Voting and Voters

En la víspera de una segunda vuelta de elecciones primarias en junio, un candidato republicano a secretario de Estado de Carolina del Sur envió un mensaje a sus partidarios.“Para todos los del equipo que van a monitorear las urnas mañana, buena caza”, escribió Keith Blandford, un candidato que en Telegram, la aplicación de redes sociales, promovió la falacia de que se le robó la victoria a Donald Trump en las elecciones de 2020. “Ya saben lo que tienen que buscar. Ahora que el enemigo está a la defensiva, refuercen el ataque”.Al día siguiente, activistas se dispersaron por las casillas electorales en Charleston, Carolina del Sur, y exigieron inspeccionar el equipo de votación y tomar fotografías y video. Cuando los trabajadores electorales rechazaron sus peticiones, algunos regresaron con agentes de policía para denunciar sellos rotos o extraviados en las máquinas de votación, según correos electrónicos que fueron enviados por funcionarios locales a la comisión electoral estatal. No había ningún sello roto ni extraviado.Luego de que Blandford perdió, los activistas publicaron en línea una lista de más de 60 “anomalías” que observaron, suficientes para haber cambiado el resultado de la contienda, afirmaban. Se refirieron al operativo como un “programa piloto”.El episodio es uno de muchos que tienen a los funcionarios electorales en alerta ahora que inician las votaciones para las elecciones de mitad de mandato, la prueba más importante que ha enfrentado el sistema electoral estadounidense desde que las mentiras de Trump sobre los resultados de 2020 instigaron un ataque contra el proceso democrático.En los dos años transcurridos desde entonces, grupos de activistas de derecha se han aliado para difundir afirmaciones falsas sobre fraude electoral generalizado y mala praxis. Ahora, esos activistas se están inmiscuyendo en el conteo de votos, en un esfuerzo amplio y agresivo para monitorear la votación en busca de evidencia que confirme sus teorías. Muchos activistas han sido movilizados por las mismas personas que trataron de revocar la derrota de Trump en 2020.Sus tácticas en las elecciones primarias han hecho que los funcionarios se preparen para una nueva gama de disputas, como observadores y trabajadores electorales alborotadores, estrategias judiciales agresivas, impugnación de votantes y papeletas y patrullajes parapoliciales en busca de fraude.Muchos activistas electorales han sido movilizados por las mismas personas que intentaron revertir la derrota de Donald Trump en 2020.Tamir Kalifa para The New York TimesFuncionarios electorales, tanto republicanos como demócratas, concuerdan en que es poco probable que estas iniciativas generen un desorden generalizado. Afirman que están preparados para contar con precisión las decenas de millones de votos que esperan recibir en las próximas semanas. Pero situaciones como la de Carolina del Sur conllevan consecuencias, pues engendran desinformación y propagan dudas acerca de los resultados, sobre todo en las contiendas cerradas.“De cierto modo, es la manifestación de una profecía autorrealizada”, dijo Tammy Patrick, quien trabaja con funcionarios electorales como asesora principal en el Fondo para la Democracia. Los activistas que están preparados para detectar la falta de ética profesional son más propensos a exagerar los pequeños errores y causar disturbios “que no harán más que apuntalar sus denuncias”, explicó.Entrevistas con funcionarios electorales y activistas, análisis de documentos públicos y correos electrónicos de planificación obtenidos por The New York Times muestran que la amplia red de organizadores incluye a funcionarios del Partido Republicano, grupos conservadores populares y los elementos más conspirativos del movimiento de negación electoral.Al parecer, los grupos recurren a las tácticas que se utilizaron hace dos años: recopilar testimonios de funcionarios de casilla aliados del Partido Republicano, los empleados temporales que supervisan los centros de votación y observadores electorales, los voluntarios que monitorean las operaciones, con el fin de respaldar impugnaciones y rebatir resultados.