to reach the ballot box, such as Florida’s senior voters, youngest voters, and minority voters.”Another suit was brought by the NAACP Legal Defense and Educational Fund, Disability Rights Florida and Common Cause, who argued that the law violates constitutional protections and the 1965 Voting Rights Act.The law took effect immediately, and will be in force for the 2022 election, when Mr. DeSantis is up for re-election. More

    • 113 Shares179 Views

      in Elections

      Republicans Attack Democrats as Liberal Extremists to Regain Power

      by

      As Democrats prepare to run on an ambitious economic agenda, Republicans are working to caricature them as liberal extremists out of touch with voters’ values.WASHINGTON — Minutes after a group of congressional Democrats unveiled a bill recently to add seats to the Supreme Court, the Iowa Republican Party slammed Representative Cindy Axne, a Democrat and potential Senate candidate, over the issue.“Will Axne Pack the Court?” was the headline on a statement the party rushed out, saying the move to expand the court “puts our democracy at risk.”The attack vividly illustrated the emerging Republican strategy for an intensive drive to try to take back the House and the Senate in the 2022 midterm elections. Republicans are mostly steering clear of Democrats’ economic initiatives that have proved popular, such as an infrastructure package and a stimulus law that coupled pandemic relief with major expansions of safety-net programs, and are focusing instead on polarizing issues that stoke conservative outrage.In doing so, they are seizing on measures like the court-expansion bill and calls to defund the police — which many Democrats oppose — as well as efforts to provide legal status to undocumented immigrants and grant statehood to the District of Columbia to caricature the party as extreme and out of touch with mainstream America.Republicans are also hammering at issues of race and sexual orientation, seeking to use Democrats’ push to confront systemic racism and safeguard transgender rights as attack lines.The approach comes as President Biden and Democrats, eager to capitalize on their unified control of Congress and the White House, have become increasingly bold about speaking about such issues and promoting a wide array of party priorities that languished during years of Republican rule. It has given Republicans ample fodder for attacks that have proved potent in the past.“They are putting the ball on the tee, handing me the club and putting the wind at my back,” said Jeff Kaufmann, the chairman of the Iowa Republican Party.Democrats argue that Republicans are focusing on side issues and twisting their positions because the G.O.P. has nothing else to campaign on, as Democrats line up accomplishments to show to voters, including the pandemic aid bill that passed without a single Republican vote.“That was very popular, and I can understand why Republicans don’t want to talk about it,” said Senator Gary Peters of Michigan, the new chairman of the Democratic Senatorial Campaign Committee. “But we’re going to keep reminding folks who was there when they needed them.”The contrast is likely to define the 2022 races. Democrats will sell the ambitious agenda they are pursuing with Mr. Biden, take credit for what they hope will continue to be a surging economy and portray Republicans as an increasingly extreme party pushing Donald J. Trump’s lies about a stolen election. Republicans, who have embraced the false claims of election fraud and plan to use them to energize their conservative base, will complain of “radical” Democratic overreach and try to amplify culture-war issues they think will propel more voters into their party’s arms.A release from the National Republican Senatorial Committee highlighted what it called the “three pillars” of the Democratic agenda: “The Green New Deal, court packing and defund the police,” even though the first two are far from the front-burner issues for Mr. Biden and Democratic leaders and the third is a nonstarter with the bulk of the party’s rank and file.President Biden and Democrats have promoted a wide array of party priorities that languished during years of Republican rule.Stefani Reynolds for The New York TimesLast week Senator Mitch McConnell of Kentucky, the minority leader, sought to thrust a new issue into the mix, leading Republicans in protest of a proposed Biden administration rule promoting education programs that address systemic racism and the nation’s legacy of slavery. He has taken particular aim at the 1619 Project, a journalism initiative by The New York Times that identifies the year when slaves were first brought to America as a key moment in history.