“Ahora estamos 100 veces más preparados”, dijo en una entrevista Stephen K. Bannon, exasesor de Trump que participó en los intentos de anular la elección de 2020. Bannon es presentador de un pódcast que se ha convertido en una cámara de compensación para los activistas electorales de la derecha. “Vamos a adjudicar la victoria en cada batalla. Esa es la diferencia”.En julio, Bannon fue declarado culpable por desacato al Congreso por no cooperar con el comité de la Cámara de Representantes, responsable de investigar el ataque del 6 de enero de 2021. El lunes, los fiscales recomendaron una sentencia de seis meses en prisión, mientras que Bannon sostuvo que no debía pasar tiempo en la cárcel.Desde hace tiempo, tanto demócratas como republicanos han reclutado a observadores y trabajadores electorales para supervisar las votaciones y anticiparse a disputas. Pero este año, los funcionarios están contemplando la posibilidad de que esos esfuerzos puedan quedar en manos de activistas que difunden teorías fantásticas o desacreditadas.Los funcionarios vieron pruebas de estos nuevos operativos en las elecciones primarias. En Míchigan, un trabajador de casilla fue acusado de manipular una computadora de votación. En Texas, unos activistas siguieron a funcionarios electorales hasta sus oficinas y trataron de entrar en áreas restringidas. En Alabama, activistas intentaron insertar papeletas falsas en una máquina durante una prueba pública.En Kansas, los activistas financiaron un recuento de una medida electoral sobre el derecho al aborto que requería que el condado de Johnson contara a mano un cuarto de millón de votos, a pesar de que la medida fracasó por 18 puntos porcentuales. Fred Sherman, el jefe electoral del condado, dijo que algunos trabajadores involucrados parecían negar las elecciones. Dijo que tuvo que llamar a la policía para sacar a uno que violó la seguridad. El recuento transcurrió sin problemas, agregó, pero fue “aterrador”.Empleados que la semana pasada clasificaban las boletas enviadas por correo que fueron hechas recientemente.Rebecca Noble para The New York Times“Debemos tener en cuenta que es posible que existan personas que no tengan las mejores intenciones desde el punto de vista de la integridad electoral”, dijo Sherman.Los funcionarios electorales se han preparado durante meses para estos retos. Algunos han participado en ejercicios organizados por el FBI sobre cómo lidiar con amenazas, incluso agresiones físicas contra trabajadores electorales. Han ofrecido a su personal capacitación para la “reducción de hostilidades”. Algunos han cambiado sus oficinas, pues han añadido cercas y otras barreras.“Cuando la gente ve que todos trabajamos duro y con ética hacia la misma meta, ¿quién querría alterar eso?”, preguntó Stephen Richer, registrador del condado de Maricopa en Arizona.Los activistas afirman que están tratando de garantizar que todas las reglas sean acatadas y que solo los votantes que cumplen los requisitos tengan acceso al sufragio.“Tenemos a personas capacitadas que conocen la ley, por lo que pueden observar, documentar y reportar cuando las cosas no se realizan conforme dicta la ley”, dijo hace poco en el pódcast de Bannon Cleta Mitchell, organizadora de uno de los grupos nacionales que capacitan activistas y abogada que ayudó a Trump en sus impugnaciones vanas de 2020. Mitchell comentó que su red había capacitado a más de 20.000 personas para formar lo que ella describió como una “agencia de detectives ciudadanos”.Mitchell no respondió a las solicitudes para que ofreciera comentarios.En muchos lugares, los partidos políticos influyen de manera directa en el reclutamiento de trabajadores y observadores electorales. El Comité Nacional Republicano declaró que había desplegado a más de 56.000 trabajadores y vigilantes en las elecciones primarias y especiales este año y esperaba aumentar ese número en las elecciones generales. En varios estados bisagra, el comité también contrató lo que llamó funcionarios de “integridad electoral”.El Comité Nacional Demócrata considera sus esfuerzos como una “protección a los votantes” y ha contratado a 25 directores y 129 miembros de personal en todo el país. El comité no reveló la cifra total de trabajadores ni observadores electorales que reclutó.El pódcast de Stephen Bannon se ha convertido en un centro de intercambio de información sobre el activismo electoral.Kenny Holston para The New York TimesLos observadores veían cómo los votantes sufragaban en Rancho High School el día de las elecciones en Las Vegas en 2020.Bridget Bennett para The New York TimesTanto demócratas como republicanos han lanzado un bombardeo anticipado de litigios electorales: 96 demandas, según Democracy Docket, un grupo jurídico electoral de izquierda. El recuento está distribuido con bastante equilibrio entre ambos bandos.Es una situación que recuerda a lo que sucedió en 2020 porque muchas de las disputas se enfocan en la votación en ausencia: más de la mitad de las demandas interpuestas por grupos de afiliación republicana están relacionadas con las normas de voto por correspondencia, por ejemplo, cómo enmendar errores en una papeleta, según Democracy Docket.Algunos defensores del derecho al voto y grupos demócratas afirman que están alertas ante otra similitud con 2020, cuando Trump y sus aliados impidieron que se certificaran los resultados.“Existe la preocupación subyacente de que, en algunos de estos lugares donde los políticos certifican la elección, quizá no la certifiquen y se desate una crisis”, dijo Jonathan Greenbaum, abogado jefe de Lawyers’ Committee for Civil Rights Under Law, un grupo jurídico apartidista por los derechos civiles.Algunas de las personas involucradas en las disputas de 2020 ahora son organizadores líderes.Patrick Byrne, exdirector ejecutivo de Overstock.com y activista que impulsa teorías de conspiración electoral, está reclutando personas a través de su grupo, Proyecto América. Michael Flynn, el primer asesor de seguridad nacional de Trump, es cofundador y asesora a esa organización. (Ambos hombres asistieron a una reunión de diciembre de 2020 en la Casa Blanca donde Flynn instó a Trump a apoderarse de las máquinas de votación).En Míchigan, un funcionario estatal del partido se identifica en los documentos como el director estatal de la estrategia de Proyecto América, llamada Operación Eagles Wings. Ese funcionario también se coordina con la Red de Integridad Electoral de Mitchell, que organiza llamadas estratégicas y capacitación, según los correos electrónicos obtenidos por el Times.En su pódcast War Room, Bannon le dice a su audiencia que los demócratas solo ganarán las elecciones si las roban. Él y sus aliados pueden impedir esto al “tomar el control del aparato electoral”, comentó en su programa este mes.Boletas por correspondencia recién impresas en PhoenixRebecca Noble para The New York TimesUn observador electoral voluntario en Wilkes-Barre, Pensilvania, en 2020Robert Nickelsberg para The New York TimesBannon ha estado dirigiendo a sus seguidores a sitios web que motivan una especie de vigilancia clandestina de las elecciones. The Gateway Pundit, un sitio web de derecha, insta a los activistas para que exijan que a los observadores se les permita supervisar mientras las papeletas se suben a los camiones en las oficinas postales e insistir en acercarse más al conteo de papeletas de lo permitido por las normas.Bannon también ha incitado a su audiencia a abordar a los partidos locales, que en algunos estados están a cargo de seleccionar a los trabajadores de casilla.En el condado de El Paso, Colorado, la directora local del Partido Republicano, que coincide con figuras influyentes del movimiento de negación electoral, le pidió al secretario del condado que depusiera a varios trabajadores electorales que habían servido desde hace años a quienes describió en un correo electrónico como “desleales” al partido. El secretario, Chuck Broerman, dijo que cumplió la petición muy a su pesar, ya que estaba obligado por la ley.Un partidario de Trump sostiene un cartel que pide elecciones justas afuera del Capitolio del estado de Arizona en Phoenix en 2020.Adriana Zehbrauskas para The New York Times“Los individuos que están desplazando han sido republicanos trabajadores y dedicados desde hace mucho”, dijo Broerman, quien también fue presidente del partido en el condado.En Carolina del Norte, un grupo de derecha dedicado a la “integridad electoral” dijo que capacitó a 1000 observadores electorales en el estado, con la ayuda de la red de Mitchell. Algunos fueron objeto de decenas de quejas durante las primarias.En el condado de Pasquotank, uno estaba “intimidando a los trabajadores electorales porque salió varias veces del recinto para ‘reportarse con su cuartel general’”, según las denuncias obtenidas por el Times.Para abordar las quejas, el estado redactó una propuesta de cambios que habrían facilitado la destitución de un observador electoral por mala conducta. La comisión de reglas controlada por los republicanos las rechazó después de un torrente de correos electrónicos y testimonios públicos de activistas locales.Mitchell fue una de las personas que intervino. Los cambios estaban tratando de frenar “el interés entusiasta” que los ciudadanos tenían en el proceso electoral, dijo.Alexandra Berzon es una reportera de investigación ganadora del Premio Pulitzer para la sección de Política, que se enfoca en los sistemas electorales y la votación. Antes fue reportera de investigación en The Wall Street Journal y cubrió la industria de las apuestas y la seguridad en el lugar de trabajo. @alexandraberzonNick Corasaniti cubre la política nacional. Fue uno de los principales reporteros que cubrieron la campaña presidencial de Donald Trump en 2016 y ha estado escribiendo sobre las campañas presidenciales, del Congreso, de gobernadores y alcaldías para el Times desde 2011. @NYTnickc • Facebook More