“There are a lot of exotic notions about what are the most important points in American history,” Mr. McConnell said on Monday during an appearance in Louisville. “I simply disagree with the notion that The New York Times laid out there that year 1619 was one of those years.”Senator Rick Scott of Florida, the chairman of the Republicans’ Senate campaign arm, has been explicit about his strategy.“Now what I talk about every day is do we want open borders? No. Do we want to shut down our schools? No. Do we want men playing in women’s sports? No,” Mr. Scott said during a recent radio interview with the conservative commentator Hugh Hewitt.“Do we want to shut down the Keystone pipeline? No. Do we want voter ID? Yes,” he continued. “And the Democrats are on the opposite side of all those issues, and I’m going to make sure every American knows about it.”Democrats who have fallen victim to the Republican cultural assault concede that it can take a toll and that their party needs to be ready.“It was all these different attacks that were spread all over mainstream media, Spanish-language media, Facebook, WhatsApp,” said Debbie Mucarsel-Powell, a former Democratic House member from South Florida who was defeated last year after Republicans portrayed her as a socialist who was anti-police. “A lot of it was misinformation, false attacks.”She said Democrats must begin taking steps now to combat Republican misdirection, warning that their legislative victories might not be enough to appeal to voters.“We can have a great policy record,” she said, “but we need to be present in our communities right now, reaching out to all of our constituencies to tell them we are working for them, that their health and their jobs are our priorities.”On the Supreme Court issue, progressive groups began pushing the idea of an expansion after Mr. Trump was able to appoint three justices, including one to a vacancy that Republicans blocked Barack Obama from filling in the last year of his presidency and another who was fast-tracked right before last year’s election.Hoping to neutralize the issue, some Senate Democrats who will be on the ballot next year have made it clear that they would oppose expanding the court, and the bill seems to be going nowhere at the moment. Speaker Nancy Pelosi said she would not bring any court bill to the floor until at least after a commission named by Mr. Biden to study the matter issued its report, which is due in six months. The president has been cool to the expansion idea as well.The office of Ms. Axne, the only Democrat in Congress from Iowa, did not respond to requests for reaction to the Republican attacks on her over the court plan. In an interview with MSNBC, Ms. Axne said that she, like Ms. Pelosi, would await the findings of the commission.But Republicans are not waiting to try to score political points. They say more moderate Republican voters and independents who broke with the party during the Trump years have been alienated by the call to enlarge the court and other initiatives being pushed by progressives.One key for Republicans next year will be winning back suburban voters while running campaigns that also energize the significant segment of their supporters who are fiercely loyal to Mr. Trump and want the party to represent his values. That may be a difficult balance to achieve, as evidenced this week when Republican leaders moved to strip Representative Liz Cheney of Wyoming of the party’s No. 3 leadership post for calling out the former president’s false election claims.Senator Chuck Schumer of New York, the majority leader, said it would matter less what Republicans said about Democrats than what his party was able to accomplish.“The one thing that will win people over, no matter what they do, is whether we can deliver,” he said. “They are doing what appeals to their base, but the voters in the middle, including a good chunk of Republican voters, actually care about getting things done.”Instead of focusing on Democrats’ economic initiatives that have proved popular, Republicans are seizing on measures like a bill to expand the Supreme Court.Al Drago for The New York TimesMr. Peters said Democrats would be better positioned to rebut attacks such as those that falsely portray them as pressing to defund the police after voters had experienced two years of the party holding power.“President Biden and the caucus have been very clear that we are not about defunding the police, we are about making sure police have the resources they need to do their jobs,” he said. “Ultimately, it is about how it is impacting people’s lives.”Mr. Kaufmann, the Republican leader in Iowa, begged to differ. He said he believed the hot-button issues Republicans were homing in on would drive voters more than “the nuance of tax policy and who gets credit for the vaccine.” He is eager to get started.“Some of this stuff is really controversial,” he said. “These are all very bold and clearly delineated issues. I can use this to expand the base and get crossover voters.” More

    • 125 Shares189 Views

      in Elections

      Florida and Texas Join the March to Restrict Voting Access

      by

      The efforts in two critical battleground states with booming populations and 70 Electoral College votes between them represent the apex of the Republican effort to roll back access to voting.Hours after Florida installed a rash of new voting restrictions, the Republican-led Legislature in Texas pressed ahead on Thursday with its own far-reaching bill that would make it one of the most difficult states in the nation in which to cast a ballot.The Texas bill would, among other restrictions, greatly empower partisan poll watchers, prohibit election officials from mailing out absentee ballot applications and impose strict punishments for those who provide assistance outside the lines of what is permissible. The State House of Representatives was scheduled to debate the measure late into the evening with the possibility that it would pass it and send it to the Senate.Gov. Greg Abbott is widely expected to sign the bill into law.Briscoe Cain, the Republican sponsor of the bill, said he had filed it “to ensure that we have an equal and uniform application of our election code and to protect people from being taken advantage of.”He was quickly challenged by Jessica González, a Democratic representative and vice chair of the House Election Committee, who argued that the bill was a solution in search of problem. She cited testimony in which the Texas secretary of state said that the 2020 election had been found to be “free, fair and secure.”Florida and Texas are critical Republican-led battleground states with booming populations and 70 Electoral College votes between them. The new measures the legislatures are putting in place represent the apex of the current Republican effort to roll back access to voting across the country following the loss of the White House amid historic turnout in the 2020 election.Earlier on Thursday, Gov. Ron DeSantis of Florida, with great fanfare, signed his state’s new voting bill, which passed last week. Held at a Palm Beach hotel with cheering supporters in the background, the ceremony showcased Mr. DeSantis’s brash style; the governor’s office barred most journalists and provided exclusive access to Fox News, a nose-thumbing gesture of contempt toward a news media he viewed as overly critical of the bill.“Right now, I have what we think is the strongest election integrity measures in the country,” Mr. DeSantis said, though he has praised Florida’s handling of last November’s elections.Ohio, another state under complete Republican control, introduced a new omnibus voting bill on Thursday that would further limit drop boxes in the state, limit ballot collection processes and reduce early in-person voting by one day, while also making improvements to access such as an online absentee ballot request portal and automatic registration at motor vehicle offices.Iowa and Georgia have already passed bills that not only impose new restrictions but grant those states’ legislatures greater control over the electoral process.Republicans have pressed forward with these bills over the protests of countless Democrats, civil rights groups, faith leaders, voting rights groups and multinational corporations, displaying an increasing no-apologies aggressiveness in rolling back access to voting.The efforts come as Republicans in Washington are seeking to oust Representative Liz Cheney from her leadership position in the House Republican caucus for her continued rejection of former President Donald J. Trump’s lies about the 2020 election, and as Republicans at a party convention in Utah booed Senator Mitt Romney for his criticism of the former president.Together, the Republican actions reflect how deeply the party has embraced the so-called Big Lie espoused by Mr. Trump through his claims that the 2020 election was stolen.Gov. Ron DeSantis of Florida after he signed a new voting bill into law during an event closed to all news outlets except Fox News.Joe Cavaretta/South Florida Sun-Sentinel, via Associated PressDemocrats, gerrymandered into statehouse minorities and having drastically underperformed expectations in recent state legislative elections, have few options for resisting the Republican efforts to make voting harder.In Georgia and Texas, progressive groups applied pressure on local businesses to speak out against the voting measures. But Republican legislators have been conditioned during the Trump era to pay less attention to their traditional benefactors in chambers of commerce and more attention to the party’s grass roots, who are aligned with the former president and adhere to his lies about the 2020 election.And in Florida, Democrats didn’t even manage to organize major local companies to weigh in on the voting law.