On the eve of a primary runoff election in June, a Republican candidate for secretary of state of South Carolina sent out a message to his supporters on Telegram.“For all of you on the team tomorrow observing the polls, Good Hunting,” wrote Keith Blandford, a candidate who promoted the falsehood that the 2020 election was stolen from Donald J. Trump. “You know what you are looking for. We have the enemy on their back foot, press the attack.”The next day, activists fanned out to polling places in Charleston, S.C., demanding to inspect election equipment and to take photographs and video. When election workers denied their requests, some returned with police officers to file reports about broken or missing seals on the machines, according emails sent from local officials to the state election commission. There were no broken or missing seals.After Mr. Blandford lost, the activists posted online a list of more than 60 “anomalies” they observed, enough to have changed the outcome of races, they said. They called the operation a “pilot program.”The episode is one of many warning signs that has election officials on alert as voting begins for midterm elections, the biggest test of the American election system since Mr. Trump’s lies about the 2020 results launched an assault on the democratic process.In the two years since, groups of right-wing activists have banded together, spreading false claims of widespread fraud and misconduct in elections. Now those activists are inserting themselves in the vote count, with a broad and aggressive effort to monitor voting in search of evidence that confirms their theories.Many of the activists have been mobilized by some of the same people who tried to overturn Mr. Trump’s defeat in 2020.Their tactics in primary elections have officials braced for a range of new challenges, including disruptive poll watchers and workers, aggressive litigation strategies, voter and ballot challenges and vigilante searches for fraud.Many of the election activists have been mobilized by the same people who tried to overturn Donald J. Trump’s defeat in 2020.Tamir Kalifa for The New York TimesBoth Republican and Democratic election officials say the efforts are unlikely to cause widespread disorder or disruptions. They are prepared to accurately count the tens of millions of votes expected to be cast in the coming weeks, they said. But episodes such as the one in South Carolina come with consequences, spawning misinformation and spreading doubt about results, particularly in close races.“In a way, it’s the manifestation of a self-fulfilling prophecy,” said Tammy Patrick, who works with election officials as a senior adviser at the Democracy Fund. Activists primed to see misconduct are more likely to blow minor errors out of proportion and cause disruptions “that will just bolster their claims,” she said.Interviews with election officials and activists, public records and planning emails obtained by The New York Times show that the extensive network of organizers includes Republican Party officials, mainstream conservative groups and the most conspiracist corners of the election denial movement.The groups appear to be building on the tactics used two years ago: compiling testimony from G.O.P.-allied poll workers, the temporary employees who run polling places, and poll watchers, the volunteers who monitor operations, to build challenges and contest results.“We are 100 times more prepared now,” said Stephen K. Bannon, a former adviser to Mr. Trump who was involved in efforts to overturn the 2020 election, in an interview. Mr. Bannon now hosts a podcast that has become a clearinghouse for right-wing election activists. “We’re going to adjudicate every battle. That’s the difference.”Both Democrats and Republicans have long enlisted poll watchers and poll workers to oversee voting and always plan ahead for disputes ahead of major elections. But this year, officials are grappling with the prospect that those efforts may be driven by activists who spread fantastical or debunked theories.Officials saw evidence of the new organizing in primary elections. In Michigan, a poll worker was