“Elections have consequences both ways, and we are living in the consequences of the Trumpiest governor in America here in Florida,” said Sean Shaw, a former state representative who was the 2018 Democratic nominee for Florida attorney general. “The ultimate strategy is, what are we going to do in 2022? How are we going to beat the dude?”Mr. Shaw, who offered an extended laugh when first asked what his party’s strategy was for combating Florida’s new voting law, said he was planning to start a campaign this month to place referendums on the state’s 2022 ballots for constitutional amendments that would make voting easier.“We are not Mississippi or Alabama,” he said. “We are not that kind of conservative state, but we are governed by this mini-Trump person. All we can do as Democrats is let the people know what they’ve got.”Marc Elias, a Democratic lawyer, filed a lawsuit nine minutes after Mr. DeSantis had signed the legislation, saying that the new Florida law violated the First and 14th amendments to the U.S. Constitution.“It’s not true that states could not change their voting laws whenever they want,” Mr. Elias said in an interview Thursday. “You have to weigh the burden on the voter with the interest of the state.”.css-1xzcza9{list-style-type:disc;padding-inline-start:1em;}.css-3btd0c{font-family:nyt-franklin,helvetica,arial,sans-serif;font-size:1rem;line-height:1.375rem;color:#333;margin-bottom:0.78125rem;}@media (min-width:740px){.css-3btd0c{font-size:1.0625rem;line-height:1.5rem;margin-bottom:0.9375rem;}}.css-3btd0c strong{font-weight:600;}.css-3btd0c em{font-style:italic;}.css-w739ur{margin:0 auto 5px;font-family:nyt-franklin,helvetica,arial,sans-serif;font-weight:700;font-size:1.125rem;line-height:1.3125rem;color:#121212;}#NYT_BELOW_MAIN_CONTENT_REGION .css-w739ur{font-family:nyt-cheltenham,georgia,’times new roman’,times,serif;font-weight:700;font-size:1.375rem;line-height:1.625rem;}@media (min-width:740px){#NYT_BELOW_MAIN_CONTENT_REGION .css-w739ur{font-size:1.6875rem;line-height:1.875rem;}}@media (min-width:740px){.css-w739ur{font-size:1.25rem;line-height:1.4375rem;}}.css-9s9ecg{margin-bottom:15px;}.css-16ed7iq{width:100%;display:-webkit-box;display:-webkit-flex;display:-ms-flexbox;display:flex;-webkit-align-items:center;-webkit-box-align:center;-ms-flex-align:center;align-items:center;-webkit-box-pack:center;-webkit-justify-content:center;-ms-flex-pack:center;justify-content:center;padding:10px 0;background-color:white;}.css-pmm6ed{display:-webkit-box;display:-webkit-flex;display:-ms-flexbox;display:flex;-webkit-align-items:center;-webkit-box-align:center;-ms-flex-align:center;align-items:center;}.css-pmm6ed > :not(:first-child){margin-left:5px;}.css-5gimkt{font-family:nyt-franklin,helvetica,arial,sans-serif;font-size:0.8125rem;font-weight:700;-webkit-letter-spacing:0.03em;-moz-letter-spacing:0.03em;-ms-letter-spacing:0.03em;letter-spacing:0.03em;text-transform:uppercase;color:#333;}.css-5gimkt:after{content:’Collapse’;}.css-rdoyk0{-webkit-transition:all 0.5s ease;transition:all 0.5s ease;-webkit-transform:rotate(180deg);-ms-transform:rotate(180deg);transform:rotate(180deg);}.css-eb027h{max-height:5000px;-webkit-transition:max-height 0.5s ease;transition:max-height 0.5s ease;}.css-6mllg9{-webkit-transition:all 0.5s ease;transition:all 0.5s ease;position:relative;opacity:0;}.css-6mllg9:before{content:”;background-image:linear-gradient(180deg,transparent,#ffffff);background-image:-webkit-linear-gradient(270deg,rgba(255,255,255,0),#ffffff);height:80px;width:100%;position:absolute;bottom:0px;pointer-events:none;}.css-1jiwgt1{display:-webkit-box;display:-webkit-flex;display:-ms-flexbox;display:flex;-webkit-box-pack:justify;-webkit-justify-content:space-between;-ms-flex-pack:justify;justify-content:space-between;margin-bottom:1.25rem;}.css-8o2i8v{display:-webkit-box;display:-webkit-flex;display:-ms-flexbox;display:flex;-webkit-flex-direction:column;-ms-flex-direction:column;flex-direction:column;-webkit-align-self:flex-end;-ms-flex-item-align:end;align-self:flex-end;}.css-8o2i8v p{margin-bottom:0;}.css-12vbvwq{background-color:white;border:1px solid #e2e2e2;width:calc(100% – 40px);max-width:600px;margin:1.5rem auto 1.9rem;padding:15px;box-sizing:border-box;}@media (min-width:740px){.css-12vbvwq{padding:20px;width:100%;}}.css-12vbvwq:focus{outline:1px solid #e2e2e2;}#NYT_BELOW_MAIN_CONTENT_REGION .css-12vbvwq{border:none;padding:10px 0 0;border-top:2px solid #121212;}.css-12vbvwq[data-truncated] .css-rdoyk0{-webkit-transform:rotate(0deg);-ms-transform:rotate(0deg);transform:rotate(0deg);}.css-12vbvwq[data-truncated] .css-eb027h{max-height:300px;overflow:hidden;-webkit-transition:none;transition:none;}.css-12vbvwq[data-truncated] .css-5gimkt:after{content:’See more’;}.css-12vbvwq[data-truncated] .css-6mllg9{opacity:1;}.css-1rh1sk1{margin:0 auto;overflow:hidden;}.css-1rh1sk1 strong{font-weight:700;}.css-1rh1sk1 em{font-style:italic;}.css-1rh1sk1 a{color:#326891;-webkit-text-decoration:underline;text-decoration:underline;text-underline-offset:1px;-webkit-text-decoration-thickness:1px;text-decoration-thickness:1px;-webkit-text-decoration-color:#ccd9e3;text-decoration-color:#ccd9e3;}.css-1rh1sk1 a:visited{color:#333;-webkit-text-decoration-color:#ccc;text-decoration-color:#ccc;}.css-1rh1sk1 a:hover{-webkit-text-decoration:none;text-decoration:none;}Tom Perez, the former Democratic National Committee chairman, said a case could be made that the new voting laws would improperly make it harder for Black and Hispanic people to vote, and he called on the U.S. Justice Department to take the lead in the legal battle against the Republican-passed laws.“Ten years ago when I was running the Civil Rights Division, the Georgia law would never have seen the light of day,” Mr. Perez said Thursday. “The Justice Department needs to get involved, and having the imprimatur of the Justice Department sends a really important message about our values.”A protest against new voting restrictions at the Texas Capitol in Austin on Thursday.Eric Gay/Associated PressMr. Biden’s nominee to lead the Civil Rights Division, Kristen Clarke, had a Senate hearing last month but has not yet been confirmed. Mr. Biden said in March, after the Georgia law had been signed by Gov. Brian Kemp, that the Justice Department was “taking a look” at how best to protect voting rights. A White House official said that the president, in his comments, had been assuming the issue was one the department would review.Democrats argued on Thursday that the Republican crackdowns on voting in Florida and Texas had made it more urgent for the Senate to pass the For the People Act, which would radically reshape the way elections are run, make far-reaching changes to campaign finance laws and redistricting and mitigate the new state laws.“We are witnessing a concerted effort across this country to spread voter suppression,” Jena Griswald, the Colorado secretary of state, said Thursday on a call with progressive groups in which the new Florida law was condemned. “The For the People Act levels the playing field and provides clear guidance, a floor of what is expected throughout the nation.”The scene in Austin on Thursday was tense, as Republicans in the House decided to replace the language of a bill that passed the senate, known as SB 7, with the language of a House voting bill, known as HB 6. The swap removed some of the more onerous restrictions that had originally been proposed, like banning drive-through voting, banning 24-hour voting and adding limitations on voting machine allocation that could have led to a reduction of polling locations in densely populated areas.But the bill before the House included a host of new restrictions. It bans election officials from proactively mailing out absentee ballot applications or absentee ballots; sets strict new rules for assisting voters and greatly raises the punishment for running afoul of those rules; greatly empowers partisan poll watchers; and makes it much harder to remove a partisan poll watcher for bad behavior. The expansion of the authority and autonomy of partisan poll watchers has raised voter intimidation concerns among civil rights groups.In the debate Thursday evening, Mr. Cain, the sponsor of the House bill, was unable to cite a single instance of voter fraud in Texas. (The attorney general found 16 instances of minor voting fraud after 22,000 hours of investigation.)Democratic lawmakers also seized on Texas’ history of discriminatory voting legislation and likened the current bill to the some of the state’s racist electoral practices of the past.“In light of that history, can you tell me if or why you did not do a racial impact analysis on how this legislation would affect people of color?” said Rafael Anchía, a Democratic representative from Dallas County.Mr. Cain admitted that he had not consulted with the attorney general’s office or conducted a study of how the bill might affect people of color, but he defended the bill and said it would not have a discriminatory impact.Patricia Mazzei More