charged with tampering with an election computer. In Texas, activists followed election officials back to their offices and tried to enter secured areas. In Alabama, activists tried to insert fake ballots into a machine during a public testing process ahead of the primary.In Kansas, activists funded a recount of a ballot measure on abortion rights that required Johnson County to count a quarter million ballots by hand, even though the measure failed by 18 percentage points. Fred Sherman, the county’s elections chief, said that some of the workers involved in the count appeared to be election deniers. He called the police to remove one who breached security, he said. The recount went smoothly, he added, but was “terrifying.”Employees sorted freshly created mail-in ballots last week.Rebecca Noble for The New York Times“We have to be mindful we may have people who may not have the best of intentions from an election integrity standpoint,” Mr. Sherman said..css-1v2n82w{max-width:600px;width:calc(100% – 40px);margin-top:20px;margin-bottom:25px;height:auto;margin-left:auto;margin-right:auto;font-family:nyt-franklin;color:var(–color-content-secondary,#363636);}@media only screen and (max-width:480px){.css-1v2n82w{margin-left:20px;margin-right:20px;}}@media only screen and (min-width:1024px){.css-1v2n82w{width:600px;}}.css-161d8zr{width:40px;margin-bottom:18px;text-align:left;margin-left:0;color:var(–color-content-primary,#121212);border:1px solid var(–color-content-primary,#121212);}@media only screen and (max-width:480px){.css-161d8zr{width:30px;margin-bottom:15px;}}.css-tjtq43{line-height:25px;}@media only screen and (max-width:480px){.css-tjtq43{line-height:24px;}}.css-x1k33h{font-family:nyt-cheltenham;font-size:19px;font-weight:700;line-height:25px;}.css-1hvpcve{font-size:17px;font-weight:300;line-height:25px;}.css-1hvpcve em{font-style:italic;}.css-1hvpcve strong{font-weight:bold;}.css-1hvpcve a{font-weight:500;color:var(–color-content-secondary,#363636);}.css-1c013uz{margin-top:18px;margin-bottom:22px;}@media only screen and (max-width:480px){.css-1c013uz{font-size:14px;margin-top:15px;margin-bottom:20px;}}.css-1c013uz a{color:var(–color-signal-editorial,#326891);-webkit-text-decoration:underline;text-decoration:underline;font-weight:500;font-size:16px;}@media only screen and (max-width:480px){.css-1c013uz a{font-size:13px;}}.css-1c013uz a:hover{-webkit-text-decoration:none;text-decoration:none;}How Times reporters cover politics. We rely on our journalists to be independent observers. So while Times staff members may vote, they are not allowed to endorse or campaign for candidates or political causes. This includes participating in marches or rallies in support of a movement or giving money to, or raising money for, any political candidate or election cause.Learn more about our process.Election officials have spent months preparing for the new challenges. Some have participated in exercises organized by the F.B.I. on how to handle threats, including physical aggression toward election workers. They have held “de-escalation” training for their staff. Some have changed the layout of their offices, adding fences and other barriers that can protect workers.“When people see everyone working hard and ethically and toward the same goal — who wants to disrupt that?” said Stephen Richer, the recorder of Maricopa County in Arizona, whose county election offices were surrounded by protesters following the 2020 election.Activists say they are trying to ensure that all rules are followed and only eligible voters cast ballots.“We have people trained in the law so they can then observe and document and report when things are not being conducted according to the law,” Cleta Mitchell, an organizer of one of the national groups involved in training activists and a lawyer who assisted Mr. Trump in his failed 2020 challenges, said recently on Mr. Bannon’s podcast. Ms. Mitchell said her network had trained more than 20,000 people into what she has described as a “citizens’ detective agency.”She did not respond to requests for comment.In many places, political parties have a direct role in recruiting poll workers and monitors. The Republican National Committee said it has placed more than 56,000 workers and monitors in primary and special elections this year. Emma Vaughn, an R.N.C. spokeswoman, said the committee was expecting more for the general election, but did not have a precise number. In several battleground states, the committee has also hired “election integrity” officials.The Democratic National Committee has also expanded its operations, hiring 25 “voter protection” directors and 129 staff members in states across the country. The committee did not provide the total number of poll workers or monitors it recruited.Stephen K. Bannon’s podcast has become a clearinghouse for information on election activism. Kenny Holston for The New York TimesObservers watched as voters cast ballots at Rancho High School on Election Day in Las Vegas in 2020.Bridget Bennett for The New York TimesNinety-six election lawsuits have been filed, according to a tally by Democracy Docket, a left-leaning election legal group.In a replay of 2020, much of the litigation is focused on absentee ballots: More than half of the lawsuits filed by Republican-aligned groups are disputes over mail voting rules, such as how to fix errors on a ballot, whether ballots with small errors should be counted or when a ballot comes too late to count, according to Democracy Docket.Some voting rights advocates and Democratic groups say they are also watching for a replay of 2020, when Mr. Trump and his allies tried to stop the results from being certified.“There’s the underlying concern about in some of these places, where you’ve got political people certifying the election, whether they’ll certify the election and then what the crisis will be,” said Jonathan Greenbaum, chief counsel for the Lawyers’ Committee for Civil Rights Under Law, a nonpartisan group.Some of the people involved in the 2020 challenges are now leading organizers.Patrick Byrne, the former chief executive of Overstock.com and a prominent purveyor of election conspiracy theories, is recruiting activists through his group, the America Project. Michael Flynn, Mr. Trump’s first national security adviser, is a co-founder and is advising the group. (Both men attended a December 2020 meeting at the White House, where Mr. Flynn urged Mr. Trump to seize voting machines.)In Michigan, a state party official is identified as the state director of America Project’s effort — called Operation Eagles Wings — in documents. That official also coordinates with Ms. Mitchell’s Election Integrity Network, which hosts strategy calls and training sessions, according to emails obtained by The Times.On his “War Room” podcast, Mr. Bannon tells listeners that Democrats will only win elections if they steal them. He and his allies can prevent that “by taking over the election apparatus,” he said on his show earlier this month.Freshly printed mail-in ballots in Phoenix.Rebecca Noble for The New York TimesA volunteer poll watcher in Wilkes-Barre, Pa., in 2020.Robert Nickelsberg for The New York TimesMr. Bannon has been directing followers to websites that encourage a sort of election vigilantism. The Gateway Pundit, a right-wing website, urges activists to demand that observers be allowed to watch as ballots are loaded onto trucks at post offices and to insist that they get closer to the ballot counting than the rules allow.Mr. Bannon has also urged his listeners to take over local parties, which in some states have a role in selecting poll workers.In El Paso County, Colo., the head of the local G.O.P., who has aligned with influential election deniers, asked the county clerk to remove several longtime poll workers whom she described in an email as “unfaithful” to the party. The clerk, Chuck Broerman, said he reluctantly fulfilled the request because he was required to by law.A Trump supporter outside the Arizona State Capitol in Phoenix in 2020.Adriana Zehbrauskas for The New York Times“The individuals they are removing have been longstanding dedicated hard-working Republicans,” said Mr. Broerman, who is also a former county party chairman.In North Carolina, a right-wing group dedicated to “election integrity” said it trained 1,000 poll watchers in the state, with help from Ms. Mitchell’s network. Some became the subject of dozens of complaints during the primary.In Pasquotank County, one was “intimidating poll workers, leaving the enclosure several times to ‘report to headquarters,’” according to complaints obtained by The Times.To address the complaints, the state drafted a proposal of changes that would have made it easier to remove a poll watcher for misbehavior. These were rejected by the Republican-controlled rules commission after a torrent of emails and public testimony from local activists to the commission.Ms. Mitchell was among those who chimed in. The changes were trying to curb “the enthusiastic interest” that citizens had in the election process, she said. More